Un audio en el que se escucha cómo operaban sus enganchadoras, testimonios de mujeres reclutadas e incluso una demanda laboral, incriminan a Cuauhtémoc Gutiérrez.
La Procuraduría del DF dice que no encontró elementos para procesar penalmente al ex presidente del PRI en la capital, Cuauhtémoc Gutiérrez, quien tenía una red de prostitución a su servicio mediante un esquema de reclutamiento, denunciado en una investigación publicada el 2 de abril de 2014, en la Primera Emisión de Noticias MVS, conducida por Carmen Aristegui.
Pero las piezas periodísticas presentadas en ese noticiario aportaron pruebas abundantes sobre la conducta de Gutiérrez de la Torre y del encubrimiento que le brindaron personas de su círculo más cercano.
El primer antecedente fue una investigación del año 2003, publicada en el diario Reforma. En el primer reportaje publicado en MVS, una periodista encubierta se hizo pasar por una aspirante a edecán del partido, como se anunciaba en los anuncios clasificados de periódico.
Cuando llegó a las oficinas del PRI DF, en el centro de la ciudad, dos mujeres la guiaron en el proceso; una de ellas, Priscila Martínez, le dijo lo que, entre sus tareas como edecán, también estaba tener sexo con el entonces líder priista.
La evidencia más contundente fue el audio que resultó de esa infiltración, en la que se oye la explicación de Priscila sobre el tipo de trabajo que llevarían a cabo las supuestas edecanes:
“Se manejan dos tipos de relación, que es oral y vaginal. Oral es sin protección, vaginal es con protección. Él ahí tiene todo. Terminando, te digo, estos son 10 minutos, termina, pasas a su baño, tiene enjuague bucal, pasta dental, Isodine, todo lo de higiene, ¿no?, te peinas, te arreglas, sales y él ya está en su escritorio, entonces ya es así como de “¿se te ofrece algo?”.
El pago a las mujeres que aceptaban, según la misma Priscila, era de entre 8 mil y 14 mil pesos, el cual se haría en efectivo a través del tesorero del partido, Roberto Zamorano Pineda.
El mismo dia de la publicación del reportaje, Gutiérrez de la Torre dejó el cargo como presidente local del PRI. La primera denuncia ante la procuraduría capitalina, por trata de personas, la hizo el PRD, al mismo tiempo que hizo otra denuncia ante el Instituto Electoral del DF (IEDF).
A esa primera entrega, siguieron otros reportajes que comprobaban el mecanismo mediante el cual las mujeres eran reclutadas; también hubo testimonios de otras jóvenes a las que les habían ofrecido dar servicios sexuales a Cuauhtémoc Gutiérrez; además del descubrimiento de una empresa, en la que también se hicieron entrevistas de trabajo para candidatas a edecanes.
En uno de esos reportajes posteriores se reveló que la enganchadora, Priscila Martínez, ocupaba 4 cargos en la estructura del partido.
De acuerdo con los registros del PRI DF, transparentados en internet, los cargo que Priscila Martínez desempeñaba eran los siguientes:
1.- Forma parte de la representación del PRI ante el Instituto Electoral del Distrito Federal
2.- Era consejera propietaria en el consejo político del PRI en el Distrito Federal
3.- Es comisionada dentro de la comisión de justicia partidaria del PRI en el Distrito Federal
4.- Auxiliar administrativo
Documentos judiciales también demostraban que Gutiérrez de la Torre ya había sido señalado por acoso sexual, ante tribunales laborales. Se trataba de una demanda laboral iniciada el 26 de junio del 2003, en la que tres mujeres denunciaron que fueron despedidas por oponerse a tener relaciones íntimas con el líder partidista.
“Publimet” era el nombre de la empresa que Priscila Martinez usaba como fachada para atraer a mujeres en busca de trabajo como modelos o edecanes. Las oficinas estaban en la colonia Roma, en la calle de Puebla, y una de esas mujeres dijo que la misma propuesta, la de tener sexo con Gutiérrez de la Torre, también se la hicieron en esa oficina, cuando él era diputado federal.
Aunque Cuauhtémoc Gutiérrez había dejado de ser presidente del PRIDF, su círculo cercano siguió en las oficinas del partido y desde ahí intentaron encubrirlo. El PRIDF falsificó documentos para hacer coincidir el testimonio que una de las enganchadoras, Priscila Martínez, dio a la procuraduría capitalina, en el que afirmó que había renunciado porque no obtuvo un ascenso.
Los documentos que se falsificaron fueron los oficios de renuncia, que supuestamente había recibido una secretaría de nombre Natali Lozano; pero, en la fecha en que supuestamente habían sido entregados, Lozano estaba en el puerto de Veracruz. Ella no pudo haber estado en las oficinas del partido para recibirlos.
Una vez iniciadas las investigaciones en la procuraduría capitalina, las autoridades llamaron a declarar a Priscila Martínez. Los periodistas que siguieron el caso, tuvieron acceso a ese testimonio. Ella dio declaraciones falsas, pues dijo que una mujer llamada Maribel le había dado 30 mil pesos a cambio de grabar un audio en el que implicaba a Gutiérrez de la Torre. La grabación completa dura 4 horas y en ella se escuchan distintas conversaciones entre la reportera y otras personas, lo cual desmiente los dichos de Priscila. La reportera no se presentó al PRIDF como Maribel, sino como “Daniela” o “Dani”. Priscila Martínez fue grabada sin darse cuenta y el equipo de investigación jamás le pagó.
El PRI inició un proceso de expulsión del partido contra Cuauhtémoc Gutiérrez; después de la renuncia de dos encargados de la investigación interna y de posponer la decisión varios meses, el PRI decidió mantenerlo en el partido pero sin derechos como militante, hasta que no se definiera su situación legal.
En una primera resolución, el Instituto Electoral del DF desechó el desvío de recursos para la red de prostitución. Posteriormente, el Tribunal Electoral del DF determinó que no se podía dividir la investigación y pidió al IEDF rehacer las pesquisas.
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre solicitó un amparo para que la procuraduría definiera cuanto antes su situación legal. El juez le otorgó el amparo y dio 24 horas al Ministerio Público para que definiera las conclusiones de sus averiguaciones. El Ministerio Público respondió con el no ejercicio de la acción legal.
No obstante, en entrevista para Aristegui CNN, la líder de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), Teresa Ulloa, y el presidente del PRD, Raúl Flores, dijeron que no es preciso dar por hecha una exoneración. Ya que dijeron que quien presentó la respuesta al juez es fue Ministerio Público pero la Procuraduría del DF no ha tomado aún una postura final.
Según Ulloa, quien representó a las víctimas, y Flores, quien denunció a nombre del PRD, se tiene que escuchar a las víctimas y a los denunciantes antes de decidir si hay o no acción penal y eso no ha sucedido aún, por lo que ambos recurrirán a otros recursos legales.
Ulloa reveló que tuvo una reunión con la procuradora general de la República, Arely Gómez, quien le dijo que está del lado de las víctimas y que podría no apelar el amparo que puso Ulloa contra la decisión de PGR, en el tiempo de Jesús Murillo Karam, de no atraer la investigación.
Ulloa también dijo que su organización mandó un alerta a sus contrapartes en otros países y que Cuba le respondió que se había girado una orden de aprehensión contra Cuauhtémoc Gutiérrez en la isla.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
sábado, 11 de julio de 2015
Amnistía, WOLA, Prodh, Fundar y otras ONGs, en carta a EU: Detengan ya Iniciativa Mérida
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) junto a otras organizaciones internacionales como el Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG), el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy y Amnistía Internacional, así como los grupos civiles mexicanos Centro Prodh, Tlachinollan, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC) y Fundar, exigieron al gobierno de Estados Unidos frenar el envío de ayuda al Ejército mexicano previsto en la Iniciativa Merida.
Fue el 30 de junio de 2008 cuando los entonces presidentes de México y Estados Unidos, Felipe Calderón Hinojosa y George W. Bush, activaron la llamada Iniciativa Mérida o Plan Mérida, un tratado internacional de seguridad que prometía combatir el narcotráfico y el crimen organizado en ambos países y Centroamérica. Desde entonces el programa ha sido cuestionado tanto por organizaciones civiles, como por congresistas y analistas de EU.
“A la luz de la información disponible, creemos que es esencial que el gobierno estadounidense no proporcione asistencia a las fuerzas armadas de México a través de la Iniciativa Mérida, ya que esto refuerza y sostiene el papel inapropiado y abiertamente peligroso de las fuerzas armadas”, manifestaron estos ocho grupos civiles.
Por medio de un memorando enviado este jueves al Secretario de Estado de EU, John Kerry, así como al Embajador estadounidense en México, Anthony Wayne, a los Senadores Lindsey Graham y Patrick Leahy, y a los congresistas Kay Granger y Nita Lowey, las ocho organizaciones civiles exhortaron a las autoridades de ese país a dejar de decir que México ha cumplido con los requisitos de derechos humanos establecidos en la Iniciativa Mérida.
“Dado que la Iniciativa Mérida se inició en el año fiscal 2008, el Congreso de Estados Unidos estableció condiciones en el 15 por ciento de los fondos asignados a las fuerzas de seguridad mexicanas, por lo que está sujeto a requisitos del Departamento de Estado informar que México ha logrado avances sustanciales en las cuestiones de derechos humanos”, dice el memorando.
“La retención de estos fondos enviaría un claro mensaje de que Estados Unidos condena las graves violaciones de derechos humanos cometidas en México”, dijo Maureen Meyer de WOLA. Y agregó: “México necesita hacer frente a los alarmantes niveles de delincuencia en el país, pero violando los derechos humanos sólo genera más inseguridad, y no los reduce “.
Las organizaciones indicaron que ninguno de los casos que han documentado sobre violaciones a derechos humanos ha dado lugar a una investigación que dé con los responsables. Además, dijeron, “el gobierno mexicano no ha demostrado avances significativos en otras áreas sobre las que el Congreso [de EU] ha expresado su preocupación, especialmente el elevado número de desapariciones forzadas y el uso generalizado de la tortura”.
“Casos como la desaparición forzada de 43 estudiantes del magisterio en Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014, el asesinato de 22 civiles a manos de soldados en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, y los últimos asesinatos de grandes grupos de la población civil por las fuerzas militares y de policía en circunstancias que podría sugerir la matanza de personas desarmadas particularmente en Michoacán, refuerzan la urgente necesidad de México para reformar sus políticas de seguridad”, manifestaron los grupos.
Las organizaciones dijeron que pese al entrenamiento y equipo entregado a las fuerzas de seguridad mexicanas, ”la corrupción y los abusos continúan sin control [...] y es probable que continúe a exacerbar una situación ya grave de los derechos humanos”, se lee en la nota.
“Reiteramos que el camino hacia la seguridad ciudadana para México no es de una lógica de guerra, sino más bien la de respetar los derechos humanos, el fortalecimiento de las instituciones, la promulgación de verdaderas reformas judiciales y policiales, castigar la corrupción, y la consolidación del Estado de Derecho y una la democracia representativa y responsable “, manifestaron los grupos civiles.
La exigencia de estos organismo civiles se da luego de que el pasado dos de 2 julio más de 80 congresistas estadounidenses enviaran una carta a John Kerry para expresarle su preocupación por las violaciones de derechos humanos en México y en la que insistieron de que se trata de un “patrón amplio” más allá de los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya.
La carta, impulsada por el congresista demócrata por California Alan Lowenthal, miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, fue suscrita por otros 81 legisladores.
En la misiva, los congresistas expresan su apoyo a la labor del Grupo de Expertos internacionales seleccionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de México para revisar el caso de los 43 jóvenes desaparecidos en la localidad de Ayotzinapa y dar asistencia técnica durante la investigación, así como presentar recomendaciones a las autoridades.
Se advirtió además que “los grupos delictivos organizados también fueron responsables de numerosos asesinatos, a menudo actuando con impunidad y en alianza con el estado corrupto, locales y funcionarios de seguridad”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-07-2015/1408306.
Fue el 30 de junio de 2008 cuando los entonces presidentes de México y Estados Unidos, Felipe Calderón Hinojosa y George W. Bush, activaron la llamada Iniciativa Mérida o Plan Mérida, un tratado internacional de seguridad que prometía combatir el narcotráfico y el crimen organizado en ambos países y Centroamérica. Desde entonces el programa ha sido cuestionado tanto por organizaciones civiles, como por congresistas y analistas de EU.
“A la luz de la información disponible, creemos que es esencial que el gobierno estadounidense no proporcione asistencia a las fuerzas armadas de México a través de la Iniciativa Mérida, ya que esto refuerza y sostiene el papel inapropiado y abiertamente peligroso de las fuerzas armadas”, manifestaron estos ocho grupos civiles.
Por medio de un memorando enviado este jueves al Secretario de Estado de EU, John Kerry, así como al Embajador estadounidense en México, Anthony Wayne, a los Senadores Lindsey Graham y Patrick Leahy, y a los congresistas Kay Granger y Nita Lowey, las ocho organizaciones civiles exhortaron a las autoridades de ese país a dejar de decir que México ha cumplido con los requisitos de derechos humanos establecidos en la Iniciativa Mérida.
“Dado que la Iniciativa Mérida se inició en el año fiscal 2008, el Congreso de Estados Unidos estableció condiciones en el 15 por ciento de los fondos asignados a las fuerzas de seguridad mexicanas, por lo que está sujeto a requisitos del Departamento de Estado informar que México ha logrado avances sustanciales en las cuestiones de derechos humanos”, dice el memorando.
“La retención de estos fondos enviaría un claro mensaje de que Estados Unidos condena las graves violaciones de derechos humanos cometidas en México”, dijo Maureen Meyer de WOLA. Y agregó: “México necesita hacer frente a los alarmantes niveles de delincuencia en el país, pero violando los derechos humanos sólo genera más inseguridad, y no los reduce “.
Las organizaciones indicaron que ninguno de los casos que han documentado sobre violaciones a derechos humanos ha dado lugar a una investigación que dé con los responsables. Además, dijeron, “el gobierno mexicano no ha demostrado avances significativos en otras áreas sobre las que el Congreso [de EU] ha expresado su preocupación, especialmente el elevado número de desapariciones forzadas y el uso generalizado de la tortura”.
“Casos como la desaparición forzada de 43 estudiantes del magisterio en Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014, el asesinato de 22 civiles a manos de soldados en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, y los últimos asesinatos de grandes grupos de la población civil por las fuerzas militares y de policía en circunstancias que podría sugerir la matanza de personas desarmadas particularmente en Michoacán, refuerzan la urgente necesidad de México para reformar sus políticas de seguridad”, manifestaron los grupos.
Las organizaciones dijeron que pese al entrenamiento y equipo entregado a las fuerzas de seguridad mexicanas, ”la corrupción y los abusos continúan sin control [...] y es probable que continúe a exacerbar una situación ya grave de los derechos humanos”, se lee en la nota.
“Reiteramos que el camino hacia la seguridad ciudadana para México no es de una lógica de guerra, sino más bien la de respetar los derechos humanos, el fortalecimiento de las instituciones, la promulgación de verdaderas reformas judiciales y policiales, castigar la corrupción, y la consolidación del Estado de Derecho y una la democracia representativa y responsable “, manifestaron los grupos civiles.
La exigencia de estos organismo civiles se da luego de que el pasado dos de 2 julio más de 80 congresistas estadounidenses enviaran una carta a John Kerry para expresarle su preocupación por las violaciones de derechos humanos en México y en la que insistieron de que se trata de un “patrón amplio” más allá de los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya.
La carta, impulsada por el congresista demócrata por California Alan Lowenthal, miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, fue suscrita por otros 81 legisladores.
“Estos dos casos no son incidentes aislados en México; sino que ilustran un patrón más amplio de graves violaciones de los derechos humanos en el país, incluidos los casos de tortura, detenciones arbitrarias, secuestros y ejecuciones extrajudiciales”, apuntaron.
En la misiva, los congresistas expresan su apoyo a la labor del Grupo de Expertos internacionales seleccionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de México para revisar el caso de los 43 jóvenes desaparecidos en la localidad de Ayotzinapa y dar asistencia técnica durante la investigación, así como presentar recomendaciones a las autoridades.
“Como usted sabe, la desaparición de los estudiantes es uno de los 25 mil casos registrados de gente que ha desaparecido en México desde 2007. Decenas de miles de familias están aún esperando respuestas sobre dónde se encuentran sus seres queridos y para que aquellos que causaron esos crímenes sean investigados y paguen por ello”, señalaron los firmantes.Días antes, el pasado 25 de junio, el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció en su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo que México enfrenta “problemas significativos” en la materia ante los reportes de asesinatos extrajudiciales, tortura, desaparición forzada de personas y abusos físicos en los que se encuentran involucradas las fuerzas de seguridad.
“Problemas significativos relacionados con los derechos humanos incluyen la participación de la policía y militares en abusos graves, como asesinatos extrajudiciales, tortura, desapariciones y abusos físicos. La impunidad y la corrupción siguieron siendo problemas graves en las fuerzas de seguridad, y en el sector judicial, especialmente en los niveles estatales y locales”, dice el reporte.El documento elaborado por el gobierno del Presidente Barack Obama y presentado por el Secretado de Estado, John Kerry, menciona la existencia de ”numerosos informes en los que el gobierno o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios o ilegales, a menudo con impunidad”.
Se advirtió además que “los grupos delictivos organizados también fueron responsables de numerosos asesinatos, a menudo actuando con impunidad y en alianza con el estado corrupto, locales y funcionarios de seguridad”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-07-2015/1408306.
viernes, 10 de julio de 2015
Aún pueden atraer caso de reportero asesinado: CEDH
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) Fernando Perera Escamilla, reconoció que aún se puede atraer el caso del periodista del puerto de Veracruz, Juan Mendoza, quien apareció muerto el pasado 2 de julio.
En entrevista, señaló que están a la espera de que la Fiscalía General del Estado (FGE) les proporcione los resultados de la necrocirugía que se practicó al comunicador, quien apareció muerto, presuntamente atropellado, pero con una venda alrededor de la cabeza. Explicó que no se ha podido contactar con quienes le realizaron la autopsia, para determinar cuáles fueron las causas de la muerte, sin embargo, reconoció que de eso depende de la Comisión Estatal pueda intervenir en el caso.
“Por ahora no hemos podido contactar a la Fiscalía porque hemos estado trabajando en Coatzacoalcos, pro hoy mismo buscaremos los resultados para que se den a conocer y estar en tiempo de ver la información y atraer el caso de ser necesario”.
A inicio del mes se reportó la desaparición del reportero de nota roja, Juan Mendoza Delgado, radicado en la ciudad de Medellín, fue su esposa Tayde Pavón, quien interpuso la denuncia penal 701/2015 en la Agencia Séptima del Ministerio Público Investigador.
Mendoza Delgado fue reportero policiaco del periódico El Dictamen durante 16 años, en donde cubría actividades de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río y Medellín. Hace dos años decidió independizarse y poner su portal electrónico Escribiendo La Verdad, donde orientaba más su cubertura informativa a Medellín.
Un día después de que se dio a conocer su desaparición la FGE, emitió un comunicado en el que informó que el cuerpo de Mendoza Delgado, fue hallado aproximadamente a las 03:00 horas del primero de julio, sobre la carretera federal Santa Fe-San Julián, a la altura del kilómetro 5+300, presentando lesiones múltiples por atropellamiento que le causaron la muerte.
Sin embargo, la aparición de una gráfica en la que se observa una venda atada alrededor de la cabeza de Mendoza Delgado generó fuertes especulaciones en el sentido de que no era verídica la versión de las autoridades estatales, y se pidió la atracción del caso de parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y la intervención de la CEDH.
FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.
En entrevista, señaló que están a la espera de que la Fiscalía General del Estado (FGE) les proporcione los resultados de la necrocirugía que se practicó al comunicador, quien apareció muerto, presuntamente atropellado, pero con una venda alrededor de la cabeza. Explicó que no se ha podido contactar con quienes le realizaron la autopsia, para determinar cuáles fueron las causas de la muerte, sin embargo, reconoció que de eso depende de la Comisión Estatal pueda intervenir en el caso.
“Por ahora no hemos podido contactar a la Fiscalía porque hemos estado trabajando en Coatzacoalcos, pro hoy mismo buscaremos los resultados para que se den a conocer y estar en tiempo de ver la información y atraer el caso de ser necesario”.
A inicio del mes se reportó la desaparición del reportero de nota roja, Juan Mendoza Delgado, radicado en la ciudad de Medellín, fue su esposa Tayde Pavón, quien interpuso la denuncia penal 701/2015 en la Agencia Séptima del Ministerio Público Investigador.
Mendoza Delgado fue reportero policiaco del periódico El Dictamen durante 16 años, en donde cubría actividades de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río y Medellín. Hace dos años decidió independizarse y poner su portal electrónico Escribiendo La Verdad, donde orientaba más su cubertura informativa a Medellín.
Un día después de que se dio a conocer su desaparición la FGE, emitió un comunicado en el que informó que el cuerpo de Mendoza Delgado, fue hallado aproximadamente a las 03:00 horas del primero de julio, sobre la carretera federal Santa Fe-San Julián, a la altura del kilómetro 5+300, presentando lesiones múltiples por atropellamiento que le causaron la muerte.
Sin embargo, la aparición de una gráfica en la que se observa una venda atada alrededor de la cabeza de Mendoza Delgado generó fuertes especulaciones en el sentido de que no era verídica la versión de las autoridades estatales, y se pidió la atracción del caso de parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y la intervención de la CEDH.
FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.
Intelectuales apadrinarán a estudiantes de Ayotzinapa; excluyen al gobernador
MÉXICO, D.F: Escritores e intelectuales apadrinarán a la generación ‘Sangre, Resistencia y Esperanza’ de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el próximo sábado 18.
De acuerdo con el comité Pro clausura de esa institución académica, en la lista destacan Elena Poniatowska, Juan Villoro, Luis Hernández, Denise Dresser, Alejandro Bichir, Marta Lamas, Rafael Barajas “El Fisgón”, Gabriel Retes y Armando Bartra, quienes ya confirmaron su asistencia.
Paco Ignacio Taibo II, otro de los invitados, se disculpó de antemano por no poder acompañarlos, pero se comprometió a enviar un video.
“Me parece importante, sobre todo después de los trágicos acontecimientos, apoyar a los muchachos. Es un honor apadrinarlos”, dijo.
El comité Pro clausura señaló que aún falta por confirmar la asistencia de la periodista Carmen Aristegui y el expresidente de Uruguay, José Mujica.
Al evento no será invitado el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, puntualizó.
Los 117 alumnos terminaron la carrera con un periodo extraordinario de estudio, en medio de una lucha, aún vigente, por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
La generación de los egresados normalistas 2011-2015 se graduará en las instalaciones del plantel ubicado en el municipio de Tixtla, a 14 kilómetros de Chilpancingo, la capital guerrerense.
En su edición que circula esta semana, la revista Proceso dio a conocer que en medio de la crisis político social que se vive en la entidad a raíz de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el gobernador provisional Rogelio Ortega Martínez destinó un millón 204 mil pesos del erario para apadrinar a la generación 2011-2015.
Esa suma incluye la compra de anillos, trajes y “un regalo especial” para los ahijados. Ortega plantea también cubrir “peticiones personales” de los normalistas, aunque éstas no se especifican en los documentos oficiales consultados por Proceso.
Para justificar la erogación extraordinaria, el mandatario solicitó al titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Eliseo Moyao Morales, ampliar el presupuesto de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), a cuyo frente está Salvador Martínez della Rocca. Gracias a esa triangulación, Ortega podrá agasajar sin problemas a sus ahijados.
La generación anterior, la 2010-2014, egresó el 15 de julio de 2014 y fue bautizada con el nombre de Gabriel Echeverría de Jesús, en alusión a uno de los dos estudiantes de esa institución asesinado a tiros en un desalojo realizado por policías estatales y federales el 11 de diciembre de 2011 en El Parador del Marqués, sobre la autopista del Sol, al sur de esta capital.
En esa ocasión los padrinos fueron Silvia Romero Suárez, entonces titular de la SEG –hoy diputada local electa por el PRD– y Ernesto Aguirre Gutiérrez, sobrino y superasesor de Ángel Aguirre Rivero, gobernador en esa época. El evento se realizó en el auditorio Sentimientos de la Nación.
Los integrantes del comité estudiantil de la normal de Ayotzinapa condenaron la acción, sobre todo por los asesinatos de Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, que incluso le atribuyeron a Aguirre Rivero, y señalaron que los egresados de esa generación aceptaron el padrinazgo de funcionarios aguirristas a cambio de plazas docentes en la entidad.
En cuatrienio anterior, la generación 2006-2010 fue apadrinada por Héctor Vicario Castrejón, principal operador de Rubén Figueroa Alcocer, quien gobernaba la entidad. Hoy Vicario es diputado local electo del PRI.
La ceremonia tuvo lugar en la cancha techada de la normal de Ayotzinapa. Entre los invitados estuvo Silvia Ojeda, coordinadora de asesores de José Luis de la Vega Otero, titular de la SEG durante la administración de Zeferino Torreblanca Galindo.
A Ojeda se le identificaba como agente activa del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y artífice en el esquema de infiltración de la normal, considerada por la clase política local como “semillero de guerrilleros”.
En ese momento, varios estudiantes apoyados por el presidente del comité de padres de familia, Gonzalo Molina –hoy preso por organizar un grupo de autodefensa en Tixtla–, criticaron a Vicario Castrejón por su presunta implicación en la matanza de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995.
Todavía hoy, el gobernador dijo estar “orgulloso de apadrinarlos”.
A través de su cuenta personal de Twitter, Ortega recordó que la fiesta de graduación de sus ahijados será el próximo sábado 18 y enseguida emitió el siguiente comentario para este reportero:
“Te quedaste corto Cheque. Conseguimos 50 millones de pesos para Ayotzinapa, en fondos y proyectos concursables. Vamos bien”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
De acuerdo con el comité Pro clausura de esa institución académica, en la lista destacan Elena Poniatowska, Juan Villoro, Luis Hernández, Denise Dresser, Alejandro Bichir, Marta Lamas, Rafael Barajas “El Fisgón”, Gabriel Retes y Armando Bartra, quienes ya confirmaron su asistencia.
Paco Ignacio Taibo II, otro de los invitados, se disculpó de antemano por no poder acompañarlos, pero se comprometió a enviar un video.
“Me parece importante, sobre todo después de los trágicos acontecimientos, apoyar a los muchachos. Es un honor apadrinarlos”, dijo.
El comité Pro clausura señaló que aún falta por confirmar la asistencia de la periodista Carmen Aristegui y el expresidente de Uruguay, José Mujica.
Al evento no será invitado el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, puntualizó.
Los 117 alumnos terminaron la carrera con un periodo extraordinario de estudio, en medio de una lucha, aún vigente, por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
La generación de los egresados normalistas 2011-2015 se graduará en las instalaciones del plantel ubicado en el municipio de Tixtla, a 14 kilómetros de Chilpancingo, la capital guerrerense.
En su edición que circula esta semana, la revista Proceso dio a conocer que en medio de la crisis político social que se vive en la entidad a raíz de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el gobernador provisional Rogelio Ortega Martínez destinó un millón 204 mil pesos del erario para apadrinar a la generación 2011-2015.
Esa suma incluye la compra de anillos, trajes y “un regalo especial” para los ahijados. Ortega plantea también cubrir “peticiones personales” de los normalistas, aunque éstas no se especifican en los documentos oficiales consultados por Proceso.
Para justificar la erogación extraordinaria, el mandatario solicitó al titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Eliseo Moyao Morales, ampliar el presupuesto de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), a cuyo frente está Salvador Martínez della Rocca. Gracias a esa triangulación, Ortega podrá agasajar sin problemas a sus ahijados.
La generación anterior, la 2010-2014, egresó el 15 de julio de 2014 y fue bautizada con el nombre de Gabriel Echeverría de Jesús, en alusión a uno de los dos estudiantes de esa institución asesinado a tiros en un desalojo realizado por policías estatales y federales el 11 de diciembre de 2011 en El Parador del Marqués, sobre la autopista del Sol, al sur de esta capital.
En esa ocasión los padrinos fueron Silvia Romero Suárez, entonces titular de la SEG –hoy diputada local electa por el PRD– y Ernesto Aguirre Gutiérrez, sobrino y superasesor de Ángel Aguirre Rivero, gobernador en esa época. El evento se realizó en el auditorio Sentimientos de la Nación.
Los integrantes del comité estudiantil de la normal de Ayotzinapa condenaron la acción, sobre todo por los asesinatos de Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, que incluso le atribuyeron a Aguirre Rivero, y señalaron que los egresados de esa generación aceptaron el padrinazgo de funcionarios aguirristas a cambio de plazas docentes en la entidad.
En cuatrienio anterior, la generación 2006-2010 fue apadrinada por Héctor Vicario Castrejón, principal operador de Rubén Figueroa Alcocer, quien gobernaba la entidad. Hoy Vicario es diputado local electo del PRI.
La ceremonia tuvo lugar en la cancha techada de la normal de Ayotzinapa. Entre los invitados estuvo Silvia Ojeda, coordinadora de asesores de José Luis de la Vega Otero, titular de la SEG durante la administración de Zeferino Torreblanca Galindo.
A Ojeda se le identificaba como agente activa del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y artífice en el esquema de infiltración de la normal, considerada por la clase política local como “semillero de guerrilleros”.
En ese momento, varios estudiantes apoyados por el presidente del comité de padres de familia, Gonzalo Molina –hoy preso por organizar un grupo de autodefensa en Tixtla–, criticaron a Vicario Castrejón por su presunta implicación en la matanza de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995.
Todavía hoy, el gobernador dijo estar “orgulloso de apadrinarlos”.
A través de su cuenta personal de Twitter, Ortega recordó que la fiesta de graduación de sus ahijados será el próximo sábado 18 y enseguida emitió el siguiente comentario para este reportero:
“Te quedaste corto Cheque. Conseguimos 50 millones de pesos para Ayotzinapa, en fondos y proyectos concursables. Vamos bien”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Aún hay la posibilidad de que PGR investigue a Cuauhtémoc Gutiérrez: Ulloa
La activista revela que en Cuba, Gutiérrez de la Torre tiene una orden de aprehensión en su contra; ni la activista ni el presidente del PRD-DF, involucrados en el caso, han sido notificados sobre la decisión de la PGJDF, de no ejercitar acción penal contra el priista.
Teresa Ulloa, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, reveló que aún existe la posibilidad de que la PGR investigue al ex presidente del PRI-DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien estaría próximo a ser exonerado por parte de la Procuraduría de Justicia del DF, tras ser exhibido el año pasado, en un reportaje transmitido por MVS, de ser la cabeza de una red de prostitución al interior de su partido.
En entrevista para Aristegui CNN, recordó que un grupo de mujeres presentaron su denuncia en la PGR, protegiendo su identidad, pero la dependencia después se declaró “incompetente” sin haber investigado y lo declinó a la Procuraduría de Justicia del DF, “donde durmió el sueño de los justos, adentro de un cajón, porque no actuaron para nada”.
Empero, tras la salida de Jesús Murillo Karam, y la llegada de la actual procuradora Arely Gómez, Ulloa pudo reunirse con ella, quien le dijo que iba a “estudiar” el caso, “que ella quería ser una procuradora cercana a la gente y que el hecho de investigar no quiere decir que está tomando partido”.
Apuntó que tras la negativa del anterior procurador a investigar el caso, su coalición presentó un amparo, que estaría por resolverse.
Para Ulloa, “hay muchos intereses involucrados” en la red de prostitución que operaba el líder priista, por lo que se busca “no tocar al señor… pero todavía hay muchos recursos jurídicos que se tienen que agotar”.
“Estamos preparadas para la revisión, inclusive para solicitarle a la Suprema Corte de Justicia que atraiga el caso, por el tiempo transcurrido”, agregó.
Refirió que como parte del proceso, “no fuimos notificados de que se hubieran acumulado las denuncias de víctimas”.
Esta semana, lo que la Procuraduría de Justicia del DF presenta al juez es la decisión de no ejercer acción penal, luego de que éste le pidió definir la situación jurídica de Gutiérrez; sin embargo, la coalición que encabeza Ulloa aún no ha sido notificada de la decisión de la PGJ.
La activista reveló que las autoridades cubanas podrían estar detrás de Gutiérrez de la Torre.
“Las primeras mujeres que lo denunciaron laboralmente dijeron que siempre lo veían con mujeres cubanas”, además de que “víctimas que estoy atendiendo dijeron que no las pasaron a entrevista con él porque estaba en Cuba”, “mucha gente decía que viajaba seguido para allá”, contó.
Como la Federación de Mujeres Cubanas es socia fundadora de la coalición y forma parte del consejo de Estado en Cuba, aceptó una alerta sobre el caso Gutiérrez de la Torre.
Ahora “tenemos entendido que él ya no ha regresado a Cuba porque se enteró que él ya tiene una orden de aprehensión en Cuba, me parece increíble: lo que sí pudo hacer Cuba no pudo hacer aquí el procurador del DF”, indicó.
Ulloa dijo no entender por qué hay gente que se dedica a defender a Cuauhtémoc, pese a que se documentó el reclutamiento de mujeres por medio de publicidad ilícita engañosa; de lo mismo hay antecedentes desde 2003, en un reportaje publicado por el diario Reforma, cuando el priista era diputado.
Se trata, pues, de una constante: el abuso de una situación de vulnerabilidad, con mujeres que tienen un perfil: madres solteras, chicas estudiando, detalló la director.
Por su parte, también en CNN, el dirigente del PRD-DF, Raúl Flores -cuyo partido presentó una denuncia contra Gutiérrez de la Torre el año pasado-, expuso que acudieron a esa instancia “para que se pudiera profundizar la investigación” que hizo MVS; sin embargo, “el MP está diciendo que no encuentra delito qué perseguir”.
No obstante, apuntó que hasta ahora “el juez no lo está exonerando”.
Ante ello, comentó que el hecho de que no se ejercite acción penal contra el priista., “no es una verdad jurídica para nosotros” hasta que sean notificados de ello. “Las fanfarrias son anticipadas”, consideró.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Teresa Ulloa, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, reveló que aún existe la posibilidad de que la PGR investigue al ex presidente del PRI-DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien estaría próximo a ser exonerado por parte de la Procuraduría de Justicia del DF, tras ser exhibido el año pasado, en un reportaje transmitido por MVS, de ser la cabeza de una red de prostitución al interior de su partido.
En entrevista para Aristegui CNN, recordó que un grupo de mujeres presentaron su denuncia en la PGR, protegiendo su identidad, pero la dependencia después se declaró “incompetente” sin haber investigado y lo declinó a la Procuraduría de Justicia del DF, “donde durmió el sueño de los justos, adentro de un cajón, porque no actuaron para nada”.
Empero, tras la salida de Jesús Murillo Karam, y la llegada de la actual procuradora Arely Gómez, Ulloa pudo reunirse con ella, quien le dijo que iba a “estudiar” el caso, “que ella quería ser una procuradora cercana a la gente y que el hecho de investigar no quiere decir que está tomando partido”.
Apuntó que tras la negativa del anterior procurador a investigar el caso, su coalición presentó un amparo, que estaría por resolverse.
Para Ulloa, “hay muchos intereses involucrados” en la red de prostitución que operaba el líder priista, por lo que se busca “no tocar al señor… pero todavía hay muchos recursos jurídicos que se tienen que agotar”.
“Estamos preparadas para la revisión, inclusive para solicitarle a la Suprema Corte de Justicia que atraiga el caso, por el tiempo transcurrido”, agregó.
Refirió que como parte del proceso, “no fuimos notificados de que se hubieran acumulado las denuncias de víctimas”.
Esta semana, lo que la Procuraduría de Justicia del DF presenta al juez es la decisión de no ejercer acción penal, luego de que éste le pidió definir la situación jurídica de Gutiérrez; sin embargo, la coalición que encabeza Ulloa aún no ha sido notificada de la decisión de la PGJ.
La activista reveló que las autoridades cubanas podrían estar detrás de Gutiérrez de la Torre.
“Las primeras mujeres que lo denunciaron laboralmente dijeron que siempre lo veían con mujeres cubanas”, además de que “víctimas que estoy atendiendo dijeron que no las pasaron a entrevista con él porque estaba en Cuba”, “mucha gente decía que viajaba seguido para allá”, contó.
Como la Federación de Mujeres Cubanas es socia fundadora de la coalición y forma parte del consejo de Estado en Cuba, aceptó una alerta sobre el caso Gutiérrez de la Torre.
Ahora “tenemos entendido que él ya no ha regresado a Cuba porque se enteró que él ya tiene una orden de aprehensión en Cuba, me parece increíble: lo que sí pudo hacer Cuba no pudo hacer aquí el procurador del DF”, indicó.
Ulloa dijo no entender por qué hay gente que se dedica a defender a Cuauhtémoc, pese a que se documentó el reclutamiento de mujeres por medio de publicidad ilícita engañosa; de lo mismo hay antecedentes desde 2003, en un reportaje publicado por el diario Reforma, cuando el priista era diputado.
Se trata, pues, de una constante: el abuso de una situación de vulnerabilidad, con mujeres que tienen un perfil: madres solteras, chicas estudiando, detalló la director.
Por su parte, también en CNN, el dirigente del PRD-DF, Raúl Flores -cuyo partido presentó una denuncia contra Gutiérrez de la Torre el año pasado-, expuso que acudieron a esa instancia “para que se pudiera profundizar la investigación” que hizo MVS; sin embargo, “el MP está diciendo que no encuentra delito qué perseguir”.
No obstante, apuntó que hasta ahora “el juez no lo está exonerando”.
Ante ello, comentó que el hecho de que no se ejercite acción penal contra el priista., “no es una verdad jurídica para nosotros” hasta que sean notificados de ello. “Las fanfarrias son anticipadas”, consideró.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Gutiérrez de la Torre sigue suspendido; su caso aún no termina: PRI
Jurídicamente el asunto aún no ha finalizado, asegura el líder nacional tricolor, Cesar Camacho Quiroz.
El líder nacional priista, César Camacho Quiroz, aseguró que aún con la determinación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) de no solicitar el ejercicio de la acción penal contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, se mantiene la suspensión de sus derechos en el partido.
Se le preguntó al líder priista sobre la decisión de la Procuraduría capitalina respecto del caso del ex dirigente del PRI, acusado de encabezar una red de prostitución al interior de esa fuerza política en el DF, en particular si se le restituirán sus derechos políticos, y Camacho respondió: “Está suspendido y así seguirá”.
Camacho Quiroz argumentó que “este es un asunto que judicialmente, jurídicamente no ha terminado; entonces no hay que adelantar vísperas, hoy así es su estatus y se mantendrá la suspensión de sus derechos políticos”.
“Este es un asunto personal de Gutiérrez de la Torre, no es un tema partidario, no es un asunto que le ataña al PRI”, dijo Camacho Quiroz en entrevista, durante la inauguración del Seminario Ejecutivo “Nuevas Herramientas para líderes Políticos”, en la sede nacional de esa fuerza política.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El líder nacional priista, César Camacho Quiroz, aseguró que aún con la determinación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) de no solicitar el ejercicio de la acción penal contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, se mantiene la suspensión de sus derechos en el partido.
Se le preguntó al líder priista sobre la decisión de la Procuraduría capitalina respecto del caso del ex dirigente del PRI, acusado de encabezar una red de prostitución al interior de esa fuerza política en el DF, en particular si se le restituirán sus derechos políticos, y Camacho respondió: “Está suspendido y así seguirá”.
Camacho Quiroz argumentó que “este es un asunto que judicialmente, jurídicamente no ha terminado; entonces no hay que adelantar vísperas, hoy así es su estatus y se mantendrá la suspensión de sus derechos políticos”.
“Este es un asunto personal de Gutiérrez de la Torre, no es un tema partidario, no es un asunto que le ataña al PRI”, dijo Camacho Quiroz en entrevista, durante la inauguración del Seminario Ejecutivo “Nuevas Herramientas para líderes Políticos”, en la sede nacional de esa fuerza política.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Egresados de Ayotzinapa desmienten que Ortega los haya apadrinado
CHILPANCINGO. Gro: Integrantes del comité proclausura de la generación de egresados de la Normal de Ayotzinapa, denominada “Sangre, resistencia y esperanza”, admitieron que gestionaron recursos ante el gobierno estatal para su festejo.
No obstante, señalaron que no fue un millón de pesos lo que pidieron al gobierno estatal, sino 50 mil pesos para mobiliario y lonas, y rechazaron que el gobernador Rogelio Ortega Martínez fuera elegido para apadrinarlos.
Lo anterior durante una conferencia realizada esta mañana en la sede de la Normal, donde el presidente de la generación, Izcoatl Benito Coronado, informó que la gestión de recursos económicos para su graduación se hizo a través de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), y utilizaron como intermediarios a la dirección de la Normal.
Al respecto, Benito Coronado intentó deslindar a la generación 2011-2015 del financiamiento estatal, al argumentar que el gobernador sustituto Rogelio Ortega no fue invitado al festejo.
No obstante, Ortega Martínez refutó a los normalistas de Ayotzinapa al expresar que se encuentra “orgulloso de apadrinarlos”.
Ello, luego de que el semanario Proceso diera a conocer que el mandatario destinó más de un millón de pesos del erario para subsidiar el festejo y comprar trajes, anillos y regalos para la generación de egresados de la Normal de Ayotzinapa.
A través de su cuenta personal de Twitter, Ortega incluso recordó que la fiesta de graduación de sus ahijados será el próximo sábado 18, y enseguida emitió el siguiente comentario para este reportero:
“Te quedaste corto Cheque. Conseguimos 50 millones de pesos para Ayotzinapa, en fondos y proyectos concursables. Vamos bien”, expresó el gobernador, quien se ha caracterizado por entregar dinero y prebendas a las organizaciones sociales que exigen justicia por el caso Ayotzinapa como estrategia para desactivar el movimiento.
De esta forma, Ortega parece confirmar públicamente que fue elegido por los 117 estudiantes que conforman la generación 2011-2015 que lleva por nombre “Sangre, resistencia y esperanza”.
El texto publicado en Proceso con el título “Ayotzinapa: el gobernador, padrino de conveniencia”, se puede leer en la siguiente dirección: http://www.proceso.com.mx/?p=410147
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Ayotzinapa: el gobernador, padrino de conveniencia
CHILPANCINGO, GRO: En medio de la crisis político social que se vive en la entidad a raíz de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el gobernador provisional Rogelio Ortega Martínez destinó un millón 204 mil pesos del erario para apadrinar a la generación 2011-2015 que egresará de ese plantel el sábado 18.
Esa suma incluye la compra de anillos, trajes y “un regalo especial” para los ahijados. Ortega plantea también cubrir “peticiones personales” de los normalistas, aunque éstas no se especifican en los documentos oficiales consultados por Proceso.
Para justificar la erogación extraordinaria, el mandatario solicitó al titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Eliseo Moyao Morales, ampliar el presupuesto de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), a cuyo frente está Salvador Martínez della Rocca. Gracias a esa triangulación, Ortega podrá agasajar sin problemas a sus ahijados.
Esta “compra de voluntades” evidencia el nivel de corrupción de la administración de Ortega y ocurre a nueve meses de la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa.
La generación anterior, la 2010-2014, egresó el 15 de julio de 2014 y fue bautizada con el nombre de Gabriel Echeverría de Jesús, en alusión a uno de los dos estudiantes de esa institución asesinado a tiros en un desalojo realizado por policías estatales y federales el 11 de diciembre de 2011 en El Parador del Marqués, sobre la autopista del Sol, al sur de esta capital.
En esa ocasión los padrinos fueron Silvia Romero Suárez, entonces titular de la SEG –hoy diputada local electa por el PRD– y Ernesto Aguirre Gutiérrez, sobrino y superasesor de Ángel Aguirre Rivero, gobernador en esa época. El evento se realizó en el auditorio Sentimientos de la Nación.
Los integrantes del comité estudiantil de la normal de Ayotzinapa condenaron la acción, sobre todo por los asesinatos de Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, que incluso le atribuyeron a Aguirre Rivero, y señalaron que los egresados de esa generación aceptaron el padrinazgo de funcionarios aguirristas a cambio de plazas docentes en la entidad.
En cuatrienio anterior, la generación 2006-2010 fue apadrinada por Héctor Vicario Castrejón, principal operador de Rubén Figueroa Alcocer, quien gobernaba la entidad. Hoy Vicario es diputado local electo del PRI.
La ceremonia tuvo lugar en la cancha techada de la normal de Ayotzinapa. Entre los invitados estuvo Silvia Ojeda, coordinadora de asesores de José Luis de la Vega Otero, titular de la SEG durante la administración de Zeferino Torreblanca Galindo.
A Ojeda se le identificaba como agente activa del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y artífice en el esquema de infiltración de la normal, considerada por la clase política local como “semillero de guerrilleros”.
En ese momento, varios estudiantes apoyados por el presidente del comité de padres de familia, Gonzalo Molina –hoy preso por organizar un grupo de autodefensa en Tixtla–, criticaron a Vicario Castrejón por su presunta implicación en la matanza de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995.
Hoy, los normalistas de la generación 2011–2015 eligieron como padrino al gobernador provisional Rogelio Ortega a cambio de prebendas. Hasta el cierre de esta edición nadie había expresado su inconformidad.
Ello a pesar de que los miembros del comité estudiantil y los padres de los 43 normalistas desaparecidos han declarado públicamente que las negociaciones con las autoridades están suspendidas por la falta de justicia en el caso de sus hijos desaparecidos el pasado 26 de septiembre.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIELFLORES CONTRERAS (REPORTAJE ESPECIAL).
Esa suma incluye la compra de anillos, trajes y “un regalo especial” para los ahijados. Ortega plantea también cubrir “peticiones personales” de los normalistas, aunque éstas no se especifican en los documentos oficiales consultados por Proceso.
Para justificar la erogación extraordinaria, el mandatario solicitó al titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Eliseo Moyao Morales, ampliar el presupuesto de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), a cuyo frente está Salvador Martínez della Rocca. Gracias a esa triangulación, Ortega podrá agasajar sin problemas a sus ahijados.
Esta “compra de voluntades” evidencia el nivel de corrupción de la administración de Ortega y ocurre a nueve meses de la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa.
La generación anterior, la 2010-2014, egresó el 15 de julio de 2014 y fue bautizada con el nombre de Gabriel Echeverría de Jesús, en alusión a uno de los dos estudiantes de esa institución asesinado a tiros en un desalojo realizado por policías estatales y federales el 11 de diciembre de 2011 en El Parador del Marqués, sobre la autopista del Sol, al sur de esta capital.
En esa ocasión los padrinos fueron Silvia Romero Suárez, entonces titular de la SEG –hoy diputada local electa por el PRD– y Ernesto Aguirre Gutiérrez, sobrino y superasesor de Ángel Aguirre Rivero, gobernador en esa época. El evento se realizó en el auditorio Sentimientos de la Nación.
Los integrantes del comité estudiantil de la normal de Ayotzinapa condenaron la acción, sobre todo por los asesinatos de Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, que incluso le atribuyeron a Aguirre Rivero, y señalaron que los egresados de esa generación aceptaron el padrinazgo de funcionarios aguirristas a cambio de plazas docentes en la entidad.
En cuatrienio anterior, la generación 2006-2010 fue apadrinada por Héctor Vicario Castrejón, principal operador de Rubén Figueroa Alcocer, quien gobernaba la entidad. Hoy Vicario es diputado local electo del PRI.
La ceremonia tuvo lugar en la cancha techada de la normal de Ayotzinapa. Entre los invitados estuvo Silvia Ojeda, coordinadora de asesores de José Luis de la Vega Otero, titular de la SEG durante la administración de Zeferino Torreblanca Galindo.
A Ojeda se le identificaba como agente activa del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y artífice en el esquema de infiltración de la normal, considerada por la clase política local como “semillero de guerrilleros”.
En ese momento, varios estudiantes apoyados por el presidente del comité de padres de familia, Gonzalo Molina –hoy preso por organizar un grupo de autodefensa en Tixtla–, criticaron a Vicario Castrejón por su presunta implicación en la matanza de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995.
Hoy, los normalistas de la generación 2011–2015 eligieron como padrino al gobernador provisional Rogelio Ortega a cambio de prebendas. Hasta el cierre de esta edición nadie había expresado su inconformidad.
Ello a pesar de que los miembros del comité estudiantil y los padres de los 43 normalistas desaparecidos han declarado públicamente que las negociaciones con las autoridades están suspendidas por la falta de justicia en el caso de sus hijos desaparecidos el pasado 26 de septiembre.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIELFLORES CONTRERAS (REPORTAJE ESPECIAL).
Fracasa diálogo entre CNTE y Segob
MÉXICO, D.F: Los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) salieron otra vez con las manos vacías de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Luego de marchar desde el Auditorio nacional al Palacio de Covián, los dirigentes de los maestros disidentes se reunieron con Alejandro Ozuna Rivero, jefe de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con entidades federativa, pero sus reclamos no encontraron eco en las autoridades federales.
El funcionario federal dijo a los integrantes de la CNTE que para continuar con las mesas de diálogo deben cumplirse condiciones que se han hecho públicas: la conclusión del actual ciclo escolar y establecer un programa para reponer las clases a los niños y jóvenes, “entre otras” que no especificó.
Según un escueto comunicado de la Segob Ozuna Rivero reiteró la disposición del gobierno federal al diálogo, “siempre y cuando existan las condiciones para ello, en un marco de respeto al estado de derecho”.
Por su parte, al salir de la reunión el líder de la Sección 22 de la CNTE, Rubén Núñez Ginez, acusó al gobierno de mantener una actitud de “cerrazón” y confirmó que “no hay avances” a pesar de que la CNTE está “en toda la disposición” de reiniciar el diálogo y advirtió que, ante la falta de una respuesta favorable, continuarán con sus movilizaciones en distintos puntos del país.
“Estamos en condiciones de iniciar la mesa de negociación que tenemos pendiente, vamos a continuar con nuestro plan de lucha y demandamos nuestro pliego petitorio que entregamos el primero de mayo”, dijo tras salir de la Segob.
Marchas desairadas
Las manifestaciones contra la aplicación de la evaluación para el ingreso y promoción docente por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se registraron en el DF, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Sinaloa.
En esta ciudad alrededor de tres mil integrantes de la CNTE, muchos menos de los que se había anunciado, marcharon hoy por el Paseo de la Reforma, desde el Auditorio Nacional hasta la sede de la Segob, acompañados por integrantes de otras organizaciones, como como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), padres de los normalistas de Ayotzinapa, del Movimiento de Trabajadores Socialistas, del Sindicato Único del Colegio de Bachilleres para exigir la reinstalación de la mesa de diálogo.
Dos mil 581 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) apoyados por 190 vehículos terrestres y un helicóptero, implementaron –desde las 07:00 horas– dispositivos de vigilancia y acompañaron en todo momento al contingente para resguardar el orden sin que se presentaran incidentes violentos.
Según el reporte oficial de la dependencia, tras el mitin que realizaron los mentores en las inmediaciones de las Segob, alrededor de las 16:00 horas se retiraron hacia el Monumento a la Revolución “sin causar ningún incidente”.
En Oaxaca, maestros disidentes de la región del Istmo de Tehuantepec marcharon en Juchitán y en el centro de Oaxaca.
Alrededor de dos mil inconformes de Matías Romero, Juchitán, Ixtepec, Salina Cruz, Tehuantepec y Reforma de Pineda se manifestaron contra la evaluación para el ingreso y promoción, cuya aplicación fue pospuesta el jueves pasado por la SEP en Oaxaca y Michoacán, por segunda ocasión debido a que “no existen condiciones” para realizarla.
Según la SEP en dicha evaluación, a realizarse del 11 al 19 de junio en el resto del país, concursan 11 mil 752 plazas y 54 mil 485 horas para docentes y para técnicos docentes, así como 151 mil 472 sustentantes.
Además de rechazar las evaluaciones, en su manifestación los maestros oaxaqueños refrendaron su apoyo a su líder de la Sección 22, Rubén Núñez Ginez, quien fue demandado penalmente por la organización civil Mexicanos Primero.
Según dicha denuncia, Núñez Ginez presuntamente recibió un pago mensual de más de 100 mil pesos como profesor de la Normal de Lázaro Cárdenas en Putla, Oaxaca, cuando al mismo tiempo se ausentó sin justificación 60 días en el ciclo escolar 2014-2015. Sus compañeros calificaron este recurso legal como “golpe mediático”.
En Chilpancingo, Guerrero, unos 200 integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), se manifestaron frente al Congreso local contra la evaluación magisterial, el hostigamiento a los movimientos sociales y para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Pasado el mediodía, los maestros encabezados por una decena de 10 padres y familiares de los jóvenes desaparecidos el pasado 26 de septiembre, salieron del plantón que mantienen frente a la Secretaría de Educación Guerrero y caminaron hacia el Congreso local.
Ahí también demandaron justicia para el maestro Claudio Castillo Peña quien, afirman, fue asesinado a golpes por policías federales el 24 de febrero en una manifestación en Acapulco, y para Antonio Vivar Díaz, activista del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) muerto a balazos el 7 de junio en Tlapa por agentes de la misma corporación.
Otro grupo de la Ceteg de escuelas de Ciudad Altamirano, Coyuca de Catalán y Tlapehuala, marcharon y bloquearon el puente que comunica Guerrero con Michoacán, en contra de la reforma educativa y la evaluación del magisterio.
Durante la manifestación los maestros lanzaron consignas contra la evaluación, la reforma educativa y llamaron a sus compañeros a levantar actas y recabar firmas en las escuelas.
En Chiapas, integrantes de la Sección 7 de la CNTE y de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon en ciudades del estado e insistieron en entablar una mesa de diálogo para abrogar las reformas.
Fue en ese estado donde maestros disidentes agredieron a colegas que se acudieron a presentar el examen de evaluación, Hecho que ya es investigado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Maestros de la CNTE y SETEP también salieron a las calles en Tabasco. Desde las diez de la mañana, bajo la lluvia, pancartas y lonas en mano, los profesores mostraron su inconformidad contra las pruebas que se practicarán a partir de mañana en el estado y advirtieron que boicotearán su aplicación.
En tanto, en Hermosillo, Sonora, estudiantes y maestros de las secciones 28 y 54 del SNTE y de la CNTE marcharon dela Plaza Emiliana de Zubeldía hacia el Congreso, donde exigieron la abrogación de las reformas en materia educativa.
Lo mismo hicieron maestros disidentes de Xalapa, Veracruz. El profesorado marchó del teatro del estado a la Plaza Lerdo hacia y de ahí hacia Palacio de Gobierno donde pidieron a sus colegas no responder los correos en los que se les solicita su asistencia para ser evaluados.
Por su parte maestros de las secciones 27 y 53 del SNTE en el puerto de Mazatlán, realizaron una marcha para protestar contra la reforma educativa y la evaluación docente.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Luego de marchar desde el Auditorio nacional al Palacio de Covián, los dirigentes de los maestros disidentes se reunieron con Alejandro Ozuna Rivero, jefe de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con entidades federativa, pero sus reclamos no encontraron eco en las autoridades federales.
El funcionario federal dijo a los integrantes de la CNTE que para continuar con las mesas de diálogo deben cumplirse condiciones que se han hecho públicas: la conclusión del actual ciclo escolar y establecer un programa para reponer las clases a los niños y jóvenes, “entre otras” que no especificó.
Según un escueto comunicado de la Segob Ozuna Rivero reiteró la disposición del gobierno federal al diálogo, “siempre y cuando existan las condiciones para ello, en un marco de respeto al estado de derecho”.
Por su parte, al salir de la reunión el líder de la Sección 22 de la CNTE, Rubén Núñez Ginez, acusó al gobierno de mantener una actitud de “cerrazón” y confirmó que “no hay avances” a pesar de que la CNTE está “en toda la disposición” de reiniciar el diálogo y advirtió que, ante la falta de una respuesta favorable, continuarán con sus movilizaciones en distintos puntos del país.
“Estamos en condiciones de iniciar la mesa de negociación que tenemos pendiente, vamos a continuar con nuestro plan de lucha y demandamos nuestro pliego petitorio que entregamos el primero de mayo”, dijo tras salir de la Segob.
Marchas desairadas
Las manifestaciones contra la aplicación de la evaluación para el ingreso y promoción docente por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se registraron en el DF, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Sinaloa.
En esta ciudad alrededor de tres mil integrantes de la CNTE, muchos menos de los que se había anunciado, marcharon hoy por el Paseo de la Reforma, desde el Auditorio Nacional hasta la sede de la Segob, acompañados por integrantes de otras organizaciones, como como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), padres de los normalistas de Ayotzinapa, del Movimiento de Trabajadores Socialistas, del Sindicato Único del Colegio de Bachilleres para exigir la reinstalación de la mesa de diálogo.
Dos mil 581 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) apoyados por 190 vehículos terrestres y un helicóptero, implementaron –desde las 07:00 horas– dispositivos de vigilancia y acompañaron en todo momento al contingente para resguardar el orden sin que se presentaran incidentes violentos.
Según el reporte oficial de la dependencia, tras el mitin que realizaron los mentores en las inmediaciones de las Segob, alrededor de las 16:00 horas se retiraron hacia el Monumento a la Revolución “sin causar ningún incidente”.
En Oaxaca, maestros disidentes de la región del Istmo de Tehuantepec marcharon en Juchitán y en el centro de Oaxaca.
Alrededor de dos mil inconformes de Matías Romero, Juchitán, Ixtepec, Salina Cruz, Tehuantepec y Reforma de Pineda se manifestaron contra la evaluación para el ingreso y promoción, cuya aplicación fue pospuesta el jueves pasado por la SEP en Oaxaca y Michoacán, por segunda ocasión debido a que “no existen condiciones” para realizarla.
Según la SEP en dicha evaluación, a realizarse del 11 al 19 de junio en el resto del país, concursan 11 mil 752 plazas y 54 mil 485 horas para docentes y para técnicos docentes, así como 151 mil 472 sustentantes.
Además de rechazar las evaluaciones, en su manifestación los maestros oaxaqueños refrendaron su apoyo a su líder de la Sección 22, Rubén Núñez Ginez, quien fue demandado penalmente por la organización civil Mexicanos Primero.
Según dicha denuncia, Núñez Ginez presuntamente recibió un pago mensual de más de 100 mil pesos como profesor de la Normal de Lázaro Cárdenas en Putla, Oaxaca, cuando al mismo tiempo se ausentó sin justificación 60 días en el ciclo escolar 2014-2015. Sus compañeros calificaron este recurso legal como “golpe mediático”.
En Chilpancingo, Guerrero, unos 200 integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), se manifestaron frente al Congreso local contra la evaluación magisterial, el hostigamiento a los movimientos sociales y para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Pasado el mediodía, los maestros encabezados por una decena de 10 padres y familiares de los jóvenes desaparecidos el pasado 26 de septiembre, salieron del plantón que mantienen frente a la Secretaría de Educación Guerrero y caminaron hacia el Congreso local.
Ahí también demandaron justicia para el maestro Claudio Castillo Peña quien, afirman, fue asesinado a golpes por policías federales el 24 de febrero en una manifestación en Acapulco, y para Antonio Vivar Díaz, activista del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) muerto a balazos el 7 de junio en Tlapa por agentes de la misma corporación.
Otro grupo de la Ceteg de escuelas de Ciudad Altamirano, Coyuca de Catalán y Tlapehuala, marcharon y bloquearon el puente que comunica Guerrero con Michoacán, en contra de la reforma educativa y la evaluación del magisterio.
Durante la manifestación los maestros lanzaron consignas contra la evaluación, la reforma educativa y llamaron a sus compañeros a levantar actas y recabar firmas en las escuelas.
En Chiapas, integrantes de la Sección 7 de la CNTE y de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon en ciudades del estado e insistieron en entablar una mesa de diálogo para abrogar las reformas.
Fue en ese estado donde maestros disidentes agredieron a colegas que se acudieron a presentar el examen de evaluación, Hecho que ya es investigado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Maestros de la CNTE y SETEP también salieron a las calles en Tabasco. Desde las diez de la mañana, bajo la lluvia, pancartas y lonas en mano, los profesores mostraron su inconformidad contra las pruebas que se practicarán a partir de mañana en el estado y advirtieron que boicotearán su aplicación.
En tanto, en Hermosillo, Sonora, estudiantes y maestros de las secciones 28 y 54 del SNTE y de la CNTE marcharon dela Plaza Emiliana de Zubeldía hacia el Congreso, donde exigieron la abrogación de las reformas en materia educativa.
Lo mismo hicieron maestros disidentes de Xalapa, Veracruz. El profesorado marchó del teatro del estado a la Plaza Lerdo hacia y de ahí hacia Palacio de Gobierno donde pidieron a sus colegas no responder los correos en los que se les solicita su asistencia para ser evaluados.
Por su parte maestros de las secciones 27 y 53 del SNTE en el puerto de Mazatlán, realizaron una marcha para protestar contra la reforma educativa y la evaluación docente.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El Partido Verde suma otra multa, ahora por 462 mil 660 pesos
Las tarjetas de descuento otorgadas por el partido no fueron suspendidas.
La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionó al PVEM con una multa equivalente a 462 mil 660 pesos por incumplir con el ordenamiento de suspender la entrega de tarjetas de descuentos.
El pleno determinó que la empresa Proyectos Juveniles es responsable directa del incumplimiento de tales medidas, pues no canceló el otorgamiento de descuentos de las tarjetas referidas, que van de cinco a 35 por ciento en diversos establecimientos comerciales.
Además, no se acreditó que informara a los establecimientos mercantiles que ofrecen los descuentos que se abstuvieran de recibirlas, por lo que también se le impuso una multa económica de 100 mil pesos.
El magistrado ponente Felipe de la Mata Pizaña explicó que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no llevó a cabo todos los actos necesarios para dar cumplimiento a la suspensión ordenada por el Instituto Nacional Electoral y, como consecuencia, se propuso sancionar tanto a esa fuerza política como a la empresa.
A su vez, la magistrada Gabriela Villafuerte Coello enfatizó que la medida cautelar fue clara al establecer la necesidad de implementar los mecanismos idóneos necesarios para suspender la campaña, lo cual no se cumplió.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionó al PVEM con una multa equivalente a 462 mil 660 pesos por incumplir con el ordenamiento de suspender la entrega de tarjetas de descuentos.
El pleno determinó que la empresa Proyectos Juveniles es responsable directa del incumplimiento de tales medidas, pues no canceló el otorgamiento de descuentos de las tarjetas referidas, que van de cinco a 35 por ciento en diversos establecimientos comerciales.
Además, no se acreditó que informara a los establecimientos mercantiles que ofrecen los descuentos que se abstuvieran de recibirlas, por lo que también se le impuso una multa económica de 100 mil pesos.
El magistrado ponente Felipe de la Mata Pizaña explicó que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no llevó a cabo todos los actos necesarios para dar cumplimiento a la suspensión ordenada por el Instituto Nacional Electoral y, como consecuencia, se propuso sancionar tanto a esa fuerza política como a la empresa.
A su vez, la magistrada Gabriela Villafuerte Coello enfatizó que la medida cautelar fue clara al establecer la necesidad de implementar los mecanismos idóneos necesarios para suspender la campaña, lo cual no se cumplió.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El rostro oculto de la violencia
La muerte de una egresada del Tec por presunta violencia de pareja causó conmoción entre la comunidad del instituto y activistas de Monterrey, porque muestra que éste es un mal que no distingue nivel educativo ni socioeconómico.
La conmoción y la incredulidad se apoderaron de la comunidad del Tecnológico de Monterrey y de activistas locales con el deceso de Angélica Ortiz Sena.
La necropsia de la Procuraduría de Nuevo León mostró que la joven, de 24 años, murió de una contusión en el cráneo, presuntamente a manos de su pareja, Jesús Arturo Rodríguez Bastidas, de 25 años, quien después se suicidó.
Las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de ambos el lunes, en la calle Notre Dame, Colonia Jardines del Paseo.
Ambos eran egresados del Tecnológico de Monterrey: él había estudiado Ingeniería Mecánica y ella era egresada de Relaciones Internacionales.
Para profesores, amigos y familiares, es difícil de creer cómo Angélica, directora de la organización Puertas Abiertas, para personas con discapacidad, y miembro de Itinera: Museo de Derechos Humanos, fue víctima de violencia de género y pareja.
“Ante toda esta situación me queda una gran incógnita: ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos aquellos que nos llamábamos sus amigos, sus confidentes?”, opina Lady Huerta Hernández, quien también estudió Relaciones Internacionales.
“Si ni ‘Angie’, quien siempre luchó por los derechos humanos, pudo identificar un caso así o lo que estaba viviendo, me hace ver que la violencia de pareja es una problemática muy fuerte”, comenta Ofelia Estrada, otra de sus compañeras del Tec.
Especialistas entrevistados por Reporte Indigo exponen que, aunque aún es un tabú en algunos sectores sociales, la violencia familiar y la de género no distinguen nivel educativo ni socioeconómico.
Un mal silencioso
Laura Villarreal, trabajadora social de Alternativas Pacíficas, asociación de Nuevo León que protege a las víctimas de violencia familiar y de género, explica que en ocasiones es difícil percatarse de una situación de abuso.
“Las personas agresoras son muy seductoras, en el sentido que, mientras empiezan a tener la confianza de la víctima, tratan de hablarle bonito y lo que la otra persona quiere que se le diga”, detalla.
“Ante los demás se puede presentar el agresor como una persona muy buena, muy serena, muy tranquila, y ya en el entorno con la víctima se remarca quién tiene la autoridad, es decir, es un ejercicio de la autoridad arbitraria y un desequilibro de poder”.
Villarreal precisa que los orígenes de la violencia de género están en cuestiones culturales, como el machismo, y en pasadas experiencias de agresión intrafamiliar, pues es algo cíclico.
Pero, puntualiza, en los casos que se presentan en ámbitos sociales de un alto nivel educativo y de niveles socioeconómicos medios-altos, lo que suele influir son condiciones psicológica y el consumo de alcohol o drogas por parte del agresor.
“Puede ser que la persona no se sienta con la capacidad, cuestiones que se crean de codependencia hacia el otro: ‘necesito estar al pendiente del otro y revisando la vida del otro y agradando al otro porque sin él no puedo vivir’, porque así lo vive la persona, inconscientemente”, explica.
“Es un proceso en el cual la persona tiene que darse cuenta que requiere un apoyo profesional porque son cosas que se van repitiendo o que se van haciendo más grandes hasta llegar a la muerte”.
La trabajadora social recomienda a amigos y familiares poner atención a los signos de alerta: el posible agresor controla la ropa, los amigos, las actividades, las palabras, los empleos, los documentos, el celular y las contraseñas de redes sociales.
“Estar al pendiente, incluso, de hablar a la policía si se ve algo extraño, por mínimo que sea, porque estas cosas suceden aunque uno no crea”, sugiere Villarreal a los allegados cuando han detectado un problema.
Educar contra el machismo
Irma Alma Ochoa, directora de la asociación Arthemisas por la Equidad, informa que este año han muerto, en promedio, cinco mujeres al mes en Nuevo León, principalmente por violencia de género.
Casi 350 mujeres han sido víctimas fatales en Nuevo León desde el 2012 a la fecha, agrega.
Ochoa, quien también es integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, apunta que falta educación sobre el machismo entre los funcionarios públicos y la sociedad civil, incluso en los círculos sociales con mayor educación.
“Hay algunas mujeres que consideran que en algún momento el cariño y la relación que tienen con el agresor va a hacer que el agresor cambie su perspectiva y su actitud, y eso sí es realmente un mito porque nosotras no podemos cambiar absolutamente a nadie”, subraya.
“Algunas mujeres están en esa negativa porque consideran que aquello que les pasa es normal, que es natural.
“Entonces como sociedad civil, y el gobierno, tenemos que educar, capacitar, difundir, que la violencia no es una situación natural”.
Ochoa considera que es importante que se emita una alerta de género en los tres niveles de gobierno de Nuevo León, para que haya campañas de concientización y que se capacite a autoridades para atender a víctimas de este tipo de violencias.
“Yo veo que no lo están combatiendo (el problema), aquí en el estado de Nuevo León hemos tenido una situación muy crítica”, apunta.
Para no voltear la mirada
La violencia de género y pareja trasciende niveles socioeconómicos y educativos, por lo que debe ponerse atención a las señales:
Signos de alerta
> El agresor controla la vestimenta de la pareja.
> Le impide a la pareja verse con ciertas personas.
> Esconde documentos personales.
> Revisa el celular, los mensajes, el Facebook.
> Le prohíbe tomar un empleo o realizar actividades.
> Frases clave: ‘no te pongas eso’, ‘no salgas con ellos’, ‘no quiero que te unas a este grupo o tomes este trabajo’.
¿Qué hacer si conozco a una víctima?
> Armar un plan de seguridad.
> Estar al pendiente de las señales.
> Comprender la situación de la víctima.
> Acercarse sin confrontaciones ni humillaciones.
> No temer.
> Entender que hay que llamar a la policía si es necesario.
> Contactar a una asociación civil.
¿Dónde pedir ayuda?
Alternativas Pacíficas, A. C.
Tel: 8372-9066 /8372-9694
info@alternativaspacificas.org
Ignacio Zaragoza 555 Nte. 2do Piso, Monterrey.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PEDRO PABLO CORTÉS.
La conmoción y la incredulidad se apoderaron de la comunidad del Tecnológico de Monterrey y de activistas locales con el deceso de Angélica Ortiz Sena.
La necropsia de la Procuraduría de Nuevo León mostró que la joven, de 24 años, murió de una contusión en el cráneo, presuntamente a manos de su pareja, Jesús Arturo Rodríguez Bastidas, de 25 años, quien después se suicidó.
Las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de ambos el lunes, en la calle Notre Dame, Colonia Jardines del Paseo.
Ambos eran egresados del Tecnológico de Monterrey: él había estudiado Ingeniería Mecánica y ella era egresada de Relaciones Internacionales.
Para profesores, amigos y familiares, es difícil de creer cómo Angélica, directora de la organización Puertas Abiertas, para personas con discapacidad, y miembro de Itinera: Museo de Derechos Humanos, fue víctima de violencia de género y pareja.
“Ante toda esta situación me queda una gran incógnita: ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos aquellos que nos llamábamos sus amigos, sus confidentes?”, opina Lady Huerta Hernández, quien también estudió Relaciones Internacionales.
“Si ni ‘Angie’, quien siempre luchó por los derechos humanos, pudo identificar un caso así o lo que estaba viviendo, me hace ver que la violencia de pareja es una problemática muy fuerte”, comenta Ofelia Estrada, otra de sus compañeras del Tec.
Especialistas entrevistados por Reporte Indigo exponen que, aunque aún es un tabú en algunos sectores sociales, la violencia familiar y la de género no distinguen nivel educativo ni socioeconómico.
Un mal silencioso
Laura Villarreal, trabajadora social de Alternativas Pacíficas, asociación de Nuevo León que protege a las víctimas de violencia familiar y de género, explica que en ocasiones es difícil percatarse de una situación de abuso.
“Las personas agresoras son muy seductoras, en el sentido que, mientras empiezan a tener la confianza de la víctima, tratan de hablarle bonito y lo que la otra persona quiere que se le diga”, detalla.
“Ante los demás se puede presentar el agresor como una persona muy buena, muy serena, muy tranquila, y ya en el entorno con la víctima se remarca quién tiene la autoridad, es decir, es un ejercicio de la autoridad arbitraria y un desequilibro de poder”.
Villarreal precisa que los orígenes de la violencia de género están en cuestiones culturales, como el machismo, y en pasadas experiencias de agresión intrafamiliar, pues es algo cíclico.
Pero, puntualiza, en los casos que se presentan en ámbitos sociales de un alto nivel educativo y de niveles socioeconómicos medios-altos, lo que suele influir son condiciones psicológica y el consumo de alcohol o drogas por parte del agresor.
“Puede ser que la persona no se sienta con la capacidad, cuestiones que se crean de codependencia hacia el otro: ‘necesito estar al pendiente del otro y revisando la vida del otro y agradando al otro porque sin él no puedo vivir’, porque así lo vive la persona, inconscientemente”, explica.
“Es un proceso en el cual la persona tiene que darse cuenta que requiere un apoyo profesional porque son cosas que se van repitiendo o que se van haciendo más grandes hasta llegar a la muerte”.
La trabajadora social recomienda a amigos y familiares poner atención a los signos de alerta: el posible agresor controla la ropa, los amigos, las actividades, las palabras, los empleos, los documentos, el celular y las contraseñas de redes sociales.
“Estar al pendiente, incluso, de hablar a la policía si se ve algo extraño, por mínimo que sea, porque estas cosas suceden aunque uno no crea”, sugiere Villarreal a los allegados cuando han detectado un problema.
Educar contra el machismo
Irma Alma Ochoa, directora de la asociación Arthemisas por la Equidad, informa que este año han muerto, en promedio, cinco mujeres al mes en Nuevo León, principalmente por violencia de género.
Casi 350 mujeres han sido víctimas fatales en Nuevo León desde el 2012 a la fecha, agrega.
Ochoa, quien también es integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, apunta que falta educación sobre el machismo entre los funcionarios públicos y la sociedad civil, incluso en los círculos sociales con mayor educación.
“Hay algunas mujeres que consideran que en algún momento el cariño y la relación que tienen con el agresor va a hacer que el agresor cambie su perspectiva y su actitud, y eso sí es realmente un mito porque nosotras no podemos cambiar absolutamente a nadie”, subraya.
“Algunas mujeres están en esa negativa porque consideran que aquello que les pasa es normal, que es natural.
“Entonces como sociedad civil, y el gobierno, tenemos que educar, capacitar, difundir, que la violencia no es una situación natural”.
Ochoa considera que es importante que se emita una alerta de género en los tres niveles de gobierno de Nuevo León, para que haya campañas de concientización y que se capacite a autoridades para atender a víctimas de este tipo de violencias.
“Yo veo que no lo están combatiendo (el problema), aquí en el estado de Nuevo León hemos tenido una situación muy crítica”, apunta.
Para no voltear la mirada
La violencia de género y pareja trasciende niveles socioeconómicos y educativos, por lo que debe ponerse atención a las señales:
Signos de alerta
> El agresor controla la vestimenta de la pareja.
> Le impide a la pareja verse con ciertas personas.
> Esconde documentos personales.
> Revisa el celular, los mensajes, el Facebook.
> Le prohíbe tomar un empleo o realizar actividades.
> Frases clave: ‘no te pongas eso’, ‘no salgas con ellos’, ‘no quiero que te unas a este grupo o tomes este trabajo’.
¿Qué hacer si conozco a una víctima?
> Armar un plan de seguridad.
> Estar al pendiente de las señales.
> Comprender la situación de la víctima.
> Acercarse sin confrontaciones ni humillaciones.
> No temer.
> Entender que hay que llamar a la policía si es necesario.
> Contactar a una asociación civil.
¿Dónde pedir ayuda?
Alternativas Pacíficas, A. C.
Tel: 8372-9066 /8372-9694
info@alternativaspacificas.org
Ignacio Zaragoza 555 Nte. 2do Piso, Monterrey.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PEDRO PABLO CORTÉS.
Liberan a Jacqueline Santana y Bryan Reyes tras ocho meses presos
México, DF. Jacqueline Santana López y Bryan Reyes Rodríguez fueron liberados la tarde de este viernes, luego de casi ocho meses de estar presos. Los jóvenes fueron acusados de intentar robar 500 pesos a una policía federal.
Santana dejó la prisión de Santa Marta Acatitla alrededor de las 16:30 horas, mientras que Reyes abandonó el Reclusorio Norte cerca de las 17:00 horas.
El joven abandonó las instalaciones del penal donde permanecía preso desde noviembre pasado acusado –de acuerdo con el resultado de un amparo– injustamente porque las autoridades le imputaron un presunto intento de robo a agentes federales sin fundamento alguno.
“Fue toda una construcción de las autoridades, que siempre estuvieron presionando y retrasando hasta la entrega de los resultados de las pruebas periciales, creemos que se trató de un intento de castigo ejemplar aleatorio. Una muestra de que el Estado reprime a quienes tienen otra ideología y buscan nuevas alternativas”, señaló Bryan al ser entrevistado luego de abandonar la prisión capitalina.
Bryan Reyes se dirige al plantón que mantiene una organización civil frente a la sede de la Procuraduría General de la República para reencontrarse con su compañera Jacqueline Santana.
Reyes indicó que se mantendrá en huelga de hambre y que dará continuidad a lo que él llamó 16 puntos reivindicatorios entre los que se incluye la demanda de mejores atenciones a los presos y su denuncia de que existe una “relación de complicidades entre las organizaciones de derechos humanos y las autoridades de los reclusorios, que permite que se violen las garantías de quienes se encuentran presos”.
Santana y Reyes, junto con otros seis jóvenes presos en distintas cárceles, iniciaron una huelga de hambre el pasado 27 de junio para exigir fin a los malos tratos contra los internos en los reclusorios.
Los jóvenes –ella estudiante de excelencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y él músico– estuvieron presos desde el pasado 15 de noviembre por presuntamente haber intentado asaltar a una policía federal, sometiéndola con un cuchillo de cocina.
Ese día, mientras los dos estudiantes –quienes fueron activos participantes en las manifestaciones por la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa– caminaban por la colonia Jardín Balbuena fueron sometidos por hombres y mujeres vestidos de civil, quienes no se identificaron y subieron por la fuerza a Bryan a un vehículo particular y a Jacqueline a un taxi. Los jóvenes se resistieron y gritaron que eran víctimas de un secuestro.
Al darse cuenta de la situación un policía capitalino detuvo a los vehículos, pero los captores se identificaron como policías federales y el uniformado dejó que se marcharan; los detenidos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público acusados del supuesto intento de robo a la agente Lidia Zárate Herrera.
Bryan, uno de los detenidos el 1º de diciembre de 2012 durante las protestas por la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto y liberado casi un mes después, y su novia Jacqueline declararon por separado que al ser detenidos con fines de secuestro forzado no sólo se los llevaron en un auto particular a él y en un taxi a ella, sino que en el camino fueron golpeados, intimidados y cuestionados sobre su activismo.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO/ TANIA MOLINA.
Santana dejó la prisión de Santa Marta Acatitla alrededor de las 16:30 horas, mientras que Reyes abandonó el Reclusorio Norte cerca de las 17:00 horas.
El joven abandonó las instalaciones del penal donde permanecía preso desde noviembre pasado acusado –de acuerdo con el resultado de un amparo– injustamente porque las autoridades le imputaron un presunto intento de robo a agentes federales sin fundamento alguno.
“Fue toda una construcción de las autoridades, que siempre estuvieron presionando y retrasando hasta la entrega de los resultados de las pruebas periciales, creemos que se trató de un intento de castigo ejemplar aleatorio. Una muestra de que el Estado reprime a quienes tienen otra ideología y buscan nuevas alternativas”, señaló Bryan al ser entrevistado luego de abandonar la prisión capitalina.
Bryan Reyes se dirige al plantón que mantiene una organización civil frente a la sede de la Procuraduría General de la República para reencontrarse con su compañera Jacqueline Santana.
Reyes indicó que se mantendrá en huelga de hambre y que dará continuidad a lo que él llamó 16 puntos reivindicatorios entre los que se incluye la demanda de mejores atenciones a los presos y su denuncia de que existe una “relación de complicidades entre las organizaciones de derechos humanos y las autoridades de los reclusorios, que permite que se violen las garantías de quienes se encuentran presos”.
Santana y Reyes, junto con otros seis jóvenes presos en distintas cárceles, iniciaron una huelga de hambre el pasado 27 de junio para exigir fin a los malos tratos contra los internos en los reclusorios.
Los jóvenes –ella estudiante de excelencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y él músico– estuvieron presos desde el pasado 15 de noviembre por presuntamente haber intentado asaltar a una policía federal, sometiéndola con un cuchillo de cocina.
Ese día, mientras los dos estudiantes –quienes fueron activos participantes en las manifestaciones por la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa– caminaban por la colonia Jardín Balbuena fueron sometidos por hombres y mujeres vestidos de civil, quienes no se identificaron y subieron por la fuerza a Bryan a un vehículo particular y a Jacqueline a un taxi. Los jóvenes se resistieron y gritaron que eran víctimas de un secuestro.
Al darse cuenta de la situación un policía capitalino detuvo a los vehículos, pero los captores se identificaron como policías federales y el uniformado dejó que se marcharan; los detenidos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público acusados del supuesto intento de robo a la agente Lidia Zárate Herrera.
Bryan, uno de los detenidos el 1º de diciembre de 2012 durante las protestas por la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto y liberado casi un mes después, y su novia Jacqueline declararon por separado que al ser detenidos con fines de secuestro forzado no sólo se los llevaron en un auto particular a él y en un taxi a ella, sino que en el camino fueron golpeados, intimidados y cuestionados sobre su activismo.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO/ TANIA MOLINA.
Yucatán sí espiaba
Documentos internos del Hacking Team registraron al gobierno del estado de Yucatán como uno de sus clientes
Documentos revelaron que el gobierno del estado pagó más de 7 millones de pesos por un software que permitía hacer labores de espionaje.
De acuerdo a Sin Embargo, archivos de la compañía Hacking Team comprueban que dio servicio a autoridades yucatecas.
Horas antes, fuentes oficiales de la administración negaron que tuvieran vínculos con la empresa que desató un escándalo internacional.
Sin embargo contratos y facturas comprueban que un proveedor que trabajó para el estado adquirió equipo que serviría para recoger información de equipos de cómputo y teléfonos móviles sin que el usuario se diera cuenta.
La triangulación por medio de intermediarios era una práctica común de la empresa Hackking Team ya que evitaba ser relacionada directamente con gobiernos para no ser acusada de espionaje.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
Documentos revelaron que el gobierno del estado pagó más de 7 millones de pesos por un software que permitía hacer labores de espionaje.
De acuerdo a Sin Embargo, archivos de la compañía Hacking Team comprueban que dio servicio a autoridades yucatecas.
Horas antes, fuentes oficiales de la administración negaron que tuvieran vínculos con la empresa que desató un escándalo internacional.
Sin embargo contratos y facturas comprueban que un proveedor que trabajó para el estado adquirió equipo que serviría para recoger información de equipos de cómputo y teléfonos móviles sin que el usuario se diera cuenta.
La triangulación por medio de intermediarios era una práctica común de la empresa Hackking Team ya que evitaba ser relacionada directamente con gobiernos para no ser acusada de espionaje.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
El ‘Gran Hermano’ de los jaliscienses
El Gobierno de Jalisco pagó más de 13 millones de pesos a la empresa italiana Hacking Team para intervenir comunicaciones en 25 equipos, revelan documentos de la información que le fue robada a la firma, y correos internos de la misma.
Por poco más de 13 millones de pesos, el Gobierno de Jalisco adquirió en 2014 el programa Galileo, de la firma italiana especializada en espionaje, Hacking Team, para intervenir comunicaciones en 25 dispositivos diferentes, a través de un equipo de 10 personas autorizadas.
Eso se desprende de documentos de los más de 400 gigabytes de información que le fueron sustraídos a la compañía, difundidos desde el miércoles por la noche por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), a través de Twitter.
No sólo eso: cables de Wikileaks lo confirman. De entre 318 resultados de Jasmine (el nombre de usuario que la compañía le proporcionó al gobierno estatal), resalta el correo interno entre ejecutivos de Hacking Team, con el número 383960.
“Hola muchachos, adjunto pueden encontrar el certificado de entrega que acaba de firmar el cliente final aquí en Guadalajara, México. Saludos”, se lee en el correo enviado por Giancarlo Russo, empleado de Hacking Team, a Simonetta Galluci, del área de finanzas de la compañía.
El documento adjunto es un certificado de entrega con sello de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, fechado el 17 de diciembre de 2014. Cuenta con la firma de Eduardo Pardo, también ejecutivo de Hacking Team y de Héctor Federico Zúñiga Bernal, coordinador general de Asuntos Sociales de la dependencia estatal.
Zúñiga Bernal aparece en el organigrama del Gobierno del Estado con ese cargo; su sueldo quincenal bruto es de 31 mil 332 pesos.
La firma del funcionario que aparece en el certificado de entrega es similar a la que ha plasmado en otros documentos oficiales, como en la de la séptima acta de sesión ordinaria del Instituto Jalisciense de la Juventud, del 22 de enero pasado.
En el certificado de entrega que el servidor público firmó se detalla la forma en que las autoridades locales operarán Galileo.
A través de un equipo de 10 usuarios autorizados, podrán intervenir 25 equipos de distintas plataformas (Windows y OS en equipos de escritorio; Android, Blackberry, iOS y Windows Phone, en dispositivos móviles).
Los 25 equipos a intervenir no serán fijos; el comprador puede quitar y poner, dentro de su lista a espiar, los que él desee.
“Galileo es un sistema ofensivo que, a través de él, se infectan computadoras y dispositivos móviles, para extraer información; puedes monitorear el uso de redes sociales, llamadas de Skype, llamadas por el celular, en general, tomar el control absoluto del dispositivo para intervenirlo”, detalla Luis Fernando García, director de R3D, en entrevista con Reporte Indigo.
Galileo, según se lee en su presentación en la página electrónica de Hacking Team, es un sistema de control remoto que evade antivirus y firewall, puede ingresar en redes inalámbricas y monitorear todas las operaciones de un dispositivo a intervenir.
“Sistema de Control Remoto: la suite de hacking para la intercepción gubernamental. Al alcance de sus dedos”, presume la firma acerca de Galileo.
Entrega y curso de capacitación
El 9 de diciembre de 2014, Óscar Israel González, de SYM Servicios Integrales, fue notificado por Hacking Team que Daniele Milán, Daniel Martínez y Eduardo Pardo instalarían y capacitarían, el 14 de diciembre de 2014, en Guadalajara, Jalisco, a Héctor Zúñiga Bernal, de la Secretaría General de Gobierno, en torno al programa.
En el punto 2 del correo se define que había, hasta ese momento, dos IP de los anonimyzers, que a decir de R3D, permite que el programa intruso permanezca invisible en los dispositivos.
En el punto 4, se lee que Héctor Federico Zúñiga Bernal es el encargado de firmar y aprobar la entrega, y que el curso de capacitación a cuatro personas sería en el número 3185 de la calle Mesina, en la colonia Providencia, en Jalisco, en la cual se encuentra la Coordinación General de Asuntos Sociales.
Más documentos de Wikileaks demuestran que hubo la presencia de ejecutivos de Hacking Team durante 2014 en Guadalajara. Incluso, hicieron referencia a la gastronomía local.
“Lo cultural del día: Eduardo se enchiló con una torta ahogada, pero lo disfrutaba. Daniele comió una menos picante y pasó la prueba de la comida mexicana”, escribió Daniel Martínez, el 17 de diciembre del año pasado, a sus demás colegas de la firma italiana Hacking Team.
La negación
El 6 de julio pasado, la empresa Hacking Team reconoció, en un comunicado, el robo de 400 gibabytes de información propios.
En el listado de clientes dado a conocer, resaltó que México es el país que más ha pagado por sus servicios, con casi 6 millones de euros.
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría del Estado de México y Jalisco, son sus principales compradores aquí.
Jalisco, según el primer reporte, posee contratos por 748 mil euros (unos 13 millones 38 mil 66 pesos) con la empresa italiana.
El miércoles pasado, R3D publicó en Twitter tres facturas hechas hasta ahora, a través de SYM Servicios Integrales, S.A. de C.V., para la adquisición de Galileo al gobierno de Jalisco.
Una, del 11 de diciembre de 2014, fue por 165 mil euros; otra, del 23 de diciembre, por 220 mil euros; y otra de ese mismo día, por 165 mil euros. En total, unos 550 mil euros, equivalentes a 9.5 millones de pesos.
El 7 de julio pasado, al conocerse primero que Jalisco era uno de los clientes favoritos de Hacking Team, Gonzalo Sánchez, vocero del gobierno estatal, rechazó los señalamientos.
“No es política de esta administración acercarnos de alguna herramienta de espionaje digital”, declaró aquel día el vocero.
Reporte Indigo buscó ayer a Gonzalo Sánchez para tener una nueva versión oficial, acerca de los documentos ahora disponibles en Wikileaks, y los últimos dados a conocer por R3D.
Su asistente dijo que se encontraba en una reunión con el gobernador Aristóteles Sandoval, y que atendería la petición de este medio, más tarde. Lo que no ha sucedido.
El portal de transparencia del Gobierno de Jalisco no registra a las empresas Hacking Team ni a SYM Servicios Integrales en su apartado de contratos elaborados con proveedores.
El 17 de agosto de 2012, en “Los últimos caprichos”, Reporte Indigo informó de la compra por adjudicación directa de 250 cámaras por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, para ser instaladas en las patrullas del Municipio, por 13 millones 999 mil pesos.
El proveedor fue SYM Servicios Integrales, según la determinación que tomó la Comisión de Adquisiciones el 25 de mayo de ese año.
“No hay duda en la veracidad de la información que compromete al Gobierno de Jalisco, se ha corroborado de muchas maneras”, dice Luis Fernando García, de R3D.
Explica que al intervenir comunicaciones privadas, el gobierno estatal viola el artículo 16 constitucional, que permite tal acción sólo a autoridades competentes, mediante una orden judicial. La Secretaría General de Gobierno, añade, no lo es.
“Estamos investigando si se hicieron intervenciones contra políticos, activistas; hay más material de Jalisco, estamos haciendo una revisión rápida y la publicaremos, porque sí hay más información sobre Jalisco”, concluye el activista.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRRERA/ MAURICIO FERRER.
Por poco más de 13 millones de pesos, el Gobierno de Jalisco adquirió en 2014 el programa Galileo, de la firma italiana especializada en espionaje, Hacking Team, para intervenir comunicaciones en 25 dispositivos diferentes, a través de un equipo de 10 personas autorizadas.
Eso se desprende de documentos de los más de 400 gigabytes de información que le fueron sustraídos a la compañía, difundidos desde el miércoles por la noche por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), a través de Twitter.
No sólo eso: cables de Wikileaks lo confirman. De entre 318 resultados de Jasmine (el nombre de usuario que la compañía le proporcionó al gobierno estatal), resalta el correo interno entre ejecutivos de Hacking Team, con el número 383960.
“Hola muchachos, adjunto pueden encontrar el certificado de entrega que acaba de firmar el cliente final aquí en Guadalajara, México. Saludos”, se lee en el correo enviado por Giancarlo Russo, empleado de Hacking Team, a Simonetta Galluci, del área de finanzas de la compañía.
El documento adjunto es un certificado de entrega con sello de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, fechado el 17 de diciembre de 2014. Cuenta con la firma de Eduardo Pardo, también ejecutivo de Hacking Team y de Héctor Federico Zúñiga Bernal, coordinador general de Asuntos Sociales de la dependencia estatal.
Zúñiga Bernal aparece en el organigrama del Gobierno del Estado con ese cargo; su sueldo quincenal bruto es de 31 mil 332 pesos.
La firma del funcionario que aparece en el certificado de entrega es similar a la que ha plasmado en otros documentos oficiales, como en la de la séptima acta de sesión ordinaria del Instituto Jalisciense de la Juventud, del 22 de enero pasado.
En el certificado de entrega que el servidor público firmó se detalla la forma en que las autoridades locales operarán Galileo.
A través de un equipo de 10 usuarios autorizados, podrán intervenir 25 equipos de distintas plataformas (Windows y OS en equipos de escritorio; Android, Blackberry, iOS y Windows Phone, en dispositivos móviles).
Los 25 equipos a intervenir no serán fijos; el comprador puede quitar y poner, dentro de su lista a espiar, los que él desee.
“Galileo es un sistema ofensivo que, a través de él, se infectan computadoras y dispositivos móviles, para extraer información; puedes monitorear el uso de redes sociales, llamadas de Skype, llamadas por el celular, en general, tomar el control absoluto del dispositivo para intervenirlo”, detalla Luis Fernando García, director de R3D, en entrevista con Reporte Indigo.
Galileo, según se lee en su presentación en la página electrónica de Hacking Team, es un sistema de control remoto que evade antivirus y firewall, puede ingresar en redes inalámbricas y monitorear todas las operaciones de un dispositivo a intervenir.
“Sistema de Control Remoto: la suite de hacking para la intercepción gubernamental. Al alcance de sus dedos”, presume la firma acerca de Galileo.
Entrega y curso de capacitación
El 9 de diciembre de 2014, Óscar Israel González, de SYM Servicios Integrales, fue notificado por Hacking Team que Daniele Milán, Daniel Martínez y Eduardo Pardo instalarían y capacitarían, el 14 de diciembre de 2014, en Guadalajara, Jalisco, a Héctor Zúñiga Bernal, de la Secretaría General de Gobierno, en torno al programa.
En el punto 2 del correo se define que había, hasta ese momento, dos IP de los anonimyzers, que a decir de R3D, permite que el programa intruso permanezca invisible en los dispositivos.
En el punto 4, se lee que Héctor Federico Zúñiga Bernal es el encargado de firmar y aprobar la entrega, y que el curso de capacitación a cuatro personas sería en el número 3185 de la calle Mesina, en la colonia Providencia, en Jalisco, en la cual se encuentra la Coordinación General de Asuntos Sociales.
Más documentos de Wikileaks demuestran que hubo la presencia de ejecutivos de Hacking Team durante 2014 en Guadalajara. Incluso, hicieron referencia a la gastronomía local.
“Lo cultural del día: Eduardo se enchiló con una torta ahogada, pero lo disfrutaba. Daniele comió una menos picante y pasó la prueba de la comida mexicana”, escribió Daniel Martínez, el 17 de diciembre del año pasado, a sus demás colegas de la firma italiana Hacking Team.
La negación
El 6 de julio pasado, la empresa Hacking Team reconoció, en un comunicado, el robo de 400 gibabytes de información propios.
En el listado de clientes dado a conocer, resaltó que México es el país que más ha pagado por sus servicios, con casi 6 millones de euros.
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría del Estado de México y Jalisco, son sus principales compradores aquí.
Jalisco, según el primer reporte, posee contratos por 748 mil euros (unos 13 millones 38 mil 66 pesos) con la empresa italiana.
El miércoles pasado, R3D publicó en Twitter tres facturas hechas hasta ahora, a través de SYM Servicios Integrales, S.A. de C.V., para la adquisición de Galileo al gobierno de Jalisco.
Una, del 11 de diciembre de 2014, fue por 165 mil euros; otra, del 23 de diciembre, por 220 mil euros; y otra de ese mismo día, por 165 mil euros. En total, unos 550 mil euros, equivalentes a 9.5 millones de pesos.
El 7 de julio pasado, al conocerse primero que Jalisco era uno de los clientes favoritos de Hacking Team, Gonzalo Sánchez, vocero del gobierno estatal, rechazó los señalamientos.
“No es política de esta administración acercarnos de alguna herramienta de espionaje digital”, declaró aquel día el vocero.
Reporte Indigo buscó ayer a Gonzalo Sánchez para tener una nueva versión oficial, acerca de los documentos ahora disponibles en Wikileaks, y los últimos dados a conocer por R3D.
Su asistente dijo que se encontraba en una reunión con el gobernador Aristóteles Sandoval, y que atendería la petición de este medio, más tarde. Lo que no ha sucedido.
El portal de transparencia del Gobierno de Jalisco no registra a las empresas Hacking Team ni a SYM Servicios Integrales en su apartado de contratos elaborados con proveedores.
El 17 de agosto de 2012, en “Los últimos caprichos”, Reporte Indigo informó de la compra por adjudicación directa de 250 cámaras por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, para ser instaladas en las patrullas del Municipio, por 13 millones 999 mil pesos.
El proveedor fue SYM Servicios Integrales, según la determinación que tomó la Comisión de Adquisiciones el 25 de mayo de ese año.
“No hay duda en la veracidad de la información que compromete al Gobierno de Jalisco, se ha corroborado de muchas maneras”, dice Luis Fernando García, de R3D.
Explica que al intervenir comunicaciones privadas, el gobierno estatal viola el artículo 16 constitucional, que permite tal acción sólo a autoridades competentes, mediante una orden judicial. La Secretaría General de Gobierno, añade, no lo es.
“Estamos investigando si se hicieron intervenciones contra políticos, activistas; hay más material de Jalisco, estamos haciendo una revisión rápida y la publicaremos, porque sí hay más información sobre Jalisco”, concluye el activista.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRRERA/ MAURICIO FERRER.
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