Desde hace dos años, cuando la empresa mexicana Chedraui aumentó considerablemente su participación accionaria en la cadena estadunidense de autoservicios El Super, en ésta se presentan problemas que afectan a sus trabajadores: despidos injustificados, menos horas de trabajo y cada vez peor pagadas, retiro de algunas prestaciones y hostigamiento a quienes se atreven a protestar… Muchos casos se han dirimido ya en las cortes; aun así las irregularidades persisten. La forma de lucha de los empleados de estas tiendas es inusual, pero ya está en marcha: un boicot contra su propio centro de trabajo.
Los Ángeles, Cal: Rafael Castro habla pausadamente, pero en su voz se percibe una mezcla de molestia e indignación. Durante 10 años fue gerente de una sucursal de El Super, una de las cadenas de supermercados latinos más grandes en Estados Unidos. Tras casi una década de supervisar cajeras y atender clientes, el 13 de marzo de 2013 fue despedido. El corte de caja mostró un faltante de cinco dólares. Lo acusaron de mal manejo de fondos.
Este despido se suma a varios casos similares entre trabajadores de El Super a partir de 2013, cuando la mexicana Chedraui decidió aumentar su inversión en aquella cadena, que tiene 50 establecimientos en California, Arizona y Nevada y emplea a más de 5 mil personas.
Cada año la cadena de El Super reporta ingresos por mil 200 millones de dólares, según la revista especializada Supermarket News.
Aunque los supermercados operan en Estados Unidos bajo el registro de Corporación Bodega Latina, esta razón social es propiedad de la tercera empresa de tiendas de autoservicio más grande de México: Grupo Comercial Chedraui.
Chedraui opera 216 tiendas en México, surtidas por cinco centros de distribución. Las operaciones de El Super generan 22% de los ingresos netos de Chedraui, que en 2013 obtuvo ganancias por 131 millones de dólares, un incremento de 6.5% en relación con 2012. Por lo que toca a sus ingresos (es decir el total de las ventas), la cifra ascendió a 5 mil millones de dólares en 2013, 3.8% más que en 2012.
Tras su despido, Castro inició una querella ante las autoridades laborales, las cuales fallaron a su favor el 28 de mayo de 2015 y determinaron que su despido fue injustificado.
Este fallo se suma a una serie de irregularidades detectadas por la propia autoridad laboral durante los últimos meses: a partir del vencimiento del último contrato colectivo de sus trabajadores, El Super ha debido enfrentar procesos legales ante las autoridades de trabajo a nivel estatal en California, y a nivel federal, así como un boicot convocado por los empleados, que comenzó a principios de 2015 y aún está en marcha.
Violaciones laborales
En 1995 se formó en Estados Unidos la Corporación Bodega Latina (BLC). Los fundadores fueron Mark N. Schwartz y Carlos A. Smith, actual presidente de la empresa, con una inversión inicial de Chedraui.
Se decidió entonces adoptar para la cadena el nombre comercial de El Super. En 2004, Chedraui incrementó su inversión en BLC a 66.2%, y para 2014 ya poseía 83.36%. El Super había pasado de siete a 50 tiendas en Estados Unidos, crecimiento que en su mayoría se alimentó de la adquisición de compañías rivales más pequeñas, incluido Gigante USA.
El conflicto legal entre los trabajadores de El Super y la empresa tiene su origen en el proceso de negociación de un nuevo contrato colectivo entre mayo y septiembre de 2013. El Sindicato de Trabajadores Unidos del Sector Comercial y de Alimentos del Sur de California (UFCW) representa a cerca de 600 trabajadores de El Super en siete establecimientos. Son trabajadores de un rango salarial bajo, predominantemente latinos, y la mayoría de ellos migrantes.
Tras la expiración del contrato vigente hasta el 27 de septiembre de 2013, y tras el fracaso de las negociaciones entre las partes, en mayo de 2014 la empresa ofreció un contrato que los trabajadores decidieron no aceptar por no apegarse a sus demandas: salarios dignos, respeto en el trabajo, derechos de antigüedad, acceso a beneficios de salud, días de enfermedad pagados y una garantía de 40 horas de trabajo por semana. Actualmente los trabajadores sólo reciben una asignación de 32 horas por semana y los salarios se tasan por hora trabajada.
Luz Amparo García es una de las trabajadoras que apoya el boicot. Durante seis años ha visto pasar miles de productos y alimentos por las cajas de cobro de la sucursal 16 de El Super, donde es cajera. Sin embargo, su salario no le alcanza para que haya suficiente comida en su mesa.
Originaria de Medellín, Colombia, Luz, de 54 años, llegó a Estados Unidos en 2001 y desde entonces trabaja para enviar dinero a su madre y a sus hermanos. “Empecé con un salario de nueve dólares por hora; llevo seis años trabajando y mi salario es de 12.80 dólares, pero se ha quedado estancado; con los aumentos que indicaba el contrato ya debería de ir en 15 dólares. Y con la pérdida de los beneficios que teníamos hace dos años, mi nivel de vida se ha deteriorado”.
Luz es una de las empleadas que sólo trabaja 32 horas a la semana; en ocasiones el monto se reduce a 28 horas. “Imagínese, gano 300 dólares a la semana y pago 750 dólares de renta al mes por un garaje adaptado como vivienda. Tengo que compartir el espacio con una compañera de Nicaragua”, relata.
Hay días en los que de plano el dinero no le alcanza. Entonces acude a una iglesia cercana, que ofrece víveres a personas necesitadas. “Imagínese, mandar el dinero de las medicinas de mi madre, pagar mis cuentas, el agua, el teléfono, el carro y el costo de cuando me enfermo. Una de las cosas que estamos peleando es que nos den un seguro de salud que podamos pagar. Y que nos muestren nuestros ingresos por horas extra; desde 2012 no aparece esa cuenta en nuestro talón de cheque”.
Cuando vieron que en la oferta de contrato colectivo de 2014 la empresa no cumplía con sus demandas básicas, los trabajadores llamaron a votación, rechazaron la oferta y autorizaron una huelga, en tanto que el UFCW presentaba cargos contra El Super por prácticas laborales injustas.
“Los empleados trabajaron con un contrato vencido durante el periodo de negociación; cuando llegó el momento de votar, que ganó el ‘no’ e iniciaron la preparación de la huelga, Carlos Smith empezó a tener juntas a puerta cerrada con los trabajadores”, explica Rigoberto Valdez, vicepresidente de la Local 770 del UFCW. “El objetivo era lanzar una campaña de intimidación. Cuando entraban los trabajadores, les quitaban los celulares para que nadie grabara o tomara fotos. Entonces insultaban a los líderes sindicales, los ridiculizaban y ejercían presión para que los trabajadores se salieran del sindicato”.
El UFCW agrupa a varias de las cadenas de supermercados que operan en Estados Unidos. De acuerdo con los tabuladores de la industria manejados por el sindicato, El Super es uno de los empleadores con condiciones laborales más injustas. Un ejemplo: en la cadena Food for Less, principal competencia de El Super, un cajero puede ganar hasta 17.55 dólares por hora. Un empleado de El Super con el mismo nivel y experiencia percibe 12.86 dólares por hora. En algunos supermercados mejor pagados, como la cadena Ralphs, el mismo trabajador puede ganar hasta 22.85 dólares por hora; casi el doble que uno de El Super.
La herencia de César Chávez
El 20 de diciembre de 2014 las federaciones del trabajo del estado de California y del condado de Los Ángeles dieron su apoyo al boicot como medida de presión. Dos días después, cuatro organizaciones comunitarias crearon un grupo llamado Coalición por un mejor El Super y exigieron a las autoridades de salud del condado una investigación a la cadena. Desde febrero de 2014 las inspecciones realizadas a las tiendas de los condados de Los Ángeles, San Bernardino y Orange han documentado 679 violaciones a las normas de salud ambiental.
En los meses posteriores, más de 300 organizaciones comunitarias, laborales, religiosas y concejos vecinales o de desarrollo de Los Ángeles se han sumado al boicot. En marzo, Dolores Huerta, la mítica líder sindical que junto con César Chávez impulsó el boicot a la producción de uva para lograr mejores condiciones de trabajo para los campesinos, también expresó su apoyo.
“La táctica del boicot la tomamos siguiendo el ejemplo de los trabajadores de la agricultura en los sesenta y setenta con Dolores Huerta y César Chávez”, explica Valdez. “A diferencia de la huelga, en el boicot se le pide al consumidor que no compre el producto, pero los trabajadores siguen trabajando, haciendo un sacrificio; les cortan horas de trabajo para compensar las pérdidas. Nosotros no podemos parar sin cobrar durante meses, pero pedimos a la comunidad que se sume a la denuncia: en esta tienda tratan a los empleados mal y no les importan nuestras comunidades en Estados Unidos, se llevan todas las ganancias a México”.
Mientras el caso legal avanza, los trabajadores de El Super ya suman algunas batallas ganadas en esta larga guerra. Las autoridades laborales ya han reconocido que la cadena incumplió su obligación legal de regresar a la mesa de negociaciones. Se han aceptado las denuncias de violación de los derechos de los trabajadores contra la directiva de la cadena por prácticas de intimidación, que van desde las juntas con trabajadores convocadas por Smith, hasta los despidos en cada tienda cuando los trabajadores lideran la organización de sus compañeros. Y en sus días de descanso, los trabajadores se manifiestan afuera de las tiendas.
La empresa, en tanto, está en un proceso de apelación ante las juntas laborales; a través de comunicados, ha justificado su retiro de las negociaciones debido a que éstas llegaron a un punto muerto, y ha negado las acusaciones de mal manejo de alimentos. Proceso buscó una declaración directa de Frank Aguirre, gerente de relaciones comunitarias de El Super, sin que al cierre de esta edición se hubiera obtenido una respuesta.
“El Super sirve a la comunidad de origen mexicano”, explica Valdez. “Chedraui vino a Estados Unidos a bajar el estándar de los trabajadores de esta industria, tal vez porque sus trabajadores son en su mayoría inmigrantes y no siempre conocen sus derechos, o tienen miedo. Pero con la campaña que hemos hecho estos dos años, mucha gente ha perdido ese miedo y levantado la voz, aún a costa de su vida personal. La gente que viene a Estados Unidos sacrifica muchas cosas para obtener una vida mejor. Que una empresa como Chedraui no sea lo que lo impida”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EILEEN TRUAX.
TOLUCA, Edomex: “Fueron siete días de infierno”, admitió Oscar Álvaro Montes de Oca, estudiante de la UAEM, al resumir su detención por una maleta con droga que le fue “sembrada” y su remisión al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Ya sin la cabellera y la barba con que aparece en las imágenes que sirvieron durante la campaña por conseguir justicia, Oscar denunció que el sistema de justicia en el país “criminaliza” a la sociedad.
“Nunca hubo una agresión física hacia mi persona; sin embargo, se vulneró un derecho que considero fundamental, constitucional, que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario”, acusó.
En todas las instituciones por las que pasó, la SEIDO y el penal federal número 4, “sucedió exactamente lo contario, se me consideró culpable y yo tenía que demostrar mi inocencia”.
El licenciado en sociología indicó que su experiencia confirma violencia estructural del sistema de justicia mexicano.
“No necesariamente tienes que sufrir una agresión física por parte de guardias ni de custodios para que sea violencia, ésta se expresa de muchas maneras, desde el hecho de mantenerte aislado, separado, en un cuarto frío, con cobijas que huelen a orines y comida echada a perder”, describió.
Por eso, adelantó que la movilización social generada por su caso debe aprovecharse a favor de quienes han sido detenidos y remitidos de manera injusta a los penales:
“De esto va a resultar algo, es importante que no le vuelva a pasar a nadie. Todos somos susceptibles a padecer algo así. Deseo que todas las personas que estén pasando o vayan a pasar por eso tengan la familia, los amigos y compañeros que yo tengo, gracias a ellos el infierno no duró más de siete días”, alertó.
Por ahora, se dijo con mucho coraje y enojo, pero consciente de la necesidad de encaminar estas emociones de una manera justa.
“Cuando uno vive una experiencia así, no puede salir debilitado. Adentro de un reclusorio la gente débil no sobrevive, aprendí a ser fuerte y muy contundente, y ahora son más las ganas de vivir”, compartió.
Los planes de Álvaro Montes de Oca son la maestría y el doctorado para luego convertirse en investigador y profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
“Es mi sueño, y eso no va a afectar el movimiento, tengo el compromiso con todas las personas que están sufriendo lo mismo”, aclaró.
No obstante, antes de tomar la decisión de contrademandar, de solicitar la reparación del daño y decidir alguna estrategia de lucha, el universitario consideró prioritario estabilizarse emocionalmente.
“No estoy bien emocionalmente, psicológicamente ni tampoco físicamente… estoy teniendo problemas para hilar las respuestas. Gran parte de mí se quedó allá dentro todavía. Una parte de mí está dentro de esa celda, siento que estoy aquí en cuerpo, pero muchas ideas y muchas cosas se quedaron allá adentro con compañeros, con historias que son difíciles de escuchar, asimilar, y cada vez que las recuerdo, regreso a ese lugar”, indicó.
“Es difícil vivir esta experiencia y ahora estar hablando de ella, (apenas) ayer estaba encerrado con todo tipo de criminales, de los cuales me tuve que hacer su amigo, tuve que encontrar el lado noble, el trato como personas de cada uno de ellos para poder sobrevivir; entendí que yo no podía ser una persona que juzgara si ellos eran criminales o no, eso le correspondía a otros. Para mí eran mis aliados, muchos de ellos mis amigos, muchos otros mis enemigos”, expuso.
El graduado con honores de la UAEM consideró inenarrable “el infierno” que vivió, (pero) “agradezco que me tocara a mí con una familia que sabía que jamás se iba a rendir… y un millón de hermanos, amigos que sé que darían la vida por mí”.
“Cuando estaba adentro y me contaban de la sentencia y de las personas que estaba rodeado, lo que me mantuvo en pie fue el comentario de un compañero, reo del mismo módulo, que me dijo: ´Escuché a tu papá en la radio, dicen que allá fuera la gente se está moviendo y te van a sacar´”, narró Oscar, ya en libertad, mientras las palabras se le anudaban y hacía lo posible por contener las lágrimas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
A sus 41 años Javier Duarte de Ochoa carga con el estigma de ser el Gobernador que encabeza el estado más peligroso para el ejercicio de la prensa libre. Lo es; no ha sido de gratis. En distintas circunstancias 15 periodistas que desarrollaban su labora de informar y reportar a partir de textos e imágenes en Veracruz, han sido asesinados, otros desaparecidos, dentro o fuera del territorio estatal.
Priísta, ambicioso y ejerciendo a hierro el oficio político en el nuevo esplendor del tricolor, Duarte de Ochoa tenía apenas 37 años cuando tomó posesión del cargo en el que –se ve desde fuera- se ha engolosinado hasta la saciedad. No le gusta la crítica. Periodistas de aquel estado y defensores de la libertad de expresión han documentado la estrategia para denostar a sus críticos o, en muchos y fatales casos, deshacerse de ellos.
Sin embargo Javier Duarte de Ochoa no ha sido tocado con hoja alguna de la Ley. No es sospechoso, no se le ha llamado a dar cuentas, él y su gobierno encabezan las investigaciones que terminan por asegurar que las muertes, en la mayoría de los casos, ocurrieron en circunstancias distintas al ejercicio del periodismo.
Hay casos que inevitablemente apuntan, al menos en la voz popular y en el análisis social, a la represión de la libertad de prensa. Habrá otros donde ciertamente las líneas de investigación anotan a otras circunstancias. Por ello la necesidad de acabar en este País y en este Gobierno con la impunidad que le aleja toda credibilidad y confianza a las instituciones.
En este caso, el Comité para la Protección a los Periodistas con sede en los Estados Unidos, reportó hace unos días que, en efecto, “Veracruz es uno de los estados más peligrosos para la prensa en México, según la investigación del CPJ”. Dio cifras:
Cuatro periodistas han caído en represalia directa por su labor desde 2011.
Siete fueron asesinados bajo circunstancias poco claras.
Tres periodistas –al menos- han desaparecido.
La mayoría de los asesinatos de periodistas en Veracruz o con referencia a Veracruz, han sido ultimados con una saña impresionante. Torturados, mutilados, vejados y exhibidos sus cuerpos. Al estilo del narcotráfico que, vaya, en Veracruz no es problema de primer nivel. La impunidad a los cárteles de la droga y a los criminales organizados, únicamente la puede proveer el Estado Mexicano en una entidad Federativa al igual que en la República Mexicana, representado por los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
La unión de un representante del Estado con el crimen ha dejado fatales consecuencias para la sociedad mexicana. En sus explicaciones vedadas, la Procuraduría General de la República confirmó que la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, era producto precisamente de esa fatídica unión. Un alcalde y un cártel del narcotráfico. Hoy día, el alcalde, su esposa y miembros menores de la organización criminal de “Los Rojos”, permanecen en prisión. La investigación no ha sido concluida para –como les gusta decir a los políticos en el gobierno- “llegar hasta las últimas consecuencias”.
En esas condiciones, resalta el hecho que la presidencia de Enrique Peña Nieto no ha entrado a la defensa del Estado de Derecho en Veracruz, particularmente en el ejercicio del periodismo. A excepción de unas tardías y leves condolencias por el crimen de Rubén Espinoza por parte de la Procuradora General de la República, Arely Gómez, no ha habido más. Ni respuesta a una investigación científica sin denostar a las víctimas, el fotógrafo y cuatro mujeres que fueron atacadas de manera salvaje, ni respuesta a la petición constante en territorio mexicano y en el extranjero, para que los crímenes contra periodistas sean atraídos por la PGR, para sacarlos de un entorno de complicidad e impunidad como el que se puede dar si la investigación la hacen en el lugar de origen o en la casa de los –socialmente- sospechosos.
A Javier Duarte de Ochoa, más allá de la crítica ciudadana, de la prensa libre e independiente, y de alguna parte de la oposición mexicana, no hay autoridad que lo señale por encabezar el Estado que de acuerdo al CPJ, a Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 –por mencionar algunas organizaciones de defensa y protección de los periodistas- es el más peligroso para el ejercicio del periodismo.
Otro hecho se recuerda. Era enero de 2012 y la campaña por la Presidencia de la República estaba por iniciar. Enrique Peña Nieto se vislumbraba ya como el candidato que sería; entonces 25 millones de pesos en efectivo fueron decomisados por la PGR –por aquellas fechas encabezada por el Gobierno panista de Felipe Calderón-. El dinero procedía de Veracruz. Pertenecía al Gobierno del Estado de Javier Duarte de Ochoa, que a diferencia de empresas, compañías y mexicanos responsables en términos fiscales, gastaba en efectivo y no en cheques o transferencias como marca la Ley.
Los líderes del PAN y del PRD, entonces Gustavo Madero y Jesús Zambrano, acusaron lo mismo: Suponían que ese dinero era producto del desvío de fondos del Gobierno de Veracruz, encabezado por Javier Duarte, para entregarlo a la campaña del precandidato Enrique Peña Nieto. Los dos políticos exigieron investigaciones que no darían resultado, pues los encargados de indagar, dieron por válida la defensa del Gobierno de Veracruz que señalaba que las pacas de billetes eran para pagar la producción de tres festividades regionales en aquel Estado. Meses después, la PGR entregaría –incluyendo intereses- los 25 millones de pesos al Gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
El después candidato del PRI y hoy Presidente de la República, no dijo algo al respecto, como tampoco ha actuado para esclarecer porqué Veracruz es el Estado donde más periodistas han sido asesinados o desaparecidos.
En este clima de impunidad criminal, política y financiera, ocurre ahora el asesinato de Rubén Espinosa. Carlos Lauría, del CPJ, exigió: “Rubén Espinosa huyó luego de haber sido amenazado en una de los estados más letales para periodistas en la región y fue asesinado seis semanas después en un lugar antes considerado como un refugio seguro en el país”… Ya es hora de que las autoridades federales y locales adopten las medidas necesarias para combatir la grave crisis de libertad de prensa en específico, y de expresión de ideas en general, que sufre un México que pierde así el sueño de la democracia. Esto significa investigar en profundidad el asesinato de Espinosa y todos sus posibles motivos, como en particular que pudiera haber sido asesinado en represalia por su trabajo”.
Las amenazas y las intimidaciones que había recibido Espinoza no eran desconocidas para las organizaciones de defensa y protección de los periodistas, tampoco para organismos de Derechos Humanos o el propio Gobierno. Su caso, había sido público. Lo querían intimidar, le querían hacer daño. Finalmente lo mataron. A más de 72 horas del crimen –las cruciales para desentrañar la investigación- la autoridad del Distrito Federal no ha presentado pruebas o avances de la investigación que sugieran un caso apegado o no al ataque del periodista y a quienes acompañaba el mismo.
Javier Duarte de Ochoa sigue gobernando Veracruz, enquistado en un sistema político mexicano que le protege a pesar de sus expresiones y su dudosa labor en la investigación de los hechos que ocurren en aquel Estado. A pesar de desestimar de manera sistemática la labor de los periodistas e incluso denostarlos. “No hay que confundir libertad de expresión con representar la expresión de los delincuentes a través de los medios”, dijo el priísta no hace mucho tiempo, erigiéndose en Juez.
En la impunidad que se manifiesta tan cínicamente en Veracruz han sido asesinados 15 periodistas en distintas circunstancias. ¿Hasta cuándo, Señor Gobernador? ¿Qué espera para actuar, Señor Presidente?
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/05-08-2015/37662.
Una familia promedio mexicana con cuatro integrantes, tiene que destinar más de lo que se gana en un sólo día de trabajo para poder ir al cine a disfrutar una película de aproximadamente 2 horas. Con 490 pesos aproximadamente se pueden comprar los boletos y combo de alimentos.
Por ocho horas, un trabajador con salario promedio, recibe 441 pesos, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), y según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la mayoría de las familias mexicanas están conformadas por cuatro integrantes; éstas gastarán 186 pesos en las entradas, 96 pesos si compran dos botes de palomitas y 208 pesos de bebidas.
Esto, tomando los precios promedio de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma (Canacine). Pero, si la familia promedio vive más cerca de un establecimiento en el que el precio del boleto llega hasta los 80 pesos (cuando en promedio es de 46 pesos) la cifra asciende a los 624 pesos (o una jornada y media de trabajo).
La entrada puede no ser lo más costoso, pero con palomitas y refresco, la cifra aumenta. Aunado a eso, toda la variedad de botanas (chocolates, caramelos, helados) tienen en dulcería un precio hasta tres veces mayor que el del mercado externo.
La cifra puede hacerse aún más alta, si se opta por una película 3D o si se acude por las tardes, pues los costos aumentan considerablemente.
La ENIGH arrojó que los mexicanos destinan sólo el 14 por ciento de su ingreso a actividades de esparcimiento; los principales gastos son para alimentos, bebidas y tabaco. El cine es una de las principales actividades de esparcimiento de los mexicanos; el país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en asistencia al cine.
El escenario es negativo, cuando al costo de una visita al cine, se le añade el aumento al salario mínimo, que para 2015, de 4.2 por ciento, lo que representó 2.81 pesos para la zona A y 2.68 pesos para la zona B. Esto crea un excedente quincenal de 42.15 pesos, que no alcanzan para pagar al menos una de las entradas.
El precio promedio del boleto es el más bajo del continente y de los más bajos del mundo. El problema es que al igual que esos precios, el salario también es de los más raquíticos; México ofrece a los trabajadores los salarios más bajos de la región, catalogados incluso dentro del umbral de la pobreza extrema: 2.50 dólares, es decir, 37.5 pesos diarios, coincidieron estudios sobre el tema liberados por Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Si con ese salario no se puede cubrir ningún rubro de la canasta básica (que actualmente cuesta mil 743 pesos con 91 centavos, según cálculos oficiales), asistir al cine, al menos en una ocasión cada 15 días, deja de ser una prioridad en una población en la que el 63.8 millones viven en pobreza, de acuerdo con sus ingresos.
Ese sector de la “población con ingreso inferior a la línea de bienestar” conforma el 53.3 por ciento o más mitad de la población. De éstos, el 46.2 por ciento pertenece a los 55.3 millones que dice el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) incluye en pobreza multidimensional, más el 7.1 por ciento u 8.5 millones de personas denominadas “vulnerables por ingreso”.
MERCADO CONTROLADO
Esto se da en un mercado en el que sólo dos empresas controlan el 91.96 por ciento del mercado del cine: Cinemex y Cinépolis. De las 5 mil 761 salas, 5 mil 298 corresponden a estos dos complejos, que tuvieron ingresos en 2014, por 12 mil millones de pesos sólo por lo recaudado en taquilla por la venta de 257 millones de boletos, de acuerdo con información de la Cámara Nacional de la Industria del Cine (Canacine).
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha permitido que estas dos empresas se consoliden más en el mercado, ya que confía en que esta competencia baje los precios, esto después de que Cinemex comprara Cinemark, en noviembre de 2013. Con esta acción, la empresa incrementó su participación en el mercado a 36 por ciento.
Así, tan sólo dos meses después de la compra, la Cofece revocó la negación que la antigua Comisión Federal de Competencia (CFC) había dictado a la intención de Cinemex de comprar Cinemark. El argumento que presentaron fue que Cinemark no representaba ya una competencia, por lo que no habría afectaciones por tal fusión.
De acuerdo con una entrevista realizada a la Comisionada Alejandra Palacios Prieto en el Senado de la República sobre este tema, negó que este acto creara un mercado dominado por un duopolio (Cinemex y Cinépolis).
“Yo no lo diría en esos términos. Básicamente entre Cinemex y Cinépolis van a tener aproximadamente el 90 por ciento del mercado. Aquí lo importante tiene que ver con la presión competitiva, o sea, ese tercer jugador, que era Cinemark, en realidad no estaba generando presión competitiva en el mercado […] las decisiones que tomamos no tienen que ver con el número de empresas en las industrias sino con la presión competitiva que generan y eso es lo que nosotros tenemos que operar”, comentó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN
MÉXICO, D.F: Aunque ha difundido que mantiene abiertas diversas líneas de investigación, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se resiste a indagar la posible responsabilidad del gobierno del estado de Veracruz, encabezado por Javier Duarte, en el asesinato del reportero gráfico Rubén Espinosa Becerril, y el feminicidio de la activista Nadia Vera Pérez.
Así lo consideraron Pilar Tavera, directora del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, y Karla Micheel Salas, representante legal de la familia de Nadia Vera, al evidenciar que la PGJDF lleva a cabo una investigación “mediática” y no judicial, y plagada de inconsistencias, pues pretende asegurar que el móvil de los crímenes es el robo y no la actividad política y de defensa de los derechos humanos (DH), que realizaban Nadia y Rubén.
El jueves pasado, la PGJDF informó que se había acusado formalmente de los delitos de feminicidio, homicidio y robo agravado en pandilla a Daniel Pacheco Gutiérrez, como uno de los tres sujetos implicados en la ejecución de Nadia y Rubén, así como de Yessenia Quiroz Alfaro, Alejandra Negrete Avilés y Mile Virginia Martín, delitos cometidos en la colonia Narvarte en esta capital.
Según la declaración del imputado, él acudió al lugar de los hechos invitado por un amigo suyo, quien supuestamente conocía a Mile Virginia, y que había planeado un robo luego de que la mujer de origen colombiano le asegurara que ella tenía “mucho dinero”.
En entrevista con estas agencias, Karla Micheel Salas Ramírez, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y abogada coadyuvante del caso, advirtió que esto podría implicar que la Procuraduría busque “dar carpetazo” a la investigación al sostener que el móvil del multihomicidio fue “un robo”.
Luego denunció que la PGJDF que encabeza Rodolfo Ríos Garza no realiza una investigación exhaustiva que considere las agresiones, amenazas e intimidaciones de las que fueron víctimas Nadia y Rubén, y que les obligaron a huir de Veracruz y autoexiliarse en el Distrito Federal.
Al mismo tiempo, Salas Ramírez denunció que la indagación no se realiza con “transparencia”, pues hasta el momento la coadyuvancia no ha tenido acceso total al expediente.
“Sesgo e inconsistencias”
También observó que desde el inicio de las pesquisas existió un “sesgo”, ya que pese a toda la información en redes sociales sobre el trabajo y activismo de Rubén y Nadia, la PGJDF no se había allegado de tales datos.
Salas apuntó que la única acción que ha realizado la Procuraduría capitalina es mandar oficios a dependencias veracruzanas para que le brinden información, pero “lo que hemos pedido es que se llamara a declarar a funcionarios, por ejemplo, al secretario de Seguridad Pública (del estado), ya que la dependencia ha sido identificada como una de las que participó en las agresiones contra Nadia y Rubén”, resaltó.
Una de las agresiones que obligaron a Nadia Vera a salir de Veracruz fue cometida –según las declaraciones que la abogada pudo conocer de parte del hermano de la activista– por la policía estatal, que en 2013 detuvo a la joven y la subió a una patrulla en la que recorrieron varias calles de Xalapa, capital del estado, como una forma de hostigamiento.
Fue hasta este miércoles 5, luego de que la abogada solicitó a la PGJDF retomara testimonios y videos con declaraciones de periodistas y activistas que conocían la labor y antecedentes de ambos jóvenes, que la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 se nutrió de testimonios de personas (de quienes se reserva su nombre por razones de seguridad) que han acudido a declarar ante la Fiscalía de Homicidios.
A partir de los testimonios aportados –aseguró Salas– se sabe que Milé no vivía en el departamento: “Nos parece alarmante que esto aún no se haya aclarado en los medios, y que se pretenda vincular los hechos únicamente a esta víctima”.
Nadia Vera, activista originaria de Chiapas, vivía en un departamento de la calle de Luz Saviñón con otras dos mujeres; una de ellas Yesenia Quiroz y otra joven sobreviviente, quien reportó el hallazgo de los cuerpos.
Aunque consideró que habrá mayor precisión del caso hasta que se acceda completamente al expediente, Karla Micheel Salas indicó que el acta de defunción señala que la hora de la muerte de Nadia fue a las nueve de la noche, lo que contrasta con la hora que señala la PGJDF, cuando asegura que los hechos ocurrieron a las dos de la tarde.
“Resulta evidente que se ha dado acceso al expediente a los medios de comunicación –y no a las víctimas– para ir presentando una sola línea de investigación y establecer el robo como móvil de las ejecuciones”, sostuvo la defensora.
El caso Digna Ochoa
Enseguida advirtió que la indagación hasta el momento ha sido “parcial” y no se ha querido profundizar si el gobierno de Veracruz tuvo que ver en los hechos.
También recordó que no es el primer caso de ataque a una persona defensora de DH que no es investigado con diligencia, y mencionó el caso de Digna Ochoa, abogada y defensora ultimada en octubre de 2001 en esta capital y cuyo caso fue cerrado por la PGJDF al mando entonces de Miguel Ángel Mancera, hoy jefe de gobierno capitalino, al concluir que Digna “se suicidó de tres disparos”.
De acuerdo con la litigante, la “conclusión insostenible” de la Procuraduría fue para no investigar la posible participación del Ejército en la presunta ejecución de Ochoa.
“Siempre ha habido una resistencia a investigar la participación de agentes del Estado en estos crímenes; no dudo que esta vez las autoridades no quieran investigar a las autoridades veracruzanas”, observó.
En ello coincidió Pilar Tavera, directora de Propuesta Cívica –organización que desde un principio pidió investigar adecuadamente los hechos y retomar el contexto de represión a la libertad de expresión en Veracruz–, al considerar que “no sabemos si se está investigando para hacer justicia o para proyectar una imagen de eficiencia”.
Tavera añadió que las inconsistencias en las pesquisas revelan por un lado la “resistencia política” de una Procuraduría para “inmiscuirse” en asuntos relacionados con otra administración local, y la incapacidad técnica de las autoridades capitalinas para indagar adecuadamente delitos vinculados contra la libertad de expresión.
Además, criticó la falta de seriedad de la Procuraduría capitalina para llevar a cabo las indagaciones y no informar adecuadamente a las familias de las víctimas:
“La investigación es más mediática que judicial; muchos de los detalles que hemos conocido de las identidades de las víctimas se han sabido primero a través de los medios de comunicación y posteriormente por la PGJDF”, deploró.
Luego apuntó que la agresión contra Nadia Vera no es un caso aislado y que es indispensable que se conozca la verdad de los hechos, pues de no ser así “se estaría dando la lección de impunidad más grande de estos tiempos; ahora el agresor sabría que el costo de perseguir activistas y periodistas es nulo”, alertó.
En tanto, el Centro de Apoyo para Empleadas del Hogar (CACEH) emitió un pronunciamiento para reprochar que la sucesión de hechos y la cobertura mediática del caso han ‘invisibilizado’ a Alejandra Negrete, trabajadora del hogar de 40 años de edad también asesinada, por lo que demandó que este feminicidio sea investigado en igualdad de condiciones, y sin obviar el contexto de exilio que vivían Nadia y Rubén ante el clima de hostigamiento que se vive en Veracruz.
Incluso, la ONG demandó que la familia de la empleada sea indemnizada.
Por su parte, activistas y abogados presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que indague las graves violaciones humanitarias cometidas en el caso, y pida a la PGR que atraiga la investigación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ.
TOLUCA, Edomex: La Legislatura del Estado de México aprobó, por mayoría de votos, la noche del pasado jueves la Ley de Movilidad que otorga a las autoridades estatales y los municipios la obligación de garantizar el libre tránsito vial y la atribución de eliminar cualquier obstáculo.
El diputado del Partido del Trabajo (PT) Norberto Morales, en su calidad de integrante de la Comisión parlamentaria de Comunicaciones y Transportes, votó contra la propuesta, por considerar que la disposición tiene por objeto criminalizar las marchas.
La nueva disposición local, indicó, es una réplica de la iniciativa federal promovida el 2 de diciembre de 2014 y que, en su momento, fue rechazada por el Episcopado de Guerrero, quien consideró inadecuada para su momento esa ley antimarchas.
Después, recordó, la Conferencia del Episcopado Mexicano advirtió una crisis humanitaria que ha derivado en inconformidades y, por tanto, consideró imprudente la aprobación de la Ley de Movilidad.
“Entendemos que a muchas personas no les parezca gente bien o bonita aquella que protesta y que entorpece la circulación porque no llegamos a tiempo a nuestro trabajo”, dijo.
Sin embargo, destacó, “en estos momentos de crispación social, la manifestación es la única forma en la que se libera presión por la tantas tropelías cometidas en contra de maestros, de ciudadanos considerados desarrapados porque pelean la aparición de sus 43 hijos, de médicos acusados injustamente o en contra de la reforma en materia de salud, de las aeromozas o pilotos que protestan por la desaparición de aerolíneas estatales”.
Con el derecho a la movilidad, acusó, esa válvula de escape se elimina, y para ello se sumarán esfuerzos de los niveles interinstitucionales y “se dará pauta a una situación soterrada, pues estaríamos legalizando el uso de las fuerzas de acción –policiaca– para evitar obstáculos”, pues una marcha obstruye la movilidad, viola la ley y, por tanto, debe ser sancionada.
El nuevo ordenamiento jurídico para el Estado de México integra iniciativas del Ejecutivo mexiquense y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), y obliga a las autoridades estatales y municipales a garantizar el derecho al libre tránsito por sus vialidades.
El artículo quinto dispone que la movilidad debe estar al alcance de todas las personas que se desplazan por motivo laboral, de estudio, comercio, servicios, recreación y cultura en territorio mexiquense, con especial énfasis a grupos en condición de vulnerabilidad.
Jerárquicamente, el derecho a la movilidad primero debe garantizarse a peatones, después a ciclistas, usuarios del servicio público de transporte, transporte de carga, modos individuales públicos, motociclistas y otros modos particulares.
El artículo sexto reconoce como autoridades en materia de movilidad al gobernador, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Finanzas, la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana –Policía Estatal– y los municipios.
Estas mismas autoridades, además de la Consejería Jurídica, dos integrantes de la sociedad civil expertos en la materia y un representante de los transportistas, integrarán el Comité Estatal de Movilidad, presidido por el mandatario estatal, órgano que podrá tomar decisiones y emitir resoluciones obligatorias para los miembros del Comité, entre otras atribuciones.
Los municipios estarán facultados para participar de manera coordinada con las autoridades en materia de movilidad, “en la aplicación de la Ley, cuando sus disposiciones afecten o tengan incidencia en su ámbito territorial”.
El artículo noveno incluye entre las facultades municipales las de “mantener la vialidad de cualquier tipo libre de obstáculos u objetos que impidan, dificulten u obstruyan el tránsito peatonal, ciclista, vehicular, excepto en aquellos casos debidamente autorizados”.
En el ámbito de su competencia, los ayuntamientos podrán determinar, aplicar y ejecutar las sanciones correspondientes a quienes incurran en infracciones a esta ley y a sus reglamentos; y promover las acciones para el uso racional del espacio vial, teniendo como prioridad la jerarquía de movilidad.
En contraparte, el diputado priista Armando Corona justificó que en la ley no existe ningún artículo que se relacione con la prohibición de marchas, y la panista Adriana Hinojosa arguyó que la nueva norma no impide la libertad de expresión, alguna garantía individual o derecho constitucional.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
MÉXICO, D.F: Uno de los sitios de información especializada más importantes del mundo, DeSmogBlog, reveló que la exsecretaria del Departamento de Estado, Hillary Clinton, ayudó al gobierno mexicano a tejer una cadena de simulaciones para abrir el sector estratégico a las grandes compañías internacionales.
Posteriormente se presionó a México de acuerdo con los gustos de ExxonMobil, Chevron, BP, el Instituto Americano del Petróleo, los productores independientes de petróleo de Estados Unidos y otros, destaca la nota firmada por el periodista Steve Horn.
De acuerdo con el sitio, la precandidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos encabezó desde Washington un amplio equipo que ayudó al gobierno mexicano a mentir públicamente durante un tiempo mientras preparaba la reforma energética.
Según los correos electrónicos de Clinton desclasificados hace apenas una semana y recuperados por DeSmogBlog, el Departamento de Estado, auxiliado por la embajada en México, impulsó primero que Petróleos Mexicanos (Pemex) se abriera a las compañías internacionales de petróleo y gas mediante el acuerdo transfronterizo del Golfo de México, con el panista Felipe Calderón, y luego trabajó para la reforma energética con el priista Enrique Peña Nieto.
“Correos electrónicos publicados el 31 de julio por el Departamento de Estado revelan más sobre el origen de los esfuerzos para la reforma energética en México […]. Confirman que el Departamento de Estado de Clinton ayudó a abrir a la empresa productiva Pemex, que monopolizaba la industria petrolera y del gas en México, a las compañías internacionales del petróleo y el gas. Dos de los tres coordinadores que ayudaron a hacer que esto sucediera, ambos empleados directamente por Clinton, ahora trabajan en el sector privado y pueden beneficiarse económicamente de la reforma energética que ayudaron a crear”, puntualiza la nota.
Luego menciona que estos correos ofrecen la oportunidad de contar la historia más profunda del papel que tuvo el Departamento de Estado liderado por Clinton y otros poderosos actores en la apertura de México para los negocios internacionales en el sector energético mexicano.
La publicación precisa que tres excolaboradores de Clinton tuvieron un papel clave en la apertura del sector mexicano: David Goldwyn, primer coordinador internacional de Energía nombrado por la exsecretaria de Estado en 2009; el exembajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, quien fuera sucesor de Goldwyn como coordinador internacional de la Energía, y Neil Brown, un exempleado de alto nivel del senador Richard Lugar, quien ahora trabaja en la firma de capital privado Kohlberg Kravis Roberts (KKR).
Un correo electrónico de 2009 confirma que Goldwyn ayudaba desde entonces a la reforma energética en México. Éste trabajaba para el Departamento de Estado, aunque él preparaba su camino hacia la energía mexicana… como privado.
“Los funcionarios de México siguen siendo extremadamente sensibles a cualquier comentario público, sobre todo de Estados Unidos, en torno a la reforma energética y la producción [petrolera]”, dice un cable de febrero 2010, “Scenesetter”, escrito por la embajada de Estados Unidos en México en relación con un viaje de Goldwyn a México.
Añade: “Debemos mantener la vieja política de no comentar públicamente sobre estos temas, mientras en voz baja ofrecemos [a México] asistencia en áreas de interés [en este caso la apertura del sector energético]”.
Cuando este cable fue enviado, Carlos Pascual se desempeñaba como embajador de Estados Unidos en México, un trabajo que eventualmente dejó para convertirse en el sucesor de Goldwyn como coordinador internacional de la Energía en Estados Unidos. Después de dejar el Departamento de Estado, Goldwyn continuó en “proporcionar asistencia” para la reforma energética mexicana junto con Neil Brown, pero en el sector privado.
DeSmogBlog indica que de las últimas cosas que Brown hizo en el Senado antes de irse a trabajar con Goldwyn fue preparar el informe del 21 de diciembre 2012 para un comité.
El reporte hablaba del acuerdo de hidrocarburos transfronterizo entre México y Estados Unidos.
“Ese acuerdo fue el primer paso de las iniciativas para la reforma energética [por venir]. Abrieron la costa mexicana en el Golfo de México a empresas internacionales de petróleo y gas, y se presionó de acuerdo con los gustos de ExxonMobil, Chevron, BP, el Instituto Americano del Petróleo, los productores independientes de petróleo de Estados Unidos y otros”, dice DeSmogBlog.
Brown “trabajó en el tema [de la reforma energética de México] como el principal asesor de los republicanos en el Senado para temas de energía”, destacó un cable de Reuters.
También hizo un viaje a México, financiado con recursos públicos, durante sus últimos meses como miembro del personal de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado.
Pascual también trabajó en este acuerdo transfronterizo cuando era embajador, de acuerdo con Wikileaks.
“Públicamente, el [gobierno mexicano] hará hincapié en que las negociaciones permiten a México defender sus recursos naturales”, decía un cable del entonces embajador Pascual titulado “Transboundary Reservoirs – A Window of Opportunity” [Reservas transfronterizas: una ventana de oportunidad]. “Muchos mexicanos consideran el petróleo como parte del ADN del país. Un tratado debe evitar estas preocupaciones y cualquier tema irritante innecesario entre los dos países”.
Básicamente, Pascual sostuvo que el gobierno de México actuaría de una manera frente a los mexicanos mientras que, por debajo del agua, impulsaría las políticas que promovían los enviados de Washington.
“[Si bien el gobierno de México] hablará en público sobre las negociaciones para disponer de estas reservas fronterizas como ‘un esfuerzo por defender los recursos naturales del país’, el mismo gobierno ve en este tratado una oportunidad importante para que Pemex trabaje con petroleras internacionales y gane experiencia en perforación de aguas profundas”, escribió el embajador.
“Por primera vez en décadas, la puerta a la participación constructiva del gobierno de Estados Unidos con México en el petróleo ha abierto una grieta. Estaría en nuestros intereses tomar ventaja de esta oportunidad”.
Entre cuates
De acuerdo con DeSmogBlog, “una cosa parece cierta: quienes sentaron las bases para la reforma energética en México [Goldwyn, Pascual y Brown] han creado un clima perfecto para beneficiarse de los frutos de su trabajo”.
Goldwyn, señala la publicación, ahora dirige una empresa de consultoría sobre la industria de petróleo y gas, llamada Goldwyn Estrategias Globales; trabaja como abogado de un bufete de abogados, Sutherland, Asbill y Brennan, y como colaborador de ‘think tanks’ financiadas por la industria del Consejo Atlántico y la Institución Brookings.
El portal de noticias ‘Sin embargo’ publicó el año pasado cómo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a través de su Departamento de Estado, que encabezó Hillary Clinton de 2009 a 2013, impulsó el uso de ‘fracking’ en todo el mundo bajo el argumento de que el gas shale ayudaría a reescribir la política de energía global.
Hillary Clinton designó para este fin a David Goldwyn como coordinador de Asuntos Energéticos Internacionales. Goldwyn es conocido por su experiencia en este sector desempeñándose en cargos públicos y del sector privado.
Luego de trabajar tres años para el gobierno de Estados Unidos, Goldwyn fundó su firma y en fechas recientes ha dedicado dos trabajos escritos, uno a manera de artículo y el otro –en colaboración con un grupo de especialistas– para hablar sobre los beneficios que traerá la reforma energética de Peña Nieto a la región.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La noticia de un asesinato múltiple –un homicidio, cuatro femenicidios, severas golpizas y agresión sexual contra una de las víctimas mujeres– en el departamento 401 del edificio de Luz Saviñón 1909 de la colonia Narvarte en el Distrito Federal tuvo gran impactó entre los medios de comunicación y los capitalinos el sábado pasado. Las muertes abonaban al contexto de violencia que se vive en la Ciudad de México y que el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa lo ha negado en reiteradas ocasiones.
Más tarde otra noticia se propagó: la desaparición de Rubén Espinosa Becerril, el fotoperiodista que desde hace un mes vivía la capital del país, en un autoexilio de Veracruz, obligado por las amenazas de las que fue víctima.
En una entrevista con SinEmbargo, Rubén Espinosa platicó sobre el estado que guardan la prensa y de la libertad de expresión en Veracruz; el modus operandi del gobierno de Javier Duarte de Ochoa para mantener sometidos a los medios de comunicación y la vida que deben llevar los reporteros y fotógrafos que no quieren recibir dinero a cambio de su silencio.
Nadie imaginó que hubiera una relación en ambos casos hasta que ese mismo sábado 1 de agosto, la organización Artículo 19 informó que un familiar de Rubén les confirmó que el fotógrafo, corresponsal de Cuartoscuro y de la revista Proceso, era una de las personas que encontraron muertas en la colonia Narvarte. La noticia causó indignación en el gremio periodístico y de inmediato se convocó a una marcha.
Alrededor de las 16:00 horas del domingo en la Ciudad de México dio inició una concentración en protesta por el asesinato del fotoperiodista. Cientos de ciudadanos, activistas y periodistas marcharon por las principales avenidas y se manifestaron frente a la representación del gobierno de Veracruz, a cuyo Gobernador se señala directamente por el asesinato de Rubén Espinosa y la antropóloga y activista Nadia Vera Pérez.
Incluso, ésta última responsabilizó a Javier Duarte de Ochoa sobre cualquier atentado a su integridad o la de sus compañeros. En una entrevista que concedió para RompevientoTV, para un documental sobre desapariciones en aquella entidad dijo: “Responsabilizamos totalmente a Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado, y a todo su gabinete, sobre cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados y organizados en todo este tipo de movimientos, tanto estudiantes, académicos, sociedad civil en general”.
Tanto Rubén como Vera se destacaron en Veracruz por sus denuncias públicas sobre la violencia y la impunidad desatada durante el gobierno de Duarte.
Pese a estos señalamientos, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Ríos Garza, informó que una de las hipótesis era el robo, ya que se encontró que el departamento donde ocurrió el multihomicidio había sido saqueado.
También dijo que los cinco cuerpos mostraban huellas de tortura y el tiro de gracia. Añadió que las víctimas femeninas tenían 18, 29, 32 y 40 años de edad, originarias de Baja California, Chiapas, Estado de México y de Colombia.
Tras las protestas en contra de Javier Duarte señalándolo como el responsable de la muerte de al menos dos de las víctimas, el Gobernador reaccionó. Primero lo hizo en un escueto comunicado de dos párrafos donde lamentó el asesinato de Rubén, después en su cuenta de Twitter lanzó dos mensajes en los que aseguró que colaboraría en la investigación.
La presión de organizaciones internacionales, de la sociedad y de algunos medios de comunicación, obligaron a la PGJDF a seguir informando en el transcurso de la semana de los avances en la investigación del multihomicidio.
El lunes 3 de agosto, la dependencia localizó un vehículo vinculado a los asesinatos. En un comunicado informó que el auto era un Ford Mustang, color Rojo, modelo 2006, placas 486VRN que fue abandonado en calles de la delegación Coyoacán.
También dijo que la cámara de videovigilancia localizada en el edificio donde sucedió el multihomicidio estaba averiada y que por lo tanto no registró actividad alguna. Pero de acuerdo a un recorrido que SinEmbargo hizo en la cuadra donde se ubica el departamento, constató la existencia de al menos otros ocho equipos de videovigilancia, algunas de negocios privados y otras más del Gobierno del Distrito Federal.
La Procuraduría capitalina tampoco pudo hacer oídos sordos ante las acusaciones contra Javier Duarte. En otra conferencia, Rodolfo Ríos sostuvo que no se descarta ninguna línea de investigación en el homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa y de otras cuatro mujeres y dijo que de ser necesario se citaría a declarar al Gobernador.
Por el multihomicidio, hay –hasta el momento– una persona presentada ante el Ministerio Público. Ríos Garza precisó que los asesinatos pudieron ocurrir entre las 12:00 y 15:00 horas del 31 de julio.
Hasta ahora, los pocos detalles que ha informado la PGJDF sobre el asesinato múltiple de la Narvarte no dejan contentos a las organizaciones, sociedad y parte del gremio periodístico, que se lo ha hecho saber al Procurador capitalino en cada conferencia cuando le pregunta sobre las inconsistencias en la investigación.
Por ejemplo, un amigo de Rubén, entrevistado por SinEmbargo, reveló que minutos antes de las dos de la tarde del pasado viernes, el fotoperiodista de 31 años, inició una conversación de WhatsApp con él y que se prolongó hasta las 14:13 horas de ese día.
Si se prueba que los asesinos que busca la PGJDF son, efectivamente, los que registró la cámara de seguridad saliendo del edificio a las 15:02, la conversación por celular indica que el crimen ocurrió en no más de 49 minutos. En ese lapso debió registrarse también “el saqueo” que dice haber encontrado la PGJDF.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-08-2015/1442398.
El Estado de México tiene prendidos varios focos rojos, más allá del tema de los feminicidios, concluye un análisis reciente de un think tank. La entidad gobernada por el priista Eruviel Ávila Villegas ocupa el último lugar en la disponibilidad de médicos por cada mil habitantes, es el número 26 en gasto per cápita en salud y el primero en incidencias delictivas por cada 100 mil habitantes, entre otros.
El análisis realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) expone que el Edomex es el número 29 en la implementación del nuevo sistema de justicia acusatorio y el segundo con el mayor número de población penitenciaria [18 mil 056 personas]. También ocupa el segundo lugar a nivel nacional en materia de actos de corrupción.
A pesar de que es la segunda entidad que aporta más al Producto Interno (PIB) Bruto nacional, con el 9.4 por ciento, el 49.6 por ciento de su población vive en pobreza y el 7.2 por ciento en pobreza extrema.
“Nos llama mucho la atención que dado esto tendría que estar reportando unos niveles más altos en calidad de vida, debería ser uno de los más grandes en crecimiento del país”, dijo a SinEmbargo Lorena Becerra Mizuno, investigadora del CIDAC y una de las autoras del análisis.
Hasta junio del presente año, el Estado de México es la entidad a la que más se le transfirieron recursos federales con alrededor de 88 mil millones de pesos. En segundo lugar, está el Distrito Federal con 81 mil millones. El Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE) arroja que en el último año la entidad tuvo un crecimiento de 1.7 por ciento mientras que el promedio de los estados fue de 2.8 por ciento.
De 2012 a 2014, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), citado por el análisis, el número de personas en situación de pobreza en la entidad aumentó en 13 por ciento, es decir, en aproximadamente 941 mil personas.
“La publicación de distintos datos oficiales durante las últimas semanas, incluyendo el elevado número de feminicidios y el aumento en los porcentajes de población que viven en condición de pobreza, ponen de manifiesto el desempeño de esta entidad en diversos ámbitos”, destaca el análisis.
“La pobreza en el estado ha evolucionado de manera preocupante. Aun cuando el Estado de México es una de las entidades más ricas del país, las prospectivas de salir de la pobreza lucen complicadas, pues aun cuando en los últimos cuatro años (2010-2014), la vulnerabilidad por ingresos y carencias sociales ha disminuido, las personas en condición de pobreza aun aumentado en casi 7 por ciento”, detalla.
“Parecería ser que las administraciones mexiquenses han dejado de lado el resolver la problemática histórica de la pobreza y vulnerabilidad en el estado”, considera. “La agenda de combate a la pobreza de la administración estatal ha demostrado a lo largo de los años ser ineficaz ante esta problemática local. En tan sólo dos años, el Estado de México pasó del lugar número 16 a la posición número 11 en la clasificación nacional en términos de entidades con mayor porcentaje de pobres”.
El documento del CIDAC alerta que uno de cada dos mexiquenses es pobre, mientras que tres de cada diez sufren algún tipo de vulnerabilidad, ya sea por ingreso o por carencia social. A nivel nacional, cuatro de cada diez mexicanos son pobres y tres de cada diez son vulnerables.
LOS FEMINICIDIOS, LOS OTROS DELITOS Y LA IMPUNIDAD
El 31 de julio, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió por primera vez en la historia la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para 11 municipios del Estado de México tras los altos índices de violencia que registra la entidad en contra del sexo femenino.
La declaratoria se emitió para los municipios de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco del Estado de México.
De acuerdo con el análisis, la impunidad de este delito en el Edomex es alarmante ya que uno de cada dos de los feminicidios reportados entre 2005 y 2010 no derivó en imputación alguna; para el periodo 2011 y 2014, la cifra aumentó a cuatro de cada diez.
La medida fue necesaria toda vez que entre 2011 y 2013 se registraran 840 femicidios y tan sólo entre 2011 y 2012 se reportaran mil 258 mujeres desaparecidas, el análisis compara que entre 1993 y 2014, es decir, casi una década, en Ciudad Juárez, Chihuahua, ciudad emblemático en el tema del feminicidio en México se cometieron al menos mil 530 asesinatos de mujeres, mientras que en el Estado de México entre 2006 y 2013, sólo siete años, se registraron 2 mil 837 casos, lo que representa casi el doble.
“Sin embargo, el problema de inseguridad en el Estado de México no se restringe a este tipo de delitos, la incidencia delictiva es la más alta del país y aumentó de 2012 a 2013 en 64 por ciento”. Nueve de cada diez habitantes fueron víctimas de al menos un delito en el año 2013.
La cifra de ilícitos no denunciados, detalla el análisis, es la segunda más elevada en el país y asciende a 96 por ciento. “Este número de delitos no reportado se explica en gran parte por la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones y autoridades. La suma de los elementos mencionados, nos indica que la problemática de inseguridad en la entidad no es un fenómeno reciente sino más bien un problema permanente que ha sido ignorado por mucho tiempo”.
UN GRAN FOCO ROJO
De acuerdo con la investigadora del CIDAC, lo que motivó al think tank a realizar este análisis fue que en las últimas semanas se publicaron una serie de noticias que reforzaban el hecho de que en el Estado de México existen varios focos rojos, tres de ellos fueron los grabaciones que mostraban actos de corrupción por parte de altos funcionarios del gobierno local para favorecer a la empresa española OHL [Obrascon Huarte Lain], la segunda las sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral [INE] al Gobernador por hacer promoción en tiempos electorales y la tercera es hecho de que sea uno de los 10 estados del país donde creció más la pobreza.
“Y hay otro asunto también: es el estado que gobernó el actual Presidente [Enrique Peña Nieto], por eso está ligado como en una secuencia, aunque también hay cosas que se tendrían que atribuir al actual Gobernador, como la inercia, pero también hay cosas que no se vienen gestando de un día para otro sino desde hace tiempo, como la pobreza”, observó la investigadora.
Para Gustavo López Montiel, profesor en Ciencia Política del Tec de Monterrey Campus Ciudad de México, el Edomex es una entidad compleja y difícil de gobernar no sólo por su número de habitantes -15.1 millones de personas, según el último censo- sino también por los contrastes que representa en sus distintas zonas. “No es lo mismo ser pobre en el norte que ser pobre en el sur”.
Afirmó que una parte de la problemática de la entidad puede deberse a que un porcentaje importante del dinero que recibe de ayuda federal tiene que sujetarse a lineamientos que son los mismos para estados menos complejos y con menor población, como Aguascalientes.
“¿Cuánto dinero se necesitaría para dar cobertura en términos de erradicación de la pobreza? en términos de la entidad más grande no hay dinero que te alcance, los esfuerzos tienen que hacer más eficiente el uso de dinero, el problema es el diseño[de los programas] en su conjunto”, finalizó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JULIANA FREGOSO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-08-2015/1441182.
MÉXICO, D.F: La Federación Mexicana de Natación (FMN) buscó hoy justificar el registro con récords falsos de los deportistas nacionales que participan en el Campeonato Mundial de Natación de Kazán, con el argumento de que se trataba de que tuvieran “motivación y fogueo”.
El jueves anterior, el portal especializado en natación swimswam.com denunció que la mayoría de los nadadores mexicanos fueron registrados con tiempos alterados de una manera tan burda que incluso son “mejores” que los récords nacionales y las marcas que la FINA (Federación Internacional de Natación) puso como requisito para aceptar a los participantes.
Según la información, fue una persona allegada a la FMN la que dio a conocer la irregularidad de los registros que permitirían participar en el Campeonato Mundial de Kazán a atletas que no consiguieron las marcas mínimas para ganarse ese derecho.
En un comunicado, la FMN admitió que “los atletas que han sido inscritos a los Mundiales de Natación de Kazán son aquellos que no pudieron asistir a los Juegos Mundiales Universitarios de Corea y, adicionalmente, el atleta Daniel Ramírez, quien no pudo a su vez asistir a los Juegos Panamericanos de Toronto. Cabe destacar que la estrategia de fogueo y motivación de estos atletas está enfocada a su desarrollo a mediano y largo plazo”.
Según esta explicación, al inscribir a los mexicanos con tiempos falsos la FMN no intentó engañar a las autoridades de la FINA ni afectar a los nadadores de otros países. Más todavía, que el propio organismo rector de la natación estaba al tanto de que los registros fueron alterados.
“La propia FINA estuvo al tanto en todo momento de la inscripción de los atletas mexicanos en este evento, misma que avaló para que ellos pudieran asistir a la mencionada justa.
“Asimismo, informamos que los ajustes realizados fueron con el único propósito de que el sistema automático de inscripción admitiera a nuestros atletas, reiterando que no se hizo con dolo o mala fe, y que tuvo el conocimiento la Federación Internacional de Natación”.
Del análisis que realizó swinswam.com, de las 36 plazas individuales en las que fueron inscritos, 32 están a .15 segundos de las marcas de calificación A o B.
El portal destaca que gran parte de esos registros “son significativamente más rápidos de los récords nacionales de México, aunque curiosamente estas marcas no aparecen en la lista de la página web de la Federación”.
Así, puso varios ejemplos:
El tiempo más rápido que podemos encontrar para cualquier nadador mexicano en los 50 metros libres es de 22” 77 de Antonio Cisneros en 2009. En esta prueba, Alejandro Escudero fue inscrito con 22” 24, tiempo que es .01 segundos más bajo que la marca A de la FINA. México tiene dos nadadores inscritos en esta prueba: el segundo es Lorenzo Loria, quien fue registrado con crono de 23” 62 que es más alto que la marca B. Para tener a dos nadadores en la misma prueba, ambos deben nadar por debajo de la marca A.
Sharo Rodríguez y Laura Arroyo fueron inscritas en los 100 metros mariposa con tiempos de 59” 12 y 59” 14, respectivamente. La marca A de la FINA es de 59” 16. En las eliminatorias nadaron en 1’ 02” 97 y 1’ 03” 18.
Sin embargo, en el Campeonato Nacional de México, Rodríguez nadó 1’ 02” 36 y Arroyo 1’ 02” 52, pero el récord de esa competencia reconocido por la FMN fue de 1’ 00” 16, es decir, un segundo más alto que la marca mínima de clasificación (59” 16).
Hasta ahora, el presidente de la FMN, Kiril Todorov, no ha respondido llamadas ni ha estado disponible para ofrecer personalmente una explicación de este escándalo que se destapó en plenas competencias en Kazán.
Este viernes 7, tres de los nadadores mexicanos que fueron inscritos con tiempos alterados ya no participaron en sus pruebas.
En los 100 metros mariposa, Daniel Ramírez sí compitió, pero Mateo González no. Ambos estaban inscritos con registros A. Ramírez reconoció que él sí tenía marca B, por lo cual sí pudo participar.
En los 50 metros estilo libre Alejandro Escudero –quien estaba registrado con marca A y medio segundo arriba del récord nacional– sí participó, pero finalizó en el lugar 45 con tiempo de 23” 38. Lorenzo Loria no compitió.
En la rama femenil Lourdes Villaseñor –quien fue registrada con tiempo de 2’12’20 en los 200 metros dorso– terminó en la posición 36 con 2’19”07.
Por su parte Andrea García, quien fue inscrita con marca A de 2’12”00, no nadó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Los 108 millones de pesos que costó la elección interna del PRD para elegir a los consejeros y renovar su dirigencia –organizada por primera vez por el INE– sirvieron para que Carlos Navarrete estuviera sólo diez meses al frente del perredismo nacional, debido a los magros resultados obtenidos en la elección del 7 de junio, principalmente en el Distrito Federal.
Después de que la agencia Apro difundió que se pediría la renuncia de Navarrete Ruiz en el Consejo Nacional del 7 y 8 de agosto, dos diarios de circulación nacional publicaron el borrador del texto que se repartirá entre los consejeros para luego someter esa decisión a votación, misma que se concretaría en el Congreso Nacional del 25 y 26 de septiembre próximos.
Tras la difusión de la información, este viernes 7 Navarrete admitió que dejará el cargo.
Así lo dijo: “Sí, sí lo estoy proponiendo. Es más, ya estoy haciendo una ruta, se las adelanto de una vez: estoy proponiendo que el relevo de la dirigencia sea acordado con preparación suficiente. ¿Qué traigo conmigo? La enorme satisfacción de haber servido estos meses. El honor de ser presidente nacional, que es el máximo honor que un presidente puede tener, mi aportación en los errores y aciertos obtenidos y en mi disposición a seguir trabajando con mi partido, como presidente y como militante, incluso”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
MÉXICO, D.F: Un futuro incómodo y peligroso. Un presente incierto y azaroso. Un país de intensas discusiones, amargos enfrentamientos, violencia en ascenso.
Como escribe Roger Bartra en La sombra del futuro, estamos inmersos en una transición que estimula la sensación de que vivimos al borde del ahogo, sumidos en una profunda crisis, y ante un mañana oscuro y amenazador.
La fuga del Chapo, la caída del peso, el incremento en la violencia, el creciente poder del crimen organizado, la penuria de los partidos, la actitud flemática del presidente. Ante eso se erige una izquierda caracterizada por un estatismo vagamente anticapitalista que intenta restablecer la tradición intervencionista y reguladora.
Y una derecha atrapada por los intereses de las élites, carente de imaginación e inteligencia, que encuentra la raíz de todos los males en una crisis moral. Es difícil imaginarse –entre estos dos polos– un final feliz.
Porque además están en el poder, en todos los partidos, los herederos del antiguo régimen autoritario. Helos ahí, incrustados en la vida política, dirigiendo los medios, al frente de las instituciones electorales, apoltronados en el Poder Judicial.
Donde el PRI todavía es visto como alternativa pragmática ante una derecha que no pudo con el poder y ante una izquierda demasiado dividida como para ejercerlo. Donde los intereses financieros y empresariales se aferraron al peñanietismo como una tabla de salvación que parece hundirse. En 2012 el PRI se presentó como el partido que había llegado a salvar al país de los corruptos y de los incompetentes. En 2105 el PRI demuestra ser ambas cosas a la vez. Y en medio de los tres partidos habita una fauna de políticos parasitarios cuyo oportunismo es superado sólo por su aferramiento al erario. Cada partido en su planeta diferente, con cada vez menos habitantes. Con su voto duro o comprado o coercionado, pero poco más.
“No toda la gente vive en el mismo ahora”, escribe Bartra citando a Bloch, y eso es lo que ocurre en nuestro país. La coexistencia de lo premoderno con lo moderno y lo posmoderno. Ayotzinapa y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y los Millennials. Chiapas con el Distrito Federal y Nuevo León. No todos se imaginan el mismo futuro. Unos apuestan a candidatos independientes, otros se ven obligados a resignarse ante el fraude electoral. México vive la fragmentación política, la amenazante simultaneidad de situaciones contradictorias y no contemporáneas. Y los partidos son emblemáticos de estas contradicciones, de este retraso. Se han convertido en un manojo de actitudes disparatadas. Son incongruentes internamente, llenos de enormes fisuras, incapaces de mantener posturas política, económica e ideológicamente coherentes ante la crisis del país.
Y el resto de las fuerzas políticas padecen esta misma falta de “contemporización”. Un priista corrupto de Veracruz no es contemporáneo de Javier Corral. Televisa no es contemporánea de Rompeviento TV, ni los líderes sindicales se parecen a los tecnócratas de Hacienda. Los líderes de la Coparmex no son contemporáneos de los maestros de la CNTE. Las voces modernizadoras en la izquierda no contemporizan ni con los dirigentes de sus propios partidos. Pero como bien argumenta Bartra, todos viven en el mismo barco, forman parte del mismo sistema. El problema es que con sus corrupciones, intransigencias e intolerancias están averiando la nave. Están provocando un naufragio. La nave no va.
El problema no es pedirles que pacten, negocien y lleguen a acuerdos. Ya lo hacen, pero esos consensos acaban trastocados por la corrupción. Lo fundamental entonces es exigirles que comprendan los códigos de nuestro tiempo. Que lean el momento histórico que les tocó vivir y en el cual se ha vuelto imperativo convivir, en vez de reciclar la vieja cartografía. Es imprescindible encerrar a los partidos en un circuito civilizador, y que la sociedad civil autónoma los empuje a ello. Se trata de civilizar a los partidos y de pluralizar a la sociedad civil. Para así combatir el retorno al populismo, y al nacionalismo nebulosamente revolucionario. Para así combatir la alternativa del combate a la inseguridad, mediante el despliegue de la fuerza, que sólo intensifica y normaliza la violencia. Para así desarrollar una izquierda que Bartra llama “cosmopolita”, capaz de retomar el tema de la igualdad en un contexto nacional y global.
Una izquierda que lidie con el fracaso de la Cruzada contra el Hambre y las cifras calamitosas sobre la concentración del ingreso reveladas por Gerardo Esquivel en su estudio para Oxfam. Una izquierda que pueda modernizar el sistema fiscal, dotar al Estado de recursos suficientes, implementar mecanismos de seguridad social que no frenen el crecimiento económico. Una izquierda abierta a nuevas ideas, nutrida por las ideas de ciudadanos del mundo, de aquellos que tienen propuestas diferentes y prácticas distintas. Bartra apela al libro de Kwame Anthony Appiah Cosmopolitanism para apoyar el surgimiento de una mentalidad mexicana que trascienda el nacionalismo autoritario y la cultura patriotera. Que nos ayude a mirar más allá de las malformaciones políticas que heredamos del siglo XX.
Esa trama cultural e institucional con decenios de existencia. Décadas de ventajas indebidas para licencias de construcción, décadas de Grupos como Higa y OHL, décadas de Casas Blancas. Cada semana un síntoma más de la putrefacción del sistema político, una señal más de la vieja “eficacia” que lubrica los usos y costumbres del poder en México. Y la sociedad se queja, se lamenta, pero sigue adicta –en gran medida– a las viejas estructuras. Por ello la nave hace agua y no hay propuestas claras para tapar los agujeros. Pululan las lamentaciones, las críticas, pero no una izquierda con la coherencia intelectual y propositiva como para ir más allá de ellas. Florecen ocurrencias minimalistas pero no posiciones vanguardistas de política pública. Eliminar el “Hoy no circula” los sábados o reducir el sueldo de los funcionarios políticos en el Distrito Federal no será suficiente para remediar el hundimiento de la nave. Como en la famosa anécdota del Titanic, la izquierda acomoda las sillas mientras el barco se sumerge. Lenta y dolorosamente.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DENISE DRESSER.
