Elecciones en Chiapas: PRI y PVEM dominan mayoría de municipios

Escasos triunfos para los partidos de oposición. Morena no figuró.

De acuerdo con el 80.22 por ciento de las actas procesadas, el PRI y el Partido Verde dominan la mayoría de los municipios de Chiapas, donde se realizaron elecciones el pasado domingo.

Juntos alcanzaron casi el 30 por ciento de la votación; en segundo lugar quedó el partido Chiapas Unido, con 10 por ciento, y en tercero, Mover a Chiapas, con 8.52 por ciento de los votos totales.

En municipios como Bochil, Comitán, Frontera, Chiapa de Corzo, Chilón, se alzó el partido tricolor.

Municipios como Chamula, Chenalhó, Ocosingo y Palenque los ganó el Partido Verde.

Aunque en la capital, Tuxtla Gutiérrez, tanto el abanderado del tricolor y el Verde, Fernando Castellanos Cal y Mayor, como el del PAN, Francisco Rojas, se declararon ganadores desde anoche, según los resultados preliminares se trata de una elección muy cerrada. El PRI también declaró ganador a su candidato en Tapachula, uno de los pocos municipios donde figuró un candidato de Morena.

En todo el estado, el PAN habría obtenido al menos dos triunfos en municipios; el PRD al menos cinco; Morena no tuvo triunfos, pero logró al menos más de 4 por ciento en la votación general.

El Congreso local, verde y tricolor

El PRI y sus aliados Nueva Alianza, PVEM y Chiapas Unidos aventajan en la elección para conformar la próxima legislatura del Congreso de Chiapas con más del 50 por ciento en los 24 distritos que estuvieron en juego.

La alianza del PRI con Nueva Alianza, PVEM y Chiapas Unido, marcha adelante en 16 de 24 distritos con un 76.28 de actas procesadas en los 24 distritos electorales.

En otros seis distritos, la alianza del PVEM, Nueva Alianza y Chiapas Unido va adelante con ese mismo porcentaje de actas ya procesadas, mientras la coalición del PRI, Chiapas Unido y el Verde Ecologista aventaja en otro distrito, al igual que el PVEM lo hace en uno más.


La elección para diputado migrante, a su vez, correspondió al Verde Ecologista que con el 100 por ciento de actas procesadas se llevó el triunfo entre los chiapanecos radicados en el extranjero, en concreto en Estados Unidos, con tres mil 685 votos (55.59 por ciento).

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Los adultos retrógrados sepultaron la ley sobre niños

Una de las herramientas legislativas por las que más se peleó durante el sexenio pasado –la iniciativa preferente– fue desvirtuada por la Presidencia de la República y los Congresos locales. Este instrumento, que obliga a los legisladores a debatir una propuesta que el primer mandatario considere prioritaria, fue utilizada por Enrique Peña Nieto para que se aprobara la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero la presión de la Iglesia católica –incapaz de aceptar que los menores sean seres sexuados–, más la dejadez de los diputados locales y el desinterés del gobierno federal, falsearon el planteamiento original.

MÉXICO, D.F: La única iniciativa de ley con carácter “preferente” enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión –el pasado 1 de septiembre– fue promulgada en diciembre, pero naufragó debido al activismo del alto clero y de grupos ultraconservadores que la boicotean en un tercio de las entidades federativas.

Se trata de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDN) que, publicada el 4 de diciembre último, debió incorporarse a los marcos legislativos locales antes del 6 de junio.

A este fracaso se suma el hecho de que el proyecto de presupuesto para 2016 planteado por el gobierno de Peña Nieto pide 40 millones de pesos para instrumentar lo mandatado en la norma, pero esa cantidad representa apenas 4% de los recursos que se requerían y que los legisladores recomendaron.

La “iniciativa preferente” es una facultad exclusiva del titular del Poder Ejecutivo. Consiste en enviar a cualquiera de las cámaras del Congreso –el día de inicio del periodo ordinario de sesiones– una propuesta de ley que el mandatario considere prioritaria y que no implique reforma constitucional: forzosamente debe ser votada en un mes o menos, y remitida a la cámara revisora para que la vote en el mes siguiente.

Peña Nieto aún estaba festejando lo que llamó “el periodo reformador” cuando presentó la iniciativa de la LGDN el 1 de septiembre pasado. Al día siguiente encabezó un acto donde detalló su contenido.

Durante un mes, el Senado modificó sustancialmente el proyecto. Hacía cinco años que organizaciones ciudadanas –la mayoría integrantes de la Red por los Derechos de la Infancia, Redim– intentaban impulsar la adopción de las normas internacionales en el marco jurídico mexicano, y lograron convencer al Senado de perfeccionar la iniciativa peñanietista mediante una revisión que involucró a cuatro comisiones y opiniones de organismos como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Una vez mejorada, la propuesta se aprobó y se envió a la Cámara de Diputados.

Entonces iniciaron las presiones. El 14 de octubre, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un comunicado suscrito por su presidente, el arzobispo de Guadalajara, cardenal José Francisco Robles Ortega, y por el obispo auxiliar de Puebla, Eugenio Lira Rugarcía. En ese texto se pronunciaron en contra de uno de los derechos que consagra la LGDN. Se referían a la inclusión del concepto “derechos sexuales y reproductivos”, que según ellos no se entendía.

En 2008, y cuando era arzobispo de Monterrey, Robles Ortega ya había promovido una iniciativa panista para crear una Ley de la Familia que contenía matices homofóbicos. Su propuesta era una copia exacta de una encíclica papal, pero el prelado fracasó en su empeño.

La nueva cruzada de Robles en relación con la LGDN citaba la Ley de las y los Jóvenes de la Ciudad de México, y recordaba que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, la había regresado a la Asamblea Legislativa impugnando lo mismo que la CEM. En aquella norma se leía:

“Que niños, niñas y jóvenes tengan el derecho a decidir de manera libre el número y espaciamiento de hijos que deseen; recibir información y tener acceso a los métodos anticonceptivos de manera gratuita y suficiente; el derecho a contar con servicios médicos y jurídicos que les permitan construir la identidad sexo-genérica que deseen.”

Luego planteaban su preocupación por que los derechos sexuales y reproductivos de la LGDN significaran eso.

En los días siguientes las organizaciones ultraderechistas católicas Red Familia, Consejo Mexicano de la Familia ABP y Voz Pública emprendieron un cabildeo en la Cámara de Diputados y publicaron un desplegado en el que exigían se eliminara la expresión “derechos sexuales y reproductivos”, con argumentos similares a los de la CEM.

En redes sociales circularon mensajes que cuestionaban a los legisladores, calificaban a la LGDN de abortiva y aseguraban que ésta implicaba la pérdida del derecho paternal a educar. Finalmente los opositores consiguieron su objetivo, pues los diputados suprimieron la frase en cuestión y aprobaron la ley, lo que motivó la inconformidad en el Senado.

De acuerdo con la Redim, los legisladores terminaron aceptando la eliminación a fin de rescatar la mayor parte del articulado, que entre diferentes mejoras prevé la creación de un sistema nacional de protección, una procuraduría y numerosos preceptos acordes con el derecho internacional.

Esa explicación coincide con la de la diputada Verónica Juárez, que preside la Comisión de Derechos de la Niñez. Ella afirma que si bien debe seguirse luchando por llamar a las cosas por su nombre, la LGDN es mucho más que eso.

–¿Eliminaron el concepto porque sonaba feo? –se le plantea.

–Casi casi. Así, de ese nivel era la argumentación de los grupos antagónicos. Pero no se alteró el espíritu de la ley.

El optimismo

El 4 de diciembre, en la residencia oficial de Los Pinos, la senadora Hilda Flores Escalera, la diputada Verónica Juárez y el presidente Peña Nieto hablaron del contenido de la ley que ese día se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

El mandatario destacó el hecho de que la LGDN reconociera a los menores como titulares de un amplio catálogo de derechos; que creara un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de los Niños y Niñas, además de procuradurías nacional y locales, y regulara los centros de asistencia. Además, mandataba la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno en función del interés superior de la infancia.

Aun cuando la iniciativa original fue modificada radicalmente, Flores Escalera se deshizo en elogios a Peña Nieto, a quien atribuyó “una gran sensibilidad”, ser artífice de “la dinámica transformadora” del país y, ya en el clímax discursivo, desvarió:

“A partir de hoy ninguna niña o niño sin nombre y apellido; ninguna niña o niño violentado ni víctima de acoso escolar; ninguna niña o niño sin acceso a la educación; ninguna niña o niño discriminado por discapacidad, origen o raza; ninguna niña o niño con problemas de sobrepeso y obesidad sin atención adecuada.”

Lo cierto es que ni siquiera a escala legislativa se concretó la declaración de la senadora. Entre las numerosas medidas y acciones a realizar, los congresos estatales tendrían que homologar sus respectivas leyes antes del 6 de junio. No ha ocurrido.

El siguiente tropiezo ocurrió a nivel presupuestal. Verónica Juárez explica que, merced a un estudio, el Congreso recomendó asignar un presupuesto de mil millones de pesos para el cumplimiento de la norma federal, pero el propio Peña Nieto pidió sólo 40 millones.

“Parece mucho, pero no lo es. Un ejemplo: el año pasado se aprobaron 10 mil millones de pesos para instalar bebederos en escuelas, cuando ni siquiera estaba garantizado que hubiera agua en las escuelas”.

El pasado jueves 2, durante un conversatorio en el Senado, la Redim se quejó de la falta de programación de recursos, y exigió que se conformara un fondo especial para concretar lo estipulado en la LGDN.

En entrevista, Juárez alude a la falta de voluntad política del gobierno federal: “A iniciativa preferente debería corresponder un presupuesto preferente para concretarla”.

El problema es que con lo solicitado por Peña Nieto, el sistema de protección tan celebrado no podrá concretarse, además de que diferentes aspectos programados por la LGDN no se cumplirán en los plazos previstos.

Juárez afirma que, de hecho, nueve estados no han aprobado la ley. Se trata de Guanajuato, Jalisco, Distrito Federal, Tlaxcala, San Luis Potosí, Nuevo León, Colima, Chihuahua y Aguascalientes. En Tabasco ni siquiera se dictaminó y en Sinaloa hay una fuerte presión de grupos religiosos. Reconoce sin embargo que el retraso también se debe a los procesos electorales de junio pasado.

Originaria de Jalisco, Verónica Juárez se dice convencida de que las leyes deben verse sin el filtro del dogma. Asegura que hasta ahora no tiene registro de que se esté presionando a los legisladores, pero advierte que las presiones podrían surgir debido a consideraciones fundadas en el desconocimiento de la ley que, a su juicio, no pone en riesgo nada ni a nadie.

El boicot local

“Al elegir a nuestros diputados lo hacemos con la esperanza de que tomen buenas decisiones, por nosotros los sinualenses en el estado y el país, el quere educar anuestros hijos con lo que ustedes piensan o creen que es lo correcto, no es lo justo por el dever y la obligacion es nuestra como padre y si nos ekivocamos Dios se encargara de hacernoslo saver” (sic).

El mensaje anterior es sólo uno de los recibidos por la diputada local sinaloense Imelda Castro Castro en su celular.

Con este tipo de mensajes, más pronunciamientos públicos y privados, la Iglesia católica dobló al Congreso de Sinaloa, que ya se declaró “en moción suspensiva” del proceso legislativo para la LGDN.

En Sinaloa se presentaron cinco iniciativas, una de las cuales fue creada por el gobernador Mario López Valdez. El 4 de junio se elaboró un dictamen que retomaba ideas de todas las propuestas y que estaban en sintonía con la ley federal.

En la Diócesis de Culiacán, el activismo se hizo patente en una circular, difundida por el cura Miguel Ángel Soto Gaxiola, encargado de la Pastoral Familiar, con la que dio inicio la andanada de presiones sobre los diputados, de manera similar a lo que ocurrió en el Congreso de la Unión.

La circular de Soto Gaxiola decía: “El predictamen no considera ni en la parte de derechos ni en la parte de definiciones y principios rectores, las aportaciones realizadas en la iniciativa del gobernador (que es la misma que la de Red Familia y la del señor obispo de Culiacán Jonás Guerrero Corona)” (sic).

El clero pedía eliminar el término “igualdad sustantiva”; cambiar la frase “preferencias sexuales” por la de “género por sexo, pues los niños no tienen preferencias sexuales”, y eliminar “el concepto de libre desarrollo de la personalidad” y sustituirlo por el de “bienestar y desarrollo integral”.

En las semanas siguientes, diputadas como la perredista Imelda Castro y la priista Sandra Lara Díaz empezaron a recibir mensajes en sus domicilios, celulares y correos, mientras los comentarios en redes sociales firmados por padres de familia de colegios privados se radicalizaban.

El 14 de junio los mensajes contra Lara subieron de tono y empezaron a mencionar sus datos personales e inclusive los nombres de sus hijos y familiares, como ya le había ocurrido a la senadora Diva Gastélum seis meses antes. Ante el acoso, Lara emitió un comunicado el día 17, en el que explicó que la armonización legislativa de la LGDN no era una postura personal sino un mandato federal.

Lo que distingue el caso Sinaloa es la consigna “Si es mi hijo, yo lo educo”. En las mesas de debate se reclama incluso el derecho de los padres a castigar físicamente a los hijos.

Entre las exigencias de los grupos identificados con la curia destaca la inclusión de un capítulo sobre “derechos de los padres”.

Para el director ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez García, incluir ese apartado equivaldría a que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se pusiera una sección sobre el derecho de los maridos sobre ellas.

“Lo que tienen que entender es que los niños no son una propiedad. La familia es el espacio de desarrollo, que se acompaña del Estado, pero lo que se hace en la familia no puede ir contra su desarrollo y su futuro, y eso lo tiene que tutelar el Estado”, explica.

La Redim y algunos legisladores han solicitado a la Secretaría de Gobernación que su titular –Miguel Ángel Osorio Chong– o el presidente de la República emitan un llamado de alto nivel en defensa de la LGDN promulgada, tal como ocurrió en el caso de la Ley General de Educación, cuando la Consejería Jurídica de la Presidencia interpuso controversias constitucionales contra entidades federativas que se apartaron del sentido de la ley.

Proceso solicitó a la Presidencia una entrevista con la Consejería Jurídica, pero hasta el cierre de edición no la habían atendido.


Texto publicado en la edición 2019 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA (REPORTAJE ESPECIAL).

Operativo Rastrillo: detienen a un joven, lo golpean, lo avientan contra el piso y… fallece

MÉXICO, D.F: Con su trabajo en el mercado de tenis de Tepito, Kevin González Sánchez veía cada vez más cerca su sueño de terminar la preparatoria, ir a la Universidad y ganar el dinero suficiente para comprar una casa, fuera de ese barrio. Pero el pasado viernes 10 sus anhelos se fueron con él a la tumba.

Una semana antes de su muerte, Kevin se reunió con un grupo de amigos en La Chelería de la calle Toltecas, casi esquina con Fray Bartolomé de las Casas, en la delegación Cuauhtémoc.

De acuerdo con testigos, cerca de la medianoche llegaron al lugar cinco camionetas con aproximadamente 50 policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) que participaban en el Operativo Rastrillo. En ese momento Kevin y Luis se encontraban afuera del bar.

Los uniformados detuvieron a los dos jóvenes, los tiraron al piso, empezaron a golpearlos con las culatas de sus pistolas y luego los subieron a una patrulla Pick Up, conocidas como “perreras”.

Cuando la unidad policiaca había avanzado alrededor de 20 metros, los policías arrojaron a los jóvenes a la calle. Kevin no alcanzó a amortiguar el golpe y se golpeó la cabeza contra el pavimento.

Las personas que presenciaban los hechos llamaron de inmediato a una ambulancia que tardó más de una hora en llegar. La madrugada del sábado 4 el adolescente fue internado en el hospital de Balbuena. El reporte de ingreso lo registró como atropellado.

Seis días después murió a causa de contusiones cerebrales bifrontales y edema cerebral severo.

Los familiares interpusieron una denuncia y se inició la averiguación previa por homicidio. No obstante, aseguran que la indagatoria está plagada de irregularidades, y creen que los videos que les mostraron fueron editados para no evidenciar la actuación de los preventivos, por lo que acudieron a la Fiscalía de Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a presentar su querella.

Además, aseguran que las autoridades se han negado a interrogar a la totalidad de los agentes que participaron en el operativo del viernes 3.

La familia afirma que Kevin no tenía vicios ni antecedentes penales. A la fecha no entienden por qué los policías actuaron de esa manera.


El caso ya lo tiene en sus manos la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN (REPORTAJE ESPECIAL).

Detenidos antes de fuga de “El Chapo” son del Cártel de Sinaloa; los tildaron de “raterillos”

TOLUCA, Edomex: La Comisión de Seguridad Ciudadana del Estado de México (CES) y la Procuraduría General de la República (PGR) sabían de la posible fuga de El Chapo desde un día antes, pero ignoraron los indicios revelados por tres detenidos en Mavoro, municipio de Jocotitlán, que confesaron ser integrantes del Cártel de Sinaloa con la encomienda de preparar y resguardar una pista de aterrizaje improvisada, comprar cascos de minero y chalecos antibalas.

Estos detalles están contenidos en el parte oficial de los elementos de la CES que realizaron la detención y en la carpeta de investigación 443650730001115 de la Fiscalía Especializada para Delincuencia Organizada de la PGR con sede en Toluca, por delitos de portación de armas, tráfico y acopio de armas prohibidas.

No obstante, cuando quienes dijeron llamarse José Ramón García, de 18 años; Carlos Tovar Amparo, de 40; y José Antonio González; de 54; este último identificado con el alias El Pony y como el jefe del grupo, fueron trasladados al Ministerio Público (MP) estatal en la Subprocuraduría de Atlacomulco, el agente desestimó su importancia y se negó a recibirlos, arguyendo que se trataba de “raterillos de poca monta”, y los remitió a la delegación de la PGR.

A los detenidos les fueron incautadas dos armas largas adaptadas con lanzagranadas, granadas de fragmentación y más de 600 cartuchos útiles.

Apenas el pasado viernes, Eduardo Valiente, titular de la CES, negó que los elementos hubieran reportado la existencia de una pista clandestina.

La fuga original se había previsto para el viernes 10 de julio, pero la detención de estos sujetos, que ya habían adquirido los chalecos antibalas, cascos mineros de la marca Truper, rellenado algunos baches del terreno improvisado y señalizado con cal la brecha que serviría como pista, frustró el primer intento.

Versiones de los vecinos que llamaron a los elementos policiacos a quienes reportaron presencia de gente armada, indican que los detenidos les confesaron que sólo estaban en espera de que aterrizara una avioneta en un promedio de 20 minutos, por lo que les pidieron apagar sus celulares, y que después se irían.

En su declaración ante la PGR, los detenidos señalaron que provenían de Nayarit; después fueron a Guadalajara, luego a Querétaro, después a Naucalpan para adquirir en la agencia Satélite las dos unidades empleadas en la operación, y posteriormente a Atlacomulco.

En este municipio mexiquense, cuna de la clase política estatal y ahora nacional, se hospedaron en el hotel Dorado durante tres días.


Al momento de su detención, remisión e integración de la carpeta, estos indicios no resultaron relevantes para las autoridades; no obstante, han sido retomados después de la fuga de Joaquín Guzmán Loera.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MANDOZA.
FECHA: 19 JULIO 2015.

Irresponsabilidad, plantear soluciones simplistas: Peña Nieto

Tlapa, Gro. No es con soluciones simplistas y populistas como se va a lograr el desarrollo y crecimiento económico del país, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. “No faltan los que con una enorme irresponsabilidad o poca seriedad” plantean ese tipo de ideas.

Pero llevarlas a cabo es distinto, afirmó durante la inauguración de la Ciudad de las Mujeres en este municipio.

También hizo una nueva defensa del trabajo que realizan los miembros del Ejército y las Fuerzas Armadas en favor de la seguridad de los mexicanos.

El mandatario también celebra hoy su cumpleaños 49 y señaló que lo quiso hacer con las mujeres de Guerrero. Al mismo tiempo reiteró su convicción por trabajar en favor de los que menos tienen.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: ÁNGELES CRUZ.

2 policías del DF, detenidos por extorsión y secuestro de integrantes de la Marina

Les pidieron 11 mil 700 pesos a cambio de no presentarlos ante el Ministerio Público.

La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) detuvo a dos de sus elementos por el presunto delito de extorsión y secuestro exprés contra dos efectivos de la Secretaría de Marina.

La dependencia capitalina informó que los hechos ocurrieron el pasado 25 de junio en la delegación Benito Juárez, cuando los uniformados de la unidad DF- 904-S1, adscrita a la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) Álamos-Narvarte, abordaron alrededor de las 21:45 horas a los dos elementos de la Marina.

Según los afectados, los policías les indicaron que estaban detenidos por encontrarse en un punto de venta de drogas y prostitución, por lo que les pidieron 11 mil 700 pesos a cambio de no presentarlos ante el Ministerio Público.

Para ello, la SSPDF expuso que los efectivos de la Secretaria de Marina fueron obligados a subir a dicha patrulla para dirigirse al cajero automático y disponer del dinero en efectivo.

Ante la queja puesta en contra de los servidores públicos, la dependencia indicó que la Dirección General de Inspección Policial (DGIP) abrió el expediente de investigación DGIP/III/966/2015-07 para esclarecer los hechos.

Expuso que, derivado del seguimiento realizado por dicha área de la policía capitalina, pudo establecerse que los elementos Salvador Arenas Hernández y Alfredo Huato Flores se encontraban en turno y a bordo de la unidad policial que refieren los agraviados el día y hora mencionada.

Asimismo, la DGIP turnó el caso a la Fiscalía Especial de Investigación para Secuestros denominada Fuerza Antisecuestro (FAS), a fin de esclarecer los hechos e imputar responsabilidad a los implicados, en caso de comprobarse las acusaciones.


En consecuencia, la SSPDF puntualizó que el agente del Ministerio Público giró un oficio a la Dirección General de Inspección Policial para solicitar la localización y presentación de los elementos, con carácter de probables responsables.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Rechaza procuradora dilación para extraditar a 'El Chapo'

Tlapa, Gro. La procuradora General de la República, Arely Gómez, rechazó que haya habido dilación en el trámite para extraditar a Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

Por el contrario, dijo, en cuanto se presentó la solicitud se inició el procedimiento para llevarlo a cabo.

Lo que ocurre es que es un proceso muy largo y que toma mucho tiempo porque se deben agotar todas las instancias jurídicas, dijo en breve entrevista durante la visita del presidente Enrique Peña Nieto a este municipio.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: ÁNGELES CRUZ.

En 2014 se cometieron 19 mil 669 homicidios en México

MÉXICO, D.F: El año pasado se perpetraron 19 mil 669 homicidios en el país, de los cuales 10 mil 485 ocurrieron en los estados de México, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Michoacán y el Distrito Federal, según cifras dadas a conocer hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A través del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la Secretaría de Gobernación (Segob) informó en enero pasado que en 2014 se registraron 15 mil 649 homicidios, 4 mil menos de la cifra dada a conocer hoy por el Inegi.

La metodología utilizada por el organismo resulta más rigurosa que la del SNSP, ya que éste sólo toma en cuenta el número de homicidios reportados en las averiguaciones previas abiertas en el Ministerio Público, lo que explica que las cifras dadas a conocer por la Segob sean más conservadoras que las del Inegi.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tasa nacional de homicidios se elevó a 16 por cada 100 mil habitantes en promedio en 2014, pero en el informe que publicó hoy aparecen fuertes variaciones según los estados. Y es que si bien en Querétaro o en Aguascalientes la tasa de homicidios no rebasa los cinco por cada 100 mil habitantes, en Guerrero, Chihuahua o Sinaloa se dispara a entre 38 y 48 homicidios por cada cien mil habitantes.

Con esa tasa de homicidios, México regresó en 2014 a los niveles reportados por el Inegi en 2008, y se mantuvo por debajo de los 24 por cada 100 mil personas que se reportaron en 2011, periodo que hasta ahora ha sido el más violento por la crisis de seguridad que sacude al país.

Sobre la tasa de feminicidios, en 2014 –aunque con un ligero descenso–permaneció muy por encima de los últimos 25 años, luego de que en 2007 se disparó de manera dramática al pasar a menos de dos por cada cien mil mujeres asesinadas, a más de 4.5 tres años después.


El año pasado la tasa de feminicidios se colocó por debajo de los cuatro por cada cien mil mujeres.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Las normas tras las rejas

Según un documento de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, existen protocolos internacionales que deben seguirse en todos los penales para la estancia de los reos en las prisiones. Derechos que también debían ser aplicados en el caso del capo más buscado del mundo.

De acuerdo a protocolos internacionales de derechos humanos de las personas en prisión, Joaquín Guzmán Loera debió contar con una plena protección a sus derechos dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 “El Altiplano”.

Alimentación, vestido, atención médica y dental, así como acceso a actividades educativas y de entretenimiento, eran algunas de las prerrogativas a las que el capo tenía acceso en prisión.

Según un documento de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), existen una serie de protocolos internacionales que deben seguirse para la estancia de los reos en las prisiones.

Estos derechos tienen que ser observados en todos los penales; por supuesto, debían ser aplicados en el caso del capo más buscado del mundo.

Las normas internacionales

Los protocolos internacionales que México se haya obligado a cumplir incluyen todos los aspectos relacionados con la vida de los internos.

En el “Manual de normas internacionales de derechos humanos para funcionarios de instituciones penitenciarias”, un documento emitido por la ONU, se establecen algunos principios que deben cumplir las prisiones para vigilar el pleno cumplimiento de los derechos humanos.

Algunos de los puntos que todos los Estados deben cumplir en cuanto al manejo de sus cárceles son:

> Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

>  Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. No hay excepciones.

> Toda persona privada de su libertad tendrá derecho a un nivel de vida adecuado, lo que abarcará la alimentación, el agua potable, el alojamiento, el vestido y la ropa de cama.

>  Los locales destinados a los reclusos deberán tener suficiente volumen cúbico de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación.

>  El derecho a la alimentación y el agua potable suficientes es un derecho humano. Todo recluso recibirá, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad y en cantidad suficiente y tendrá la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite.

> El derecho al vestido adecuado como componente del derecho a un nivel de vida adecuado es un derecho humano. Se tomarán las disposiciones necesarias para poder mantener la ropa limpia y en buen estado. Cada recluso dispondrá de una cama individual y de ropa de cama individual limpia, con facilidades para asegurar su limpieza.

>  Toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Cualquier tratamiento médico necesario se ofrecerá en forma gratuita. El recluso tendrá derecho en general a solicitar una segunda opinión médica.

>  Los reclusos y todos los detenidos tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Los reclusos tendrán libre acceso a los servicios de salud de que disponga el país. Todo recluso deberá poder utilizar los servicios de un dentista calificado.

> El personal médico tiene el deber de proporcionar a las personas presas o detenidas el mismo nivel de calidad de tratamiento que se brinda a las personas que no están presas o detenidas.

>  Todos los reclusos deberán disponer, si el tiempo lo permite, de por lo menos una hora al día de ejercicio físico.

>  No se utilizarán cadenas ni grillos como medios de coacción.

>  El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero sin imponer más restricciones de las necesarias para mantener la seguridad y la buena organización de la vida en común.

>   Las penas corporales, el encierro en celda oscura y toda sanción cruel, inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias.

El debate por los derechos

Las autoridades federales han reiterado que las medidas carcelarias se aplicaban con pleno respeto a los derechos humanos del interno.

En un primer momento, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que “por razones de derechos humanos y respeto a la intimidad”, la cámara ubicada en la celda de ‘El Chapo’ tenía dos puntos ciegos.

Refirió que se cumplía con todos los protocolos internacionales de derechos humanos.

Sus afirmaciones dieron lugar a que fuera criticado por dar a entender que gracias a ese respeto a los derechos del reo, éste se había escapado.

Su postura fue rectificada un día después, una vez que se reunió con Luis González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“El respeto a los derechos humanos de ninguna manera fue la causa de la evasión de Joaquín Guzmán Loera”, indicó la Secretaría de Gobernación.

Las autoridades han sido cuestionadas por las condiciones en que se encontraba ‘El Chapo’ dentro de su celda, pues en el video mostrado del momento en que se escapó, se ve que contaba con una pantalla LCD.

La posesión de una televisión, de acuerdo con declaraciones de Monte Alejandro Rubido, comisionado Nacional de Seguridad, es uno de los derechos a los que tienen acceso los presos en los penales federales.

En febrero pasado, un grupo de 138 internos de ese Cefereso –entre ellos Guzmán Loera- presentaron una queja ante la CNDH acusando violaciones a sus derechos humanos.

Los supuestos reos que firmaron el documento se quejaron de malos tratos, mala alimentación, hacinamiento, condiciones de insalubridad en las celdas y maltrato a sus visitas y familiares.


Se inconformaron también de que solo tenían acceso a llamadas telefónicas con sus familiares, pero les eran controladas y limitadas, además de que solo podían tomar el sol durante una hora.

Acusaron a Librado Carmona, el director del penal, de encabezar una red de corrupción al interior de la prisión federal.

La Comisión acudió a El Altiplano y entrevistó a varios presos, entre ellos a ‘El Chapo’, quien dijo no haber firmado nada ni presentó ninguna queja sobre el penal.


Después de verificar que algunas firmas eran falsas, algunos de los firmantes ya estaban libres y otras irregularidades, la CNDH dio por cerrada la investigación por haberse quedado “sin materia”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Desalojan la UAM-Xochimilco por amenaza de bomba

México, D.F. A las 10:40 horas, un audio empezó a sonar en los altavoces: «se les invita a desalojar inmediatamente las instalaciones.» Actualmente, estudiantes y personal administrativo son desalojados de la unidad por una supuesta amenaza de bomba.

El desalojo no parece seguir ningún protocolo, pues están permitiendo que la gente salga en sus coches con toda calma.

Según versiones de estudiantes y académicos, este un pretexto de la rectora Patricia Alfaro Moctezuma para instalar un clima de terror y posteriormente reprimir a los estudiantes organizados. Desde hace dos semanas, esta rectora comenzó una campaña contra una estudiante que realizó un "performance" en el que criticaba la situación del país y llamaba a la unión del movimiento estudiantil.


Fuente: Agencia Autónoma de Comunicaciones (Subversiones).

El precio de la información

Los sistemas de transparencia y acceso a la información son oscuros y lentos. La respuesta recurrente es que la información es clasificada o se impone un cobro, con el argumento de que se requieren copias certificadas información.

En los últimos 13 años, el IFAI -ahora INAI- ha acumulado alrededor un millón y medio de solicitudes de información. Sin embargo, de acuerdo con legisladores federales y expertos en materia de transparencia y rendición de cuentas, solo el 10 por ciento de la población recurre a este derecho.

Y es que, para Ernesto Aroche -periodista especializado en el tema- los sistemas estatales de transparencia y acceso a la información son oscuros y lentos, por eso cada vez es más difícil acceder a la información oficial que detalle las cuentas de los gobiernos en los estados de la República.

Tan solo en Michoacán, el sistema de transparencia y acceso a la información pública del Poder Ejecutivo del Estado es uno de los más oscuros de todo el país.

Está diseñado de tal forma que evita a toda costa el acceso a la información pública. Cuando la respuesta a la información solicitada no fue “información reservada” o se escapa de la aplicación de algún cobro -bajo el argumento de la obtención de copias simples o certificadas- se remite al solicitante a páginas de Internet a las que no se puede accesar.

Al menos así lo deja ver la repuesta que emitió este organismo a un ciudadano que solicitó conocer el monto del erario que se destina a la vida oficial y particular del gobernador Salvador Jara.

La secretaria técnica del Despacho del Gobernador, responsable de la atención a las solicitudes de información, Rosa Lizett García, explicó por escrito que para conocer los registros contables de los ingresos y egresos destinados al mantenimiento de la casa del gobernador es necesario pagar la suma de 800 mil pesos.

Si se desea tener una copia digitalizada de cada uno de los documentos que acrediten lo gastos y la relación de proveedores, contratistas y prestadores de servicios que atienden las necesidades de Jara y su familia, entonces el interesado necesita pagar un millón 300 mil pesos.

De acuerdo a lo que se establece en el oficio número STG/519/2015, de fecha 3 de junio del 2015, el cobro por la información pública solicitada está contemplado en los artículos 1, 2 y 28 Fracción XII Inciso A) de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2015, publicada el 29 de diciembre del 2014; así como en el artículo 32 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

La funcionaria que responde a la solicitud de información además remite a una página de Internet que está fuera de servicio, donde asegura que se encuentra la información solicitada, pero no se puede tener acceso.

El ciudadano que presentó la solicitud de información pública para conocer el gasto que representa el sostenimiento del gobernador de Michoacán fue Luis Manuel Antúnez Oviedo, a quien el sistema de transparencia no le respondió de forma certera ninguna de las 18 preguntas expuestas.

A la mayoría de los cuestionamientos presentados por Antúnez Oviedo, la oficina de Transparencia y Acceso a la Información le respondió: “hago de su conocimiento que la información solicitada es información reservada”.

Más dudas que respuestas

En la solicitud de información registrada con el folio Si-625-2015, el ciudadano Luis Manuel Antúnez Oviedo pidió conocer a cuánto asciende la partida presupuestal para la operación y mantenimiento de la residencia oficial de gobierno.

 Se le respondió que dicha información se encuentra contenida en una página electrónica del gobierno estatal, a la que no se puede acceder.

Al solicitar información sobre la bitácora de vuelo de las aeronaves que llegan y salen de la residencia oficial de gobierno, la respuesta oficial fue que esa información se encuentra clasificada como “Información Reservada”. Eso sí, explican que todos los vehículos aéreo y terrestres adscritos al despacho del gobernador se utilizan únicamente para asuntos oficiales.

Otra pregunta sin respuesta, es la que se refiere a conocer quiénes han sido los tripulantes de las aeronaves del gobernador, a lo que la respuesta oficial no deja duda exponiendo que esa información se encuentra clasificada como “Información Reservada” y se remite a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

A la insistencia del ciudadano que buscó conocer los nombres de quienes han tripulado las aeronaves del gobierno estatal y si esas aeronaves han sido utilizadas por familiares, amigos o particulares cercanos al gobernador Salvador Jara, la respuesta fue invariable y mecánica: se trata de información clasificada. La misma respuesta encontró el ciudadano que solicitó saber las veces que se han utilizado las aeronaves del gobierno estatal.

Gasta Jara a manos llenas

A pesar de que no hay forma de saberlo de manera oficial, fuentes del interior de la tesorería del estado revelan que el gobernador Salvador Jara -igual que lo hicieron en su momento los gobernadores Fausto Vallejo y Jesús Reyna García- cuenta con una partida económica para sus gastos que llega a los 8 millones de pesos mensuales.

Ese recurso es solo para el ejercicio de sus funciones públicas oficiales, en donde no se considera el salario que obtiene por su cargo, el que ronda sobre los 106 mil pesos mensuales, uno de los salarios más altos para un gobernador en el país.

La partida económica de 8 millones de pesos mensuales con los que tiene que vivir el gobernador Salvador Jara se administra vía la secretaría particular del despacho del gobernador, donde se distribuyen los montos en función de los gastos que requieren el gobernador y su familia.


El gasto de la familia del gobernador se aplica a la partida presupuestal de 8 millones de pesos, pese a que existe un fondo mensual de 2 millones de pesos para los gastos extraordinarios y especiales que se pueden presentar entre los miembros del primer círculo del gobernador.

Fuentes de la tesorería del estado revelaron que Jara habrá de concluir su periodo de gobierno disponiendo gran parte de la partida económica que se destinó este año para la atención del jefe del ejecutivo, cuyo monto fue de 54 millones 913 mil 966 pesos.

La primera traba de la transparencia

Los sistemas estatales de transparencia y acceso a la información son oscuros y lentos, esto a causa de los elevados índices de corrupción que las entidades administrativas locales insisten en ocultar. Por eso cada vez es más difícil acceder a la información oficial que detalle las cuentas de los gobiernos en los estados de la república.

Lo anterior fue señalado por el periodista especializado en temas de transparencia, Ernesto Aroche, quien aseguró a Reporte Índigo que pareciera que cada vez los gobiernos estatales se especializan en poner trabas a la entrega de la información solicitada, haciendo –en el mejor de los casos- retardado el proceso.

La principal traba que se registra en los sistemas de acceso a la información y transparencia de los gobiernos estatales, explica el periodista con un dejo de ironía, son los propios gobiernos estatales, los que han creado leyes por demás contradictorias y complejas entorno a los sistemas de transparencia, hasta convertirlos en sistemas oscuros de información.

De hecho, explica, los sistemas de acceso a la información pública se han tornado tan complejos por los gobiernos estatales que no cualquier ciudadano puede acceder a ellos. A veces solo los investigadores, especialistas o periodistas, tras agotar recursos legales de años, pueden hacerse de la información oficial sobre determinados temas.

Es mejor que nada

Por su parte el doctor en derecho Manuel Fuentes Muñiz, promotor de transparencia y defensor de las familias de los mineros muertos en Pasta de Conchos, considera que la propia autoridad está limitando el acceso a la información a la ciudadanía, al aplicar reservas de 10, 15 ó 20 años para hacer pública la información en su poder.

Para el también profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, el mayor defecto del sistema de transparencia en los estados es la falta de una respuesta oportuna a la ciudadanía, toda vez que en la mayoría de los casos, la entrega de información tarda entre tres a cinco semanas, aunque se puede prolongar más el plazo.

Pero a pesar de lo defectos que existen en el sistema de transparencia y acceso a la información pública, ese mecanismo es aceptable, es mejor que nada. “Porque antes no existía este mecanismo y ahora, aun cuando la propia autoridad ha encontrado la forma de sustraerse a la obligación de informar, está obligada a ello”.

Roberto Ignacio Alonso Muñoz, especialista en transparencia de la Universidad Iberoamericana estimó que la opacidad en los sistemas estatales de transparencia se debe principalmente a que los propios gobiernos locales mantienen el control en los órganos encargados de esa función, haciendo políticas que están más encaminadas a proteger a los sujetos obligados (los que deben informar) frente al derecho de los ciudadanos para conocer la información pública.


Esa situación también se suma al escaso presupuesto que los gobiernos estatales destinan a los órganos de transparencia, donde el menor recurso va al área de difusión del derecho a la información para el grueso de la población, lo que genera que la gente no conozca ese derecho y en consecuencia no lo reclame.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.

Abre CNDH pesquisas sobre Ostula y Calera

México, DF. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició los expedientes por los hechos ocurridos en los municipios de Aquila, Michoacán, y de Calera, Zacatecas, por lo que envío visitadores adjuntos a recabar evidencias e iniciar las investigaciones. En ambos casos, estarían involucrados elementos militares.

Además, la Comisión Nacional rechazó el clima de violencia que en “semanas recientes” se ha vivido en algunas entidades del país y sus repercusiones en materia de derechos humanos, y subrayó que no descarta ninguna hipótesis de investigación en relación con posibles violaciones a los mismos.

En el primer caso, según testimonios de los pobladores, elementos del Ejército mexicano agredieron este domingo a comuneros de Ostula en la comunidad de Ixtapilla, municipio de Aquila, lo que dejó un niño de 12 años muerto y a otras cuatro personas lesionadas, entre ellas una menor de seis años de edad. Los hechos ocurrieron después de que militares detuvieron al líder de autodefensas de las regiones Costa-Sierra, Semeí Verdía Zepeda, cuando desayunaba en la localidad costera La Placita, también en Aquila.

En el segundo, relacionado con la desaparición de siete personas en el municipio de Calera, el pasado 7 de julio, y once días después la localización de sus cuerpos ya sin vida, en Jerez, otro municipio de Zacatecas. La Secretaría de la Defensa Nacional ya reconoció que “existen indicios” de la participación de militares en la desaparición de estas personas.

Por instrucciones del presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, el Segundo Visitador General, Enrique Guadarrama López, encabeza a un equipo conformado por tres visitadores adjuntos y dos peritos, quienes se han trasladado al Estado de Michoacán, en tanto que a Zacatecas se han desplazado dos visitadores adjuntos y dos peritos.

Las investigaciones que se realicen en esos casos deberán cumplir con los atributos de objetividad, imparcialidad y exhaustividad, a fin de lograr que se llegue a la verdad de esos hechos.

En ambos casos y en seguimiento de sus investigaciones, el personal de la CNDH solicitará información a diversas autoridades y analizará las actuaciones ministeriales practicadas, entre ellas los diversos dictámenes periciales, informó en un comunicado.


“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dará seguimiento puntual a la integración de estos casos, y en su momento hará el pronunciamiento que conforme a derecho proceda”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN

El PVEM pierde fuerza en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 20 de julio: Tras una jornada electoral empañada por incidentes violentos y con más del 80 por ciento del conteo de los votos en Chiapas, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se reafirmó como la primera fuerza político electoral, aunque esta vez decreció y perdió bastiones importantes municipales ante su principal adversario, el PRI, y otros partidos políticos locales.

La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chiapas hizo un balance preliminar de la jornada electoral en el estado e informó que, de acuerdo con el reporte del Programa de Información de la Jornada Electoral, se instalaron 5 mil 793 casillas de las 5 mil 958 aprobadas por los consejos distritales de la entidad, lo que representa el 97.23.

Entre los incidentes de la jornada destaca el caso del municipio de Nicolás Ruiz, donde por acuerdo comunal no permitieron la apertura de las casillas. En el municipio de Belisario Domínguez, las elecciones fueron boicoteadas por indígenas comuneros zoques oaxaqueños.

Las cifras

Hasta hoy lunes por la mañana, con el 80% de las actas contabilizadas, el PVEM se posicionó de nuevo como la primera fuerza política electoral, pero, a diferencia del proceso electoral de 2012 y del federal del 7 de junio pasado, esta vez el partido del gobernador Manuel Velasco Coello tuvo retrocesos en muchos municipios del estado.

De acuerdo con las cifras del Programa de Resultados Preliminares (PREP), el PRI tiene el 19.7% del total de la votación, y el PVEM sólo obtuvo el 10 por ciento. No obstante, sumado a sus alianzas con los otros partidos políticos satélites, como Chiapas Unido, y PANAL, el PVEM obtuvo el 35.6 por ciento de los votos.

Le siguen en correlación de fuerza los dos partidos locales vinculados al PVEM. Chiapas Unido tiene el 10% del total de la votación, seguido de Mover a Chiapas, con el 8.5%.

Los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Morena tienen hasta el momento alrededor del 5% de la votación cada uno.

De acuerdo con el PREP, el candidato ganador en la capital de Chiapas aún no se define. Continúa la disputa entre el PAN y la alianza PRI-PVEM-Nueva Alianza y Chiapas Unido. El panista Francisco Toledo tiene el 39.58% de los votos, mientras que Fernando Castellanos tiene el 39.11%. Menos de un punto de diferencia.

En Tapachula, la segunda ciudad más importante de Chiapas, el abanderado de la alianza PRI-PVEM-Nueva Alianza lleva la ventaja, con el 40%.

Sólo en estas dos alcaldías, y en 16 de los 24 distritos correspondientes a la diputaciones de mayoría relativa, el PRI y el Verde realizaron una alianza.

En San Cristóbal de las Casas, Marco Cancino, candidato del PVEM, lleva la ventaja con el 24.6% de la votación. Le siguen los candidatos de los partidos Mover a Chiapas y Morena, con 15 y 14% de la votación, respectivamente.

En las diputaciones, las alianzas entre el PRI-PVEM obtuvieron juntas el 38% del total de los votos. De manera independiente, el PRI logró obtener el 7.5% de la votación y el Partido Verde 1.15. Le siguen los partidos Mover a Chiapas y Morena, con el 8% de la votación cada uno.

De mantenerse esta tendencia, con la distribución de votos el PRI quedaría como la primera fuerza política del Congreso local.


Actualmente, el PVEM tiene la mayoría en el Congreso y en las presidencias municipales. En estas últimas sus abanderados tienen 48 de 122. El PRI tiene 39 alcaldías.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.

Realizan operativo contra taxis irregulares en Chilpancingo

Chilpancingo, Gro. Taxistas de dos agrupaciones llevaron a cabo operativos para depurar las concesiones en el transporte público. Desde temprana hora integrantes de la Coordinadora Estatal de Servidores del Transporte del Estado de Guerrero (Costeg) y de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (Cetig) colocaron retenes para detectar las unidades presuntamente irregulares.

Los operativos por parte de la Costeg se realizaron en el mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla y la Cetig se instaló en el centro de la ciudad; durante los operativos los miembros de las organizaciones de taxistas detenían unidades, que aseguran son piratas, y les retiraban su número de unidad.

Ambas organizaciones denunciaron que el gobierno de Chilpancingo otorgó 300 permisos de taxis y 88 de transporte colectivo (camionetas Urvan) a trabajadores que no tienen la antigüedad necesaria.

Fuente: La Jornada

El Partido Verde suma otros $20 millones en multas

México, DF. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sumó otros 20 millones de pesos en multas por gastar en las siguientes dádivas: lentes, tarjetas de descuento, boletos de cine y papel para envolver tortillas cuando la ley electoral no le autoriza destinar los recursos para esos fines.

Con nueve votos a favor y dos en contra de los consejeros Javier Santiago y Marco Antonio Baños el Consejero General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso esta sanción.

De aprobarse ésta y otras por los informes de campaña federales y locales, dicho partido acumulará 668.5 millones de pesos, el doble de su financiamiento ordinario de este año.

En su sesión extraordinaria, los consejeros electorales definieron sancionar al Partido Verde con el 100 por ciento del monto erogado en estos bienes y servicios que no son con finalidad partidista: 2.32 millones en las tarjetas Premia Platino, 15 millones de pesos por los boletos de cine, 2.5 millones de pesos por lentes y 226 mil pesos en envoltura de tortillas.

Ante los planteamientos de Santiago de que se pretendía no “se puede sancionar dos veces por el mismo delito”, Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, aclaró que esta sanción es distinta a la que impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por hacer campaña con dádivas.

Añadió: “No encuentro que esta conducta haya sido sancionada por alguien”.

Expresó que aunque fueron calificadas como dolosas estas acciones al existir sobreexposición del partido, no están considerando el dolo, porque lo que sancionan es la conducta financiera del partido.

“El partido entregó los contratos y exhibió sus pagos, de tal manera que hizo mal uso de recursos al canalizarlos a la adquisición de estos bienes. No hubo dolo al tratar de ocultarlos al INE”, institió.

Horacio Duarte, representante de Morena,  respaldó la aplicación de estas sanciones y dijo que aún así al Verde le “sale barato violar la ley de manera flagrante como lo hizo el Verde en 2015·”.

Aseguró que a este instituto político no le interesa perder el mayor número de recursos públicos a través de financiamiento, porque sigue teniendo intereses económicos ocultos. “No le importan las multas. De manera ilegal va a seguir recibiendo recursos privados para mantener operación, trabajo electoral”, expresó.


El representante del PVEM, Jorge Herrera, advirtió que impugnarán esta multa ante el Tribunal Electoral por considerar que es injusta.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CLAUDIA HERRERA/ ALONSO URRUTIA.

Pemex pagará 296 mdd a Conproca para resolver controversia de refinería

México, DF. Petróleos Mexicanos (Pemex) y el consorcio Conproca, con la participación de sus accionistas, las empresas SK Engineering & Construction y Siemens, llegaron a un acuerdo de conciliación para resolver las controversias derivadas de la reconfiguración de la refinería Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León, iniciada en 1997.

Una vez obtenidas las autorizaciones de sus correspondientes instancias competentes, las partes formalizaron el acuerdo por medio del cual Pemex pagará 296 millones de dólares y con ello resolvieron, con estricto apego al marco legal, todas las disputas legales existentes entre ellas desde hace más de 14 años.

Este acuerdo de conciliación fue resultado de los esfuerzos realizados por todas las empresas participantes para alcanzar una solución final y definitiva a sus diferencias, después de 15 años de litigio en el que se demandaba a Pemex por 688 millones de dólares.

Asimismo, permitirá materializar el convenio celebrado entre Pemex y Siemens en marzo de este año, donde ambas compañías acodaron terminar conflictos pasados y enfocarse en oportunidades de proyectos futuros para beneficio de la economía y la sociedad mexicana.

En el mismo documento, ambas compañías acordaron destinar los recursos que Siemens reciba de Conproca a un fideicomiso para realizar proyectos de combate a la corrupción, protección al medio ambiente, desarrollo social, fomento de la transparencia, cultura energética, mercado justo y otras que determine el Comité Técnico del propio fideicomiso, el cual estará integrado por representantes de Pemex y de Siemens.

Fuente: La Jornada

Autor: Israel Rodríguez

Muere otro menor tras ataque del Ejército a civiles en Aquila

AQUILA, Mich: Otro menor murió luego de que elementos del 86 Batallón de Infantería abrieran fuego contra una manifestación que presenciaban menores de edad en el puente de la comunidad de Ixtapilla, municipio de Aquila.

Los inconformes se manifestaban contra la detención del líder de autodefensas de Ostula, municipio de Aquila, Semeí Verdía Zepeda, según reporta la Comunidad Indígena de Ostula.

“Resultado de ello fueron asesinados el menor Herilberto Reyes García de 12 años, la niña Neymi Natali Pineda Reyes de 6 años y Melesio Cristiano de 60 años”.

Ante ello, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José María Cásares Solórzano, informó que ya se abrió una queja de oficio que fue turnada de inmediato a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por la presunta agresión de elementos del Ejército Mexicano contra civiles de la comunidad de Ixtapilla, del municipio de Aquila.

En entrevista telefónica, el ombudsman michoacano precisó que el expediente fue abierto bajo el número 201/2015.

Los comuneros explican: “Como se denunció en el Boletín 1, ayer 19 de julio la comunidad indígena de Santa María Ostula, Municipio de Aquila Michoacán fue severamente agredida por parte de fuerzas federales, estatales y municipales en un operativo conjunto que desplegó el ‘Grupo de Coordinación Michoacán’”.

Resultado de las agresiones, dos menores y un adulto fueron asesinados, mientras que se encuentran heridos de gravedad varios comuneros.

Señalan que: “Así mismo, miembros del Ejército detuvieron al comunero Refugio Serrano. Hasta el momento no se conoce su paradero”.

Paralelo a la detención de Cemeí Verdía Zepeda (Primer Comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula y Coordinador General de las Autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila) miembros del Grupo de Coordinación Michoacán intentaron detener al Tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Ostula, dicen los líderes nahuas.


“En dicha acción, con el propósito de hacerse pasar por comuneros y provocar que la comunidad se enfrentara con el Ejército, se robaron radios de comunicación que utiliza la comunidad para resguardar su territorio comunal. También fue robado el sello del consejo de Vigilancia”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS.