En su calidad de representantes de Clara Gómez González, una de las tres sobrevivientes de la masacre, abogados del Centro Prodh presentaron el informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, en el que se incluye un documento interno de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dirigido al teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, uno de los implicados en el caso, en el que se le ordena que “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva, y en el día reducir la actividad, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comenten en ese horario”.
Acompañados por miembros de organizaciones de derechos humanos, Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh, y los abogados Santiago Aguirre y Araceli Olivos Portugal, solicitaron formalmente a la PGR llame a declarar al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda; al comandante de la I Región Militar, Jaime Godínez Ruiz; a los comandantes de la 22 Zona Militar, José Luis Sánchez León y al adscrito Francisco Ortega Luna, así como al responsable del 102 Batallón de Infantería, Raúl Castro Aparicio, y al teniente al mando del personal de tropa que participó en los hechos, Ezequiel Rodríguez Martínez.
Al recordar que la PGR sigue un proceso penal contra siete militares por el homicidio de ocho personas, luego de que la CNDH documentó que entre 12 y 15 personas fueron víctimas de ejecución extrajudicial, de las 22 las fallecidas, Patrón Sánchez también exigió al ombudsman Luis Raúl González Pérez a “no dar por cumplida la recomendación 51/2014, en tanto la PGR no realice nuevas diligencias para determinar el número exacto de las víctimas”.
Luego de informar que el documento fue enviado a la Relatoría de Ejecuciones Arbitrarias de la ONU, a la CIDH y a la Corte Penal Internacional (CPI), el director del Centro Prodh puntualizó que los altos mandos del Ejército deberán explicar las instrucciones de realizar operativos para “abatir” personas, orden que “incita a privar arbitrariamente de la vida a civiles y a cometer graves violaciones a derechos humanos”.
El documento en cuestión fue obtenido por el Centro Prodh a través de un amparo contra la negativa del Juzgado VI Militar a dar acceso a su representada al expediente de la causa penal 33872014 que se sigue también a los soldados por faltas a la disciplina castrense.
El documento fechado el 11 de junio en el Campo Milita 22-D, de San Miguel Ixtapan, Estado de México, da “disposiciones giradas por el propio alto mando” de realizar actividades en “horario nocturno” y que, “basándose en un profundo trabajo de inteligencia”, los operativos “se planearán y ejecutarán en horas de oscuridad sobre objetivos específicos”.
En el punto VII del documento, se indica que “las tropas deberán operar de noche en forma masiva –y en el día reducir la actividad– a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.
Santiago Aguirre resaltó que además de la explicación que deben dar los altos mandos por ese tipo de instrucción y de aclarar el número de personas ejecutadas extrajudicialmente, ya que en el caso de la hija de Clara Gómez, Ericka, de 15 años, la dependencia consideró que su muerte se debió al fuego cruzado, aunque hay serias dudas de que haya ocurrido así.
“En el cuerpo de Ericka se encontró alojada una bala que corresponde al mismo calibre con el que se ejecutó a quien la CNDH identificó como V17 y que en vida llevó el nombre de Jorge González, además de que hay indicios de que el cuerpo de Ericka fue movido del lugar donde murió”, apuntó el abogado.
Araceli Olivos señaló que por las consideraciones de la CNDH y la PGR es que Clara Gómez no ha sido considerada como víctima ni como parte del juicio que se sigue a los soldados en la PGR, ni mucho menos ante la Procuraduría General de Justicia Militar.
“Lo que estamos viendo es que hay una invasión del fuero militar en un caso que tendría que ser llevado en su totalidad en el fuero civil, pues se trata violaciones graves a los derechos humanos, y cabe señalar que el MP militar realizó periciales que nada tienen que ver con la disciplina castrense”, sostuvo la abogada.
Olivos criticó que desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se hayan difundido montos económicos que supuestamente se han pagado a las víctimas del caso Tlatlaya, lo que ha puesto en riesgo a Clara Gómez y su familia, que viven “en una región de extrema violencia como lo es la de Tierra Caliente”.
En marzo pasado Jaime Rochín, presidente de la CEAV, aseguró que las víctimas por el caso Tlatlaya cobrarían un millón de pesos, y que se había registrado a 50 posibles beneficiarios.
Al exigir justicia para su hija Ericka Gómez y una explicación de “por qué la ejecutaron”, Clara desmintió haber recibido recursos públicos como parte de la reparación del daño, como se publicado, lo que la ha puesto en riesgo de secuestro o asesinato.
La mujer etiquetada como “Julia” en las indagatorias declaró que siempre ha dicho la verdad, que no cambió su declaración como también aseguró el exprocurador Jesús Murillo Karam, y que vive con miedo por haber enfrentado a los militares, pero que ello era necesario debido a que no era la primera vez que cometían abusos en la región.
“Quiero que se haga justicia –insistió– porque ejecutaron a mi hija menor de edad Ericka Gómez (…) lo que hicieron con mi hija no tienen perdón de Dios, y quiero que se castigue a los responsables, a los de Toluca (policías mexiquenses) y a los militares; que no queden impunes como siempre han quedado, porque tenemos miedo a hablar, a que te hagan algo los militares, pues no es la primera vez que se cometen errores en Arcelia, en San Pedro, siempre han cometido cualquier estupidez, siempre lo han hecho injustamente.
“He roto el silencio, me siento fuerte y con la frente en alto, voy a ir con todo y a lo que venga, pues quiero que se castigue a los responsables”, puntualizó Clara Gómez luego de responsabilizar al gobierno federal de su seguridad y de incumplir a cabalidad con las medidas cautelares de las que es beneficiaria desde octubre pasado por indicaciones de la CIDH.
Sobre las órdenes de aprehensión contra siete policías ministeriales del Estado de México que habrían intervenido en las torturas de las tres sobrevivientes, Santiago Aguirre sostuvo que hasta ahora como representantes de Clara no han sido notificados de esas acciones.
Sin embargo, recordó que la recomendación de la CNDH no sólo incluía como responsables de tortura y malos tratos a los policías ministeriales, sino a otros funcionarios que podrían ser sancionados penal y administrativamente, entre ellos personal pericial del Estado de México, así como quienes encubrieron los hechos de Tlatlaya, “a partir de supeditación y subordinación de autoridad civil sobre militar”.
Aguirre agregó que para que haya un avance en el cumplimiento de la recomendación de la CNDH también es necesaria una “disculpa pública del gobernador Eruviel Ávila, tras sus declaraciones en los días posteriores inmediatos a los hechos de Tlatlaya; “cuando reconozca que equivocó, que encubrió al Ejército y la totalidad de los funcionarios sean sancionados, podrá hablarse de un avance en la reparación”.
En la presentación del reporte estuvieron presentes Ernesto López Portillo, del Instituto de Seguridad y Democracia; Darío Ramírez, de Artículo 19; Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; José Antonio Guevara Bermúdez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Aidé Pérez, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
