viernes, 10 de julio de 2015

Liberan a Jacqueline Santana y Bryan Reyes tras ocho meses presos

México, DF. Jacqueline Santana López y Bryan Reyes Rodríguez fueron liberados la tarde de este viernes, luego de casi ocho meses de estar presos. Los jóvenes fueron acusados de intentar robar 500 pesos a una policía federal.

Santana dejó la prisión de Santa Marta Acatitla alrededor de las 16:30 horas, mientras que Reyes abandonó el Reclusorio Norte cerca de las 17:00 horas.

El joven abandonó las instalaciones del penal donde permanecía preso desde noviembre pasado acusado –de acuerdo con el resultado de un amparo– injustamente porque las autoridades le imputaron un presunto intento de robo a agentes federales sin fundamento alguno.

“Fue toda una construcción de las autoridades, que siempre estuvieron presionando y retrasando hasta la entrega de los resultados de las pruebas periciales, creemos que se trató de un intento de castigo ejemplar aleatorio. Una muestra de que el Estado reprime a quienes tienen otra ideología y buscan nuevas alternativas”, señaló Bryan al ser entrevistado luego de abandonar la prisión capitalina.

Bryan Reyes se dirige al plantón que mantiene una organización civil frente a la sede de la Procuraduría General de la República para reencontrarse con su compañera Jacqueline Santana.

Reyes indicó que se mantendrá en huelga de hambre y que dará continuidad a lo que él llamó 16 puntos reivindicatorios entre los que se incluye la demanda de mejores atenciones a los presos y su denuncia de que existe una “relación de complicidades entre las organizaciones de derechos humanos y las autoridades de los reclusorios, que permite que se violen las garantías de quienes se encuentran presos”.

Santana y Reyes, junto con otros seis jóvenes presos en distintas cárceles, iniciaron una huelga de hambre el pasado 27 de junio para exigir fin a los malos tratos contra los internos en los reclusorios.

Los jóvenes –ella estudiante de excelencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y él músico– estuvieron presos desde el pasado 15 de noviembre por presuntamente haber intentado asaltar a una policía federal, sometiéndola con un cuchillo de cocina.

Ese día, mientras los dos estudiantes –quienes fueron activos participantes en las manifestaciones por la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa– caminaban por la colonia Jardín Balbuena fueron sometidos por hombres y mujeres vestidos de civil, quienes no se identificaron y subieron por la fuerza a Bryan a un vehículo particular y a Jacqueline a un taxi. Los jóvenes se resistieron y gritaron que eran víctimas de un secuestro.

Al darse cuenta de la situación un policía capitalino detuvo a los vehículos, pero los captores se identificaron como policías federales y el uniformado dejó que se marcharan; los detenidos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público acusados del supuesto intento de robo a la agente Lidia Zárate Herrera.


Bryan, uno de los detenidos el 1º de diciembre de 2012 durante las protestas por la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto y liberado casi un mes después, y su novia Jacqueline declararon por separado que al ser detenidos con fines de secuestro forzado no sólo se los llevaron en un auto particular a él y en un taxi a ella, sino que en el camino fueron golpeados, intimidados y cuestionados sobre su activismo.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO/ TANIA MOLINA.

Yucatán sí espiaba

Documentos internos del Hacking Team registraron al gobierno del estado de Yucatán como uno de sus clientes

Documentos revelaron que el gobierno del estado pagó más de 7 millones de pesos por un software que permitía hacer labores de espionaje.

De acuerdo a Sin Embargo, archivos de la compañía Hacking Team comprueban que dio servicio a autoridades yucatecas.

Horas antes, fuentes oficiales de la administración negaron que tuvieran vínculos con la empresa que desató un escándalo internacional.

Sin embargo contratos y facturas comprueban que un proveedor que trabajó para el estado adquirió equipo que serviría para recoger información de equipos de cómputo y teléfonos móviles sin que el usuario se diera cuenta. 


La triangulación por medio de intermediarios era una práctica común de la empresa Hackking Team ya que evitaba ser relacionada directamente con gobiernos para no ser acusada de espionaje.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

El ‘Gran Hermano’ de los jaliscienses

El Gobierno de Jalisco pagó más de 13 millones de pesos a la empresa italiana Hacking Team para intervenir comunicaciones en 25 equipos, revelan documentos de la información que le fue robada a la firma, y correos internos de la misma.

Por poco más de 13 millones de pesos, el Gobierno de Jalisco adquirió en 2014 el programa Galileo, de la firma italiana especializada en espionaje, Hacking Team, para intervenir comunicaciones en 25 dispositivos diferentes, a través de un equipo de 10 personas autorizadas.

Eso se desprende de documentos de los más de 400 gigabytes de información que le fueron sustraídos a la compañía, difundidos desde el miércoles por la noche por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), a través de Twitter.

No sólo eso: cables de Wikileaks lo confirman. De entre 318 resultados de Jasmine (el nombre de usuario que la compañía le proporcionó al gobierno estatal), resalta el correo interno entre ejecutivos de Hacking Team, con el número 383960.

“Hola muchachos, adjunto pueden encontrar el certificado de entrega que acaba de firmar el cliente final aquí en Guadalajara, México. Saludos”, se lee en el correo enviado por Giancarlo Russo, empleado de Hacking Team, a Simonetta Galluci, del área de finanzas de la compañía.

El documento adjunto es un certificado de entrega con sello de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, fechado el 17 de diciembre de 2014. Cuenta con la firma de Eduardo Pardo, también ejecutivo de Hacking Team y de Héctor Federico Zúñiga Bernal, coordinador general de Asuntos Sociales de la dependencia estatal.

Zúñiga Bernal aparece en el organigrama del Gobierno del Estado con ese cargo; su sueldo quincenal bruto es de 31 mil 332 pesos.

La firma del funcionario que aparece en el certificado de entrega es similar a la que ha plasmado en otros documentos oficiales, como en la de la séptima acta de sesión ordinaria del Instituto Jalisciense de la Juventud, del 22 de enero pasado.

En el certificado de entrega que el servidor público firmó se detalla la forma en que las autoridades locales operarán Galileo. 

A través de un equipo de 10 usuarios autorizados, podrán intervenir 25 equipos de distintas plataformas (Windows y OS en equipos de escritorio; Android, Blackberry, iOS y Windows Phone, en dispositivos móviles).

Los 25 equipos a intervenir no serán fijos; el comprador puede quitar y poner, dentro de su lista a espiar, los que él desee.

“Galileo es un sistema ofensivo que, a través de él, se infectan computadoras y dispositivos móviles, para extraer información; puedes monitorear el uso de redes sociales, llamadas de Skype, llamadas por el celular, en general, tomar el control absoluto del dispositivo para intervenirlo”, detalla Luis Fernando García, director de R3D, en entrevista con Reporte Indigo.

Galileo, según se lee en su presentación en la página electrónica de Hacking Team, es un sistema de control remoto que evade antivirus y firewall, puede ingresar en redes inalámbricas y monitorear todas las operaciones de un dispositivo a intervenir.

“Sistema de Control Remoto: la suite de hacking para la intercepción gubernamental. Al alcance de sus dedos”, presume la firma acerca de Galileo.

Entrega y curso de capacitación

El 9 de diciembre de 2014, Óscar Israel González, de SYM Servicios Integrales, fue notificado por Hacking Team que Daniele Milán, Daniel Martínez y Eduardo Pardo instalarían y capacitarían, el 14 de diciembre de 2014, en Guadalajara, Jalisco, a Héctor Zúñiga Bernal, de la Secretaría General de Gobierno, en torno al programa.

En el punto 2 del correo se define que había, hasta ese momento, dos IP de los anonimyzers, que a decir de R3D, permite que el programa intruso permanezca invisible en los dispositivos.

En el punto 4, se lee que Héctor Federico Zúñiga Bernal es el encargado de firmar y aprobar la entrega, y que el curso de capacitación a cuatro personas sería en el número 3185 de la calle Mesina, en la colonia Providencia, en Jalisco, en la cual se encuentra la Coordinación General de Asuntos Sociales.

Más documentos de Wikileaks demuestran que hubo la presencia de ejecutivos de Hacking Team durante 2014 en Guadalajara. Incluso, hicieron referencia a la gastronomía local.

“Lo cultural del día: Eduardo se enchiló con una torta ahogada, pero lo disfrutaba. Daniele comió una menos picante y pasó la prueba de la comida mexicana”, escribió Daniel Martínez, el 17 de diciembre del año pasado, a sus demás colegas de la firma italiana Hacking Team.

La negación

El 6 de julio pasado, la empresa Hacking Team reconoció, en un comunicado, el robo de 400 gibabytes de información propios.

En el listado de clientes dado a conocer, resaltó que México es el país que más ha pagado por sus servicios, con casi 6 millones de euros. 

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría del Estado de México y Jalisco, son sus principales compradores aquí.

Jalisco, según el primer reporte, posee contratos por 748 mil euros (unos 13 millones 38 mil 66 pesos) con la empresa italiana. 

El miércoles pasado, R3D publicó en Twitter tres facturas hechas hasta ahora, a través de SYM Servicios Integrales, S.A. de C.V., para la adquisición de Galileo al gobierno de Jalisco.

Una, del 11 de diciembre de 2014, fue por 165 mil euros; otra, del 23 de diciembre, por 220 mil euros; y otra de ese mismo día, por 165 mil euros. En total, unos 550 mil euros, equivalentes a 9.5 millones de pesos.

El 7 de julio pasado, al conocerse primero que Jalisco era uno de los clientes favoritos de Hacking Team, Gonzalo Sánchez, vocero del gobierno estatal, rechazó los señalamientos.

“No es política de esta administración acercarnos de alguna herramienta de espionaje digital”, declaró aquel día el vocero.


Reporte Indigo buscó ayer a Gonzalo Sánchez para tener una nueva versión oficial, acerca de los documentos ahora disponibles en Wikileaks, y los últimos dados a conocer por R3D.

Su asistente dijo que se encontraba en una reunión con el gobernador Aristóteles Sandoval, y que atendería la petición de este medio, más tarde. Lo que no ha sucedido.

El portal de transparencia del Gobierno de Jalisco no registra a las empresas Hacking Team ni a SYM Servicios Integrales en su apartado de contratos elaborados con proveedores.

El 17 de agosto de 2012, en “Los últimos caprichos”, Reporte Indigo informó de la compra por adjudicación directa de 250 cámaras por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, para ser instaladas en las patrullas del Municipio, por 13 millones 999 mil pesos.

El proveedor fue SYM Servicios Integrales, según la determinación que tomó la Comisión de Adquisiciones el 25 de mayo de ese año.

“No hay duda en la veracidad de la información que compromete al Gobierno de Jalisco, se ha corroborado de muchas maneras”, dice Luis Fernando García, de R3D.

Explica que al intervenir comunicaciones privadas, el gobierno estatal viola el artículo 16 constitucional, que permite tal acción sólo a autoridades competentes, mediante una orden judicial. La Secretaría General de Gobierno, añade, no lo es.


“Estamos investigando si se hicieron intervenciones contra políticos, activistas; hay más material de Jalisco, estamos haciendo una revisión rápida y la publicaremos, porque sí hay más información sobre Jalisco”, concluye el activista.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRRERA/ MAURICIO FERRER.

Se estrella avioneta en Coahuila; mueren calcinados sus tres ocupantes

MÉXICO, D.F: Tres personas murieron calcinadas al estrellarse una avioneta tipo Cessna 210, cuando intentaba realizar un aterrizaje de emergencia en una cuneta de terracería en la autopista Torreón-Saltillo.

De acuerdo con el coordinador de la Subdirección de Protección Civil en Coahuila, Humberto Rodríguez Bardem, el percance se registró alrededor de las 19 horas de ayer, a la altura del kilómetro 17 de la autopista Torreón-Saltillo, tramo Matamoros-La Cuchilla.

Al lugar acudió personal del Cuerpo de Bomberos del municipio y Protección Civil de Matamoros, así como elementos de las Policías Federal, Secretaría de la Defensa Nacional y de Cruz Roja, además de personal del Ministerio Público de la Delegación Laguna I, quienes dieron fe del deceso.

En el accidente, perdieron la vida el piloto Jorge Abraham García, el copiloto Rogelio Fuentes, y el abogado Aureliano Barajas, originario de McAllen, Texas, de donde al parecer procedía la avioneta tipo Cessna 210, matrícula XBMBC, de cuatro plazas.

Según las primeras indagatorias, la aeronave trataba de realizar un aterrizaje de emergencia y el piloto decidió hacerlo sobre la autopista, en el cuerpo de la carretera que corre de Saltillo a Torreón, pero de último momento cambio de idea y decidió hacerlo en la cuneta, debido a que por esa vía circulaban un automóvil y un tráiler.

En un primer momento la aeronave se estrelló contra la barrera metálica de protección y luego contra un anuncio preventivo. Después se arrastró aproximadamente 100 metros y explotó.

Los cuerpos de los ocupantes quedaron completamente calcinados, al igual que la avioneta, presuntamente propiedad del empresario de Gómez Palacio Manuel Bitar.

Extraoficialmente se dio a conocer que el piloto, Jorge Abraham García, reportó a las 18:40 horas a la torre de control del aeropuerto de Torreón una falla en el motor y que intentaría realizar un aterrizaje de emergencia. Posteriormente se perdió contacto con la nave.


Por su parte, personal de Servicios Periciales y del Ministerio Público iniciaron el levantamiento de las pesquisas para determinar las causas precisas del accidente, además de realizar el levantamiento legal de los cuerpos, que fueron enviados a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se realizaría la identificación oficial.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Activan protocolos preventivos por erupción en Volcán de Colima

MÉXICO, D.F.- Autoridades de Protección Civil activaron los protocolos preventivos ante la fase eruptiva del volcán Colima, y recomendaron a la población mantenerse informada y evitar cualquier actividad a 5 kilómetros a la redonda del cráter.
En su cuenta de Twitter, el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa, señaló que el Volcán de Colima “entró en una fase de actividad permanente, lanzando material incandescente, se activaron los protocolos preventivos”.
En otro tuit informó que Protección Civil “se reúne con el comité asesor del #Volcán de Colima para determinar un incremento en el monitoreo”.
Por separado, la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima reportó la caída de ceniza en el municipio de Villa de Álvarez tras la actividad del cráter.
“Por el momento se reporta ligera caída de ceniza en la parte Norte del municipio de Villa de Álvarez”, informó a través de su cuenta de Twitter @PC_Colima.
También informó que con un helicóptero del gobierno estatal se realiza un vuelo de reconocimiento sobre el volcán de Colima, que ayer inició un periodo permanente de expulsión de material incandescente.
En tanto, la Secretaría de Gobernación recomendó a la población mantenerse informada sobre la actividad del volcán y seguir las recomendaciones de Protección Civil.
“PcSegob reitera a la población evite realizar cualquier actividad a 5km a la redonda del cráter #VolcánDeColima”, escribió en Twitter.
De igual manera, pidió a los colimenses evitar la permanencia en barrancas cercanas al volcán de fuego, ya que las lluvias pueden llegar a detonar un lahar o flujos de lodo.
De acuerdo con el Centro de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, los lahares son una mezcla de materiales volcánicos como rocas, ceniza, pómez y escoria, movilizada por el agua proveniente de la fusión del casquete glaciar, de un lago cratérico o por fuertes lluvias.
Explicó que el agua se mezcla con el material volcánico suelto que se encuentra en su camino y se transforma rápidamente en un flujo muy móvil con características similares al concreto utilizado en la industria de la construcción.
Dada la densidad de esa mezcla, los flujos pueden transportar grandes bloques de roca de hasta varios metros de diámetro y otros objetos, como puentes, casas, árboles y vehículos.
Son fenómenos muy destructivos que pueden recorrer distancias muy grandes, pudiendo superar fácilmente los 100 kilómetros, apuntó.
Destacó que se han observado velocidades de 40 a 100 kilómetros por hora en lahares históricos, y el principal peligro para la vida humana es el enterramiento o el impacto de bloques y otros escombros.

Fuente: Proceso
Autor: Redacción

México negocia compra de software de vigilancia y espionaje: Wikileaks

Osorio Chong niega que haya tratos

La empresa Hacking Team sigue haciendo negocios con el gobierno federal, pese a que lo niegue el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Así lo prueban correos internos de la compañía que vende software de vigilancia y espionaje, filtrados y subidos hoy a la plataforma de Wikileaks.

Se trata de una solicitud de cotización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y viajes de representantes de Hacking Team a México en diciembre de 2013 y septiembre-octubre de 2014.


Ori Zoller, traficante israelí de armas, envió un correo a Massimiliano Luppi, de Hacking Team, avisándole que la Sedena había enviado una solicitud de cotización a su compañía, la mexicana Share y Asociados.

La petición de la Sedena, del 10 de enero de 2014 y firmada por el general brigadier del Estado Mayor Rogelio Castellanos Franco, pide la cotización del sistema Da Vinci para un número aproximado de 500 licencias para teléfonos celulares y 100 para computadoras personales. Se trata de un documento clasificado, cuyo contenido se reserva durante 12 años.


Luppi compartió solicitud con Alex Velasco, de Hacking Team, y escribió: Dada la actual situación allá, no vamos a avanzar en esto. No está claro si la situación a la que se refiere es en México.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: TANIA MOLINA RAMÍREZ.

“No estamos dispuestos a abrir los cuarteles”: Sedena

MÉXICO, D.F.- Pese a las evidencias testimoniales y documentales que obran en el expediente penal del caso Ayotzinapa sobre la presunta presencia de fuerzas castrenses en Iguala, Guerrero, el día en que desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal ‘Isidro Burgos’, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, asegura que ese día, el 26 de septiembre de 2014, en el cuartel militar no había personal ni vehículos disponibles para atender la emergencia.

Además, se congratula de qué así haya sido, porque de lo contrario, advierte, “hubiéramos creado un problema mayor”.
En la segunda y última parte de la entrevista concedida al periodista Jorge Fernández Menéndez y que reproduce el diario Excélsior, el titular de la Sedena habla sobre el caso Ayotzinapa y subraya que de haber intervenido en los sucesos de Iguala los soldados se hubieran puesto a las órdenes de la autoridad local, es decir, las policías municipales “que, hoy sabemos, estaban coludidas” con el crimen organizado.

Por fortuna, prosigue, ese día no había gente, salvo la elemental, la de servicios. “Cuando la gente regresa, ya habían sucedido esos hechos (la desaparición de los normalistas) y salen cuando se sabe que hay personas armadas, en una clínica. Ellos acuden y encuentran ahí a 25 jóvenes que se identifican como estudiantes, que no estaban armados. Uno de ellos tenía una herida en el labio superior, sangraba, se les ofreció una ambulancia y no la quisieron. Ahí están los reportes.

“Entonces, en el momento en que suceden los hechos, no teníamos con qué haber salido…”.

Cienfuegos Zepeda aclara asimismo que antes de la desaparición de los normalistas el Ejército nunca intervino en las diferentes movilizaciones que los jóvenes realizaron y que no había razón alguna para intervenir el 26 de septiembre del año pasado. “Ahora, de haber tenido gente y haber salido a contener este problema, se tiene que apoyar a la autoridad y la autoridad es la policía que hoy sabemos estaba penetrada”.

Sobre la petición de los padres de los normalistas y del grupo internacional que investiga los hechos de acceder a los cuarteles militares, el mando castrense dice:

“Bueno, primero no encuentro, ya no digamos el indicio o una razón legal para hacerlo, no encuentro ni el pretexto para hacerlo. Si nuestros soldados no han sido señalados en ninguna de las averiguaciones ¿cuál es la razón de ir a los cuarteles?

“Se dijo que habíamos participado en ese crimen horrendo que se dio en Cocula. Ya se demostró que no. Luego, como no fue eso, dicen que los tenemos retenidos, secuestrados, no puede ser una mentira de ese tamaño. ¿Qué interés podemos tener en eso? Eso ya tampoco fue, entonces dicen que los asesinamos y los enterramos. Nosotros no tenemos crematorios ni en el Hospital central Militar. Hay crematorios en las funerarias militares…”.

El secretario de la Defensa pone luego punto final a ese asunto en particular: “No hay una razón para que se permita la entrada a los cuarteles, no tenemos por qué hacerlo, no estamos dispuestos. No hemos cometido ninguna falta”.

En la entrevista, Fernández Meléndez le pegunta también sobre otro caso espinoso, Tlatlaya. El militar de carrera explica:

“Yo aquí podría señalar algunas incongruencias: primero, hoy se dice que se ordenó abatir a delincuentes, eso es un error, un lamentable error”.
Según el general de División, la orden escrita dice a la letra “abatir homicidios perpetrados por los delincuentes en horas de oscuridad y no abatir delincuentes en horas de oscuridad, como se difundió en la prensa. Eso le cambia el contexto a todo”.

Añade: “Yo he insistido que es importante, necesario, urgente, que se lleve a cabo el juicio y que si nosotros somos responsables, bueno, que cada quien reciba el castigo que le corresponde por cometer delitos, pero si no lo son, pues también que se diga que son inocentes”.

La información que me han hecho llegar -dice- es que se da este enfrentamiento, se suspenden los balazos de ambos lados, el personal militar va a ver al soldado que resultó herido y quedan tres en la entrada de ese pórtico y el sargento que estaba ahí decide ingresar a ver a qué se estaban enfrentando, no podían saber ni cuántos eran ni qué estaban haciendo ahí, pero lo que sí hubo fue la agresión, entonces ellos (los militares), tuvieron que responder; entran y lo que dicen ellos es que empiezan a ver movimientos y cerrojeo de armas, bueno, pues ellos todavía estaban en un enfrentamiento.

“Hay quienes dicen que siete soldados sometieron a 22 personas de diferentes edades, armados, que la mayoría había consumido alguna sustancia tóxica y que estuvieron ahí hasta las dos o tres de la mañana, entonces habría que poner todo eso en contexto y ver qué pasó”.

El caso del helicóptero derribado en el estado de Jalisco también fue tema de la entrevista. En ese punto, Cienfuegos Zepeda resalta que en el incidente, 15 elementos perdieron la vida en una emboscada y que “no hubo protestas importantes sobre este hecho. No vi una esquela de nadie”.

En cambio, refiere que a los criminales hay personas que les lloran, los convierten en mártires.


Fuente: Proceso
Autor: Redacción

Juez reconoce elementos de tortura por policías contra presos políticos en Bachajón

Bachajón, Chiapas.Un juez otorgó un amparo a favor de Juan Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano y Roberto Gómez Hernández de la comunidad de San Sebastián Bachajón, Chiapas, quienes están recluidos en penal de Yajalón desde septiembre del 2014. 

“El juez de amparo reconoció que durante nueve horas los indígenas estuvieron privados de su libertad y advierte que hay elementos para considerar que hay que investigar los hechos de tortura. 

El juez penal debe de dictar un nuevo auto de termino constitucional, que define si los deja en libertad o los sujeta un proceso penal”, informó el abogado defensor Ricardo Lagunes.

Los ejidatarios de Bachajón manifestaron en su momento que el encarcelamiento de sus compañeros se debía a represarías  de policías municipales y autoridades judiciales de Ocosingo por el encarcelamiento de un municipal acusado de haber participado en el asesinato de Juan Gómez Silvano, hermano de uno de los presos.

El 16 de septiembre de 2014, policías municipales arrestaron a Juan Antonio Gómez, Mario Aguilar y Roberto Gómez, a quienes torturaron y retuvieron por nueve horas aproximadamente antes de entregarlos al Ministerio Público en Ocosingo, donde el licenciado Rodolfo Gómez Gutiérrez puso una pistola y una bolsa en la cabeza a Mario Aguilar Silvano.

Después de la detención, narró Lagunes, presentan ante un juez a los tres indígenas con la acusación de lesiones. El juez fijó una fianza de un millón de pesos por los tres para que conceder la libertad, cuando normalmente por las mismas acusaciones fijan una fianza por 10 mil pesos.

“El juez de Ocosingo reclasificó el delito de lesiones por homicidio en grado de tentativa y ya no tenían derecho a fianza. El caso fue reclasificado con los mismo elementos de las lesiones y sin mayores argumentos y hace a un lado las evidencias médicas de tortura”, refirió el abogado Lagunes.

Para el abogado, las acusaciones contra los indígenas de Bachajón, fueron construidos por la policía municipal de Chilón, porque fungieron de juez y parte en el caso. “Esperamos que la sentencia del juez penal se resuelva antes de septiembre, que se cumple un año de la detención, ahora estamos esperando que el Ministerio Público Federal (MPF) impone o no un recurso contra el amparo”.

El juez que emitió el amparo advirtió al juez penal que tome en cuenta que la detención fue en condiciones de violación a los derechos humanos y que excluya todas las pruebas que se hayan derivado de la tortura.

“Es un amparo que probablemente va a generar la libertad de Juan Gómez, Mario Aguilar y Roberto Gómez, porque fuera de los señalamientos de los policías municipales, no hay otros elementos en contra de ellos”, advirtió Ricardo Lagunes en entrevista con Desinformémonos.

Si el MPF no presenta un recurso de revisión, inmediatamente el juez de Yalajón tendría que definir de nueva cuenta la situación jurídica de los tres indígenas y el efecto del amparo se dará de forma más inmediata y no habría una segunda instancia que podría alargar el proceso penal, además de no poderse modificar, detalló Lagunes.

Para el defensor de los tres habitantes de San Sebastián Bachajón, todo el proceso penal ha estado viciado desde el principio, la acusación se sostiene en base a tortura, señalamientos unilaterales y recurrir al juicio de amparo era la única manera más efectiva y real de defenderlos. “Enfrentar un proceso penal en circunstancias de desventaja y violación a los derechos humanos, es validar y legitimar la actuación de la policía”.

Desde que el Ministerio Público pudo advertir que la detención fue prolongada y violatoria a los derechos humanos, éste tuvo que haberlos puesto en libertad. Informó el abogado Ricardo Lagunes  y más si presentaban evidencias de tortura. “Dado el conflicto en Bachajón y su trabajo político, estos no dudaron en seguir el proceso en su contra independiente de las fallas”.

El juez de Ocosingo no ha formalizado alguna investigación por el caso de tortura, por esta razón el abogado Lagunes presentó una denuncia penal en la fiscalía que investiga a los servidores públicos en Tuxtla Gutiérrez, en contra del comandante de la Policía Municipal de Chilón, porque este conoció de los hechos, de los ministerios públicos que integraron la averiguación previa y  de los policías que participaron en la tortura.

El pasado 21 de diciembre ejidatarios de San Sebastián Bachajón recuperaron tierras que les fueron despojadas en el 2011, así como la caseta de cobro en el camino a las cascadas de Agua Azul. El ejido, uno de los más grandes de México, cuenta con 70 mil hectáreas en una zona de gran biodiversidad y belleza natural. La tierra es rica en recursos naturales, selva verde, vida silvestre y agua. Las espectaculares cascadas de Agua Azul, famosas por su color turquesa en ciertas épocas del año, resuenan en el municipio aledaño de Tumbalá, pero para tener acceso al Centro Ecoturístico que existe allí es necesario cruzar el ejido de Bachajón.


Fuente: Desinformémonos

Gobernador de Guerrero presume que consiguió 50 mdp para Ayotzinapa

CHILPANCINGO. Gro. (apro).- “Orgulloso de apadrinarlos”, expresó el gobernador provisional Rogelio Ortega Martínez, luego de que el semanario Proceso dio a conocer que el mandatario destinó más de un millón de pesos del erario para subsidiar el festejo y comprar trajes, anillos y regalos para la generación de egresados de la normal de Ayotzinapa.
A través de su cuenta personal de Twitter, Ortega recordó que la fiesta de graduación de sus ahijados será el próximo sábado 18 y enseguida emitió el siguiente comentario para este reportero:
“Te quedaste corto Cheque. Conseguimos 50 millones de pesos para Ayotzinapa, en fondos y proyectos concursables. Vamos bien”, expresó el gobernador, quien se ha caracterizado por entregar dinero y prebendas a las organizaciones sociales que exigen justicia por el caso Ayotzinapa como estrategia para desactivar el movimiento.
De esta forma, Ortega confirmó públicamente que fue elegido por los 117 estudiantes que conforman la generación 2011-2015 que lleva por nombre “Sangre, resistencia y esperanza”.
Hasta el momento, los integrantes del comité pro clausura de la normal de Ayotzinapa han guardado silencio ante el hecho de que el gobernador Ortega será el padrino de esta generación.
El texto publicado en Proceso bajo el título Ayotzinapa: el gobernador, padrino de conveniencia, se puede leer en la siguiente dirección:http://www.proceso.com.mx/?p=410147

Fuente: Proceso
Autor: Ezequiel Flores Contreras

Actividad industrial sufre su peor caída mensual en casi dos años

México, D.F. La actividad industrial anotó en mayo su mayor baja mensual en 20 meses golpeada por un mal desempeño de los sectores de manufacturas y construcción, según cifras publicadas este viernes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
El indicador registró un descenso del 0.4 por ciento en mayo frente a abril, en cifras ajustadas por estacionalidad, su peor caída desde septiembre de 2013 cuando registró una baja de la misma proporción.
Analistas estimaban un leve repunte, del 0.2 por ciento, para la actividad industrial de mayo.
Las industrias manufactureras, motor de la economía, se contrajeron en el mes un 0.9 por ciento, mientras que la construcción perdió un 1.5 por ciento.
A tasa interanual, la actividad industrial no mostró variación con cifras desestacionalizadas. Sin el ajuste estacional, bajó un 0.9 por ciento interanual en mayo.
En términos acumulados, entre enero y mayo la producción industrial registró un aumento del 0.9 por ciento frente al mismo lapso del año pasado.
En mayo, el gobierno recortó sus pronósticos para la economía este año en medio de una marcha más lenta de su mayor socio comercial, Estados Unidos, y una menor actividad petrolera, uno de los componentes de la actividad industrial.
Tras conocer el reporte del viernes, el banco Barclays dijo que su pronóstico de que la economía podría crecer un 2.6 por ciento este año se ve presionado a la baja, aunque esperará más cifras para definir su cálculo.
“Los datos de junio deberían ser mejores”, escribió el economista de Barclays, Marco Oviedo, en una nota a sus clientes. “Creemos que la contracción manufacturera de mayo es temporal y debería haber una recuperación”, agregó.

Fuente: La Jornada
Autor: Reuters

Le roban a la Marina, tres vehículos y siete armas en Veracruz

XALAPA, Ver.- Durante el 2014 y los primeros 4 meses del presente año, la Secretaria de Marina-Armada de México, con destacamento en Veracruz, fue víctima de robo en diez ocasiones.
Cinco de sus armas fueron robadas en los primeros cuatro meses de este año (enero-abril), y dos fueron hurtadas el año anterior.
Y en el colmo, tres unidades de su parque vehicular fueron hurtadas, también en el 2014.
A través del oficio UE-599/15, obtenido en la plataforma Infomex, la Secretaria de Marina admite el robo de armas y parque vehicular, ante la solicitud de información número 0001300033215, en poder del reportero.
La Semar responde de forma muy escueta que en las distintas “acciones” para coadyuvar en la lucha contra el crimen organizado, la dependencia federal no ha escapado a los robos y/o hurtos. Aunque no desglosa como le robaron tres unidades de su parque vehicular ni tampoco el hurto de cinco armas en los primeros meses del 2015 y dos más, el año anterior.
Benjamín Narciso Mar Berman, Jefe de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información detalla que en la “coadyuvancia” con el gobierno y con municipios de Veracruz para realizar “acciones” contra el crimen organizado, las fuerzas armadas de la marina tienen “participación” en 17 municipios de Veracruz, aunque no detalla cuales.
El gobierno de Javier Duarte ha dado a conocer, a través de boletines, que la Marina se encuentra en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, Medellín, Xalapa, Coatzacoalcos, Minatitlán, Panuco, Poza Rica, Córdoba, entre otros.
El oficio UE-599/15 de la Semar expone también que el despliegue de las fuerzas armadas en los 17 municipios de la entidad, consta de 494 elementos, todos ellos, “adscritos” en Veracruz para “coadyuvar” en “acciones” contra la delincuencia organizada.
Está información de los diez hurtos en Veracruz, obtenida bajo requerimiento vía la Ley Federal de Acceso a la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cobra relevancia, pues en los últimos dos meses, el crimen organizado ha desafiado a las fuerzas armadas, al perpetrar ataques a dos aeronaves de las fuerzas armadas.
Apenas el 6 de julio pasado, la Semar admitió que una de sus naves fue baleada durante el fin de semana, en la frontera de Nuevo Laredo; además el pasado primero de mayo, un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana fue derribado por presuntos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Días después, la Secretaría de la Defensa Nacional admitió que el total de muertos por este atentado fue de nueve personas.

Fuente: Proceso
Autor: Noé Zavaleta

Cemex, “cómplice” de la ocupación israelí

JERUSALÉN (Proceso) .– La carretera que lleva desde las ciudades palestinas de Ramallah y Jericó hasta el norte de Cisjordania discurre entre aldeas árabes, campamentos de beduinos y asentamientos israelíes. Las colinas de tierra árida salpicadas de olivos y de toneladas de chatarra y basura conducen al retén militar de Hawara. 

Metros antes, los automóviles israelíes y palestinos se separan de forma metódica. Los primeros toman los desvíos que conducen a las colonias de Itamar o Elon Moreh, los segundos siguen recto hasta llegar a la ciudad palestina de Nablus.

Hawara es uno de los retenes militares construidos con cemento de la compañía israelí ReadyMix Industries, propiedad de Cemex, y una de las pruebas flagrantes de que el hormigón producido en las canteras palestinas de Cisjordania no se destina a la población local, sino a la industria israelí.

Hawara está en la lista de motivos que ha provocado que la aseguradora KLP decida excluir a Cemex de su cartera de inversiones.­

El retén no es un lugar cualquiera. Para israelíes y palestinos es sinónimo de violencia y miedo porque frente a esos muros de hormigón ha habido enfrentamientos, atentados y muertes. Los habitantes del norte de Cisjordania lo recuerdan como la imagen flagrante del aislamiento y de la segregación a los que estuvieron sometidos a partir de 2001, con el estallido de la segunda intifada, y hasta 2011, cuando el retén fue parcialmente desmantelado. Las escenas de decenas de palestinos alineados, aguardando su turno desde antes del amanecer para cruzar el checkpoint y acudir a trabajar, a visitar familiares o al hospital están grabadas aún en la memoria colectiva.

La apariencia física del retén ha cambiado mucho. Se han retirado muros de hormigón y el personal militar ha disminuido, ya que las restricciones de movimiento de los palestinos son menores. A pocos metros de Hawara, un enorme panel rojo recuerda a los israelíes que a partir de ese punto se encuentran en zona A, es decir controlada civil y militarmente por la Autoridad Palestina, y que ir más allá sería ilegal, según las normas israelíes, y les expondría a un gran “peligro”.

Las actividades de Cemex, vía sus subsidiarias, están en la llamada zona C, que representa 60% de la superficie de Cisjordania y está totalmente controlada por Israel. En esta parte de Palestina están los asentamientos israelíes, las carreteras exclusivas que los conectan con otras ciudades, además de varias áreas de seguridad.

La comunidad internacional declara que los asentamientos israelíes en tierra palestina son ilegales. Sobre el papel está escrito que Israel deberá ceder ese territorio a las autoridades palestinas cuando se logre un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto. En la práctica y con las conversaciones de paz congeladas, la presencia israelí en la Cisjordania ocupada se confirma y se incrementa.

Según cifras de la ONG israelí­ Bet’selem, la expansión de los asentamientos se ha acelerado y en estos momentos más de 300 mil colonos viven en Cisjordania, a los que se suman 200 mil que residen en Jerusalén-este, también ocupada por Israel.

Para Kommunal Landspensjonskasse (KLP) la actividad de Cemex en estas tierras ocupadas “representa un riesgo ina­ceptable de violación de las normas éticas fundamentales”.

El gigante de los seguros explica su decisión de suspender sus negocios con Cemex y con una cementera alemana llamada HeidelbergCement, también presente en Cisjordania, porque “explotar recursos naturales de un territorio ocupado que no tiene autodeterminación puede ayudar a prolongar el conflicto (…) y es un incentivo para continuar con la ocupación, cuando ésta debería ser temporal”.

Expolio

KLP sustenta su decisión en las Regulaciones de La Haya, la cuarta convención de Ginebra y diversas decisiones de la ONU. Además, la aseguradora buscó asesoría legal antes de pronunciarse sobre la exclusión de Cemex.

En los documentos que describen sus deliberaciones y la razón de esta decisión, KLP subraya que Israel no cumple con sus obligaciones de Estado ocupante, y empresas como Cemex se convierten en “cómplices” del expolio y de la ocupación cuando, por ejemplo, pagan tasas y licencias a Israel y destinan sus productos al mercado israelí.

Según Who Profits from de Occupation (Quién se Beneficia de la Ocupación), un centro de investigación israelí nacido hace casi una década para denunciar las actividades comerciales de empresas israelíes y multinacionales extranjeras en tierras palestinas y sirias ocupadas, Cemex, vía la firma israelí ReadyMix Industries, tiene desde 2005 plantas en al menos tres asentamientos de Cisjordania: Mevo Horon, Atarot y Mishor Edomim, y su cemento ha sido usado en la construcción de colonias israelíes.

“La compañía ha suministrado cemento para la construcción de un muro de seguridad en torno al puente de Gilo”, al sur de Jerusalén, también en la Cisjordania ocupada. Hormigón producido por la empresa fue usado “en la construcción de varios retenes militares en Cisjordania, como Eyal, Hawara y Azun-Atma, y la firma también suministró material para la construcción del tranvía de Jerusalén, que está planificado para conectar la ciudad con los asentamientos que la rodean”, agrega el centro de investigación.

Además, Cemex, vía su subsidiaria Lime & Stone, posee 50% de la cantera de Yatir, localizada cerca de la ciudad palestina de Hebrón, también en Cisjordania. 

“El material de construcción extraído es usado en beneficio de Israel sin ningún permiso de los palestinos”, explica a Proceso Adri Nieuwhof, abogada especializada en derechos humanos y autora de numerosos análisis sobre las actividades de Cemex en Israel y en los territorios palestinos ocupados.
Who Profits from the Occupation tiene fotografías y datos de las propias compañías, desde balances financieros anuales hasta listados telefónicos oficiales, para sustentar sus datos sobre las actividades de Cemex en la Palestina ocupada. El logotipo de ReadyMix era bien visible en los bloques de cemento de los retenes de Hawara y Azun-Atma, y los camiones con hormigón producido en Cisjordania por Cemex han sido fotografiados entrando a Israel y entregando toneladas de material de construcción en asentamientos.
KLP recuerda que las regulaciones de La Haya permiten la extracción de recursos naturales de una tierra ocupada sólo si se produce al mismo nivel que antes de que empezara la ocupación y si los beneficios de dicha extracción se consagran a la población local o a minimizar los costos de la ocupación. En 2010, la Asamblea General de la ONU expresó su preocupación por la explotación por parte de Israel “de recursos naturales palestinos” e instó a Israel a “no explotar, causar pérdidas o poner en peligro dichos recursos”.

Para KLP no fue fácil tomar una decisión en el caso de Cemex, explican los responsables en su informe final, porque las canteras de Cisjordania se crearon después de 1967, cuando Israel ocupó Cisjordania y Jerusalén-este. Sin embargo, KLP sí ha reunido datos que muestran que los beneficiados de la extracción no son los habitantes locales, es decir, los palestinos, ya que los colonos israelíes no pueden considerarse en ningún caso población local.

“Pese a que Cemex está totalmente informado de las violaciones israelíes de la ley internacional en Cisjordania, no muestra ningún signo de cambiar su política en esta región”, resumen responsables de Who Profits from the Occupation.

“Intifada diplomática”

En 2013, Cemex ya fue excluido de la cartera de inversiones de Nordea, el mayor grupo de servicios financieros de la región Báltica, con sede en Estocolmo, por “violación de los derechos humanos y extracción de recursos no renovables de un territorio ocupado”.
Pese a estas desinversiones, es imposible saber si los negocios de Cemex en Cisjordania disminuyeron en los últimos años. Los miembros de Who Profits from the Occupations explicaron a Proceso que no tienen cómo medir las actividades de Cemex en los territorios palestinos. “Esas cifras simplemente no existen, porque las compañías están registradas en Israel y no diferencian entre sus actividades en Cisjordania y en Israel”, matizaron.

Cemex no es un caso aislado. En los últimos años, otras entidades financieras y compañías aseguradoras internacionales han tomado medidas similares contra compañías extranjeras que tienen negocios en asentamientos israelíes o una política comercial que no favorece indirectamente el fin del conflicto israelo-palestino.

KLP explica que se entró en contacto “con Cemex varias veces en el transcurso del año pasado para fijar una reunión y conversar sobre este tema, pero no se logró concretar el encuentro”. Por tanto, la firma noruega “ha tenido que confiar en la información pública disponible sobre las actividades de Cemex en estas canteras y las opiniones de la compañía al respecto”.

Proceso también envió varias preguntas a las oficinas centrales de Cemex en México sobre sus actividades en Cisjordania y la decisión de KLP. La empresa respondió que por el momento no desea realizar comentario alguno.

En junio de 2011, Cemex sí respondió a un artículo publicado por Adri Nieuwhof sobre sus actividades en Cisjordania, a petición del Business & Human Rights Resource Centre, una organización independiente que rastrea el comportamiento y los posibles abusos de más de 6000 empresas en el mundo entero. Es la única respuesta oficial de Cemex sobre sus negocios en Israel y Cisjordania.

“Las actividades de CEMEX, incluyendo las que realiza en Israel, respetan todos los requisitos legales y se centran en nuestro negocio de base, que es producir y vender materiales de construcción. Somos un ente comercial, no estamos implicados en ningún proceso político y no expresamos opiniones políticas”, expresa la compañía en esta carta, en la que considera que sus actividades son “compatibles” con los acuerdos de paz de Oslo de 1993, que estipularon que estas zonas están “bajo control y responsabilidad de Israel” hasta que se llegue a un acuerdo definitivo entre palestinos e israelíes, algo que todavía no se ha producido.

La compañía explica además que da empleo a palestinos, les paga dignamente y valora a todos sus trabajadores por igual y basándose en sus capacidades profesionales.­

Por otra parte, subraya que en la explotación de la cantera de Yatir, en la que posee 50%, los permisos y logística correspondientes son responsabilidad de un socio local y no de su subsidiaria, Lime & Stone.

Por último argumenta que parte de la producción de esta cantera es vendida a clientes palestinos.

“Las opiniones de una compañía que se beneficia de la ocupación no pueden tomarse en serio”, responde, tajante, Adri Nieuwhof.

“El hecho de que Cemex dé trabajo a palestinos en estas canteras no es suficiente para decir que la compañía está explotando recursos de una manera que favorece a la población local. De los beneficios obtenidos, Cemex está pagando impuestos a las autoridades israelíes y su producción se usa mayoritariamente en el mercado local israelí”, estima KLP en sus conclusiones.

La decisión de la aseguradora noruega es una excelente noticia y otra victoria para el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), que desde 2005 lleva a cabo su “intifada diplomática” contra Israel. El boicot y la internacionalización de su causa parecen ser ahora las armas palestinas para lograr el fin del conflicto y la creación de su Estado, una vez que un sinfín de rondas de negociaciones bilaterales terminaron en dolorosos fracasos.

“La decisión de KLP es un paso adelante y está en sintonía con lo que pasa en otros países. Esperamos que otras compañías imiten a KLP. Por nuestra parte, en BDS estamos haciendo una lista de empresas que tienen negocios en asentamientos, les vamos a pedir que pongan fin a sus actividades, y si no responden, haremos pública esta lista”, explicó a Proceso Mustafá Barghouti, uno de los responsables de BDS.

Fuente: Proceso
Autor: Beatriz Lecumberri

Jacqueline y Bryan en las próximas horas serían liberados: Abogado.

México, D.F.- Sergio Soto, abogado de Jacqueline Santana López y Bryan Reyes Rodríguez, presos políticos desde hace casi 8 meses, informa:
Se espera que sean liberados en el transcurso de las próximas 3 horas de los reclusorios Santa Marta y Norte respectivamente.
El amparo concedido hace unas semanas, no ha sido impugnado por ninguna autoridad responsable, ni por terceros interesados, ni por nadie. 
En las próximas horas se llevarán a cabo los trámites para lograr finalmente la excarcelación de nuestros compañeros, aseguró.

Fuente: Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones.