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La CNTE, por la libre

El magisterio michoacano continúa movilizándose por el mismo reclamo: que no haya evaluación académica a ningún docente. Al menos mil 300 maestros recurrieron al amparo colectivo.

Sin ningún tipo de interlocución de parte del gobierno estatal, los miembros del magisterio pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) arreciaron sus movilizaciones de protesta en las principales ciudades de Michoacán.

En la capital del estado de manera violenta irrumpieron en las oficinas de la Secretaría de Educación, sin saldo de detenidos.

El reclamo de los maestros democráticos es el mismo que mantienen desde los primeros días de este año: que no haya evaluación académica para ningún docente. A los argumentos de movilización, al menos en Michoacán, se ha sumado la protesta por la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para amparar a docentes que acudieron a esa instancia.

El magisterio Michoacano se ha manifestado inconforme por la decisión de la SCJN al desahogar negativamente los primeros amparos recibidos, toda vez que los maestros de esta entidad tenían la esperanza de frenar la evaluación académica por la vía legal. Se estima que al menos mil 300 maestros de Michoacán recurrieron al amparo colectivo promovido por la CNTE.

La llamada jornada de lucha de los maestros, que han salido a tomar las calles de al menos 32 regiones en todo el país, pero con mayor presencia en los estados de Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Estados de México y el Distrito Federal, también incluye el reclamo para que no se entreguen algunos libros de texto gratuitos.

El argumento de los maestros en movilización es que los contenidos de los libros de texto enseñan de manera apológica el modelo neoliberal del gobierno y su economía. Por esa razón algunos maestros de Michoacán han optado por frenar la entrega de los textos, amenazando con hacer una gran pira con ellos a las afueras de las escuelas, en tanto se sustituyen los textos de enseñanza con material más acorde.

En algunas regiones del estado de Michoacán –principalmente la zona indígena de la Meseta Purépecha- los maestros de la CNTE no solo han frenado la entrega de los libros de texto, sino que han aportado su propio conocimiento en la elaboración de otros textos que de manera rústica se han elaborado, en mimeógrafo y fotocopias, con la intención de que sean utilizados por los niños en el próximo ciclo escolar.

En otras partes del estado los maestros sustituyen los libros de texto de la SEP por libros debidamente editados y encuadernados, hechos a cargo de la CNTE como una alternativa de formación para los niños de primaria, donde se plantea un modelo cultural social, basado en la solidaridad y el humanismo.

La CNTE aspira a que los libros con la visión formadora de la Coordinadora Magisterial sean los textos que se utilicen formalmente en el próximo ciclo escolar. En Michoacán, la Secretaría de Educación no ha emitido ninguna postura sobre ese reclamo de los maestros, pero se sabe que en al menos 200 escuelas primarias ya existe consenso con los padres de familia para dejar de lado los textos de la SEP y asumir como guías los contenidos de los libros de la CNTE.

El arranque del próximo ciclo escolar será histórico, consideran los dirigentes del movimiento de la CNTE en Michoacán, pues será la primera ocasión en que los libros editados por la Coordinadora sean el eje rector en la formación de los alumnos de primaria. Frente a esta particularidad el gobierno estatal no ha dicho nada. 

El gobierno omiso

Pese a que las protestas de los maestros de la CNTE han desquiciado la vida de miles de michoacanos en diversos puntos del estado, el gobierno de Salvador Jara Guerrero no ha sido capaz de mantener una mesa de diálogo, al menos un interlocutor, para conocer los reclamos del magisterio.

El secretario de gobierno, Jaime Cortina Esparza, ha intentado tender algunos lazos de entendimiento con los maestros, pero la propuesta de una mesa de diálogo con los miembros de la CNTE no ha cristalizado, ante la postura del gobernador interino, que no mantiene una postura oficial frente al gremio.

En las últimas cinco semanas la CNTE ha llevado a cabo su protesta en forma diaria, a veces tomando vialidades, otras haciendo plantones pacíficos en plazas frente a los palacios municipales, y manifestándose en los centros comerciales y bancos.

El reclamo de las cámaras de comercio del estado de Michoacán no ha dejado de escucharse: reclaman la instalación de una mesa de diálogo que atienda a los maestros. En diversas ocasiones el comercio organizado ha señalado el estado de secuestro en el que se encuentra la sociedad frente a los actos de protesta de los maestros.

Lo único que ha atinado a hacer el gobierno estatal de Salvador Jara, a manera de frenar las protestas de los maestros de la CNTE, es la filtración de algunos datos personales de los líderes del movimiento, a fin de que se les linche mediáticamente en los medios aliados a la administración estatal.  

Desatino oficial

En medio de la confrontación entre el gobierno estatal y la CNTE, salta el desatino del gobernador Salvador Jara Guerrero, quien  por un lado intenta no atender los reclamos magisteriales aduciendo falta de recursos económicos, y en contraparte autoriza un incremento salarial generalizado a toda la base laboral del gobierno estatal.


El aumento salarial que se generalizó hacia el personal de confianza, se había pactado inicialmente solo con los integrantes del sindicato de empleados del gobierno de Michoacán, razón por la que los integrantes de la CNTE estiman que ahora menos que nunca, cuando se han agotado las arcas de la tesorería, el gobierno de Michoacán puede estar en condiciones de solucionar la demandas económicas de los maestros.

Por lo pronto, la movilización de los maestros de la CNTE en Michoacán ha hecho que el 97 por ciento de las escuelas de primarias y secundarias de la entidad entraran en receso, pese que a la conclusión oficial del ciclo educativo es el 14 de julio próximo.


El movimiento de paros y protestas de los maestros en Michoacán, que no recibió la atención debida de los órganos conducentes de gobierno, llevó a la reducción del calendario de actividades, de 200 días quedó en la mayoría de las escuelas en apenas 165 días de trabajo.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.

Anuncia Madero que no será coordinador del PAN en San Lázaro

MÉXICO, D.F: El diputado electo y aún presidente del CEN del PAN, Gustavo Madero, aseguró en entrevista radiofónica que no quiere ser coordinador parlamentario de su partido en la próxima legislatura que comienza en septiembre para “darle oportunidad a otros perfiles”.

Madero adelantó que rechazará la coordinación parlamentaria en dado caso que se la ofrezcan cualquiera de los aspirantes a la dirigencia del PAN, debido a que es necesario que otros perfiles tengan también la oportunidad.

En entrevista para Radio Fórmula, el dirigente blanquiazuldijo que el PAN debe entender el mensaje de molestia e indignación que mandaron los ciudadanos en las urnas.

“Los ciudadanos están molestos porque los partidos políticos tienen agendas distintas a las de las familias y los trabajadores”, señaló Madero.

Sobre las candidaturas independientes, dijo que como el PRI ya perdió el poder en Nuevo León, tiene miedo “de que salgan más Broncos y se multipliquen las broncas”, por lo que deaprobó la reforma aprobada en Chihuahua que obstaculiza las candidaturas independientes.


“El PAN va a impugnar esa decisión”, adelantó el próximo legislador.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“El Gallito”, posible sucesor de “El Chayo” en el Cártel de los Templarios: PGJEM

MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de Justicia de Michoacán, señaló a Homero González Silva, alias “El Gallito” como el posible sucesor de Nazario Moreno González, “El Chayo”, al frente del Cártel de Los Caballeros Templarios.

Homero González Silva es sobrino de Nazario Moreno González, quien fue abatido por la Marina en un operativo en 2014.

A través de un comunicado, la dependencia informó que durante una emboscada el 16 de junio en Guanajuatillo, municipio de Apatizngán, sicarios de ”El Chayo” provocaron la muerte de cinco civiles y dos policías.

Derivado de esos hechos, se desplegó un operativo en toda la zona, en donde hasta ahora han sido asegurados dos inmuebles pertenecientes a Los Caballeros Templarios en los poblados de Los Laureles y El Paso de Cucha.

La propiedad en Los Laureles pertenecía a “El Gallito”; mientras que la de El Paso de Cucha, a Nazario Moreno.

Hasta el momento, la dependencia asegura que en el operativo que han realizado en 28 comunidades de Aguililla, Tumbiscatío y Apatzingán, se han identificado a 10 presuntos autores de la emboscada.


“Las investigaciones han permitido identificar al grupo agresor, que corresponde a una pequeña célula delictiva asentada en el poblado de Guanajuatillo, cuyos integrantes en su momento fueron parte del equipo liderado por Nazario Moreno, que hoy pretende encabezar el sobrino de éste y que ha sido identificado como Homero González Silva, conocido como ‘El Gallito'”, señala el comunicado de la Procuraduría estatal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Ayotzinapa fracturó la telepresidencia”, destaca Poniatowska sobre libro de Villamil

MÉXICO, D.F: Al presentar el libro de Jenaro Villamil La caída del telepresidente, la escritora Elena Poniatowska y el historiador Lorenzo Meyer destacaron el “término prematuro” de la gestión de Enrique Peña Nieto a dos años y medio de su gobierno.

Ante un auditorio lleno de la Casa Lamm, los dos presentadores indicaron que a Peña no sólo se le acabó su gobierno de manera anticipada, también se resquebrajó su imagen con efectos desastrosos para el país.

Al retomar la reflexión de Villamil plasmada en su texto, la escritora dijo que la caída de la imagen de Peña Nieto se dio a partir de la masacre de Ayotzinapa.

En ese mismo sentido, Meyer indicó que a Peña le sorprendió esta tragedia sobre la que no estaba preparado.

“No estaba en su guión”, la prensa internacional lo retomó y Peña no supo qué hacer porque no lo esperaba y tampoco supo cómo responder. “Ahora ya no tiene proyecto”, advirtió el historiador.

Poniatowska inició su presentación destacando las fallas de Peña y que Villamil cita en su libro: minimizar el impacto de la tragedia de Ayotzinapa, no atender los reclamos de justicia y querer darle carpetazo al asunto.

Luego recordó cómo Peña ingresó a la Cámara de Diputados para asumir el poder, orgulloso y sonriente, logrando en un año lo que sus antecesores en Los Pinos no pudieron: vender Pemex con “la madre de todas las reformas”, acción celebrada por Luis Videgaray, su secretario de Hacienda y, dos años después, colocarse en su ocaso.

Villamil, “cara de niño” le dijo la escritora, a lo largo del extraordinario ensayo resalta que lo que más le importa a Peña es su imagen, y en dos años ésta se derrumbó sobre todo en las redes sociales, donde están los jóvenes y los poderosos no pueden hacer nada, como fue el caso de Edward Snowden.

“Ningún título más acertado para el libro”, destacó la escritora sobre la obra de Villamil, pues “es una investigación minuciosa, análisis serio y reflexión profunda”, añadió Poniatowska al tiempo de cuestionar lo que pensarán los peñistas “cuando sean viejos y vean que dejaron a miles de chavas y chavos sin futuro”.

En tanto, Lorenzo Meyer advirtió que en la actualidad hay “aires porfirianos” por los intentos de autoritarismo peñista, pero a diferencia de antes, “ahora no hay futuro”, acotó.

El historiador destacó el intento del reportero de Proceso de mostrar un perfil biográfico de Peña para entender sus formas de hacer política, el mundo de Atlacomulco en el que creció y se hizo.

Un grupo político muy peculiar, con formas de hacer política distintas a las de otros priistas, que se generan en los años cuarenta con Isidro Favela, con un enemigo que no es la oposición sino el presidente, ante el que se blinda y se unifica para no debilitarse ni ser derrotado, precisó el investigador.

“Mafia y dinastía cuyo principal negocio son los propios negocios, los contratistas de obra pública. Ese es el cemento que los tiene unidos a los del grupo Atlacomulco donde nació Peña Nieto, elegido éste como heredero de su tío Arturo Montiel”, señaló Meyer al citar a Villamil.

Jenaro Villamil a su vez agradeció la presencia de Poniatowska al destacar su coherencia periodística, como cuando denunció la matanza de Tlatelolco; además deploró la ausencia de Meyer en el programa radiofónico de Carmen Aristegui, espació que desapareció recientemente.

El periodista, autor de nueve libros, desmenuzó las características del “telepresidente”, y en primer lugar dijo que es la simulación y una representación mediática en el marco del fracaso de la transición democrática en los dos periodos presidenciales del panismo, con Vicente Fox y Felipe Calderón.

Enseguida indicó que la imagen y el proyecto de Peña se forjaron con recursos públicos del Estado de México, donde el autoritarismo y la ambición de poder del grupo Atlacomulco son ilimitados.

También resaltó la ambición de Televisa y de los grandes medios de comunicación que vieron en Peña una oportunidad de alcanzar el poder. “De un oscuro burócrata del Estado de México saltó a la Presidencia ayudado por los medios convertido en grupos de poder”.

Luego destacó la mezcla de farándula y política al crear una telenovela “donde la actriz Angélica Rivera es la esposa que necesitaba el oscuro burócrata con copete”, señaló Villamil al hacer notar el peligro de esta mezcla en la que la exartista de Televisa es un peso negativo al proyecto político priista.

Finalmente, subrayó la cleptocracia del grupo del Estado de México, que roba por ambición más que por enfermedad y su intención de realizar las reformas estructurales, pero sólo para concentrar la riqueza en unas cuantas manos.

Esa es la fórmula de la telepresidencia, que privilegia los intereses de un grupo y hace a un lado todos los derechos sociales, “pero algo está podrido adentro que hizo que cayera en dos años y que la gente reaccionara con los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa”, sostuvo el reportero del semanario Proceso.


Villamil dedicó su libro a las víctimas de Tlatlaya, Ayotzinapa y a los miles de muertos y desaparecidos de la guerra contra el narcotráfico. “No los olvidamos ni los olvidaremos como quieren”, sostuvo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.

Balacera en Nogales deja dos muertos y dos heridos, entre ellos un estudiante

Nogales, Ver: Alrededor de las 19 horas de ayer, en la colonia El Encinar de Nogales, a la altura del puente de Pemex, una balacera ha dejado al menos dos muertos.

Elementos de las fuerzas armadas se trasladaron a dicho lugar ante los llamados de emergencia, donde hallaron dos muertos hombres, poniendo un enorme cerco para impedir el aceso a los medios de comunicación.

En otro hecho, una balacera se registró la mañana de este jueves en la colonia El Espinal, de este municipio, justo afuera de la secundaria Quetzalcóatl.

Los hechos se registraron alrededor de las 7 horas de este jueves cuando sujetos a bordo de cuatro camionetas, dos Xtrail color gris y dos camionetas tipo Explorer, una color blanco y la otra guinda, con placas de la Ciudad de México, al parecer se enfrentaron a balazos a las afueras de la institución antes mencionada.

Un estudiante de la escuela primaria Ahualizapan recibió un impacto de bala en una pierna, al parecer su mamá con la ayuda de otras personas lo trasladaron de emergencia al hospital Covadonga.

Un auto compacto color oscuro fue hallado con el motor encendido y dos personas inertes de sexo masculino.

Todas las escuelas de la zona suspendieron clases.


En tanto los sujetos siguieron su camino hacia Palmira, donde también estaban regresando estudiantes a sus casas.

FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.

Privatización de la educación inició con el TLC y la inversión extranjera: académica

El proceso de privatización de la educación pública empezó desde los 90’s con el Tratado de Libre Comercio, la inversión extranjera llegó y a la educación superior le impactó de manera central la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, al mismo tiempo que se limita el financiamiento a las escuelas públicas se da la inversión de particulares extranjeros y Veracruz está en el cuarto lugar de inversión privada en la educación, sostuvo Guadalupe Olivier, de la Universidad Pedagógica Nacional y catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

La privatización no significa que haya anuncios para “poner en venta” a la Universidad Veracruzana, por citar un ejemplo, sino que hay una serie de procesos relacionados a lo privado, pues de entrada se privilegia en la actualidad, en el país, la educación como un mercado y no como institución para un bien público.

Ello se observa en aspectos como la demanda de escuelas privadas debido a que los gobiernos cada vez destinan menos recursos a las universidades públicas, lo cual provoca que no haya los suficientes espacios y que quienes no alcanzan lugar tienen que pagar por ir a la universidad, y quienes no pueden pagar no acudirán. Esto es un modo de privatización, explicó la catedrática.

Al hablar de la calidad que ofertan esas empresas educativas, dijo, de muchas carreras que ofrecen, los conocimientos van más enfocados hacia aspectos de mercadotecnia, incluso hay medicina plástica, porque es lo que vende y esto significa también una privatización porque ya no se ve a la medicina como un bien social sino como algo remunerable de acuerdo a las demandas estéticas del mercado.

Lo mismo ocurre con otras varias carreras, incluso con Ciencias de la Comunicación, que en muchas universidades privadas se enfoca hacia la Publicidad, es decir la calidad de la educación en muchas universidades poco importa, aunque hay universidades fortalecidas y de tradición que son muy buenas.

Además, se ha dado la apertura para la inversión de particulares, nacionales y extranjeros en instituciones, para lo cual hay ejemplos como la Universidad del Valle de México donde la inversión es de un consorcio Loret que es de Estados Unidos y que tiene universidades en todo américa Latina. Asimismo el Tec Milenio tiene inversiones de empresarios nacionales y de manera internacional.

Veracruz está entre el cuarto y quinto lugar nacional en cuanto a inversiones privadas en la educación, refirió Guadalupe Olivier, quien precisó que en 1998 a 2000 es el pico de expansión de educación privada y se ha extendido en diferentes entidades federativas, entre ellas la entidad veracruzana, “es interesante visualizarlo frente a los recursos públicos para la universidad pública y ver qué relación hay, porque si el estudiante no encuentra un espacio, este busca la escuela privada, entonces el empresario encuentra su nuevo nicho de mercado”.


También señaló que la reforma constitucional en materia de educación, hecha hace dos años, propuesta por Enrique peña Nieto, si bien “está pegándole mucho más a la educación básica, está afectando de manera central a la educación superior”, destacó la catedrática de la UNAM, y de la Universidad Pedagógica Nacional.

FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ.

Abatir, la orden a los militares mexicanos

MÉXICO, D.F: Desde hace nueve años, las fuerzas armadas mexicanas operan en un escenario de conflicto interno.

Aunque el gobierno de Enrique Peña, al igual que el de su antecesor, Felipe Calderón, ha evitado reconocer que la violencia del Estado y la de las poderosas organizaciones delictivas son expresión de un conflicto interno, en los hechos, los militares mexicanos se encuentran en tiempos de guerra.

Así les han hecho saber los principales mandos militares a sus subordinados. En el sexenio anterior, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Calderón plasmó oficialmente su visión de lo que tenía que hacer el Ejército en su declaración de “guerra al narcotráfico”.

Fue esa “visión presidencial”, es decir, del entonces comandante en jefe del Ejército, la que ordenó al Ejército entrar de lleno a una confrontación interna.

El Ejército elaboró entonces la Directiva para el combate integral al narcotráfico 2007-2012. El documento, que fue revelado por la revista Proceso en julio de 2014 (edición 1967), dejó en claro la orden que recibieron los jefes militares: actuar con “amplia libertad de acción”, “amplia iniciativa”, “mayor dinamismo” y “don de mando” para enfrentar a los delincuentes.

Cuando los jefes y oficiales encargados de cumplir esa orden preguntaron al entonces Alto Mando del Ejército, el entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, qué significaban esas vaguedades y las consecuencias que podían tener, la respuesta fue “arréglense con su mando”; es decir, los generales de zona y región militar.

La muerte de civiles a manos de militares se disparó. No sólo fueron narcotraficantes o supuestos delincuentes, sino también personas que no tenían nada que ver, las llamadas “víctimas colaterales”.

Los contados casos que se han procesado judicialmente por violaciones graves a los derechos humanos cometidos por militares en el gobierno de Calderón involucran a elementos castrenses de mediano o bajo rango. Ningún mando está siquiera bajo sospecha en los tribunales.

Cambió el gobierno y el discurso. Pero no el principio. El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Pro) acaba de dar a conocer la orden escrita que recibió el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, quien estuvo al mando de la tropa que participó en la masacre de Tlatlaya, el 30 de junio de 2014.

De acuerdo con ese documento, la orden fue clara para el teniente Rodríguez: “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva, y en el día reducir la actividad, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.

Así ocurrió. La muerte de 22 personas en una bodega abierta de San Pedro Limón, en Tlatlaya, tuvo lugar a las cinco de la mañana, tal y como lo decía la orden que según el Centro Pro fue dirigida desde el Alto Mando; es decir, el general secretario Salvador Cienfuegos.

El general secretario insiste en que se trató de un enfrentamiento y que si en todo caso hubo delitos de la tropa, que se actúe en contra de ellos. De nueva cuenta, como en el sexenio pasado, ningún mando es responsable a pesar de que ellos dan las órdenes.


Los generales mexicanos han ordenado a sus soldados salir a las calles a abatir, en la lógica del enemigo interno. La ejecución sumaria en Tlatlaya se le salió de las manos al Ejército. ¿Cuántas más han ocurrido en cumplimiento de esas órdenes?

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

Hallan dos cuerpos colgados y mueren tres en balacera en Michoacán

MÉXICO, D.F: Un viernes violento vivieron los michoacanos, luego de registrarse un enfrentamiento entre presuntos sicarios y fuerzas federales en la zona conurbada Jacona-Zamora, con un saldo de tres muertos –dos civiles y un policía—, y del hallazgo de dos cuerpos colgados de un puente sobre la autopista de Occidente.

El primer incidente se registró a las 10:30 horas frente a las instalaciones de la empresa refresquera Coca Cola. De acuerdo con reportes policiales, agentes federales le marcaron el alto a un auto Corola dorado al percatarse de los hombres que viajaban en él iban armados.

Los tripulantes de la unidad hicieron caso omiso y dispararon contra los uniformados, dando muerte a uno de ellos, cuyo cuerpo quedó tirado al lado de una camioneta Yucón.

En la refriega, los uniformados abatieron a dos de los presuntos delincuentes y detuvieron a otros dos.

Previamente, la policía encontró dos cuerpos colgados de un puente sobre la autopista de Occidente, en el tramo Maravatío-Morelia.

Paramédicos que acudieron al lugar de los hechos confirmaron que se trataba de dos hombres, amarrados de pies y manos y cuya identidad aún se desconoce.


Elementos de diversas corporaciones de seguridad resguardaron el área hasta que se presentara al lugar el agente del Ministerio Público que dio fe de los hechos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Vuelve a suspender la SEP evaluación docente en Oaxaca, Michoacán y parte de Chiapas

México, D.F: Por falta de condiciones para su aplicación, luego de que el magisterio disidente anunció que impedirán por todos los medios que la prueba se lleve a cabo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que se suspenderá la evaluación docente para nivel medio superior en Oaxaca, Michoacán y parte de Chiapas.

En conferencia de prensa, Ramiro Álvarez Retana, coordinador nacional del Servicio Profesional Docente, precisó que este sábado, domingo y lunes no se realizará el examen magisterial en esas entidades, pero sí en el resto del país, para concursar en la promoción de 6 mil 487 cargos a director, supervisor y asesores técnicos pedagógicos en el nivel medio superior.

Detalló que en Oaxaca no participarán 867 profesores, mil 26 en Michoacán y 4 mil 129 en Chiapas, sin embargo, subrayó, lo harán en una segunda etapa, en fecha aún por determinar.

“Líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han dicho que impedirán por todos los medios la aplicación de estas evaluaciones y tenemos como propósito fundamental garantizar las condiciones de todos los participantes del proceso”, justificó Álvarez Retana.

Asimismo, informó que de los 46 mil 783 mil registrados, 52.3% son mujeres y 47.7% hombres, y para el proceso de evaluación se utilizarán 24 mil 383 equipos de cómputo

El pasado 8 de junio, un día después de las elecciones intermedias, el titular de la SEP, Emilio Chuayffet, anunció que finalmente el proceso de evaluación a los maestros de educación básica y media superior sí iba, en los términos y fechas que ya estaban marcados por la ley.

El exgobernador del Estado de México dijo aquel día que la comunicación oficial del pasado 29 de mayo, en el que se señalaba que se suspendían indefinidamente las fechas de aplicación de la evaluación, se debió a que en ese momento algunos gobiernos estatales no contaban con las sedes, las computadoras y la conectividad necesaria para realizar los exámenes. Esos problemas técnicos ya fueron resueltos, afirmó entonces.

Según Chuayfett, el término “suspender” utilizado en el boletín oficial significaba “detener o diferir, de ninguna manera cancelar o dar por cancelada, como algunos pensaron”.


Incluso insistió que la evaluación a los maestros “no se cancela, porque sin ella no hay reforma educativa”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Matan a locutor

Un conductor de radio fue asesinado ayer en Oaxaca, el segundo periodista muerto en una semana en el país.


Los ataques a los comunicadores en México no cesan.

Un locutor de radio fue asesinado ayer en Oaxaca, el segundo informador muerto en una semana en el país.

El periodista Filadelfo Sánchez Sarmiento trabajaba en la ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la sierra sur del estado de Oaxaca. La emisora que difundía su trabajo era La Favorita. La Voz de la Sierra Sur.

“Los primeros datos recabados señalan que la víctima salía alrededor de las 9:30 A.M del espacio informativo que conducía en la estación local para la que trabajaba, cuando fue interceptado y atacado a tiros por dos personas que lo privaron de la vida”, afirmó la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca en un comunicado.

El 26 de junio, Gerardo Nieto, director del semanario local El Tábano, murió de una puñalada en el cuello en la localidad de Comonfort, en el centro del país.

Número desconocido

Las cifras sobre muertes y ataques a periodistas en México varían según el organismo que analice los datos. Por ejemplo, el Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Estados Unidos, considera que más de 50 de ellos han sido asesinados o desaparecidos en el país desde 2007.


ARTICLE 19, un organismo defensor de los derechos humanos, ha registrado 85 homicidios de comunicadores en posible relación con su labor informativa desde 2000, un dato que no puede confirmarse de manera oficial ni de forma independiente.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

El ‘gabinetazo’ de Mancera

El jefe de Gobierno del DF pone bajo lupa a sus colaboradores. Les pide su renuncia para evaluar quién es ratificado de acuerdo a su desempeño y compromiso con la ciudadanía.

Muy de mañana, apenas terminó la reunión del gabinete de justicia, algunos recibieron la sorpresa, “el jefe de Gobierno está solicitando la renuncia de todos los del gabinete”, les habría dicho a algunos Luis Serna, el particular de Miguel Ángel Mancera. 

Al cabo de unas horas, los 22 miembros del gabinete legal, la habían firmado. La versión oficial es que serán evaluados para decidir quiénes son ratificados en sus puestos.

La noticia corrió como pólvora. ¿Era para todos o sólo para algunos?, se preguntaban los primeros secretarios que enfrentaron esta decisión, entre ellos Rufino H. León Tovar, de la Secretaría de Movilidad.

Al igual que Hiram Almeida, de Seguridad Pública; José Ramón Amieva, de la Consejería Jurídica y Servicios Legales; Héctor Serrano, de Gobierno, y Fausto Lugo, de Protección Civil, quienes asistieron a la reunión de seguridad.

Todos acudieron a la reunión de seguridad del gabinete, con excepción del procurador de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, quien se ausentó ayer.

La renuncia está fechada como último día de trabajo el 15 de julio próximo, por lo que de hacerse efectivas, el día 16 tendrían que realizar la entrega formal los integrantes del gabinete que no pasen la evaluación al desempeño.

En primera instancia se sabe que se les pidió a los 22 integrantes del gabinete legal del Gobierno del Distrito Federal, aunque más tarde se especuló si la medida se extendió a todos los integrantes del gabinete ampliado y organismos descentralizados que se integra por 40 funcionarios más.

Lo cierto es que en el caso de la Central de Abasto (CEDA) que dirige Julio Serna, uno de los dos hermanos, amigos cercanos al jefe de Gobierno, también se le pidió la renuncia en los mismos términos que al resto del equipo.

La misma medida aplicó para Joel Ortega Cuevas, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), quien también formó parte de la renuncias generalizadas que fueron solicitadas desde ayer, algunas de manera personal por Luis Serna, el secretario particular del jefe de Gobierno; otras, en grupos.

Al transcurrir el día se llevaron a cabo múltiples reuniones interdependencias para tratar temas relacionados con programas en marcha, y la noticia comenzó a correr entre los funcionarios públicos de diferentes niveles de la administración local.

Más tarde, cuando muchos ya habían firmado el documento, comenzaron a bromear entre secretarios respecto a quién firmó y puso su huella en el documento.

“Yo sólo firmé”, comentaron algunos.

“Pues regrese a su casilla a que le entinten el dedo”, respondían otros en un intento por asimilar la noticia.

Mientras, se desataba una ola de especulaciones respecto a quiénes regresarían a su puesto y quiénes tendrían que ir preparando sus actas de entrega ante la Contraloría General del DF.

“Ya se veían venir”, expresan algunos de los servidores públicos consultados por Reporte Indigo.

“Es parte de los cambios de gabinete de mitad de sexenio que aplican todos los gobernantes para hacer un balance de quiénes han cumplido con la misión que se les encomendó y quiénes no”, refiere uno de los titulares, quien para evitar la polémica prefiere omitir su nombre.

Sobre todo después de que hace algunos días, Morena, el partido que relevó al PRD en fuerza en el Distrito Federal, exigió la renuncia de Héctor Serrano Cortés de la Secretaría de Gobierno al señalarlo de encabezar la guerra sucia en las pasadas elecciones.

A esa petición se sumó a la que desde el Senado hicieron Miguel Barbosa y Armando Ríos Piter, quienes también le solicitaron a Mancera remover a Héctor Serrano y a Joel Ortega.

Otros expresaron que es una decisión grave, apresurada, de Miguel Ángel Mancera, un arma de doble filo con la que corre el riesgo de meter al Distrito Federal en una crisis de gobierno.

Al estilo Bachelet

No faltó un secretario que comentó, mitad broma y mitad preocupado, que el jefe de Gobierno les aplicó el “bacheletazo”.

Se referían a la medida que aplicó la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien en mayo pasado, en medio de una crisis política en su país, pidió la renuncia a todos los integrantes del gabinete.

La medida fue noticia internacional, pues la presidenta soltó la información en un programa de televisión informal a través del famoso presentador “Don Francisco”.

Ahí la presidenta de Chile dijo que se tomaría 72 horas para tomar decisiones de quiénes se quedarían y quiénes dejarían de ser parte de su gabinete.

La mandataria de aquel país dijo que tomó la decisión después de haber cometido “errores importantes” en el manejo de casos de corrupción.

Mancera, igual que Bachelet, tiene cuentas pendientes: el costo de haber perdido ocho de las 16 delegaciones del PRD bajo su gobierno y la operación de Héctor Serrano; los actos de corrupción denunciados en la Secretaría de Obras.

Además del interminable conflicto con ICA, Carso, Alstom y CAF por la Línea 12, y más. Antes del 16 de julio se sabrá quién se baja del barco.

En proceso de evaluación

Miguel Ángel Mancera Espinosa dirigió ayer por la tarde un breve mensaje para confirmar que solicitó la renuncia a todo el gabinete legal y a algunos del ampliado.

“He pedido la renuncia a todos los integrantes del gabinete a fin de proceder a un proceso de evaluación. 

“Como siempre lo he reiterado, todo mi gobierno se encuentra en evaluación, y el día de hoy he solicitado estas renuncias a fin de analizar, evaluar el funcionamiento del gobierno”, dijo.


Mancera Espinosa, quien se encuentra justo a la mitad de su sexenio, se comprometió a tener los resultados de dicha evaluación a sus funcionarios antes de septiembre, cuando presente su tercer informe de Gobierno, al que quiere llegar con buenos resultados.

“Haré yo personalmente este análisis en todas y cada una de las áreas que están involucradas en el gabinete y algunas abarcarán de manera particular al gabinete ampliado”, explicó el mandatario.

Habló de que los colaboradores que ayer firmaron la renuncia con fecha 15 de julio, serán sometidos a una evaluación de sus tareas: “sobre todo con la ciudadanía”. 


El mensaje duró escasos tres minutos y no aceptó preguntas.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

Mancera pide modificar el Hoy No Circula sabatino

MÉXICO, D.F: A un año de su puesta en marcha, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, solicitó modificar el Programa Hoy No Circula sabatino.

El consejero jurídico José Ramón Amieva, y la secretaria de Medio Ambiente, Tanya Müller, anunciaron esta mañana que, por orden del mandatario local, propondrán a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAM) la modificación del programa a partir del segundo semestre del año para que cuando se verifique el automóvil, el único criterio que se tome en cuenta en la obtención de la calcomanía sea la cantidad de emisiones contaminantes y no el modelo de la unidad.

Amieva aclaró que la medida surtirá efecto sólo hasta después de que la CAM apruebe el criterio propuesto por el GDF y se aplique en Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el estado de Mexico.

Añadió que el programa Hoy No Circula de lunes a viernes sigue su aplicación sin cambio alguno.

La decisión del GDF se da luego de que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los propietarios de vehículos particulares de modelos anteriores a 2007 podrán acceder, vía juicio de amparo, al holograma cero, siempre y cuando no excedan el límite de emisiones contaminantes.

En su agenda partidista, Morena planta la cancelación del Hoy No Circula sabatino.


La decisión de implementar este programa vehicular fue una de las decisiones de gobierno que más debilitó el apoyo de los habitantes del Distrito Federal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

Sin investigar al Ejército, no habrá justicia en los casos Ayotzinapa y Tlatlaya: HRW

MÉXICO, D.F: Los casos Tlatlaya y Ayotzinapa son reflejo fiel de la “profunda crisis de derechos humanos” que enfrenta México, afirmó el director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

Además, subrayó, el gobierno federal y el Ejército mismo deben demostrar un “genuino interés” por resolver ambos casos, a los que definió como emblemáticos.

Sin la voluntad y una investigación realmente seria al Ejército mexicano y a los miembros de la milicia, señalados por participar en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, dichos casos no estarán claros, apuntó.

En una entrevista con el diario digital ‘SinEmbargo’, Vivanco consideró que a un año de la masacre de Tlatlaya, en el Estado de México, el pendiente más importante es la justicia y resultados concretos sobre la posible ejecución extrajudicial de 22 personas que, según el último informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), surgió de una orden al teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien el 30 de junio del año pasado mandó “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

“El caso Tlatlaya es un gravísimo ejemplo de un problema mayor, y lamentablemente no se trata solamente de denuncias de ejecuciones, pues según expertos internacionales, las fuerzas de seguridad mexicanas están implicadas también en desapariciones y en casos de tortura. Esta crisis se manifiesta, a su vez, en una preocupante desconfianza en las instituciones judiciales, que no han logrado combatir la impunidad que rodea a estos graves abusos”, expuso.

De igual manera, destacó que aunque hay evidencia de la ejecución de 12 personas, algunos soldados sólo fueron acusados por la muerte de ocho.

“Además, los abusos que sufrieron las tres mujeres que presenciaron los hechos en manos de autoridades del Ministerio Público estatal, para que no contaran lo que vieron, también siguen impunes. En el mismo sentido, aunque la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) sostuvo que hubo encubrimiento por parte de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), esa línea de investigación sigue sin llegar a resultados concretos que se hayan hecho públicos”.

El pasado 29 de junio, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), coadyuvante en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa), reveló en su cuarto informe de actividades que luego de tres meses de espera, el gobierno federal mantiene en vilo la petición de entrevistarse con integrantes del 27 Batallón de Infantería, con destacamento en Iguala, Guerrero, lugar donde se vio a los jóvenes por última vez.

Ángela Buitrago, experta del GIEI, señaló que el 28 de junio el Estado les informó que “aún analizaban la solicitud”.

“El GEI ve con preocupación esta demora, porque limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y en la búsqueda”, sostuvo.

Por su parte, Vidulfo Rosales Sierra, activista del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y abogado del caso, consideró que la renuencia del gobierno a permitir las entrevistas sólo genera más sospechas sobre su implicación en la desaparición de los estudiantes.

El abogado indicó que el gobierno pretende “presentar al Ejército como una institución inmaculada, salvadora de la patria y que jamás ha cometido actos violatorios de los derechos humanos”.


“Pero vemos el caso Tlatlaya y la guerra sucia que ilustran otra circunstancia muy distinta. Entre mayor sea la negativa de gobierno de que los padres de los estudiantes revisen los cuarteles y para que los expertos se entrevisten con los militantes, en medio de esta opacidad, arrogancia y autoritarismo, se acrecientan las sospechas de que participaron en la desaparición el 26 de septiembre”, apuntó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Abre PGR vía para la liberación de Mireles

MÉXICO, D.F: Después de una reunión con Virginia Mireles, hermana del exlíder de las autodefensas michoacanas, José Manuel Mireles, la procuradora general de la República, Arely Gómez González, informó del desistimiento del recurso de revisión del caso.

De esta manera, pone en manos del juez de distrito la posibilidad de dejarlo libre junto con sus tres escoltas detenidos el 27 de junio del año pasado acusados de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

Al concluir la reunión de la hermana de Mireles con la funcionaria, mediante un comunicado la PGR informó que a partir del análisis y valoración de las diligencias ministeriales y de las actuaciones y resoluciones judiciales dictadas en el caso de José Manuel Mireles Valverde y coacusados, tomó la decisión de desistirse del recurso de revisión interpuesto por el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito al Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, en el juicio de amparo indirecto 52/2014.

Con esta decisión queda en manos del Juez de Distrito que instruye la causa radicada en Uruapan, Michoacán, dictar una nueva resolución de término constitucional, conforme se determinó en el amparo para efectos concedido a los quejosos.

Señala el comunicado que la procuradora Arely Gómez González, manifestó a Virginia Mireles Valverde, “que el Ministerio Público es una institución de buena fe, en su función de órgano investigador de los delitos del órgano de investigación y persecución de los delitos del orden federal”.

Este anuncio fue tomado por familiares y simpatizantes de Mireles como una señal de su pronta liberación.

La semana pasada la hermana del exlíder de las autodefensas en Michoacán realizó un ayuno de tres días exigiendo el traslado a un penal cercano a la familia y la pronta intervención quirúrgica del doctor de Tepalcatepec que sufre de una lesión en la columna vertebral.


Los abogados de Mireles habían interpuesto un amparo solicitando precisamente el traslado y la revisión de las pruebas a cargo del juez quinto radicado en la ciudad de Uruapan.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.

Urge AI investigar orden de abatir en Tlatlaya

México, D.F. Amnistía Internacional (AI) urgió al gobierno mexicano a a investigar de manera independiente y a fondo por parte de las autoridades civiles, sobre si  la orden militar del 102 Batallón de Infantería para “abatir criminales en la oscuridad”, pudo haber provocado la masacre de Tlatlaya.

“En el contexto de este caso, el termino abatir significa matar. Abundantes documentos militares usan el término con este preciso sentido… Por lo tanto, hay bases razonables para inferir que la instrucción militar mencionada alienta las ejecuciones extrajudiciales”, consideró AI.

Ericka Guevara-Rosas, directora para las Américas del organismo internacional, señaló que “la orden militar ha salido a la luz en medio de la más grave crisis de derechos humanos en la historia reciente de México, que ha resultado en miles de personas muertas o desaparecidas”.

Por ello, señaló que es fundamental que el presidente Enrique Peña Nieto públicamente condene esta acción y “haga un compromiso público con los derechos humanos por la vía de ordenar una inmediata investigación independiente y a fondo por las autoridades civiles, en la manera en que las fuerzas armadas están implementando las políticas de seguridad del gobierno”.

Amnistía Internacional afirmó que las investigaciones debe incluir a los mandos militares “u otros con responsabilidad -mismas- que sabían o debían haber sabido que las fuerzas militares estaban cometiendo o estaban a punto de cometer esos crímenes y que no tomaron medidas para prevenirlo o impedirlo ni para someter el asunto ante las autoridades civiles competentes para su investigación y enjuiciamiento”.

Resaltó que por años, ha documentado otros casos en donde las fuerzas armadas de México se involucraron en ejecuciones extrajudiciales de civiles, desapariciones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias, crímenes de violencia sexual y otros crímenes contemplados por las leyes internacionales y los derechos humanos.

“El gobierno mexicano lo mismo ha negado cualquier involucramiento en esos crímenes que ha optado por describirlos como casos aislados, llevados a cabo por individuos actuando por sí mismos”.

Sin embargo, la reciente revelación “arroja serias dudas sobre esta argumentación y debe obligar a las autoridades civiles a lanzar una seria investigación sobre las estrategias, acciones y políticas  militares”.

Además, sostuvo, el gobierno mexicano debe garantizar que cualquier otra orden similar vigente sea cancelada y “debe detener inmediatamente las funciones policiacas que está llevando a cabo el Ejército, como detenciones, investigaciones e interrogatorios”.

El 11 de junio de 2014, el 102 Batallón de Infantería emitió una orden militar que dice: “Las tropas deben operar primordialmente durante la noche y reducir su actividad durante el día, para abatir criminales en la oscuridad, ya que la mayoría de los crímenes suceden a esas horas”.


Esta orden, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales, fue la base para la operación de unidades militares en el área específica de Tlatlaya cuando la matanza ocurrió. Después de la operación del 30 de junio, los soldados reportaron que habían “abatido” a 22 criminales.

FUENTE: LA JORNADA/Dpa.

Profundiza el peso su caída frente al dólar

dolar.jpgMéxico, DF. La moneda mexicana se depreció 0.31% este viernes al cerrar en 16,05 pesos por dólar frente a los 16.00 del jueves, según el banco privado Banamex.

En la categoría interbancaria (operaciones de 48 horas al por mayor) la moneda también perdió valor al cerrar en 15.73 unidades por dólar contra las 15.68 de la jornada anterior.


En el balance semanal el peso mexicano perdió 0.5%, dado que el viernes pasado cerró en 15.97 por dólar.

FUENTE: LA JORNADA/AFP.

Activistas irrumpen en Consejo de París y protestan por visita de Peña

MÉXICO, D.F: Opositores a la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Francia como invitado de honor a la fiesta nacional, que se celebrará el martes 14, interrumpieron brevemente una sesión del Consejo de París.


“La ciudad de París se prepara para recibir al presidente mexicano Enrique Peña Nieto ¡Este hombre es un criminal! ¡Es una vergüenza para París y para Francia!”, explicó un hombre, al recordar que “hace nueve meses 43 estudiantes fueron secuestrados, fueron víctimas de una desaparición forzada”.

La intervención del hombre provocó sorpresa en la sala y la irritación de la moderadora, quien lo interrumpió con un “¡Bien! Gracias, por su intervención”.

“¡No pueden ser cómplices!”, secundaron otros activistas.

A partir de abril de 2014 y tras la visita oficial del presidente galo François Hollande a México, las relaciones diplomáticas entre ambas naciones se estrecharon nuevamente y dejaron atrás la crisis que instaló el caso Florence Cassez entre Felipe Calderón y Nicolas Sarkozy.

Hollande condecoró entonces a Peña Nieto con la Legión de Honor y le pidió asistir como invitado especial a la conmemoración de la Toma de la Bastilla el 14 de julio de 2015. Enseguida los dos mandatarios firmaron una treintena de acuerdos comerciales bilaterales.


En mayo pasado, el Colectivo París-Ayotzinapa publicó una petición en la plataforma ciudadana en línea change.org en la que solicitó a Hollande que cancelara la invitación a su homólogo mexicano, debido a la crisis de derechos humanos que sacude al país que gobierna el priista Enrique Peña Nieto.



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Tlatlaya: alto mando ordenó “abatir delincuentes en horas de oscuridad”

MÉXICO, D.F: Al cumplirse un año de la matanza en Tlatlaya, Estado de México, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) dio a conocer un informe en el que se desprende que los militares responsables de los hechos llevaban órdenes del “alto mando” de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

En su calidad de representantes de Clara Gómez González, una de las tres sobrevivientes de la masacre, abogados del Centro Prodh presentaron el informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, en el que se incluye un documento interno de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dirigido al teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, uno de los implicados en el caso, en el que se le ordena que “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva, y en el día reducir la actividad, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comenten en ese horario”.

Acompañados por miembros de organizaciones de derechos humanos, Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh, y los abogados Santiago Aguirre y Araceli Olivos Portugal, solicitaron formalmente a la PGR llame a declarar al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda; al comandante de la I Región Militar, Jaime Godínez Ruiz; a los comandantes de la 22 Zona Militar, José Luis Sánchez León y al adscrito Francisco Ortega Luna, así como al responsable del 102 Batallón de Infantería, Raúl Castro Aparicio, y al teniente al mando del personal de tropa que participó en los hechos, Ezequiel Rodríguez Martínez.

Al recordar que la PGR sigue un proceso penal contra siete militares por el homicidio de ocho personas, luego de que la CNDH documentó que entre 12 y 15 personas fueron víctimas de ejecución extrajudicial, de las 22 las fallecidas, Patrón Sánchez también exigió al ombudsman Luis Raúl González Pérez a “no dar por cumplida la recomendación 51/2014, en tanto la PGR no realice nuevas diligencias para determinar el número exacto de las víctimas”.

Luego de informar que el documento fue enviado a la Relatoría de Ejecuciones Arbitrarias de la ONU, a la CIDH y a la Corte Penal Internacional (CPI), el director del Centro Prodh puntualizó que los altos mandos del Ejército deberán explicar las instrucciones de realizar operativos para “abatir” personas, orden que “incita a privar arbitrariamente de la vida a civiles y a cometer graves violaciones a derechos humanos”.

El documento en cuestión fue obtenido por el Centro Prodh a través de un amparo contra la negativa del Juzgado VI Militar a dar acceso a su representada al expediente de la causa penal 33872014 que se sigue también a los soldados por faltas a la disciplina castrense.

El documento fechado el 11 de junio en el Campo Milita 22-D, de San Miguel Ixtapan, Estado de México, da “disposiciones giradas por el propio alto mando” de realizar actividades en “horario nocturno” y que, “basándose en un profundo trabajo de inteligencia”, los operativos “se planearán y ejecutarán en horas de oscuridad sobre objetivos específicos”.

En el punto VII del documento, se indica que “las tropas deberán operar de noche en forma masiva –y en el día reducir la actividad– a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.

Santiago Aguirre resaltó que además de la explicación que deben dar los altos mandos por ese tipo de instrucción y de aclarar el número de personas ejecutadas extrajudicialmente, ya que en el caso de la hija de Clara Gómez, Ericka, de 15 años, la dependencia consideró que su muerte se debió al fuego cruzado, aunque hay serias dudas de que haya ocurrido así.

“En el cuerpo de Ericka se encontró alojada una bala que corresponde al mismo calibre con el que se ejecutó a quien la CNDH identificó como V17 y que en vida llevó el nombre de Jorge González, además de que hay indicios de que el cuerpo de Ericka fue movido del lugar donde murió”, apuntó el abogado.

Araceli Olivos señaló que por las consideraciones de la CNDH y la PGR es que Clara Gómez no ha sido considerada como víctima ni como parte del juicio que se sigue a los soldados en la PGR, ni mucho menos ante la Procuraduría General de Justicia Militar.

“Lo que estamos viendo es que hay una invasión del fuero militar en un caso que tendría que ser llevado en su totalidad en el fuero civil, pues se trata violaciones graves a los derechos humanos, y cabe señalar que el MP militar realizó periciales que nada tienen que ver con la disciplina castrense”, sostuvo la abogada.

Olivos criticó que desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se hayan difundido montos económicos que supuestamente se han pagado a las víctimas del caso Tlatlaya, lo que ha puesto en riesgo a Clara Gómez y su familia, que viven “en una región de extrema violencia como lo es la de Tierra Caliente”.

En marzo pasado Jaime Rochín, presidente de la CEAV, aseguró que las víctimas por el caso Tlatlaya cobrarían un millón de pesos, y que se había registrado a 50 posibles beneficiarios.

Al exigir justicia para su hija Ericka Gómez y una explicación de “por qué la ejecutaron”, Clara desmintió haber recibido recursos públicos como parte de la reparación del daño, como se publicado, lo que la ha puesto en riesgo de secuestro o asesinato.

La mujer etiquetada como “Julia” en las indagatorias declaró que siempre ha dicho la verdad, que no cambió su declaración como también aseguró el exprocurador Jesús Murillo Karam, y que vive con miedo por haber enfrentado a los militares, pero que ello era necesario debido a que no era la primera vez que cometían abusos en la región.

“Quiero que se haga justicia –insistió– porque ejecutaron a mi hija menor de edad Ericka Gómez (…) lo que hicieron con mi hija no tienen perdón de Dios, y quiero que se castigue a los responsables, a los de Toluca (policías mexiquenses) y a los militares; que no queden impunes como siempre han quedado, porque tenemos miedo a hablar, a que te hagan algo los militares, pues no es la primera vez que se cometen errores en Arcelia, en San Pedro, siempre han cometido cualquier estupidez, siempre lo han hecho injustamente.

“He roto el silencio, me siento fuerte y con la frente en alto, voy a ir con todo y a lo que venga, pues quiero que se castigue a los responsables”, puntualizó Clara Gómez luego de responsabilizar al gobierno federal de su seguridad y de incumplir a cabalidad con las medidas cautelares de las que es beneficiaria desde octubre pasado por indicaciones de la CIDH.

Sobre las órdenes de aprehensión contra siete policías ministeriales del Estado de México que habrían intervenido en las torturas de las tres sobrevivientes, Santiago Aguirre sostuvo que hasta ahora como representantes de Clara no han sido notificados de esas acciones.

Sin embargo, recordó que la recomendación de la CNDH no sólo incluía como responsables de tortura y malos tratos a los policías ministeriales, sino a otros funcionarios que podrían ser sancionados penal y administrativamente, entre ellos personal pericial del Estado de México, así como quienes encubrieron los hechos de Tlatlaya, “a partir de supeditación y subordinación de autoridad civil sobre militar”.

Aguirre agregó que para que haya un avance en el cumplimiento de la recomendación de la CNDH también es necesaria una “disculpa pública del gobernador Eruviel Ávila, tras sus declaraciones en los días posteriores inmediatos a los hechos de Tlatlaya; “cuando reconozca que equivocó, que encubrió al Ejército y la totalidad de los funcionarios sean sancionados, podrá hablarse de un avance en la reparación”.


En la presentación del reporte estuvieron presentes Ernesto López Portillo, del Instituto de Seguridad y Democracia; Darío Ramírez, de Artículo 19; Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; José Antonio Guevara Bermúdez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Aidé Pérez, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Asesinan a tiros a locutor en Oaxaca

OAXACA, Oax: El locutor de la Radio La Favorita, Filadelfo Sánchez Sarmiento, fue asesinado hoy en Miahuatlán de Porfirio Díaz, al ser interceptado por dos personas que lo esperaban al salir de su espacio informativo, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado.

De acuerdo con los primeros datos recabados, los hechos ocurrieron alrededor de las 09:30 horas, cuando el locutor salía de su oficina y fue interceptado y atacado a tiros por dos personas.

Por lo anterior, el gobernador Gabino Cué ordenó al procurador, Joaquín Carrillo Ruiz, se realice una investigación diligente para ubicar y detener a los homicidas de locutor Sánchez Sarmiento, en Miahuatlán, municipio ubicado en la Sierra Sur.

El subprocurador de la Zona Norte, Jorge Aquino Reyes y el Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Jaciel Vásquez Castro, se trasladaron a la calle Margarita Maza de Juárez, en la Colonia San Francisco, perteneciente a Miahuatlán, lugar donde ya se encontraban peritos especialistas y el representante social para resguardar el perímetro.


Para ello, instauraron un inmediato operativo de búsqueda en la zona, calles y carreteras que cruzan esta municipalidad que corresponde a la Sierra Sur del Estado de Oaxaca.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.