México, D.F.- El 9 de julio de 2014 falleció el niño José Luis Tehuatle Tamayo, asesinado por la policía estatal de Puebla, quienes no atendieron los reglamentos propios, ni consideraron la pertinencia y proporcionalidad de sus acciones frente a los pobladores que se manifestaban en la autopista de Chalchihuapan. Hasta este momento, su madre Elia Tamayo sigue buscando justicia, sin que exista una investigación que demuestre un avance en el caso y la eliminación de la impunidad.
Un niño de 12 años fue asesinado y cuatro personas más resultaron lesionadas, entre ellas una niña de 6 años y un adolescente de 17 años de edad durante un ataque de elementos del Ejército en la comunidad de Ostula, en el municipio de Aquila, Michoacán.
Anteriormente, el pasado 7 de julio fueron detenidos-desaparecidos siete adolescentes y jóvenes en Calera, Zacatecas a manos de los militares del 97 batallón de infantería. Recientemente fueron localizados cuatro cuerpos en el municipio de Jerez, con tiro en la nuca, entre los que se encuentran los de dos adolescentes; “que aporta evidencia de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de menores de edad”, asegura la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
“Los anteriores son casos que se lograron exhibir ante los ojos de opinión pública, pero a diario están siendo asesinados menores de edad, principales en las zonas lejanas del ojo de la sociedad, personas de escasos recursos, como siempre y para no variar son quienes con mayor frecuencia pierden a sus hijos, que son usados como señuelos por parte del ejército o el narcotráfico”, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO el defensor de derechos humanos e internacionalista Salvador Bronamonte.
Entre 2005 y 2011, el 4.6 % de 100 mil habitantes morían de forma violenta, en la actualidad esta cifra aumento hasta el 12%, según datos de Unicef en el informe Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio con equidad.
La principal expresión que tiene la violencia contra menores de edad, se encuentra enel uso de la fuerza a través de las agresiones físicas. “México enfrenta una situación alarmante en la que poco a poco fue normalizando las agresiones, así esta expresión grotesca comprende distintos niveles y modalidades de existencia que resulta pertinente hacer visible, denunciar, cambiar, y que lamentablemente hoy ya ni siquiera causa impacto”, afirma Bronamonte.
Lo que provoca, a decir por el internacionalista, que México vaya en ascenso de forma ‘estrepitosa’ en el ranking mundial para ocupar el primer lugar en la creciente violencia contra infantes, en los temas la violencia física, el abuso sexual, pero principalmente en el homicidio, los cuales derivan de la violencia más extendida como lo es el castigo corporal con fines disciplinarios y el maltrato infantil (físico o psicológico), seguido de la falta de atención de sus necesidades básicas (omisión de cuidados) y los tratos humillantes (violencia emocional), las anteriores que se presentan tanto en el hogar, como en el exterior.
Según el mismo informe, son Guerrero y Chihuahua las entidades con la tasa más alta de homicidios infantiles hasta en un 17.3% del total nacional, situación que se asocia con el panorama de violencia que impera en todo el país y que mantiene su vinculación a la “constante represión del gobierno hacia los civiles, disfrazada de una burda ‘lucha’ contra y el crimen organizado”, señala Bronamonte.
Según Observatorios de Seguridad, se ha documentado que de 2006 a finales del 2014 se han suscitado poco más de 7 mil homicidios de niñas, niños y adolescentes en la mayoría de estos casos predomina la impunidad y ausencia de investigación profesional.
La masacre de niños continúo de tal forma, pese a que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (UNCRC) recomendó en 2011 al Estado Mexicano “desarrollar protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en los operativos donde se encontraran niñas, niños y adolescentes”.
Durante el sexenio pasado se intentó poner en práctica dicho protocolo, sin embargo en lo que va del presente no se tiene conocimiento, porque no existen pruebas que son utilizados por la Policía Federal, el Ejército Mexicano y la Marina Nacional, sino todo lo contrario, las cifras de muertes de menores por homicidio siguen incrementándose. REDIM sentencia que, “los casos paradigmáticos como la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, Estado de México; Calera, Zacatecas y Aquila, Michoacán muestran el desconocimiento de dichos protocolos o la decisión equivocada de no aplicarlos”.
El internacionalista puntualiza “en el país de los protocolos de seguridad, respeto a los derechos humanos y las políticas públicas ausentes, en esta grave problemática también hace falta todos los factores anteriores, que bien podrían fungir en la prevención de riesgos para niños y niñas pequeños, quienes hoy son los mayormente vulnerables, debido a su edad y lo de lo que ello deriva, como lo es la incapacidad de ser independientes; el gobierno actual debió, a fin de no repetir los mismos errores, impulsa la gestión mecanismos de riesgos en las redes familiares, comunitarias y educativas para ampliar los espacios de protección, pero lo que hace es extender su violencia hacia los infantes”.
REDIM, explica que, aún con los distintos tratados internacionales que se han firmado, el país carece de mecanismos claros para el seguimiento a niños y niñas privados de seguridad. La ausencia de normativa homologada y supervisada permite la violación de sus derechos, y estimula que las instituciones criminalicen la pobreza, “hecho bajo el cual se comenten todo tipo de delitos en su contra, e imputaciones de delitos que ni siquiera hubieran podido cometer por su solos”, sentencia Bronamonte.
Afirmando la idea que gran parte de los homicidios en contra de niños, tienen que ver con fuerzas armadas y grupos delictivos, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, expresa que existe una grave vulnerabilidad de los niños frente a los males sociales, económicos y criminales que afectan al país.
El Comité ha denunciado en innumerables ocasiones no solamente la violencia que se genera en contra de los menores, sino la ausencia de respuesta del gobierno mexicano a las recomendaciones que ha emitido anteriormente, a fin de proteger a los niños en situación de conflicto armado, pero éste sigue sin responder.
Así la ONU sigue reiterando que la llamada guerra contra el narcotráfico no ha derivado en un avance real de detención del tráfico de drogas y todo lo que de ello derviche, pero sí dicha estrategia militarista ha tenido como consecuencia “numerosos homicidios de niños, incluso casos de homicidios extrajudiciales, incluido un número muy elevado de feminicidios de niñas”.
El internacionalista comenta “los soldados no asesinan a narcos, asesinan menores de edad, porque sus padres, sus vecinos y su comunidad lucha en contra del gobierno represor que los mantiene muriendo ya sea por la pobreza y pobreza extrema, o por la violencia que genera en su contra, a fin de cubrir su incapacidad de atacar a quien al mismo tiempo le sirve, los grupos delictivos”.
Los homicidios de niños a causa de las balas del ejército, suelen ser más recurrentes, que por la violencia intrafamiliar, comunitaria e incluso el narcotráfico, casos que para la sociedad, las fuerzas armadas y otras autoridades encargadas de ejercer justicia, muchas veces queda en el olvido, siendo la familia los únicos que sigan intentando que exista un castigo, pero que al no contar con apoyo alguno, sus posibilidades de respuestas positivas se debilitan, hasta extinguirse.
En 2010 Bryan y Martín, de cinco y nueve años, fueron baleados por militares del Ejército mexicano. La familia Almanza Salazar había salido de viaje de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con rumbo al norte, a la playa de Matamoros. De regreso, entre las seis y siete de la tarde cerca de la carretera a Reynosa, un grupo de soldados dispararon en su contra, esto según el peritaje que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Pero meses más tarde, peritajes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) determinaron que la muerte de los menores Bryan y Martín fueron causadas por miembros del crimen organizado. El procurador de justicia militar, José Luis Chávez, señaló que fueron grupos armados quienes agredieron a una familia, esto detuvo y cerró el caso, sin que hubiera mayor respuesta e investigación.
Fuente: Revolución 3.0
Autor: Emma Martínez
