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Frente ciudadano en Pedregales y el Ajusco contra megadesarrollos

Expulsarán a habitantes originarios y traerán a otros de mayor poder adquisitivo, advierten. Denuncian en una jornada informativa tácticas de autoridades y desarrolladores para sacarlos.

Habitantes de las colonias Los Pedregales y Ajusco, en la delegación Coyoacán, formaron un frente común contra las zonas de desarrollo económico (Zodes) denominadas Parque de Innovación CDMX y Ciudad de la Salud, que provocarán, dijeron, la expulsión de muchos de los resdentes actuales.

En una jornada informativa, David Campos y Miguel Ángel Salazar explicaron que la edificación de grandes torres de oficinas hasta de 45 pisos, departamentos de lujo y centros comerciales triplicará el número de habitantes, pero de mayor poder adquisitivo.

La reclasificación de zona popular a residencial, señalaron, aumentó hasta 3 mil por ciento el pago del impuesto predial, por lo que muchas de las familias están en suspensión y en riesgo de ser embargadas, como ha sucedido para ampliar los terrenos en manos del gobierno.

Otra táctica para contar con más tierras para los desarrolladores inmobiliarios es la firma de acuerdos público-privados, que posibilitan la expropiación por causa de interés público, y, si el afectado quiere evitarlo, debe cubrir una garantía imposible de pagar, precisó Salazar.

El integrante del Frente Ciudadano contra las Zodes consideró que el proyecto Ciudad Salud, en Tlalpan, es una cortina de humo para permitir a Médica Sur crecer diez veces, con el argumento de que se concentrarán todos los servicios de salud en el sur.

Su concreción afectará a alrededor de 75 mil habitantes, varios de los cuales tendrán que emigrar a la zona conurbada, ante la imposibilidad de cubrir el pago de impuestos y derechos, ya que se están yendo al cielo, pues se trata de un proyecto para ricos, no para pobres, indicó.

Una situación similar se presenta en Los Pedregales, donde en las 16 hectáreas que ocupaba la planta de asfalto se levantarán un parque científico, un centro especializado de servicios de imagenología, una biblioteca digital y un área de vivienda residencial, precisó Campos.

Los daños serán desastrosos, porque algunos perderán su patrimonio y otros enfrentarán problemas de movilidad y encarecimiento de servicios, por lo cual actuaremos por la vía legal para impedir estos proyectos en el sur de la capital, anunciaron.

Por lo pronto, se instalarán tendederos informativos en las cerca de 12 colonias que resultarán afectadas, con el fin de que la gente conozca de qué se tratan los proyectos, y se realizarán movilizaciones y cadenas humanas en los sitios a intervenir.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LAURA GÓMEZ FLORES.

Continúan ejidatarios oposición contra despojo; la Federación no cesa presión

Veracruz, Ver.- El 40 por ciento de ejidos de municipios de la zona norte del estado se encuentran en resistencia ante la obstinación del gobierno federal para que entren al “Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar” (Fanar), ya que consideran que al pasar a certificación y titularización de solares, las empresas trasnacionales aprovecharán para despojar a los campesinos de sus tierras y poder llevar a cabo las perforaciones de pozos petroleros con el uso de la técnica de fracking.


Lo anterior fue dado a conocer por Braulio Morales Pascuala, integrante del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ), quien afirmó que hay una insistencia por parte del Estado en las comunidades de la Huasteca veracruzana para que entren al Fanar, bajo el ofrecimiento de que sólo así los campesinos podrán obtener los beneficios de los programas federales de apoyo al campo.


El integrante de FDOMEZ señaló que en los ejidos donde no existe organización es donde los campesinos han cedido y es precisamente en donde se está dando el despojo de tierras y ya han entrado las empresas extranjeras, “esto no es nada benéfico para las comunidades y en donde hay resistencia se da porque hay comunidades organizadas, con el Fanar se pretende dividir el ejido y poder explotar las riquezas que tiene el ejido”.


Del municipio de Chicontepec hay ciertas comunidades que todavía resisten en mantener los ejidos, “aunque es muy fuerte el planteamiento, exigencia del Estado para que a través del proyecto de los programas federales, tienen forzosamente pasar a formar parte del emparcelamiento para que el campesino pueda disfrutar de los recursos federales para el campo”.


“El despojo ya está en los municipios de Ixhuatlán, hay explotación del petróleo, pero la gente está siendo afectada, el famoso fracking ya no tanto la perforación sino que ahora la explotación de agua también”, dijo.


Dijo que el Estado sabe en dónde están los pueblos organizados, “en Ixhuatlán las partes no organizadas es en donde van explotando, por ejemplo, nosotros en el municipio de Chicontepec, que es el famosa zona petrolera, pero ahí existe organización y hay ejidos en resistencia sobre todo en la parte con los límites de Hidalgo, ahí hemos retrasado la explotación abierta como lo vienen haciendo, en el municipio de Benito de Juárez también hay resistencia”.


Actualmente, el gran problema que se enfrentan las comunidades o aquellos en donde ya está fraccionado el ejido “es que la empresa ya no reconoce el costo del terreno total perjudicado, sólo les están comprando la hectárea en donde estará el pozo”, dijo Morales Pascuala


También la estrategia que están utilizando las empresas que van a perforar pozos para aplicar el fracking es que están llegando a la cabeza del ejido, es decir, “ofrecerle recursos al comisariado ejidal, ofertándole por una hectárea de terreno hasta un millón de pesos para que el mismo comisariado ejidal convenza a los otros y de esa manera poder tumbar fácilmente la resistencia, ese es el plan, así se dará el despojo de manera impositaria”.


Sin embargo, sostuvo que aún el 40 por ciento de los núcleos ejidales están en resistencia y confía en que con la organización que han mantenido desde hace muchos años, las empresas trasnacionales no podrán avanzar, porque hay varios pozos que están dentro de los ejidos en los que no pueden entrar y puso de ejemplo el pozo número 1 de Chicontepec, “está reservado desde 1968, Pemex lo visita de vez en cuando, pero hay resistencia y no pueden entrar porque está dentro de un ejido en resistencia”.


Fuente: La Jornada Veracruz

Otro Camarena, el temor de los agentes de la DEA en México

MÉXICO, D.F:  En Washington, los altos funcionarios de Estados Unidos dicen estar “frustrados y decepcionados” por la segunda fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán de un penal de máxima seguridad. Pero los agentes estadunidenses encargados de operar en México saben que sus actividades serán ahora más riesgosas.

En febrero del año pasado, cuando la Agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) se adelantó al gobierno mexicano y filtró a la agencia de noticias Associated Press (AP) que ‘El Chapo’ había sido detenido en Mazatlán, Sinaloa, el gobierno estadunidense se adjudicó el crédito de haber rastreado las comunicaciones para dar con el jefe más emblemático del Cártel de Sinaloa.

La decisión de adelantarse al gobierno de Enrique Peña Nieto fue para atar las manos a cualquier alto funcionario mexicano que hubiera querido negociar con ‘El Chapo’.

La prensa estadunidense empezó a reconstruir la Operación Gárgola puesta en marcha en México a principios del año pasado para la captura. Informó sobre la participación de agentes de la DEA, del US Marshall -agencia experta en búsqueda de fugitivos-, y del Departamento de Seguridad Interior.

Las agencias estadunidenses como dueñas de la información y la Marina, Armada de México como ejecutora de la operación con un comando especial de Fuerzas Especiales.

Ahora los agentes de esas y otras dependencias estadounidenses que operan en México en la llamada guerra a las drogas, saben que el escape de Guzmán del penal del Altiplano los coloca en mayor riesgo.

Roberta Jacobson, propuesta por el presidente Barack Obama como embajadora de Estados Unidos en México aseguró el jueves en Washington, durante una audiencia en el Senado como parte de su proceso de ratificación, que el gobierno de ese país está “frustrado y decepcionado” por la fuga del sábado 11 de julio por la noche.

Horas antes, el jefe de Operaciones y actual director interino de la DEA, Jack Rilley declaró a la cadena de televisión estadunidense CNN que el escape representa el peor momento de su carrera. Y adelantó que ya se inició la “cacería” para ir por ‘El Chapo’, echando mano de todo, incluidas las alianzas coyunturales con los cárteles enemigos de la organización delictiva sinaloense.

No es noticia. Ese tipo de acuerdos son comunes para la DEA, como lo fue para la CIA en 1985 durante el Irán Contras y su secuela en México con el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, del que se responsabilizó al Cártel de Guadalajara de los sinaloenses Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y  Ernesto Fonseca, mentores de ‘El Chapo’ Guzmán.

Tres décadas después, el narcotráfico es mucho más fuerte y complejo en México y el riesgo para los agentes estadunidenses es mucho mayor. Dos casos del sexenio pasado lo demuestran: el ataque en febrero de 2011 a agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas en la carretera San Luis Potosí-Querétaro, y el de agosto de 2012 a personal diplomático en la carretera México-Cuernavaca.

Apenas el  6 de junio, un helicóptero de Aduanas y Protección Fronteriza fue forzado a aterrizar en Laredo por disparos que recibió desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pero sólo son los casos que han trascendido.

Cuando el jefe de operaciones de la DEA habla de cacería y de utilizar cualquier método, lo que hace es incentivar la lógica de la guerra al narcotráfico, emprendida por Estados Unidos en 1971 y abrazada ya en México, sobre todo durante el sexenio pasado.

El gobierno de Felipe Calderón, incluso, había acordado con el de Estados Unidos un operativo contra ‘El Chapo’ como el que se hizo para matar al líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, en Paquistán. Los militares mexicanos rechazaron el plan.

Ahora no están claras las relaciones entre ambos países en la materia. Tras la fuga de ‘El Chapo’, la DEA quiso de nuevo madrugar al gobierno mexicano. A través de la agencia AP dijo que había advertido en dos ocasiones al gobierno de México sobre el intento de fuga de Guzmán. El secretario de Gobernación lo negó públicamente y a las pocas horas, el diario The New York Times dijo que México había rechazado cualquier ayuda.


Aunque Rilley aclaró que esa versión era falsa, cualquier acción unilateral de Estados Unidos para ir contra el capo sinaloense sería muy costosa para las relaciones de los dos países, empezando para los numerosos agentes estadunidenses que operan en México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

El dispendio de Peña

Peña Nieto afirmó al diario The Financial Times que su gobierno vive una crisis de credibilidad. Lo que llama poderosamente la atención es que, en vez de cambiar y trabajar en aras de dar credibilidad a las instituciones, y que éstas a su vez aporten una perspectiva diferente sobre la realidad respecto a los graves problemas de violaciones a derechos, corrupción e impunidad, el gobierno federal opta por comprar imagen, por la manipulación de la información y el poder de la propaganda.

En 2013 Enrique Peña Nieto gastó 7,000 millones de pesos, una erogación que jamás antes se había hecho del presupuesto público. Esto de por sí ya es grave y lo es aún más si le sumamos que el gobierno federal se excedió en 48% del gasto originalmente aprobado para publicidad oficial. ¿Hay alguna consecuencia de esto? No, ninguna.


Nuestro sistema de rendición de cuentas y auditoría permite este cambio millonario de partidas presupuestales sin consecuencia alguna, lo que nos lleva a preguntar: ¿Y para qué se toma la molestia la Cámara de Diputados de señalarle al Ejecutivo en qué rubros debe gastar? Más aún, ¿por qué no ha expresado su oposición a ello, por qué no lo ha llamado a rendir cuentas? Al respecto, el órgano legislativo omite ejercer su papel de contrapeso.

Gobernar sólo con la imagen es hoy una constatación de que no hay (o es muy escasa) política eficiente para resolver problemas graves que aquejan al país. El aumento en el rubro mencionado no está justificado y, si me presionan para decirlo, no tiene impacto alguno que beneficie a la sociedad. Es decir, no tenemos más y mejor información para tomar decisiones. El aumento se puede medir de la siguiente manera: Vicente Fox en 2001 gastó $3,495 millones en publicidad oficial;  Felipe Calderón, en 2007, gastó $5,261, frente a los $7,000 de Peña en 2013, los cuales se calcula que serán superados considerablemente en 2014.

A los $7,000 millones del gasto de Peña se le tienen que sumar los gastos de los gobernadores para poder llegar a la cifra aproximada de lo que gastan los ejecutivos de todo el país. Súmele a esto lo erogado por Velasco en Chiapas, Borge en Quintana Roo, “Malova” en Sinaloa y Duarte en Veracruz. La cifra será grosera sin lugar a dudas.


La relación más tóxica entre el poder y los medios de comunicación en México pasa por el discrecional —y grosero— gasto para la compra de publicidad oficial. Dicha discrecionalidad premia una relación corrupta entre los medios y el poder político que lleva, sin lugar a dudas, a una sutil (o tal vez no tanto) censura en el contenido. El viejo refrán: “no pago para que me pegues” parece estar en el centro de esta corrupta relación. Sin lugar a dudas, el dinero que premia o castiga a los medios es un lastre para el periodismo mexicano. Pero que no se entienda que es una cuestión meramente gubernamental, al contrario, el sistema se mueve y prevalece por la actitud, también corrupta, y la complicidad del sistema de medios.

La televisión —Televisa y Estudios Azteca— acumuló el 34% del gasto en publicidad oficial en 2014 (tomemos en cuenta que en entidades como Puebla o el Estado de México el gasto en televisión alcanza el 60%). La radio, a su vez, recibió el 16.27 %, los medios impresos el 15.23%. Esto quiere decir que la mitad del gasto en publicidad oficial se distribuye en medios radioeléctricos, a pesar de que el gobierno dispone de espacios gratuitos y tiempos oficiales para transmitir contenidos de Estado.


Si hacemos un análisis más minucioso para determinar los proveedores con mayor concentración del gasto en publicidad oficial encontramos lo siguiente: Televisa acapara el 43.24% del total (con un contrato total de $506’472,692.55), Estudios Azteca el 36.12% (con un contrato de $423’079,205.29). En radio, el más beneficiado —y que no tiene programas de entretenimiento, sino que su fuerte son los programas de noticias y opinión— es Grupo Fórmula, con 40.31% (y un contrato de $61’790,643.58) y Grupo Radio Centro, con 34% (equivalente a $52’427,439.95).

En el ámbito de los medios impresos está un poco más distribuido el gasto. Ningún periódico tiene una concentración como la que vemos en medios electrónicos. Los tres diarios con mayor ingreso son: diario Reforma con 7.68% del total destinado a este tipo de medios que equivale a un contrato de $40,216,156. El Universal con 6.24% con un contrato de $32,685,948 y Milenio con 6.09% con un contrato de $31,924,526.

Si recordamos que el presupuesto aproximado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es de $1,500 millones de pesos, las cifras del dispendio en propaganda resulta más preocupante todavía. En 2012, Enrique Peña Nieto escribió una columna en el diario Reforma en la que se comprometía a regular el gasto en publicidad oficial, y después ratificó su compromiso con los tres primeros temas de la agenda. Al presidente se le olvidó su compromiso, y cómo no iba a olvidarlo si puede gastar dichas cantidades sin ningún escrutinio. Lo cierto es que, a pesar de que en el Congreso hay una docena de iniciativas en la materia, congeladas, ningún partido político quiere tocar esa fuente de ingresos.

Como conclusión, los siguientes puntos:

-          La única solución que vislumbro en el horizonte —y no peco de ingenuo— es quitarle el poder de distribución del dinero destinado a publicidad oficial a los gobiernos (federal y estatales). Prohibir categóricamente la compra, producción y emisión de propaganda política.

-          Crear un órgano autónomo que regule este gasto a través de criterios no discrecionales, transparentes y con índices de impacto. Esto querrá decir que muchos medios que viven de la publicidad oficial desaparecerán si no es que logran crear un nuevo modelo de mercado y adecuarse a las nuevas reglas.

-          Sí debe haber un subsidio a los medios de comunicación con criterios que incluyan promover el periodismo de interés público y asegurar el acceso a la información de temas de interés público a la población (por ejemplo, campañas de vacunación, alerta de huracanes, campañas ambientales, etcétera). pero de ninguna manera un medio puede vivir 100% del dinero público: debe haber un techo.

-          Deberá reforzarse la legislación vigente para dotar de independencia editorial y financiera a la red de medios públicos, y usar de manera más eficiente los tiempos oficiales y fiscales a disposición del gobierno federal.

-          En aras de diseñar una estrategia adecuada de distribución desde la institución competente, es fundamental promover y asegurar una mayor transparencia de los medios de comunicación en algunas materias como números de audiencia, tiraje, poblaciones foco, etcétera.


Está fuera de toda comprensión que se hable de crisis y de recortes de presupuesto en sectores fundamentales para la sociedad, como la cultura o la salud, mientras el rubro presupuestal de dinero para publicidad del gobierno federal crece año con año. La gobernanza basada en la imagen y propaganda no ha traído hasta ahora ningún beneficio, y sí un gran y grosero dispendio de nuestro dinero. Repito, la única solución es quitarles ese dinero.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DARÍO RAMÍREZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/16-07-2015/36934.

¿Qué hay en Ostula? ¿Por qué quieren esas tierras?

La codicia sobre la región de grupos y personas externas se fundamenta en la existencia de minerales, playas, recursos naturales y especies en peligro de extinción. El paraíso para las transnacionales.

Carreteras, puentes, proyectos turísticos y programas de privatización de tierras, son algunos de los embates que enfrenta la comunidad nahua de Santa María Ostula, en el litoral del estado de Michoacán. Se trata de programas que intentan entrar de la mano de la militarización y paramilitarización, siguiendo el manual el despojo en México.

El proyecto carretero, explican los comuneros de Ostula, es parte del Plan Regional Sustentable de Michoacán, y contempla la construcción de una autopista, hoteles y fraccionamientos residenciales sin consultar a la comunidad: “Dicen que es para fomentar el desarrollo de la comunidad, pero nunca nos han llamado para saber nuestra opinión. Es un proyecto que el gobierno hace solo”.

El 29 de junio de 2009 los comuneros de Ostula recuperaron más de mil hectáreas que durante 40 años estuvieron invadidas por supuestos pequeños propietarios provenientes de la comunidad de La Placita.

Ahí fundaron el nuevo poblado de Xayakalan, lugar codiciado por trasnacionales, gobiernos federal y local, grupos de la delincuencia organizada y caciques locales.

El costo de la recuperación de tierras en Ostula, Michoacán, ha sido muy alto: asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas y hostigamiento constante. “Estamos convencidos de que una lucha así se gana, con vidas. Algo tiene que pasar. De aquí no nos vamos. Ya tomamos posesión por tercera ocasión y esta vez no nos vamos. Ya no”, advierte el grupo de comuneros entrevistados.

La codicia sobre la región de grupos y personas externas se fundamenta en la existencia de minerales, playas, recursos naturales y especies en peligro de extinción. El paraíso para las transnacionales.

“Nosotros no estamos de acuerdo con que se meta una carretera que no pedimos, y nos oponemos. Nos estamos organizando con las comunidades vecinas para hacerles frente. Hace poco impedimos que hicieran la carretera. No vamos a aceptar que realicen trabajos sin explicarnos de qué se trata”, advierten.

En cuanto a la minería, relatan, “hemos escuchado que los empresarios quieren explotar minas en nuestros terrenos comunales. A nosotros no nos conviene la explotación minera, porque sabemos que esas explotaciones ocasionan grandes daños a la ecología, mucha contaminación, pérdida de ojos de agua. Van a abatir nuestros terrenos, van a desbaratar cerros, los ojos de agua y los ríos se van a secar, y éstos se aprovechan para regar. Por eso no estamos de acuerdo”.

Los comuneros de Santa María Ostula advierten: “Nuestro terreno no es muy grande, tenemos como 28 mil o 30 mil hectáreas y por eso queremos cuidarlo y conservarlo para futuras generaciones, como lo cuidaron nuestros ancestros. Sabemos que si aceptamos, si damos nuestra palabra para la explotación, nos van a sacar de nuestra tierra. Nosotros no entendemos los mecanismos de sus contratos y por eso mejor no le entramos. No conocemos el manejo y no queremos hacer tratos con gente que nos pueda engañar para hacer cosas a su favor”.

El litoral del Pacífico michoacano tiene playas famosas en el mundo del surfing, por lo que el Plan Regional contempla proyectos turísticos de gran envergadura. “Hasta ahora hay algunas cabañas administradas por los comuneros. No estamos cerrados al desarrollo, pero queremos ser nosotros quienes lo administremos, no personas de afuera, que no sean miembros de la comunidad”, indican.

“Hay gente ajena a la comunidad –añaden- que tiene ganas de apropiarse de las playas a donde arriban las tortugas marinas. Hace dos años, el gobierno entregó un documento pidiendo que la asamblea aprobara un decreto para construir un gran puente en la playa; dijeron que de ese modo la gente no pisaría a las tortugas y podría observarlas desde arriba. Pero nosotros no aceptamos el proyecto, porque creemos que van a apoderarse de nuestro territorio. La gente de la comunidad no pisa las tortugas, ni sus huevos, pero con eso nos quiere engañar el gobierno”.

Otro de los programas oficiales para operar el despojo, es el Procede (Porgrama de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos), rechazado también por los comuneros de Ostula: “No hemos aceptado ese programa, ni lo aceptaremos, porque nosotros queremos seguir con las formas de organización comunal legadas por nuestros ancestros. Con esta forma de organización no tenemos que pagar impuesto al gobierno, y ¿por qué vamos a pagar impuesto, si las tierras son nuestras? Si firmamos el programa, ellos se convertirán en los dueños de la tierra y luego querrán cobrarnos impuestos. Hay ejemplos de algunas comunidades, que aceptaron las propuestas del gobierno y hoy ya no existen porque los despojaron. Ahora andan por el país, buscando dónde trabajar porque les quitaron su territorio”, señalan.


*Extracto del reportaje especial de Desinformémonos “Un recorrido por el despojo y la resistencia en el territorio indígena de México, publicado en marzo de 2011. Click aquí para leer completo.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: FLORENCIO POZAS.

México está abajo de Afganistán en salud y muy lejos de Alemania; buscan privatizar: expertos

Las denuncias por negligencias médicas, desbasto de medicamento y pésimas condiciones laborales para médicos y enfermeras en los hospitales públicos, tienen una explicación: abandono por parte del gobierno para privatizar, coincidieron expertos.

México aunque cuenta con recursos que podrían mejorar las condiciones de los subsistemas de salud en el país, tiene apenas 0.45 médicos, 2.5 enfermeras y 0.71 camas por cada mil habitantes.

Cifras por debajo de países como Afganistan que tienen cuatro camas por cada 100 mil habitantes y muy lejos de naciones como Alemania, en donde hay 101 camas por cada 100 mil.

“Quieren privatizar. El IMSS [Instituto Mexicano del Seguro Social] y el sector desde 1982 ha sido desmantelado y privatizado selectivamente”, dijo Oliva López Arellano, del departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

López Arellano explicó que el presupuesto en salud en 1982 era del 3.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Para la administración de Vicente Fox Quesada, el porcentaje cayó a 2.7 y sólo sufrió una recuperación hasta 2007, con la implementación del Seguro Popular de la Secretaría de Salud.

Actualmente es de 3.1 por ciento, uno de los más bajos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), precisó Oliva López Arellano.

El déficit del IMSS para invertir en infraestructura médica es de 60 mil millones de pesos. De 1982 a 2006 la capacidad instalada de consultorios por cada mil habitantes cayó de 1.2 a 0.4.

Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Zacatecas y Michoacán son los estados con menos médicos. En el Distrito Federal, Aguascalientes, Baja California Sur y Colima hay entre 1.6 y 2.7 médicos por cada mil habitantes.

Aunado al castigo económico del sector, las quejas por negligencia médica en rubros como cirugías y urgencias, son las más cuantiosas ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed).

En 2014, la Conamed recibió dos mil 50 quejas, de las cuales el IMSS lideró con 925. En el sector privado, por ejemplo, sólo se recibieron tres denuncias.


De las gestiones por especialidad  derivadas de las quejas que la Conamed realizó el año pasado, medicina familiar lidera la lista con 185 casos, seguida de ortopedia general con 145; urgencias médicas, 109; cirugía general, 100 y medicina interna, 89.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAJEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-07-2015/1415740.

EL EJÉRCITO NO ESTÁ CONTENTO POR LA FUGA DE “EL CHAPO”: ANALISTAS

A una semana de la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, del penal de alta seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, se abren en el país dos discusiones paralelas: la primera es cómo cayó en las fuerzas castrenses la noticia, principalmente en la Marina, y la segunda es la pertinencia de seguir manteniendo a militares haciendo labores de policías civiles en la lucha contra el narcotráfico.

Analistas en temas de seguridad, nacionales y extranjeros, debatieron el punto. Los expertos aseguran que la fuga generó un síntoma de desánimo entre los elementos de la Marina Armada de México, responsables de la captura del narcotraficante en un operativo realizado en Mazatlán, Sinaloa, en febrero de 2014, lo que debilita aún más la administración de Enrique Peña Nieto, quien desde los casos Ayotzinapa y Tlatlaya ha sido testigo de diferencias entre el Ejército y miembros del gabinete de seguridad. Pero, además, porque él mismo había prometido sacar a las Fuerzas Armadas de una tarea a la que fueron involucradas, sin preparación ni proyecto concreto, desde que Felipe Calderón declarara la guerra al narcotráfico.

En el Ejército, aseguran los especialistas consultados por SinEmbargo, existe un enojo por la forma en la que el Ejecutivo ha manejado los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, pues no se ha evitado que se señalé la responsabilidad de elementos militares, con tal de proteger a autoridades civiles, como fue el caso del Gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

El enojo dentro de algunos mandos del Ejército, añaden, se hace extensivo hacia el sistema de justicia civil que no sólo deja libres a criminales atrapados a través de operativos militares, sino que también enjuicia a sus elementos por violaciones a los derechos humanos.

Los expertos extranjeros coinciden en que es momento de replantear la estrategia que han mantenido al Ejército y a la Marina durante casi nueve años enfrentando a narcotraficantes, perdiendo elementos y debilitando al Estado.

La fuga también, consideraron algunos, traerá reacomodos al interior los grupos de poder en la Presidencia de la República pues si en este primer tramo del sexenio quienes le hablaban al oído al Presidente eran el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso; el responsable de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, y el Consejero Jurídico de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer, ahora, ante la crisis y poca efectividad de su asesoría, podrían ser otros personajes en los que el titular del Ejecutivo federal se apoye.

Para Javier Ciurlizza, director del Programa para América Latina y El Caribe del Crisis Group, para la Marina mexicana la captura de “El Chapo” fue un gran logro, por lo mismo. Ahora “debe haber una gran presión de las Fuerzas Armadas hacia Peña Nieto y como parte de esa presión le deben de estar diciendo: ‘bueno, si usted quiere que volvamos a hacer lo que hicimos es bajo nuestros términos que son cheque en blanco y protección judicial’”.

Citó el caso colombiano, donde después de 30 años de lucha contra el narcotráfico “no existe ningún militar acusado por violar los derechos humanos”.
“Hay molestia con el Gobierno federal en el término de que los errores políticos, los problemas de corrupción y el mal manejo de crisis dispararon la atención hacia las Fuerzas Armadas”, reconoció Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, quien es parte del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), integrado por especialistas en el tema.

Destacó que en este momento, de acuerdo con fuentes de las fuerzas castrenses, existen puntos de conflicto y desconfianza entre este sector, el Ejecutivo Federal, el Poder Judicial e instancias civiles como la Procuraduría General de la República (PGR).

“Ha habido roces muy claros como el tema de Caro Quintero –mítico narcotraficante que permaneció 28 años en prisión y fue liberado en 2013 por fallas en el proceso– y otras cuestiones como la salida de delincuentes de cuantía menor que fueron atrapados en operativos conjuntos [entre militares y policías civiles]”, detalló Sánchez Lara.

El manejo mediático de la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, pudo haber sido el punto de quiebre de la relación entre el Ejecutivo y el Ejército, situó el analista .

En este caso, por no aceptar su responsabilidad y tratar de proteger al entonces gobierno del perredista Aguirre Rivero, la Federación provocó una andanada de críticas hacia el Ejército tanto a nivel nacional como internacional que derivó en que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuviera que abrir instalaciones estratégicas –sus cuarteles en zonas cercanas a la desaparición– para que los familiares buscaran a los normalistas.

“El error histórico de Peña Nieto, vía sus asesores fue no actuar de manera rápida; obviamente los normalistas no estaban en los cuarteles y fue terrible el tener que abrirlos, que desde la Presidencia se los hayan ordenado cuando sólo era un paliativo para la crisis”, dijo.

En un discurso pronunciado el 10 de noviembre de 2014, durante la colocación de la primera piedra de un nuevo cuartel para la Policía Militar en Monterrey, Nuevo León, el Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, planteó: ‘‘Aportaremos nuestros mejores esfuerzos al servicio de los ciudadanos sin amedrentarnos por juicios injustos, algunos sin duda erróneos, carentes de fundamento, malintencionados y que la institución armada nacional no merece’’.

Para ese momento, el Ejército estaba sometido al escrutinio internacional no sólo por el caso Ayotzinapa sino también por la ejecución de 22 supuestos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, unos meses antes de la desaparición de los normalistas en Iguala, Guerrero.

La Procuraduría General de la República, entonces a cargo de Jesús Murillo Karam, había consignado a tres militares por la ejecución de los civiles por uso excesivo de la fuerza. Fueron acusados de homicidio en primer grado.

“Las Fuerzas Armadas suelen ser reacias a tener que responder a acusaciones hechas desde fuera de su propio mecanismo de la justicia militar, o para ver a su personal en los tribunales civiles. Pero México es una democracia lo suficientemente madura como para resolver estos problemas a través de medios institucionales. Las tensiones que aparecen cuando el personal militar enfrenta cargos vinculados a tareas de seguridad interna, como en el caso de Tlatlaya, ponen de relieve lo importante que es para el país reducir su dependencia de las Fuerzas Armadas”, advirtió Antônio Sampaio, analista del International Institute for Strategic Studies (IISS, por sus siglas en inglés) de Londres.

Aunque en el caso de Tlatlaya, Sánchez Lara admitió que puede haber un poco más de responsabilidad del Ejército, afirmó que situaciones como esta se registran porque algunos gobiernos estatales no cumple con sus responsabilidad en materia de seguridad tanto en sus planes de acción como en el ejercicio de sus presupuestos lo que obliga a que sean los militares quienes asuman esas funciones, además de la lucha contra el narco.

Ante este panorama, expresó “hay una molestia fundada del Secretario de la Defensa Nacional sobre la falta de responsabilidad de algunos gobiernos estatales por su inacción y por haber permitido la infiltración de la delincuencia en sus cuerpos de seguridad”.

–¿De qué gobernadores estamos hablando?
–Hay casos donde los estados fracasaron en su estrategia de seguridad, estamos hablando de que prácticamente es la mayoría de los gobernadores.

Aseguró que entre algunos gobernadores existe ya el sentimiento de que si no pueden controlar los problemas de seguridad y justicia, si entran en crisis, la receta es esperar a que el la Federación mande al Ejército, “pero no hay Fuerzas Armadas que puedan soportar un despliegue por todo el país”.

“Hay dos lados en esta historia: uno es que, en efecto, los grupos criminales se han vuelto muy ricos y están demasiado bien armados y organizados como para que las policías comunes puedan enfrentarlos. La otra cara es que, en muchos casos, las Fuerzas Armadas se han desplegado por la incompetencia o la corrupción de la Policía, no a causa de un equilibrio táctico cuidadoso de fuerzas entre los delincuentes y las fuerzas públicas.

Lo que vemos en México y América Central es que las Fuerzas Armadas a veces se desplegaron simplemente debido a la falta de confianza en la Policía, especialmente las policías locales […] El problema es que este tipo de desconfianza está ocurriendo con demasiada frecuencia, y las Fuerzas Armadas están siendo desplegados por largos períodos de tiempo y en varios lugares a la vez”, coincidió el analista del IISS.

En este sentido, el analista del IISS afirmó que un país que utiliza al Ejército y a la Marina durante un largo periodo para el combate a la delincuencia común puede enfrentar un “severo impacto en la confianza de la población en la capacidad que tiene el Estado para brindarle seguridad. Las Fuerzas Armadas no están capacitadas para atender las necesidades y problemas civiles todos los días, porque su formación es adentro de los cuárteles. Su operación por un largo periodo de tiempo envía el mensaje de que las autoridades son incapaces de dar estabilidad y regresar al país a la normalidad, pero también se abre una distancia entre el Estado y la sociedad”.

La lucha contra la violencia criminal, afirmó, requiere flexibilidad y una cuidadosa selección de herramientas de seguridad.

NUEVE AÑOS EN LAS CALLES


El 11 de diciembre de 2006 el entonces Presidente de México, el panista Felipe Calderón Hinojosa, anunció que para terminar con la violencia generada por los cárteles del narcotráfico serían los militares quienes combatirían a los grupos criminales; la primera entidad en la que inició el operativo fue Michoacán, donde entonces operaba La Familia Michoacana, que posteriormente dio pie al surgimiento de Los Caballeros Templarios. El número de soldados muertos entonces hasta febrero de 2014 se estima en más de 400, según distintos medios de comunicación.

Desde todas las perspectivas, la decisión de Calderón Hinojosa –que continuó con Peña Nieto– sólo ha dejado como saldo miles de muertos y desaparecidos, sin que la violencia muestre una reducción significativa.

Del 2 de abril de 2007 al 24 de mayo de 2013, de acuerdo con la información disponible en el portal de la Sedena, el Ejército ha recibido 117 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Daniel Gómez, un ex agente del Departamento Antidrogas de Estados Unidos (la DEA), comparó que durante los primeros ocho años de la guerra contra las drogas “80 mil personas fueron asesinadas en México. Durante la intervención de Estados Unidos en Vietnam, 58 mil estadounidenses fueron asesinados en 10 años”.

El Secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció en febrero de 2013 un número aproximado de 70 mil muertos a consecuencia de esta decisión.

Sampaio advirtió que la estancia prolongado de las fuerzas militares “aumenta el riesgo de uso excesivo de la fuerza con consecuencias impredecibles y a veces trágicas”.

Uno de los principales saldos es el hecho de que el país está perdiendo su inteligencia militar, estratégica para la defensa de cualquier nación, pero el riesgo más importante, desde su óptica, es que esta guerra desvía la atención sobre los cambios que se necesitan para construir una estructura que permita una eficiente aplicación de la ley.

“El país no debe perder el foco de la construcción de instituciones más fuertes y menos corruptas, capaces de responder a la mayoría de las necesidades de aplicación de la ley sin recurrir a las Fuerzas Armadas. Esta lucha va más allá de las fuerzas policiacas, la aplicación de la justicia y los sistemas políticos”, expresó.

Otra de las consecuencias, de acuerdo con el coordinador del Casede ha sido la baja en los niveles de confianza que la población tenía en el Ejército.

Una encuesta del diario Reforma publicada en diciembre de 2014 mostró que en 17 meses la confianza en el Ejército y en el Gobierno de la República registró una caída de 13 puntos porcentuales. La confianza en esas dos instituciones se situó en 56 y 33 por ciento, respectivamente, la más baja de los últimos años.

LOS REACOMODOS Y LA TRANSICIÓN

El coordinador de Casede expresó que el escape de “El Chapo” traerá un reacomodo en el círculo cercano del Presidente pues si bien en un primer momento Peña Nieto escuchaba los proyectos del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso; los del titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del Consejero Jurídico de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer, éstos sólo lo llevaron al distanciamiento de las Fuerzas Armadas, el único cuerpo que por mandato le debe ser leal. Por ello, ahora, puede ser que en materia de seguridad se deje guiar más por las propuestas del Ejército y la Marina.

Uno de los primeros temas, consideró, debe ser el papel de la Gendarmería Nacional –que inició operaciones el 22 de agosto de 2014– que hasta ahora no se ha visto que tome un papel activo en la guerra contra las drogas ni que ayude para que el Ejército regrese a sus instalaciones.

“La Gendarmería fue una ocurrencia a sugerencia de Genaro García Luna [el ex Secretario de Seguridad de Felipe Calderón] y durante la discusión hubo luchas en las que estaba la propuesta de Manuel Mondragón y Kalb [ex Comisionado Nacional de Seguridad] y la del Ejército y se impuso la de Mondragón y Kalb”, expresó Sánchez Lara.

Tomar la decisión de sacar al Ejército de las calles no es fácil a juicio de los analistas. En primer lugar porque el número de efectivos que tiene la Policía Federal ronda los 20 mil, y por el otro, porque los grupos criminales en la región han desarrollado en las últimas décadas capacidades tácticas equivalentes a las de algunos grupos guerrilleros.

“Este es un problema al que los estados nunca se han enfrentado antes, al menos no en tan gran escala y por tanto tiempo. Los gobiernos y las autoridades de seguridad en toda América Latina en varias ocasiones han explicado públicamente que el uso de las Fuerzas Armadas es ‘una medida necesaria para mantener la seguridad pública’”, dijo Sampaio.

Reconoció que el uso de las Fuerzas Armadas en México para combatir al narcotráfico es emblemático, ya que representa el dilema que enfrentan muchos países de la región y que se centra en la pregunta: “¿Cómo responder a los poderosos grupos criminales?”.

“Está claro que por el momento la policía civil no puede enfrentar directamente a grupos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, eso no significa que las Fuerzas Armadas tengan que ser desplegadas para misiones policiales simples. Hay que encontrar un equilibrio”, expuso.

El General en retiro José Francisco Gallardo Rodríguez, quien estuvo preso de 1993 a 2002 por promover la creación de un ombudsman militar, consideró que el escape de “El Chapo” debe marcar un antes y después en esta lucha para iniciar una transición, un cambio en la política militar en el país, que implique no sólo regresar el Ejército a las calles sino también que exista un interlocutor civil entre la sociedad y las Fuerzas Armadas.

“Habría que empezar a plantearnos la posibilidad de que exista una sola Secretaría de la Defensa Nacional, ¿para qué tienes a la Sedena por un lado y por otro a la Secretaría de Marina? Habría que tener a las dos en una sola y que al frente esté un civil para que sea el interlocutor y aterrice a los diputados, al Presidente y los otros secretarios de Estado en lenguaje de los militares”, dijo.
Sánchez Lara se pronunció también en este sentido, pero a través de una transición más pausada en la que primero se nombrara a un Subsecretario de la Defensa Civil, que además de asumir las funciones enumeradas por Gallardo también coordinara las funciones estratégicas de las fuerzas armadas con los estados.

Este diario digital buscó el punto de vista de la Sedena. La respuesta llegó el viernes 17 de julio a través de un correo electrónica que de manera textual señala:
EN RELACIÓN A SU CORREO ELECTRÓNICO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA REALIZAR UNA ENTREVISTA SOBRE LA RELACIÓN DEL EJÉRCITO CON EL EJECUTIVO Y LAS POLICÍAS CIVILES, SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE CON EL OBJETO DE CONTINUAR CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE A SU PETICIÓN, ES NECESARIO QUE ENVÍE POR ESTE MISMO MEDIO, EL BANCO DE PREGUNTAS EN QUE VERSARÍA LA CITADA ENTREVISTA.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JULIANA FREGOSO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-07-2015/1417431.

Comunitarios de Ostula retienen a militares tras ataque que dejó un niño muerto y varios heridos

Habitantes de la comunidad de Ostula, en el municipio de Aquila, afirman tener retenidos a los elementos del Ejército mexicano que participaron en las agresiones en contra de su comunidad.

De acuerdo con un comunicado de prensa, los soldados fueron detenidos tras el ataque que sufrieron los comunitarios cuando militares dispararon en contra de manifestantes que habían bloqueado algunos tramos de la carretera costera de Michoacán.

El boletín distribuido por la comunidad de Santa María Ostula  no especifica el número de soldados que fueron retenidos pero sí advierte que “se está viviendo una situación de tensión extrema en la región”.

Además del ataque en contra de los manifestantes, los comuneros acusan al ejército de realizar “detenciones ilegales” tanto las de miembros de la policía comunitaria como la del coordinador general de los grupos de autodefensa, Semeí Verdía Zepeda.


La agresión de los uniformados dejó por lo menos cuatro heridos por arma de fuego y hasta el momento se tiene confirmado el fallecimiento de un menor de 12 años, quien recibió un disparo a milímetros del ojo derecho que le perforó el cráneo.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: RODRIGO CABALLERO.

Prepara MPG protesta en repudio a visita de Peña a Tlapa

CHILPANCINGO, Gro: Integrantes del Movimiento Popular de Guerrero (MPG) anunciaron  que este lunes se van a manifestar en la ciudad de Tlapa para repudiar la visita del presidente Enrique Peña Nieto a este lugar considerado como el corazón de la Montaña guerrerense.

El grupo de activistas, conformado por docentes, estudiantes y ciudadanos, denunció que personal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) está condicionando a mujeres para que asistan a la inauguración de la obra denominada Ciudad de las Mujeres, que pretende brindar atención médica, psicológica y jurídica para el sector femenino de la región donde habita la mayoría de la población indígena en la entidad.

Afirmaron que las mujeres beneficiarias del programa federal Prospera, fueron amenazadas con retirarles el beneficio en caso de que no asistan al acto donde se anunció la presencia del presidente Peña.

“Se nos hace ofensivo e incongruente el hecho de que el gobierno federal obligue a las mujeres a asistir a la inauguración de ese centro donde se promueve el respeto los derechos humanos”, señalaron los inconformes a través de un comunicado distribuido esta noche.

Además, recordaron que el pasado domingo 7 de junio, policías federales asesinaron a tiros al normalista Antonio Vivar Díaz durante un desalojo realizado por federales y soldados en la colonia El Tepeyac.

La acción policiaco-militar tenía como objetivo rescatar a una treintena de agentes federales que fueron retenidos por pobladores y permanecían en la iglesia del asentamiento, luego de que federales detuvieron a profesores miembros del MPG.

En ese entonces, miembros del MPG responsabilizaron del crimen del joven activista llamado Comandante Toño, al presidente Enrique Peña Nieto y criticaron la complicidad del gobernador Rogelio Ortega Martínez, a quien calificaron como “el principal incitador de la violencia” en este lugar considerado como el corazón de la Montaña.

Los activistas afirmaron que el gobierno federal y estatal impuso a sangre y fuego una elección blindada por soldados y policías “sin legitimidad popular”.

Al respecto, el profesor Ubaldo Segura, dirigente del movimiento en Tlapa, denunció que Ortega alentó la represión contra los ciudadanos que impulsaron el boicot electoral para exigir justicia por el caso Ayotzinapa, al respaldar al grupo de choque conformado por simpatizantes partidistas que desalojaron el plantón que mantenían los docentes en el zócalo y permitir que actuaran en contubernio con policías estatales para golpearlos.

También acusó al gobernador interino de asumir una actitud omisa frente a la brutal represión policiaco-militar que dejó un muerto, cuatro heridos de gravedad y sembró el pánico y terror que mantiene dividida a la población de Tlapa.

Segura calificó como “aberrante y estúpida” la actitud asumida por Ortega, quien justificó la ejecución de Antonio Vivar al argumentar que los manifestantes tenían la intención de linchar a los agentes federales retenidos en la iglesia de la colonia.

Hasta el momento, el asesinato del joven indígena sigue impune y la sociedad se mantiene dividida ante la falta de justicia.

Por ello, los miembros del MPG señalaron que la visita de Peña es una ofensa y anunciaron que se van a manifestar pacíficamente en las calles de Tlapa para repudiar las reformas del gobierno federal en materia educativa y social.

Los profesores y la sociedad de Tlapa, señalaron, está en contra de estas reformas que sólo benefician a la oligarquía, y responsabilizaron al gobierno federal de cualquier acto de represión contra los inconformes.

El arribo del presidente Enrique Peña se tiene contemplado para el mediodía y la obra que va a inaugurar se encuentra a un costado del cuartel del 93 Batallón de Infantería.


Esta visita ocurre tras la gira de Peña por Francia y se registra en el contexto del cumpleaños del presidente, informaron fuentes oficiales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Cae banda implicada en asesinatos y robos a cuentahabientes en el DF

MÉXICO, D.F: Autoridades capitalinas informaron esta tarde sobre la captura de una banda presuntamente relacionada con los homicidios de tres cuentahabientes y 57 asaltos.

En conferencia de prensa, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Fernando Ríos Garza y el secretario de Seguridad Pública capitalino, Hiram Almeida Estrada, explicaron que el pasado 15 de julio se logró la detención de un grupo delictivo vinculado al robo con violencia a cuentahabientes.

La banda operaba en la zona metropolitana de la Ciudad de México y privó de la vida a una cuentahabiente el pasado 6 de julio en las calles Patriotismo y Holbein, cuando la despojaron del dinero que acababa de retirar de una sucursal bancaria.

Hiram Almeida informó que el pasado 15 de julio fueron detenidos tres sujetos en la colonia Santiago Ahuizotla de la delegación Azcapotzalco, quienes se identificaron como Jorge Gerardo Espinoza Barrera, Osvaldo Alonso Domínguez y Hugo García Casas.

También se aseguraron tres vehículos: un Ford Fiesta Ikon color gris con placas de circulación MNZ2495; un Ford Escort color blanco con placas de circulación 408PKR; y un Nissan Tsuru color blanco con placas de circulación MPT2211.

Los funcionarios informaron que fue posible establecer la probable participación de los sujetos en tres homicidios por disparo de arma de fuego en agravio de cuentahabientes, así como su relación en un robo con violencia, cometido en perjuicio del cliente de una institución bancaria.

El más reciente homicidio consumado por estos sujetos ocurrió la tarde del pasado 6 de julio sobre avenida Patriotismo esquina con Holbein, en las inmediaciones de la colonia Ciudad de los Deportes, delegación Benito Juárez.

Ese día, la víctima, una mujer de 36 años acudió a una sucursal bancaria localizada sobre Patriotismo, lugar donde esperó su turno de servicio para realizar el retiro de dinero en efectivo.

Al salir fue interceptada por el presunto responsable identificado como Jorge Gerardo Espinoza Barrera, quien intentó despojar a la mujer de un bolso que contenía el dinero; sin embargo, al enfrentar resistencia por parte de la víctima, el inculpado accionó en dos ocasiones el arma de fuego que portaba, provocando la muerte de la cuentahabiente.

Espinoza Barrera corrió hacia una motocicleta, cuyo conductor ya lo esperaba para luego huir en sentido contrario a la circulación vehicular.

Como resultado del trabajo de gabinete realizado por la Policía de Investigación, pudo establecerse la participación de los probables responsables en otros dos casos de homicidio de cuentahabientes.

Ríos Garza detalló que el primero de ellos sucedió el 16 de julio de 2014 en bulevar Adolfo López Mateos colonia Alfonso XIII, delegación Álvaro Obregón, en donde un hombre de 57 años fue lesionado por disparo de arma de fuego al resistirse al robo de dinero que previamente había retirado de una sucursal bancaria ubicada en la colonia Las Águilas.

De acuerdo con la versión proporcionada por testigos, una vez que la víctima arribó a su domicilio y abrió la puerta para ingresar su vehículo al estacionamiento, fue interceptado por Jorge Gerardo Espinoza Barrera, quien le disparó tras resistirse a entregarle el portafolio donde resguardaba el dinero retirado. El lesionado fue trasladado a un hospital público en donde falleció dos meses después.

El segundo hecho se cometió el 11 de noviembre de 2014 en la calle Grecia esquina con Venecia, de la colonia San Álvaro de la delegación Azcapotzalco.

En dicho lugar, un hombre de 58 años fue interceptado y privado de la vida instantes después de salir de la sucursal bancaria de donde había retirado dinero en efectivo, al recibir dos impactos de bala tras intentar oponerse al robo.

Como resultado de las investigaciones se logró vincular la participación de estos sujetos en por lo menos 57 reportes de robo con violencia registrados en distintas zonas bancarias de la Ciudad de México.

El procurador general de Justicia del DF hizo un llamado a las y los ciudadanos víctimas de estos individuos, a que acudan a denunciarlos ante el Ministerio Público.

Los presuntos responsables utilizaban una motocicleta de color rojo, así como vehículos de las marcas Ford, Fiesta, Escort y Nissan Tsuru.

Una vez que acordaban entre ellos la zona en la cual cometerían sus ilícitos, uno de los probables responsables ingresaba al banco para efectuar retiros o depósitos de pequeñas cantidades de dinero, con el único propósito de seleccionar entre los cuentahabientes a su posible víctima.

Tras detectar a un usuario que realizara operaciones de retiro de efectivo en cantidad importante, el inculpado alertaba a sus cómplices a través de una llamada telefónica celular, en la cual describía el sexo, forma de vestir de la víctima, así como otras características que facilitaran su identificación.

De este modo, los inculpados que permanecían afuera de la sucursal, seguían a la víctima a bordo de la motocicleta, lo interceptaban y procedían a la comisión del robo con violencia, tras lo cual huían siempre en sentido contrario a la circulación vial.


Integrados los elementos de prueba al expediente, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio ejerció acción penal en contra de Jorge Gerardo Espinoza Barrera, Hugo García Casas y Osvaldo Alonso Domínguez, quienes fueron ingresados al Reclusorio Preventivo Oriente a disposición del juez penal en turno, como probables responsables de la comisión de diversos delitos de homicidio calificado y robo agravado calificado en pandilla.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Indígenas zoques de Oaxaca demandan respeto a su territorio

México, DF. Esta mañana comuneros de Santa María Chimalapas, Oaxaca, se dirigen al municipio de Belisario Domínguez, creado por el gobierno de Chiapas dentro del territorio de los zoques, para desalojar a los invasores de su territorio.

“Estamos cansados de que el gobierno federal y el de Oaxaca no hagan cumplir los acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de suspensión de plano de cualquier actividad que afecte nuestro territorio y de que no instalen la mesa agraria para solucionar el conflicto”, asentó una de las autoridades de bienes comunales por vía telefónica y que solicitó el anonimato porque, dijo, “he recibido amenazas”.

Explicó que en la asamblea de ayer, los indígenas zoques acordaron ir hasta la Belisario Domínguez y desalojar a los invasores porque las autoridades federales y estatales no atienden el conflicto agrario, sólo quieren tocar el tema social, mientras continúa la extracción ilegal de la madera y destrucción de la selva.

Sabemos que hoy habrá elecciones en Belisario Domínguez –en Chiapas hay elecciones estatales- por eso nos trasladamos hacia allá, en este momento estamos en La Venta, esperamos reunirnos cerca de 500 comuneros para detener la elección y desalojar a los invasores, encabezados por Óscar Gordillo, ganadero y fundador, en los tiempos del ex gobernador Patrocinio González Garrido, de la coalición en defensa de la zona noreste de Cintalapa.

“Las autoridades no ha prestado atención a la comunidad para desalojar a los invasores, en abril de este año la Secretaria de Gobernación y el gobierno de Oaxaca aseguraron que se instalaría la mesa agraria y hasta la fecha no han hecho nada por resolver el conflicto agrario”, insistió.

El pasado mes de febrero, los comuneros de Santa María retuvieron a tres personas y en marzo a una más, a quienes acusaron de estar “limpiando y deforestando 200 hectáreas pertenecientes a la comunidad indígena”. Tras 20 días de conflicto, intervinieron autoridades estatales y federales, entonces se acordó con los comuneros instalar las mesas agraria y social.


“Estamos cansados de las promesas incumplidas; estamos dispuestos a todo para defender nuestra comunidad y por eso el acuerdo de la asamblea de ir a Belisario Domínguez”, acotó el comunero.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MATILDE PÉREZ.

Prevén propuestas insuficientes en lo que resta de la ronda uno

Autoridades utilizarán menores precios para hacer sus cálculos, anticipa grupo financiero. La participación de inversionistas privados permitirá elevar la producción de crudo: Santander. No se debería esperar una recuperación significativa de la cotización de la mezcla, advierte.

Después de los resultados con menor éxito al esperado de la primera fase de la ronda uno, se podría esperar que las próximas fases tengan una baja demanda y que las propuestas no sean lo suficientemente atractivas para el gobierno, advirtieron analistas del Grupo Financiero Ve por Más.

Explicaron que esto podría ser resultado de un entorno con bajos precios del petróleo, que pudiera continuar por el reciente anuncio del acuerdo del programa nuclear de Irán y el consecuente retiro de sanciones internacionales que incrementará la sobreoferta de petróleo.

Por ello, para las siguientes licitaciones se espera que el gobierno incorpore, en mayor medida, la situación coyuntural del sector petrolero; por ejemplo, que se base en menores precios a los utilizados inicialmente para sus estimaciones en las siguientes fases.

Lo anterior, afirmaron, servirá como una señal al mercado, que podrá tener como resultado una mayor demanda de empresas interesadas para las siguientes cuatro etapas de la ronda uno.

Por ejemplo, el cálculo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la participación total del Estado en las utilidades se realizó utilizando un precio mínimo de 65 dólares por barril como mínimo y 120 como máximo.

El precio de la mezcla mexicana cotizó en 69.7 dólares por barril en noviembre de 2014, dentro del rango del precio de referencia utilizado. Esto derivado de que a inicios de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera convocatoria.

Sin embargo, la expectativa de que Irán regrese gradualmente al mercado petrolero en un contexto de bajo crecimiento mundial está resultando en expectativas desfavorables para los precios del petróleo en los mercados internacionales.


Al respecto, analistas del Grupo Financiero Santander alertaron que esto implicaría que “no deberíamos esperar una recuperación significativa del precio de la mezcla de petróleo de México que actualmente ronda 50 dólares por barril.

Este escenario tiene implicaciones importantes para México. Por una parte, ello incide en la referencia del precio del crudo que se considere para el Presupuesto de Ingresos del Sector Público en 2016, contra el precio de 79 dólares por barril fijado para 2015 (con coberturas). En el documento de Pre-Criterios de Política Económica para 2016 se adelantó un estimado de 55 dólares por barril, lo cual implicaría que por este efecto de precio se tendrían unos 90 mil millones de pesos menos.

Durante la primera mitad del año la producción promedio diaria de petróleo fue más baja de lo esperado, con caída anual de 8.2 por ciento y un nivel de 2 millones 265 mil barriles diarios. Esto es menor que la meta ajustada de 2 millones 288 mil barriles al día para 2015.

Los analistas de Santander estiman que aun con la participación de los inversionistas privados en la producción de petróleo permitirá que eventualmente se eleve la producción de crudo, pero no parece que ello ocurra en los próximos 18 meses.

Estos factores que son el alza en tasas de interés en Estados Unidos, el nivel de precios del petróleo y la caída de la producción interna del crudo, se perfilan como permanentes para la segunda mitad de este año y buena parte del próximo.


Finalmente, los especialistas del Grupo Financiero Scotiabank consideraron que los resultados de la ronda uno, en la que se asignaron sólo dos bloques de los 14 subastados tienen una lectura negativa que pueden representar una mala señal para el desempeño de la inversión en nuestro país, en el que también incide por supuesto un entorno global adverso, especialmente del mercado petrolero internacional.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Israel Rodríguez y Juan Carlos Miranda

Veracruz: alcalde priista sufre segundo atentado en menos de dos meses

XALAPA, Ver: En menos de dos meses, el alcalde priista de Amatlán de los Reyes, Miguel Ángel Castro Rosas, ha sido víctima de dos atentados.

Hoy por la tarde, al salir de su domicilio en la comunidad El Naranjal, Castro Rosas fue sorprendido en su camioneta negra, resultando lesionado con cuatro impactos de bala que dieron blanco en hombro y tórax; otros casquillos quedaron alojados en la carrocería de su vehículo.

Sus agresores se desplazaban a bordo de una motocicleta y huyeron a toda velocidad del punto de la agresión.

Apenas el 26 de mayo pasado, el edil priista habría sido interceptado por un sujeto solitario en la carretera de El Naranjal. El agresor salió de entre los matorrales y disparó a quemarropa en contra de Miguel Ángel Castro. De dicho ataque salió ileso.

En el atentado de esta tarde Castro Rosas resultó herido, por lo que paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron a un hospital privado de la ciudad de Córdoba. Su estado de salud es manejado con total hermetismo por parte de las autoridades.

Al punto de la agresión llegaron elementos del Mando Único y de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado para iniciar las diligencias correspondientes.

Amatlán de los Reyes es un municipio cafetalero y agricultor que se encuentra a 222 kilómetros de la capital del estado. Forma parte de la región montañosa e industrial de Córdoba, Orizaba, Ciudad Mendoza y Fortín de las Flores.

En dicha región el crimen organizado y los delitos del fuero común (asalto y robos a casa-habitación) se han disparado este año.


Tanto así que en municipios como Nogales, Soledad Atzompa y en diversas comunidades de la Sierra de Zongolica, pobladores ya formaron guardias comunitarias para defenderse de la delincuencia.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: NOÉ ZAVALETA