Jaloneos en elección

Se presenta robo de urnas e inconformidades en la jornada comicial extraordinaria.

El secretario ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Jesús Moscoso Loranca, informó que se registró robo y quema de casillas y en otros casos no se instalaron por no haber condiciones para el ejercicio del voto.

Las cifras preliminares indicaban que se instaló 97.62 por ciento de las casillas en las elecciones extraordinarias de Chiapas de ayer, de las cinco mil 958 casillas previstas,

Informó que para la elección del diputado migrante hubo seis mil 628 votos, de ellos, tres mil 685 fueron emitidos para el candidato del Partido Verde Ecologista de México.

Un total de dos mil 928 sufragios fueron para el partido local Mover a Chiapas, 14 para la aspirante de Mover a Chiapas y uno para la contendiente del partido Movimiento Ciudadano.

También dijo que en el inicio del proceso electoral más de 17 mil chiapanecos en el extranjero expresaron su interés de votar, y en la lista nominal del Registro Federal de Electores 10 mil 808 residentes en el extranjero cumplieron con los requisitos para sufragar.

Oaxaqueños irrumpen 

El secretario general de Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, dio a conocer la irrupción de personas, presuntamente del poblado oaxaqueño de Santa María Chimalapas, en territorio chiapaneco, donde quemaron dos urnas en el municipio de Belisario Domínguez, donde chiapanecos sufragaban.

El funcionario informó en un comunicado que entre esos daños figura la vandalización, por parte de esas personas, del edificio del ayuntamiento, así como una patrulla y una ambulancia del municipio.

Dijo que la reacción por parte de los ciudadanos chiapanecos fue prudente, por lo que no se registró enfrentamiento alguno.


Calificó como inaceptable la incursión violenta por parte de los pobladores del ejido Santa María Chimalapas, ya que no puede ocurrir en un marco de derecho y, sobre todo, cuando existen los cauces legales para dirimir las diferencias e inconformidades.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Inicia la Guelaguetza en medio de cuestionamientos a Cué por derroche en auditorio

OAXACA, Oax. (apro).- Más de seis mil elementos de la Policía Federal, Gendarmería, Ejército Mexicano y policías estatal y municipal resguardarán la entidad para garantizar la seguridad de 80 actividades programadas en “Julio, mes de la Guelaguetza 2015”, entre ellas la máxima fiesta de los oaxaqueños: Los Lunes del Cerro.

Se prevé una derrama económica superior a los 285 millones de pesos.

El gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, manifestó que la seguridad de este primer “Lunes del Cerro” estará garantizada por alrededor de 2 mil elementos, quienes se ubicarán tanto al interior como al exterior del Auditorio Guelaguetza.

Aunque no existe ninguna amenaza de boicot, marchas o bloqueos, dijo que “el gobierno de Oaxaca se encuentra preparado para resguardar la integridad física y patrimonial de nuestros habitantes y visitantes, queremos que su estancia sea placentera, que disfruten de nuestra cultura y tradiciones milenarias, pero además, queremos que regresen a nuestra entidad, ya sea el próximo año o las próximas vacaciones”.

Durante el Primer Lunes del Cerro que inició hoy a las 10:00 horas, participan 25 delegaciones de las ocho regiones de Oaxaca para los más de 11 mil espectadores que disfrutarán de sus danzas, música y tradiciones, con lo que dejarán de manifiesto por qué la Guelaguetza es la presentación étnica racial más importante de América Latina.

La fiesta inició con el convite de las Chinas Oaxaqueñas, seguida de sones, jarabes y representaciones de Santa María Tlahuitoltepec, San Jerónimo Tecoátl, San Melchor Betaza, San Blas Atempa y la Heroica Ciudad de Tlaxiaco.

Los danzantes de la Pluma de San Bartolo Coyotepec también tendrán una participación, al igual que los sones istmeños de Santo Domingo Tehuantepec. También se presentarán las delegaciones de San Sebastián Tutla, Santiago Jamiltepec, San Juan Bautista Tuxtepec, Santos Reyes Nopala, San Miguel Villa Sola de Vega y las Chinas Oaxaqueñas serán las encargadas de cerrar la primera función.

Para la función vespertina, cuyo inicio está programado para las 17:00 horas, nuevamente abrirá el convite de las Chinas Oaxaqueñas; posteriormente se presentarán: San Pedro Ixcatlán, San Andrés Solaga, Tlacolula de Matamoros, San Jerónimo Tecoátl, San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, Asunción Ixtaltepec, Santo Tompas Ocotepec, Santo Tomás Mazaltepec, Santiago Jocotepec, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Santiago Tlacochahuaya, San Juan Bautista Tuxtepec, San Pedro Pochutla, Juchitán de Zaragoza y las Chinas Oaxaqueñas.

El gobernador Gabino Cué ha sido duramente cuestionado por invertir 65 millones de pesos para la remodelación de este auditorio ante la precariedad con que operan los servicios de salud estatales.

Por su parte, el promotor cultural triqui Marcos Sandoval afirmó que la Guelaguetza o Fiestas de los Lunes del Cerro es un espectáculo “absolutamente discriminatorio porque es la imposición del criollismo, del mestizaje, en síntesis del colonialismo”.

El también Jefe del departamento de Cultura y Lengua de la Secretaría de Asuntos Indígenas sostuvo que la Guelaguetza nació en la ciudad de Oaxaca para festejar a la ciudad, por lo que se trata de una celebración de esta capital donde se ha privilegiado la expresión del mestizaje con los jarabes, las chilenas y los sones.

Este espectáculo, dijo, es más una festividad para la expresión del mestizaje para la diversidad cultural del estado y aunque han abierto actividades alternas como la gastronomía, la música, la pintura, el espíritu básico es la cuestión del mestizaje.

El problema es que “los rituales indígenas no son un espectáculo y cuando queríamos meter el baile de carnaval de Chicahuaxtla que dura cinco días, pedían sintetizarlo para convertirlo en espectáculo”.

Fuente: Proceso

Autor: Pedro Matías

Padres de los 43, ausentes de graduación en Ayotzinapa; protesta enmarca ceremonia

AYOTZINAPA, Gro: Los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa hicieron vacío a la fiesta de graduación de los egresados de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” donde estuvieron presentes escritores e intelectuales como Elena Poniatowska, Juan Villoro y Armando Bartra, quienes fueron transportados por personal de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG).

Por su parte, un grupo de egresados de la generación 2011-2015, denominada “Sangre, resistencia y esperanza” protestaron durante la ceremonia y denunciaron que el gobernador provisional, Rogelio Ortega Martínez, compró la voluntad de los normalistas al entregar de más de un millón de pesos al representante del comité proclausura, Izcoatl Yonibeth Benito Coronado, para subsidiar el festejo y adquirir anillos, trajes y un regalo especial.

“El movimiento de los 43 llamó a que los que participamos, nadie se sentara a negociar, pero vemos que en la práctica sucede otra cosa, porque se llevaron a cabo las negociaciones con el estado por el comité proclausura. Les decimos buen provecho, se les verá bien el traje, y esperemos que gocen tanto lo que les regalaron. Están comiendo la carne y bebiendo la sangre de nuestros compañeros caídos y disfrutando de los 43 desaparecidos”, indica el comunicado distribuido durante la clausura por los inconformes.


El grupo de egresados que decidió protestar durante la clausura señaló que “todos esos lujos son pagados con dinero sucio, aun cuando proviene de los contribuyentes del pueblo ha pasado por las manos manchadas de sangre y corrupción de políticos corruptos que gobiernan el país”.

Los egresados identificados como Fabián Gonzales, Arturo Gatica y Javier Lozano denunciaron públicamente que su compañero Izcoatl Benito formó grupos extramuros para denigrar a la escuela y revelaron que entregó material del Comité de Orientación Política e Ideológica de la Normal.

Así como una manta a Humberto Salgado Gómez, exsecretario de Gobierno durante la administración del defenestrado Ángel Aguirre Rivero, donde la escuela denunciaba las ejecuciones extrajudiciales de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino en diciembre de 2011.

Sobre estos hechos, los egresados denunciaron que Izcoatl Benito y el también egresado David Flores Maldonado crearon y participaron en “un grupo de choque” en la Ciudad de México y en una de sus acciones, afirmaron, “desalojaron a un colectivo de alumnos” que protestaba en el auditorio Che Guevara de la UNAM en el año 2013.

Luego, señalaron que Izcoatl Benito cuando estuvo al frente del comité estudiantil “estafó” a varios funcionarios estatales de la administración de Ángel Aguirre y ahora de Rogelio Ortega, quien destinó más de un millón de pesos para los festejos de la clausura y afirmaron que el dinero del erario fue a cambio de “silencio e información de la base estudiantil”.

Al respecto, afirmaron que el pasado lunes 6, los alumnos de cuarto grado fueron convocados a no participar en las protestas para exigir justicia por el caso Ayotzinapa, “engañándolos con guardias fingiendo un supuesto desalojo”.

Por ello, los inconformes señalaron que era necesario denunciar las acciones de los egresados que consideran que “han lastimado” a la Normal y los hicieron responsables “de lo que siga sucediendo”.

También, afirmaron que el exgobernador Ángel Aguirre Rivero “tiene células infiltradas en la Normal que han ido deteriorando a la escuela y la forma de actuar de estas células es someter a las personas de forma violenta”, indicaron los egresados.

Los inconformes señalaron que el resto de los egresados de Ayotzinapa decidieron guardar silencio “por temor a las negociaciones de las plazas en gestión por el comité proclausura”.

Por ello, se deslindaron de las negociaciones que realicen los integrantes del comité proclausura de Ayotzinapa y soltaron: “Aclaramos que el dolor de los padres y la vida de los 43 compañeros desaparecidos no están en negociación”.

Hace dos semanas, Proceso dio a conocer que en medio de la crisis político-social que se vive en la entidad a raíz de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el gobernador provisional Rogelio Ortega Martínez destinó un millón 204 mil pesos del erario para apadrinar a la generación 2011-2015 que egresará de ese plantel el sábado 18.

Esa suma incluye la compra de anillos, trajes y “un regalo especial” para los ahijados. Ortega planteó también cubrir “peticiones personales” de los normalistas, aunque éstas no se especificaron en los documentos oficiales consultados por Proceso.

Para justificar la erogación extraordinaria, el mandatario solicitó al titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Eliseo Moyao Morales, ampliar el presupuesto de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), a cuyo frente está Salvador Martínez della Rocca. Gracias a esa triangulación, Ortega podrá agasajar sin problemas a sus ahijados.

Esta “compra de voluntades” evidencia el nivel de corrupción de la administración de Ortega y ocurre a nueve meses de la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa.

Ahora, este sábado, la ceremonia comenzó a las 11:20 horas, en el casco de la ex Hacienda de Ayotzinapa donde familiares y amigos, así como escritores e intelectuales se congregaron en este festejo subsidiado por el gobierno de Rogelio Ortega.

Personal de la SEG, dirigidos por funcionarios de la dependencia estatal, se encargaron del traslado de los escritores, artistas e intelectuales encabezados por Elena Poniatowska, Juan Villoro, Armando Bartra, Gabriel Balsa, Luis Hernández Navarro, Hector Bonilla, Marta Lamas y Rafael Barajas.

En su discurso, la escritora Elena Poniatowska emitió un emotivo mensaje donde demandó a los egresados seguir de pie al igual que Rosario Ibarra que no ha dejado de buscar a su hijo y los exhortó a seguir adelante cada día con la esperanza de que México deje ser el país de las fosas y aullidos.

“El delito mayor en México es ser joven, ustedes van a enseñar a leer y exigir a denunciar y defenderse, un país que sabe leer aprende a reclamar lo que es suyo porque conocen sus derechos”, expresó la escritora.

Luego siguieron discursos del resto de los padrinos que demandaron justicia y que nunca olvidarán los agravios del gobierno ante los hechos que han lacerado al normalismo rural.


Durante la prolongada ceremonia nadie hizo referencia al hecho de que el gobierno de Ortega subsidió con recursos públicos la clausura pero fue evidente la inconformidad y el rechazo de varios egresados que decidieron no portar el traje que las autoridades pagaron y por ello vistieron una camisa distinta en señal de protesta.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

La Sedena admite participación de militares en la desaparición de 7 jóvenes

ZACATECAS, Zac., (proceso.com.mx).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que militares estuvieron involucrados en la desaparición de siete jóvenes en el municipio de Calera, el 7 de julio, y de los cuales al menos cuatro fueron encontrados días después muertos de un tiro en la nuca.

En un comunicado, la Sedena anunció: “Debido a que se identificaron indicios de una probable participación militar la Procuraduría de Justicia Militar remitirá el desglose de la averiguación iniciada por este caso a la PGR”.

La Sedena advirtió que es la primera interesada en que se sancione a aquellos elementos que actúen fuera de la ley, “sin importar jerarquía, cargo o comisión”.

Hasta el momento, los cuerpos de cuatro de los jóvenes desaparecidos ya fueron identificados por familiares, tras ser localizados en una casa en construcción en el municipio de Jerez, asesinados de un tiro en la nuca. La PGR y la Procuraduría del Estado realizan las pruebas de perfil genético para confirmar su identidad.

Otros tres cuerpos fueron hallados la tarde del sábado en otra comunidad de Jerez. Sin embargo, familiares de los jóvenes no pudieron verlos en el Servicio Forense, ni siquiera mediante fotografías, y se les pidió presentarse hasta este lunes para efectuar la toma de muestras de ADN para proceder a la comparación de identidad.

“Solamente nos preguntaron datos de ellos, como tatuajes o señas, y nos aseguraron que no son. Pero no los vimos, tampoco nos quisieron mostrar fotos, aunque de las otras cuatro personas sí les enseñaron fotografías a sus familiares”, dijo la hermana de uno de los desaparecidos.

Mientras los familiares esperaban todo el domingo en el Ministerio Público de Fresnillo para saber algo más sobre los últimos tres cuerpos localizados, alrededor de 80 personas acudieron a las puertas de las instalaciones del 97 batallón de infantería en una manifestación de apoyo, “para pedir que no se vaya el Ejército”.

Al lugar acudió el Comandante de la 11ª Zona Militar, el general Antelmo Rojas Yáñez.

Posteriormente, en un comunicado emitido anoche, la Sedena informó que la Procuraduría de Justicia Militar encontró “indicios” que apuntan a la participación de personal del batallón de infantería en la desaparición de los jóvenes.

Desde un principio, esto fue denunciado públicamente por los familiares, quienes incluso mencionaron al coronel Martín Pérez Reséndiz como quien encabezó el supuesto operativo bajo el cual los soldados ingresaron a la vivienda en Calera y se llevaron a los siete jóvenes, entre ellos un exmilitar que había formado parte del mismo batallón.

La Procuraduría militar “mantiene estrecha coordinación (con la PGR) al igual que con la Procuraduría general de justicia del estado”, señala el comunicado de la Sedena, que expresa el compromiso de cooperar con las instancias “a fin de que se esclarezcan los hechos”, además de que “reitera su compromiso con la sociedad mexicana, enfatizándole que de ninguna manera tolerará actos contrarios a las leyes”.

Fuente: Proceso

Autor: Verónica Espinosa

Bloquea el MPG camino de Tlapa que lleva al acto de Peña Nieto

TLAPA, Gro. (proceso.com.mx) .- Un centenar de integrantes del Movimiento Popular de Guerrero (MPG) protestan en este momento en el crucero de la comunidad indígena de Atlamajac, ubicado a unos tres kilómetros del lugar donde el presidente Enrique Peña Nieto tiene programado inaugurar más tarde la obra denominada La Ciudad de las Mujeres.

Fuerzas públicas desplegadas en ese punto impidieron que los manifestantes continuaran su camino por lo que el MPG decidió bloquear esa vía he impide que funcionarios públicos federales y estatales lleguen al acto presidencial.

De hecho, ya obligó a la presidenta del DIF, Guerrero, Marxitania Ortega, hija del gobernador provisional, Rogelio Ortega Martínez y al secretario de Obras Públicas estatal, Jesús Hernández a que dieran marcha atrás.

En el caso de Marxitiana Ortega, la camioneta en que viajaba fue apedreada.

Los manifestantes exigen justicia en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y en el del asesinato del normalista Antonio Vivar Díaz, ocurrido el 7 de junio, durante las elecciones.

Fuente: Proceso

Autor: Ezequiel Flores Contreras

Liberan a “La Lore”, acusada del secuestro de Fernando Martí

MÉXICO, D.F: Luego de permanecer presa desde septiembre de 2008 acusada del secuestro y asesinato del joven Fernando Martí Haik, Lorena González Hernández, La Lore, fue puesta en libertad.

El juez 32 Penal con sede en el Reclusorio Preventivo Sur determinó dejar en libertad a La Lore.

Esta madrugada la exagente federal abandonó el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, luego de permanecer casi siete años en prisión, informaron autoridades judiciales.

La mujer fue liberada por insuficiencia probatoria, ya que los datos recabados no fueron sólidos para concretar una sentencia condenatoria.

Las personas que la señalaron de participar en hechos delictivos se desistieron de ratificar su acusación, entre ellos Cristian Salmones, exescolta del hijo del empresario.

Por tal motivo, el agente del Ministerio Público adscrito al referido juzgado presentó conclusiones no acusatorias, por lo que la víspera se decretó la libertad de la mujer.

La Lore fue acusada de formar parte de “La banda de la Flor” y de participar en el secuestro y homicidio del menor Fernando Martí Haik, hijo del empresario Alejandro Martí.

Fernando fue secuestrado el 4 de junio de 2008, junto con su chofer y escolta, quien sobrevivió al suceso. En agosto de ese año fue encontrado el cuerpo sin vida del menor.

La Procuraduría del DF acusó a Lorena González de ser la organizadora de un falso retén para detener el automóvil en el que viajaba Fernando Martí.


El 17 de julio de 2009, la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) detuvo a dos integrantes de la banda de Los Petriciolet, a quienes se atribuyó el secuestro y asesinato de los adolescentes Fernando Martí y Antonio Equihua.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

INEE cambia reglas para cesar a inconformes: maestros

México, DF.- El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) ha violado reiteradamente los lineamientos para el proceso de evaluación de los maestros, y de manera “arbitraria e irregular”, ha modificado también los criterios ya establecidos en la ley, en un afán por “cesar” a los docentes que han expresado su inconformidad y rechazo a este mecanismo de evaluación.

Profesores integrantes del Congreso Nacional de Bases y del Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del SNTE, exigieron la abrogación de la reforma educativa, suspender el cobro de cuotas a los padres de familia, cancelar el calendario de evaluaciones a maestros ya en servicio, y respetar los derechos del magisterio nacional, tanto individuales como colectivos.

En conferencia de prensa, anunciaron una serie de acciones que realizarán durante el receso escolar, en los cuales está también la difusión de su Programa Alternativo de Educación y Cultura. Además, se está llamando a un paro de labores de 48 horas en el inicio del ciclo escolar 2015-2016, previsto para el 24 de agosto.

Señalaron que conforme avanza el proceso “punitivo de evaluación”, amplios sectores del magisterio nacional que hasta ahora habían permanecido al margen de las movilizaciones, se están dando cuenta de la gravedad que implica la reforma educativa y la evaluación para los derechos laborales de los maestros y de la educación pública en el país. Por ello, dijeron, las manifestaciones de protesta están creciendo en prácticamente todas las entidades.

Incluso, se señaló que en varios estados, pese a las diferencias entre las organizaciones disidentes, han decidido confluir en esta lucha contra la reforma, entre ellos el mismo CEND  del SNTE, movimientos magisteriales emergentes e independientes, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Profesores de una docena de entidades, encabezados por el secretario general del CEND del SNTE, Antonio Castro López, denunciaron las condiciones de enorme arbitrariedad e irregularidades con las que actúan las autoridades del INEE, de manera especial en los criterios de la selección de maestros a quienes se les pretende aplicar el examen para la permanencia en la actividad docente.

“El único criterio que tiene el INEE es que no hay criterio”, dijo el dirigente Castro López, quien junto con los otros representantes magisteriales denunció que el verdadero interés es “eliminar” a profesores que resulten incómodos. La pretensión es renovar a la mayor parte del magisterio nacional durante los próximos años, añadió.

En algunos estados han sido seleccionados preferentemente maestros que ha expresado su inconformidad con el proceso de evaluación, otros que se aproximan a la jubilación, u otros que tienen mejores percepciones que el promedio dado su alta capacitación. Pero en ninguno de los casos, se observan maestros que están cerca de la estructura oficial del SNTE o de las autoridades educativas.

Incluso, en casi todos los estados las listas de maestros seleccionados para hacer el examen de permanencia docente han sufrido modificaciones o ampliaciones de manera “arbitraria”, donde aparecen o retiran nombres de quienes son llamados a la evaluación.

Así, los profesores Miguel Guerra, de Puebla; Celene Pérez, de Durango; José González Figueroa, del Estado de México; Florentino Moreno Beltrán, de Jalisco; Rosa María Córdova Rodríguez, de Querétaro; Benjamín Hernández Gutiérrez, de Michoacán; Elsy Chi, de Quintana Roo; Voniek Villavicencio, de Baja California Sur, y José Soariano Moreno, de Guerrero, denunciaron que existe en el fondo un “terrorismo laboral impresionante".

Fuente: La Jornada

Autor: José Antonio Román

Tras el ‘Gabinetazo’, ganadores y perdedores

Con los cambios que el Jefe de Gobierno realizó en su equipo cercano, algunos funcionarios se fortalecieron al asumir funciones en dependencias con recursos económicos mayores de los que disponían en sus anteriores labores.

La lectura de los movimientos en el gabinete de Miguel Ángel Mancera Espinosa al interior del Gobierno del Distrito Federal podría interpretarse en términos de quién ganó y quién perdió de acuerdo al presupuesto que su nueva función le permitirá administrar.

Dentro del círculo rojo de Miguel Ángel Mancera a su llegada al frente de la Ciudad de México, se identificó a un grupo de amigos abogados que lo acompañaron en la aventura de ser procurador de Justicia del DF, y luego en la jefatura de Gobierno.

Algunos ya no están, otros cambiaron de cargo y unos más resultaron fortalecidos durante el llamado proceso de evaluación del gabinete.

Mala jugada

Con los cambios al gabinete, de manera casi natural se reacomodó el tablero de fuerzas en el equipo del primer mandatario de la ciudad.

En medio de acusaciones y cuestionamientos respecto a su actuar, Héctor Serrano Cortés dejó la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, que como parte de la estructura tiene a su cargo todo el control del Sistema Penitenciario del Distrito Federal.

Es decir, aunque Hazael Ruiz es el subsecretario del Sistema Penitenciario, en la práctica Héctor Serrano, secretario de Gobierno hasta el jueves de la semana pasada, tenía bajo su control 12 reclusorios, penitenciarias y centros varoniles de reinserción social de la Ciudad de México.

Además de controlar las cinco comunidades de adolescentes que también forman parte de esta red. Y el manejo del millonario presupuesto.

Serrano Cortés pasó de manejar un presupuesto anual de más de 3 mil 600 millones de pesos en la Secretaría de Gobierno, a uno que representa la tercera parte, mil 270 millones en la Secretaría de Movilidad.

El mismo caso aplica para Rosa Icela Rodríguez, quien dejó Desarrollo Social. De manejar el tercer presupuesto más voluminoso del GDF de más de 8 mil 500 millones de pesos anuales, ahora administrará uno de apenas 200 millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Rural, su nuevo cargo.

Los beneficiados

José Ramón Amieva fue uno de los funcionarios que se empoderó a partir de los cambios realizados por Miguel Ángel Mancera.

Hay algunas voces que lo mencionan como el posible “delfín” de Mancera para sucederlo con miras al 2018, pues lo nombró en un cargo clave que maneja todos los programas sociales del Distrito Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

A la vez, lo comparan con el movimiento de piezas que en su momento efectuó Marcelo Ebrard con Mario Delgado, al que cambió de la Secretaría de Finanzas a Educación para impulsarlo como su candidato.

Aunque aquella estrategia fracasó, en este sexenio José Ramón Amieva tendrá que demostrar que puede manejar la barra de apoyo social del GDF, que obliga al contacto directo con la gente y se relaciona con el voto en la capital.

Si de recursos se trata, Amieva, como Consejero Jurídico, manejaba un presupuesto anual de poco más de mil cien millones de pesos y ahora manejará los más de 8 mil 500 que se le destinaron a la Secretaría de Desarrollo Social.

Por su parte, la hoy secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, manejaba un presupuesto de 890 millones y ahora controlará el de la Secretaría de Gobierno y Sistema Penitenciario de la capital.

Con esa lógica, el exdiputado local Manuel Granados se incorpora al gabinete en un puesto clave si de negociaciones se trata, el de Consejería Jurídica que dejó José Ramón Amieva.

Desde ese cargo el exdiputado local tiene bajo su control el Registro Público de la Propiedad y el Registro Civil de la Ciudad de México.

El caso de Alejandra Barrales Magdaleno llama la atención; la perredista renunció a su curul en el Senado de la República para sumarse al gabinete mancerista en la Secretaría de Educación, cuyo presupuesto oscila en apenas 650 millones de pesos anuales.

Algunos en el gabinete comentan que el paso de la exdiputada local al frente de la Secretaría de Educación podría ser temporal debido a que suena como una de las posibles candidatas a dirigir el PRD capitalino.

El exdiputado local Jorge Gaviño dejó su curul y la presidencia de Nueva Alianza en el DF para sumarse al gabinete y remplazar a Joel Ortega al frente del Metro, que maneja un presupuesto anual promedio de más de 15 mil millones de pesos.

Amalia García, exgobernadora de Zacatecas, no tenía algún puesto público al momento del “gabientazo”; ahora como secretaria del Trabajo en reemplazo de Patricia Mercado, manejará un presupuesto de 890 millones de peso anuales.

Los cambios al gabinete involucraron de manera directa a 13 servidores públicos, y está semana se prevé más ajustes en los equipos, renuncias y nombramientos.

Los expulsados

De equipo con el que Mancera llegó a la jefatura de Gobierno, uno de los que se cayó en el camino fue Édgar Armando González Rojas, de la Oficialía Mayor.

Mancera tuvo que exigirle la renuncia ante el escándalo provocado por la difusión de algunos audios que involucraron al funcionario con diversos casos de corrupción relacionados con sobreprecios de algunas adquisiciones.

El segundo fue Jesús Rodríguez Almeida, quien estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y se vio envuelto en detenciones polémicas efectuadas por personal de la policía preventiva en diferentes manifestaciones en la capital, entre otros desatinos que terminaron con su salida del GDF.


Sin embargo, en las pasadas elecciones del 7 de junio, Mancera intentó impulsarlo a una fallida candidatura para diputado.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

Revisará INE dictámenes de gastos de campaña en comicios de 2015

México, DF. Este lunes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) desahogará, por primera vez antes de que se califiquen las elecciones, los dictámenes de fiscalización de todos los gastos de los partidos políticos en las 16 elecciones estatales y la federal, como lo dispone la nueva legislación. En principio, de aprobarse en sus términos, se proyecta la imposición de 408 millones de pesos de multas a todos los partidos, debido a irregularidades diversas en campañas locales y federales.

Se trata de la revisión de los informes de gastos de campañas de 2 mil 667 candidatos en la elección federal y 14 mil 986 aspirantes a diversos cargos en comicios locales. De acuerdo con la nueva legislación, a partir de estos procesos electorales, violaciones en el manejo de gastos de campañas pueden ser causales de nulidad, supuesto que no será aplicado, pues de los dictámenes no se desprende que algún candidato ganador haya incurrido en alguna de los restricciones legales que amerite revertir su triunfo.

Fuente: La Jornada

Autor: Alonso Urrutia

Frente ciudadano en Pedregales y el Ajusco contra megadesarrollos

Expulsarán a habitantes originarios y traerán a otros de mayor poder adquisitivo, advierten. Denuncian en una jornada informativa tácticas de autoridades y desarrolladores para sacarlos.

Habitantes de las colonias Los Pedregales y Ajusco, en la delegación Coyoacán, formaron un frente común contra las zonas de desarrollo económico (Zodes) denominadas Parque de Innovación CDMX y Ciudad de la Salud, que provocarán, dijeron, la expulsión de muchos de los resdentes actuales.

En una jornada informativa, David Campos y Miguel Ángel Salazar explicaron que la edificación de grandes torres de oficinas hasta de 45 pisos, departamentos de lujo y centros comerciales triplicará el número de habitantes, pero de mayor poder adquisitivo.

La reclasificación de zona popular a residencial, señalaron, aumentó hasta 3 mil por ciento el pago del impuesto predial, por lo que muchas de las familias están en suspensión y en riesgo de ser embargadas, como ha sucedido para ampliar los terrenos en manos del gobierno.

Otra táctica para contar con más tierras para los desarrolladores inmobiliarios es la firma de acuerdos público-privados, que posibilitan la expropiación por causa de interés público, y, si el afectado quiere evitarlo, debe cubrir una garantía imposible de pagar, precisó Salazar.

El integrante del Frente Ciudadano contra las Zodes consideró que el proyecto Ciudad Salud, en Tlalpan, es una cortina de humo para permitir a Médica Sur crecer diez veces, con el argumento de que se concentrarán todos los servicios de salud en el sur.

Su concreción afectará a alrededor de 75 mil habitantes, varios de los cuales tendrán que emigrar a la zona conurbada, ante la imposibilidad de cubrir el pago de impuestos y derechos, ya que se están yendo al cielo, pues se trata de un proyecto para ricos, no para pobres, indicó.

Una situación similar se presenta en Los Pedregales, donde en las 16 hectáreas que ocupaba la planta de asfalto se levantarán un parque científico, un centro especializado de servicios de imagenología, una biblioteca digital y un área de vivienda residencial, precisó Campos.

Los daños serán desastrosos, porque algunos perderán su patrimonio y otros enfrentarán problemas de movilidad y encarecimiento de servicios, por lo cual actuaremos por la vía legal para impedir estos proyectos en el sur de la capital, anunciaron.

Por lo pronto, se instalarán tendederos informativos en las cerca de 12 colonias que resultarán afectadas, con el fin de que la gente conozca de qué se tratan los proyectos, y se realizarán movilizaciones y cadenas humanas en los sitios a intervenir.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: LAURA GÓMEZ FLORES.

Continúan ejidatarios oposición contra despojo; la Federación no cesa presión

Veracruz, Ver.- El 40 por ciento de ejidos de municipios de la zona norte del estado se encuentran en resistencia ante la obstinación del gobierno federal para que entren al “Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar” (Fanar), ya que consideran que al pasar a certificación y titularización de solares, las empresas trasnacionales aprovecharán para despojar a los campesinos de sus tierras y poder llevar a cabo las perforaciones de pozos petroleros con el uso de la técnica de fracking.


Lo anterior fue dado a conocer por Braulio Morales Pascuala, integrante del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ), quien afirmó que hay una insistencia por parte del Estado en las comunidades de la Huasteca veracruzana para que entren al Fanar, bajo el ofrecimiento de que sólo así los campesinos podrán obtener los beneficios de los programas federales de apoyo al campo.


El integrante de FDOMEZ señaló que en los ejidos donde no existe organización es donde los campesinos han cedido y es precisamente en donde se está dando el despojo de tierras y ya han entrado las empresas extranjeras, “esto no es nada benéfico para las comunidades y en donde hay resistencia se da porque hay comunidades organizadas, con el Fanar se pretende dividir el ejido y poder explotar las riquezas que tiene el ejido”.


Del municipio de Chicontepec hay ciertas comunidades que todavía resisten en mantener los ejidos, “aunque es muy fuerte el planteamiento, exigencia del Estado para que a través del proyecto de los programas federales, tienen forzosamente pasar a formar parte del emparcelamiento para que el campesino pueda disfrutar de los recursos federales para el campo”.


“El despojo ya está en los municipios de Ixhuatlán, hay explotación del petróleo, pero la gente está siendo afectada, el famoso fracking ya no tanto la perforación sino que ahora la explotación de agua también”, dijo.


Dijo que el Estado sabe en dónde están los pueblos organizados, “en Ixhuatlán las partes no organizadas es en donde van explotando, por ejemplo, nosotros en el municipio de Chicontepec, que es el famosa zona petrolera, pero ahí existe organización y hay ejidos en resistencia sobre todo en la parte con los límites de Hidalgo, ahí hemos retrasado la explotación abierta como lo vienen haciendo, en el municipio de Benito de Juárez también hay resistencia”.


Actualmente, el gran problema que se enfrentan las comunidades o aquellos en donde ya está fraccionado el ejido “es que la empresa ya no reconoce el costo del terreno total perjudicado, sólo les están comprando la hectárea en donde estará el pozo”, dijo Morales Pascuala


También la estrategia que están utilizando las empresas que van a perforar pozos para aplicar el fracking es que están llegando a la cabeza del ejido, es decir, “ofrecerle recursos al comisariado ejidal, ofertándole por una hectárea de terreno hasta un millón de pesos para que el mismo comisariado ejidal convenza a los otros y de esa manera poder tumbar fácilmente la resistencia, ese es el plan, así se dará el despojo de manera impositaria”.


Sin embargo, sostuvo que aún el 40 por ciento de los núcleos ejidales están en resistencia y confía en que con la organización que han mantenido desde hace muchos años, las empresas trasnacionales no podrán avanzar, porque hay varios pozos que están dentro de los ejidos en los que no pueden entrar y puso de ejemplo el pozo número 1 de Chicontepec, “está reservado desde 1968, Pemex lo visita de vez en cuando, pero hay resistencia y no pueden entrar porque está dentro de un ejido en resistencia”.


Fuente: La Jornada Veracruz

Otro Camarena, el temor de los agentes de la DEA en México

MÉXICO, D.F:  En Washington, los altos funcionarios de Estados Unidos dicen estar “frustrados y decepcionados” por la segunda fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán de un penal de máxima seguridad. Pero los agentes estadunidenses encargados de operar en México saben que sus actividades serán ahora más riesgosas.

En febrero del año pasado, cuando la Agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) se adelantó al gobierno mexicano y filtró a la agencia de noticias Associated Press (AP) que ‘El Chapo’ había sido detenido en Mazatlán, Sinaloa, el gobierno estadunidense se adjudicó el crédito de haber rastreado las comunicaciones para dar con el jefe más emblemático del Cártel de Sinaloa.

La decisión de adelantarse al gobierno de Enrique Peña Nieto fue para atar las manos a cualquier alto funcionario mexicano que hubiera querido negociar con ‘El Chapo’.

La prensa estadunidense empezó a reconstruir la Operación Gárgola puesta en marcha en México a principios del año pasado para la captura. Informó sobre la participación de agentes de la DEA, del US Marshall -agencia experta en búsqueda de fugitivos-, y del Departamento de Seguridad Interior.

Las agencias estadunidenses como dueñas de la información y la Marina, Armada de México como ejecutora de la operación con un comando especial de Fuerzas Especiales.

Ahora los agentes de esas y otras dependencias estadounidenses que operan en México en la llamada guerra a las drogas, saben que el escape de Guzmán del penal del Altiplano los coloca en mayor riesgo.

Roberta Jacobson, propuesta por el presidente Barack Obama como embajadora de Estados Unidos en México aseguró el jueves en Washington, durante una audiencia en el Senado como parte de su proceso de ratificación, que el gobierno de ese país está “frustrado y decepcionado” por la fuga del sábado 11 de julio por la noche.

Horas antes, el jefe de Operaciones y actual director interino de la DEA, Jack Rilley declaró a la cadena de televisión estadunidense CNN que el escape representa el peor momento de su carrera. Y adelantó que ya se inició la “cacería” para ir por ‘El Chapo’, echando mano de todo, incluidas las alianzas coyunturales con los cárteles enemigos de la organización delictiva sinaloense.

No es noticia. Ese tipo de acuerdos son comunes para la DEA, como lo fue para la CIA en 1985 durante el Irán Contras y su secuela en México con el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, del que se responsabilizó al Cártel de Guadalajara de los sinaloenses Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y  Ernesto Fonseca, mentores de ‘El Chapo’ Guzmán.

Tres décadas después, el narcotráfico es mucho más fuerte y complejo en México y el riesgo para los agentes estadunidenses es mucho mayor. Dos casos del sexenio pasado lo demuestran: el ataque en febrero de 2011 a agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas en la carretera San Luis Potosí-Querétaro, y el de agosto de 2012 a personal diplomático en la carretera México-Cuernavaca.

Apenas el  6 de junio, un helicóptero de Aduanas y Protección Fronteriza fue forzado a aterrizar en Laredo por disparos que recibió desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pero sólo son los casos que han trascendido.

Cuando el jefe de operaciones de la DEA habla de cacería y de utilizar cualquier método, lo que hace es incentivar la lógica de la guerra al narcotráfico, emprendida por Estados Unidos en 1971 y abrazada ya en México, sobre todo durante el sexenio pasado.

El gobierno de Felipe Calderón, incluso, había acordado con el de Estados Unidos un operativo contra ‘El Chapo’ como el que se hizo para matar al líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, en Paquistán. Los militares mexicanos rechazaron el plan.

Ahora no están claras las relaciones entre ambos países en la materia. Tras la fuga de ‘El Chapo’, la DEA quiso de nuevo madrugar al gobierno mexicano. A través de la agencia AP dijo que había advertido en dos ocasiones al gobierno de México sobre el intento de fuga de Guzmán. El secretario de Gobernación lo negó públicamente y a las pocas horas, el diario The New York Times dijo que México había rechazado cualquier ayuda.


Aunque Rilley aclaró que esa versión era falsa, cualquier acción unilateral de Estados Unidos para ir contra el capo sinaloense sería muy costosa para las relaciones de los dos países, empezando para los numerosos agentes estadunidenses que operan en México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

El dispendio de Peña

Peña Nieto afirmó al diario The Financial Times que su gobierno vive una crisis de credibilidad. Lo que llama poderosamente la atención es que, en vez de cambiar y trabajar en aras de dar credibilidad a las instituciones, y que éstas a su vez aporten una perspectiva diferente sobre la realidad respecto a los graves problemas de violaciones a derechos, corrupción e impunidad, el gobierno federal opta por comprar imagen, por la manipulación de la información y el poder de la propaganda.

En 2013 Enrique Peña Nieto gastó 7,000 millones de pesos, una erogación que jamás antes se había hecho del presupuesto público. Esto de por sí ya es grave y lo es aún más si le sumamos que el gobierno federal se excedió en 48% del gasto originalmente aprobado para publicidad oficial. ¿Hay alguna consecuencia de esto? No, ninguna.


Nuestro sistema de rendición de cuentas y auditoría permite este cambio millonario de partidas presupuestales sin consecuencia alguna, lo que nos lleva a preguntar: ¿Y para qué se toma la molestia la Cámara de Diputados de señalarle al Ejecutivo en qué rubros debe gastar? Más aún, ¿por qué no ha expresado su oposición a ello, por qué no lo ha llamado a rendir cuentas? Al respecto, el órgano legislativo omite ejercer su papel de contrapeso.

Gobernar sólo con la imagen es hoy una constatación de que no hay (o es muy escasa) política eficiente para resolver problemas graves que aquejan al país. El aumento en el rubro mencionado no está justificado y, si me presionan para decirlo, no tiene impacto alguno que beneficie a la sociedad. Es decir, no tenemos más y mejor información para tomar decisiones. El aumento se puede medir de la siguiente manera: Vicente Fox en 2001 gastó $3,495 millones en publicidad oficial;  Felipe Calderón, en 2007, gastó $5,261, frente a los $7,000 de Peña en 2013, los cuales se calcula que serán superados considerablemente en 2014.

A los $7,000 millones del gasto de Peña se le tienen que sumar los gastos de los gobernadores para poder llegar a la cifra aproximada de lo que gastan los ejecutivos de todo el país. Súmele a esto lo erogado por Velasco en Chiapas, Borge en Quintana Roo, “Malova” en Sinaloa y Duarte en Veracruz. La cifra será grosera sin lugar a dudas.


La relación más tóxica entre el poder y los medios de comunicación en México pasa por el discrecional —y grosero— gasto para la compra de publicidad oficial. Dicha discrecionalidad premia una relación corrupta entre los medios y el poder político que lleva, sin lugar a dudas, a una sutil (o tal vez no tanto) censura en el contenido. El viejo refrán: “no pago para que me pegues” parece estar en el centro de esta corrupta relación. Sin lugar a dudas, el dinero que premia o castiga a los medios es un lastre para el periodismo mexicano. Pero que no se entienda que es una cuestión meramente gubernamental, al contrario, el sistema se mueve y prevalece por la actitud, también corrupta, y la complicidad del sistema de medios.

La televisión —Televisa y Estudios Azteca— acumuló el 34% del gasto en publicidad oficial en 2014 (tomemos en cuenta que en entidades como Puebla o el Estado de México el gasto en televisión alcanza el 60%). La radio, a su vez, recibió el 16.27 %, los medios impresos el 15.23%. Esto quiere decir que la mitad del gasto en publicidad oficial se distribuye en medios radioeléctricos, a pesar de que el gobierno dispone de espacios gratuitos y tiempos oficiales para transmitir contenidos de Estado.


Si hacemos un análisis más minucioso para determinar los proveedores con mayor concentración del gasto en publicidad oficial encontramos lo siguiente: Televisa acapara el 43.24% del total (con un contrato total de $506’472,692.55), Estudios Azteca el 36.12% (con un contrato de $423’079,205.29). En radio, el más beneficiado —y que no tiene programas de entretenimiento, sino que su fuerte son los programas de noticias y opinión— es Grupo Fórmula, con 40.31% (y un contrato de $61’790,643.58) y Grupo Radio Centro, con 34% (equivalente a $52’427,439.95).

En el ámbito de los medios impresos está un poco más distribuido el gasto. Ningún periódico tiene una concentración como la que vemos en medios electrónicos. Los tres diarios con mayor ingreso son: diario Reforma con 7.68% del total destinado a este tipo de medios que equivale a un contrato de $40,216,156. El Universal con 6.24% con un contrato de $32,685,948 y Milenio con 6.09% con un contrato de $31,924,526.

Si recordamos que el presupuesto aproximado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es de $1,500 millones de pesos, las cifras del dispendio en propaganda resulta más preocupante todavía. En 2012, Enrique Peña Nieto escribió una columna en el diario Reforma en la que se comprometía a regular el gasto en publicidad oficial, y después ratificó su compromiso con los tres primeros temas de la agenda. Al presidente se le olvidó su compromiso, y cómo no iba a olvidarlo si puede gastar dichas cantidades sin ningún escrutinio. Lo cierto es que, a pesar de que en el Congreso hay una docena de iniciativas en la materia, congeladas, ningún partido político quiere tocar esa fuente de ingresos.

Como conclusión, los siguientes puntos:

-          La única solución que vislumbro en el horizonte —y no peco de ingenuo— es quitarle el poder de distribución del dinero destinado a publicidad oficial a los gobiernos (federal y estatales). Prohibir categóricamente la compra, producción y emisión de propaganda política.

-          Crear un órgano autónomo que regule este gasto a través de criterios no discrecionales, transparentes y con índices de impacto. Esto querrá decir que muchos medios que viven de la publicidad oficial desaparecerán si no es que logran crear un nuevo modelo de mercado y adecuarse a las nuevas reglas.

-          Sí debe haber un subsidio a los medios de comunicación con criterios que incluyan promover el periodismo de interés público y asegurar el acceso a la información de temas de interés público a la población (por ejemplo, campañas de vacunación, alerta de huracanes, campañas ambientales, etcétera). pero de ninguna manera un medio puede vivir 100% del dinero público: debe haber un techo.

-          Deberá reforzarse la legislación vigente para dotar de independencia editorial y financiera a la red de medios públicos, y usar de manera más eficiente los tiempos oficiales y fiscales a disposición del gobierno federal.

-          En aras de diseñar una estrategia adecuada de distribución desde la institución competente, es fundamental promover y asegurar una mayor transparencia de los medios de comunicación en algunas materias como números de audiencia, tiraje, poblaciones foco, etcétera.


Está fuera de toda comprensión que se hable de crisis y de recortes de presupuesto en sectores fundamentales para la sociedad, como la cultura o la salud, mientras el rubro presupuestal de dinero para publicidad del gobierno federal crece año con año. La gobernanza basada en la imagen y propaganda no ha traído hasta ahora ningún beneficio, y sí un gran y grosero dispendio de nuestro dinero. Repito, la única solución es quitarles ese dinero.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DARÍO RAMÍREZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/16-07-2015/36934.

¿Qué hay en Ostula? ¿Por qué quieren esas tierras?

La codicia sobre la región de grupos y personas externas se fundamenta en la existencia de minerales, playas, recursos naturales y especies en peligro de extinción. El paraíso para las transnacionales.

Carreteras, puentes, proyectos turísticos y programas de privatización de tierras, son algunos de los embates que enfrenta la comunidad nahua de Santa María Ostula, en el litoral del estado de Michoacán. Se trata de programas que intentan entrar de la mano de la militarización y paramilitarización, siguiendo el manual el despojo en México.

El proyecto carretero, explican los comuneros de Ostula, es parte del Plan Regional Sustentable de Michoacán, y contempla la construcción de una autopista, hoteles y fraccionamientos residenciales sin consultar a la comunidad: “Dicen que es para fomentar el desarrollo de la comunidad, pero nunca nos han llamado para saber nuestra opinión. Es un proyecto que el gobierno hace solo”.

El 29 de junio de 2009 los comuneros de Ostula recuperaron más de mil hectáreas que durante 40 años estuvieron invadidas por supuestos pequeños propietarios provenientes de la comunidad de La Placita.

Ahí fundaron el nuevo poblado de Xayakalan, lugar codiciado por trasnacionales, gobiernos federal y local, grupos de la delincuencia organizada y caciques locales.

El costo de la recuperación de tierras en Ostula, Michoacán, ha sido muy alto: asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas y hostigamiento constante. “Estamos convencidos de que una lucha así se gana, con vidas. Algo tiene que pasar. De aquí no nos vamos. Ya tomamos posesión por tercera ocasión y esta vez no nos vamos. Ya no”, advierte el grupo de comuneros entrevistados.

La codicia sobre la región de grupos y personas externas se fundamenta en la existencia de minerales, playas, recursos naturales y especies en peligro de extinción. El paraíso para las transnacionales.

“Nosotros no estamos de acuerdo con que se meta una carretera que no pedimos, y nos oponemos. Nos estamos organizando con las comunidades vecinas para hacerles frente. Hace poco impedimos que hicieran la carretera. No vamos a aceptar que realicen trabajos sin explicarnos de qué se trata”, advierten.

En cuanto a la minería, relatan, “hemos escuchado que los empresarios quieren explotar minas en nuestros terrenos comunales. A nosotros no nos conviene la explotación minera, porque sabemos que esas explotaciones ocasionan grandes daños a la ecología, mucha contaminación, pérdida de ojos de agua. Van a abatir nuestros terrenos, van a desbaratar cerros, los ojos de agua y los ríos se van a secar, y éstos se aprovechan para regar. Por eso no estamos de acuerdo”.

Los comuneros de Santa María Ostula advierten: “Nuestro terreno no es muy grande, tenemos como 28 mil o 30 mil hectáreas y por eso queremos cuidarlo y conservarlo para futuras generaciones, como lo cuidaron nuestros ancestros. Sabemos que si aceptamos, si damos nuestra palabra para la explotación, nos van a sacar de nuestra tierra. Nosotros no entendemos los mecanismos de sus contratos y por eso mejor no le entramos. No conocemos el manejo y no queremos hacer tratos con gente que nos pueda engañar para hacer cosas a su favor”.

El litoral del Pacífico michoacano tiene playas famosas en el mundo del surfing, por lo que el Plan Regional contempla proyectos turísticos de gran envergadura. “Hasta ahora hay algunas cabañas administradas por los comuneros. No estamos cerrados al desarrollo, pero queremos ser nosotros quienes lo administremos, no personas de afuera, que no sean miembros de la comunidad”, indican.

“Hay gente ajena a la comunidad –añaden- que tiene ganas de apropiarse de las playas a donde arriban las tortugas marinas. Hace dos años, el gobierno entregó un documento pidiendo que la asamblea aprobara un decreto para construir un gran puente en la playa; dijeron que de ese modo la gente no pisaría a las tortugas y podría observarlas desde arriba. Pero nosotros no aceptamos el proyecto, porque creemos que van a apoderarse de nuestro territorio. La gente de la comunidad no pisa las tortugas, ni sus huevos, pero con eso nos quiere engañar el gobierno”.

Otro de los programas oficiales para operar el despojo, es el Procede (Porgrama de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos), rechazado también por los comuneros de Ostula: “No hemos aceptado ese programa, ni lo aceptaremos, porque nosotros queremos seguir con las formas de organización comunal legadas por nuestros ancestros. Con esta forma de organización no tenemos que pagar impuesto al gobierno, y ¿por qué vamos a pagar impuesto, si las tierras son nuestras? Si firmamos el programa, ellos se convertirán en los dueños de la tierra y luego querrán cobrarnos impuestos. Hay ejemplos de algunas comunidades, que aceptaron las propuestas del gobierno y hoy ya no existen porque los despojaron. Ahora andan por el país, buscando dónde trabajar porque les quitaron su territorio”, señalan.


*Extracto del reportaje especial de Desinformémonos “Un recorrido por el despojo y la resistencia en el territorio indígena de México, publicado en marzo de 2011. Click aquí para leer completo.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: FLORENCIO POZAS.

México está abajo de Afganistán en salud y muy lejos de Alemania; buscan privatizar: expertos

Las denuncias por negligencias médicas, desbasto de medicamento y pésimas condiciones laborales para médicos y enfermeras en los hospitales públicos, tienen una explicación: abandono por parte del gobierno para privatizar, coincidieron expertos.

México aunque cuenta con recursos que podrían mejorar las condiciones de los subsistemas de salud en el país, tiene apenas 0.45 médicos, 2.5 enfermeras y 0.71 camas por cada mil habitantes.

Cifras por debajo de países como Afganistan que tienen cuatro camas por cada 100 mil habitantes y muy lejos de naciones como Alemania, en donde hay 101 camas por cada 100 mil.

“Quieren privatizar. El IMSS [Instituto Mexicano del Seguro Social] y el sector desde 1982 ha sido desmantelado y privatizado selectivamente”, dijo Oliva López Arellano, del departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

López Arellano explicó que el presupuesto en salud en 1982 era del 3.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Para la administración de Vicente Fox Quesada, el porcentaje cayó a 2.7 y sólo sufrió una recuperación hasta 2007, con la implementación del Seguro Popular de la Secretaría de Salud.

Actualmente es de 3.1 por ciento, uno de los más bajos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), precisó Oliva López Arellano.

El déficit del IMSS para invertir en infraestructura médica es de 60 mil millones de pesos. De 1982 a 2006 la capacidad instalada de consultorios por cada mil habitantes cayó de 1.2 a 0.4.

Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Zacatecas y Michoacán son los estados con menos médicos. En el Distrito Federal, Aguascalientes, Baja California Sur y Colima hay entre 1.6 y 2.7 médicos por cada mil habitantes.

Aunado al castigo económico del sector, las quejas por negligencia médica en rubros como cirugías y urgencias, son las más cuantiosas ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed).

En 2014, la Conamed recibió dos mil 50 quejas, de las cuales el IMSS lideró con 925. En el sector privado, por ejemplo, sólo se recibieron tres denuncias.


De las gestiones por especialidad  derivadas de las quejas que la Conamed realizó el año pasado, medicina familiar lidera la lista con 185 casos, seguida de ortopedia general con 145; urgencias médicas, 109; cirugía general, 100 y medicina interna, 89.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAJEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-07-2015/1415740.