"Desde algunas secretarías, concretamente Gobernación llegaban líneas a realizar, se llegaba a decir qué decir, qué no decir, a quién invitar, y a quién dejar de invitar. Hoy esto es imposible", asegura Raúl Cremoux.
El director de Canal 22, Raúl Cremoux, rechazó que exista censura en ese espacio televisivo, como lo afirmaron en días pasados un grupo de periodistas.
En entrevista en Ventana 22, afirmó que resulta “suicida” pretender censurar hoy.
-Raúl, en Canal 22, ¿en esta administración se ejerce la censura?- le preguntó la conductora Laura Barrera -…un programa sobre violencia que fue censurado, ¿es correcto esto?, o ¿no es correcto esto?
RC: Por supuesto que no es correcto, pero te voy a decir, el tema de la violencia, estamos saturados de violencia, el maestro Fernando Lozano que es consejero nuestro ha señalado más de dos consejos el hecho de que la población está enferma y está enferma de violencia.
Nosotros hemos realizado emisiones sobre todo tipo de cosas, prostitución infantil, trata de blancas, Ayotzinapa, y ustedes estuvieron en Michoacán donde están los focos de los problemas ahí haciendo señalamientos y transmitiendo día con día durante una semana lo que pasó.
Es decir, hemos cumplido con todo tipo de programas, el programa de violencia a mí me llamó la atención que no sabía que estaba programa y cuando lo supe, quise verlo.
Y en ese momento unas horas después me dijeron que yo había censurado. Quiero que el auditorio y ustedes dos, tú que me estas preguntando y tú también, sepan algo que es un privilegio.
Nuestra materia, arte, ciencia, cultura, son ámbitos libérrimos desde tiempo atrás, tú no le puedes decir a un escultor “no me gusta la Venus de Milo porque le faltan los brazos”, tú no le puedes decir a Vicente Rojo “no quiero que pongas más cuadritos”, tú no le puede decir a un músico “no me gusta el tono”.
La materia con la que trabajamos es libérrima, lo digo en estos términos. Dos, pretender censurar hoy es prácticamente suicida, tiempo atrás, no sé si tú habías nacido o estabas muy pequeña y tú también.
Desde algunas secretarías, concretamente Gobernación llegaban líneas a realizar, se llegaba a decir qué decir, qué no decir, a quién invitar, y a quién dejar de invitar. Hoy esto es imposible.
Para empezar tenemos una sobresaturación de información, todos los canales, todas las estaciones de radio, ya sea Amplitud Modulada o en FM en la mañana y en la noche están difundiendo noticias, están difundiendo información.
Estamos sobre informados, no nada más es un proceso mexicano, es universal, pretender censurar hoy resulta suicida porque cómo haces esa censura.
Y ahora les pregunto a ustedes dos, ¿para qué censuramos?, ¿para qué?
La característica del canal es la libertad, la característica del canal es la pluralidad, ¿para qué se me ocurriría censurar algo?, no tendría ningún sentido.
Ahora bien, la violencia concretamente, la forma en que es tratada no requiere censura, ¿saben qué requiere?, talento, cómo tratar este asunto.
El reto que tenemos quienes producimos, quienes hacemos medios de comunicación es ¿cómo hacemos las cosas?, es vital el pretender censurar para luego auto censurarse y decir que esto no ha ocurrido, es absurdo, no tiene ningún sentido, es al revés, debemos auspiciar y propiciar los grandes temas.
Advierta lo siguiente, la materia nuestra no es de un, y este es el noticiero prueba de ello, no es un noticiero abierto a todas las actualidades, sí, Huemanzin como te consta, todas las actualidades de orden cultural, por supuesto.
Necesitamos espacios, ganarle espacios a lo que es la actualidad de todos los días para incluir en todos los segmentos que podamos y éste es vital, la cultura y la educación. No queremos dejar nada ajeno a lo que es educación y cultura, absolutamente.
Luego, pues, si tenemos que referenciarnos (sic) a la violencia hay que saber cómo la tratamos, porque el país está lleno de violencia, porque las condiciones en que viven muchos ámbitos, muchos focos rojos del país son de violencia.
¿Cómo la tratamos?, pues hay puntos de vista psicológico, sociológico, hay puntos de vista históricos, hay puntos de vista propositivos, no puedo decir que ese programa responda a estas necesidades.
Pero que se transmita, no hay ningún problema, jamás dije “que eso no se transmita”.
Aludo a algo que es importante, cuando se habla de que estamos tratando de hacer una mejor televisión, esto significa mayor rigor, mayor exigencia a productores, a guionistas a musicalizadores, a presentadores, la exigencia es de calidad, tratar con respeto, llegar ante la sociedad mexicana y decirles “queremos hacer lo mejor que se pueda”, ¿esto qué significa?, exigirnos a nosotros mismos.
No tiene sentido ni la violencia, ni el hecho de censurar.
LB: Raúl, mi último punto sobre esto mismo, no sé si Huemanzin tenga alguna otra pregunta al respecto, sería, caso muy concreto porque tú sabes que en las redes sociales se difunde la información y yo creo que es pertinente que tú nos digas realmente ¿cuál es tu punto de vista?
Se dice que tú prohibiste el hecho de que se transmitiera la información sobre la salida de Carmen Aristegui de MVS.
RC: Me produce un tanto cuánto de ironía, el decir que ante un hecho que se da yo pueda prohibir o pueda censurar.
La noticia de Carmen Aristegui no pasó por el proceso que se está indicando, de que se cortó o de que se censuró.
LB: Perdón, Raúl, me están diciendo que en producción incluso tiene un fragmento que no sé si quieras que veamos.
RC: Sí, a eso iba. La salida de Aristegui de la estación MVS donde se dio, no nos debió de interesar qué era lo que ocurría sino el hecho, este canal debe trabajar sobre hechos, no sobre especulaciones.
Y por supuesto se dio a conocer durante dos días que había salido de su ámbito radiofónico, y una presentadora, una conductora de alto registro hubiera sido imposible que no lo mencionáramos, por supuesto que no.
Ahora, sí doy cabida a lo que están diciendo, de que se dio a conocer la salida y donde no hubo absolutamente ninguna censura en este caso.
LB: Entonces, veámoslo, si te parece bien, Raúl, si gustan en producción correr este fragmento.
(Fragmento de un programa anterior, donde hacen mención de la salida de Carmen Aristegui de MVS)
Insert de Laura Barrera, conductora: “Yo quisiera que nos acompañaras a ver esta nota, a lo mejor nos quieres hacer algún comentario, tiene que ver con la salida de Carmen Aristegui de MVS, entre el abuso de confianza y la obstrucción de la libertad de expresión.
“Este caso de Carmen Aristegui, parte de su equipo de reporteros, se ha vuelto en verdad, no solamente en las redes sociales, sino en la conversación de la gente, una tendencia”.
Insert de Rafael Villegas, repotero: “Este domingo MVS Radio hizo público un comunicado donde informa sobre el término de la relación laboral con Carmen Aristegui.
“El documento indica que la decisión se toma en virtud de que la periodista condicionó a la empresa reinstalar a sus colaboradores de la Unidad de Investigaciones Especiales del noticiario, Daniel Lizarraga e Irvin Huerta, separados de sus cargos, asegura el oficio, por haber comprometido el nombre de MVS sin contar con facultades para ello y sin haberlo consultado previamente con la administración de la compañía.
“Tras la salida de la titular de la Primera Emisión de MVS Noticias, las opiniones se han dividido. El ombudsman de las audiencias de MVS Radio, Gabriel Sosa Plata, tras cuestionar el hecho de hacer público los acuerdos aseguró que esto más que aportar a la libertad de expresión hace daño a la imagen de los periodistas y de la marca.
“Por su parte Aristegui, quien calificó la situación como un atropello a la libertad de expresión, aseguró que sus abogados van a dar la batalla.
“Por la tarde, el conductor de la segunda edición del noticiario de MVS Radio, Luis Cárdenas quien califico este conflicto de estrictamente comercial, subrayó que es un caso de perdida de confianza y no de libertad de expresión.
“Además lamentó que haya ganado el ego y la soberbia de alguien que quería imponer con amenazas el diálogo.
“En Twitter y en Facebook el tema de Aristegui con MVS Radio han acaparado la atención, tanto así que los hashtags #EndefensadeAristegui2, #CarmenAristeguiSeQueda y #MVSradio se han convertido en tendencia nacional en los últimos tres días.
“Joaquín López-Dóriga lamentó la salida de Aristegui de MVS donde continúa el tuit; ‘Construyó un espacio fundamental, pierde MVS, pierde la radio, pierde ella, perdemos todos’, concluye el conductor de Televisa.
“Por su parte el historiador Enrique Krauze publica que: ´Carmen Aristegui es una voz imprescindible en nuestra vida pública y que su salida de MVS vulnera seriamente la libertad de expresión en México’. Javier Solórzano consigna que ganaron la insensatez y las presiones. Lidia Cacho la califica como una sobreviviente, cuya vocación periodística es vital y ejemplar”.
(Término de insert sobre Carmen Aristegui)
LB: Ahora, ya ha pasado un rato de esto, fue el 16 de marzo, estábamos con Liliana Rodríguez…
RC: Hace tres meses.
LB: Comentamos después de esto, le pedimos un punto de vista, ella ofreció su punto de vista, esto fue lo que ocurrió, yo creo que ha estado bien que nos presentaran esto Raúl.
Porque yo creo que es importante que el público tenga diversos elementos, aquí tienen esta información de lo que se transmitió ese día y también están desde luego las redes sociales.
Y yo creo que ahí también hay otros elementos que podrán considerar nuestro público y pues con toda la apertura, ustedes decidan…
RC: Qué bueno que tuvimos este segmento del momento en que Carmen Aristegui salió, en las redes sociales se dice que traté de que no apareciera la señora, traté porque soy priísta, partido al que nunca he pertenecido, de que no se supiera que Carmen Aristegui se iba.
Es verdaderamente idiota pensar que puedes tapar el sol con un dedo, pero ocurre un fenómeno universal con las redes sociales, que desde el anonimato o con el seudónimo de que “soy patito azul” puedes insultar, puedes difamar, puedes calumniar.
Concretamente sobre esto se señala que debo responder o que el canal debe responder al caso Aristegui, ahí está, es un hecho que para todos es palpable.
La señora tuvo sus diferencias, tuvo sus desacuerdos con la empresa que la contrató y salió, es un asunto que no nos compete, lo dimos a conocer y punto (…).
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
miércoles, 24 de junio de 2015
La debacle perredista
Aunque un informe del PRD minimiza el efecto negativo de las pasadas elecciones, desde su creación, el partido no había conseguido tan pocos votos.
El Partido de la Revolución Democrática trasladó el pasado 7 de junio su crisis política a las urnas logrando su peor resultado electoral de los últimos 20 años.
En la elección de 1991 la votación del partido del Sol Azteca rondó por los 2 millones de votos a nivel federal.
Se trataba de su debut tras constituirse como partido político y disolver el Frente Democrático Nacional, que postuló en 1988 a la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas.
Desde entonces el PRD había conseguido mantener una tendencia hacia arriba en las elecciones federales llegando casi a ganar la presidencia en 2006.
Pero la elección pasada marcó el inicio del declive del PRD, el partido tradicional de izquierda y progresista en México.
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el municipio perredista de Iguala, Guerrero, además de las renuncias de líderes históricos del perredismo como Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, marcaron la ruta para este fracaso electoral.
La derrota es atribuible a “Los Chuchos”, la corriente interna del PRD que controla este partido y que encabezan Jesús Zambrano, Jesús Ortega y Carlos Navarrete, actual dirigente nacional del PRD. En la elección del pasado 7 de junio el PRD obtuvo 4 millones 335 mil votos en la elección para diputados federales. Un pobre 10.8 por ciento de los sufragios emitidos por los mexicanos.
Si este número de votos se comparan -como lo hace un informe que presentó recientemente la Secretaría Electoral del PRD y al que tuvo acceso Reporte Indigo- con la votación conseguida en la elección del 2009, la debacle perredista no es tan impresionante.
“El decrecimiento porcentual del PRD en esta elección es relativo”, concluye el informe.
Pero si la referencia es la elección presidencial del 2012 en la que contendió Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial, la pérdida de votos es de escándalo. No tiene otro nombre. Hace tres años, el PRD consiguió 8 millones 194 mil votos en la elección de diputados federales. Hoy, la votación perredista en el país cayó 50 por ciento.
El informe electoral del PRD es devastador por cualquier lado que se le mire.
En la votación federal sólo puede presumir que ganó un estado: Tabasco, donde logró imponerse en cuatro de los seis distritos electorales federales gracias a su alianza con el Partido del Trabajo.
En la Ciudad de México el PRD sólo ganó 10 de los 27 distritos electorales cuando en el 2012 había arrasado.
Por sí solo el PRD -sin la alianza con el PT- sólo ganó 5 distritos: los cuatro que comprenden el municipio de Nezahualcóyotl en Edomex, y el de Poza Rica, Veracruz.
En los 29 distritos electorales donde el PRD ganó, junto con el PT, se reparten 10 en la Ciudad de México, 4 en Tabasco, 2 en Guerrero, 5 en Michoacán, 2 en Morelos, 4 en Oaxaca y 2 en San Luis Potosí.
En 13 estados del país los candidatos del PRD a diputados federales obtuvieron menos del 5 por ciento de la votación.
En Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, la votación ni siquiera llegó al 3 por ciento.
El PRD perdió también la competencia por los votos de los electores de izquierda con Morena, el partido de reciente creación fundado por el excandidato presidencial perredista Andrés Manuel López Obrador.
En la Ciudad de México Morena obtuvo 770 mil votos en los comicios para diputados federales superando los 646 mil conseguidos por los aspirantes del PRD.
Pero en 17 entidades más los candidatos de Morena consiguieron más votos que los del PRD, a pesar de no contar con prerrogativas ni financiamiento público.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
El Partido de la Revolución Democrática trasladó el pasado 7 de junio su crisis política a las urnas logrando su peor resultado electoral de los últimos 20 años.
En la elección de 1991 la votación del partido del Sol Azteca rondó por los 2 millones de votos a nivel federal.
Se trataba de su debut tras constituirse como partido político y disolver el Frente Democrático Nacional, que postuló en 1988 a la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas.
Desde entonces el PRD había conseguido mantener una tendencia hacia arriba en las elecciones federales llegando casi a ganar la presidencia en 2006.
Pero la elección pasada marcó el inicio del declive del PRD, el partido tradicional de izquierda y progresista en México.
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el municipio perredista de Iguala, Guerrero, además de las renuncias de líderes históricos del perredismo como Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, marcaron la ruta para este fracaso electoral.
La derrota es atribuible a “Los Chuchos”, la corriente interna del PRD que controla este partido y que encabezan Jesús Zambrano, Jesús Ortega y Carlos Navarrete, actual dirigente nacional del PRD. En la elección del pasado 7 de junio el PRD obtuvo 4 millones 335 mil votos en la elección para diputados federales. Un pobre 10.8 por ciento de los sufragios emitidos por los mexicanos.
Si este número de votos se comparan -como lo hace un informe que presentó recientemente la Secretaría Electoral del PRD y al que tuvo acceso Reporte Indigo- con la votación conseguida en la elección del 2009, la debacle perredista no es tan impresionante.
“El decrecimiento porcentual del PRD en esta elección es relativo”, concluye el informe.
Pero si la referencia es la elección presidencial del 2012 en la que contendió Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial, la pérdida de votos es de escándalo. No tiene otro nombre. Hace tres años, el PRD consiguió 8 millones 194 mil votos en la elección de diputados federales. Hoy, la votación perredista en el país cayó 50 por ciento.
El informe electoral del PRD es devastador por cualquier lado que se le mire.
En la votación federal sólo puede presumir que ganó un estado: Tabasco, donde logró imponerse en cuatro de los seis distritos electorales federales gracias a su alianza con el Partido del Trabajo.
En la Ciudad de México el PRD sólo ganó 10 de los 27 distritos electorales cuando en el 2012 había arrasado.
Por sí solo el PRD -sin la alianza con el PT- sólo ganó 5 distritos: los cuatro que comprenden el municipio de Nezahualcóyotl en Edomex, y el de Poza Rica, Veracruz.
En los 29 distritos electorales donde el PRD ganó, junto con el PT, se reparten 10 en la Ciudad de México, 4 en Tabasco, 2 en Guerrero, 5 en Michoacán, 2 en Morelos, 4 en Oaxaca y 2 en San Luis Potosí.
En 13 estados del país los candidatos del PRD a diputados federales obtuvieron menos del 5 por ciento de la votación.
En Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, la votación ni siquiera llegó al 3 por ciento.
El PRD perdió también la competencia por los votos de los electores de izquierda con Morena, el partido de reciente creación fundado por el excandidato presidencial perredista Andrés Manuel López Obrador.
En la Ciudad de México Morena obtuvo 770 mil votos en los comicios para diputados federales superando los 646 mil conseguidos por los aspirantes del PRD.
Pero en 17 entidades más los candidatos de Morena consiguieron más votos que los del PRD, a pesar de no contar con prerrogativas ni financiamiento público.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
Niega Pemex que helicóptero en que pasearon a Chávez sea de su propiedad
MÉXICO, D.F: Petroleos Méxicanos (Pemex) negó que el helicóptero en que pasearon al exboxeador Julio César Chávez por Campeche el fin de semana pasado sea de su propiedad.
El vocero de la empresa productiva del Estado, Ignacio Durán, dijo que revisarán la imagen en que se ve un helicóptero con el logo de Pemex, pero adelantó que la exparaestatal no pagó el costo de dicho vuelo y que la aeronave no bajó a ninguna plataforma de perforación.
Por su lado, José Alberto Gómez Álvarez, promotor de la empresa Cancun Boxing y quien invitó a Chávez el fin de semana a ese paseo por el estado de Campeche, sostuvo que es falso que el helicóptero sea propiedad de Pemex.
“Pertenece a la empresa Pegaso…Varias de sus aeronaves están rotuladas con varios logotipos oficiales a las que prestan servicio, como Pemex y la CFE”.
Y detalló: “el vuelo lo pagó Pepe Gómez, presidente de la promotora Cancun Boxing S.A. de C.V., a la empresa Transportes Aéreos Pegaso S.A. de C.V., tal como se demuestra en la factura que se anexa con folio número 15588, cuyo servicio tuvo un costo de $79,637.24″.
Según Gómez Álvarez “estos viajes, siempre a bordo de aeronaves rentadas, son parte de la estrategia que ha usado habitualmente la promotora Cancun Boxing en destinos como Cancún, Playa del Carmen, Chetumal, Villahermosa, entre otras ciudades, para potencializar sus atractivos turísticos y mostrar sus fortalezas empresariales ante el mundo”.
Ayer, proceso.com.mx informó que autoridades del ayuntamiento y dirigentes del sindicato petrolero agasajaron el pasado fin de semana al excampeón mundial Julio César Chávez e incluso utilizaron un helicóptero de Petróleos Mexicanos para pasearlo sobre el área de plataformas marinas.
Invitado por el promotor boxístico quintanarroense José Alberto Gómez Millar, la leyenda del boxeo mexicano asistió a la función “Oil Stone Knock Out”, que estelarizaron el sábado aquí el duranguense Cristian ‘Diamante’ Mijares y el filipino Vergel “Superman” Nebran.
Los anfitriones fueron el líder de la sección 47 del STPRM, el temido Víctor Manuel Kidnie de la Cruz y el alcalde Enrique Iván González López. Ambos personajes arrastran señalamientos de malos manejos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El vocero de la empresa productiva del Estado, Ignacio Durán, dijo que revisarán la imagen en que se ve un helicóptero con el logo de Pemex, pero adelantó que la exparaestatal no pagó el costo de dicho vuelo y que la aeronave no bajó a ninguna plataforma de perforación.
Por su lado, José Alberto Gómez Álvarez, promotor de la empresa Cancun Boxing y quien invitó a Chávez el fin de semana a ese paseo por el estado de Campeche, sostuvo que es falso que el helicóptero sea propiedad de Pemex.
“Pertenece a la empresa Pegaso…Varias de sus aeronaves están rotuladas con varios logotipos oficiales a las que prestan servicio, como Pemex y la CFE”.
Y detalló: “el vuelo lo pagó Pepe Gómez, presidente de la promotora Cancun Boxing S.A. de C.V., a la empresa Transportes Aéreos Pegaso S.A. de C.V., tal como se demuestra en la factura que se anexa con folio número 15588, cuyo servicio tuvo un costo de $79,637.24″.
Según Gómez Álvarez “estos viajes, siempre a bordo de aeronaves rentadas, son parte de la estrategia que ha usado habitualmente la promotora Cancun Boxing en destinos como Cancún, Playa del Carmen, Chetumal, Villahermosa, entre otras ciudades, para potencializar sus atractivos turísticos y mostrar sus fortalezas empresariales ante el mundo”.
Ayer, proceso.com.mx informó que autoridades del ayuntamiento y dirigentes del sindicato petrolero agasajaron el pasado fin de semana al excampeón mundial Julio César Chávez e incluso utilizaron un helicóptero de Petróleos Mexicanos para pasearlo sobre el área de plataformas marinas.
Invitado por el promotor boxístico quintanarroense José Alberto Gómez Millar, la leyenda del boxeo mexicano asistió a la función “Oil Stone Knock Out”, que estelarizaron el sábado aquí el duranguense Cristian ‘Diamante’ Mijares y el filipino Vergel “Superman” Nebran.
Los anfitriones fueron el líder de la sección 47 del STPRM, el temido Víctor Manuel Kidnie de la Cruz y el alcalde Enrique Iván González López. Ambos personajes arrastran señalamientos de malos manejos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Niega Seguridad Pública de Michoacán enfrentamientos en Tumbiscatío
MORELIA, Mich: La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán informó que no tiene registro de ningún hecho violento en el municipio de Tumbiscatío.
Las autoridades estatales detallaron que enviaron personal a la zona para corroborar reportes difundidos en las redes sociales y no encontraron indicio alguno de violencia.
Esta madrugada vía Internet se propalaron versiones que reportaban dos enfrentamientos en esa región con un saldo de 17 muertos y una decena de heridos.
La información, que se aclaró, no había sido confirmada por instancias oficiales, señalaba que un primer choque entre grupos antagónicos del crimen organizado habría ocurrido alrededor de la medianoche en el Rancho Las Cruces con un saldo de 12 muertos y seis heridos.
A su vez, se dio cuenta que otros reportes que circulaban en el ciberespacio referían que a las 02:00 horas se habría registrado un nuevo enfrentamiento entre la sierra de Tumbiscatio y Arteaga y que en ese lugar habrían perdido la vida otras cinco personas y quedado heridas cuatro.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
Las autoridades estatales detallaron que enviaron personal a la zona para corroborar reportes difundidos en las redes sociales y no encontraron indicio alguno de violencia.
Esta madrugada vía Internet se propalaron versiones que reportaban dos enfrentamientos en esa región con un saldo de 17 muertos y una decena de heridos.
La información, que se aclaró, no había sido confirmada por instancias oficiales, señalaba que un primer choque entre grupos antagónicos del crimen organizado habría ocurrido alrededor de la medianoche en el Rancho Las Cruces con un saldo de 12 muertos y seis heridos.
A su vez, se dio cuenta que otros reportes que circulaban en el ciberespacio referían que a las 02:00 horas se habría registrado un nuevo enfrentamiento entre la sierra de Tumbiscatio y Arteaga y que en ese lugar habrían perdido la vida otras cinco personas y quedado heridas cuatro.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
¿Cuál reforma de medios? más censura y presidencialismo
MÉXICO, D.F: Desde el inicio de su gobierno, Enrique Peña Nieto quiso desembarazarse del vínculo contractual con Televisa y TV Azteca, con las grandes empresas de radiodifusión y mostrarse como un primer mandatario priista que impulsaría una reforma profunda en telecomunicaciones y en medios.
A menos de tres años de distancia, la reforma legal devino en una contrarreforma: todos los avances que se lograron en el terreno de la reforma constitucional (incluir los derechos de las audiencias, determinar que los medios son “servicios de interés público”, crear un órgano autónomo para que el presidente no fuera el gran árbitro de las concesiones, avanzar en la convergencia y eliminar la brecha digital, entre otras) se transformaron, en la práctica, en retrocesos.
En ningún otro sexenio como en éste el derecho a la información y los derechos de las audiencias han sido sistemáticamente violados y vulnerados con el acuerdo de los grandes corporativos mediáticos y el gobierno.
En ningún otro sexenio como el peñista la práctica de la censura previa se ha generalizado no sólo en los medios públicos (como el caso reciente y escandaloso del Canal 22), sino en los medios electrónicos, en los medios impresos (dependientes del uso de la publicidad oficial como mecanismo de control) y entre los concesionarios de radio.
Lo peor de este escenario es que el autoritarismo informativo ya no es monopolio exclusivo de la Presidencia. En las entidades de la República, los gobernadores –sin distinción de signo partidista– recuperaron las viejas prácticas del control, intimidación, persecución hacia los medios e informadores críticos, la impunidad frente a los homicidios de periodistas, el despilfarro de recursos públicos para promoverse personalmente y la censura directa o indirecta.
Los casos más graves, señalados una y otra vez en medios alternativos digitales o en las redes son los de Javier Duarte, en Veracruz (que se llevará el récord de censor y agresor en su mandato), Rafael Moreno Valle, en Puebla (que combina la ambición con la guerra sucia a sus críticos), Roberto Borge, en Quintana Roo (que encarcela a todo aquel que le sea incómodo), a Manuel Velasco, en Chiapas (que ejerce la antigua práctica de sembrar chayotes en las salas de redacción nacionales y estatales), César Duarte, en Chihuahua (que aspira a dirigir el PRI nacional a través de la mano dura), o Rodrigo Medina, en Nuevo León (cuyo control y convenio con las televisoras no lo ayudó en nada para evitar el hundimiento de su partido).
Estos son algunos ejemplos, pero no los únicos.
El estado de censura e intimidación de los medios informativos en México es sólo comparable con la denuncia constante en los foros internacionales, en las redes sociales y en algunos medios internacionales que documentan este retroceso de manera aleatoria.
El 2015 acumula una serie de eventos que documentan esta situación:
1.-Caso Aristegui.- En cualquier otra nación civilizada las formas y el fondo de la salida de Carmen Aristegui hubiera merecido un debate público abierto y una solidaridad generalizada de los informadores. La conductora con mayor índice de audiencia en la radio matutina fue despedida de la peor manera y un equipo de 19 personas fue echado a la calle con argumentos pueriles.
La censura a Aristegui y su equipo se encubrió de “asunto entre privados” y ahora pretende ser reducido a un asunto contractual. El derecho de la libre empresa se sobrepone sobre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Esos son los argumentos de MVS.
Lo más grave es que ni una sola palabra de los gobernantes o algún pronunciamiento claro y contundente de los legisladores que aprobaron la reforma de telecomunicaciones se ha emitido en este caso. Hasta Andrés Manuel López Obrador ha preferido callarse frente a este episodio que deja secuelas muy graves.
2.-Caso Canal 22.- Una de las secuelas más graves ocurrió esta semana en el Canal 22. El director de Noticias, Juan Jacinto Silva, y un equipo de 10 periodistas y colaboradores que realizaban programas de investigación periodística como El Observador y El Global decidieron renunciar ante la constante censura previa ejercida por Raúl Cremoux, actual director de la estación pública que este día cumple 22 años.
El primer signo claro de censura se generó cuando Noticias22 decidió informar sobre la salida de Carmen Aristegui de MVS. Cremoux se enfureció. Y el señor director de Canal 22 se olvidó del propio estatuto de medio público de esta estación dependiente de Conaculta para manejar la estación como una extensión de los caprichos de la vocería de Los Pinos.
Lamentable que Canal 22 celebre sus 22 años con este expediente de retroceso tan grave.
Pero no es el único medio público donde se ha retrocedido a la era diazordacista del control editorial. En prácticamente todos los estados los gobernadores manejan las televisoras y radios públicos como si fueran su parcela privada para alentar su Ego.
3.-La Publicidad como Mecanismo de Control Informativo.- El gobierno de Enrique Peña Nieto ha destinado 11 mil 300 millones de pesos del erario en publicidad destinada a medios de comunicación. El gasto no se ha democratizado en nada: 35% se ha destinado a las dos grandes televisoras, 19% a cerca de 10 grupos radiofónicos, sólo 10% a medios impresos, 3% a medios impresos y electrónicos internacionales, 2% a revistas, 6% a medios digitales, 15% a algo que denominan “medios complementarios” y 9% a “diseño, producción, pos producción y copiado”.
Se han reducido sustancialmente los recursos a los medios públicos (Canal 11, Canal 22, IMER, Radio Educación, OPMA, etcétera), al tiempo que se ha reforzado el control editorial en los mismos. Están en el peor escenario los medios públicos: pobres y censurados.
La publicidad se utiliza como un arma de coerción y no de difusión. Al medio que trate de equilibrar con información crítica, se le castiga retrasándole los pagos y las firmas de los convenios publicitarios.
“No pago para que me peguen” fue el viejo apotegma de López Portillo para justificar la suspensión de convenios publicitarios con medios críticos como la revista Proceso. Sin decirlo, Peña Nieto “paga para que no le peguen y controla para pagar después”.
4.-La promoción personalizada de los políticos en los medios.- La reforma constitucional en radiodifusión y telecomunicaciones, más la reforma político-electoral prohibieron expresamente los infomerciales de políticos y candidatos en medios electrónicos. En el 2015 la violación más sistemática del Partido Verde y de varios gobernadores, con el consentimiento de las dos grandes televisoras, fue en este aspecto.
Nadie los frenó a tiempo. El daño se hizo no sólo contra la equidad de la contienda electoral sino contra la credibilidad de los propios medios.
5.-Una tercera cadena de televisión a modo de Peña Nieto.-Desde su toma de posesión, Peña Nieto anunció que licitaría dos grandes cadenas de televisión digital. El proceso quedó a medias. Sólo se concretó una de las dos grandes cadenas y fue para el Grupo Imagen, de Olegario Vázquez Aldir, que construyó una plataforma multimediática desde el sexenio de Vicente Fox para lograr tener la concesión de una cadena de televisión.
Grupo Imagen sólo tiene clara una línea editorial: “somos soldados del Presidente y al señor Peña Nieto no se le critica”.
Así ocurre en las secciones informativas de los medios impresos, radiofónicos, digitales y en la televisión de Cadena Tres. ¿Eso significa alentar la competencia y la democratización en los medios electrónicos?
Evidentemente, estamos en uno de los periodos de mayor retroceso en materia de respeto a la libertad de expresión y derecho a la información.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
A menos de tres años de distancia, la reforma legal devino en una contrarreforma: todos los avances que se lograron en el terreno de la reforma constitucional (incluir los derechos de las audiencias, determinar que los medios son “servicios de interés público”, crear un órgano autónomo para que el presidente no fuera el gran árbitro de las concesiones, avanzar en la convergencia y eliminar la brecha digital, entre otras) se transformaron, en la práctica, en retrocesos.
En ningún otro sexenio como en éste el derecho a la información y los derechos de las audiencias han sido sistemáticamente violados y vulnerados con el acuerdo de los grandes corporativos mediáticos y el gobierno.
En ningún otro sexenio como el peñista la práctica de la censura previa se ha generalizado no sólo en los medios públicos (como el caso reciente y escandaloso del Canal 22), sino en los medios electrónicos, en los medios impresos (dependientes del uso de la publicidad oficial como mecanismo de control) y entre los concesionarios de radio.
Lo peor de este escenario es que el autoritarismo informativo ya no es monopolio exclusivo de la Presidencia. En las entidades de la República, los gobernadores –sin distinción de signo partidista– recuperaron las viejas prácticas del control, intimidación, persecución hacia los medios e informadores críticos, la impunidad frente a los homicidios de periodistas, el despilfarro de recursos públicos para promoverse personalmente y la censura directa o indirecta.
Los casos más graves, señalados una y otra vez en medios alternativos digitales o en las redes son los de Javier Duarte, en Veracruz (que se llevará el récord de censor y agresor en su mandato), Rafael Moreno Valle, en Puebla (que combina la ambición con la guerra sucia a sus críticos), Roberto Borge, en Quintana Roo (que encarcela a todo aquel que le sea incómodo), a Manuel Velasco, en Chiapas (que ejerce la antigua práctica de sembrar chayotes en las salas de redacción nacionales y estatales), César Duarte, en Chihuahua (que aspira a dirigir el PRI nacional a través de la mano dura), o Rodrigo Medina, en Nuevo León (cuyo control y convenio con las televisoras no lo ayudó en nada para evitar el hundimiento de su partido).
Estos son algunos ejemplos, pero no los únicos.
El estado de censura e intimidación de los medios informativos en México es sólo comparable con la denuncia constante en los foros internacionales, en las redes sociales y en algunos medios internacionales que documentan este retroceso de manera aleatoria.
El 2015 acumula una serie de eventos que documentan esta situación:
1.-Caso Aristegui.- En cualquier otra nación civilizada las formas y el fondo de la salida de Carmen Aristegui hubiera merecido un debate público abierto y una solidaridad generalizada de los informadores. La conductora con mayor índice de audiencia en la radio matutina fue despedida de la peor manera y un equipo de 19 personas fue echado a la calle con argumentos pueriles.
La censura a Aristegui y su equipo se encubrió de “asunto entre privados” y ahora pretende ser reducido a un asunto contractual. El derecho de la libre empresa se sobrepone sobre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Esos son los argumentos de MVS.
Lo más grave es que ni una sola palabra de los gobernantes o algún pronunciamiento claro y contundente de los legisladores que aprobaron la reforma de telecomunicaciones se ha emitido en este caso. Hasta Andrés Manuel López Obrador ha preferido callarse frente a este episodio que deja secuelas muy graves.
2.-Caso Canal 22.- Una de las secuelas más graves ocurrió esta semana en el Canal 22. El director de Noticias, Juan Jacinto Silva, y un equipo de 10 periodistas y colaboradores que realizaban programas de investigación periodística como El Observador y El Global decidieron renunciar ante la constante censura previa ejercida por Raúl Cremoux, actual director de la estación pública que este día cumple 22 años.
El primer signo claro de censura se generó cuando Noticias22 decidió informar sobre la salida de Carmen Aristegui de MVS. Cremoux se enfureció. Y el señor director de Canal 22 se olvidó del propio estatuto de medio público de esta estación dependiente de Conaculta para manejar la estación como una extensión de los caprichos de la vocería de Los Pinos.
Lamentable que Canal 22 celebre sus 22 años con este expediente de retroceso tan grave.
Pero no es el único medio público donde se ha retrocedido a la era diazordacista del control editorial. En prácticamente todos los estados los gobernadores manejan las televisoras y radios públicos como si fueran su parcela privada para alentar su Ego.
3.-La Publicidad como Mecanismo de Control Informativo.- El gobierno de Enrique Peña Nieto ha destinado 11 mil 300 millones de pesos del erario en publicidad destinada a medios de comunicación. El gasto no se ha democratizado en nada: 35% se ha destinado a las dos grandes televisoras, 19% a cerca de 10 grupos radiofónicos, sólo 10% a medios impresos, 3% a medios impresos y electrónicos internacionales, 2% a revistas, 6% a medios digitales, 15% a algo que denominan “medios complementarios” y 9% a “diseño, producción, pos producción y copiado”.
Se han reducido sustancialmente los recursos a los medios públicos (Canal 11, Canal 22, IMER, Radio Educación, OPMA, etcétera), al tiempo que se ha reforzado el control editorial en los mismos. Están en el peor escenario los medios públicos: pobres y censurados.
La publicidad se utiliza como un arma de coerción y no de difusión. Al medio que trate de equilibrar con información crítica, se le castiga retrasándole los pagos y las firmas de los convenios publicitarios.
“No pago para que me peguen” fue el viejo apotegma de López Portillo para justificar la suspensión de convenios publicitarios con medios críticos como la revista Proceso. Sin decirlo, Peña Nieto “paga para que no le peguen y controla para pagar después”.
4.-La promoción personalizada de los políticos en los medios.- La reforma constitucional en radiodifusión y telecomunicaciones, más la reforma político-electoral prohibieron expresamente los infomerciales de políticos y candidatos en medios electrónicos. En el 2015 la violación más sistemática del Partido Verde y de varios gobernadores, con el consentimiento de las dos grandes televisoras, fue en este aspecto.
Nadie los frenó a tiempo. El daño se hizo no sólo contra la equidad de la contienda electoral sino contra la credibilidad de los propios medios.
5.-Una tercera cadena de televisión a modo de Peña Nieto.-Desde su toma de posesión, Peña Nieto anunció que licitaría dos grandes cadenas de televisión digital. El proceso quedó a medias. Sólo se concretó una de las dos grandes cadenas y fue para el Grupo Imagen, de Olegario Vázquez Aldir, que construyó una plataforma multimediática desde el sexenio de Vicente Fox para lograr tener la concesión de una cadena de televisión.
Grupo Imagen sólo tiene clara una línea editorial: “somos soldados del Presidente y al señor Peña Nieto no se le critica”.
Así ocurre en las secciones informativas de los medios impresos, radiofónicos, digitales y en la televisión de Cadena Tres. ¿Eso significa alentar la competencia y la democratización en los medios electrónicos?
Evidentemente, estamos en uno de los periodos de mayor retroceso en materia de respeto a la libertad de expresión y derecho a la información.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Justicia a medias
De los ocho alcaldes acusados y procesados por colaborar con el crimen organizado de Michoacán, uno ya recuperó su libertad y tres obtuvieron amparos para evitar ser procesados por el delito de fomento al narcotráfico.
Hacia un segundo michoacanazo, en donde los ediles procesados por colaborar con el crimen organizado terminarán por ser exonerados, se perfila el caso de los presidentes municipales encarcelados por el que fuera comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes.
De los ocho alcaldes que fueron llevados ante la justicia, bajo la acusación de ser parte de la estructura criminal de Los Caballeros Templarios, uno ya quedó en libertad. Y otros tres ganaron sendos amparos para no ser procesados por el delito de fomento al narcotráfico, lo que los acerca más a la libertad.
Este fin de semana, el presidente municipal de Numarán que fue señalado de colaborar con el cártel michoacano de las drogas, fue dejado en libertad tras un amparo concedido por un juzgador local, quien no encontró pruebas suficientes para procesar al inculpado.
El presidente de Numarán, José Luis Madrigal Figueroa, quien había sido señalado de los delitos de extorsión y contra el sistema de seguridad pública –informante de una célula de Templarios- fue puesto en libertad, porque el agente del Ministerio Público no pudo demostrar las suposiciones que presentó ante el juez que le dictó el auto de formal prisión.
Aunque no fue puesto en libertad, por tener aún procesos penales por desahogar, también este fin de semana el alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, quien se encuentra recluido en la cárcel de mediana seguridad en Morelia, fue exonerado por el delito de extorsión, aun cuando se le sigue acusando de secuestro.
Uriel Chávez Mendoza también ganó con anterioridad un amparo para deslindarse de la acusación de delincuencia organizada, y ahora se ha quitado el delito de extorsión. El Ministerio Público no pudo demostrar el dicho de que el alcalde era integrante del cartel de los Templarios y que cobraba parte del salario de sus colaboradores para entregarlo a la célula criminal de esa plaza.
También la alcaldesa de Huetamo, Delia Pineda Santana, ya no cuenta en su contra con la acusación de delincuencia organizada, pues demostró por la vía del amparo que el agente del Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes para procesarla. Ahora solo enfrenta el cargo de homicidio, “del que no existen pruebas sustanciales en su expediente”, dijo uno de sus abogados.
Por su parte, el alcalde de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera Solorio también se encuentra con posibilidades de alcanzar la libertad en breve, toda vez que pudo demostrar que los señalamientos graves de delitos contra la salud que le imputó la fiscalía. No cuentan con ninguna prueba, de donde se podría desprender el desvanecimiento del delito grave de delincuencia organizada, al no existir –de acuerdo al razonamiento jurídico- razón para formar parte de una red criminal.
Cabe recordar que la alcaldesa de Pátzcuaro, Salma Karrúm Cervantes, antes de fallecer en prisión, ganó un amparo para no ser procesada por el delito de fomento al narcotráfico, al demostrar la insuficiencia de pruebas por parte de la fiscalía, la que fincó la acusación en meras suposiciones integradas en base a averiguaciones previas dispersas.
La inconsistencia en la integración de los procesos penales de los alcaldes que fueron llevados a prisión por el comisionado federal Alfredo Castillo fue denunciada desde un principio por algunos de sus abogados, pero el gobierno estatal de Salvador Jara Guerrero se negó a la posibilidad de una revisión al trabajo ministerial del comisionado federal.
Los videos, la prueba reina
En la mayoría de los procesos que se integraron contra ocho alcaldes michoacanos, acusados de ser parte de la estructura del crimen organizado que gobernó a Michoacán en los últimos años, el mayor aporte que hizo la fiscalía, como prueba acusadora, fueron los videos en donde algunos de los ediles aparecen en sendas reuniones con Servando Gómez Martínez ‘La Tuta’.
Entorno a los videos de ‘La Tuta’, fueron las investigaciones ministeriales -tanto en el fuero federal como en el fuero común- en contra de los ediles encarcelados, dándose casos como el del alcalde de Numarán, en donde se portó como prueba un video de ‘La Tuta’, aun cuando el acusado no aparecía en el mismo.
Todos los procesos penales, de los alcaldes encarcelados a la fecha, tienen en el expediente alusiones a los videos de ‘La Tuta’, aun cuando en esos videos muchos de los procesados son ajenos. Existen también casos de incongruencia jurídica, en donde aparecen textos de otros expedientes judiciales de otros presos que pertenecieron al cartel de Los Templarios, que ni siquiera mencionan a los inculpados. Pero fueron aportados como pruebas.
Destaca el caso del alcalde de Aguililla, Jesús Cruz Valencia, quien es el único alcalde procesado que se encuentra recluido en una cárcel federal de máxima seguridad, al que se le endosó de un proceso penal ajeno a su causa.
La punta de la madeja
Tras la liberación del primero de los alcaldes procesados por sus nexos con el crimen organizado, algunos abogados de la defensa de los otros ediles presos, mantienen su confianza en que pronto puedan darse resoluciones de libertad a sus clientes, a quienes, tras casi un año de estar en prisión preventiva, el Ministerio Público no ha aportado las pruebas que ofreció al inicio del proceso.
Tal es el caso del alcalde preso de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera Solorio, cuya defensa ha insistido con testigos que declararon en su contra, pero el agente del Ministerio Público se niega a la actuación, aduciendo la imposibilidad de contactar a sus testigos.
Frente a los frágiles argumentos acusatorios del Ministerio Público, todos los alcaldes que están actualmente bajo proceso penal han ganado o mantienen en revisión diversos amparos, los que si no les otorgan la libertad en breve, sí les ayudarán para disminuir los cargos por los que son procesados.
El caso más evidente de la fragilidad judicial con que se han integrado esos expedientes es el del alcalde de Tacámbaro, el panista Noé Octavio Aburto Inclán, quien fue detenido bajo la sospecha de ser parte de la red criminal de los Caballeros Templarios, pero terminó siendo solo acusado de desviación de recursos públicos y falsedad de declaraciones, alcanzando la libertad bajo caución para enfrentar el proceso penal en libertad.
Otros proceso penales débiles
Entre los casos que destaca la debilidad en la investigación judicial contra los procesados en el periodo del comisionado Alfredo Castillo, se encuentra el del asesinado jefe de las autodefensas en Yurécuaro, Enrique Hernández Salcedo, quien fue acusado de haber dado muerte al alcalde panista de Tanhuato, Gustavo Garibay, pero fue absuelto al no existir las pruebas suficientes para una sentencia condenatoria.
También el jefe de las autodefensas de La Ruana, Hipólito Mora Chávez en dos ocasiones fue detenido y exonerado; en la primera ocasión se le acusó del asesinato de dos autodefensas, Rafael Sánchez Moreno y José Luis Torres, y en la segunda ocasión de haber participado en un enfrentamiento en donde perdieron la vida 11 personas. En ambos casos fue inocente de los señalamientos.
También el jefe de las autodefensas en Buenavista, Luis Antonio Torres ‘El Americano’ fue sometido a la justicia mediática más que a la penal: fue acusado de haber asesinado a varios hombres de las autodefensas de Hipólito Mora, pero fue exonerado al no existir pruebas suficientes de su participación.
Esa misma fragilidad jurídica con la que el comisionado Alfredo Castillo encaró la falta de justicia en Michoacán, se dejó sentir cuando un grupo de 43 autodefensas acusados de haber matado a otros autodefensas en Apatzingán, fueron liberador por un juez, al existir inconsistencias en las averiguaciones previas integradas al vapor por la delegación de la PGR en Michoacán.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
Hacia un segundo michoacanazo, en donde los ediles procesados por colaborar con el crimen organizado terminarán por ser exonerados, se perfila el caso de los presidentes municipales encarcelados por el que fuera comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes.
De los ocho alcaldes que fueron llevados ante la justicia, bajo la acusación de ser parte de la estructura criminal de Los Caballeros Templarios, uno ya quedó en libertad. Y otros tres ganaron sendos amparos para no ser procesados por el delito de fomento al narcotráfico, lo que los acerca más a la libertad.
Este fin de semana, el presidente municipal de Numarán que fue señalado de colaborar con el cártel michoacano de las drogas, fue dejado en libertad tras un amparo concedido por un juzgador local, quien no encontró pruebas suficientes para procesar al inculpado.
El presidente de Numarán, José Luis Madrigal Figueroa, quien había sido señalado de los delitos de extorsión y contra el sistema de seguridad pública –informante de una célula de Templarios- fue puesto en libertad, porque el agente del Ministerio Público no pudo demostrar las suposiciones que presentó ante el juez que le dictó el auto de formal prisión.
Aunque no fue puesto en libertad, por tener aún procesos penales por desahogar, también este fin de semana el alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, quien se encuentra recluido en la cárcel de mediana seguridad en Morelia, fue exonerado por el delito de extorsión, aun cuando se le sigue acusando de secuestro.
Uriel Chávez Mendoza también ganó con anterioridad un amparo para deslindarse de la acusación de delincuencia organizada, y ahora se ha quitado el delito de extorsión. El Ministerio Público no pudo demostrar el dicho de que el alcalde era integrante del cartel de los Templarios y que cobraba parte del salario de sus colaboradores para entregarlo a la célula criminal de esa plaza.
También la alcaldesa de Huetamo, Delia Pineda Santana, ya no cuenta en su contra con la acusación de delincuencia organizada, pues demostró por la vía del amparo que el agente del Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes para procesarla. Ahora solo enfrenta el cargo de homicidio, “del que no existen pruebas sustanciales en su expediente”, dijo uno de sus abogados.
Por su parte, el alcalde de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera Solorio también se encuentra con posibilidades de alcanzar la libertad en breve, toda vez que pudo demostrar que los señalamientos graves de delitos contra la salud que le imputó la fiscalía. No cuentan con ninguna prueba, de donde se podría desprender el desvanecimiento del delito grave de delincuencia organizada, al no existir –de acuerdo al razonamiento jurídico- razón para formar parte de una red criminal.
Cabe recordar que la alcaldesa de Pátzcuaro, Salma Karrúm Cervantes, antes de fallecer en prisión, ganó un amparo para no ser procesada por el delito de fomento al narcotráfico, al demostrar la insuficiencia de pruebas por parte de la fiscalía, la que fincó la acusación en meras suposiciones integradas en base a averiguaciones previas dispersas.
La inconsistencia en la integración de los procesos penales de los alcaldes que fueron llevados a prisión por el comisionado federal Alfredo Castillo fue denunciada desde un principio por algunos de sus abogados, pero el gobierno estatal de Salvador Jara Guerrero se negó a la posibilidad de una revisión al trabajo ministerial del comisionado federal.
Los videos, la prueba reina
En la mayoría de los procesos que se integraron contra ocho alcaldes michoacanos, acusados de ser parte de la estructura del crimen organizado que gobernó a Michoacán en los últimos años, el mayor aporte que hizo la fiscalía, como prueba acusadora, fueron los videos en donde algunos de los ediles aparecen en sendas reuniones con Servando Gómez Martínez ‘La Tuta’.
Entorno a los videos de ‘La Tuta’, fueron las investigaciones ministeriales -tanto en el fuero federal como en el fuero común- en contra de los ediles encarcelados, dándose casos como el del alcalde de Numarán, en donde se portó como prueba un video de ‘La Tuta’, aun cuando el acusado no aparecía en el mismo.
Todos los procesos penales, de los alcaldes encarcelados a la fecha, tienen en el expediente alusiones a los videos de ‘La Tuta’, aun cuando en esos videos muchos de los procesados son ajenos. Existen también casos de incongruencia jurídica, en donde aparecen textos de otros expedientes judiciales de otros presos que pertenecieron al cartel de Los Templarios, que ni siquiera mencionan a los inculpados. Pero fueron aportados como pruebas.
Destaca el caso del alcalde de Aguililla, Jesús Cruz Valencia, quien es el único alcalde procesado que se encuentra recluido en una cárcel federal de máxima seguridad, al que se le endosó de un proceso penal ajeno a su causa.
La punta de la madeja
Tras la liberación del primero de los alcaldes procesados por sus nexos con el crimen organizado, algunos abogados de la defensa de los otros ediles presos, mantienen su confianza en que pronto puedan darse resoluciones de libertad a sus clientes, a quienes, tras casi un año de estar en prisión preventiva, el Ministerio Público no ha aportado las pruebas que ofreció al inicio del proceso.
Tal es el caso del alcalde preso de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera Solorio, cuya defensa ha insistido con testigos que declararon en su contra, pero el agente del Ministerio Público se niega a la actuación, aduciendo la imposibilidad de contactar a sus testigos.
Frente a los frágiles argumentos acusatorios del Ministerio Público, todos los alcaldes que están actualmente bajo proceso penal han ganado o mantienen en revisión diversos amparos, los que si no les otorgan la libertad en breve, sí les ayudarán para disminuir los cargos por los que son procesados.
El caso más evidente de la fragilidad judicial con que se han integrado esos expedientes es el del alcalde de Tacámbaro, el panista Noé Octavio Aburto Inclán, quien fue detenido bajo la sospecha de ser parte de la red criminal de los Caballeros Templarios, pero terminó siendo solo acusado de desviación de recursos públicos y falsedad de declaraciones, alcanzando la libertad bajo caución para enfrentar el proceso penal en libertad.
Otros proceso penales débiles
Entre los casos que destaca la debilidad en la investigación judicial contra los procesados en el periodo del comisionado Alfredo Castillo, se encuentra el del asesinado jefe de las autodefensas en Yurécuaro, Enrique Hernández Salcedo, quien fue acusado de haber dado muerte al alcalde panista de Tanhuato, Gustavo Garibay, pero fue absuelto al no existir las pruebas suficientes para una sentencia condenatoria.
También el jefe de las autodefensas de La Ruana, Hipólito Mora Chávez en dos ocasiones fue detenido y exonerado; en la primera ocasión se le acusó del asesinato de dos autodefensas, Rafael Sánchez Moreno y José Luis Torres, y en la segunda ocasión de haber participado en un enfrentamiento en donde perdieron la vida 11 personas. En ambos casos fue inocente de los señalamientos.
También el jefe de las autodefensas en Buenavista, Luis Antonio Torres ‘El Americano’ fue sometido a la justicia mediática más que a la penal: fue acusado de haber asesinado a varios hombres de las autodefensas de Hipólito Mora, pero fue exonerado al no existir pruebas suficientes de su participación.
Esa misma fragilidad jurídica con la que el comisionado Alfredo Castillo encaró la falta de justicia en Michoacán, se dejó sentir cuando un grupo de 43 autodefensas acusados de haber matado a otros autodefensas en Apatzingán, fueron liberador por un juez, al existir inconsistencias en las averiguaciones previas integradas al vapor por la delegación de la PGR en Michoacán.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
Tlatlaya no termina
La revelación de un peritaje que confirma que la mitad de los muertos en Tlatlaya fueron ‘fusilados’ por militares, pone contra la pared a las autoridades que defendieron la versión de un enfrentamiento.
En febrero de este año, durante la celebración del 102 aniversario de la conformación del Ejército mexicano el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo que había quienes trataban de desprestigiar a las Fuerzas Armadas sin pruebas serias.
“En ocasiones se nos ha señalado sin agotar los cauces legales o sin pruebas serias para tratar de desprestigiarnos y, con ello, dañar la confianza en nosotros depositada”, mencionó.
Sin decirlo abiertamente, Cienfuegos se refería a las sospechas sobre una ejecución sumaria cometida por militares en Tlatlaya, durante junio del 2014.
Ayer, las pruebas serias llegaron.
Un peritaje de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y de la Procuraduría General de la República (PGR) reveló que de las 22 personas abatidas el 30 junio de 2014 en Tlatlaya, 11 fueron “fusiladas”.
Entre los muertos estaban tres adolescentes. Una muchacha de 15 años y dos jóvenes de 17.
El documento, obtenido por La Jornada mediante una solicitud de información, detalla que otros cinco civiles murieron a quemarropa mientras realizaban ‘‘maniobras instintivas de defensa’’ y del resto no se menciona que hubieran disparado contra los militares.
Los soldados habrían realizado al menos 160 disparos, de los cuales, 60 balas dieron en el blanco, todas en la zona torácica de los presuntos delincuentes. Las víctimas sólo realizaron 12.
Luego de la masacre, los militares manipularon la escena del crimen, una bodega al sur del Estado de México, para hacer creer que todos habían caído durante un cruce de disparos, detalla el informe.
Así, la versión inicial reportada por la Secretaría de la Defensa (Sedena) luego del incidente fue que los presuntos delincuentes habían muerto en un enfrentamiento armado con militares.
“Las personas abrieron fuego en contra de las tropas, quienes repelieron la agresión, resultando 22 agresores muertos”, señaló en su página oficial de Twitter.
También el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) Alejandro Jaime Gómez Sánchez, defendió a capa y espada la versión de la Sedena.
“Respecto a los hechos ocurridos en Tlatlaya, el Ministerio Público del fuero común inició la investigación correspondiente, practicó las diligencias respectivas y en su momento remitió la carpeta de investigación a la Procuraduría General de la República.
“En las diligencias prácticas, no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga pensar en la posible ejecución o posible fusilamiento al que se ha hecho referencia en algunos medios de comunicación”, sostuvo el funcionario en conferencia de prensa el 17 de julio del 2014.
Pero las versiones oficiales evidenciaban contradicciones insalvables.
Incluían casualidades, una superficial reconstrucción de los hechos, falta de transparencia sobre las identidades de las víctimas y un inexplicable rondín nocturno por el tramo carretero San Antonio del Rosario-San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya.
El relato oficial mantenía que el convoy militar inspeccionaba el terreno sin razón alguna y se había topado por casualidad con una bodega que justamente estaba repleta de miembros del cártel de “La Familia”, quienes al ver a los soldados, empezaron a disparar.
Sin embargo, la declaración de una supuesta testigo de los hechos que fue publicada por la revista Esquire contradijo esta versión.
La testigo aseguró que 21 de los 22 muertos -entre ellos su hija de 15 años- habían sido ejecutados a sangre fría a pesar de haberse rendido.
La mujer contó que primero hubo un enfrentamiento corto y que, tras la entrega de armas, empezaron los interrogatorios a los detenidos.
“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”, relató la testigo a Esquire.
Acabada la primera tanda de ejecuciones, la mujer vio cómo remataban a su hija. Ella se hizo pasar por secuestrada para salir con vida.
Tras estas revelaciones, la Sedena redireccionó.
El 25 de septiembre de 2014, informó que ocho militares que participaron en la operación ya habían detenidos acusados de “desobediencia” e “infracción de deberes”. Tres de ellos también fueron señalados por la PGR por homicidio calificado, y uno más por encubrimiento.
Pero las dudas sembradas, crecieron por todos lados.
Del caso habló la ONU, Human Rights Watch, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y prácticamente todas las instituciones internacionales de derechos humanos. Exigieron investigación y castigo a los culpables.
En respuesta, el 2 de noviembre del año pasado, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dictó auto de formal prisión en contra de siete de los integrantes del Ejército Mexicano que participaron en la masacre.
Las recomendaciones de la CNDH
Ya en octubre del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había emitido una recomendación en la, entre otras cosas, pidió que se iniciara una investigación a los siete militares involucrados, que fueran juzgados por autoridades federales y se indemnizara a los familiares de las víctimas.
En la recomendación, el titular del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, refirió que después de utilizar la fuerza pública para contrarrestar la agresión armada, y una vez estando rendidos los civiles, los elementos militares ingresaron a la bodega.
“A partir de una acción arbitraria, desproporcional, innecesaria, y desapegada al sistema de derechos humanos, privaron de la vida arbitrariamente a 12 personas que se encontraban ahí, vivas, rendidas o heridas”, mencionó el documento.
La Comisión también pidió que se reforzara la capacitación que reciben los elementos de la Sedena con respecto al programa integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos, y que el mismo se dirija tanto a mandos medios y superiores a como a los elementos de tropa.
En marzo de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigaba 570 quejas registradas en el 2014 contra militares. Se les acusó de presuntas violaciones a los derechos humanos en contra de ciudadanos o población en general, sobre todo en el contexto del combate al crimen organizado.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
En febrero de este año, durante la celebración del 102 aniversario de la conformación del Ejército mexicano el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo que había quienes trataban de desprestigiar a las Fuerzas Armadas sin pruebas serias.
“En ocasiones se nos ha señalado sin agotar los cauces legales o sin pruebas serias para tratar de desprestigiarnos y, con ello, dañar la confianza en nosotros depositada”, mencionó.
Sin decirlo abiertamente, Cienfuegos se refería a las sospechas sobre una ejecución sumaria cometida por militares en Tlatlaya, durante junio del 2014.
Ayer, las pruebas serias llegaron.
Un peritaje de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y de la Procuraduría General de la República (PGR) reveló que de las 22 personas abatidas el 30 junio de 2014 en Tlatlaya, 11 fueron “fusiladas”.
Entre los muertos estaban tres adolescentes. Una muchacha de 15 años y dos jóvenes de 17.
El documento, obtenido por La Jornada mediante una solicitud de información, detalla que otros cinco civiles murieron a quemarropa mientras realizaban ‘‘maniobras instintivas de defensa’’ y del resto no se menciona que hubieran disparado contra los militares.
Los soldados habrían realizado al menos 160 disparos, de los cuales, 60 balas dieron en el blanco, todas en la zona torácica de los presuntos delincuentes. Las víctimas sólo realizaron 12.
Luego de la masacre, los militares manipularon la escena del crimen, una bodega al sur del Estado de México, para hacer creer que todos habían caído durante un cruce de disparos, detalla el informe.
Así, la versión inicial reportada por la Secretaría de la Defensa (Sedena) luego del incidente fue que los presuntos delincuentes habían muerto en un enfrentamiento armado con militares.
“Las personas abrieron fuego en contra de las tropas, quienes repelieron la agresión, resultando 22 agresores muertos”, señaló en su página oficial de Twitter.
También el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) Alejandro Jaime Gómez Sánchez, defendió a capa y espada la versión de la Sedena.
“Respecto a los hechos ocurridos en Tlatlaya, el Ministerio Público del fuero común inició la investigación correspondiente, practicó las diligencias respectivas y en su momento remitió la carpeta de investigación a la Procuraduría General de la República.
“En las diligencias prácticas, no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga pensar en la posible ejecución o posible fusilamiento al que se ha hecho referencia en algunos medios de comunicación”, sostuvo el funcionario en conferencia de prensa el 17 de julio del 2014.
Pero las versiones oficiales evidenciaban contradicciones insalvables.
Incluían casualidades, una superficial reconstrucción de los hechos, falta de transparencia sobre las identidades de las víctimas y un inexplicable rondín nocturno por el tramo carretero San Antonio del Rosario-San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya.
El relato oficial mantenía que el convoy militar inspeccionaba el terreno sin razón alguna y se había topado por casualidad con una bodega que justamente estaba repleta de miembros del cártel de “La Familia”, quienes al ver a los soldados, empezaron a disparar.
Sin embargo, la declaración de una supuesta testigo de los hechos que fue publicada por la revista Esquire contradijo esta versión.
La testigo aseguró que 21 de los 22 muertos -entre ellos su hija de 15 años- habían sido ejecutados a sangre fría a pesar de haberse rendido.
La mujer contó que primero hubo un enfrentamiento corto y que, tras la entrega de armas, empezaron los interrogatorios a los detenidos.
“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”, relató la testigo a Esquire.
Acabada la primera tanda de ejecuciones, la mujer vio cómo remataban a su hija. Ella se hizo pasar por secuestrada para salir con vida.
Tras estas revelaciones, la Sedena redireccionó.
El 25 de septiembre de 2014, informó que ocho militares que participaron en la operación ya habían detenidos acusados de “desobediencia” e “infracción de deberes”. Tres de ellos también fueron señalados por la PGR por homicidio calificado, y uno más por encubrimiento.
Pero las dudas sembradas, crecieron por todos lados.
Del caso habló la ONU, Human Rights Watch, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y prácticamente todas las instituciones internacionales de derechos humanos. Exigieron investigación y castigo a los culpables.
En respuesta, el 2 de noviembre del año pasado, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dictó auto de formal prisión en contra de siete de los integrantes del Ejército Mexicano que participaron en la masacre.
Las recomendaciones de la CNDH
Ya en octubre del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había emitido una recomendación en la, entre otras cosas, pidió que se iniciara una investigación a los siete militares involucrados, que fueran juzgados por autoridades federales y se indemnizara a los familiares de las víctimas.
En la recomendación, el titular del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, refirió que después de utilizar la fuerza pública para contrarrestar la agresión armada, y una vez estando rendidos los civiles, los elementos militares ingresaron a la bodega.
“A partir de una acción arbitraria, desproporcional, innecesaria, y desapegada al sistema de derechos humanos, privaron de la vida arbitrariamente a 12 personas que se encontraban ahí, vivas, rendidas o heridas”, mencionó el documento.
La Comisión también pidió que se reforzara la capacitación que reciben los elementos de la Sedena con respecto al programa integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos, y que el mismo se dirija tanto a mandos medios y superiores a como a los elementos de tropa.
En marzo de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigaba 570 quejas registradas en el 2014 contra militares. Se les acusó de presuntas violaciones a los derechos humanos en contra de ciudadanos o población en general, sobre todo en el contexto del combate al crimen organizado.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
En 2014, cuatro mil niños víctima de trata usaron como paso el Edomex
TOLUCA, Edomex: Durante 2014, por esta entidad cruzaron más de cuatro mil niños sudamericanos y centroamericanos con propósitos de trata de personas, alertó María Teresa Paredes Hernández, consejera jurídica de la Comisión Unida contra la Trata.
El territorio mexiquense, expuso, es utilizado como paso, mientras 45 de los 60 municipios de Tlaxcala tienen como importante actividad económica la trata de personas, con lo que aquella entidad se convierte en la cuna de este delito a nivel país.
Por su parte, Rosy Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata AC, indicó que en el Estado de México se han emitido 12 sentencias condenatorias por este ilícito, en sus diferentes modalidades, desde que fue tipificado en la entidad.
El Estado de México, afirmó, ocupa el cuarto lugar en sentencias contra individuos dedicados a la trata de personas.
A la fecha, además se han cerrado más de mil 218 giros negros, de los que 300 mujeres que eran explotadas e inducidas a participar en otros ilícitos, como secuestro y venta de drogas, fueron rescatadas.
“Trata no sólo es cuando las prostituyen, también está vinculada a otros delitos como secuestro, extorsión, delincuencia organizada, explotación laboral, enganche, adopción ilegal, drogadicción y condición de servidumbre, entre otros”, precisó.
Con la sensibilidad y ayuda de jueces e impartidores de justicia, y/o la presión social, la activista confío en que el Estado de México sea la primera entidad del país donde aplique la reparación del daño a las víctimas de trata, como ya lo prevé la ley.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
El territorio mexiquense, expuso, es utilizado como paso, mientras 45 de los 60 municipios de Tlaxcala tienen como importante actividad económica la trata de personas, con lo que aquella entidad se convierte en la cuna de este delito a nivel país.
Por su parte, Rosy Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata AC, indicó que en el Estado de México se han emitido 12 sentencias condenatorias por este ilícito, en sus diferentes modalidades, desde que fue tipificado en la entidad.
El Estado de México, afirmó, ocupa el cuarto lugar en sentencias contra individuos dedicados a la trata de personas.
A la fecha, además se han cerrado más de mil 218 giros negros, de los que 300 mujeres que eran explotadas e inducidas a participar en otros ilícitos, como secuestro y venta de drogas, fueron rescatadas.
“Trata no sólo es cuando las prostituyen, también está vinculada a otros delitos como secuestro, extorsión, delincuencia organizada, explotación laboral, enganche, adopción ilegal, drogadicción y condición de servidumbre, entre otros”, precisó.
Con la sensibilidad y ayuda de jueces e impartidores de justicia, y/o la presión social, la activista confío en que el Estado de México sea la primera entidad del país donde aplique la reparación del daño a las víctimas de trata, como ya lo prevé la ley.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
Cae ‘El Gringo Payán’, presunto operador de ‘El Mayo’ Zambada
MÉXICO, D.F: Genaro Payán Aros El Gringo Payán, presunto narcotraficante operador del Cártel de Sinaloa liderado por Ismael El Mayo Zambada, fue detenido el pasado jueves 18 de junio en un rancho en la comunidad de Comanito, municipio de Mocorito, Sinaloa.
Según el portal de noticias La Pared, la Armada de México confirmó esta tarde la aprehensión del capo y de tres personas más. Al momento de la detención, El Gringo Payán portaba dos identificaciones: una a nombre de Rubén Genaro Ruacha Aros y otra como Genaro Payán Quintero.
Junto con los documentos, las autoridades le aseguraron cinco armas largas y cuatro cortas, pastillas psicotrópicas, crystal y otras drogas no identificadas. Además le incautaron dos vehículos de su propiedad.
De acuerdo con información del portal, El Gringo Payán fue puesto a disposición del ministerio público en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) con sede en Culiacán. Posteriormente fue trasladado, junto con los otros detenidos –cuya identidad no fue revelada– a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México para rendir su declaración.
La información recabada por La Pared señala a El Gringo Payán como “parte importante” en la estructura del Cártel de Sinaloa, debido a las operaciones de trasiego de droga hacia los Estado Unidos, aunque siempre se manejó de bajo perfil.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Según el portal de noticias La Pared, la Armada de México confirmó esta tarde la aprehensión del capo y de tres personas más. Al momento de la detención, El Gringo Payán portaba dos identificaciones: una a nombre de Rubén Genaro Ruacha Aros y otra como Genaro Payán Quintero.
Junto con los documentos, las autoridades le aseguraron cinco armas largas y cuatro cortas, pastillas psicotrópicas, crystal y otras drogas no identificadas. Además le incautaron dos vehículos de su propiedad.
De acuerdo con información del portal, El Gringo Payán fue puesto a disposición del ministerio público en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) con sede en Culiacán. Posteriormente fue trasladado, junto con los otros detenidos –cuya identidad no fue revelada– a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México para rendir su declaración.
La información recabada por La Pared señala a El Gringo Payán como “parte importante” en la estructura del Cártel de Sinaloa, debido a las operaciones de trasiego de droga hacia los Estado Unidos, aunque siempre se manejó de bajo perfil.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
A un año de la represión de Moreno Valle, la justicia no llega a Chalchihuapan
PUEBLA, Pue: Pobladores de San Bernardino Chalchihuapan convocaron a una marcha el próximo 9 de julio para conmemorar el primer aniversario de la represión policiaca ordenada por el gobernador Rafael Moreno Valle, que derivó en la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo y la detención de varios pobladores.
Elia Tamayo, madre del niño asesinado, reclamó que a casi un año de los hechos, la impunidad prevalece y el gobierno estatal sólo ha hecho justicia a los suyos, ya que los policías señalados como responsables materiales del crimen de su hijo fueron liberados, pero continúan en prisión tres habitantes de Chalchihuapan, entre ellos el alcalde auxiliar Javier Montes Bautista.
“Los pobladores no hicieron nada y son los que están en la cárcel. Eso no es justicia, lo están haciendo todo al revés. Como siempre lo he dicho, yo le di mi voto a Moreno Valle nomás para que le quitara la vida a mi hijo, eso no se vale”.
En días pasados, al presentar su informe sobre la situación de los derechos de los niños en México, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que en el caso del niño asesinado en Chalchihuapan no se ha hecho justicia.
No obstante, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Roberto Flores Toledano, contradijo ayer ese dictamen y aseguró que el Poder Judicial de Puebla ya hizo lo que correspondía en ese caso.
Alejandro del Castillo, abogado de la familia de José Luis Tehuatlie Tamayo, anunció que el próximo 9 de julio los habitantes de Chalchihuapan, junto con organizaciones sociales y miembros de la Coordinadora Estatal por la Dignidad de los Pueblos (CEDIP), realizarán una marcha que partirá desde el punto de la autopista Puebla-Atlixco donde hace un año fueron reprimidos, y concluirá en el Centro Integral de Servicios (CIS), sede del gobierno estatal.
Durante 10 días, comentó, participarán en actos de protesta que culminarán en la misma fecha que hace un año falleció el niño Tehuatlie Tamayo, después de que resultó con una herida en la cabeza por un artefacto disparado por policías estatales.
El abogado precisó que aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dejó claro que los pobladores sólo respondieron a la agresión policiaca, continúan presos Vicente Juárez y Florentino Tamayo, además de Javier Montes Bautista.
En tanto, los seis policías que fueron señalados como presuntos responsables del asesinato del niño y de haber causado lesiones graves a ocho pobladores, fueron puestos en libertad desde el 24 de diciembre, bajo el argumento de que no actuaron con dolo.
Aracely Bautista, madre del alcalde preso, anunció que iniciará una huelga de hambre para reclamar la liberación de su hijo, a quien le levantaron cargos por supuestas agresiones a los policías y actualmente se encuentra preso en el penal de San Miguel.
Señaló que Javier Montes está a punto de obtener un amparo que lo dejaría libre de cargos, pero ante la actuación del gobierno de Puebla en otros casos, teme que le adjudiquen nuevos delitos para impedir su liberación.
Por separado, Hilario Gallegos, consejero estatal del PAN, lamentó que a casi un año de los hechos, la ley que originó la protesta (Ley Orgánica Municipal) y la que permitió la represión con armas no letales (‘Ley Bala’), sigan vigentes hasta la fecha.
“En su momento se habló de que se iba a derogar la Ley Bala, pero a la fecha no se le ha cambiado ni una tilde”, reclamó.
Por ello, señaló que parte de la jornada de protestas que llevarán a cabo diversas organizaciones, en solidaridad con Chalchihuapan, incluirá reclamos al Congreso local para que deroguen esas normas que afectaron a los pobladores de las juntas auxiliares.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELLA HERNÁNDEZ.
Elia Tamayo, madre del niño asesinado, reclamó que a casi un año de los hechos, la impunidad prevalece y el gobierno estatal sólo ha hecho justicia a los suyos, ya que los policías señalados como responsables materiales del crimen de su hijo fueron liberados, pero continúan en prisión tres habitantes de Chalchihuapan, entre ellos el alcalde auxiliar Javier Montes Bautista.
“Los pobladores no hicieron nada y son los que están en la cárcel. Eso no es justicia, lo están haciendo todo al revés. Como siempre lo he dicho, yo le di mi voto a Moreno Valle nomás para que le quitara la vida a mi hijo, eso no se vale”.
En días pasados, al presentar su informe sobre la situación de los derechos de los niños en México, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que en el caso del niño asesinado en Chalchihuapan no se ha hecho justicia.
No obstante, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Roberto Flores Toledano, contradijo ayer ese dictamen y aseguró que el Poder Judicial de Puebla ya hizo lo que correspondía en ese caso.
Alejandro del Castillo, abogado de la familia de José Luis Tehuatlie Tamayo, anunció que el próximo 9 de julio los habitantes de Chalchihuapan, junto con organizaciones sociales y miembros de la Coordinadora Estatal por la Dignidad de los Pueblos (CEDIP), realizarán una marcha que partirá desde el punto de la autopista Puebla-Atlixco donde hace un año fueron reprimidos, y concluirá en el Centro Integral de Servicios (CIS), sede del gobierno estatal.
Durante 10 días, comentó, participarán en actos de protesta que culminarán en la misma fecha que hace un año falleció el niño Tehuatlie Tamayo, después de que resultó con una herida en la cabeza por un artefacto disparado por policías estatales.
El abogado precisó que aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dejó claro que los pobladores sólo respondieron a la agresión policiaca, continúan presos Vicente Juárez y Florentino Tamayo, además de Javier Montes Bautista.
En tanto, los seis policías que fueron señalados como presuntos responsables del asesinato del niño y de haber causado lesiones graves a ocho pobladores, fueron puestos en libertad desde el 24 de diciembre, bajo el argumento de que no actuaron con dolo.
Aracely Bautista, madre del alcalde preso, anunció que iniciará una huelga de hambre para reclamar la liberación de su hijo, a quien le levantaron cargos por supuestas agresiones a los policías y actualmente se encuentra preso en el penal de San Miguel.
Señaló que Javier Montes está a punto de obtener un amparo que lo dejaría libre de cargos, pero ante la actuación del gobierno de Puebla en otros casos, teme que le adjudiquen nuevos delitos para impedir su liberación.
Por separado, Hilario Gallegos, consejero estatal del PAN, lamentó que a casi un año de los hechos, la ley que originó la protesta (Ley Orgánica Municipal) y la que permitió la represión con armas no letales (‘Ley Bala’), sigan vigentes hasta la fecha.
“En su momento se habló de que se iba a derogar la Ley Bala, pero a la fecha no se le ha cambiado ni una tilde”, reclamó.
Por ello, señaló que parte de la jornada de protestas que llevarán a cabo diversas organizaciones, en solidaridad con Chalchihuapan, incluirá reclamos al Congreso local para que deroguen esas normas que afectaron a los pobladores de las juntas auxiliares.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELLA HERNÁNDEZ.
Corrupción, parte de la condición humana; la estamos “domando”: EPN
Peña Nieto subrayó que el problema de la corrupción no es privativo de México, sino que es un tema de orden global.
El presidente Enrique Peña Nieto insistió en que la corrupción es un problema cultural y agregó que forma parte de la condición humana.
“Decía yo que este es un problema (la corrupción) a veces de orden cultural. Me he llevado por ello a veces algunas críticas que señalan que no es cultural.
Si no lo fuera, porque además está en el orden mundial, no es privativo de nuestro país ni de nuestra sociedad, me parece que es un tema de orden global, está en todo el mundo y a veces más que aparejado a una cultura, lo está a una condición: a la condición humana”, aseguró durante la instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia.
“Lo que estamos haciendo… México si alguna vez entró tarde, sin duda hoy está dando pasos de avanzada en lograr mayor eficacia en la transparencia y en el combate a la corrupción… Ahora hemos establecido dos grandes pilares: un sistema de transparencia y un sistema para combatir la corrupción…”, indicó.
“Lo que estamos haciendo -a lo mejor le voy a dar con ello material a más de un caricaturista- pero el Estado mexicano y su sociedad, lo que estamos haciendo es domar, auténticamente la condición humana, llevarla por nuevos caminos, estableciendo parámetros, estableciendo límites, controles, obligando a la apertura y a la transparencia, estamos estableciendo nuevos paradigmas y lo más importante: no lo está haciendo sólo el Estado mexicano, sino lo está acompañando la sociedad civil.
“Entre todos estamos auténticamente domando y llevando para bien a nuestra nación a esa condición humana que ha venido evolucionando y que hoy adopta los signos y los parámetros de los cambios que se dan en el orden mundial y México es de los primeros en sumarse a esta evolución que se da en el mundo”, agregó.
El presidente remarcó que México necesita un cambio de mentalidad de la población y las autoridades; reconoció que este cambio “no se dará de la noche a la mañana” y, que tampoco, se logrará a partir de los discursos, sino de la participación real y efectiva de quienes quieren un cambio en el país.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El presidente Enrique Peña Nieto insistió en que la corrupción es un problema cultural y agregó que forma parte de la condición humana.
“Decía yo que este es un problema (la corrupción) a veces de orden cultural. Me he llevado por ello a veces algunas críticas que señalan que no es cultural.
Si no lo fuera, porque además está en el orden mundial, no es privativo de nuestro país ni de nuestra sociedad, me parece que es un tema de orden global, está en todo el mundo y a veces más que aparejado a una cultura, lo está a una condición: a la condición humana”, aseguró durante la instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia.
“Lo que estamos haciendo… México si alguna vez entró tarde, sin duda hoy está dando pasos de avanzada en lograr mayor eficacia en la transparencia y en el combate a la corrupción… Ahora hemos establecido dos grandes pilares: un sistema de transparencia y un sistema para combatir la corrupción…”, indicó.
“Lo que estamos haciendo -a lo mejor le voy a dar con ello material a más de un caricaturista- pero el Estado mexicano y su sociedad, lo que estamos haciendo es domar, auténticamente la condición humana, llevarla por nuevos caminos, estableciendo parámetros, estableciendo límites, controles, obligando a la apertura y a la transparencia, estamos estableciendo nuevos paradigmas y lo más importante: no lo está haciendo sólo el Estado mexicano, sino lo está acompañando la sociedad civil.
“Entre todos estamos auténticamente domando y llevando para bien a nuestra nación a esa condición humana que ha venido evolucionando y que hoy adopta los signos y los parámetros de los cambios que se dan en el orden mundial y México es de los primeros en sumarse a esta evolución que se da en el mundo”, agregó.
El presidente remarcó que México necesita un cambio de mentalidad de la población y las autoridades; reconoció que este cambio “no se dará de la noche a la mañana” y, que tampoco, se logrará a partir de los discursos, sino de la participación real y efectiva de quienes quieren un cambio en el país.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Rechazan legisladores declaraciones de Chuayffet sobre evaluación
México, DF. La afirmación del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, de que no tuvo fines electorales la decisión de suspender temporalmente la evaluación educativa, el pasado 29 de mayo, sino motivaciones técnicas, fue puesta en duda por legisladores del PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, durante la comparecencia del funcionario ante integrantes de la Comisión Permanente.
“Nos cree tontos o imbéciles”, le cuestionó el senador del PAN Juan Carlos Romero Hicks y le señaló que era “inverosímil” tal explicación.
Chyayffet respondió, de acuerdo a su discurso inicial, pero ya al final de la comparecencia, frenó al senador panista Javier Lozano, quién le dijo: “Está tratando con adultos” y le preguntó por qué hasta 25 días después explicaba los motivos que lo llevaron a suspender la evaluación días antes del proceso electoral del 7 de junio y le exigió “poner orden” en el sector educativo.
Por qué 25 días después, “porque apenas me citaron”, le reviró Chauyffett y le reprochó que durante el sexenio de Felipe Calderón, en que Lozano era titular de la Secretaría del Trabajo, no intervinieron en el caso del magisterio disidente de Oaxaca.
“No me digan que no estuvieron pendientes de lo que pasó en Oaxaca. No pusieron orden y la disidencia siguió”, le dijo, entre fuertes aplausos de senadores y diputados del PRI que en todo momento lo arroparon e incluso fustigaron a panistas y perredistas que criticaron al funcionario.
Lozano tuvo que permanecer callado porque la réplica le correspondió a otra integrante de su bancada, Pilar Ortega, que no se refirió a ese punto.
Durante las casi cuatro horas que duró la reunión, el diputado perredista Miguel Alonso Raya advirtió que se está usando el proceso de evaluación como un mecanismo político “para correr” a los maestros.
Igualmente, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, le señaló al titular de la SEP que no hay un reforma educativa sino una reforma laboral para violentar los derechos de los profesores.
Los panistas, entre ellos la diputada Esther Quintana y el senador Romero Hicks, insistieron en varias ocasiones en el tema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y preguntaron por qué no se suspende a los profesores faltistas, a los que además se les sigue pagando.
Chuayffett aclaró que no le corresponde al gobierno federal el pago a los maestros, sino a los gobiernos de los estados. Romero Hicks le exigió acatar la ley y le dijo que “hay dos clases de funcionarios, los que explican y los que resuelven”.
El senador del PRI Amador Gaxiola, que es además dirigente del SNTE, se lanzó contra los panistas. Les dijo que fueron los gobiernos de Acción Nacional los que encumbraron a Elba Esther Gordillo.” Le entregaron la SEP, al nombrar subsecretario a su yerno, también le dieron la Lotería y el Issste”.
Fue más allá y dijo que en el sexenio de Vicente Fox no era la secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, “y la que mandaba era Martita”.
El diputado de Movimiento Ciudadano Danner González, irónico, comentó: “Creo que don Emilio (Chuayffet) había traído a uno de sus subsecretarios.
Al inicio de la comparecencia ante integrantes de la Comisión Permanente, el secretario de Educación Pública sostuvo que hay “un apoyo contundente y generalizado de la sociedad” hacia la reforma educativa y advirtió que la dependencia a su cargo seguirá garantizando el proceso de evaluación para ingreso, promoción y permanencia de los profesores.
El funcionario justificó que haya suspendido la evaluación el 29 de mayo pasado, ya que, dijo, en ese momento sólo 13 de los estados de la República habían respondido a la SEP que estaban listos para llevar a cabo el procedimiento.
Sostuvo que el 2 de junio otros estados se declararon listos y para el 8 de junio ya la mayoría de las entidades anunció la realización de los exámenes a los mentores.
Chuayffet sostuvo también que el boletín con el que se dio a conocer la suspensión temporal de la evaluación no tuvo efectos jurídicos y finalmente el proceso se llevó a cabo los pasados días 20, 21 y 22 de acuerdo a lo programado por la SEP. Las excepciones, reconoció, fueron Michoacán y Oaxaca.
El titular de la SEP concluyó su primera intervención con una cita de Jesús Reyes Heroles, en el sentido de que “las reformas no pueden lograrse con dogmáticos que quieren tener la razón, ni con pusilánimes que duden aún de la duda misma”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ANDREA BECERRIL/ VICTOR BALLINAS.
“Nos cree tontos o imbéciles”, le cuestionó el senador del PAN Juan Carlos Romero Hicks y le señaló que era “inverosímil” tal explicación.
Chyayffet respondió, de acuerdo a su discurso inicial, pero ya al final de la comparecencia, frenó al senador panista Javier Lozano, quién le dijo: “Está tratando con adultos” y le preguntó por qué hasta 25 días después explicaba los motivos que lo llevaron a suspender la evaluación días antes del proceso electoral del 7 de junio y le exigió “poner orden” en el sector educativo.
Por qué 25 días después, “porque apenas me citaron”, le reviró Chauyffett y le reprochó que durante el sexenio de Felipe Calderón, en que Lozano era titular de la Secretaría del Trabajo, no intervinieron en el caso del magisterio disidente de Oaxaca.
“No me digan que no estuvieron pendientes de lo que pasó en Oaxaca. No pusieron orden y la disidencia siguió”, le dijo, entre fuertes aplausos de senadores y diputados del PRI que en todo momento lo arroparon e incluso fustigaron a panistas y perredistas que criticaron al funcionario.
Lozano tuvo que permanecer callado porque la réplica le correspondió a otra integrante de su bancada, Pilar Ortega, que no se refirió a ese punto.
Durante las casi cuatro horas que duró la reunión, el diputado perredista Miguel Alonso Raya advirtió que se está usando el proceso de evaluación como un mecanismo político “para correr” a los maestros.
Igualmente, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, le señaló al titular de la SEP que no hay un reforma educativa sino una reforma laboral para violentar los derechos de los profesores.
Los panistas, entre ellos la diputada Esther Quintana y el senador Romero Hicks, insistieron en varias ocasiones en el tema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y preguntaron por qué no se suspende a los profesores faltistas, a los que además se les sigue pagando.
Chuayffett aclaró que no le corresponde al gobierno federal el pago a los maestros, sino a los gobiernos de los estados. Romero Hicks le exigió acatar la ley y le dijo que “hay dos clases de funcionarios, los que explican y los que resuelven”.
El senador del PRI Amador Gaxiola, que es además dirigente del SNTE, se lanzó contra los panistas. Les dijo que fueron los gobiernos de Acción Nacional los que encumbraron a Elba Esther Gordillo.” Le entregaron la SEP, al nombrar subsecretario a su yerno, también le dieron la Lotería y el Issste”.
Fue más allá y dijo que en el sexenio de Vicente Fox no era la secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, “y la que mandaba era Martita”.
El diputado de Movimiento Ciudadano Danner González, irónico, comentó: “Creo que don Emilio (Chuayffet) había traído a uno de sus subsecretarios.
Al inicio de la comparecencia ante integrantes de la Comisión Permanente, el secretario de Educación Pública sostuvo que hay “un apoyo contundente y generalizado de la sociedad” hacia la reforma educativa y advirtió que la dependencia a su cargo seguirá garantizando el proceso de evaluación para ingreso, promoción y permanencia de los profesores.
El funcionario justificó que haya suspendido la evaluación el 29 de mayo pasado, ya que, dijo, en ese momento sólo 13 de los estados de la República habían respondido a la SEP que estaban listos para llevar a cabo el procedimiento.
Sostuvo que el 2 de junio otros estados se declararon listos y para el 8 de junio ya la mayoría de las entidades anunció la realización de los exámenes a los mentores.
Chuayffet sostuvo también que el boletín con el que se dio a conocer la suspensión temporal de la evaluación no tuvo efectos jurídicos y finalmente el proceso se llevó a cabo los pasados días 20, 21 y 22 de acuerdo a lo programado por la SEP. Las excepciones, reconoció, fueron Michoacán y Oaxaca.
El titular de la SEP concluyó su primera intervención con una cita de Jesús Reyes Heroles, en el sentido de que “las reformas no pueden lograrse con dogmáticos que quieren tener la razón, ni con pusilánimes que duden aún de la duda misma”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ANDREA BECERRIL/ VICTOR BALLINAS.
El Bronco dice que ola de violencia en NL es un mensaje a Rodrigo Medina
MÉXICO, D.F: El gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, descartó que la racha de violencia que se desató en la entidad después de los comicios y que dejó 21 muertos se trate de un mensaje del crimen organizado hacia él.
“Yo seré gobernador a partir del 4 de octubre, y cuando eso pase voy a combatir la delincuencia en el estado”, sentenció.
Sostuvo, por el contrario, que la ola de violencia se trata de un mensaje para el actual mandatario, Rodrigo Medina.
Incluso, dijo que el gobierno de Medina se relajó y que esa situación fue aprovechada por los delincuentes para cometer sus tropelías.
“Esta situación se debe al relajamiento de la policía, del Ejército Mexicano y de la Policía Federal, que se confiaron demasiado y dejaron de patrullar, y obviamente los delincuentes aprovechan porque éstos no duermen”, subrayó.
En declaraciones a Grupo Imagen Multimedia, Rodríguez Calderón criticó la pasividad del gobernador saliente cuando debía, dijo, estar atento y dispuesto a actuar contra los delincuentes. “Nadie puede asegurar que todo está bien porque sigue creciendo el narcotráfico y la venta de droga”.
El primer gobernador independiente electo en la historia de México aseguró que la seguridad es un tema de inteligencia, no de armas, y confió en que hechos violentos como los del pasado fin de semana no vuelvan a suceder y que el gobierno actual tome el control, dado que cuenta con la experiencia en el tema.
Según ‘El Bronco’, cuando asuma la gubernatura de Nuevo León no permitirá que formen parte del él personas que militen en los distintos institutos políticos, pero en caso de haya algún interesado en formar parte de su administración, apuntó, tendrá que renunciar a su partido.
Rodríguez Calderón destacó que además de la seguridad, atenderá la deuda que tiene el estado, y adelantó que planea una reunión con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, antes de encontrarse con el presidente Enrique Peña Nieto.
‘El Bronco’ señaló que por ahora no piensa el buscar la candidatura presidencial para 2018, pero descartó que más adelante pudiera darse ese escenario.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
“Yo seré gobernador a partir del 4 de octubre, y cuando eso pase voy a combatir la delincuencia en el estado”, sentenció.
Sostuvo, por el contrario, que la ola de violencia se trata de un mensaje para el actual mandatario, Rodrigo Medina.
Incluso, dijo que el gobierno de Medina se relajó y que esa situación fue aprovechada por los delincuentes para cometer sus tropelías.
“Esta situación se debe al relajamiento de la policía, del Ejército Mexicano y de la Policía Federal, que se confiaron demasiado y dejaron de patrullar, y obviamente los delincuentes aprovechan porque éstos no duermen”, subrayó.
En declaraciones a Grupo Imagen Multimedia, Rodríguez Calderón criticó la pasividad del gobernador saliente cuando debía, dijo, estar atento y dispuesto a actuar contra los delincuentes. “Nadie puede asegurar que todo está bien porque sigue creciendo el narcotráfico y la venta de droga”.
El primer gobernador independiente electo en la historia de México aseguró que la seguridad es un tema de inteligencia, no de armas, y confió en que hechos violentos como los del pasado fin de semana no vuelvan a suceder y que el gobierno actual tome el control, dado que cuenta con la experiencia en el tema.
Según ‘El Bronco’, cuando asuma la gubernatura de Nuevo León no permitirá que formen parte del él personas que militen en los distintos institutos políticos, pero en caso de haya algún interesado en formar parte de su administración, apuntó, tendrá que renunciar a su partido.
Rodríguez Calderón destacó que además de la seguridad, atenderá la deuda que tiene el estado, y adelantó que planea una reunión con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, antes de encontrarse con el presidente Enrique Peña Nieto.
‘El Bronco’ señaló que por ahora no piensa el buscar la candidatura presidencial para 2018, pero descartó que más adelante pudiera darse ese escenario.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
martes, 23 de junio de 2015
Hipólito Mora y Solalinde se unirán a ayuno de Mireles
MÉXICO, D.F: Hipólito Mora y el sacerdote Alejandro Solalinde se unirán al ayuno voluntario que realizará el fundador de autodefensas, José Manuel Mireles Valverde, al cumplirse un año de su reclusión en el penal federal de Hermosillo, Sonora.
El médico cirujano realizará un ayuno de tres días, 27, 28 y 29 de junio “a costa de la salud tan precaria que tiene, de la lesión de la columna y de una cirugía programada”, confirmó Virginia Mireles, hermana del excomunitario, en entrevista con Radio Fórmula.
Además, informó que ella, el también fundador de Autodefensas, Hipólito Mora, el sacerdote Alejandro Solalinde, familiares de los 83 autodefensas encarcelados junto con Mireles y quien quiera unirse a ellos, harán un mitin el sábado 27 a las seis de la tarde, en la Plaza de Armas, en Morelia, y el domingo 28 a las ocho de la mañana iniciarán un ayuno afuera de la delegación de Procuraduría General de la República (PGR) en Michoacán.
“Es una forma de protesta por el injusto encarcelamiento de él y de los autodefensas, es más que nada la petición de la libertad de ellos”, dijo.
Virginia Mireles precisó que sostienen pláticas con el padre Alejandro Solalinde, quien quiere oficiar una misa y que el ayuno será abierto al público para las personas que quieran incorporarse el sábado en el mitin y el domingo en el ayuno.
Reconoció que el ayuno es organizado en coordinación con Movimiento Ciudadano pero reiteró que “es abierto al público”.
Además, comentó que el mitin será replicado en diferentes partes de la República Mexicana, como Sonora y Ciudad de México.
Mireles Malverde, fue detenido por fuerzas federales el 28 de junio del año pasado, junto con 83 de sus compañeros, tres de ellos sus guardaespaldas, en la comunidad de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas.
Dos días después, el 30 de junio, la PGR lo trasladó al penal federal número 11, en Sonora, donde permanece hasta hoy acusado de portar armas de uso exclusivo del Ejército.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El médico cirujano realizará un ayuno de tres días, 27, 28 y 29 de junio “a costa de la salud tan precaria que tiene, de la lesión de la columna y de una cirugía programada”, confirmó Virginia Mireles, hermana del excomunitario, en entrevista con Radio Fórmula.
Además, informó que ella, el también fundador de Autodefensas, Hipólito Mora, el sacerdote Alejandro Solalinde, familiares de los 83 autodefensas encarcelados junto con Mireles y quien quiera unirse a ellos, harán un mitin el sábado 27 a las seis de la tarde, en la Plaza de Armas, en Morelia, y el domingo 28 a las ocho de la mañana iniciarán un ayuno afuera de la delegación de Procuraduría General de la República (PGR) en Michoacán.
“Es una forma de protesta por el injusto encarcelamiento de él y de los autodefensas, es más que nada la petición de la libertad de ellos”, dijo.
Virginia Mireles precisó que sostienen pláticas con el padre Alejandro Solalinde, quien quiere oficiar una misa y que el ayuno será abierto al público para las personas que quieran incorporarse el sábado en el mitin y el domingo en el ayuno.
Reconoció que el ayuno es organizado en coordinación con Movimiento Ciudadano pero reiteró que “es abierto al público”.
Además, comentó que el mitin será replicado en diferentes partes de la República Mexicana, como Sonora y Ciudad de México.
Mireles Malverde, fue detenido por fuerzas federales el 28 de junio del año pasado, junto con 83 de sus compañeros, tres de ellos sus guardaespaldas, en la comunidad de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas.
Dos días después, el 30 de junio, la PGR lo trasladó al penal federal número 11, en Sonora, donde permanece hasta hoy acusado de portar armas de uso exclusivo del Ejército.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Por amenazas del crimen organizado, Coca-Cola cierra planta en Guerrero
MÉXICO, D.F: Luego de 11 meses de inactividad por las amenazas de la delincuencia organizada, una planta distribuidora de la empresa Coca-Cola anunció su cierre oficial en Arcelia, Guerrero, y liquidó a más de 120 trabajadores, varios de ellos con más de 20 años de antigüedad.
Según los empleados, en diversas ocasiones se recibieron llamadas de los criminales, quienes pretendían cobrar cerca de 10 millones de pesos de cuota por permitirles trabajar.
La empresa Femsa precisó a CNN Expansión que el pasado 20 de mayo suspendió definitivamente las labores del Centro de Distribución en Argelia, “con base en la evaluación final de la operación y de acuerdo con las condiciones del entorno”.
Tras ello, liquidó a los trabajadores después de lograr un acuerdo en la Junta de Conciliación y Arbitraje que inició desde hace 15 días. La semana pasada Femsa terminó de realizar los pagos.
A finales de julio de 2014, la planta paró sus actividades por las constantes amenazas y extorsiones del crimen organizado a sus trabajadores. Inclusive en ese tiempo cuatro de sus camiones fueron retenidos e incendiados por sujetos armados.
La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) había iniciado las investigaciones correspondientes por el delito de daños, en agravio de la empresa embotelladora en Arcelia.
El 4 de agosto de ese año, la delincuencia organizada les capturó cinco camiones y aparecieron quemados. Desde ese momento la empresa cerró sus actividades e incluso cualquier tipo de distribución.
Apenas en febrero pasado Coca-Cola Femsa suspendió su servicio por cinco días en el municipio de Chilpancingo, después de que el gerente y subgerente de la empresa fueron retenidos por integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG).
Los sujetos que retuvieron a los empleados exigían que la empresa retirara una demanda interpuesta contra tres alumnos a los que acusaba de haber robado uno de sus camiones repartidores.
Durante el hecho, policías se enfrentaron con los manifestantes frente a las instalaciones de la planta, con un saldo de al menos 10 heridos.
La presión terminó cuando el gerente de la empresa ordenó el retiro de la denuncia por la que los tres estudiantes permanecían detenidos.
En la zona de Tierra Caliente, pero en el municipio de Iguala, una planta de Coca-Cola también cerró sus puertas debido al clima de violencia e inseguridad que se vive en el lugar.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Según los empleados, en diversas ocasiones se recibieron llamadas de los criminales, quienes pretendían cobrar cerca de 10 millones de pesos de cuota por permitirles trabajar.
La empresa Femsa precisó a CNN Expansión que el pasado 20 de mayo suspendió definitivamente las labores del Centro de Distribución en Argelia, “con base en la evaluación final de la operación y de acuerdo con las condiciones del entorno”.
Tras ello, liquidó a los trabajadores después de lograr un acuerdo en la Junta de Conciliación y Arbitraje que inició desde hace 15 días. La semana pasada Femsa terminó de realizar los pagos.
A finales de julio de 2014, la planta paró sus actividades por las constantes amenazas y extorsiones del crimen organizado a sus trabajadores. Inclusive en ese tiempo cuatro de sus camiones fueron retenidos e incendiados por sujetos armados.
La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) había iniciado las investigaciones correspondientes por el delito de daños, en agravio de la empresa embotelladora en Arcelia.
El 4 de agosto de ese año, la delincuencia organizada les capturó cinco camiones y aparecieron quemados. Desde ese momento la empresa cerró sus actividades e incluso cualquier tipo de distribución.
Apenas en febrero pasado Coca-Cola Femsa suspendió su servicio por cinco días en el municipio de Chilpancingo, después de que el gerente y subgerente de la empresa fueron retenidos por integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG).
Los sujetos que retuvieron a los empleados exigían que la empresa retirara una demanda interpuesta contra tres alumnos a los que acusaba de haber robado uno de sus camiones repartidores.
Durante el hecho, policías se enfrentaron con los manifestantes frente a las instalaciones de la planta, con un saldo de al menos 10 heridos.
La presión terminó cuando el gerente de la empresa ordenó el retiro de la denuncia por la que los tres estudiantes permanecían detenidos.
En la zona de Tierra Caliente, pero en el municipio de Iguala, una planta de Coca-Cola también cerró sus puertas debido al clima de violencia e inseguridad que se vive en el lugar.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Solicitudes de refugio en México, diseñadas para rechazar a migrantes: La 72
Los coordinadores del albergue ubicado en Tabasco, denuncian que la COMAR sólo da asilo a 16% de los que solicitan.
El albergue “La 72″ en Tenosique, Tabasco denunció que la política migratoria y de asilo de México “ha dejado de ser un hermano protector y acogedor de las personas solicitantes de refugio”.
La casa de migrantes que coordina el sacerdote franciscano Fray Tomás González, emitió un comunicado de prensa donde denuncia que para el gobierno de México como para las personas migrantes, “el país se ha convertido en un infierno en todos los aspectos” y llama al gobierno federal a recuperar “la política mexicana de protección a los solicitantes de asilo”.
En el marco del Día Internacional del Refugiado, celebrado el 20 de junio, menciona que el contexto de la frontera sur en Tabasco, que además de la sistemática violación a sus derechos humanos, “debemos añadirle que los proceso migratorios y de solicitantes de refugio atraviesan por una estrategia mañosamente diseñada para rechazar a la mayoría”.
Informan que datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en el período entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2014, únicamente el 16% de los solicitantes fueron reconocidos como refugiados, 247 personas de los 1525.
“El universo de las personas que hoy se atreven a cruzar la frontera de Guatemala hacia México tiene un denominador común: ya no solo huyen de la economía de muerte, huyen por una violencia criminal ya institucionalizada en sus países de origen; huyen de la muerte”, se informó.
Comunicado:
DÍA INTERNACIONAL DEL REFUGIADO
CONTEXTO EN LA FRONTERA SUR DE TABASCO
La 72 HOGAR – REFUGIO PARA PERSONAS MIGRANTES
Tenosique, Tabasco
A las autoridades del Estado mexicano
A los medios de comunicación
A la sociedad civil
Uno de los ejes transversales de la atención integral a personas migrantes que damos en La 72, es la promoción y defensa de los derechos humanos, generando en muchas ocasiones el acompañamiento de los respectivos procesos migratorios. En los dos últimos años, hemos recibido una cantidad enorme de personas que vienen huyendo de la violencia generalizada que afecta a sus países de origen. Desde entonces decidimos iniciar procesos de orientación, acompañamiento y seguimiento a las personas solicitantes de refugio.
Los testimonios son desgarradores: jóvenes amenazados con quitarles la vida si no colaboran con las pandillas, o son parte de ellas; mujeres adolescentes que por no querer ser pareja del jefe de pandilla, han tenido que abandonar su vida cotidiana; amas de casa que huye desesperadas a nuestro país porque ya no soportan el flagelo de la extorsión; hombres maduros y ancianos sin ninguna garantía de trabajo, seguridad o esperanza de poder terminar su vida en paz; familias enteras que llegan a La 72 aun con el olor a la muerte tras haber perdido muy recientemente a uno, dos o más miembros de sus núcleos familiares; menores de edad que no han conocido nunca a sus padres; la gran diversidad de la comunidad LGBTI que viene huyendo de la discriminación y la homofobia; mujeres por demás golpeadas, agredidas, ultrajadas y violadas por sus propias parejas.
El universo de las personas que hoy se atreven a cruzar la frontera de Guatemala hacia México tiene un denominador común: ya no solo huyen de la economía de muerte, huyen por una violencia criminal ya institucionalizada en sus países de origen; huyen de la muerte. Por su parte México, gracias a su política migratoria y de asilo ha dejado de ser un hermano protector y acogedor de las personas solicitantes de refugio. En cambio, tanto para ellos como para las personas migrantes, el país se ha convertido en un infierno en todos los aspectos. A la sistemática violación a sus derechos humanos, debemos añadirle que los proceso migratorios y de solicitantes de refugio atraviesan por una estrategia mañosamente diseñada para rechazar a la mayoría.
ESTADÍSTICAS
Según datos de la COMAR, en el período entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2014, únicamente el 16% de los solicitantes fueron reconocidos como refugiados, 247 personas de los 1525. De las 11,500 personas que recibimos en La 72 en 2014, acompañamos a más de 200 solicitantes de refugio, lo que representa aproximadamente un 13% del total global de solicitantes.
De las 5,500 personas recibidas en lo que va del 2015, el área de derechos humanos y gestión migratoria de La 72 ha acompañado a más de 140 solicitantes de refugio, incluyendo algunos grupos vulnerables como: 37 solicitantes de grupos familiares (10 casos), 10 menores no acompañados, 5 solicitantes de la comunidad LGBTI, 2 adultos mayores y 2 mujeres embarazadas. Sin embargo, nuestros registros nos indican datos alarmantes: más de 550 personas han llegado a La 72 huyendo de violencia y amenazas en su país, buscando proteger su vida e integridad personal. De las 20 resoluciones emitidas por la COMAR hasta el momento, únicamente 3 han reconocido la condición de refugiado.
La principal razón para argumentar su negación a la condición de refugiado es que: “no se comprobó el temor fundado de persecución”.
PROPUESTAS Y EXIGENCIAS
x A los gobiernos de los países de origen. Es necesario sentar las bases para acabar con las causas estructurales que están expulsando a sus connacionales.
x Al Estado mexicano. Que recupere la política mexicana de protección a los solicitantes de asilo.
x Es indispensable que la COMAR, genere las estructuras necesarias para poder abrir una oficina de dicha dependencia en Tenosique, Tabasco, donde el flujo migratorio se acentúa y el número de solicitantes se ha disparado.
x A la CNDH. Que vigile, defienda y desencadene un respeto estricto a los derechos humanos de las personas solicitantes de refugio.
x Al Gobierno de Estado de Tabasco y del Municipio de Tenosique. Se hace ya impostergable crear una política migratoria local y una concientización entre los tabasqueños de su ser frontera y de su responsabilidad frente a las personas migrantes y solicitantes de refugio.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El albergue “La 72″ en Tenosique, Tabasco denunció que la política migratoria y de asilo de México “ha dejado de ser un hermano protector y acogedor de las personas solicitantes de refugio”.
La casa de migrantes que coordina el sacerdote franciscano Fray Tomás González, emitió un comunicado de prensa donde denuncia que para el gobierno de México como para las personas migrantes, “el país se ha convertido en un infierno en todos los aspectos” y llama al gobierno federal a recuperar “la política mexicana de protección a los solicitantes de asilo”.
En el marco del Día Internacional del Refugiado, celebrado el 20 de junio, menciona que el contexto de la frontera sur en Tabasco, que además de la sistemática violación a sus derechos humanos, “debemos añadirle que los proceso migratorios y de solicitantes de refugio atraviesan por una estrategia mañosamente diseñada para rechazar a la mayoría”.
Informan que datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en el período entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2014, únicamente el 16% de los solicitantes fueron reconocidos como refugiados, 247 personas de los 1525.
“El universo de las personas que hoy se atreven a cruzar la frontera de Guatemala hacia México tiene un denominador común: ya no solo huyen de la economía de muerte, huyen por una violencia criminal ya institucionalizada en sus países de origen; huyen de la muerte”, se informó.
Comunicado:
DÍA INTERNACIONAL DEL REFUGIADO
CONTEXTO EN LA FRONTERA SUR DE TABASCO
La 72 HOGAR – REFUGIO PARA PERSONAS MIGRANTES
Tenosique, Tabasco
A las autoridades del Estado mexicano
A los medios de comunicación
A la sociedad civil
Uno de los ejes transversales de la atención integral a personas migrantes que damos en La 72, es la promoción y defensa de los derechos humanos, generando en muchas ocasiones el acompañamiento de los respectivos procesos migratorios. En los dos últimos años, hemos recibido una cantidad enorme de personas que vienen huyendo de la violencia generalizada que afecta a sus países de origen. Desde entonces decidimos iniciar procesos de orientación, acompañamiento y seguimiento a las personas solicitantes de refugio.
Los testimonios son desgarradores: jóvenes amenazados con quitarles la vida si no colaboran con las pandillas, o son parte de ellas; mujeres adolescentes que por no querer ser pareja del jefe de pandilla, han tenido que abandonar su vida cotidiana; amas de casa que huye desesperadas a nuestro país porque ya no soportan el flagelo de la extorsión; hombres maduros y ancianos sin ninguna garantía de trabajo, seguridad o esperanza de poder terminar su vida en paz; familias enteras que llegan a La 72 aun con el olor a la muerte tras haber perdido muy recientemente a uno, dos o más miembros de sus núcleos familiares; menores de edad que no han conocido nunca a sus padres; la gran diversidad de la comunidad LGBTI que viene huyendo de la discriminación y la homofobia; mujeres por demás golpeadas, agredidas, ultrajadas y violadas por sus propias parejas.
El universo de las personas que hoy se atreven a cruzar la frontera de Guatemala hacia México tiene un denominador común: ya no solo huyen de la economía de muerte, huyen por una violencia criminal ya institucionalizada en sus países de origen; huyen de la muerte. Por su parte México, gracias a su política migratoria y de asilo ha dejado de ser un hermano protector y acogedor de las personas solicitantes de refugio. En cambio, tanto para ellos como para las personas migrantes, el país se ha convertido en un infierno en todos los aspectos. A la sistemática violación a sus derechos humanos, debemos añadirle que los proceso migratorios y de solicitantes de refugio atraviesan por una estrategia mañosamente diseñada para rechazar a la mayoría.
ESTADÍSTICAS
Según datos de la COMAR, en el período entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2014, únicamente el 16% de los solicitantes fueron reconocidos como refugiados, 247 personas de los 1525. De las 11,500 personas que recibimos en La 72 en 2014, acompañamos a más de 200 solicitantes de refugio, lo que representa aproximadamente un 13% del total global de solicitantes.
De las 5,500 personas recibidas en lo que va del 2015, el área de derechos humanos y gestión migratoria de La 72 ha acompañado a más de 140 solicitantes de refugio, incluyendo algunos grupos vulnerables como: 37 solicitantes de grupos familiares (10 casos), 10 menores no acompañados, 5 solicitantes de la comunidad LGBTI, 2 adultos mayores y 2 mujeres embarazadas. Sin embargo, nuestros registros nos indican datos alarmantes: más de 550 personas han llegado a La 72 huyendo de violencia y amenazas en su país, buscando proteger su vida e integridad personal. De las 20 resoluciones emitidas por la COMAR hasta el momento, únicamente 3 han reconocido la condición de refugiado.
La principal razón para argumentar su negación a la condición de refugiado es que: “no se comprobó el temor fundado de persecución”.
PROPUESTAS Y EXIGENCIAS
x A los gobiernos de los países de origen. Es necesario sentar las bases para acabar con las causas estructurales que están expulsando a sus connacionales.
x Al Estado mexicano. Que recupere la política mexicana de protección a los solicitantes de asilo.
x Es indispensable que la COMAR, genere las estructuras necesarias para poder abrir una oficina de dicha dependencia en Tenosique, Tabasco, donde el flujo migratorio se acentúa y el número de solicitantes se ha disparado.
x A la CNDH. Que vigile, defienda y desencadene un respeto estricto a los derechos humanos de las personas solicitantes de refugio.
x Al Gobierno de Estado de Tabasco y del Municipio de Tenosique. Se hace ya impostergable crear una política migratoria local y una concientización entre los tabasqueños de su ser frontera y de su responsabilidad frente a las personas migrantes y solicitantes de refugio.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
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