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Riña en Reclusorio Sur deja un muerto y tres heridos

MÉXICO, D.F: Una riña en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en la que participaron al menos ocho internos, dejó como saldo un muerto y tres heridos con armas punzocortantes.

La trifulca se presentó alrededor de las 11:30 horas. Según los primeros reportes, la pelea se originó en el módulo de seguridad de la prisión, entre dos grupos que tenían rencillas personales. Luego se expandió a otro dormitorio y al patio central.

Integrantes de la Unidad de Reacción e Intervención (URI) del Sistema Penitenciario, dependiente de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, intervinieron para calmar la gresca.

Los internos heridos fueron trasladados a centros de atención médica para su revisión, debido a que presentaban lesiones leves.

Las autoridades penitenciarias descartaron que se tratara de un motín e informaron que la situación está bajo control.


Al lugar llegó personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cierran colonos de Puebla el Periférico Ecológico en demanda de un mejor servicio de transporte

Colonos de La Popular, Coatepec, San Bartolo y Loma Bella de esta capital poblana se hartaron del mal servicio de la ruta de transporte público Bicentenario y cerraron este miércoles la calle 11 Sur, a la altura de Periférico Ecológico.

Los vecinos argumentaron que las unidades pasan cada 30 minutos, lo cual afecta su llegada a tiempo a escuelas y centros de trabajo.

“Esperamos que la autoridad nos escuche, o metan más camiones porque no se dan abasto ante la demanda”, expusieron.

Expusieron que cada vez, desde hace dos meses, pasan menos camiones a raíz de la puesta en marcha de la segunda troncal del metrobús.

Además se quejaron porque una de las opciones era abordar un taxi entre un grupo de personas, a quienes cobraba en promedio 10 o 15 pesos por persona, para sacarlos de la zona.


Sin embargo, expusieron que la autoridad ha multado a los taxistas, cuando es la única manera de trasladarse y llegar a tiempo a sus destinos.

FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE.
LINK: YADIRA LLAVEN ANZURES.

Se empobrece a la UV para hacerla dependiente del gobierno, advierten

Al igual que todas las universidades publicas del país, la Universidad Veracruzana (UV) pasa por el mismo proceso de “empobrecimiento” con el propósito de abrir el camino a la privatización total de la educación superior.

Y una de sus vertientes en este caso es mantenerla bajo la sujeción del estado a fin de hacerla absolutamente dependiente y sin darle la oportunidad de convertirse en una institución autónoma.

Año con año, la institución educativa ve cómo, a pesar de que en teoría hay un aumento en el presupuesto que recibe del gobierno federal y estatal, sus problemas financieros se incrementan; ha sido público que existe un adeudo del gobierno estatal en participaciones que alcanzan los mil 600 millones de pesos y que ha comprometido los planes de expansión y de mejoramiento de la calidad educativa de la institución.

Para intentar paliar esa sobredependencia del gobierno estatal, en los últimos años ha habido intentos porque otorgarle una real autonomía a la institución, sin embargo, estos han quedado en la “congeladora” del Poder Legislativo.

Autonomía, victima de la partidocracia
La iniciativa que plantea el diputado de Movimiento Ciudadano (MC) Cuauhtémoc Pola Estrada para dotar a la UV la facultad de proponer leyes o decretos ante el pleno legislativo se encuentra detenida desde noviembre del año pasado por la decisión de la mayoría priísta.

La rectora Sara Ladrón de Guevara solicitó dos temas centrales al Congreso: recuperar la capacidad de gestión, legislación y que los recursos federales se entreguen directamente a la UV y no a “la licuadora” de la Sefiplan, sin embargo, los legisladores fueron omisos con sus peticiones y ahora las constantes quejas por los adeudos con la planilla universitaria son inevitables.

Apenas ayer académicos e investigadores de distintas facultades realizaron un paro de brazos caídos por el atraso en el pago de dos quincenas por tratarse de coincidir con las vacaciones, así como las prestaciones de servicio médico, gastos funerarios y bonos de productividad.

Al mismo tiempo, la posición de la Universidad con la administración estatal se ha endurecido, pues mediante un comunicado exigió que las agresiones y los incidentes ocurridos con miembros de la UV el pasado 5 de junio se investiguen y se aclaren en términos de ley; no obstante esas tres peticiones continúan pendientes.

En ese sentido, el legislador criticó la falta de voluntad de la Comisión Permanente de Educación para cumplir con la iniciativa de la rectora Sara Ladrón de Guevara para devolverle esa capacidad de legislación que se le quitó, a pesar de ser considerada un órgano constitucional autónomo.

Y es que a la actual administración “no le conviene” que se le otorgue esa potestad, ya que su presupuesto pasa por el filtro de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), “no es una ocurrencia, es una petición para fortalecer su autonomía y su presupuesto”.

Ahora la crisis económica afectó a la magna casa de estudios, ya que se estima que el adeudo asciende a mil 600 millones de pesos, sin embargo Finanzas del estado desconoció “tajantemente” los adeudos de los subsidios federales y estatales de los años 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, administrados por esta dependencia, según la solicitud de transparencia 00291015, obtenida en la plataforma Infomex-Veracruz publicado en La Jornada Veracruz el 1 julio de 2015.

“Se hace de su conocimiento que este ente (sujeto obligado de dar información) desconoce en qué se basa (sic) la afirmación de tal adeudo, habida cuenta que el Gobierno del Estado emite el estado financiero de la Universidad Veracruzana a través de los informes del Gasto Público”, respondió.

Educación superior será privatizada

El futuro de la educación superior no es muy diferente al de la educación básica, que se encuentra en un proceso de privatización en el intento del gobierno de deslindarse de su responsabilidad de garantizar el derecho a la educación pública.

El investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES), Rafael Arias Hernández, advirtió que hay un intento por destruir el estado de bienestar con el ataque sistemático a la educación pública que pretende, entre otras cosas, reducir el presupuesto y privatizar la educación en todos los niveles en el país.

En ese contexto, la iniciativa para darle la completa autonomía de la UV no sólo corre el riesgo de seguir en “la congeladora” sino de que se reduzca su presupuesto, señaló. “Serían todas las universidades públicas, la situación de las finanzas es muy seria y puede afectar a la educación superior, por eso hay que respaldar de que se fortalezca el apoyo a las universidades presupuestariamente”.

En su intento de paralizar el libre pensamiento al recortar el presupuesto de la enseñanza pública, el gobierno promoverá la resistencia civil, pobreza y el desempleo. “En México y Veracruz, además de pobres, hambrientos y sedientos, si no se atiende el aspecto de educación superior, los ninis que “ni estudian ni trabajan” y los nonos que “no les pagan y no tienen para comer” aumentarán”.

Si bien estimó que el adeudo del gobierno estatal asciende a 100 mil millones de pesos, debe cumplir con el Código Financiero en el articulo 313 y que revele cuál es la deuda total con la Universidad y las demás dependencias.

“Es un trabajo del responsable de las finanzas, de la lavandería de la Contraloría y del órgano de simulación superior decir el tamaño del adeudo, pues es inaceptable que se tenga que pagar lo que se desconoce”.


Agregó que la sociedad es la que debe exigir que se transparente en dónde están las finanzas estatales, así como obligar al servidor público que garantice el bienestar, la seguridad y los derechos humanos de los veracruzanos.

FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.

Presenta SCT obras que se licitarán para el nuevo aeropuerto; ascienden a 95 mmdp

MÉXICO, D.F: En medio del escándalo por la filtración de nuevos audios que lo incriminan en el caso OHL, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, presentó un total de 21 paquetes de licitación, con un costo de 95 mil millones de pesos (6 mil millones de dólares), para la realización de obras de infraestructura del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Estos 21 paquetes de licitación se conocerán al detalle en septiembre próximo e incluirán tres etapas: las obras preliminares, las obras de infraestructura principal y la última fase que será la encaminada a la puesta en operación.

En rueda de prensa, al dar a conocer el proyecto de los 21 paquetes de licitación, los funcionarios involucrados admitieron que impulsar el proyecto del nuevo aeropuerto representará un endeudamiento del orden de los 3 mil millones de dólares. Se espera que en septiembre de este año se cierre el crédito de 2 mil millones de dólares (ya existen mil millones de dólares) de tres bancos globales: HSBC, City Bank y JP Morgan.

“La línea de crédito se utilizará y se refinanciará a largo plazo, a través de emitir bonos globales”, explicó Federico Patiño Márquez.

A su vez, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, dejó abierta la posibilidad de que en estas licitaciones participe el Grupo Higa, el mismo consorcio del polémico y frustrado proceso de licitación del tren México-Querétaro que quedó finalmente cancelado.

Ante la pregunta de si participaría este grupo, cuyo dueño es amigo personal del primer mandatario Enrique Peña Nieto, Ruiz Esparza afirmó que “la participación de las empresas mexicanas está sujeta a si están habilitadas o no para participar; las habilitadas podrán participar todas”.

Ruiz Esparza volvió a defender la necesidad de la construcción de este nuevo aeropuerto internacional y afirmó que han establecido negociaciones con los habitantes de San Salvador Atenco y otros municipios aledaños para evitar conflictos.

–¿Está garantizado que no habrá conflictos con los habitantes de Atenco? –se le cuestionó.

-Garantizado es imposible–, admitió Ruiz Esparza.

Indicó que se ha negociado con los habitantes de los municipios aledaños. Esto permitió reorientar las pistas de norte a sur y de sur a norte, para evitar que se requieran expropiaciones en terrenos aledaños.

Sobre el problema hidrológico, el titular de la SCT insistió que se invertirán 20 mil millones de pesos para construir 24 plantas de tratamiento con el objetivo de triplicar la capacidad de almacenamiento de la zona y evitar los problemas de desertificación.

El director del Grupo Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, Manuel Ángel Núñez Soto, afirmó que el valor definitivo se conocerá “una vez que estén concluidos los proyectos ejecutivos”.

Según el exgobernador de Hidalgo, “superará los 95 mil millones de pesos, es decir, hablamos del orden de los 6 mil millones de dólares”.


El valor global de la obra será de 169 mil millones de pesos, que incluyen los 20 mil millones de pesos que se ha invertido en obras hidráulicas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Madre dona riñón a su hija y el Hospital General lo pierde

MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) investiga la extraña desaparición de un riñón en el Hospital General de la Secretaría de Salud de Chihuahua.

El pasado 29 de mayo, Irma Escobedo Chávez se sometió a una intervención quirúrgica en dicho nosocomio, para donar su riñón a su hija Perla, de 14 años de edad, quien sufre de insuficiencia renal de nacimiento.

No obstante, los médicos encargados de la operación decidieron suspender el procedimiento bajo el argumento de que la menor tenía las venas tapadas y su vida corría peligro.

Cuando la madre preguntó por el destino de su órgano, los médicos no pudieron precisar su ubicación, por lo que decidió interponer denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, por presunta negligencia del doctor Mauricio Franco Garrocho.

“Lo único que queremos es que nos digan qué pasó con el riñón. Nadie nos dice nada”, declaró Escobedo Chávez al diario ‘Reforma’.

Supuestamente el órgano habría sido enviado al departamento de piezas quirúrgicas, en el área de patalogía, porque ya no puede ser utilizado, pero Escobedo Chávez afirma que no tiene ninguna certeza de que haya ocurrido así.

En la PGR, la denuncia fue radicada por el presunto delito de lesiones cometidas en ejercicio de una actividad profesional por negligencia.

Por su parte, Adolfo Castro, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, informó que se recibió la queja y están a la espera de la respuesta de la Secretaría de Salud estatal.


En caso de detectar una anomalía, dijo, lo notificarán a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Se empodera Vázquez Aldir; ahora gana concesión para ampliar la Línea 12

MÉXICO, D.F: La construcción de la primera etapa de ampliación de la Línea 12 del Metro, de Mixcoac a Observatorio, estará a cargo del consorcio integrado por las empresas Promotora y Desarrolladora de México (Prodemex) SA de CV; Proacon México SA de CV y Desarrollo de Terracerías SA de CV, informó la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) del Distrito Federal.

La propuesta económica presentada por el consorcio ganador de la licitación asciende a mil 679 millones de pesos. La primera etapa de la obra iniciará la segunda quincena de julio y se prevé que concluya en diciembre de 2016, detalló en un comunicado.

Prodemex es propiedad de Olegario Vázquez Aldir, del Grupo Empresarial Ángeles, quien a principios de año ganó la licitación para operar una nueva cadena de televisión abierta.

Según su página oficial de Internet, Prodemex tiene como principales clientes a las cadenas de Hospitales Ángeles y de Hoteles Camino Real, Grupo Imagen y diario Excélsior, el IMSS y el ISSSTE, los gobierno del DF y del Estado de México, Consejo de la Judicatura Federal y la Diócesis Guadalupana, entre otros.

La empresa destaca su experiencia en construcción de de hoteles, hospitales, clínicas de salud, centros penitenciarios, plantas de tratamiento, conjuntos habitacionales, centros comerciales, estacionamientos, cuarteles y estaciones de policía, puentes y vialidades. Sin embargo, en su haber no menciona obras de transporte o ferroviarias.

En un comunicado emitido esta noche, la Sobse detalló que la primera fase de ampliación consiste en la construcción de 13 lumbreras, un túnel de 3.9 kilómetros de longitud, con 4.5 kilómetros de vías, incluida cola de maniobras, zona de transición y obras inducidas.

Después de la polémica desatada por las irregularidades halladas desde el proyecto y construcción de la Línea 12 en sus primeras 20 estaciones, esta vez la Sobse enfatizó en que “como medida de control de calidad y gastos”, la obra se ejecutará “conforme a un proyecto ejecutivo y un Catálogo de Precios Unitarios”. Ello, añadió, permite “pagar solo los trabajos realizados y garantiza un mayor control en la variación de costos de la obra”.

Incluso, aclaró que para la integración de propuestas, solicitó a los participantes acreditar su experiencia y la del personal que colaborará con ellos en obras de túneles de frente abierto, cimentaciones profundas; así como la certificación de la calidad de materiales, maquinaria y procesos.

Según la Sobse, cuyo titular es Edgar Tungüí Rodríguez, la ampliación de la Línea 12 integrará dos estaciones –Valentín Campa y Álvaro Obregón– y una terminal –Observatorio– y se realizará en tres etapas.

La segunda etapa, explicó, será la de construcción de estaciones, zona de depósito y zona de transición. La tercera incluirá la colocación de la vía y todos sus elementos.

La licitación

La Secretaría de Obras destacó que en la licitación para construir la obra participaron 26 empresas, de las cuales algunas se integraron en consorcios y al final se recibieron 11 propuestas realizadas por 14 compañías.

Enfatizó que la licitación estuvo apegada “en todo momento a la normatividad expresa en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas”. Dicha legislación, agregó, establece un esquema de competencia basado en la acumulación de puntos para obtener porcentajes y así elegir la mejor propuesta.

Para la ampliación de la Línea 12, dijo, el porcentaje de calificación se dividió 50% para la propuesta técnica y 50% para la económica.

Incluso, afirmó que durante el proceso se tomaron en cuenta las opiniones del Testigo Social designado por la Secretaría de la Función Pública y del Contralor Interno de la Sobse “con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso”.

Además, dijo que para eliminar dudas de las empresas y entregar la información necesaria para el diseño de sus propuestas, se contestaron “casi 700 preguntas en siete juntas de aclaraciones”.


Por último, la Sobse aseguró que las empresas que conforman el consorcio ganador “tienen al menos 19 años de experiencia y son expertas en túneles, cimentaciones profundas y excavación”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

‘Debe aplicarse la ley’: Legisladores

Integrantes de la Comisión Especial de la Línea 12 de la Cámara de Diputados el castigo se aplique no solo a funcionarios menores, sino a altos mandos que estén implicados en el caso.

Legisladores federales coincidieron en que la ley debe aplicarse a funcionarios y exfuncionarios de todos los niveles del Gobierno del Distrito Federal (GDF) en el caso de la Línea 12 del Metro.

Integrantes de la Comisión Especial de la Línea 12 de la Cámara de Diputados se pronunciaron porque el castigo se aplique no solo a funcionarios menores, sino a altos mandos del servicio público capitalino.

Abel Guerra, diputado priista e integrante de la extinta Comisión, cuestionó que el alcance de la justicia haya llegado hasta ahora a funcionarios menores.

“Creo que ellos son víctimas de su falta de energía para oponerse a las órdenes superiores que recibían, puesto que ambos expresaron en su momento mediante documentos, que las obras estaban mal, que los trenes eran incompatibles con la infraestructura, que no se estaba haciendo lo adecuado, etcétera.

“Yo supongo que hubo prisa, fundamentalmente del jefe de Gobierno –Marcelo Ebrard- para terminar la obra que estaba siendo utilizada como su obra insignia y quizá para tener un reconocimiento que se entendió mal, pero había perfectamente el conocimiento de que se estaban haciendo mal las cosas”, sentenció Guerra en entrevista.

El legislador lamentó que quien lleve toda la responsabilidad sean los ingenieros que firmaron solo lo que les instruían desde los niveles más altos de gobierno y que ahora sean considerados culpables ante las autoridades.

Fernando Rodríguez Doval, diputado por el PAN y también integrante de la Comisión Especial de la Línea 12, criticó que haya “una gran lentitud” en las investigaciones, lo que ha propiciado que haya personajes que ya estén prófugos.

“El caso más claro es el de Enrique Horcasitas, a quien ya se le giró una orden de aprehensión, pero que no tenemos certeza de que lo puedan detener porque al parecer el señor ya escapó, literalmente”, expuso Rodríguez Doval en entrevista.

El legislador panista aplaudió que se comiencen ya a ver los avances en la investigación de las autoridades, pero pidió que se investigue no solo a funcionarios de la anterior administración capitalina, sino también a los de la actual.

“No nos ha dado motivos el actual Gobierno del DF ni la Procuraduría para tener confianza en sus investigaciones; no nos queda de otra más que esperar lo que ellos vayan a hacer porque son la instancia que tiene la atribución, junto con la PGR en el caso de delitos federales, para hacer estas averiguaciones.

“Pero hasta ahora no ha habido motivos porque más bien pareciera que se utiliza la justicia con fines políticos; pero vamos a estar al pendiente y veremos qué decisiones se toman desde el gobierno capitalino”, expuso.

Rodríguez Doval pidió, empero, que el caso de la Línea 12 no sea utilizado para llevar a cabo una “cacería de brujas” contra ciertos personajes opositores al gobierno en turno.

Piden justicia, no política

Desde el Senado de la República los legisladores federales también se pronunciaron respecto a la aplicación de la ley en el caso de la Línea 12 y pidieron que haya una investigación seria y justicia contra quien resulte responsable.

David Penchyna, senador por el PRI, expuso que la ley se tiene que aplicar a todos los que resulten responsables sin importar el nivel en el que se encuentren.

“Me parece que en la medida que combatamos la impunidad y se castigue a quien ha hecho mal uso de recursos y haya un procedimiento justo y equitativo conforme a derecho, se aplique el mismo (…)”, exigió Penchyna.

Arturo Zamora, senador del PRI, señaló que lo más importante es que se logre la total rehabilitación de la Línea 12 para seguir dando servicio a los usuarios.

El legislador reconoció la actuación de las autoridades y dijo que estas detenciones son las primeras de otras que seguramente ocurrirán en las próximas semanas.

“Este caso es la punta de la hebra de una madeja muy extensa. Nosotros tenemos noción que estas detenciones obedecen a una sola averiguación, por un contrato de 8 millones y medio de pesos; pero, si tomamos en cuenta la inversión multimillonaria que se realizó, seguramente van a seguir encontrándose bastantes irregularidades”, comentó Zamora en entrevista.

Ernesto Cordero, senador por el PAN, dijo que su bancada estará pendiente de la aplicación de la justicia, pero también de que no haya un abuso de las autoridades.

“Si las investigaciones no son lo suficientemente sólidas, son endebles y más bien es una persecución pues por supuesto que habrá que condenarlo, pero en este momento hay que concederles el beneficio de la duda y habrá que esperar que estas investigaciones verdaderamente sean sólidas”, dijo.

Los senadores perredistas pidieron que no se haga un uso político de la justicia y se aplique la ley.

“Toda investigación sobre el uso de recursos públicos debe de estar apegada a derecho y no debe prestarse a filias o fobias, sino debe ser muy profesional, muy apegada a derecho, y conforme a ella se hagan las sanciones correspondientes, las que marque la ley”, afirmó la perredista Dolores Padierna.

El también perredista Armando Ríos Piter sostuvo que en el tema de la Línea 12 hay que llegar hasta las últimas consecuencias, pero de una forma correcta.


“En la investigación lo que hay que pedir es que haya imparcialidad, que lo que haya sean resoluciones justas”, consideró.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Drones y ‘WhatsApp’ contra el crimen

El gobernador de Tabasco propone una nueva estrategia para acabar con la violencia, sin embargo, ésta parece llegar tarde al estado.

La violencia está desbordada en Tabasco, pero el gobernador Arturo Núñez ya tiene la solución para combatir la delincuencia: el uso de drones y de grupos de chat de WhatsApp.

En México recientemente el crimen organizado ha demostrado su capacidad de fuego derribando incluso helicópteros del Ejército. Pero parece que esos ataques no los tiene presentes el mandatario perredista de Tabasco, que acaba de anunciar que utilizará el dron de la Fiscalía General del Estado para monitorear las zonas de mayor incidencia delictiva que hay en la entidad.

No es broma.

Esto forma parte del plan de acciones emergentes anunciadas por Núñez para enfrentar los altos niveles de violencia que afectan a los tabasqueños.

Fue el Fiscal Fernando Valenzuela el funcionario estatal que anunció como parte de este plan el uso del dron de la Fiscalía General del Estado como apoyo a las labores de vigilancia.

El gobierno de Núñez anunció también que los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública fomentarán el uso de grupos de chat de la aplicación WhatsApp entre los ciudadanos para denunciar personas sospechosas y la comisión de actos delictivos.

“Sería hasta gracioso sino fuera tan trágico”, se lamenta el periodista  tabasqueño Felipe Eladio. “Lo único que causó el plan de seguridad de Núñez fue risa”.

La nueva estrategia de Arturo Núñez para combatir el crimen –además del dron y del WhatsApp- incluye 15 líneas de acción entre las que destaca por fin la creación de la Policía Acreditable en Tabasco.

La presentación de este plan de seguridad por parte del gobernador de Tabasco – en su tercer año de gobierno- llega tarde para tratar de enfrentar la crisis de inseguridad y violencia que viven los tabasqueños.

Los robos se han incrementado en Tabasco, al igual que los secuestros y los homicidios violentos. De acuerdo a las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tabasco – a pesar de tener una población pequeña y una extensión territorial- se ubica entre los primeros 8 estados con mayor incidencia del país en lo que va del año.

En este estado del sureste mexicano entre los meses de enero y mayo se han registrado 23 mil 016 denuncias de delitos, una cifra que supera la de estados como Veracruz, Tamaulipas y Guerrero.

En los últimos tres años la tasa de homicidios dolosos en Tabasco registra una tendencia a la alza.

En el 2012 se registraron 124 homicidios violentos. Al siguiente año el número de muertes violentas se incrementó a 140.

El año pasado la cifra subió a 168 muertes violentos, la más alta en los últimos años en Tabasco.

Entre enero y mayo –en tan sólo 5 meses- se habían registrado 86 muertes.

Estas cifras han incrementado también la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de Tabasco. Los hechos violentos no paran: el lunes se encontraron dos cuerpos ejecutados descuartizados en el municipio de Comalcalco. El 27 de junio pasado, dos policías de la Secretaría de Seguridad Pública fueron asesinados en Villahermosa cuando se encontraban en una tienda.

Los policías fueron despojados de sus armas y presentaban el tiro de gracia. En el municipio de Cárdenas hace tres semanas se presentó un intento de linchamiento en contra de tres ladrones capturados por habitantes del poblado C-21 del Plan Chontalpa.

Los ladrones resultaron ser policías. Los ciudadanos intentaron prenderles fuego en la plaza principal, pero los delincuentes fueron rescatados por elementos de la Policía Ministerial.

La crisis de inseguridad que se vive en Tabasco tumbó ya al general Audomaro Martínez Zapata, quien estaba al frente de la Secretaría de Seguridad  Pública.

Martínez Zapata era un militar allegado a Andrés Manuel López Obrador, hoy líder de Morena y antiguo aliado del gobernador Arturo Núñez.

En su lugar el mandatario perredista designó la semana pasada al General Sergio Ricardo Martínez Luis, excomandante de la Zona Militar número 24 con sede en Morelos.

Hay un suceso que persigue al nuevo Secretario de Seguridad de Tabasco: la aprehensión el año pasado de una banda de secuestradores que operaban en los estados de Morelos y Estado de México.

Coincide

La crisis de inseguridad que enfrenta el gobernador Núñez coincide con el rompimiento que ha tenido con Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, quien lo acusa de traición.

En la elección pasada el PRD se impuso con claridad en los principales municipios de Tabasco, además del Congreso y diputaciones federales.

El fin de semana los tabasqueños se manifestaron en la capital de Villahermosa para protestar por la violencia que se ha presentado en la entidad.

Los manifestantes vistieron de blanco y reclamaron al gobernador del PRD los altos índices delictivos que registra el estado.


La protesta culminó en la Quinta Grijalva, residencia oficial del mandatario tabasqueño.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.

Ordenan retirar cotizaciones de monedas de pasillos del AICM


México, D.F. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ordenó a todas las casas de cambio de las terminales 1 y 2 retirar los anuncios de precios y cotizaciones del euro y dólar de las mamparas que se encuentran en pasillos, a fin de “homologar” la imagen de la terminal aérea.

Sin embargo, esta medida causó molestia entre algunos de los turistas nacionales y extranjeros. Algunos viajeros manifestaron que con las mamparas de exhibición era más fácil cotizar los precios y no tenían que acercarse hasta el establecimiento.

Esta semana, el aeropuerto capitalino distribuyó a estos locatarios una circular, de la que tiene copia La Jornada, que está firmada por Sergio Estrada Arteaga, subdirector de servicios comerciales del AICM.

El documento de dos párrafos señala que “al respecto y con el único objetivo de homologar la imagen del Aeropuerto, se les solicita retirar los anuncios, tales como el nombre comercial o razón social de las casas de cambio o centros cambiarios, etiquetas y adornos, así como los diferentes tipos de cambio que actualmente tienen instalados en las mamparas” a más tardar el pasado martes 7 de julio de este año “a efecto de que al día siguiente hábil (hoy miércoles) de la fecha señalada la imagen corporativo del AICM se vea homologada”.

Al realizar un recorrido, se observó que desde temprano los trabajadores de las casas de cambio comenzaron a retirar los anuncios y a limpiar los residuos de pegamento que había en las mamparas. Dijeron que ahora los usuarios sólo podrán consultar las cotizaciones que se encuentran en los costados de las casas de cambio.

En la circular, las autoridades aeroportuarias resaltan que en su momento “la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, SA de CV les solicitó instalar sobre el ambulatorio a una distancia de aproximadamente de 1.50 metros del ingreso de los locales, con la finalidad de resguardar las operaciones que los pasajeros y usuarios llevan a cabo en las casas de cambio o centros cambiarios que operan en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) en ambas terminales al amparo de los contratos de arrendamiento que tienen suscritos con la entidad”.


FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CÉSAR ARELLANO.

En Minatitlán reciben agua con olor a petróleo; afecta la salud, reclaman

Coatzacoalcos, Ver.- Los problemas por el agua se mantienen en el municipio de Minatitlán, ahora los ciudadanos están revisando la calidad del líquido que les suministra la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CAEV), ya que mencionan que huele mucho a petróleo y afecta su salud.

Habitantes de las colonias Ejido Tacoteno, Gravera, Obrera y Cuauhtémoc manifestaron que desde el cierre de la presa Yuribia enfrentan muchos problemas con el servicio de agua, ya que llega de manera esporádica.

El pozo que se construyó para abastecerlos tampoco ha dado resultados, ya que el agua tiene un olor penetrante a petróleo, lo que encendió las alarmas entre los usuarios. Debido a esto exigieron al organismo de cuenca que realice un análisis de la calidad del agua para confirmar que es apta para el consumo humano.

Informaron que dentro de 20 días se entregarán los resultados de los análisis hechos al agua extraída del pozo que se construyó en la colonia Cuauhtémoc, el cual abastece al menos tres colonias más. Los vecinos sostuvieron una reunión con el jefe de las oficinas operadoras de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Clemente Gómez Duvel, a quienes le anunciaron que ellos también realizaran un estudio similar.

Con aportaciones de todos los vecinos contrataron a una empresa certificada para hacer los estudios del líquido, con el fin de compararlos con los que la dependencia entregue y poder estar seguros que no afectará su salud.
En caso de que el agua sí tenga algún elemento tóxico, exigirán el cierre del pozo, el cual apenas se empezó a explotar hace menos de quince días y exigirán que se construya otro nuevo.


En la reunión, Gómez Duvel realizó una prueba de carbono a la muestra que llevaron los vecinos, a la cual se le eliminó el olor a combustible, aunque para ellos, este procedimiento no les comprueba que esté libre de tóxicos.

FUENTE: LA JRONADA DE VERACRUZ.

Llama Peña a gobernadores a depurar policías

Tlaxcala. Al clausurar la 49 reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a los gobernadores a fortalecer y depurar a sus cuerpos policiacos, pues las fuerzas armadas están para respaldarlos, pero no para reemplazarlos.

El mandatario dijo por otra parte que en junio se crearon 78 mil 435 nuevos empleos, lo que representa la mejor cifra de creación de puestos de trabajo desde hace 18 años.

Peña Nieto dijo que la transformación nacional demanda el trabajo de corresponsable de todos, para tener un México en paz.

Luego que el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, tomo posesión de la presidencia de la Conago en sustitución de Mariano González, titular del ejecutivo de Tlaxcala, Peña resaltó que en los últimos cinco meses, se han reducido las extorsiones en 22.4 por ciento y los secuestros en 23 por ciento con respecto al mismo periodo de hace tres años.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GEORGINA SALDIERNA.

La chispa que encendió todo…

La comunidad de Ucareo, en Michoacán, amaneció ayer con barricadas. Los pobladores exigen la liberación de tres personas que fueron detenidas acusadas de asesinar a dos presuntos secuestradores y se presume la creación de un nuevo grupo de autodefensas.

La noche del 2 julio fue una noche larga en Ucareo. Las campanas del templo de San Agustín aun no anunciaban la bendición nocturna cuando un tropel cruzó la plaza principal. Los jadeos de cinco hombres que punteaban la revuelta eran apagados por los gritos de la turba. Medio pueblo, armado con garrotes y guadañas, amenazaba con matarlos.

Los cinco que corrían era los mismos que desde hacía casi un año mantenían atemorizada a la población. Se decían miembros del cártel de Los Caballeros Templarios y se apersonaban en los comercios locales para cobrar una cuota “por servicios de protección”. No era raro verlos en las puertas de algunos domicilios cobrando la cuota que evitara un secuestro.

Ucareo es una localidad del Michoacán, en el municipio de Zinapécuaro, ubicada a 77 kilómetros de la capital del estado. Tiene una población de apenas 2 mil 500 habitantes, quienes desde hace un año habían estado denunciado actos de extorsión por parte de una célula criminal que se había apoderado de sus vidas. El gobierno estatal nunca escuchó los reclamos.

Sin imaginar el hartazgo de la gente ni el desenlace de sus actos, horas antes de ser perseguidos, los cinco que mantenían azolada la población de Ucareo departían en la plaza principal con alegres risas y paletas. Eran las cinco de la tarde –porque a esa hora había terminado la misa en honor a San Martiniano- cuando las mujeres que los reconocían apretaban el paso y se escapaban de su vista.

Nunca les habían visto juntos. Era la primera vez que plena luz del día, en actitud provocadora, aquella célula criminal se apersonaba frente a la población. Del miedo, la gente pasó al coraje. Hubo llamadas a la Policía Estatal y a las Fuerzas Federales para denunciar la presencia de un grupo de secuestradores en la plaza principal de Ucareo. El silencio oficial avivó el sentimiento de venganza.

La noche comenzó a caer, como solo cae en Michoacán: lenta y con la sospecha del miedo asomando por las rendijas de puertas y ventanas. Todo Ucareo fue solo un ojo que no dejaba de ver hacia la plaza principal.  Los cinco hombres, unos ataviados con ropa deportiva y otros con calzado de vestir, no dejaban de impregnar el aire nocturno con sus risas. En el portal se comenzó a acumular el coraje.

Poco a poco, al filo de las ocho de la noche, se fueron concentrando algunos vecinos. A todos los movió el deseo de la venganza. Nadie sabe quién convocó, pero todos los ojos que atisbaban los movimientos de sus victimarios siguieron el imán en que se convirtió el grupo de hombres amenazados en sus familias y sus propiedades. Hubo una nueva llamada a la Policía Estatal para denunciar la presencia de la célula criminal. La respuesta fue la de siempre. Ninguna.

Los vecinos de Ucareo dieron un ultimátum: si en media hora no llegaban elementos de la Policía para la detención de sus victimarios, ellos harían justicia por sus propias manos. En el gobierno estatal no le creyó. Eso fue lo que terminó por incendiar la turba. Al grito de “¡¡sobre ellos!!” el tropel se abalanzó.

Faltaban unos cuantos minutos para las nueve de la noche cuando los cinco extorsionadores miraron a la masa convertida en un animal rabioso. Sacaron sus armas y hubo disparos. Desde el otro lado también hubo detonaciones, pero fueron más los garrotes y machetes que cortaron la llovizna que comenzaba a caer. Dio inicio la persecución.

Jadeantes, los cinco perseguidos dividieron su suerte; unos corrieron sobre la calle Hidalgo y otros dos doblaron para la calle Matamoros, uno más tropezaba sobre el empedrado de la calle Abasolo. Como si fuera un solo ente, la masa se dividió. Las pisadas de perseguidores y perseguidos sobre las piedras mojadas mantuvieron en vilo a las mujeres que se quedaron en sus casas con las puertas remachadas.

Antes de la media noche fueron detenidos dos de los cinco secuestradores. Los llevaron a la plaza principal. Allí los amarraron. Los patearon en el suelo y los dieron de palos en la espalda. Les preguntaron por su datos. Apenas balbuceaban sus nombres. A veces decían que se llaman de un modo y a veces que se llaman de otro. Los hombres que organizaron aquella detención se percataron la presencia de niños que habían llegado a la plaza. Les dijeron que se fueran.

De nueva cuenta, casi a la una de la mañana, se hizo una llamada a la Policía Estatal de Michoacán para avisar de la detención de dos secuestradores. El oficial de turno hizo lo suyo: turnó la llamada a la superioridad y esta se diluyó en el mando policial. La llamada Fuerza Ciudadana dijo que se haría presente en el lugar.

Luego de casi dos horas de esperar la presencia de la Policía Estatal, los organizadores de la revuelta, bulléndose entre el calor del coraje y el helado desdén de la autoridad estatal, decidieron llevarse a los dos detenidos a un lugar fuera de la plaza principal de Ucareo. Hubo voces que pedían un fusilamiento en ese mismo lugar. Alguien tuvo la mesura de ser discreto con el linchamiento.

Los dos detenidos –que fueron reconocidos luego como policías preventivos del Estado de México- fueron llevados a un lote baldío. Fueron hincados. Los interrogaron, pero los golpes y el frío no los dejaron hablar, al menos no como querían algunos pobladores de Ucareo. Querían que dijeran a dónde se habían ido los otros tres que estaban en la plaza. Solo silencio y algunos gritos de dolor por los palos en la espalda fue la respuesta que escucharon los enardecidos pobladores.


Aun no clareaba bien el día cuando alguien les atravesó un lazo en el cuello.  Hubo voces que pedían llevarlos de nuevo a la plaza principal para azotarlos públicamente, en presencia de los periodistas. Algunos de los presentes pedían una troca para arrastrarlos por todo pueblo. Otro tuvo una mejor idea: colgarlos y exhibirlos públicamente para escarmiento de los delincuentes.

Los llevaron hasta el puente que cruza sobre la autopista México-Morelia, a la altura del kilómetro 190. Los ataron de manos y pies. Les aseguraron sendos lazos sobre el cuello y los arrojaron al vacío. Desde el puente les dispararon a los dos cuerpos que dieron los últimos estertores ante la soñolienta mirada de algunos conductores que pasaban por la carretera y dieron aviso en la caseta de Zinapécuaro sobre la macabra escena.

Dos horas después, casi al filo de las nueve de la mañana, se hizo presente una patrulla de la Policía Estatal. La misma Policía de la que se requería su presencia en Ucareo desde hacía más de un año solo confirmó el deceso de dos personas. Para el gobierno estatal fue un acto de violencia común y se ordenaron las pesquisas: la Policía Estatal actuó en forma emergente. Ocho horas después, el Ministerio Público había dado con la detención de tres personas acusadas del homicidio de los dos policías preventivos del Estado de México.

Surgen autodefensas en Ucareo

En Ucareo, mientras un linchamiento estaba en curso, se acarició la idea de crear un grupo de autodefensas. Los alentó el anuncio emitido por los medios de comunicación horas antes, en donde se hablaba de la inminente libertad del doctor José Manuel Mireles. Esa fue la única salida que ellos vieron para salvarse a sí mismos del crimen organizado que los venía asfixiando.

El grupo de autodefensa de Ucareo, anunciado en redes sociales por el que fuera alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, armados solo con palos y machetes, sin armas de fuego a la vista, instaló una barricada a la entrada del pueblo. Su intención es evitar la presencia del crimen organizado en esa localidad.

"Se organizó el pueblo, se unió, para rebelarse en contra de los atropellos, de las injusticias del crimen organizado y del crimen también institucionalizado, porque aquí son víctimas, no solamente de los criminales, sino también de la indiferencia del Mando Unificado", reclamó.

No todo está bien en Michoacán, insistió Valencia Reyes, en clara alusión a la postura del gobernador Salvador Jara, quien insiste en que sus cifras le indican que todo está bien en este estado. En Michoacán hay descomposición, dijo el exalcalde.

“Este es el Michoacán que dejó Alfredo Castillo”, remarcó. El que no quieren reconocer las autoridades estatales, el que ha comenzado a cansar a la población civil, donde los grupos autodefensa siguen organizándose.

Nace otro grupo armado en Apatzingán

Con un comunicado de apenas 20 líneas a través de una cuenta de Facebook, se anunció el nacimiento de un nuevo grupo armado en la zona de Apatzingán. Se autodenomina Los Blancos de Troya, entre líneas deja ver su afinidad por el movimiento de los grupos de autodefensa, a los que reconocen como “hermanos kesiguen kon la camisa blanca (sic)”.

Con intencionadas faltas de ortografía y sintaxis, el grupo Los Blancos de Troya se dice dispuesto a emprender una defensa de su territorio frente a todos aquellos que intenten llegar a “pasarse de listo”, aunque advierten que en ningún momento su intención es “alinear” a nadie, sí se dicen dispuestos a mantener un Apatzingán libre de cuotas, impuestos y secuestradores.

En la fotografía que expone en su muro de Facebook, donde se observa a cinco hombres fuertemente armados y parapetados, se pueden apreciar dos lanzacohetes y un fusil de grueso calibre. También destaca la vestimenta de los integrantes de ese grupo que es el mismo uniforme con el que saltaron a la guerra los grupos de autodefensa: jean y camiseta blanca.


En el comunicado de su nacimiento, el grupo Los Blancos de Troya recriminan al Gobierno Federal haber dividido y separado a los grupos comunitarios de autodefensa, a la vez que insisten en la necesidad de entablar un diálogo de paz que permita designar áreas específicas de control a cada grupo armado, a fin de no continuar con el baño de sangre.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.

¿Van por Marcelo?

Aunque el actual jefe de Gobierno asegura que no hay nada en contra de su predecesor, el caso de la Línea 12 del Metro escala de nivel con las primeras detenciones. La investigación por lavado de dinero que el Gobierno Federal lleva a cabo persigue a la polémica obra de Marcelo Ebrard.

En medio del escándalo por los tres exfuncionarios detenidos por el caso Línea 12, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera aclaró ayer que aún no existe orden de aprehensión en contra de su antecesor Marcelo Ebrard.

“No tenemos absolutamente nada”, dijo. “Habrá que seguir todos y cada uno de los cauces correspondientes, en el entendido de que la autoridad estará muy pendiente de que se cumpla con la legalidad” explicó.

Por la mañana, luego de la reunión de gabinete, el jefe de Gobierno y sus colaboradores más cercanos involucrados con el tema de Línea 12, abordaron el tema de los efectos de dar a conocer las primeras tres detenciones de exfuncionarios y de los que están en calidad de prófugos. 

Ahí se habría comentado que de Enrique Horcasitas Manjarrez, el exdirector de Proyecto Metro en el sexenio de Ebrard, se encuentra fuera de la República Mexicana y que lo último que se supo de él es que salió desde Cancún a Miami, aunque también se habló de Alemania, como otro de los países en los que podría estar el exfuncionario.

Mientras, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se desahogan 13 averiguaciones previas que involucran a más de treinta exservidores públicos que participaron en la Línea Dorada, quienes también están sujetos a investigación en el ámbito federal de la Procuraduría General de la República (PGR).

Desde finales de 2012, comunicación interna de Proyecto Metro, clasificada como “Urgente”, solicitó a Moisés Guerrero Ponce, director de Construcción de Obras Civiles, presentar soportes documentales a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC) de los recursos federales que se aplicaron en la Línea 12 del Metro.

Hoy, tanto Guerrero Ponce, como su jefe, Horcasitas Manjarrarez, tienen ficha roja para que la Interpol ayude a localizarlo por los presuntos malos manejos de contratos y recursos en torno a la obra más grande del sexenio de Ebrard.

Aquellos oficios internos -de los que Reporte Indigo tiene copia- exhiben que a escasos días de la administración de Ebrard, los directamente involucrados en la mega obra tenían problemas para justificar gastos y aclarar en qué se destinaron los recursos federales.

La documentación deja ver la urgencia con la que Servando Delgado Gamboa le pedía a Guerrero Ponce entregar papeles para documentar el destino de los recursos federales entregados para Línea 12.

“Solicito su intervención inmediata y eficaz para superar de inmediato las siguientes situaciones que se presentan en la entrega de soportes documentales a la SCT con relación a los Recursos Federales que se aplicaron para continuación de la Línea 12 del Metro”, detalla el documento.

Advertía que hasta ese fecha no se habían entregado documentos de las al menos cuatro documentaciones: N° 12.07 CD 03.M.3.009 Supervisión permanencias SEAT, N° 12.07 CD 03.M.3.010  Supervisión permanencias, N° 12.07 CD 03.M.3.011 Supervisión Policlínica y N° 12.07 CD 03.M.3.012 Supervisión Vehículos Auxiliares.

Además, detallaba que en el contrato número 11.07CD 03.M.3.012, referente a la construcción de plazoletas, no se lograban validar más de 11 millones de pesos.

En 2011, un año antes de estos comunicados, el funcionario que urgía a Guerrero Ponce tener las cuentas claras ante la SCT había sido denunciado, en su calidad de director general de Obras, de favorecer al Consorcio Constructor ICA, Carso y Alstom, en la adjudicación del contrato 30001140-001-08 para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión había denunciado ante la Contraloría General del Distrito Federal, diversos actos, omisiones y posibles responsabilidades administrativas en la auditoría 554 efectuada a la Línea 12 del STC, Metro. 

A partir de esa denuncia se presumía que Delgado Gamboa habría incurrido en presuntas responsabilidades administrativas cuando en el 2008 entregó la licitación del Proyecto Integral a Precio Alzado y tiempo Determinado para la Construcción Tláhuac-Mixcoac.

Sin embargo, hubo dos compañías -FCC Construcción SA y su socia, La Peninsular Compañía Constructora- que al perder el contrato se inconformaron y denunciaron que en el procedimiento hubo diversas irregularidades.

En 2014, la Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la Contraloría General resolvió que Servando Delgado Gamboa no era responsable.

Investigan en la PGR

En junio de 2014, el diputado federal panista Jorge Sotomayor Chávez, como secretario de la Comisión Especial para la Línea 12 de la Cámara de Diputados, solicitó la intervención de la PGR en el caso de construcción de la Línea 12 y compra de los trenes.

De manera oficial, el entonces panista - renunció al partido argumentando que nunca recibió apoyo para denunciar las irregularidades por la Línea 12- pidió investigar el proceso mediante el cual el equipo de Ebrard llevó a cabo la licitación, la adjudicación y luego la construcción de esa línea del Metro.

Sotomayor Chávez pidió que se investigara a través de la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros el posible sobrecosto.

El legislador también solicitó al entonces procurador General, Jesús Murillo Karam, que se investigara al fideicomiso Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, por haber efectuado una licitación “irregular” para la construcción de la Línea 12 del Metro, la cual, posteriormente, se cambió a adjudicación directa.


El exdiputado panista exigió que se indagara la legal importación de los trenes a fin de que, a través del SAT, se reportara el precio de entrada a los puertos mexicanos y los impuesto federales que se pudieron haber pagado al respecto.

Sotomayor Chávez sostuvo que las irregularidades en torno a la Línea 12 fueron denunciadas desde 2009 ante la Auditoría Superior de la Federación, la Contraloría del DF y la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

BANDERAZO DEL INFONAVIT AL PLAN PARA PASAR CRÉDITOS A PESOS

México, D.F. El Infonavit puso en operación el programa de restructuración de créditos, para que éstos pasen “a pesos” y ya no se coticen en “veces salarios mínimos (VSM)”, comentó el director del instituto, Alejandro Murat. En una primera etapa se prevé migrar más de 15 mil préstamos hipotecarios a la nueva modalidad, indicó.

En el acto para dar comienzo a este programa piloto, el funcionario sostuvo que durante el primer semestre del presente año se han otorgado 318 mil 700 créditos, de los cuales 153 mil, es decir, prácticamente 50 por ciento, ya se firmaron bajo la modalidad de “pesos” y no en veces salarios mínimos.


Anunció que el monto de la cartera hipotecaria que será restructurada es de 3 mil millones de pesos. Comentó que según los resultados que se obtengan se contempla transformar entre 100 mil y 150 mil créditos.

FUENTE: LA JORNADA DE MICHOACÁN.

El Inai protege a Korenfeld; rechaza abrir bitácoras de vuelos de Conagua

MÉXICO, D.F: El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) rechazó abrir en su totalidad la bitácora de vuelos de las aeronaves de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante la dirección de David Korenfeld.

El exfuncionario se vio forzado a renunciar al cargo luego de que se demostró que usó un helicóptero de la dependencia con fines personales.

Con una cerrada votación –cuatro contra tres– los comisionados del Inai, determinaron no dar a conocer la bitácora de vuelos de la Conagua porque se trata de “un asunto de seguridad nacional, seguridad pública y de las personas que vuelan en helicópteros y aviones de la dependencia”.

En el proyecto de resolución a cargo del comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, se propuso reservar la información relacionada con el origen del vuelo, su destino y horario de salida y llegada de la aeronave, porque según el comisionado revelar esos datos pondría en riesgo la seguridad nacional y de las personas.

Según la resolución hacer del dominio público las bitácoras se revelaría la ubicación de instalaciones estratégicas lo que permitiría conocer un patrón de vuelo de las aeronaves y con ello facilitar atentados por parte de la delincuencia organizada.

Los comisionados Areli Cano, Joel Salas y Mauricio Guerra se opusieron al proyecto de resolución.

Cano hizo énfasis en señalar que el tema del agua sólo puede clasificarse como de Seguridad Nacional en lo que corresponde a su manejo estratégico y la operación de la infraestructura, pero en ningún caso cuando se trata del funcionamiento administrativo.

Calificó el argumento del comisionado ponente como “inaceptable” toda vez que el lugar de los helipuertos y aeropuertos es público por definición.

Además, los tres comisionados opuestos al proyecto recordaron el “vergonzoso” caso de David Korenfeld y el riesgo que implica clasificar como seguridad nacional este tema.

Clasificar la información, apunto el comisionado Guerra, cancela la posibilidad de rendir cuentas y transparentar el uso de las aeronaves oficiales.

Está claro, subrayó, que las solicitudes de información se relacionaban con el caso Korenfeld y que el interés era conocer el uso de aeronaves oficiales con otros motivos.

Joel Salas recordó otro caso resuelto por el Inai en torno a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el que se ordenó abrir información sin apelar a seguridad nacional, por lo que cuestionó que en este caso que involucra a Korenfeld se apelara a la reserva para cancelar el acceso a la información sobre el uso de aeronaves.

A favor del proyecto de Monterrey Chepov, se pronunciaron la comisionada presidenta, Ximena Puente, y los comisionados Javier Acuña y Patricia Kurczyn.

Los cuatro sostuvieron que no puede darse a conocer la información de las bitácoras, porque implica evidenciar los patrones de vuelo de las aeronaves de Conagua y poner en riesgo la seguridad de las personas y la seguridad nacional.

Finalmente, por mayoría de votos el pleno del Inai aprobó reservar la información relacionada con el origen del vuelo, destino y horario de salida y llegada de las aeronaves de la Conagua.

El 29 de marzo pasado Ignacio Vizcaíno Tapia, residente del fraccionamiento Bosque Real, en Huixquilucan, Estado de México, grabó el momento en que David Korenfeld y su familia abordaban un helicóptero oficial de la Conagua.

El video fue difundido a través de las redes sociales y por la noche la Conagua informó que Korenfeld usó el helicóptero para ser trasladado a un hospital por un problema de salud.

Sin embargo, las imágenes generaron una oleada de críticas que derivaron 10 días después en la renuncia de Korenfel y el inicio de un procedimiento de investigación y “disciplinario” por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada por Virgilio Andrade Martínez.


El pasado 7 de mayo la SFP concluyó el procedimiento disciplinario con la imposición de una multa de 638 mil 653 pesos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobierno de Peña presume reducción de 35 por ciento en secuestros

MÉXICO, D.F: El gobierno federal presumió la disminución en el delito de secuestro al contabilizar, de enero a mayo del año pasado, 688 averiguaciones previas contra 447 registradas en el mismo lapso de este 2015, es decir, 241 secuestros menos, lo que significa una reducción de 35.3%.

En rueda de prensa el coordinador nacional Antisecuestro, Renato Sales Heredia, explicó además que en este periodo –de enero a mayo de 2105– se ha logrado desarticular a 82 bandas dedicadas a este delito y detenido a unos 510 secuestradores.

El funcionario afirmó que, del 1 de junio al 5 de julio de este año, la Policía Federal (PF) ha desintegrado tres bandas y detenido a 67 presuntos secuestradores.

Como prueba de ello, expuso que en cinco operativos distintos, realizados en los estados de Hidalgo, México, Veracruz y Guerrero, se logró liberar a cinco víctimas y la detención de 24 presuntos secuestradores.

El primer caso, registrado en el estado de Hidalgo, se relaciona con el secuestro de ‎un gerente de una empresa maderera, ocurrido el 12 de febrero de este año.

Derivado de labores de inteligencia e investigación, el 3 de julio, en el municipio de Coyotepec, ‎se logró la liberación de otra víctima, quien había permanecido cinco días en cautiverio y de quien hoy se sabe es un comerciante de 55 años, plagiado el 30 de junio en Jilotepec, Estado de México.

De igual manera, se logró el aseguramiento de ocho probables responsables, quienes fueron identificados como José de Jesús Miranda Lujano, Daniel Martínez Aguilar, Víctor Javier Villaseñor Juárez, José Luis Valdovinos Rodríguez y Federico Alvarado Monroy, así como Mariana Amor Malagón Pérez, Everardo José Ríos Ponce y Yalely Valderrábano Martínez.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada‎ (SEIDO).

Todos ellos están relacionados con al menos el secuestro de ocho personas, tres de ellas menores de edad.

En otro caso, ocurrido el 1 de julio en el estado de Hidalgo, se liberó a dos víctimas y se detuvo a dos secuestradores en el municipio de Tulancingo.

Así, elementos de la PF llegaron a la comunidad de Napateco, en el municipio de Tulancingo, donde ubicaron a Ramón Pérez Mendoza y César Adolfo Quiroz, identificados como responsables, probables del delito de secuestro.

En ese mismo lugar se encontró a dos personas, quienes manifestaron haber sido plagiadas por Pérez Mendoza y Adolfo Quiroz.

El tercer caso ocurrió el 30 de junio, en el Estado de México, cuando elementos de la PF lograron la liberación de una víctima de secuestro y la detención de cuatro presuntos secuestradores, quienes fueron identificados como Miguel Ángel Gutiérrez Tovar, Jesús Ismael Gámez Sánchez, Jesús Ramírez Martínez y Pilar Carolina López Bautista.

La víctima había sido plagiada el 24 de junio en el municipio mexiquense de Ecatepec de Morelos.

Los elementos de la PF ubicaron un inmueble en la colonia Hank González, de ese municipio, en el que los delincuentes mantenían privada de libertad a esta persona.

En el cuarto evento, ocurrido también el 1 de julio pero en el estado de Veracruz, se liberó a una víctima y se capturó a ocho presuntos secuestradores, uno de los cuales fue identificado como jefe de una organización delictiva con operaciones en los municipios de Poza Rica, Tuxpan y Pánuco.

La víctima había sido plagiada el 29 de junio en la ciudad de Pánuco, y fue localizada en un inmueble en la colonia Desiderio Pavón. Uno de los responsables del ilícito es Rogelio Juárez Galindo, quien presuntamente encabezaba el grupo delincuencial.

Además de Javier Almanza García, Alexander Reyes Andrés, Jonathan Núñez Taquí, Pedro Alberto Silva Santiago, Dioceline Delgado González, Fernando Cázeres o Cázares y un menor de edad.

A ellos se les vincula con al menos cuatro secuestros en el estado de Veracruz, así como con los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, aparte de robo de hidrocarburo y delincuencia organizada.

En el quinto caso, ocurrido también el 1 de julio, ahora en el estado de Guerrero, se detuvo a dos probables delincuentes vinculados a los delitos de secuestro y homicidio.

Así, en las inmediaciones de la carretera Acapulco-Zihuatanejo se ubica al vehículo en el que se desplazaban los presuntos criminales. Los policías federales marcaron el alto al conductor, y los tripulantes respondieron con disparos. En la acción, dos elementos de la corporación resultaron con heridas leves.


Tras repeler la agresión, fueron detenidos quienes dijeron llamarse Jorge Luis Vargas Sánchez, de 31 años, y Alberto Galindo Alcalá, de 28. Estos sujetos están presuntamente vinculados con otro caso de secuestro y con al menos dos homicidios, ocurridos en mayo de este año.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
FECHA 7 JULIO 2015.