El operativo de seguridad desplegado por el Gobierno federal en 12 municipios de Guerrero el 19 de octubre de 2014 sólo sirvió para detener las protestas sociales que despertó la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, denunciaron representantes de distintos sectores. Por separado, aseguraron que el operativo que sirvió para reforzar el llamado “Guerrero Seguro”, lanzado en 2011, en lugar de disminuir los índices de violencia los ha incrementado, como lo muestra el “Informe de Víctimas de Secuestro y Extorsión 2015″, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Peor aún, dijeron, la mayoría de los muertos, desaparecidos y perseguidos siguen siendo los que protestan por las condiciones de inequidad que se han recrudecido en el estado, y quienes denuncian la relación del crimen organizado con la clase política. En el informe que incluye datos de enero a mayo se muestra como aumentó en la entidad el número de homicidios, de acuerdo con las averiguaciones previas abiertas en las procuradurías locales: en enero se reportaron 190 mientras que en mayo se registraron 248. Mientras que el total de averiguaciones previas es de mil 079, lo que ubica a la entidad en el tercer lugar a nivel nacional, después del Estado de México con mil 545 y Guanajuato con mil 132 averiguaciones previas.
Después de las elecciones del pasado 7 de junio, en la entidad se ha desatado una ola violenta. Desde el fin de semana se registraron al menos siete ejecuciones y el descubrimiento de siete fosas clandestinas con 10 cuerpos.
Ayer, el ex secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Romualdo Hernández Alvinez, informó que tres médicos y un abogado de la Secretaría de Salud que desaparecieron el viernes fueron hallados muertos en el poblado de Santa Bárbara, en la sierra de Chilpancingo.
“Las autoridades lo que consideraron como riesgo fue que se boicoteara la elección, el operativo estaba concentrado en detener la protesta social, no al crimen organizado, a la delincuencia. Todo fue con la intención de contener al movimiento magisterial y para reprimir las protestas del Movimiento Popular Guerrerense y por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa”, consideró Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero.
“¿Cómo explicar la militarización y la presencia excesiva de policías cuando los índices delictivos siguen al alza en Chilpancingo, en Iguala, en Chilapa; en Acapulco se están registrando cinco asesinatos por día. La Gendarmería [Nacional] se pasea por las calles donde se dan las desapariciones y los asesinatos, las autoridades policiacas están conscientes de que siguen imperando los poderes fácticos en Tierra Caliente”, agregó. Tanto Barrera Hernández como Felipe de la Cruz Sandoval coincidieron en la falta de estadísticas confiables sobre la situación real de la violencia en Guerrero. MESES DE PESADILLA Barrera Hernández consideró que el cambio de gobierno tampoco ayudará a mejorar la situación. El año pasado tuvo que pedir licencia el Gobernador constitucional, Ángel Aguirre Rivero, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), luego del escándalo por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa a mano de policías de Iguala; en las pasada elecciones, el priista Héctor Astudillo Flores obtuvo la mayor cantidad de votos, lo que significa que habrá alternancia, sin embargo, no se espera ningún cambio. “Ya todo mundo sabe que el Gobernador en turno se va –Rogelio Ortega Martínez–, pero nunca tuvo el control de las instituciones y eso hace que los guerrerenses estemos a la deriva, así que de aquí a que termine el año la situación será de mayor ingobernabilidad”, consideró el representante de Tlachinollan. En este mismo sentido, el vocero de los desaparecidos de Ayotzinapa, externó que los meses siguientes serán violentos ante el reordenamiento de los 20 grupos delictivos que se disputan el territorio –según datos difundidos por la Secretaría de Marina (Semar).
“Es lamentable y preocupante lo que vivimos porque hay muchas personas que mueren o desaparecen y que no tienen nada que ver con esta relación entre grupos de delincuentes y las autoridades. Todo es corrupción y violencia no le apuestan –las autoridades– a eliminarlo. Personas siguen falleciendo y sólo vienen a detener a asesinar a gente inocente”, expresó.
Los entrevistados destacaron que en la entidad no existen cifras confiables sobre el número de muertos y de desaparecidos, por lo que hasta ahora es imposible medir el tamaño de la tragedia que vive la entidad. EL DAÑO A LAS EMPRESAS Las grandes compañías no han quedado exentas de la violencia que impera en la entidad. El miércoles por la mañana se reportó que el jefe administrativo regional de la empresa refresquera PepsiCo, Hugo de la Cruz, había sido levantado por hombres fuertemente armados y con los rostros cubiertos que instalaron un retén a unos 2 kilómetros de la cabecera municipal de Teloloapan, Guerrero. El jefe regional se dirigía a Ciudad Altamirano en un automóvil de la empresa con su chofer, pero unos 2 kilómetros después de salir de Teloloapan fueron detenidos en un retén de civiles en la carretera federal, quienes lo bajaron del vehículo y se lo llevaron. En el hecho, el chofer resultó ileso y fue quien aproximadamente a las 10:45 de la mañana reportó a las autoridades la desaparición de su jefe originario de Veracruz y de alrededor de 35 años de edad. El martes, Fomento Económico Mexicana (Femsa), fabricante de Coca-Cola cerró su tercer centro de operación en Guerrero ante la nueva oleada de violencia. El 22 de junio la empresa confirmó que en mayo suspendió definitivamente un centro de distribución en el municipio de Arcelia, debido al clima de inseguridad en la región. Sin embargo, desde julio del año pasado, la planta había cerrado sus actividades debido a amenazas y extorsiones por parte del crimen organizado.
Otra gran trasnacional que ha debido tomar medidas ante el clima de inseguridad y crispación social es Walmart. Su vocero, Antonio Ocaranza Fernández explicó a SinEmbargo que aunque la cadena no ha evaluado la posibilidad de salirse de algunos municipios, sí ha tenido que implementar cierres parciales para evitar daños.
“En Tixtla, por ejemplo, dejamos de abrir durante tres o cuatro días por presencia de manifestantes durante los peores momentos de Ayotzinapa. Lo que llegamos a hacer es suspender el servicio por una circunstancia de inseguridad y reabrir horas después”, explicó.
Aclaró que estas suspensiones han sido calificadas como un “cierra Walmart”, pero por el momento la cadena no tiene planes de abandonar la entidad o alguno de sus municipios.
“Nuestra presencia en el estado ha crecido de manera constante y ya hoy tenemos 43 tiendas y clubes en 14 municipios y damos empleo a 4 mil personas. Veinte tiendas las abrimos entre 2011 y 2014. Nos vemos afectados por las mismas circunstancias que viven otros negocios”, finalizó. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: JULIANA FREGOSO LINK: http://www.sinembargo.mx/25-06-2015/1391477.
La escena en que el hombre alto y barbado vestido con una playera verde apoya sobre su pecho la cabeza de su padre, un anciano chaparro pero erguido, por cuyo rostro como un mapa comienzan a caer gruesos lagrimones, es de quiebre. Te quedas pasmado frente a la pantalla y no puedes parar de llorar. La que le sigue, ese hombre alto y barbado que toca la rodilla de una hermosa adolescente de provincias y le dice que se ha enamorado a primera vista, también es de ruptura. Un rompimiento con el personaje central de Tierra de cárteles, la película que todos los mexicanos podrán ver a partir del 2 de julio próximo y que cuenta entre otras cosas el ascenso y la caída de José Manuel Mireles Valverde, el controvertido líder de los autodefensas en Michoacán, quien fue detenido hace ya casi un año, el 27 de junio de 2014. De ruptura con un personaje extraordinariamente complejo, metido a reinar en un sistema absolutamente demencial, donde las cabezas cortadas, los cadáveres colgando de los puentes, los gritos de las torturas que atraviesan los muros de las casas convertidas en improvisadas prisiones, constituyen como diría el escritor Juan Villoro, “ese México postapocalíptico” que nos toca padecer en esta tremenda contemporaneidad nacional. Mireles abraza a su padre. Lo encuentra debajo de un árbol y el hombre viejo llora porque su hijo tiene la mitad de la cara paralizada a causa de un atentado aéreo del que se salvó de milagro. Una mujer frente a la cámara, los ojos redondos y oscuros como canicas, mirando fijo a la lente, imperturbable, cuenta: “Me largaron después de que se divirtieron conmigo y luego de cortar a mi esposo en pedacitos frente a mis ojos. Primero la cabeza, luego los brazos, los pies…y así. Me dijeron: ‘No te matamos, porque con todo lo que te hicimos bastará para que te vuelvas loca durante lo que te quede de vida’. Fueron El Caballo y El Chaneke”, dice.
Luego vemos al Caballo y al Chaneke completando el hilo de la venganza y alimentando la ley del ojo por ojo que dio origen al movimiento de las autodefensas en Michoacán, en febrero de 2013. Detenidos por Manuel Mireles, el hombre alto de barba, 55 años, médico cirujano de profesión, y su ladero, otro hombre más barbado aún, rechoncho, al que llaman “Papá Pitufo”.
COMO UN JUEGO DE TRONOS, PERO NO Michoacán es como Juego de Tronos, el gran problema es que no se trata de una serie de moda producida por Netflix o HBO. Es la tierra nuestra, del limón y del aguacate, de las grandes extensiones de campo, de los depósitos multiplicados donde se cocina “metanfetamina”, la droga que se expande en el mercado de las adicciones en el país vecino y que da sentido y motivo a los cárteles que operan en la zona: Los Zetas, primero, luego La Familia y después Los Caballeros Templarios, al mando del tristemente célebre Servando Gómez Martínez, mejor conocido como “La Tuta”.
A esa tierra de cadáveres suspendidos en los puentes y a familias diezmadas porque de pronto el patrón no pagó la cuota y los narcos decidieron vengarse en los cuerpos de sus empleados, llegó el joven cineasta Matthew Heineman, alumno destacado de la renombrada Kathryn Bigelow, ganadora del Oscar por la controvertida En tierra hostil.
Bigelow, que a menudo es vista como la vocera de la CIA y el Ejército estadounidense por el empeño que aplica para mostrar siempre el punto de vista del país del norte en todos sus filmes, funge como productora del documental y probablemente haya al menos incentivado la mirada dual que recorre Tierra de cárteles y que constituye el lado más débil de un trabajo demoledor que dejará hecho jirones el corazón de los espectadores mexicanos. Es el paralelismo entre el Arizona Border Recon y las Autodefensas en Michoacán, forjado mediante un guión riguroso y traducido en imágenes espectaculares que hicieron ganar a Heineman los premios de Mejor Director y Mejor Fotografía en el pasado Festival de Sundance, lo más flojo del documental que el público estadounidense verá un día después del estreno en nuestro país, es decir el 3 de julio. Es verdad que como explica Heineman en entrevista exclusiva con SinEmbargo, los líderes de los movimientos ciudadanos de Arizona y Michoacán se parecen en la edad y en la espontaneidad de una lucha a la que parece obligarlos irremediablemente el entorno. Pero también es cierto que esa similitud es la que final y paradójicamente abre una brecha irreductible entre ambos, quienes no terminan siendo lo mismo, ni parecidos, ni iguales. ALLÍ Y AQUÍ, QUE NO ES LO MISMO PERO ES IGUAL Allí, un loco cual miembro de la Asociación Nacional del Rifle decide calzar un traje de fajina militar y resguardar la frontera entre los Estados Unidos y México, “para que no pasen los malos”, como si ese pase de “los malos” no tuviera que ver con un mercado que compra ávido la metanfetamina que se fabrica en nuestro suelo. Aquí, un médico de provincias ve las tres cabezas colgadas en el muro de su vecino y dice: –Eso no me va a pasar a mí. Moriré matando, pero no decapitado.
¿Qué harías tú?, pregunta Mireles desafiante y poco a poco su historia se abre paso en el filme de Heineman, comiéndose voraz las anécdotas del movimiento Arizona Border Recon, cuyos miembros de ojos azules y pieles blancas arrugadas por el sol, comienzan a ser personajes secundarios de la película y si no estuvieran, nada pasaría.
Es una comparación forzada, fruto de un recorrido por las tierras calientes sin un mapa, que es como viajó Matthew. “No sabía con lo que me iba a encontrar”, admite. Y se encontró con lo peor, con lo indecible, con lo que definitivamente el joven cineasta describe como “un drama clásico de película de vaqueros en pleno siglo XXI” y que no tiene parangón ni siquiera al otro lado de la línea. Bandas despiadadas producen el alzamiento en Michoacán, donde aumenta el control territorial por parte de los cárteles, mientras disminuye la presencia de autoridades e instituciones que cumplan con su obligación de preservar el orden público y garantizar la seguridad de las comunidades. El contrapeso de Heineman/Bigelow se da en esos rubios psicópatas que atrapan mexicanos en la frontera con Arizona, pero como bien sabemos aquí, se trata de un punto de vista ya gastado, donde los narcotraficantes adquieren altura mítica, cual guerreros malos del Reino de la Tierra Media, escondiendo los complejos entramados de corrupción política y financiera que dan sustancia al negocio de la droga en el mundo. Pero ese punto de vista no es el que triunfa en Tierra de Cárteles. Lo que golpea como un mazazo en medio de la sien son las imágenes y los discursos que se entremezclan para mostrar un México profundo y cercano, al que muchos –si tuvieran la oportunidad– harían desaparecer con un click.
El México del despojo y los funerales colectivos de los campesinos víctimas del crimen organizado. El México sin escuelas ni patios donde suene un violín o bailen las parejas la danza de la quebradita, un México sin esperanza ni salvación, un México destinado a desaparecer de la faz de la tierra. Porque si algo tiene este ojo estadounidense sobre el movimiento de los autodefensas y la Nación que arde en Michoacán es, precisamente, la mirada clínica, impávida, fría y distante del que ve desde lejos, aun cuando esté muy cerca. Así, Tierra de cárteles funciona como un documental estremecedor que no sólo no muestra la luz al final del túnel, sino que se ha tragado el mismísimo túnel. Afortunadamente las cosas, como sabemos los que vivimos en este suelo, no son tan irremediablemente negras y desintegradoras. Al túnel lo volveremos hacer y le pondremos la luz en el medio, al principio y al final. Porque eso es lo que nos toca. La película es también la epopeya de una derrota. La caída del Doctor José Manuel Mireles y la neutralización de los grupos de autodefensas, los que ahora portan una camiseta azul que los identifica como Fuerza Rural ligada al Estado y al Ejército, con muchos de sus integrantes todavía ligados a los cárteles. “Los limpiaremos de a poco, ahora no es el momento”, dice el Gordo, con la anuencia de Papá Pitufo, enfrentado sin remedio a Mireles, un hombre triste, solitario, final y calvo, que guarda sus huesos y su arrepentimiento (“Me equivoqué, perdí todo, incluso a mi familia, que era la esencia de todo”, dice) en una cárcel de Sonora. La violencia da la vuelta y se muerde la cola como una serpiente envenenada: en la escena final, la Fuerza Rural cocina metanfetamina para sufragar sus gastos. Todo vuelve a empezar. Y Mireles no, no era un santo. TIERRA DE CÁRTELES, TIERRA DE SANGRE Con un acceso sin precedentes, Tierra de cárteles es un vistazo a ras de piso, de las jornadas de dos grupos de vigilantes contemporáneos y su enemigo en común: los asesinos cárteles mexicanos de la droga.
En el estado de Michoacán, el doctor José Manuel Mireles Valverde, un médico general conocido como “El doctor”, dirige las autodefensas, un grupo ciudadano alzado en contra del violento cártel de Los Caballeros Templarios que ha infligido caos y desorden en la región durante años. Al mismo tiempo, en el valle Altar de Arizona –un estrecho corredor de 52 millas de largo conocido como el “Callejón de la Cocaína”–, Tim “Nailer” Foley, un veterano de guerra estadounidense, encabeza un pequeño grupo paramilitar llamado Arizona Border Recon, cuyo objetivo es detener la Guerra del Narcotráfico en México al barrer el paso de la droga en el lado estadounidense de la frontera. El cineasta Matthew Heineman se incrusta en el corazón de esta oscuridad mientras el “Nailer”, “El Doctor” y el cártel, cada uno compiten por llevar su muy particular forma de justicia en una sociedad en la que las instituciones han fracasado. La película fue filmada con una cámara fotográfica, la Canon C300, que nunca falló pese a las caídas, los golpes, los balazos, las tormentas de polvo y las lluvias torrenciales, si bien algunas tomas especiales como las de cámara lenta o las del interior de los vehículos, se empleó la Canon 7D, y el dron Canon 1DC para las vistas aéreas la visión nocturna. Fundada en 2009 por Matthew Heineman, la compañía Our Time Projects se encuentra en Nueva York. Antes de Tierra de cárteles, Heineman produjo y dirigió el largometraje documental Escape Fire: The Fight to Rescue American Healthcare (2012), un llamado de alerta sobre el estropeado sistema de salud estadounidense, la industria médica diseñada para curas rápidas y no un sistema de prevención. Previamente, el realizador colaboró con un equipo en la cadena HBO en la serie The Alzheimer’s Project, que salió al aire en mayo de 2009 y también aspiró a un Emmy. Además, Heineman dirigió y produjo Our Time (2011), un largometraje documental que realiza un acercamiento al significado de ser joven en el siglo XXI, mediante un viaje recopilatorio de testimonios a través de los 48 estados de los Estados Unidos, transmitido por el Documentary Channel. –¿Cómo se hace una película así? –Ha sido muy difícil de hacer. En muchos sentidos. Obviamente, desde el punto de vista de la seguridad hay que decir que no soy un reportero de guerra y nunca había encarado un proyecto semejante. Estuve en sitios de tortura, en balaceras, sitios peligrosos en donde nunca pensé que estaría. Pero para mí esos momentos no fueron los más terribles. Donde tuve más miedo fue cuando entrevisté a una mujer a cuyo marido lo secuestraron y luego lo quemaron frente a ella. Entrevistarla y darme cuenta de que era una mujer sin alma, que tenía los ojos vacíos, darme cuenta de que quienes cometieron esos crímenes contra otras personas, fue sin duda lo que más me aterrorizó. –La escena en la que Manuel se estrecha en un abrazo con su padre, es de quiebre. ¿Cómo se logró eso tan espontáneo y cercano?
–En estas últimas semanas muchas personas me han dicho que es increíble como recreo esas escenas de la realidad en el filme. Todo es realidad. El acceso para mí era muy importante. Estas historias fueron portada de revista, forman parte de la cultura pop contemporánea, de programas de televisión y películas, pero lo que yo quería era mostrar realmente lo que la gente estaba pasando. Tuve oportunidad de pasar mucho tiempo en Michoacán y pude desarrollar relaciones profundas con el doctor Manuel Mireles y el resto de la gente del lugar. Esa escena que dices es totalmente espontánea, no tenía idea de adónde iba la historia de la película. Originalmente, pensé que filmaba la historia de los hombres de camisetas blancas peleando con los hombres de camisetas negras, pero nunca pensé que Tierra de cárteles iba a servir para mostrar lo difusas que son las líneas entre los presuntos enemigos.
–Al principio, el paralelismo que haces entre los luchadores de Arizona y los luchadores de Michoacán, resulta absurdo, luego con el transcurrir de la película cobra cierto sentido… –En el corazón de esta película hay dos hombres: el doctor Mireles y Tim “Nailer” Foley, los dos tienen la misma edad, los dos creen que el gobierno ha fallado y los dos han tomado la ley en sus manos para pelear por lo que creen es justo. Las circunstancias, claro, son muy diferentes. En México la violencia es real, visceral, 80 mil han muerto y 20 mil han desaparecido. En Arizona sólo hay el miedo de que la Guerra del Narco cruce la frontera. No es el mismo problema, pero hay cosas que son similares. La película es actual y sin temporalidad al mismo tiempo. A través de la historia de hombres de mujeres y hombres que se levantan para luchar contra el mal, ves que cuando se produce el alzamiento, estos grupos ya no se pueden controlar. No puedes controlar nada o todo. A pesar de tus buenas intenciones, a pesar de tu liderazgo, no puedes controlar a la gente de tu mismo grupos, pues todos están allí con diferentes metas y motivaciones. Eso es lo que lleva a la ruina de las autodefensas. –¿Cuál es el rol de Kathryin Bigelow en la película? –Soy gran fan de Bigelow. Después de que Tierra de cárteles se estrenara en el Festival de Sundance, ella se conmovió mucho y se ofreció como productora ejecutiva, para ayudar a promover el filme y sobre todo para que se hable de él. Piensa que tiene que haber un debate alrededor de la película y yo estoy muy agradecido. –¿Qué piensas de Mireles, este hombre que se va descomponiendo al final? –¿Qué piensas tú? –No tengo opinión, no sé qué pensar, la verdad. Tu película me dejó perpleja y muy triste
–Una de las cosas que quise hacer con esta película es mostrar la complejidad del ser humano. Tú eres compleja, yo soy complejo, están las motivaciones para hacer las preguntas que me haces y las motivaciones para responderlas de tal o cual manera. No era sólo un retrato de un hombre, sino un hombre en toda su complejidad. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: MÓNICA MARISTAIN. LINK: http://www.sinembargo.mx/25-06-2015/1391597
MÉXICO, D.F: El obispo mexicano de Autlán, Gonzalo Galván Castillo, señalado por encubrir a un cura pederasta, renunció a sus labores eclesiásticas, informó este jueves el Vaticano. Galván de 64 años, dimitió antes del tiempo canónico establecido de 75 años por razones de salud, de acuerdo con la agencia AFP. Las renuncias de obispos han aumentado desde que el Papa Francisco autorizó la creación de un tribunal especial para juzgar a los religiosos acusados de “abuso de poder”, que han encubierto a otros curas pederastas. El caso del obispo de Autlán (municipio de Jalisco), se dio a conocer en 2009, cuando un joven de 24 años hizo una denuncia contra el cura Horacio López, de la misma diócesis, de haber abusado de él cuando tenía 11 años de edad. Y aunque se llevó a cabo la denuncia el sacerdote únicamente fue trasladado a otra parroquia en donde seguía ejerciendo.
El Papa Francisco mandó una carta en febrero pasado a todos los obispos del mundo para que no encubran por ninguna razón los casos de pederastia, situación que afecta en distintos grados a la Iglesia en todo el mundo. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California informó que a través de estudios de criminalística se determinarán las causas que provocaron el incendio del Asilo de Ancianos del ejido Querétaro del Valle de Mexicali, con saldo de 17 muertos. De acuerdo con información publicada en el portal de noticias ‘Lindero Norte’, de manera preliminar se descartó que el fuego hubiera iniciado en la parte interior de la casa donde se encontraban 44 personas de entre 58 y 89 años, de los cuales fallecieron ocho mujeres y nueve hombres. Destacó que en un encuentro privado, familiares de cuatro de las víctimas –Herminia Alarcón, María Luisa González, Cecilia Ceceña y Marco Antonio Benítez– demandaron al gobernador Francisco Vega de Lamadrid información precisa del siniestro, “no datos maquillados”, y advirtieron que en el asilo de ancianos no existían medidas de seguridad ni personal suficiente para atender a los usuarios. Según el portal, una de las líneas de investigación del siniestro ocurrido ayer se centra en la quema (intencional o incidental) de un chamizo y zacate que se encontraba en el patio del asilo, además de que especialistas de la Dirección de Servicios Periciales de la PGJE investigan las huellas recientes de un carro en esa área. Las hipótesis descartadas con base en estudios científicos señalaban que el origen habría sido una fuga de gas o debido a un corto circuito, por el estado de las instalaciones eléctricas, y no se encontraron cerillos ni líquidos flamables en la zona. Ayer, horas después del incendio, el alcalde de Mexicali, Jaime Díaz, señaló que 23 personas salvaron la vida y sostuvo que se desconocía la causa del siniestro. “No se puede presumir alguna causa hasta que se tenga con la seriedad y responsabilidad que esto implica”, afirmó. Los sobrevivientes fueron llevados a un albergue temporal en la casa comunal del ejido de Querétaro, y los cinco heridos internados en el Hospital General de la ciudad, agregó. Al lugar del siniestro, registrado alrededor de las cuatro de la madrugada, llegaron bomberos, cuerpos de seguridad y de la Procuraduría de Baja California para atender la emergencia. Vecinos de la zona señalaron que desde las 3:00 horas del martes percibieron humo, pero pensaron que se trataba de una quema de parcela.
El asilo es manejado por la asociación civil Sociedad de Cultura Impulsora del Bienestar Social, que forma parte del padrón de centros de atención a ancianos con supervisión municipal, estatal y federal. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Una nueva lista de funcionarios públicos sancionados económica, administrativa y penalmente por irregularidades en la construcción y operación de la Línea 12 del Metro, será dada a conocer a más tardar a mediados del próximo mes, informó hoy Eduardo Rovelo Pico, contralor general del Distrito Federal. Dicha lista, adelantó, incluye a funcionarios que ya fueron señalados como responsables y personal de la administración pasada y la actual, y las sanciones corresponden a los resultados de dos de las cuatro auditorías que siguen abiertas en torno a la Línea 12 en los rubros de mantenimiento y construcción. “Estamos por iniciar los procedimientos administrativos disciplinarios donde se indicarán las responsabilidades correspondientes, incluso económicas, en contra de servidores públicos por las malas actuaciones que hayan hecho (…) El número de sancionados me los reservaría por la propia investigación”, comentó en rueda de prensa. De la investigación realizada, abundó, se hicieron 16 observaciones al Proyecto Metro y sólo desahogaron una y media, “lo que significa que hay elementos suficientes para fincar responsabilidades”, dijo Rovelo. El funcionario afirmó que la investigación permanece abierta mientras se realiza la rehabilitación de la Línea 12 que, según el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera tienen un 44% de avance. Entrevistado al término de la presentación de “Design Week México”, el mandatario capitalino comentó que en agosto próximo deben iniciar las pruebas con los trenes y para noviembre está comprometida la reapertura de la línea. “Estamos arriba de 43 ó 44%. En agosto deben de comenzar las pruebas con los trenes y de ahí, pues todo lo que se vaya haciendo, pruebas para concluir”, abundó. Mancera también se refirió a las declaraciones que hizo a El Universal el director del Servicio de Transporte Colectivo (SC) Metro, Joel Ortega, en el sentido de que la Línea 12 del Metro es un fraude de la ingeniería mexicana “No creo que sea un fracaso para la ingeniería de México, nosotros estamos en una línea en donde vamos a buscar ya la apertura en noviembre y obviamente esta línea tiene que funcionar para la ciudad”, afirmó. En entrevista posterior en Radio Fórmula el mandatario reconoció que, sin duda, fallaron elementos para que funcionara correctamente la línea, por ejemplo, las curvas, los sistemas y las adecuaciones a los trenes. “La ingeniería mexicana no es la involucrada, lo que se suma es la intervención directa de personal”, insistió.
Mancera señaló que el Metro necesita miles de millones de pesos para hacer una transformación completa. Tan sólo para cambiar un tablero de control, dijo, se necesitan siete mil millones, el túnel en la línea 5 costara 800 millones, mientras el subsidio a la tarifa es de seis mil millones al año. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, difiere de las declaraciones de Joel Ortega, director del Metro, quien aseguró que la construcción de la Línea Dorada es un fraude a la ingeniería mexicana.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera, difirió con su director del Metro, Joel Ortega, luego de que éste dijo estar “sufriendo” porque la Línea 12 era “un fraude” y estuvo “pésimamente hecha”. El mandatario capitalino rechazó esta declaración sobre los problemas de construcción de la obra que resultaron en las fallas por las que el servicio en la mitad de la ruta está suspendido desde marzo de 2014. “Yo no creo que sea un fracaso para la ingeniería de México. Nosotros estamos en una línea en donde vamos a buscar ya la apertura en noviembre y obviamente, bueno, pues esta Línea tiene que funcionar para la Ciudad”, comentó Mancera. En entrevista con Radio Fórmula, el jefe de Gobierno capitalino reconoció que el metro requiere una inversión de miles de millones de pesos para su adecuación tecnológica, pero dijo que los señalamientos de Ortega son “a título personal”.
Ortega dijo en una entrevista publicada ayer por el diario El Universal que la construcción de la Línea Dorada –que va de Mixcoac a Tláhuac– es “un fraude a la ingeniería mexicana”. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF
El narco es una forma de vida que todo inunda: académicos; sólo en mayo, 120 asesinatos.
Culiacán, Sin. La muerte cerquita, vecina, a la vuelta de la esquina, agavillada y nuestra, que aunque quisiéramos lejana, es cotidiana y hasta familiar. Así se expresa el crimen organizado en Culiacán, considerada una de las ciudades más violentas del país, cuna del narcotráfico y santuario de algunos de lo capos más importantes. Esa violencia, que el gobierno estatal pretende ubicar como resultado de las pugnas del narcomenudeo –al menos en la capital sinaloense–, sumó cerca de 120 asesinatos durante mayo pasado, cifra mayor a cualquier mes de 2014 y lo que va de 2015. Y son estos hechos y otros que están a la mano los que hacen que estudiosos del tema aseguren que el narcotráfico no es un fenómeno policiaco, un asunto de ellos, los que están metidos en el negocio, sino una forma de vida que todo salpica y en ocasiones inunda. Entre los 120 crímenes a balazos del mes pasado, hubo un multihomicidio que llamó la atención de los sinaloenses, tan acostumbrados a la violencia a punta de bala y ejecuciones: cinco personas, cuatro de ellas menores, fueron abatidas cuando circulaban por la calzada Heroico Colegio Militar, en el sur de la ciudad. Entre las víctimas iba un niño de 13 años, alumno de una primaria ubicada a tres cuadras del lugar. Los hoy occisos viajaban en una camioneta cuando fueron baleados desde otro vehículo. En el lugar, policías ministeriales encontraron 56 casquillos calibre 7.62, los que se utilizan para el fusil AK-47. El adolescente fue despedido con un homenaje en su escuela, entre llantos y abrazos, los de menor grado comentaban que habían matado al niño grande. Las autoridades estatales intentaron minimizar el hecho, a pesar de que ese mismo día fueron ocho las personas ultimadas de forma similar en la entidad. “Traemos algunos problemitas por la lucha contra el narcomenudeo; si ustedes ven el porcentaje de rivalidad delincuencial que se da en las ejecuciones andamos arriba de 80, 85 por ciento; estamos implementado nuestros operativos de siempre, nuestros policías no descansan, cuando no andan en una parte andan en otra, con una fecha u otra, pero de que vamos a recuperar esto que se nos elevó en mayo, lo vamos a recuperar”, dijo el gobernador Mario López Valdez durante una gira de trabajo por Mazatlán. En 2010, agregó, salían por la noche y eran el doble los asesinatos. Sin duda, los problemas que están surgiendo son entre ellos. Dijo que no habrá operativos especiales, ya que los esfuerzos de las diferentes corporaciones federales y locales están rindiendo frutos, y llamó a la ciudadanía a no alarmarse. La banalidad Tomás Guevara, sicólogo y catedrático de la Facultad de Sicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), es uno de los pocos especialistas que han realizado investigaciones sobre el fenómeno de la violencia, el involucramiento de los jóvenes y la conducta social en torno a la criminalidad y sus efectos. El académico lamentó que la violencia sea ahora una forma de vida cotidiana y que los ciudadanos la vean como algo habitual, normal, incluido en la rutina diaria de niños, jóvenes y adultos.
“En la ciudad el fenómeno de la violencia es cada vez más banal. Se ha vuelto un proceso de normalización, donde lo que era extraño ahora nos resulta familiar. Cada vez encontramos niños que recurren más a la violencia para dirimir sus diferencias o incluso para probar ciertas cosas, como que merecen estar en una pandilla, que son capaces de aventarse un jale (trabajo ilegal), y buscan el acto violento para verse a sí mismos en ese discurso contranormativo de violencia que vivimos”, sostuvo. Ante la escasez de programas culturales, educativos y sociales de los tres niveles de gobierno que atiendan a niños y jóvenes, advirtió, los menores se educan en la calle o en la escuela, espacios que reproducen los estereotipos de la criminalidad. Y contra eso, subrayó, no hay competencia. No hay un proyecto estatal de cultura o social para los jóvenes. Al no haber una alternativa para censurar, criticar, cuestionar toda la violencia que los rodea, terminan por aceptar los actos terroríficos que ocurren en nuestra sociedad, y por eso vemos niños cada vez más violentos, manifestó. Guevara aseguró que en una manifestación de esta aceptación acrítica de la violencia, adultos y menores acuden a las escenas del crimen para tomar fotografías y videos y subirlos a las redes sociales, en lugar de atemorizarse o expresar dolor o indignación. En esta banalidad de la violencia, que no es más que un proceso de normalización, los delitos terroríficos nos son comunes, apuntó. Los muertos nuestros de cada día En Culiacán son más los cenotafios en calles, camellones y banquetas que bancas en los jardines públicos. Los habitantes de la capital sinaloense salen de sus casas y se enfrentan a estos escenarios de cruces y epitafios en su trajinar. Pero también a la violencia generada por policías, elementos de la Marina o Ejército. El pasado 15 de junio, helicópteros de la Marina dispararon contra civiles durante un operativo en las comunidades Acuachane y Tobiba, cerca de Tamazula, un municipio de Durango más cercano a Culiacán que a la capital de esa entidad. El saldo fue de dos muertos, dos heridos y cuatro detenidos, todos ellos menores. Los efectivos navales buscaban a Adelmo Niebla González, operador del cártel de Sinaloa, quien se fugó del penal de Culiacán en mayo de 2014. Cuatro vehículos en que huía un grupo de jóvenes fueron quemados por los marinos, quienes argumentaron que los civiles les dispararon. En la denuncia ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDHS) estatal, los familiares de los detenidos señalaron que éstos fueron golpeados y obligados por los marinos a tomar armas y dispararlas. Al niño de 13 (años) lo hicieron agarrar una pistola; él no quería agarrarla y le pegaron en la espalda; al niño de 17 lo hicieron agarrar un rifle para que lo disparara y no lo disparó, declaró una mujer identificada como Brenda, originaria de Tamazula, madre de dos de los detenidos, quienes fueron enviados al Tutelar para Menores de Culiacán, y luego a Tamazula, donde finalmente fueron liberados por falta de pruebas.
Es la muerte fácil, barata, agazapada a dos pasos, a la mano, a la vuelta de la esquina, no por tener o no relación con el narcotráfico, sino por vivir en una región violenta, impune, donde el crimen se expresa como una rutina, y el miedo dejó también de ser una novedad: Culiacán, donde es un peligro estar vivo, todo sigue igual, sólo que en la piel de esta región del norte del país, a pocos pasos del Pacífico y a nada del abismo, hay más sangre, cicatrices y cruces a la vera del camino. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: JAVIER VALDEZ CÁRDENAS
MÉXICO, D.F: El próximo sábado 27 de junio se cumple un año de que José Manuel Mireles Valverde fue detenido cuando intentaba reanimar el movimiento de las autodefensas armadas de Michoacán, que en la región de tierra caliente fue domesticado e infiltrado por grupos del crimen organizado y que hoy nuevamente están retomando el poder. Precisamente el día que viajaba al puerto de Lázaro Cárdenas para organizar a quienes en la costa michoacana están hartos del sojuzgamiento de los grupos criminales asociados con las autoridades fue sorprendido por la policía estatal, quien le puso droga y armas en la camioneta donde viajaba para luego mandarlo a una prisión ubicada a miles de kilómetros de Michoacán, al penal de Hermosillo, Sonora, como una forma de castigo a su rebeldía. Mireles se había convertido en la figura central del movimiento de autodefensas armadas que nació el 24 de febrero del 2013 en los pueblos calentenos de Tepalcatepec y La Ruana. De todos los que encabezaron esta expresión de hartazgo social ante la inseguridad y el empoderamiento del crimen organizado, era el único que manejaba un discurso político y tenía metas muy claras de acabar con las redes políticas que hay entre narcotraficantes y políticos. Día antes de su absurda detención, Mireles había propuesto la formación del Frente Nacional de Autodefensas y para entonces ya tenía una invitación de una decena de estados donde estaban interesados de formar grupos ciudadanos armados capaces de hacer frente a los criminales, ante la incompetencia e ineptitud de los gobiernos y autoridades policiacas de cumplir con uno de sus mandatos fundamentales. Este llamado social fue tomado como una voz de alerta por el gobierno de Enrique Peña Nieto quien quizá vio el inicio de un movimiento de insurgencia social a nivel nacional, capaz no solo de hacer frente al crimen organizado, sino de acabar con los lazos que tiene con personajes importantes de la política y el mercado financiero. Mireles se convirtió en un estorbo para establecer los pactos subrepticios del comisionado Alfredo Castillo con personajes del crimen organizado de Michoacán que ya se habían puesto al frente de los autodefensas, desplazando al jefe nato de este movimiento que se había convertido en un ejemplo a seguir en todo el país. El doctor de Tepalcatepec fue el único que rechazó integrarse a la Fuerza Rural, una invención del gobierno para domesticar a las autodefensas. Mireles se negó a entregar las armas aduciendo que si lo hacia lo iban a matar los criminales y narcotraficantes que se habían apoderado de las autodefensas en tierra caliente. De todos los que fundaron este movimiento, fue el único que se dirigió a Enrique Peña Nieto para decirle que se necesitaba limpiar las cañerías de la política anegada de corrupción, impunidad y negocios ilegales. Hoy Mireles sigue en la cárcel en malas condiciones de salud por la diabetes y lesiones en la columna que hacen más difícil su permanencia en el penal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora. Su familia asegura que ninguno de los delitos por los que permanece en la cárcel como son posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y de drogas, se sostiene y que estaría en condiciones legales para su liberación. Esperaban que después de las elecciones del pasado 7 de junio, Mireles podría salir pues ya no implicaba un peligro para el gobierno o los partidos políticos contendientes. Pero esto no ha sido así y no sólo permanece injustamente detrás de las rejas sino que se agrava su salud y su vida podía estar en riesgo.
Y mientras el líder de las autodefensas permanece privado de su libertad convirtiéndose en un preso político, en Tierra Caliente los grupos del crimen organizado se reagrupan y retoman el poder con la complacencia del gobierno federal que muestra una vez más su incapacidad para someter a los miembros del crimen organizado y sus socios que están en el gobierno y en los partidos políticos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
Aunque se trata de prácticas priistas, en Chiapas la corrupción, el influyentismo, las concertacesiones, la coacción y la compra del voto benefician ahora al partido en el poder, el PVEM, franquicia que regentea el gobernador Manuel Velasco. Y como buenos alumnos de trapacerías, los “verdes” ya están desplazando a sus antiguos tutores priistas. La división es tal que, rumbo a los comicios locales del próximo 19 de julio, esos partidos no pudieron mantener su alianza en la entidad de sus mayores éxitos electorales.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Durante las últimas dos décadas, en cada proceso electoral el PRI tuvo que llevar de la mano al PVEM; ahora el tricolor sólo ve cómo el estado pinta de verde edificios, bulevares, uniformes, estadios, escuelas, sillas… son sus viejas prácticas. Esa entidad fue el bastión del PRI, sus reservas hacían que ganara la Presidencia. Hoy Chiapas es un estado “verde” luego de que la alianza entre ambos partidos llevó al poder a Manuel Velasco Coello con más de 1 millón 300 mil votos, que tanto presumieron en 2012. Aliados incondicionales en varios estados, el PRI y el PVEM sostienen en Chiapas una tensa relación que confronta a sus militantes y simpatizantes en cada barrio y colonia de los 122 municipios. En las elecciones del domingo 7, con sólo 46% de participación ciudadana, cinco candidatos priistas y siete del Verde arrasaron en los 12 distritos electorales…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2016 de la revista Proceso, actualmente en circulación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
MÉXICO, D.F: Ante la carencia de un protocolo especializado en localización de mujeres y niñas en el Estado de México, las autoridades judiciales incurren en omisiones durante la búsqueda con vida de jóvenes reportadas como desaparecidas, lo que deriva en que las víctimas carezcan de certeza sobre los resultados de las indagaciones y vean obstaculizado su acceso a la verdad y la justicia. Prueba de ello es el caso de Mariana Elizabeth Yáñez Reyes, joven desaparecida en septiembre de 2014 y cuyos restos fueron supuestamente localizados en el Río de los Remedios en octubre pasado. Luego de una serie de irregularidades en la búsqueda de la joven, las autoridades mexiquenses se vieron obligadas a exhumar los restos para continuar investigando el caso. Mariana, según relata su familia, es una joven estudiante de 18 años que en 2014 ingresó a la licenciatura de Control y Automatización del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Cerca de las 9 de la noche del 17 de septiembre pasado, Mariana salió de su casa –en Héroes de Tecámac, Edomex– para fotocopiar algunos documentos personales que debía presentar en su escuela para concursar por una beca de estudios, en una papelería a unas cuadras de su domicilio. Esa misma noche, al notar que su hija no volvía, sus padres Bernardo Yáñez y Guadalupe Reyes comenzaron a buscarla. Denunciaron los hechos ante el Ministerio Público de San Agustín, municipio de Ecatepec, donde el agente ministerial les pidió esperar 72 horas, porque tal vez “la joven había huido con su novio”. Ocho días después el expediente seguía en blanco. Al considerar que la desaparición de su hija podría ser un secuestro, la familia también presentó el 18 de septiembre de 2014 la denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de la República (PGR), la cual abrió una carpeta de investigación. En diciembre anterior, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) tomó muestras de sangre a Guadalupe Reyes para comparar los datos con los de restos de mujeres que eran localizados. Pero no explicó en qué consistían las diligencias para localizar a Mariana con vida. Un mes después, en enero pasado, la familia fue notificada de que parte de los restos localizados en el Río de los Remedios (canal de aguas negras al norte del Distrito Federal y que atraviesa el municipio mexiquense de Ecatepec) correspondían a Mariana. En octubre de 2014 (un mes después de la desaparición de Mariana), el río también conocido como Canal de la Compañía fue desazolvado y en él fueron localizados restos óseos. En un primer momento el gobierno mexiquense, si bien reconoció el hallazgo, aseguró que no se podía determinar si correspondían a restos humanos o animales; luego admitió que se trataba de cadáveres, la mayoría de ellos de mujeres. Sin permitir a la familia ver los restos (que corresponden a la parte superior de ambos huesos del muslo y un fragmento de cráneo), con el argumento de que no estaban psicológicamente preparados para ellos, las autoridades pidieron a la madre de Mariana “aceptar los hechos”. En abril pasado, la SEIDO emitió su peritaje y al igual que la PGJEM aseguró que las muestras de sangre extraídas a la madre de Mariana coincidían con las pruebas tomadas a los supuestos restos de Mariana. Sin embargo, para la familia aún no estaba claro cómo se había llevado a cabo la búsqueda con vida de Mariana, de qué manera había sido supuestamente asesinada, cuándo había ocurrido el feminicidio y cómo era posible que los restos mostraran tal nivel de descomposición. Tampoco entendía cómo se había pasado de investigar una desaparición a sostener que era un feminicidio; todas estas dudas llevaron a la familia a exigir que los restos fueran exhumados para realizar nuevas pruebas de ADN. Sin certeza judicial María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) –organización que brinda asesoría legal a la familia de Mariana–, explicó que en casos de desaparición de mujeres, un derecho fundamental de las víctimas es tener total certeza sobre los hechos, lo que también tiene que ver con el derecho a acceder a la justicia. También enfatizó que en este caso no se ha explicado cuáles fueron las diligencias realizadas durante la búsqueda con vida de la joven, e incluso en caso de que los restos correspondieran a la joven tampoco se ha profundizado en indagar sobre qué fue lo que ocurrió y qué pasó con las demás partes del cuerpo. Por ello se pidió la exhumación de los restos, para que fueran analizados por peritos independientes. Luego de varios meses de exigencia social y de diversas reuniones con autoridades mexiquenses, finalmente el viernes 19 los restos fueron exhumados y trasladados a Toluca, para que el Equipo Mexicano de Antropología Forense realice las investigaciones correspondientes. De acuerdo con Estrada, la investigación del equipo especializado –cuyos primeros resultados se esperan en un mes– irá más allá de las pruebas de ADN, pues un peritaje de este tipo debe apuntar a determinar qué fue lo que ocurrió con Mariana. Para la también maestra en Derechos Humanos y Democracia este caso demuestra la necesidad de que sean mejorados los protocolos de localización de personas (las llamadas alertas Alba y Ámber), y en su caso se instaure un protocolo específico en la entidad, ya que actualmente no se realiza la búsqueda de mujeres con la debida diligencia y generalmente se trata de localizar a personas fallecidas, cuando “lo que piden las familias es encontrar a sus hijas con vida”. María de la Luz Estrada abundó que si se investigan de manera adecuada las desapariciones –que actualmente no constituyen un delito en la entidad, aunque las cifras van en aumento–, se puede evitar la ocurrencia de otros ilícitos mayores, como la trata de personas, feminicidio o asesinato.
Según datos del OCNF, al menos mil 258 niñas y mujeres fueron reportadas como desaparecidas en el Estado de México de 2011 a 2012, y 53% de ellas tenía entre 10 y 17 años. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ (REPORTAJE ESPECIAL)
Unidades de inteligencia definirán las líneas de investigación, con participación de procuradurías estatales, anuncian Arely Gómez y Tomás Zerón.
En lo que se anuncia como un cambio de paradigma, la PGR y las procuradurías del país pondrán en marcha unidades de inteligencia con analistas que definirán las líneas de investigación de las averiguaciones previas y operarán una nueva Red Nacional de Información Criminal, informó el diario Reforma. La procuradora general Arely Gómez González y el jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, anunciaron este miércoles la creación de las Unidades de Análisis de Información en cada Procuraduría y una base nacional de datos homologada, para ajustar los procedimientos de investigación al nuevo sistema de justicia oral acusatorio. Gómez González inauguró este miércoles 24 el Primer Encuentro Nacional de Analistas en Información, el cual, afirmó, representa un parteaguas en la visión de procurar justicia. Durante el evento, realizado en San Juan del Río, Querétaro, destacó que se busca privilegiar la utilización de la información para fortalecer de manera directa a la institución del Ministerio Público. “Este cambio de paradigma incluye al analista como parte importante para la investigación que encabeza el Ministerio Público, con base en metodologías especializadas, bajo el rigor que exige el nuevo sistema de justicia penal”, apuntó. Además, señaló la funcionaria, contribuirá al diseño de los lineamientos de una política criminal integral y multidimensional, dirigidos al desarrollo de capacidades de inteligencia contra el fenómeno delictivo. Zerón de Lucio señaló que uno de los objetivos de este encuentro es debatir sobre el diseño de áreas especializadas, con énfasis en el perfil de analistas de información y la labor fundamental que deben desarrollar en apoyo al Ministerio Público. Buscaremos tener un diálogo amplio sobre la forma en que los analistas contribuirán en el diseño de políticas públicas, su destacado papel en el nuevo Sistema de Justicia Penal para analizar y visualizar el nacimiento de una red nacional de información criminal.
En un comunicado, la PGR señaló que el Primer Encuentro Nacional de Analistas en Información, el cual concluirá el jueves, congrega a expertos, servidores públicos y agencias internacionales especializados en seguridad nacional. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Acción Nacional recordó que el nuevo régimen jurídico electoral mexicano contempla la causal de nulidad de elección, por el rebase del tope de gasto de campaña aprobado por el órgano electoral.
Por contravenir la normatividad electoral con un presunto rebase el tope de gastos de campaña en espectaculares contratados en distintas zonas del país, el Partido Acción Nacional presentó una queja ante el director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, Eduardo Gurza Curiel, contra el PRI, PVEM y la coalición conformada, así como contra los candidatos que resulten responsables . Francisco Gárate Chapa, representante del PAN ante INE, fue quien presentó la queja, en la cual se argumenta que el PRI y el PVEM en coalición y en lo individual realizaron la contratación masiva de espectaculares y propaganda fija que incluía mensajes institucionales y otros que beneficiaban a sus candidatos. De acuerdo al PAN, en abril contabilizaron alrededor de 2150 carteleras; mientras que en mayo registraron 1800. Los lugares en que fueron colocados los anuncios, de acuerdo a la queja, son: Tijuana, Baja California; León, Guanajuato; Morelia, Michoacán; Cuernavaca, Morelos; Campeche, Campeche; Naucalpan, Ecatepec y Tecámac, Estado de México; Chihuahua, Chihuahua; Torreón, Coahuila; Manzanillo, Colima; así como en las delegaciones del DF, Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo, entre otros. Por la cantidad de anuncios y el costo de los mismos, el PAN argumenta que se rebasó el monto de gastos de campaña, que es de 1 millón 260 mil por distrito. Además de esos argumentos, presentaron evidencia fotográfica en 54 archivos identificados por estado. En concreto el PAN solicita al INE que se integre un razonamiento que atienda los artículos 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización que habla de la forma de calcular los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
“Se solicita que esa autoridad electoral nacional en uso de sus atribuciones y de conformidad con la brevedad de los términos de la materia electoral sea resuelto dicho procedimiento, respetando el debido proceso a efecto de salvaguardar las garantías procesales de los denunciados”, indica la queja. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
CHILPANCINGO, Gro: El gobernador Rogelio Ortega Martínez hizo eco de la nota difundida ayer por esta agencia en el sentido de que acomodó a 40 familiares y amigos en la nómina gubernamental, algunos de los cuales cobran también en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Anunció que dará de baja a sus parientes y amistades que estén cobrando doble salario “sin justificar”. Ortega Martínez aprovechó también la ocasión para descalificar a este reportero. Lo tachó de mentiroso y negó parentesco alguno con Rubén Darío Fuentes Alarcón, como se consignó en la nota, pese a que la esposa de este último, Lilia Martínez Alday, es prima de Rosaura Martínez Ríos, madre del mandatario interino, de acuerdo con documentos oficiales en poder de Apro. En dichos reportes se indica también que Fuentes Alarcón funge actualmente como asesor del gobernador y, al mismo tiempo, cobra como funcionario en la UAGro. La misma nota indica que la nómina estatal de los beneficiarios, entre los que se encuentran directores de planteles universitarios, exdirigentes del PRD y PT y exmagistrados electorales, asciende a cerca un millón de pesos mensuales. En tanto que la UAGro destina más de 400 mil pesos por el mismo bloque de amigos y familiares de Ortega, según dichos reportes oficiales. Ortega Martínez escribió en su cuenta de Twitter: “Se trata de otra mentira de Ezequiel. Mentirosillo, mentirosillo, Rubén Fuentes Alarcón no es mi tío. Otra pinochada Cheque”. Reporteros e internautas cuestionaron el hecho de que Ortega se haya enfocado en tratar de rechazar el parentesco con su asesor y no en explicar por qué colocó en la nómina estatal a su parentela y amigos. El usuario @Torres43 dijo: “Aclare todo, gobernador, no solo un dato… transparente su administración”. “Ok, ya aclaro no es su Tío, luego entonces lo demás es verdad. #GobiernoCorrupto”, expresó @PsalazarHeri. Otro tuitero, @ledita_Salgado preguntó a Ortega: “Queremos saber. Porque cobran en la UAG y en tu administración”. Ante las críticas de los tuiteros, el gobernador provisional dijo lo siguiente: “Con mucho gusto. Comenzando por mí. Mañana se publicará en medios cuánto gano. Quién cobre doble sin justificar, causará baja”. Enseguida, un tuitero exigió que no solo causen baja, sino que se inhabilite y regrese el recurso cobrado. Durante el tiempo que lleva al frente del Ejecutivo, Rogelio Ortega ha sido responsabilizado por la desaparición de personas en Chilpapa y el asesinato a tiros de un activista durante un desalojo realizado por la policía federal en la ciudad de Tlapa. Familiares de las víctimas acusaron públicamente al mandatario de proteger al grupo delictivo Los Ardillos que mantuvo sitiada durante cinco días Chilapa y de alentar a grupos de choque ligados a partidos políticos para atacar a miembros del magisterio disidente y activistas en la región de la Montaña.
Estos hechos documentados por Proceso han provocado la ira del gobernador, quien a través de su cuenta oficial de Twitter ha emprendido una campaña de ataques contra el semanario Proceso y el que esto escribe. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
CHILPANCINGO, Gro: Los tres médicos y el abogado de la Secretaría de Salud estatal que se encontraban desaparecidos desde hace seis días fueron localizados muertos en la parte serrana de esta capital. El hallazgo se registró ayer por la noche, luego de que el comisario del poblado de Santa Bárbara, Silvino Saldaña Arcos informó a autoridades estatales que habían encontrado cuatro cadáveres en la batea de una camioneta Ford Ranger gris, con placas de Morelos, que estaba abandonada sobre un camino de terracería colindante con la comunidad de La Providencia y Jaleaca. En el lugar, también fue localizado un Tsuru habilitado como taxi, con placas del estado de Puebla, y al interior dejaron un uniforme de la Policía Preventiva Estatal y fornituras. Las autoridades ministeriales se trasladaron esta mañana al poblado ubicado en la sierra de Chilpancingo donde realizaron diligencias. Los cuerpos fueron identificados como los trabajadores de la SSA que fueron interceptados el viernes pasado por un grupo armado en la zona rural de Acapulco, cuando se desplazaban a bordo de un auto sobre la carretera federal que conecta el puerto con la región Centro de la entidad. Se trata de los médicos Marvin Hernández Ortega, Raymundo Tepeque y José Oswaldo Ortega Saucedo, y el abogado Julio César Mejía Salgado. El hecho fue confirmado por familiares de las víctimas que ofrecieron este medio día una conferencia en Acapulco. Al respecto, el exsecretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAGro), Romualdo Hernández Alvinez, exigió a las autoridades federales y estatales que hagan algo ante la insoportable crisis de inseguridad y violencia que se vive en la entidad. El familiar de uno de los médicos asesinados reprochó la insensibilidad de las autoridades frente al dolor de cientos de guerrerenses víctimas de secuestros, levantones y asesinatos. El resto de los familiares se encuentran en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo donde se espera que en las próximas horas arriben los cadáveres encontrados en la Sierra.
La desaparición de los profesionistas había desatado una ola de protestas en Acapulco y el municipio de Petatlán, lugar de donde son originarios los hombres victimados. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
XALAPA, Ver: El Congreso local dio su venia al Grupo Carso, del multimillonario Carlos Slim, para que invierta poco más de 500 millones de pesos en el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, obra que empezó a construirse en 2004, pero se detuvo por falta de recursos. En menos de siete días, los diputados turnaron, discutieron y analizaron el “título de concesión” para ampliarlo de 37 a 45 años. El dictamen fue avalado con 23 votos a favor del PRI, PVEM y Nueva Alianza, contra 13 de la oposición. La aprobación de la bancada priista, que incluso dispensó la lectura del dictamen por “obvia resolución”, se dio en medio de reclamos de legisladores del PAN, PT y Movimiento Ciudadano (MC). “Estamos entregando un cheque en blanco por órdenes superiores”, expuso el panista Julen Rementería, aludiendo a la concertación pactada entre el gobernador priista Javier Duarte y el dueño del Grupo Carso. “No leyeron el dictamen. Firmaron y aprobaron algo a ciegas”, reprochó ante la indiferencia de la bancada priista, que apuró a la presidenta de la Mesa Directiva, Octavia Ortega, para que emitiera la votación. El petista Fidel Robles y el legislador de MC, Cuauhtémoc Pola, señalaron que antes de ampliar la concesión, el gobierno de Duarte tendría que “sancionar” y “deslindar responsabilidades” contra servidores y exservidores públicos de éste y el anterior sexenio por el desvío de recursos cuya procedencia ignoran la Auditoria Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización. Pese a los reclamos, la mayoría priista aprobó la iniciativa de decreto que permitirá concluir la obra en un año, sin que el gobierno del estado aporte más recursos. Los priistas justificaron que se modificó el título de concesión de la obra del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, para que se den las condiciones que permitan concluir el proyecto a más tardar en un año. “De común acuerdo entre gobierno y concesionaria se determinó concluir recíprocamente los procedimientos legales, administrativos y jurisdiccionales, nacionales e internacionales que correspondan”, expuso el gobierno estatal, luego de refrendar que quedan sin efecto los litigios mutuos entre la administración de Duarte y las empresas FCC y Cotuco –iniciadoras de la obra–, gracias a la intervención del Grupo Carso. Además, el decreto legislativo expone que se da autoridad al propio Duarte para que, “asistido” por los titulares de las secretarías de Finanzas y de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), “renegocie y modifique” la concesión de la obra, a efecto de cumplir con los objetivos trazados en el documento de septiembre de 2004. El diputado Fidel Robles Guadarrama, del Partido del Trabajo, se manifestó contra el dictamen porque después de 11 años, apuntó, la obra aún no se concluye y se requiere aplicar la ley y castigar a los involucrados en el retraso. El pasado jueves 18, durante la comparecencia del titular de la SIOP, Tomás Ruiz González, diputados de oposición recriminaron el “borrón y cuenta nueva” que hacía la administración de Duarte. En aras de lograr la venía legislativa, el propio Ruiz expuso en tribuna: “La obra la recibimos quebrada (Tomas Ruiz entró como titular de SIOP en marzo de 2015), le faltan 500 millones, hay denuncias de hechos que tendrán que desahogarse, no es un borrón y cuenta nueva. De aceptar la inyección de capital (del Grupo Carso) no costará un peso más a los veracruzanos. Cualquier cargo extra será con cargo al concesionario”. Luego justificó: “Faltan los sistemas de ventilación del interior del túnel, la iluminación, los accesos de vialidad, la junta de cierre, las rampas, el último tramo para conectar con Coatzacoalcos”. Pero hace menos de una semana legisladores del PAN, así como el diputado petista Fidel Robles y el de MC, Cuauhtémoc Pola, fustigaron que en una comparecencia celebrada en mayo pasado, el entonces titular de la SIOP, el expanista Gerardo Buganza –hoy secretario de Gobierno de Duarte–, les hiciera las mismas promesas y además llamara “bribones” a servidores públicos priistas y a los constructores del Túnel Sumergido, con quienes hoy Tomas Ruiz se volvió a sentar y logró acuerdos. “Hay un desfalco, un desvío, fraude de 2 mil millones de pesos, Buganza lo dijo en anterior comparecencia. Nos dijo que se pusieron denuncias y no ha pasado nada. Nos hizo falsas promesas. ¿A quién le creemos, señor secretario: a usted o a él?”, reprochó el diputado panista Julen Rementería. En esa coyuntura Fidel Robles consideró que la incursión del Grupo Carso sólo será una certificación simulada para avalar la impunidad.
“El señor Slim sacará mil millones de su cartera, los cuales debe de traer como morralla (sic) para avalar la corrupción y la impunidad, imperantes en esta obra”, soltó. FUENTE: PROCESO. AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
