El narco es una forma de vida que todo inunda: académicos; sólo en mayo, 120 asesinatos.
Culiacán, Sin. La muerte cerquita, vecina, a la vuelta de la esquina, agavillada y nuestra, que aunque quisiéramos lejana, es cotidiana y hasta familiar. Así se expresa el crimen organizado en Culiacán, considerada una de las ciudades más violentas del país, cuna del narcotráfico y santuario de algunos de lo capos más importantes.
Esa violencia, que el gobierno estatal pretende ubicar como resultado de las pugnas del narcomenudeo –al menos en la capital sinaloense–, sumó cerca de 120 asesinatos durante mayo pasado, cifra mayor a cualquier mes de 2014 y lo que va de 2015.
Y son estos hechos y otros que están a la mano los que hacen que estudiosos del tema aseguren que el narcotráfico no es un fenómeno policiaco, un asunto de ellos, los que están metidos en el negocio, sino una forma de vida que todo salpica y en ocasiones inunda.
Entre los 120 crímenes a balazos del mes pasado, hubo un multihomicidio que llamó la atención de los sinaloenses, tan acostumbrados a la violencia a punta de bala y ejecuciones: cinco personas, cuatro de ellas menores, fueron abatidas cuando circulaban por la calzada Heroico Colegio Militar, en el sur de la ciudad.
Entre las víctimas iba un niño de 13 años, alumno de una primaria ubicada a tres cuadras del lugar. Los hoy occisos viajaban en una camioneta cuando fueron baleados desde otro vehículo. En el lugar, policías ministeriales encontraron 56 casquillos calibre 7.62, los que se utilizan para el fusil AK-47.
El adolescente fue despedido con un homenaje en su escuela, entre llantos y abrazos, los de menor grado comentaban que habían matado al niño grande. Las autoridades estatales intentaron minimizar el hecho, a pesar de que ese mismo día fueron ocho las personas ultimadas de forma similar en la entidad.
“Traemos algunos problemitas por la lucha contra el narcomenudeo; si ustedes ven el porcentaje de rivalidad delincuencial que se da en las ejecuciones andamos arriba de 80, 85 por ciento; estamos implementado nuestros operativos de siempre, nuestros policías no descansan, cuando no andan en una parte andan en otra, con una fecha u otra, pero de que vamos a recuperar esto que se nos elevó en mayo, lo vamos a recuperar”, dijo el gobernador Mario López Valdez durante una gira de trabajo por Mazatlán.
En 2010, agregó, salían por la noche y eran el doble los asesinatos. Sin duda, los problemas que están surgiendo son entre ellos. Dijo que no habrá operativos especiales, ya que los esfuerzos de las diferentes corporaciones federales y locales están rindiendo frutos, y llamó a la ciudadanía a no alarmarse.
La banalidad
Tomás Guevara, sicólogo y catedrático de la Facultad de Sicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), es uno de los pocos especialistas que han realizado investigaciones sobre el fenómeno de la violencia, el involucramiento de los jóvenes y la conducta social en torno a la criminalidad y sus efectos.
El académico lamentó que la violencia sea ahora una forma de vida cotidiana y que los ciudadanos la vean como algo habitual, normal, incluido en la rutina diaria de niños, jóvenes y adultos.
“En la ciudad el fenómeno de la violencia es cada vez más banal. Se ha vuelto un proceso de normalización, donde lo que era extraño ahora nos resulta familiar. Cada vez encontramos niños que recurren más a la violencia para dirimir sus diferencias o incluso para probar ciertas cosas, como que merecen estar en una pandilla, que son capaces de aventarse un jale (trabajo ilegal), y buscan el acto violento para verse a sí mismos en ese discurso contranormativo de violencia que vivimos”, sostuvo.
Ante la escasez de programas culturales, educativos y sociales de los tres niveles de gobierno que atiendan a niños y jóvenes, advirtió, los menores se educan en la calle o en la escuela, espacios que reproducen los estereotipos de la criminalidad. Y contra eso, subrayó, no hay competencia.
No hay un proyecto estatal de cultura o social para los jóvenes. Al no haber una alternativa para censurar, criticar, cuestionar toda la violencia que los rodea, terminan por aceptar los actos terroríficos que ocurren en nuestra sociedad, y por eso vemos niños cada vez más violentos, manifestó.
Guevara aseguró que en una manifestación de esta aceptación acrítica de la violencia, adultos y menores acuden a las escenas del crimen para tomar fotografías y videos y subirlos a las redes sociales, en lugar de atemorizarse o expresar dolor o indignación. En esta banalidad de la violencia, que no es más que un proceso de normalización, los delitos terroríficos nos son comunes, apuntó.
Los muertos nuestros de cada día
En Culiacán son más los cenotafios en calles, camellones y banquetas que bancas en los jardines públicos. Los habitantes de la capital sinaloense salen de sus casas y se enfrentan a estos escenarios de cruces y epitafios en su trajinar. Pero también a la violencia generada por policías, elementos de la Marina o Ejército.
El pasado 15 de junio, helicópteros de la Marina dispararon contra civiles durante un operativo en las comunidades Acuachane y Tobiba, cerca de Tamazula, un municipio de Durango más cercano a Culiacán que a la capital de esa entidad. El saldo fue de dos muertos, dos heridos y cuatro detenidos, todos ellos menores.
Los efectivos navales buscaban a Adelmo Niebla González, operador del cártel de Sinaloa, quien se fugó del penal de Culiacán en mayo de 2014. Cuatro vehículos en que huía un grupo de jóvenes fueron quemados por los marinos, quienes argumentaron que los civiles les dispararon.
En la denuncia ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDHS) estatal, los familiares de los detenidos señalaron que éstos fueron golpeados y obligados por los marinos a tomar armas y dispararlas.
Al niño de 13 (años) lo hicieron agarrar una pistola; él no quería agarrarla y le pegaron en la espalda; al niño de 17 lo hicieron agarrar un rifle para que lo disparara y no lo disparó, declaró una mujer identificada como Brenda, originaria de Tamazula, madre de dos de los detenidos, quienes fueron enviados al Tutelar para Menores de Culiacán, y luego a Tamazula, donde finalmente fueron liberados por falta de pruebas.
Es la muerte fácil, barata, agazapada a dos pasos, a la mano, a la vuelta de la esquina, no por tener o no relación con el narcotráfico, sino por vivir en una región violenta, impune, donde el crimen se expresa como una rutina, y el miedo dejó también de ser una novedad: Culiacán, donde es un peligro estar vivo, todo sigue igual, sólo que en la piel de esta región del norte del país, a pocos pasos del Pacífico y a nada del abismo, hay más sangre, cicatrices y cruces a la vera del camino.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JAVIER VALDEZ CÁRDENAS
jueves, 25 de junio de 2015
Mireles, un año preso
MÉXICO, D.F: El próximo sábado 27 de junio se cumple un año de que José Manuel Mireles Valverde fue detenido cuando intentaba reanimar el movimiento de las autodefensas armadas de Michoacán, que en la región de tierra caliente fue domesticado e infiltrado por grupos del crimen organizado y que hoy nuevamente están retomando el poder.
Precisamente el día que viajaba al puerto de Lázaro Cárdenas para organizar a quienes en la costa michoacana están hartos del sojuzgamiento de los grupos criminales asociados con las autoridades fue sorprendido por la policía estatal, quien le puso droga y armas en la camioneta donde viajaba para luego mandarlo a una prisión ubicada a miles de kilómetros de Michoacán, al penal de Hermosillo, Sonora, como una forma de castigo a su rebeldía.
Mireles se había convertido en la figura central del movimiento de autodefensas armadas que nació el 24 de febrero del 2013 en los pueblos calentenos de Tepalcatepec y La Ruana. De todos los que encabezaron esta expresión de hartazgo social ante la inseguridad y el empoderamiento del crimen organizado, era el único que manejaba un discurso político y tenía metas muy claras de acabar con las redes políticas que hay entre narcotraficantes y políticos.
Día antes de su absurda detención, Mireles había propuesto la formación del Frente Nacional de Autodefensas y para entonces ya tenía una invitación de una decena de estados donde estaban interesados de formar grupos ciudadanos armados capaces de hacer frente a los criminales, ante la incompetencia e ineptitud de los gobiernos y autoridades policiacas de cumplir con uno de sus mandatos fundamentales.
Este llamado social fue tomado como una voz de alerta por el gobierno de Enrique Peña Nieto quien quizá vio el inicio de un movimiento de insurgencia social a nivel nacional, capaz no solo de hacer frente al crimen organizado, sino de acabar con los lazos que tiene con personajes importantes de la política y el mercado financiero.
Mireles se convirtió en un estorbo para establecer los pactos subrepticios del comisionado Alfredo Castillo con personajes del crimen organizado de Michoacán que ya se habían puesto al frente de los autodefensas, desplazando al jefe nato de este movimiento que se había convertido en un ejemplo a seguir en todo el país.
El doctor de Tepalcatepec fue el único que rechazó integrarse a la Fuerza Rural, una invención del gobierno para domesticar a las autodefensas. Mireles se negó a entregar las armas aduciendo que si lo hacia lo iban a matar los criminales y narcotraficantes que se habían apoderado de las autodefensas en tierra caliente.
De todos los que fundaron este movimiento, fue el único que se dirigió a Enrique Peña Nieto para decirle que se necesitaba limpiar las cañerías de la política anegada de corrupción, impunidad y negocios ilegales.
Hoy Mireles sigue en la cárcel en malas condiciones de salud por la diabetes y lesiones en la columna que hacen más difícil su permanencia en el penal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora. Su familia asegura que ninguno de los delitos por los que permanece en la cárcel como son posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y de drogas, se sostiene y que estaría en condiciones legales para su liberación.
Esperaban que después de las elecciones del pasado 7 de junio, Mireles podría salir pues ya no implicaba un peligro para el gobierno o los partidos políticos contendientes. Pero esto no ha sido así y no sólo permanece injustamente detrás de las rejas sino que se agrava su salud y su vida podía estar en riesgo.
Y mientras el líder de las autodefensas permanece privado de su libertad convirtiéndose en un preso político, en Tierra Caliente los grupos del crimen organizado se reagrupan y retoman el poder con la complacencia del gobierno federal que muestra una vez más su incapacidad para someter a los miembros del crimen organizado y sus socios que están en el gobierno y en los partidos políticos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
Precisamente el día que viajaba al puerto de Lázaro Cárdenas para organizar a quienes en la costa michoacana están hartos del sojuzgamiento de los grupos criminales asociados con las autoridades fue sorprendido por la policía estatal, quien le puso droga y armas en la camioneta donde viajaba para luego mandarlo a una prisión ubicada a miles de kilómetros de Michoacán, al penal de Hermosillo, Sonora, como una forma de castigo a su rebeldía.
Mireles se había convertido en la figura central del movimiento de autodefensas armadas que nació el 24 de febrero del 2013 en los pueblos calentenos de Tepalcatepec y La Ruana. De todos los que encabezaron esta expresión de hartazgo social ante la inseguridad y el empoderamiento del crimen organizado, era el único que manejaba un discurso político y tenía metas muy claras de acabar con las redes políticas que hay entre narcotraficantes y políticos.
Día antes de su absurda detención, Mireles había propuesto la formación del Frente Nacional de Autodefensas y para entonces ya tenía una invitación de una decena de estados donde estaban interesados de formar grupos ciudadanos armados capaces de hacer frente a los criminales, ante la incompetencia e ineptitud de los gobiernos y autoridades policiacas de cumplir con uno de sus mandatos fundamentales.
Este llamado social fue tomado como una voz de alerta por el gobierno de Enrique Peña Nieto quien quizá vio el inicio de un movimiento de insurgencia social a nivel nacional, capaz no solo de hacer frente al crimen organizado, sino de acabar con los lazos que tiene con personajes importantes de la política y el mercado financiero.
Mireles se convirtió en un estorbo para establecer los pactos subrepticios del comisionado Alfredo Castillo con personajes del crimen organizado de Michoacán que ya se habían puesto al frente de los autodefensas, desplazando al jefe nato de este movimiento que se había convertido en un ejemplo a seguir en todo el país.
El doctor de Tepalcatepec fue el único que rechazó integrarse a la Fuerza Rural, una invención del gobierno para domesticar a las autodefensas. Mireles se negó a entregar las armas aduciendo que si lo hacia lo iban a matar los criminales y narcotraficantes que se habían apoderado de las autodefensas en tierra caliente.
De todos los que fundaron este movimiento, fue el único que se dirigió a Enrique Peña Nieto para decirle que se necesitaba limpiar las cañerías de la política anegada de corrupción, impunidad y negocios ilegales.
Hoy Mireles sigue en la cárcel en malas condiciones de salud por la diabetes y lesiones en la columna que hacen más difícil su permanencia en el penal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora. Su familia asegura que ninguno de los delitos por los que permanece en la cárcel como son posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y de drogas, se sostiene y que estaría en condiciones legales para su liberación.
Esperaban que después de las elecciones del pasado 7 de junio, Mireles podría salir pues ya no implicaba un peligro para el gobierno o los partidos políticos contendientes. Pero esto no ha sido así y no sólo permanece injustamente detrás de las rejas sino que se agrava su salud y su vida podía estar en riesgo.
Y mientras el líder de las autodefensas permanece privado de su libertad convirtiéndose en un preso político, en Tierra Caliente los grupos del crimen organizado se reagrupan y retoman el poder con la complacencia del gobierno federal que muestra una vez más su incapacidad para someter a los miembros del crimen organizado y sus socios que están en el gobierno y en los partidos políticos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
EL Partido Verde le robó Chiapas al PRI
Aunque se trata de prácticas priistas, en Chiapas la corrupción, el influyentismo, las concertacesiones, la coacción y la compra del voto benefician ahora al partido en el poder, el PVEM, franquicia que regentea el gobernador Manuel Velasco. Y como buenos alumnos de trapacerías, los “verdes” ya están desplazando a sus antiguos tutores priistas. La división es tal que, rumbo a los comicios locales del próximo 19 de julio, esos partidos no pudieron mantener su alianza en la entidad de sus mayores éxitos electorales.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Durante las últimas dos décadas, en cada proceso electoral el PRI tuvo que llevar de la mano al PVEM; ahora el tricolor sólo ve cómo el estado pinta de verde edificios, bulevares, uniformes, estadios, escuelas, sillas… son sus viejas prácticas.
Esa entidad fue el bastión del PRI, sus reservas hacían que ganara la Presidencia. Hoy Chiapas es un estado “verde” luego de que la alianza entre ambos partidos llevó al poder a Manuel Velasco Coello con más de 1 millón 300 mil votos, que tanto presumieron en 2012.
Aliados incondicionales en varios estados, el PRI y el PVEM sostienen en Chiapas una tensa relación que confronta a sus militantes y simpatizantes en cada barrio y colonia de los 122 municipios.
En las elecciones del domingo 7, con sólo 46% de participación ciudadana, cinco candidatos priistas y siete del Verde arrasaron en los 12 distritos electorales…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2016 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Durante las últimas dos décadas, en cada proceso electoral el PRI tuvo que llevar de la mano al PVEM; ahora el tricolor sólo ve cómo el estado pinta de verde edificios, bulevares, uniformes, estadios, escuelas, sillas… son sus viejas prácticas.
Esa entidad fue el bastión del PRI, sus reservas hacían que ganara la Presidencia. Hoy Chiapas es un estado “verde” luego de que la alianza entre ambos partidos llevó al poder a Manuel Velasco Coello con más de 1 millón 300 mil votos, que tanto presumieron en 2012.
Aliados incondicionales en varios estados, el PRI y el PVEM sostienen en Chiapas una tensa relación que confronta a sus militantes y simpatizantes en cada barrio y colonia de los 122 municipios.
En las elecciones del domingo 7, con sólo 46% de participación ciudadana, cinco candidatos priistas y siete del Verde arrasaron en los 12 distritos electorales…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2016 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
Búsqueda de desaparecidas en Edomex, entre torpezas y omisiones
MÉXICO, D.F: Ante la carencia de un protocolo especializado en localización de mujeres y niñas en el Estado de México, las autoridades judiciales incurren en omisiones durante la búsqueda con vida de jóvenes reportadas como desaparecidas, lo que deriva en que las víctimas carezcan de certeza sobre los resultados de las indagaciones y vean obstaculizado su acceso a la verdad y la justicia.
Prueba de ello es el caso de Mariana Elizabeth Yáñez Reyes, joven desaparecida en septiembre de 2014 y cuyos restos fueron supuestamente localizados en el Río de los Remedios en octubre pasado. Luego de una serie de irregularidades en la búsqueda de la joven, las autoridades mexiquenses se vieron obligadas a exhumar los restos para continuar investigando el caso.
Mariana, según relata su familia, es una joven estudiante de 18 años que en 2014 ingresó a la licenciatura de Control y Automatización del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Cerca de las 9 de la noche del 17 de septiembre pasado, Mariana salió de su casa –en Héroes de Tecámac, Edomex– para fotocopiar algunos documentos personales que debía presentar en su escuela para concursar por una beca de estudios, en una papelería a unas cuadras de su domicilio.
Esa misma noche, al notar que su hija no volvía, sus padres Bernardo Yáñez y Guadalupe Reyes comenzaron a buscarla. Denunciaron los hechos ante el Ministerio Público de San Agustín, municipio de Ecatepec, donde el agente ministerial les pidió esperar 72 horas, porque tal vez “la joven había huido con su novio”. Ocho días después el expediente seguía en blanco.
Al considerar que la desaparición de su hija podría ser un secuestro, la familia también presentó el 18 de septiembre de 2014 la denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de la República (PGR), la cual abrió una carpeta de investigación.
En diciembre anterior, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) tomó muestras de sangre a Guadalupe Reyes para comparar los datos con los de restos de mujeres que eran localizados. Pero no explicó en qué consistían las diligencias para localizar a Mariana con vida.
Un mes después, en enero pasado, la familia fue notificada de que parte de los restos localizados en el Río de los Remedios (canal de aguas negras al norte del Distrito Federal y que atraviesa el municipio mexiquense de Ecatepec) correspondían a Mariana.
En octubre de 2014 (un mes después de la desaparición de Mariana), el río también conocido como Canal de la Compañía fue desazolvado y en él fueron localizados restos óseos.
En un primer momento el gobierno mexiquense, si bien reconoció el hallazgo, aseguró que no se podía determinar si correspondían a restos humanos o animales; luego admitió que se trataba de cadáveres, la mayoría de ellos de mujeres.
Sin permitir a la familia ver los restos (que corresponden a la parte superior de ambos huesos del muslo y un fragmento de cráneo), con el argumento de que no estaban psicológicamente preparados para ellos, las autoridades pidieron a la madre de Mariana “aceptar los hechos”.
En abril pasado, la SEIDO emitió su peritaje y al igual que la PGJEM aseguró que las muestras de sangre extraídas a la madre de Mariana coincidían con las pruebas tomadas a los supuestos restos de Mariana.
Sin embargo, para la familia aún no estaba claro cómo se había llevado a cabo la búsqueda con vida de Mariana, de qué manera había sido supuestamente asesinada, cuándo había ocurrido el feminicidio y cómo era posible que los restos mostraran tal nivel de descomposición.
Tampoco entendía cómo se había pasado de investigar una desaparición a sostener que era un feminicidio; todas estas dudas llevaron a la familia a exigir que los restos fueran exhumados para realizar nuevas pruebas de ADN.
Sin certeza judicial
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) –organización que brinda asesoría legal a la familia de Mariana–, explicó que en casos de desaparición de mujeres, un derecho fundamental de las víctimas es tener total certeza sobre los hechos, lo que también tiene que ver con el derecho a acceder a la justicia.
También enfatizó que en este caso no se ha explicado cuáles fueron las diligencias realizadas durante la búsqueda con vida de la joven, e incluso en caso de que los restos correspondieran a la joven tampoco se ha profundizado en indagar sobre qué fue lo que ocurrió y qué pasó con las demás partes del cuerpo.
Por ello se pidió la exhumación de los restos, para que fueran analizados por peritos independientes.
Luego de varios meses de exigencia social y de diversas reuniones con autoridades mexiquenses, finalmente el viernes 19 los restos fueron exhumados y trasladados a Toluca, para que el Equipo Mexicano de Antropología Forense realice las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con Estrada, la investigación del equipo especializado –cuyos primeros resultados se esperan en un mes– irá más allá de las pruebas de ADN, pues un peritaje de este tipo debe apuntar a determinar qué fue lo que ocurrió con Mariana.
Para la también maestra en Derechos Humanos y Democracia este caso demuestra la necesidad de que sean mejorados los protocolos de localización de personas (las llamadas alertas Alba y Ámber), y en su caso se instaure un protocolo específico en la entidad, ya que actualmente no se realiza la búsqueda de mujeres con la debida diligencia y generalmente se trata de localizar a personas fallecidas, cuando “lo que piden las familias es encontrar a sus hijas con vida”.
María de la Luz Estrada abundó que si se investigan de manera adecuada las desapariciones –que actualmente no constituyen un delito en la entidad, aunque las cifras van en aumento–, se puede evitar la ocurrencia de otros ilícitos mayores, como la trata de personas, feminicidio o asesinato.
Según datos del OCNF, al menos mil 258 niñas y mujeres fueron reportadas como desaparecidas en el Estado de México de 2011 a 2012, y 53% de ellas tenía entre 10 y 17 años.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ (REPORTAJE ESPECIAL)
Prueba de ello es el caso de Mariana Elizabeth Yáñez Reyes, joven desaparecida en septiembre de 2014 y cuyos restos fueron supuestamente localizados en el Río de los Remedios en octubre pasado. Luego de una serie de irregularidades en la búsqueda de la joven, las autoridades mexiquenses se vieron obligadas a exhumar los restos para continuar investigando el caso.
Mariana, según relata su familia, es una joven estudiante de 18 años que en 2014 ingresó a la licenciatura de Control y Automatización del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Cerca de las 9 de la noche del 17 de septiembre pasado, Mariana salió de su casa –en Héroes de Tecámac, Edomex– para fotocopiar algunos documentos personales que debía presentar en su escuela para concursar por una beca de estudios, en una papelería a unas cuadras de su domicilio.
Esa misma noche, al notar que su hija no volvía, sus padres Bernardo Yáñez y Guadalupe Reyes comenzaron a buscarla. Denunciaron los hechos ante el Ministerio Público de San Agustín, municipio de Ecatepec, donde el agente ministerial les pidió esperar 72 horas, porque tal vez “la joven había huido con su novio”. Ocho días después el expediente seguía en blanco.
Al considerar que la desaparición de su hija podría ser un secuestro, la familia también presentó el 18 de septiembre de 2014 la denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de la República (PGR), la cual abrió una carpeta de investigación.
En diciembre anterior, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) tomó muestras de sangre a Guadalupe Reyes para comparar los datos con los de restos de mujeres que eran localizados. Pero no explicó en qué consistían las diligencias para localizar a Mariana con vida.
Un mes después, en enero pasado, la familia fue notificada de que parte de los restos localizados en el Río de los Remedios (canal de aguas negras al norte del Distrito Federal y que atraviesa el municipio mexiquense de Ecatepec) correspondían a Mariana.
En octubre de 2014 (un mes después de la desaparición de Mariana), el río también conocido como Canal de la Compañía fue desazolvado y en él fueron localizados restos óseos.
En un primer momento el gobierno mexiquense, si bien reconoció el hallazgo, aseguró que no se podía determinar si correspondían a restos humanos o animales; luego admitió que se trataba de cadáveres, la mayoría de ellos de mujeres.
Sin permitir a la familia ver los restos (que corresponden a la parte superior de ambos huesos del muslo y un fragmento de cráneo), con el argumento de que no estaban psicológicamente preparados para ellos, las autoridades pidieron a la madre de Mariana “aceptar los hechos”.
En abril pasado, la SEIDO emitió su peritaje y al igual que la PGJEM aseguró que las muestras de sangre extraídas a la madre de Mariana coincidían con las pruebas tomadas a los supuestos restos de Mariana.
Sin embargo, para la familia aún no estaba claro cómo se había llevado a cabo la búsqueda con vida de Mariana, de qué manera había sido supuestamente asesinada, cuándo había ocurrido el feminicidio y cómo era posible que los restos mostraran tal nivel de descomposición.
Tampoco entendía cómo se había pasado de investigar una desaparición a sostener que era un feminicidio; todas estas dudas llevaron a la familia a exigir que los restos fueran exhumados para realizar nuevas pruebas de ADN.
Sin certeza judicial
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) –organización que brinda asesoría legal a la familia de Mariana–, explicó que en casos de desaparición de mujeres, un derecho fundamental de las víctimas es tener total certeza sobre los hechos, lo que también tiene que ver con el derecho a acceder a la justicia.
También enfatizó que en este caso no se ha explicado cuáles fueron las diligencias realizadas durante la búsqueda con vida de la joven, e incluso en caso de que los restos correspondieran a la joven tampoco se ha profundizado en indagar sobre qué fue lo que ocurrió y qué pasó con las demás partes del cuerpo.
Por ello se pidió la exhumación de los restos, para que fueran analizados por peritos independientes.
Luego de varios meses de exigencia social y de diversas reuniones con autoridades mexiquenses, finalmente el viernes 19 los restos fueron exhumados y trasladados a Toluca, para que el Equipo Mexicano de Antropología Forense realice las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con Estrada, la investigación del equipo especializado –cuyos primeros resultados se esperan en un mes– irá más allá de las pruebas de ADN, pues un peritaje de este tipo debe apuntar a determinar qué fue lo que ocurrió con Mariana.
Para la también maestra en Derechos Humanos y Democracia este caso demuestra la necesidad de que sean mejorados los protocolos de localización de personas (las llamadas alertas Alba y Ámber), y en su caso se instaure un protocolo específico en la entidad, ya que actualmente no se realiza la búsqueda de mujeres con la debida diligencia y generalmente se trata de localizar a personas fallecidas, cuando “lo que piden las familias es encontrar a sus hijas con vida”.
María de la Luz Estrada abundó que si se investigan de manera adecuada las desapariciones –que actualmente no constituyen un delito en la entidad, aunque las cifras van en aumento–, se puede evitar la ocurrencia de otros ilícitos mayores, como la trata de personas, feminicidio o asesinato.
Según datos del OCNF, al menos mil 258 niñas y mujeres fueron reportadas como desaparecidas en el Estado de México de 2011 a 2012, y 53% de ellas tenía entre 10 y 17 años.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ (REPORTAJE ESPECIAL)
En marcha, Red Nacional de Información Criminal de PGR
Unidades de inteligencia definirán las líneas de investigación, con participación de procuradurías estatales, anuncian Arely Gómez y Tomás Zerón.
En lo que se anuncia como un cambio de paradigma, la PGR y las procuradurías del país pondrán en marcha unidades de inteligencia con analistas que definirán las líneas de investigación de las averiguaciones previas y operarán una nueva Red Nacional de Información Criminal, informó el diario Reforma.
La procuradora general Arely Gómez González y el jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, anunciaron este miércoles la creación de las Unidades de Análisis de Información en cada Procuraduría y una base nacional de datos homologada, para ajustar los procedimientos de investigación al nuevo sistema de justicia oral acusatorio.
Gómez González inauguró este miércoles 24 el Primer Encuentro Nacional de Analistas en Información, el cual, afirmó, representa un parteaguas en la visión de procurar justicia.
Durante el evento, realizado en San Juan del Río, Querétaro, destacó que se busca privilegiar la utilización de la información para fortalecer de manera directa a la institución del Ministerio Público.
“Este cambio de paradigma incluye al analista como parte importante para la investigación que encabeza el Ministerio Público, con base en metodologías especializadas, bajo el rigor que exige el nuevo sistema de justicia penal”, apuntó.
Además, señaló la funcionaria, contribuirá al diseño de los lineamientos de una política criminal integral y multidimensional, dirigidos al desarrollo de capacidades de inteligencia contra el fenómeno delictivo.
Zerón de Lucio señaló que uno de los objetivos de este encuentro es debatir sobre el diseño de áreas especializadas, con énfasis en el perfil de analistas de información y la labor fundamental que deben desarrollar en apoyo al Ministerio Público.
Buscaremos tener un diálogo amplio sobre la forma en que los analistas contribuirán en el diseño de políticas públicas, su destacado papel en el nuevo Sistema de Justicia Penal para analizar y visualizar el nacimiento de una red nacional de información criminal.
En un comunicado, la PGR señaló que el Primer Encuentro Nacional de Analistas en Información, el cual concluirá el jueves, congrega a expertos, servidores públicos y agencias internacionales especializados en seguridad nacional.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
En lo que se anuncia como un cambio de paradigma, la PGR y las procuradurías del país pondrán en marcha unidades de inteligencia con analistas que definirán las líneas de investigación de las averiguaciones previas y operarán una nueva Red Nacional de Información Criminal, informó el diario Reforma.
La procuradora general Arely Gómez González y el jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, anunciaron este miércoles la creación de las Unidades de Análisis de Información en cada Procuraduría y una base nacional de datos homologada, para ajustar los procedimientos de investigación al nuevo sistema de justicia oral acusatorio.
Gómez González inauguró este miércoles 24 el Primer Encuentro Nacional de Analistas en Información, el cual, afirmó, representa un parteaguas en la visión de procurar justicia.
Durante el evento, realizado en San Juan del Río, Querétaro, destacó que se busca privilegiar la utilización de la información para fortalecer de manera directa a la institución del Ministerio Público.
“Este cambio de paradigma incluye al analista como parte importante para la investigación que encabeza el Ministerio Público, con base en metodologías especializadas, bajo el rigor que exige el nuevo sistema de justicia penal”, apuntó.
Además, señaló la funcionaria, contribuirá al diseño de los lineamientos de una política criminal integral y multidimensional, dirigidos al desarrollo de capacidades de inteligencia contra el fenómeno delictivo.
Zerón de Lucio señaló que uno de los objetivos de este encuentro es debatir sobre el diseño de áreas especializadas, con énfasis en el perfil de analistas de información y la labor fundamental que deben desarrollar en apoyo al Ministerio Público.
Buscaremos tener un diálogo amplio sobre la forma en que los analistas contribuirán en el diseño de políticas públicas, su destacado papel en el nuevo Sistema de Justicia Penal para analizar y visualizar el nacimiento de una red nacional de información criminal.
En un comunicado, la PGR señaló que el Primer Encuentro Nacional de Analistas en Información, el cual concluirá el jueves, congrega a expertos, servidores públicos y agencias internacionales especializados en seguridad nacional.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
miércoles, 24 de junio de 2015
PAN denuncia al PRI-PVEM por presunto rebase de tope de gastos de campaña
Acción Nacional recordó que el nuevo régimen jurídico electoral mexicano contempla la causal de nulidad de elección, por el rebase del tope de gasto de campaña aprobado por el órgano electoral.
Por contravenir la normatividad electoral con un presunto rebase el tope de gastos de campaña en espectaculares contratados en distintas zonas del país, el Partido Acción Nacional presentó una queja ante el director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, Eduardo Gurza Curiel, contra el PRI, PVEM y la coalición conformada, así como contra los candidatos que resulten responsables .
Francisco Gárate Chapa, representante del PAN ante INE, fue quien presentó la queja, en la cual se argumenta que el PRI y el PVEM en coalición y en lo individual realizaron la contratación masiva de espectaculares y propaganda fija que incluía mensajes institucionales y otros que beneficiaban a sus candidatos.
De acuerdo al PAN, en abril contabilizaron alrededor de 2150 carteleras; mientras que en mayo registraron 1800.
Los lugares en que fueron colocados los anuncios, de acuerdo a la queja, son: Tijuana, Baja California; León, Guanajuato; Morelia, Michoacán; Cuernavaca, Morelos; Campeche, Campeche; Naucalpan, Ecatepec y Tecámac, Estado de México; Chihuahua, Chihuahua; Torreón, Coahuila; Manzanillo, Colima; así como en las delegaciones del DF, Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo, entre otros.
Por la cantidad de anuncios y el costo de los mismos, el PAN argumenta que se rebasó el monto de gastos de campaña, que es de 1 millón 260 mil por distrito.
Además de esos argumentos, presentaron evidencia fotográfica en 54 archivos identificados por estado.
En concreto el PAN solicita al INE que se integre un razonamiento que atienda los artículos 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización que habla de la forma de calcular los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
“Se solicita que esa autoridad electoral nacional en uso de sus atribuciones y de conformidad con la brevedad de los términos de la materia electoral sea resuelto dicho procedimiento, respetando el debido proceso a efecto de salvaguardar las garantías procesales de los denunciados”, indica la queja.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Por contravenir la normatividad electoral con un presunto rebase el tope de gastos de campaña en espectaculares contratados en distintas zonas del país, el Partido Acción Nacional presentó una queja ante el director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, Eduardo Gurza Curiel, contra el PRI, PVEM y la coalición conformada, así como contra los candidatos que resulten responsables .
Francisco Gárate Chapa, representante del PAN ante INE, fue quien presentó la queja, en la cual se argumenta que el PRI y el PVEM en coalición y en lo individual realizaron la contratación masiva de espectaculares y propaganda fija que incluía mensajes institucionales y otros que beneficiaban a sus candidatos.
De acuerdo al PAN, en abril contabilizaron alrededor de 2150 carteleras; mientras que en mayo registraron 1800.
Los lugares en que fueron colocados los anuncios, de acuerdo a la queja, son: Tijuana, Baja California; León, Guanajuato; Morelia, Michoacán; Cuernavaca, Morelos; Campeche, Campeche; Naucalpan, Ecatepec y Tecámac, Estado de México; Chihuahua, Chihuahua; Torreón, Coahuila; Manzanillo, Colima; así como en las delegaciones del DF, Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo, entre otros.
Por la cantidad de anuncios y el costo de los mismos, el PAN argumenta que se rebasó el monto de gastos de campaña, que es de 1 millón 260 mil por distrito.
Además de esos argumentos, presentaron evidencia fotográfica en 54 archivos identificados por estado.
En concreto el PAN solicita al INE que se integre un razonamiento que atienda los artículos 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización que habla de la forma de calcular los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
“Se solicita que esa autoridad electoral nacional en uso de sus atribuciones y de conformidad con la brevedad de los términos de la materia electoral sea resuelto dicho procedimiento, respetando el debido proceso a efecto de salvaguardar las garantías procesales de los denunciados”, indica la queja.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Gobernador de Guerrero dará de baja a parientes y amigos que cobren doble “sin justificación”
CHILPANCINGO, Gro: El gobernador Rogelio Ortega Martínez hizo eco de la nota difundida ayer por esta agencia en el sentido de que acomodó a 40 familiares y amigos en la nómina gubernamental, algunos de los cuales cobran también en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).
Anunció que dará de baja a sus parientes y amistades que estén cobrando doble salario “sin justificar”.
Ortega Martínez aprovechó también la ocasión para descalificar a este reportero. Lo tachó de mentiroso y negó parentesco alguno con Rubén Darío Fuentes Alarcón, como se consignó en la nota, pese a que la esposa de este último, Lilia Martínez Alday, es prima de Rosaura Martínez Ríos, madre del mandatario interino, de acuerdo con documentos oficiales en poder de Apro.
En dichos reportes se indica también que Fuentes Alarcón funge actualmente como asesor del gobernador y, al mismo tiempo, cobra como funcionario en la UAGro.
La misma nota indica que la nómina estatal de los beneficiarios, entre los que se encuentran directores de planteles universitarios, exdirigentes del PRD y PT y exmagistrados electorales, asciende a cerca un millón de pesos mensuales.
En tanto que la UAGro destina más de 400 mil pesos por el mismo bloque de amigos y familiares de Ortega, según dichos reportes oficiales.
Ortega Martínez escribió en su cuenta de Twitter: “Se trata de otra mentira de Ezequiel. Mentirosillo, mentirosillo, Rubén Fuentes Alarcón no es mi tío. Otra pinochada Cheque”.
Reporteros e internautas cuestionaron el hecho de que Ortega se haya enfocado en tratar de rechazar el parentesco con su asesor y no en explicar por qué colocó en la nómina estatal a su parentela y amigos.
El usuario @Torres43 dijo: “Aclare todo, gobernador, no solo un dato… transparente su administración”.
“Ok, ya aclaro no es su Tío, luego entonces lo demás es verdad. #GobiernoCorrupto”, expresó @PsalazarHeri.
Otro tuitero, @ledita_Salgado preguntó a Ortega: “Queremos saber. Porque cobran en la UAG y en tu administración”.
Ante las críticas de los tuiteros, el gobernador provisional dijo lo siguiente:
“Con mucho gusto. Comenzando por mí. Mañana se publicará en medios cuánto gano. Quién cobre doble sin justificar, causará baja”.
Enseguida, un tuitero exigió que no solo causen baja, sino que se inhabilite y regrese el recurso cobrado.
Durante el tiempo que lleva al frente del Ejecutivo, Rogelio Ortega ha sido responsabilizado por la desaparición de personas en Chilpapa y el asesinato a tiros de un activista durante un desalojo realizado por la policía federal en la ciudad de Tlapa.
Familiares de las víctimas acusaron públicamente al mandatario de proteger al grupo delictivo Los Ardillos que mantuvo sitiada durante cinco días Chilapa y de alentar a grupos de choque ligados a partidos políticos para atacar a miembros del magisterio disidente y activistas en la región de la Montaña.
Estos hechos documentados por Proceso han provocado la ira del gobernador, quien a través de su cuenta oficial de Twitter ha emprendido una campaña de ataques contra el semanario Proceso y el que esto escribe.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Anunció que dará de baja a sus parientes y amistades que estén cobrando doble salario “sin justificar”.
Ortega Martínez aprovechó también la ocasión para descalificar a este reportero. Lo tachó de mentiroso y negó parentesco alguno con Rubén Darío Fuentes Alarcón, como se consignó en la nota, pese a que la esposa de este último, Lilia Martínez Alday, es prima de Rosaura Martínez Ríos, madre del mandatario interino, de acuerdo con documentos oficiales en poder de Apro.
En dichos reportes se indica también que Fuentes Alarcón funge actualmente como asesor del gobernador y, al mismo tiempo, cobra como funcionario en la UAGro.
La misma nota indica que la nómina estatal de los beneficiarios, entre los que se encuentran directores de planteles universitarios, exdirigentes del PRD y PT y exmagistrados electorales, asciende a cerca un millón de pesos mensuales.
En tanto que la UAGro destina más de 400 mil pesos por el mismo bloque de amigos y familiares de Ortega, según dichos reportes oficiales.
Ortega Martínez escribió en su cuenta de Twitter: “Se trata de otra mentira de Ezequiel. Mentirosillo, mentirosillo, Rubén Fuentes Alarcón no es mi tío. Otra pinochada Cheque”.
Reporteros e internautas cuestionaron el hecho de que Ortega se haya enfocado en tratar de rechazar el parentesco con su asesor y no en explicar por qué colocó en la nómina estatal a su parentela y amigos.
El usuario @Torres43 dijo: “Aclare todo, gobernador, no solo un dato… transparente su administración”.
“Ok, ya aclaro no es su Tío, luego entonces lo demás es verdad. #GobiernoCorrupto”, expresó @PsalazarHeri.
Otro tuitero, @ledita_Salgado preguntó a Ortega: “Queremos saber. Porque cobran en la UAG y en tu administración”.
Ante las críticas de los tuiteros, el gobernador provisional dijo lo siguiente:
“Con mucho gusto. Comenzando por mí. Mañana se publicará en medios cuánto gano. Quién cobre doble sin justificar, causará baja”.
Enseguida, un tuitero exigió que no solo causen baja, sino que se inhabilite y regrese el recurso cobrado.
Durante el tiempo que lleva al frente del Ejecutivo, Rogelio Ortega ha sido responsabilizado por la desaparición de personas en Chilpapa y el asesinato a tiros de un activista durante un desalojo realizado por la policía federal en la ciudad de Tlapa.
Familiares de las víctimas acusaron públicamente al mandatario de proteger al grupo delictivo Los Ardillos que mantuvo sitiada durante cinco días Chilapa y de alentar a grupos de choque ligados a partidos políticos para atacar a miembros del magisterio disidente y activistas en la región de la Montaña.
Estos hechos documentados por Proceso han provocado la ira del gobernador, quien a través de su cuenta oficial de Twitter ha emprendido una campaña de ataques contra el semanario Proceso y el que esto escribe.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Hallan muertos a trabajadores de Salud que habían sido levantados en Guerrero
CHILPANCINGO, Gro: Los tres médicos y el abogado de la Secretaría de Salud estatal que se encontraban desaparecidos desde hace seis días fueron localizados muertos en la parte serrana de esta capital.
El hallazgo se registró ayer por la noche, luego de que el comisario del poblado de Santa Bárbara, Silvino Saldaña Arcos informó a autoridades estatales que habían encontrado cuatro cadáveres en la batea de una camioneta Ford Ranger gris, con placas de Morelos, que estaba abandonada sobre un camino de terracería colindante con la comunidad de La Providencia y Jaleaca.
En el lugar, también fue localizado un Tsuru habilitado como taxi, con placas del estado de Puebla, y al interior dejaron un uniforme de la Policía Preventiva Estatal y fornituras.
Las autoridades ministeriales se trasladaron esta mañana al poblado ubicado en la sierra de Chilpancingo donde realizaron diligencias.
Los cuerpos fueron identificados como los trabajadores de la SSA que fueron interceptados el viernes pasado por un grupo armado en la zona rural de Acapulco, cuando se desplazaban a bordo de un auto sobre la carretera federal que conecta el puerto con la región Centro de la entidad.
Se trata de los médicos Marvin Hernández Ortega, Raymundo Tepeque y José Oswaldo Ortega Saucedo, y el abogado Julio César Mejía Salgado.
El hecho fue confirmado por familiares de las víctimas que ofrecieron este medio día una conferencia en Acapulco.
Al respecto, el exsecretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAGro), Romualdo Hernández Alvinez, exigió a las autoridades federales y estatales que hagan algo ante la insoportable crisis de inseguridad y violencia que se vive en la entidad.
El familiar de uno de los médicos asesinados reprochó la insensibilidad de las autoridades frente al dolor de cientos de guerrerenses víctimas de secuestros, levantones y asesinatos.
El resto de los familiares se encuentran en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo donde se espera que en las próximas horas arriben los cadáveres encontrados en la Sierra.
La desaparición de los profesionistas había desatado una ola de protestas en Acapulco y el municipio de Petatlán, lugar de donde son originarios los hombres victimados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
El hallazgo se registró ayer por la noche, luego de que el comisario del poblado de Santa Bárbara, Silvino Saldaña Arcos informó a autoridades estatales que habían encontrado cuatro cadáveres en la batea de una camioneta Ford Ranger gris, con placas de Morelos, que estaba abandonada sobre un camino de terracería colindante con la comunidad de La Providencia y Jaleaca.
En el lugar, también fue localizado un Tsuru habilitado como taxi, con placas del estado de Puebla, y al interior dejaron un uniforme de la Policía Preventiva Estatal y fornituras.
Las autoridades ministeriales se trasladaron esta mañana al poblado ubicado en la sierra de Chilpancingo donde realizaron diligencias.
Los cuerpos fueron identificados como los trabajadores de la SSA que fueron interceptados el viernes pasado por un grupo armado en la zona rural de Acapulco, cuando se desplazaban a bordo de un auto sobre la carretera federal que conecta el puerto con la región Centro de la entidad.
Se trata de los médicos Marvin Hernández Ortega, Raymundo Tepeque y José Oswaldo Ortega Saucedo, y el abogado Julio César Mejía Salgado.
El hecho fue confirmado por familiares de las víctimas que ofrecieron este medio día una conferencia en Acapulco.
Al respecto, el exsecretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAGro), Romualdo Hernández Alvinez, exigió a las autoridades federales y estatales que hagan algo ante la insoportable crisis de inseguridad y violencia que se vive en la entidad.
El familiar de uno de los médicos asesinados reprochó la insensibilidad de las autoridades frente al dolor de cientos de guerrerenses víctimas de secuestros, levantones y asesinatos.
El resto de los familiares se encuentran en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo donde se espera que en las próximas horas arriben los cadáveres encontrados en la Sierra.
La desaparición de los profesionistas había desatado una ola de protestas en Acapulco y el municipio de Petatlán, lugar de donde son originarios los hombres victimados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Aprueba Congreso de Veracruz inversión de Slim para concluir obra
XALAPA, Ver: El Congreso local dio su venia al Grupo Carso, del multimillonario Carlos Slim, para que invierta poco más de 500 millones de pesos en el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, obra que empezó a construirse en 2004, pero se detuvo por falta de recursos.
En menos de siete días, los diputados turnaron, discutieron y analizaron el “título de concesión” para ampliarlo de 37 a 45 años. El dictamen fue avalado con 23 votos a favor del PRI, PVEM y Nueva Alianza, contra 13 de la oposición.
La aprobación de la bancada priista, que incluso dispensó la lectura del dictamen por “obvia resolución”, se dio en medio de reclamos de legisladores del PAN, PT y Movimiento Ciudadano (MC).
“Estamos entregando un cheque en blanco por órdenes superiores”, expuso el panista Julen Rementería, aludiendo a la concertación pactada entre el gobernador priista Javier Duarte y el dueño del Grupo Carso.
“No leyeron el dictamen. Firmaron y aprobaron algo a ciegas”, reprochó ante la indiferencia de la bancada priista, que apuró a la presidenta de la Mesa Directiva, Octavia Ortega, para que emitiera la votación.
El petista Fidel Robles y el legislador de MC, Cuauhtémoc Pola, señalaron que antes de ampliar la concesión, el gobierno de Duarte tendría que “sancionar” y “deslindar responsabilidades” contra servidores y exservidores públicos de éste y el anterior sexenio por el desvío de recursos cuya procedencia ignoran la Auditoria Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización.
Pese a los reclamos, la mayoría priista aprobó la iniciativa de decreto que permitirá concluir la obra en un año, sin que el gobierno del estado aporte más recursos.
Los priistas justificaron que se modificó el título de concesión de la obra del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, para que se den las condiciones que permitan concluir el proyecto a más tardar en un año.
“De común acuerdo entre gobierno y concesionaria se determinó concluir recíprocamente los procedimientos legales, administrativos y jurisdiccionales, nacionales e internacionales que correspondan”, expuso el gobierno estatal, luego de refrendar que quedan sin efecto los litigios mutuos entre la administración de Duarte y las empresas FCC y Cotuco –iniciadoras de la obra–, gracias a la intervención del Grupo Carso.
Además, el decreto legislativo expone que se da autoridad al propio Duarte para que, “asistido” por los titulares de las secretarías de Finanzas y de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), “renegocie y modifique” la concesión de la obra, a efecto de cumplir con los objetivos trazados en el documento de septiembre de 2004.
El diputado Fidel Robles Guadarrama, del Partido del Trabajo, se manifestó contra el dictamen porque después de 11 años, apuntó, la obra aún no se concluye y se requiere aplicar la ley y castigar a los involucrados en el retraso.
El pasado jueves 18, durante la comparecencia del titular de la SIOP, Tomás Ruiz González, diputados de oposición recriminaron el “borrón y cuenta nueva” que hacía la administración de Duarte.
En aras de lograr la venía legislativa, el propio Ruiz expuso en tribuna: “La obra la recibimos quebrada (Tomas Ruiz entró como titular de SIOP en marzo de 2015), le faltan 500 millones, hay denuncias de hechos que tendrán que desahogarse, no es un borrón y cuenta nueva. De aceptar la inyección de capital (del Grupo Carso) no costará un peso más a los veracruzanos. Cualquier cargo extra será con cargo al concesionario”.
Luego justificó: “Faltan los sistemas de ventilación del interior del túnel, la iluminación, los accesos de vialidad, la junta de cierre, las rampas, el último tramo para conectar con Coatzacoalcos”.
Pero hace menos de una semana legisladores del PAN, así como el diputado petista Fidel Robles y el de MC, Cuauhtémoc Pola, fustigaron que en una comparecencia celebrada en mayo pasado, el entonces titular de la SIOP, el expanista Gerardo Buganza –hoy secretario de Gobierno de Duarte–, les hiciera las mismas promesas y además llamara “bribones” a servidores públicos priistas y a los constructores del Túnel Sumergido, con quienes hoy Tomas Ruiz se volvió a sentar y logró acuerdos.
“Hay un desfalco, un desvío, fraude de 2 mil millones de pesos, Buganza lo dijo en anterior comparecencia. Nos dijo que se pusieron denuncias y no ha pasado nada. Nos hizo falsas promesas. ¿A quién le creemos, señor secretario: a usted o a él?”, reprochó el diputado panista Julen Rementería.
En esa coyuntura Fidel Robles consideró que la incursión del Grupo Carso sólo será una certificación simulada para avalar la impunidad.
“El señor Slim sacará mil millones de su cartera, los cuales debe de traer como morralla (sic) para avalar la corrupción y la impunidad, imperantes en esta obra”, soltó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
En menos de siete días, los diputados turnaron, discutieron y analizaron el “título de concesión” para ampliarlo de 37 a 45 años. El dictamen fue avalado con 23 votos a favor del PRI, PVEM y Nueva Alianza, contra 13 de la oposición.
La aprobación de la bancada priista, que incluso dispensó la lectura del dictamen por “obvia resolución”, se dio en medio de reclamos de legisladores del PAN, PT y Movimiento Ciudadano (MC).
“Estamos entregando un cheque en blanco por órdenes superiores”, expuso el panista Julen Rementería, aludiendo a la concertación pactada entre el gobernador priista Javier Duarte y el dueño del Grupo Carso.
“No leyeron el dictamen. Firmaron y aprobaron algo a ciegas”, reprochó ante la indiferencia de la bancada priista, que apuró a la presidenta de la Mesa Directiva, Octavia Ortega, para que emitiera la votación.
El petista Fidel Robles y el legislador de MC, Cuauhtémoc Pola, señalaron que antes de ampliar la concesión, el gobierno de Duarte tendría que “sancionar” y “deslindar responsabilidades” contra servidores y exservidores públicos de éste y el anterior sexenio por el desvío de recursos cuya procedencia ignoran la Auditoria Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización.
Pese a los reclamos, la mayoría priista aprobó la iniciativa de decreto que permitirá concluir la obra en un año, sin que el gobierno del estado aporte más recursos.
Los priistas justificaron que se modificó el título de concesión de la obra del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, para que se den las condiciones que permitan concluir el proyecto a más tardar en un año.
“De común acuerdo entre gobierno y concesionaria se determinó concluir recíprocamente los procedimientos legales, administrativos y jurisdiccionales, nacionales e internacionales que correspondan”, expuso el gobierno estatal, luego de refrendar que quedan sin efecto los litigios mutuos entre la administración de Duarte y las empresas FCC y Cotuco –iniciadoras de la obra–, gracias a la intervención del Grupo Carso.
Además, el decreto legislativo expone que se da autoridad al propio Duarte para que, “asistido” por los titulares de las secretarías de Finanzas y de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), “renegocie y modifique” la concesión de la obra, a efecto de cumplir con los objetivos trazados en el documento de septiembre de 2004.
El diputado Fidel Robles Guadarrama, del Partido del Trabajo, se manifestó contra el dictamen porque después de 11 años, apuntó, la obra aún no se concluye y se requiere aplicar la ley y castigar a los involucrados en el retraso.
El pasado jueves 18, durante la comparecencia del titular de la SIOP, Tomás Ruiz González, diputados de oposición recriminaron el “borrón y cuenta nueva” que hacía la administración de Duarte.
En aras de lograr la venía legislativa, el propio Ruiz expuso en tribuna: “La obra la recibimos quebrada (Tomas Ruiz entró como titular de SIOP en marzo de 2015), le faltan 500 millones, hay denuncias de hechos que tendrán que desahogarse, no es un borrón y cuenta nueva. De aceptar la inyección de capital (del Grupo Carso) no costará un peso más a los veracruzanos. Cualquier cargo extra será con cargo al concesionario”.
Luego justificó: “Faltan los sistemas de ventilación del interior del túnel, la iluminación, los accesos de vialidad, la junta de cierre, las rampas, el último tramo para conectar con Coatzacoalcos”.
Pero hace menos de una semana legisladores del PAN, así como el diputado petista Fidel Robles y el de MC, Cuauhtémoc Pola, fustigaron que en una comparecencia celebrada en mayo pasado, el entonces titular de la SIOP, el expanista Gerardo Buganza –hoy secretario de Gobierno de Duarte–, les hiciera las mismas promesas y además llamara “bribones” a servidores públicos priistas y a los constructores del Túnel Sumergido, con quienes hoy Tomas Ruiz se volvió a sentar y logró acuerdos.
“Hay un desfalco, un desvío, fraude de 2 mil millones de pesos, Buganza lo dijo en anterior comparecencia. Nos dijo que se pusieron denuncias y no ha pasado nada. Nos hizo falsas promesas. ¿A quién le creemos, señor secretario: a usted o a él?”, reprochó el diputado panista Julen Rementería.
En esa coyuntura Fidel Robles consideró que la incursión del Grupo Carso sólo será una certificación simulada para avalar la impunidad.
“El señor Slim sacará mil millones de su cartera, los cuales debe de traer como morralla (sic) para avalar la corrupción y la impunidad, imperantes en esta obra”, soltó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
Allanan y roban oficina de Ong de derechos humanos
México, DF. El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos a través de la comunicación, denunció el allanamiento de sus instalaciones y el robo de diverso equipo de cómputo y electrónico ocurrido la noche del pasado lunes.
Resultado de la denuncia, se inició la averiguación previa CI-FCH/CUH-5/UI-3 S/D/02950/06-2015 por el robo de dos cámaras de video, una cámara, lentes fotográficos y dos computadoras portátiles con información del trabajo de la organización. Además de que fueron revisados diversos documentos.
Al informar sobre los hechos ocurridos, Cencos dijo que en un clima de inseguridad e impunidad en el país, y donde las personas defensoras de derechos humanos enfrentan adversidades y amenazas para realizar su trabajo, solicitó a las autoridades que lleven a cabo una investigación diligente y efectiva.
De acuerdo a la información, el día 22 de junio, poco después de las 21 horas, las cámaras de seguridad de Cencos captaron a un sujeto que entró por la puerta principal del edificio, ubicado en la calle de Medellín 33, en la colonia Roma, dejando la entrada abierta para que poco después ingresara una segunda persona con una mochila en la espalda.
Ya en el interior, estos individuos forzaron las puertas de diferentes oficinas donde revisaron y abrieron archiveros y escritorios. Ambos salieron después del transcurso de aproximadamente 30 minutos. Posteriormente la puerta principal fue sellada con un pegamento impidiendo la entrada, señala un comunicado de Cencos.
“Por el método del robo, se puede inferir que conocían los movimientos del personal y de la oficina. Aunque en este momento no es posible determinar el motivo de la irrupción, no se puede descartar el trabajo que realizamos como organización de defensa y promoción de los derechos humanos a través de la comunicación”, agrega.
En declaraciones, Omar Rábago Vital, director ejecutivo de Cencos, lamentó el robo del equipo, pues aunque no pareciera mucho –dijo–, es muy necesario para realizar su labor en favor de la defensa y promoción de los derechos humanos. Y pese a esta situación, aseguró que seguirán cumpliendo su trabajo. “Nos pueden robar las cosas materiales, pero no las ganas de trabajar y el ánimo”, dijo.
Además, agradeció las muestras de solidaridad de personas y organizaciones nacionales e internacionales. Entre estas organizaciones están Article 19 Oficina para México y Centroamérica, Red TDT, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), y el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.
INAI justifica opacidad de la Sedena en el caso Tlatlaya
Por tratarse de un caso del fuero militar, sólo redujo la reserva de la información por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional de 12 a 2 años o hasta que cauce estado.
El INAI rechazó la apertura de la averiguación previa de la Procuraduría Militar realizada en el caso de Tlatlaya, informó La Jornada.
El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) consideró que se trata de delitos del fuero militar (desobediencia) y ya ha sido consignada al juez castrense. Con un voto cerrado de 4 a 3, sólo redujo la reserva de la Secretaría de la Defensa Nacional de 12 a 2 años o hasta que cauce estado.
El proyecto original fue presentado por Francisco Javier Acuña, quien consideró atendible la argumentación de Sedena de reserva, por tratarse de delitos sólo del “índole de indisciplina militar”, por lo que no es aplicable la causal de apertura cuando se apela a que existió violación grave de los derechos humanos.
Sin embargo, el proyecto recibió los cuestionamientos procedimentales y de fondo de los comisionados Areli Cano, Joel Salas y Óscar Mauricio Guerra.
De entrada, Cano alertó sobre una violación de la Sedena al desahogo procedimental pues la dependencia no dio acceso a la información solicitada. a efecto de que el INAI verificara si efectivamente la causal invocada no estaba asociada a las violaciones graves de derechos humanos.
En su argumentación, Cano recordó que por disposición de ley, el INAI tiene esa facultad para confirmar el sustento de la reserva o improcedencia. Cano deslizó que al no tener acceso, el instituto no pudo verificar si en verdad la investigación de la Procuraduría Militar investigaba sólo indisciplina de los soldados involucrados o, si bien, estas conductas indebidas de acuerdo al código militar estaban directamente asociadas con la violación grave a derechos humanos que, de ser el caso, anula la posibilidad de invocar la causal de reserva.
Cano agregó: “quiero ser enfática que la Sedena atendió los requerimientos que hizo la ponencia, pero no permitió el acceso a la averiguación previa o a la información clasificada. Es un hecho que al no haberse tenido una respuesta favorable para permitir a este órgano garante la diligencia de acceso a la información, el sujeto obligado no sólo dificultó el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales del Instituto, sino también ha soslayado la oportunidad de acreditar que las instituciones del Estado mexicano encargadas de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, así como de realizar acciones cívicas y obras sociales que tienden al progreso del país, están comprometidas con las mejores prácticas de rendición de cuentas y transparencia”.
Para la comisionada, al tenerse acceso a la averiguación previa por parte del INAI, no implica ordenar su apertura a priori, sino determinar si realmente está fundada la reserva o si se vincula con violaciones graves de derechos humanos. Por ello pidió modificar la resolución a efecto de que la Sedena motive su reserva y externó su preocupación para que se le abra la información al INAI para verificarlo.
El comisionado Joel Salas se refirió centralmente a omisiones de la Sedena al no permitir el acceso a la información al INAI para determinar si había fundamento en la invocación de la reserva. “ Creemos que en esta actitud del sujeto obligado hay un desafío real a lo que establece el último párrafo del artículo 17 de la ley de la materia”, que establece que en todo momento el INAI debe tener acceso a la información para determinar el sentido de sus resoluciones.
En defensa de la Sedena salieron la comisionada presidenta, Ximena Puente y Rosendo Monterrey, quienes reivindicaron que tratándose de delitos de fuero militar, no procede una causal de apertura. Aunado a lo anterior -dijo Puente- se trata de una averiguación que ya ha sido consignada a un juzgado militar por la probable responsabilidad de la comisión de delitos de desobediencia militar, que en ningún ordenamiento se le asocia a violación grave de derechos humanos.
“Que al tratarse de delitos del ámbito castrense, que no violan los derechos humanos, se encuentra plegada al derecho de reserva invocado, ya que de lo contrario, se violentaría el derecho de los imputados a una defensa adecuada por el principio de presunción de inocencia.”, dijo la presidenta
Monterrey insistió en que los hechos relacionadas competen exclusivamente al fuero militar porque se trata de delitos de desobediencia militar, por lo que avaló la resolución de reserva de información invocada en la medida en que es una averiguación que está ya en un juzgado militar.
Reconoció que procedimentalmente podría cuestionar la falta de acceso a la información para el INAI, pero en el fondo, dijo, se trata de un caso en que es procedente la reserva porque está asociado directamente a la violación grave de derechos humanos.
Acuña argumentó a favor de su proyecto señalando que una indisciplina militar puede tratarse de no tener el uniforme debidamente presentado o algunas causas menores, por lo que no puede desprenderse a partir de ahí su apertura.
Insistió en que en las audiencias, representantes del juzgado militar acudieron a invocar que se trataba de una asunto que estaba ya en la fase jurisdiccional, por lo que no era dable su apertura.
FUENTE: ARISTEGUI NOTCIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El INAI rechazó la apertura de la averiguación previa de la Procuraduría Militar realizada en el caso de Tlatlaya, informó La Jornada.
El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) consideró que se trata de delitos del fuero militar (desobediencia) y ya ha sido consignada al juez castrense. Con un voto cerrado de 4 a 3, sólo redujo la reserva de la Secretaría de la Defensa Nacional de 12 a 2 años o hasta que cauce estado.
El proyecto original fue presentado por Francisco Javier Acuña, quien consideró atendible la argumentación de Sedena de reserva, por tratarse de delitos sólo del “índole de indisciplina militar”, por lo que no es aplicable la causal de apertura cuando se apela a que existió violación grave de los derechos humanos.
Sin embargo, el proyecto recibió los cuestionamientos procedimentales y de fondo de los comisionados Areli Cano, Joel Salas y Óscar Mauricio Guerra.
De entrada, Cano alertó sobre una violación de la Sedena al desahogo procedimental pues la dependencia no dio acceso a la información solicitada. a efecto de que el INAI verificara si efectivamente la causal invocada no estaba asociada a las violaciones graves de derechos humanos.
En su argumentación, Cano recordó que por disposición de ley, el INAI tiene esa facultad para confirmar el sustento de la reserva o improcedencia. Cano deslizó que al no tener acceso, el instituto no pudo verificar si en verdad la investigación de la Procuraduría Militar investigaba sólo indisciplina de los soldados involucrados o, si bien, estas conductas indebidas de acuerdo al código militar estaban directamente asociadas con la violación grave a derechos humanos que, de ser el caso, anula la posibilidad de invocar la causal de reserva.
Cano agregó: “quiero ser enfática que la Sedena atendió los requerimientos que hizo la ponencia, pero no permitió el acceso a la averiguación previa o a la información clasificada. Es un hecho que al no haberse tenido una respuesta favorable para permitir a este órgano garante la diligencia de acceso a la información, el sujeto obligado no sólo dificultó el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales del Instituto, sino también ha soslayado la oportunidad de acreditar que las instituciones del Estado mexicano encargadas de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, así como de realizar acciones cívicas y obras sociales que tienden al progreso del país, están comprometidas con las mejores prácticas de rendición de cuentas y transparencia”.
Para la comisionada, al tenerse acceso a la averiguación previa por parte del INAI, no implica ordenar su apertura a priori, sino determinar si realmente está fundada la reserva o si se vincula con violaciones graves de derechos humanos. Por ello pidió modificar la resolución a efecto de que la Sedena motive su reserva y externó su preocupación para que se le abra la información al INAI para verificarlo.
El comisionado Joel Salas se refirió centralmente a omisiones de la Sedena al no permitir el acceso a la información al INAI para determinar si había fundamento en la invocación de la reserva. “ Creemos que en esta actitud del sujeto obligado hay un desafío real a lo que establece el último párrafo del artículo 17 de la ley de la materia”, que establece que en todo momento el INAI debe tener acceso a la información para determinar el sentido de sus resoluciones.
En defensa de la Sedena salieron la comisionada presidenta, Ximena Puente y Rosendo Monterrey, quienes reivindicaron que tratándose de delitos de fuero militar, no procede una causal de apertura. Aunado a lo anterior -dijo Puente- se trata de una averiguación que ya ha sido consignada a un juzgado militar por la probable responsabilidad de la comisión de delitos de desobediencia militar, que en ningún ordenamiento se le asocia a violación grave de derechos humanos.
“Que al tratarse de delitos del ámbito castrense, que no violan los derechos humanos, se encuentra plegada al derecho de reserva invocado, ya que de lo contrario, se violentaría el derecho de los imputados a una defensa adecuada por el principio de presunción de inocencia.”, dijo la presidenta
Monterrey insistió en que los hechos relacionadas competen exclusivamente al fuero militar porque se trata de delitos de desobediencia militar, por lo que avaló la resolución de reserva de información invocada en la medida en que es una averiguación que está ya en un juzgado militar.
Reconoció que procedimentalmente podría cuestionar la falta de acceso a la información para el INAI, pero en el fondo, dijo, se trata de un caso en que es procedente la reserva porque está asociado directamente a la violación grave de derechos humanos.
Acuña argumentó a favor de su proyecto señalando que una indisciplina militar puede tratarse de no tener el uniforme debidamente presentado o algunas causas menores, por lo que no puede desprenderse a partir de ahí su apertura.
Insistió en que en las audiencias, representantes del juzgado militar acudieron a invocar que se trataba de una asunto que estaba ya en la fase jurisdiccional, por lo que no era dable su apertura.
FUENTE: ARISTEGUI NOTCIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Reducen de 12 a dos años la reserva de la investigación del caso Tlatlaya
La averiguación previa que la Procuraduría General de Justicia Militar abrió por el caso Tlatlaya, donde 22 civiles murieron, fue reservada por el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).
El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió reducir de 12 a dos años el periodo de reserva de la averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de Justicia Militar por el caso Tlatlaya, donde 22 civiles fueron asesinados por soldados mexicanos.
Los comisionados Francisco Javier Acuña, Ximena Puente, Rosendo Monterrey y Patricia Kurczyn consideraron que al expediente del caso Tlatlaya no se le debe aplicar la excepción de reserva, la cual se utiliza en casos en que hay violaciones graves a los derechos humanos, ya que esta averiguación ya fue turnada a un juez y versa exclusivamente sobre delitos de orden castrense.
En tanto, los comisionados Areli Cano, Joel Salas y Óscar Guerra, quienes votaron en contra, explicaron que su voto fue en ese sentido, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rechazó en varias ocasiones dar acceso al expediente.
“En esta actitud del sujeto obligado hay un desafío real a lo que establece el último párrafo del artículo 17 de la ley de la materia (…) dice ese párrafo, en todo momento, el Instituto tendrá acceso a la información reservada o confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación o la procedencia de otorgar su acceso”, aseguró Salas.
El comisionado ponente, Francisco Javier Acuña, consideró atendible el argumento de reserva de la Sedena, ya que, dijo, se trata de delitos sólo del “índole de indisciplina militar”, por lo que no es aplicable la causal de apertura cuando se apela a que existió violación grave de los derechos humanos.
Al argumentar su voto, la ministro Areli Cano recordó que el INAI no pudo verificar si en verdad la investigación de la Procuraduría Militar investigaba sólo indisciplina de los soldados involucrados o, si bien, estas conductas indebidas de acuerdo al código militar estaban directamente asociadas con la violación grave a derechos humanos que, de ser el caso, anula la posibilidad de invocar la causal de reserva.
El comisionado Joel Salas también se refirió a las omisiones de la Sedena, que no permitió el acceso a la información al INAI para determinar si había fundamento en la invocación de la reserva. “ Creemos que en esta actitud del sujeto obligado hay un desafío real a lo que establece el último párrafo del artículo 17 de la ley de la materia”.
En defensa del proyecto, los comisionados Ximena Puente y Rosendo Monterrey explicaron que cuando se trata de delitos de fuero militar, no procede una causal de apertura. Además, insistió Puente, se trata de una averiguación que ya ha sido consignada a un juzgado militar por la probable responsabilidad de la comisión de delitos de desobediencia militar, que en ningún ordenamiento se le asocia a violación grave de derechos humanos.
La resolución del INAI ocurre un día después de que un peritaje explica que 11 de las víctimas fueron prácticamente fusiladas, mientras que otras cinco fallecieron realizando ‘‘maniobras instintivas de defensa’
Según información obtenida a través de una solicitud de información pública, los soldados dispararon a corta distancia en contra de algunas de las víctimas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió reducir de 12 a dos años el periodo de reserva de la averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de Justicia Militar por el caso Tlatlaya, donde 22 civiles fueron asesinados por soldados mexicanos.
Los comisionados Francisco Javier Acuña, Ximena Puente, Rosendo Monterrey y Patricia Kurczyn consideraron que al expediente del caso Tlatlaya no se le debe aplicar la excepción de reserva, la cual se utiliza en casos en que hay violaciones graves a los derechos humanos, ya que esta averiguación ya fue turnada a un juez y versa exclusivamente sobre delitos de orden castrense.
En tanto, los comisionados Areli Cano, Joel Salas y Óscar Guerra, quienes votaron en contra, explicaron que su voto fue en ese sentido, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rechazó en varias ocasiones dar acceso al expediente.
“En esta actitud del sujeto obligado hay un desafío real a lo que establece el último párrafo del artículo 17 de la ley de la materia (…) dice ese párrafo, en todo momento, el Instituto tendrá acceso a la información reservada o confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación o la procedencia de otorgar su acceso”, aseguró Salas.
El comisionado ponente, Francisco Javier Acuña, consideró atendible el argumento de reserva de la Sedena, ya que, dijo, se trata de delitos sólo del “índole de indisciplina militar”, por lo que no es aplicable la causal de apertura cuando se apela a que existió violación grave de los derechos humanos.
Al argumentar su voto, la ministro Areli Cano recordó que el INAI no pudo verificar si en verdad la investigación de la Procuraduría Militar investigaba sólo indisciplina de los soldados involucrados o, si bien, estas conductas indebidas de acuerdo al código militar estaban directamente asociadas con la violación grave a derechos humanos que, de ser el caso, anula la posibilidad de invocar la causal de reserva.
El comisionado Joel Salas también se refirió a las omisiones de la Sedena, que no permitió el acceso a la información al INAI para determinar si había fundamento en la invocación de la reserva. “ Creemos que en esta actitud del sujeto obligado hay un desafío real a lo que establece el último párrafo del artículo 17 de la ley de la materia”.
En defensa del proyecto, los comisionados Ximena Puente y Rosendo Monterrey explicaron que cuando se trata de delitos de fuero militar, no procede una causal de apertura. Además, insistió Puente, se trata de una averiguación que ya ha sido consignada a un juzgado militar por la probable responsabilidad de la comisión de delitos de desobediencia militar, que en ningún ordenamiento se le asocia a violación grave de derechos humanos.
La resolución del INAI ocurre un día después de que un peritaje explica que 11 de las víctimas fueron prácticamente fusiladas, mientras que otras cinco fallecieron realizando ‘‘maniobras instintivas de defensa’
Según información obtenida a través de una solicitud de información pública, los soldados dispararon a corta distancia en contra de algunas de las víctimas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
Descarta Borge ofrecer disculpa al periodista maya Pedro Canché
CANCÚN, Q. Roo: El vocero del gobierno del estado, Rangel Rosado, anticipó que el mandatario priista Roberto Borge no indemnizará ni ofrecerá una disculpa pública al activista y periodista maya Pedro Canché, que estuvo preso acusado de sabotaje y quien salió libre mediante un amparo.
“No creo que el gobernador deba hacer una disculpa pública a nadie”, sentenció el jefe de la Unidad del Voceo (UV), luego de la toma de protesta que realizó Borge Angulo a una agrupación de mujeres comunicadoras.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el 11 de mayo una recomendación en favor de Pedro Canché, en la que solicita al gobernador reparar el daño a la víctima; ofrecer una disculpa pública y “colaborar en la presentación y seguimiento de las denuncias” en contra de los servidores públicos involucrados en la detención y tortura del periodista.
El funcionario estatal indicó que a las entrevistas que concedió Canché, tras su libertad, incluida una en CNN a Carmen Aristegui, “les faltó fondo” y “sin fuerza”.
Y cuestionó:
“Tampoco se vale martirizar a Pedro, como si fuera el bueno y todos los malos”.
También acusó que Canché dijo “muchas cosas que no son verdad”, y sostuvo que el periodista maya “está siendo abanicado y movido” por otros.
Aunque un tribunal federal concluyó que el MP no aportó pruebas contra Canché, el portavoz de Borge insistió en que el periodista independiente “estaba agitando el tema” del bloqueo a las oficinas administrativas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) que configuraron el delito de sabotaje.
Roban oficina del vocero
Rosado reveló que fue víctima de un robo en las oficinas de la UV en Chetumal, la capital del estado.
“Hace ocho meses, asaltaron mi oficina, la de Chetumal, se robaron mis expedientes”, dijo.
Apuntó que presentó la denuncia penal al respecto.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
“No creo que el gobernador deba hacer una disculpa pública a nadie”, sentenció el jefe de la Unidad del Voceo (UV), luego de la toma de protesta que realizó Borge Angulo a una agrupación de mujeres comunicadoras.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el 11 de mayo una recomendación en favor de Pedro Canché, en la que solicita al gobernador reparar el daño a la víctima; ofrecer una disculpa pública y “colaborar en la presentación y seguimiento de las denuncias” en contra de los servidores públicos involucrados en la detención y tortura del periodista.
El funcionario estatal indicó que a las entrevistas que concedió Canché, tras su libertad, incluida una en CNN a Carmen Aristegui, “les faltó fondo” y “sin fuerza”.
Y cuestionó:
“Tampoco se vale martirizar a Pedro, como si fuera el bueno y todos los malos”.
También acusó que Canché dijo “muchas cosas que no son verdad”, y sostuvo que el periodista maya “está siendo abanicado y movido” por otros.
Aunque un tribunal federal concluyó que el MP no aportó pruebas contra Canché, el portavoz de Borge insistió en que el periodista independiente “estaba agitando el tema” del bloqueo a las oficinas administrativas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) que configuraron el delito de sabotaje.
Roban oficina del vocero
Rosado reveló que fue víctima de un robo en las oficinas de la UV en Chetumal, la capital del estado.
“Hace ocho meses, asaltaron mi oficina, la de Chetumal, se robaron mis expedientes”, dijo.
Apuntó que presentó la denuncia penal al respecto.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
El Verde, el partido con más cobertura en TV; “Televisoras privilegiaron las propuestas”, dice
El legislador hizo estas declaraciones después de que el INE dio a conocer los resultados del informe final sobre la cobertura que los partidos políticos recibieron en los medios de comunicación durante las campañas electorales. Este informe reveló que el Partido Verde Ecologista de México fue el que más cobertura tuvo en noticiarios de televisión y que, además, fue el que registró más menciones positivas.
El senador Carlos Puente, consejero legislativo del Verde, dijo que las televisoras buscaron privilegiar las propuestas de los partidos por encima de la “guerra sucia”.
El legislador hizo estas declaraciones después de que el INE dio a conocer los resultados del informe final sobre la cobertura que los partidos políticos recibieron en los medios de comunicación durante las campañas electorales. Este informe reveló que el Partido Verde Ecologista de México fue el que más cobertura tuvo en noticiarios de televisión y que, además, fue el que registró más menciones positivas.
En televisión, el Partido Verde se llevó el 12.96% de las coberturas, seguido por el PRI, con 10.51%, y el PAN, con 10.44%.
Aunque el Verde fue el partido con más cobertura en televisión, el PAN fue el que registró mayor cobertura en medios de comunicación en total, según el Informe final sobre el Monitoreo de Noticieros, realizado del 5 de abril al 3 de junio.
El monitoreo efectuado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a 493 programas de radio y televisión que difunden noticias, así como a 10 programas de espectáculos o de revista, implica 124 días, o bien, cuatro meses de transmisión ininterrumpida, explicó el consejero Ciro Murayama.
El secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, explicó que durante los 60 días que duraron las campañas, 80 por ciento de la información no recibió valoración alguna de los comunicadores, esto es fueron “neutras”, a diferencia de 20 por ciento que tuvo adjetivaciones explícitas, “casi todas negativas”.
Al presentar del Informe al pleno del Instituto Nacional Electoral (INE), Jacobo Molina destacó que del total de tiempo de la cobertura noticiosa, a través de la radio se transmitieron dos mil 643 horas, 42 minutos, 52 segundos y el tiempo en televisión fue de 353 horas, 32 minutos y 23 segundos.
Los partidos con mayor tiempo de cobertura noticiosa fueron:
*Acción Nacional (PAN), con 371 horas, esto es, 12.38%.
*Revolucionario Institucional (PRI), con 340, lo que representa 11.35%.
*Revolución Democrática (PRD) sumó 287 horas, con 9.69%.
*Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con 275 horas, es decir, 9.18%.
*Movimiento Ciudadano, 256 horas con 8.57%.
*Morena, 231 horas, con 7.71%.
*Nueva Alianza, 206 horas, 6.69%.
*Encuentro Social, 206 horas, 6.87%.
*El Partido del Trabajo (PT) registró un total de 200 horas de cobertura noticiosa con 6.61%.
*El Partido Humanista, 198 horas, 6.61%.
*La alianza PRI-PVEM; 181 horas, 6.05%.
*Candidatos independientes, 143 horas, 4.17%.
*La alianza Izquierda Progresista, 95 horas, 3.18%.
Para el representante de Morena, Horacio Duarte Olivares, el contenido del Informe demuestra que la equidad de la contienda sigue siendo un asunto pendiente durante su realización; “yo me atrevo a decir que lo que se proyecta en la televisión, se proyecta en los resultados electorales”, planteó.
A su parecer, el resultado del informe debe ameritar del INE y de los propios partidos políticos, “un debate, un análisis que lleven a propuestas de reforma que aseguren que ningún actor político esté influenciando indebidamente en el proceso electoral”.
Esto es, “si no logramos modificar estas cifras de aquí a 2018, otra vez estaremos embarcados en un proceso electoral marcado por la iniquidad”, concluyó.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
El senador Carlos Puente, consejero legislativo del Verde, dijo que las televisoras buscaron privilegiar las propuestas de los partidos por encima de la “guerra sucia”.
El legislador hizo estas declaraciones después de que el INE dio a conocer los resultados del informe final sobre la cobertura que los partidos políticos recibieron en los medios de comunicación durante las campañas electorales. Este informe reveló que el Partido Verde Ecologista de México fue el que más cobertura tuvo en noticiarios de televisión y que, además, fue el que registró más menciones positivas.
En televisión, el Partido Verde se llevó el 12.96% de las coberturas, seguido por el PRI, con 10.51%, y el PAN, con 10.44%.
Aunque el Verde fue el partido con más cobertura en televisión, el PAN fue el que registró mayor cobertura en medios de comunicación en total, según el Informe final sobre el Monitoreo de Noticieros, realizado del 5 de abril al 3 de junio.
El monitoreo efectuado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a 493 programas de radio y televisión que difunden noticias, así como a 10 programas de espectáculos o de revista, implica 124 días, o bien, cuatro meses de transmisión ininterrumpida, explicó el consejero Ciro Murayama.
El secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, explicó que durante los 60 días que duraron las campañas, 80 por ciento de la información no recibió valoración alguna de los comunicadores, esto es fueron “neutras”, a diferencia de 20 por ciento que tuvo adjetivaciones explícitas, “casi todas negativas”.
Al presentar del Informe al pleno del Instituto Nacional Electoral (INE), Jacobo Molina destacó que del total de tiempo de la cobertura noticiosa, a través de la radio se transmitieron dos mil 643 horas, 42 minutos, 52 segundos y el tiempo en televisión fue de 353 horas, 32 minutos y 23 segundos.
Los partidos con mayor tiempo de cobertura noticiosa fueron:
*Acción Nacional (PAN), con 371 horas, esto es, 12.38%.
*Revolucionario Institucional (PRI), con 340, lo que representa 11.35%.
*Revolución Democrática (PRD) sumó 287 horas, con 9.69%.
*Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con 275 horas, es decir, 9.18%.
*Movimiento Ciudadano, 256 horas con 8.57%.
*Morena, 231 horas, con 7.71%.
*Nueva Alianza, 206 horas, 6.69%.
*Encuentro Social, 206 horas, 6.87%.
*El Partido del Trabajo (PT) registró un total de 200 horas de cobertura noticiosa con 6.61%.
*El Partido Humanista, 198 horas, 6.61%.
*La alianza PRI-PVEM; 181 horas, 6.05%.
*Candidatos independientes, 143 horas, 4.17%.
*La alianza Izquierda Progresista, 95 horas, 3.18%.
Para el representante de Morena, Horacio Duarte Olivares, el contenido del Informe demuestra que la equidad de la contienda sigue siendo un asunto pendiente durante su realización; “yo me atrevo a decir que lo que se proyecta en la televisión, se proyecta en los resultados electorales”, planteó.
A su parecer, el resultado del informe debe ameritar del INE y de los propios partidos políticos, “un debate, un análisis que lleven a propuestas de reforma que aseguren que ningún actor político esté influenciando indebidamente en el proceso electoral”.
Esto es, “si no logramos modificar estas cifras de aquí a 2018, otra vez estaremos embarcados en un proceso electoral marcado por la iniquidad”, concluyó.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
Ricardo Anaya vs. Javier Corral, en busca de la dirigencia del PAN
Quien resulte electo por la militancia del partido relevará, en agosto de este año, a Gustavo Madero Muñoz en el cargo.
El diputado federal, Ricardo Anaya Cortés, competirá con el senador Javier Corral, por la presidencia del PAN, cuyo proceso de renovación comienza a finales de este mes y concluye en agosto próximo.
Anaya dio la bienvenida a Corral Jurado, además de otros que también se han sumado a la contienda interna, como Francisco Ramírez Acuña y Juan José Rodríguez Prats.
En conferencia de prensa en el Senado en el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, el diputado dijo que para él es un gusto enorme que más compañeros participen en la sucesión interna, porque la competencia democrática es la gran oportunidad para que los panistas contrasten perfiles, actitudes y trayectorias.
“Estoy listo para la competencia y, por supuesto, listo para ser el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN)”, comentó.
“La pregunta no es ¿por qué quiero ser presidente? La pregunta es, ¿por quién quiero ser presidente? y yo quiero ser presidente por el militante al que no se le ha dado una oportunidad, por el candidato que no se le apoyó y no ganó una elección. Pero, sobre todo, por el ciudadano que exige soluciones, que hoy no tiene dinero en su bolsillo y pide que se dé marcha atrás a la reforma fiscal”, comentó.
Por su parte, el senador Javier Corral -quien esta semana definió que sí buscará la presidencia del partido-, aseguró que “nos debe doler lo que está pasando en una institución como ésta (el PAN) fundada por eminentes humanistas”.
En entrevista para el canal 28 de Chihuahua, consideró que el PAN ha vivido un proceso de deterioro y pérdida del electorado:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El diputado federal, Ricardo Anaya Cortés, competirá con el senador Javier Corral, por la presidencia del PAN, cuyo proceso de renovación comienza a finales de este mes y concluye en agosto próximo.
Anaya dio la bienvenida a Corral Jurado, además de otros que también se han sumado a la contienda interna, como Francisco Ramírez Acuña y Juan José Rodríguez Prats.
En conferencia de prensa en el Senado en el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, el diputado dijo que para él es un gusto enorme que más compañeros participen en la sucesión interna, porque la competencia democrática es la gran oportunidad para que los panistas contrasten perfiles, actitudes y trayectorias.
“Estoy listo para la competencia y, por supuesto, listo para ser el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN)”, comentó.
“La pregunta no es ¿por qué quiero ser presidente? La pregunta es, ¿por quién quiero ser presidente? y yo quiero ser presidente por el militante al que no se le ha dado una oportunidad, por el candidato que no se le apoyó y no ganó una elección. Pero, sobre todo, por el ciudadano que exige soluciones, que hoy no tiene dinero en su bolsillo y pide que se dé marcha atrás a la reforma fiscal”, comentó.
Por su parte, el senador Javier Corral -quien esta semana definió que sí buscará la presidencia del partido-, aseguró que “nos debe doler lo que está pasando en una institución como ésta (el PAN) fundada por eminentes humanistas”.
En entrevista para el canal 28 de Chihuahua, consideró que el PAN ha vivido un proceso de deterioro y pérdida del electorado:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Falta de respuesta sobre Ayotzinapa, “vergüenza para la humanidad”: Baltasar Garzón
El jurista español advirtió que "no podemos permitir que la desaparición forzada se extienda y quede impune", y lamentó que las autoridades mexicanas todavía no hayan hecho justicia.
“Es una vergüenza para la humanidad que no haya todavía una respuesta contundente desde el Estado” para la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, dijo el juez español Baltasar Garzón este miércoles.
Entrevistado después de su participación en el “Encuentro de pensadores para crear la carta de obligaciones del ser humano” en la UNAM, lamentó la ausencia de una respuesta al caso, desde la justicia y también desde la comunidad en general.
“No podemos permitir que la desaparición forzada de personas sea algo que se extienda y quede impune. Hay que encontrar los mecanismos para que no sólo las familias sean reparadas, sino para evitar que vuelva a suceder un hecho como el de Ayotzinapa”, afirmó.
El jurista español precisó que “los derechos humanos siempre están en entredicho, no sólo en México, sino que hay muchos países donde protegerlos es el mínimo ético y mínimo legal. A veces se transforma en una carrera de obstáculos garantizar esos derechos”.
A dos días de que se cumplan nueve meses del ataque en el que desaparecieron 43 estudiantes y murieron otros tres, además del mismo número de civiles, el juez reconocido por promover una orden de arresto contra el exdictador chileno Augusto Pinochet, dijo que México, como cualquier Estado democrático, “tiene la obligación ineludible” de respetar los derechos humanos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
“Es una vergüenza para la humanidad que no haya todavía una respuesta contundente desde el Estado” para la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, dijo el juez español Baltasar Garzón este miércoles.
Entrevistado después de su participación en el “Encuentro de pensadores para crear la carta de obligaciones del ser humano” en la UNAM, lamentó la ausencia de una respuesta al caso, desde la justicia y también desde la comunidad en general.
“No podemos permitir que la desaparición forzada de personas sea algo que se extienda y quede impune. Hay que encontrar los mecanismos para que no sólo las familias sean reparadas, sino para evitar que vuelva a suceder un hecho como el de Ayotzinapa”, afirmó.
El jurista español precisó que “los derechos humanos siempre están en entredicho, no sólo en México, sino que hay muchos países donde protegerlos es el mínimo ético y mínimo legal. A veces se transforma en una carrera de obstáculos garantizar esos derechos”.
A dos días de que se cumplan nueve meses del ataque en el que desaparecieron 43 estudiantes y murieron otros tres, además del mismo número de civiles, el juez reconocido por promover una orden de arresto contra el exdictador chileno Augusto Pinochet, dijo que México, como cualquier Estado democrático, “tiene la obligación ineludible” de respetar los derechos humanos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Congela Hacienda cuentas bancarias de exesposa y amigo de Ebrard
MÉXICO, D.F: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó congelar las cuentas bancarias de Mariagna Prats, exesposa del exjefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, así como las de la Constructora Enalser, propietaria del inmueble donde actualmente vive el exmandatario local.
Al respecto, Miguel Ángel Mancera, aseguró que el Gobierno del Distrito Federal no tiene “ningún tipo de investigación” sobre ese caso ni algún otro relacionado con Ebrard Casaubón.
Por su parte, el presidente del Senado, Miguel Barbosa, demandó al gobierno federal presentar pruebas fehacientes contra el exmandatario local para que no se vuelva un asunto “de persecución política”.
Según la nota publicada este miércoles por el diario Reforma, la IUF tiene la facultad de investigar operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita y pedir la congelación de cuentas bancarias.
En el caso de Prats y Enalser, la dependencia federal tiene registros judiciales que indican que la exprimera dama del DF y la Constructora promovieron demandas de amparo para impugnar el aseguramiento de sus cuentas el pasado 18 de junio.
“Enalser y Prats interpusieron los amparos 1056/2015 y 1028/2015 en los juzgados Décimo Primero y Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, respectivamente. Las autoridades demandadas por ellos son la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de acuerdo a registros judiciales públicos”, según la nota de Reforma.
De acuerdo con la publicación, uno de los propietarios de Constructora Enalser es el empresario Sergio Fuentes Calderón, amigo de Ebrard. Además, es copropietario de una empresa con Enrique Ebrard Casaubón, hermano de Marcelo.
El reporte asegura que ayer el juez Décimo Primero, Agustín Tello, concedió a Enalser una suspensión provisional contra el congelamiento. Sin embargo, ello no significa que libere a la empresa de la investigación por posibles ilícitos.
En tanto, ayer mismo la juez Séptima de Distrito, Laura Gutiérrez de Velasco, declinó conocer del amparo de Mariagna Prats y lo envió a un juzgado federal de Cuernavaca, donde ella reside.
Barbosa demanda pruebas
Como reacción a la nota del diario Reforma, el presidente del Senado, Miguel Barbosa, demandó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentar las pruebas fehacientes contra Marcelo Ebrard y su círculo cercano.
“Lo importante es que, para que se procese a cualquier ciudadano, ya sea Marcelo Ebrard o gente de su equipo, haya pruebas”, dijo el líder de la fracción del PRD en la Cámara alta.
Y pidió que el tema “no se vuelva un asunto de persecución política. Si existen pruebas de actos de corrupción, pues que se sancione a quien deba de sancionarse”.
Consultado al respecto, el actual jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que el GDF no participa en esta investigación ni en alguna otra relacionada con su antecesor.
“No tenemos absolutamente ninguna petición ni nada que ver en la investigación”, dijo en breve entrevista.
–¿Ustedes están investigando el entorno de Marcelo Ebrard en términos financieros?, le preguntó la prensa.
–No tenemos absolutamente ningún tipo de investigación en nuestras áreas, reiteró.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Al respecto, Miguel Ángel Mancera, aseguró que el Gobierno del Distrito Federal no tiene “ningún tipo de investigación” sobre ese caso ni algún otro relacionado con Ebrard Casaubón.
Por su parte, el presidente del Senado, Miguel Barbosa, demandó al gobierno federal presentar pruebas fehacientes contra el exmandatario local para que no se vuelva un asunto “de persecución política”.
Según la nota publicada este miércoles por el diario Reforma, la IUF tiene la facultad de investigar operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita y pedir la congelación de cuentas bancarias.
En el caso de Prats y Enalser, la dependencia federal tiene registros judiciales que indican que la exprimera dama del DF y la Constructora promovieron demandas de amparo para impugnar el aseguramiento de sus cuentas el pasado 18 de junio.
“Enalser y Prats interpusieron los amparos 1056/2015 y 1028/2015 en los juzgados Décimo Primero y Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, respectivamente. Las autoridades demandadas por ellos son la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de acuerdo a registros judiciales públicos”, según la nota de Reforma.
De acuerdo con la publicación, uno de los propietarios de Constructora Enalser es el empresario Sergio Fuentes Calderón, amigo de Ebrard. Además, es copropietario de una empresa con Enrique Ebrard Casaubón, hermano de Marcelo.
El reporte asegura que ayer el juez Décimo Primero, Agustín Tello, concedió a Enalser una suspensión provisional contra el congelamiento. Sin embargo, ello no significa que libere a la empresa de la investigación por posibles ilícitos.
En tanto, ayer mismo la juez Séptima de Distrito, Laura Gutiérrez de Velasco, declinó conocer del amparo de Mariagna Prats y lo envió a un juzgado federal de Cuernavaca, donde ella reside.
Barbosa demanda pruebas
Como reacción a la nota del diario Reforma, el presidente del Senado, Miguel Barbosa, demandó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentar las pruebas fehacientes contra Marcelo Ebrard y su círculo cercano.
“Lo importante es que, para que se procese a cualquier ciudadano, ya sea Marcelo Ebrard o gente de su equipo, haya pruebas”, dijo el líder de la fracción del PRD en la Cámara alta.
Y pidió que el tema “no se vuelva un asunto de persecución política. Si existen pruebas de actos de corrupción, pues que se sancione a quien deba de sancionarse”.
Consultado al respecto, el actual jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que el GDF no participa en esta investigación ni en alguna otra relacionada con su antecesor.
“No tenemos absolutamente ninguna petición ni nada que ver en la investigación”, dijo en breve entrevista.
–¿Ustedes están investigando el entorno de Marcelo Ebrard en términos financieros?, le preguntó la prensa.
–No tenemos absolutamente ningún tipo de investigación en nuestras áreas, reiteró.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Bajan secuestros en el país, pero se disparan homicidios
MÉXICO, D.F: Los secuestros en el país registraron una tendencia a la baja en los primeros cinco meses del año, pero la cifra de homicidios aumentó considerablemente en el quinto mes de 2015, al contabilizarse mil 463, el número más alto en crímenes en 18 meses.
De enero a mayo el delito de secuestro disminuyó 36.99% comparado con el mismo lapso del año anterior, de acuerdo con la asociación Alto al Secuestro.
Según el organismo, las denuncias realizadas en mayo sumaron 139, con un total de 180 víctimas, cifra 0.7% más alta si se compara con abril, cuando se denunciaron 138 secuestros con 171 afectados directos.
Asimismo, precisó que los estados de México, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Tabasco, así como el Distrito Federal, concentraron 70.5% de los secuestros denunciados el mes pasado.
En contraparte, las entidades que no reportaron delitos de ese tipo fueron: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Colima, Nayarit, San Luis Potosí y Yucatán.
La asociación destacó que en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto se han denunciado 5 mil 849 secuestros, lo que significa que se han cometido 195 delitos de ese tipo cada mes.
En este año, agregó, 901 personas han sido víctimas de secuestro y se detuvo a 868 presuntos responsables.
Al dar a conocer las cifras, Alto al Secuestro hizo un llamado a los gobernadores a responsabilizarse en el tema y dotar de recursos a las unidades respectivas para su adecuada operación, con el fin de que las cifras sigan disminuyendo.
Además, destacó la necesidad de que las entidades envíen a los procesados y sentenciados por secuestro a penales federales o que los confinen en módulos especiales, con el objetivo de evitar que sigan operando desde la prisión.
Por otra parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional (SESN) de Seguridad Pública dio a conocer que en mayo pasado se denunciaron mil 463 homicidios en México, más de la mitad de ellos cometidos con armas de fuego.
Señaló que se trata del número más alto en crímenes en el último año y medio, y sostuvo que la cifra de asesinatos confirma algo que no sucedía desde 2013 en México: una tendencia al alza por tercer mes consecutivo en el número de casos de homicidio doloso.
Según un reporte actualizado de la incidencia delictiva nacional, el Estado de México acumula el mayor número de asesinatos, pero Guerrero tiene la tasa de incidencia más alta del país. Además, hay casos como el de Baja California Sur donde los homicidios se dispararon más de 300%.
La estadística oficial precisa que en mayo se abrieron mil 462 averiguaciones previas o carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso en el país, con mil 621 víctimas en total, un incremento de poco más de 6% en comparación con abril pasado.
La cifra, además de consolidar una tendencia al alza por tercer mes consecutivo, es preocupante, ya que se trata del mayor número de crímenes desde septiembre de 2013, cuando el registro fue de mil 518 averiguaciones abiertas. Es decir, es el número más alto en asesinatos de los últimos 18 meses.
En mayo, el promedio diario de personas asesinadas fue de 52, dos más que en abril y seis más que en enero.
Las mil 621 víctimas de homicidio es un nuevo record mensual en cuanto a este delito desde enero de 2014, cuando se comenzó a presentar por separado la estadística de víctimas y de denuncias.
En promedio, seis de cada 10 de los homicidios denunciados en mayo fueron cometidos con un arma de fuego según la información oficial.
Esto incluye pistolas, rifles, granadas y explosivos de cualquier tipo. Otros 183 homicidios se perpetraron con armas blancas como cuchillos o palos. Y hay más de 400 casos en donde no hay datos disponibles de cómo se cometió el asesinato.
Hay cinco entidades en el país que concentran más de 40% de las víctimas de homicidio doloso. El Estado de México tiene el primer sitio con 977 casos, seguido de Guerrero, Chihuahua, Jalisco y Sinaloa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
De enero a mayo el delito de secuestro disminuyó 36.99% comparado con el mismo lapso del año anterior, de acuerdo con la asociación Alto al Secuestro.
Según el organismo, las denuncias realizadas en mayo sumaron 139, con un total de 180 víctimas, cifra 0.7% más alta si se compara con abril, cuando se denunciaron 138 secuestros con 171 afectados directos.
Asimismo, precisó que los estados de México, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Tabasco, así como el Distrito Federal, concentraron 70.5% de los secuestros denunciados el mes pasado.
En contraparte, las entidades que no reportaron delitos de ese tipo fueron: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Colima, Nayarit, San Luis Potosí y Yucatán.
La asociación destacó que en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto se han denunciado 5 mil 849 secuestros, lo que significa que se han cometido 195 delitos de ese tipo cada mes.
En este año, agregó, 901 personas han sido víctimas de secuestro y se detuvo a 868 presuntos responsables.
Al dar a conocer las cifras, Alto al Secuestro hizo un llamado a los gobernadores a responsabilizarse en el tema y dotar de recursos a las unidades respectivas para su adecuada operación, con el fin de que las cifras sigan disminuyendo.
Además, destacó la necesidad de que las entidades envíen a los procesados y sentenciados por secuestro a penales federales o que los confinen en módulos especiales, con el objetivo de evitar que sigan operando desde la prisión.
Por otra parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional (SESN) de Seguridad Pública dio a conocer que en mayo pasado se denunciaron mil 463 homicidios en México, más de la mitad de ellos cometidos con armas de fuego.
Señaló que se trata del número más alto en crímenes en el último año y medio, y sostuvo que la cifra de asesinatos confirma algo que no sucedía desde 2013 en México: una tendencia al alza por tercer mes consecutivo en el número de casos de homicidio doloso.
Según un reporte actualizado de la incidencia delictiva nacional, el Estado de México acumula el mayor número de asesinatos, pero Guerrero tiene la tasa de incidencia más alta del país. Además, hay casos como el de Baja California Sur donde los homicidios se dispararon más de 300%.
La estadística oficial precisa que en mayo se abrieron mil 462 averiguaciones previas o carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso en el país, con mil 621 víctimas en total, un incremento de poco más de 6% en comparación con abril pasado.
La cifra, además de consolidar una tendencia al alza por tercer mes consecutivo, es preocupante, ya que se trata del mayor número de crímenes desde septiembre de 2013, cuando el registro fue de mil 518 averiguaciones abiertas. Es decir, es el número más alto en asesinatos de los últimos 18 meses.
En mayo, el promedio diario de personas asesinadas fue de 52, dos más que en abril y seis más que en enero.
Las mil 621 víctimas de homicidio es un nuevo record mensual en cuanto a este delito desde enero de 2014, cuando se comenzó a presentar por separado la estadística de víctimas y de denuncias.
En promedio, seis de cada 10 de los homicidios denunciados en mayo fueron cometidos con un arma de fuego según la información oficial.
Esto incluye pistolas, rifles, granadas y explosivos de cualquier tipo. Otros 183 homicidios se perpetraron con armas blancas como cuchillos o palos. Y hay más de 400 casos en donde no hay datos disponibles de cómo se cometió el asesinato.
Hay cinco entidades en el país que concentran más de 40% de las víctimas de homicidio doloso. El Estado de México tiene el primer sitio con 977 casos, seguido de Guerrero, Chihuahua, Jalisco y Sinaloa.
FUENTE: PROCESO.
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