WASHINGTON. El Departamento de Justicia de Estados Unidos detectó desde 2008 que el entonces gobernador de Tamaulipas, el priista Eugenio Hernández Flores, lavaba el dinero que le daba el Cártel del Golfo a cambio de que le permitiera seguir con sus negocios ilícitos en el estado.
Acusado junto con su cuñado, Óscar Gómez Guerra, de los cargos federales de lavado de dinero e incitación de transferencias financieras ilícitas, a Hernández el gobierno de Barack Obama le achaca beneficios económicos procedentes del narcotráfico por unos 30 millones de dólares.
El encauzamiento judicial C-14-178-S –fechado el pasado 27 de mayo y dado a conocer la noche del jueves 18 por la Corte Federal del Distrito Sur, en Texas– sostiene que el exgobernador y el esposo de su hermana, con “conocimiento de las ilegalidades”, comenzaron a lavar dinero y a realizar transacciones financieras ilegales a partir del 1 de enero de 2008.
Los acusados “realizaron transacciones que involucraron ganancias específicas procedentes de actividades criminales. Llevaron a cabo transferencias ilegales de dinero procedente de negocios ilícitos aun sabiendo el origen de todo ello”, se destaca en el encauzamiento contra el exgobernador.
El expediente criminal elaborado por el Departamento de Justicia –que encargó el caso al fiscal federal Kenneth Magidson– acota que Hernández Flores y su socio cometieron estos delitos de lavado de dinero “con todo el conocimiento de causa para encubrir el lugar donde llevaban a cabo las operaciones, y la identidad de los dueños del dinero (procedente del narcotráfico)”.
Respecto al cargo de incitación de transacciones financieras ilícitas, la acusación criminal sostiene que Hernández Flores y Gómez Guerra, “con conocimiento de causa”, facilitaron las operaciones financieras internacionales e interestatales para ocultar fondos que carecían de la documentación necesaria para justificar su procedencia, amén de que nunca presentaron las licencias bancarias necesarias para las transacciones.
“Todo el dinero –unos 30 millones de dólares– que recibieron y manejaron el exgobernador y su cuñado, les fue entregado por operadores del Cártel del Golfo”, explica la fiscalía federal a Proceso vía correo electrónico.
“El dinero lo recibía Hernández Flores como pago por permitir que el Cártel del Golfo operara con toda libertad en Tamaulipas para llevar a cabo sus actividades de tráfico de drogas, secuestros, venta de contrabando y tráfico de personas a Estados Unidos”, precisa el correo electrónico de la fiscalía federal.
Sobre el dinero
El gobierno de Obama –que además solicitó a la Corte Federal en Corpus Christi, Texas, mantener sellado el encauzamiento con la cronología de los delitos cometidos, las fechas y montos exactos de dinero, hasta que Hernández Flores y Gómez Guerra sean capturados– promete que les quitará a los acusados los 30 millones de dólares que recibieron por permitir la comisión de delitos en Tamaulipas.
Por lo pronto la fiscalía federal, con autorización de la Corte, ya le confiscó a Hernández Flores cuatro propiedades: tres en McAllen (por unos 2 millones de dólares) y otra en Austin, ambas en Texas.
Las propiedades confiscadas en McAllen a Hernández Flores están en el 4416 de la South H Street (ocupa dos lotes), en el 801 de la E. Francisca Avenue y la tercera en el 505 E. Uphall, que comprende lote y medio. El inmueble de Austin está en el 2001 de la calle Cueva de Oro.
En relación con el Cártel del Golfo y con Los Zetas (en menor escala, según la fiscalía texana), Hernández Flores consiguió beneficios por unos 30 millones de dólares, que el Departamento de Justicia promete arrebatarle.
Pero el encauzamiento admite que el exgobernador y su cuñado: “Han transferido y vendido propiedades a terceros, depositado dinero en cuentas bancarias a nombre de otras personas, cuentan con dinero e inmuebles en puntos fuera del alcance de la jurisdicción estadunidense y adquirieron propiedades en sociedad con otros, lo cual dificulta el decomiso”.
El pasado 17 de mayo y después de recibir de manera formal, de parte del gobierno de Obama, la acusación criminal contra Hernández Flores y su cuñado, la juez B. Janice Ellington firmó la orden de aprehensión contra el exgobernador y su cuñado.
El gobierno estadunidense distribuyó en todas las oficinas postales del país la notificación de que hay una recompensa (no se dijo de cuánto) para quien dé información que lleve a localizar a Hernández Flores y Gómez Guerra.
En los volantes con la leyenda “se buscan”, la fiscalía pide que quien tenga información sobre la ubicación de Hernández Flores y Gómez Guerra lo notifique a la Administración Antidrogas (DEA) al teléfono 713-693-3000.
“Es un caso relevante sobre narcotráfico y corrupción gubernamental (en México); tenemos muchas evidencias para sustentar las acusaciones contra Hernández Flores y Gómez Guerra. Por ello esperamos la colaboración de las autoridades mexicanas para localizarlos y llevarlos ante la justicia”, dice uno de los correos electrónicos de la fiscalía federal a este semanario.
De ser declararos culpables, Hernández y su cuñado podrían ser sentenciados a 20 años de cárcel y a pagar una multa de medio millón de dólares, por el delito de lavado de dinero; y a cinco años de prisión y a pagar 250 mil dólares, por el delito de incitación de transacciones financieras ilícitas.
