La defensa de Elba Esther Gordillo asegura que es cuestión de minutos, horas y un par de días, para que ‘La Maestra’ obtenga la prisión domiciliaria; en entrevista, su abogado acusa que la PGR se ha valido de acciones ‘absurdas’ para prolongar el proceso de su cliente.
Las manecillas del reloj apuntan a que es cuestión de horas, para que Elba Esther Gordillo, otrora lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), obtenga la prisión domiciliaria y continúe su proceso penal fuera de la Torre Médica del Reclusorio Femenil de Tepepan, en el que ha estado recluida por casi 30 meses, acusada de los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.
“Sin duda alcanzará el beneficio de la prisión domiciliaria, que no es un derecho exclusivo de ella, sino de cualquier persona que reúna los requisitos para ello”, declaró su abogado, Marco Antonio del Toro Carazo, en entrevista con Reporte Indigo.
La semana pasada, el caso de Gordillo dio un vuelco inesperado, cuando el lunes 3 de agosto, el Consejo de la Judicatura Federal, anunció que ‘La Maestra’ se había desistido de los exámenes periciales, para comprobar su estado de salud, uno de los argumentos esgrimidos por su defensa para obtener la prisión domiciliaria.
Al día siguiente, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Radio Fórmula, Del Toro Carazo dijo que su cliente:
“Jurídicamente podría irse ya a su casa. Esto debe resolverse ya la próxima semana. Son tres días los que tiene que fijar el juez para la audiencia”.
Y en esa misma entrevista, el defensor insistió en el mal estado de salud de Gordillo, la cual ya había descrito a Reporte Indigo, en enero pasado.
El diagnóstico que detalló el abogado en ese diálogo no fue nada alentador para Elba Esther Gordillo: dos aneurismas, presión arterial con episodios de altas y bajas, y un solo riñón sano, que podría verse amenazado ante cualquier infección hospitalaria.
También resaltó las condiciones hospitalarias de la Torre Médica de Tepepan, en el sur de la Ciudad de México, en donde Elba Esther se ha encontrado internada desde marzo de 2013.
Tal infraestructura, dijo, no le permitía a la ex lideresa del SNTE, someterse a los rayos del sol, por lo que también le era indispensable el suministro de vitamina D, que el propio cuerpo produce cuando se expone a la luz solar.
“Consume vitamina D como un paliativo, pero ella presenta una serie de dificultades, tiene ahora dos aneurismas; cuando entró tenía uno nada más y ese creció de manera importante. Un aneurisma puede provocar una hemorragia cerebral, lo cual es peligroso pues ella presenta muchas altas y bajas de presión arterial”, fueron sus palabras en esa entrevista.
Ante los micrófonos de Radio Fórmula, Marco del Toro también dijo la semana anterior, que el desistimiento a las pruebas periciales, fue para evitar que el juez prolongara la resolución del caso.
Así, la defensa encabezada por Marco Del Toro solicitó a Alejandro Caballero Vertiz, juez sexto de Distrito con sede en el Reclusorio Oriente del Distrito Federal, otorgue a ‘La Maestra’, el beneficio de la prisión domiciliaria, pues reúne el principal requisito en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal: tener 70 años de edad.
Dos escenarios
El abogado de Elba Esther Gordillo relató el viernes pasado a Reporte Indigo, que en esta misma semana, el caso de la ex lideresa del SNTE podrá definirse en dos escenarios.
El primero tiene sus raíces en el artículo 55 del Código Penal Federal, que establece que para acceder a la prisión domiciliaria, una persona acusada deber tener como mínimo 70 años de edad, que no represente un riesgo de fuga, y que no esté señalada de secuestro.
El mismo artículo señala en otro de sus párrafos, que una persona condenada puede cambiar a otra medida, cuando está en una situación senil.
Pero más allá del citado artículo, la defensa de Gordilla ha apelado a los tratados internacionales en la materia, firmados por México.
“La Maestra tiene problemas de salud, aumentados por la edad; tiene enfermedadaes crónico-degenerativas y sostenemos que el trato en un hospital carcelario, o en el que estuviera, no es el más apropiado. Ninguna persona puede pasar más de dos años en un cuarto hospitalario con enfermedades que afectan su salud”, dijo Del Toro.
Y añadió: “el ambiente hospitalario es dañino, y por eso nos desistimos de los peritos, porque eso no abona a la salud de la maestra, que requiere ya, urgentemente, una atención médica; me parece inhumano que se encuentre en esa circunstancia”.
El segundo escenario, de acuerdo con el abogado, se definiría el día 13 de agosto, cuando se resuelve en torno al desistimiento o bien, se resuelva el incidente.
“Sería lo más razonable. Eso no significa que ella quede libre, sino que va a enfrentar sus procesos, que desde luego, consideramos que están sustentados sobre las rodillas”, añadió.
Una prolongación absurda: abogado
A decir de Marco del Toro, tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como el sistema judicial en México, han alargado de forma “absurda” el caso de Elba Esther Gordillo.
En más de dos años y medio, narró, las autoridades han diferido audiencias en por lo menos una docena de veces.
“Se han tardado mucho más de lo que debería ser, a propósito de una serie de cuestiones que parecen ser del México que queremos dejar atrás, como el hecho de que peritos digan que tienen esguinces y no pueden ir.
“Son una cantidad de pretextos absurdos que han motivado diferimientos innecesarios, y a modo de ver de un litigio desleal de parte de la PGR. Hay que partir de la base que, cuando una parte procesal, actúa difiriendo las cosas, sabe que va a perder. Si sabe que va a ganar, lo agilizas”, aseguró.
Algunos peritos, en una ocasión, dijeron que no podían asistir porque tenían una diligencia ya con antelación en Tamaulipas, lo cual no ocurrió, dijo el abogado.
A todo eso se suma el que las audiencias han sido cerradas a la prensa, por lo que la defensa de Gordillo ha solicitado ya que las siguientes sean abiertas, como lo marca la Ley.
“Solicitamos eso y ya lo obtuvimos, porque en algunas audiencias entraba algún medio de comunicación y llegaban policías a sacarlos. Nosotros los invitamos, son más que bienvenidos a las audiencias, y así se podrán dar cuenta si existen o no, solidez en las acusaciones hacia la Maestra Gordillo”, concluyó Del Toro.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MAURICIO FERREER.
La petrolera invierte millones de pesos en producciones para difundir la cultura de la prevención. Sin embargo, el primer trimestre de este año los accidentes han aumentado casi 40 por ciento. ¿Será hora de cambiar de guión?
Desde el 2009 Pemex ha producido 18 películas de 45 minutos cada una, con la empresa Cinetransformer.
Las producciones, que incluyen actores de renombre como Fernando Ciangherotti, Andrés García, Sergio Meyer, Julio Camejo, Alejandro Camacho, Liz Vega, Rosa Gloria Chagoyán y Perla Encinas, tienen como objetivo concientizar al personal sobre temas de prevención de accidentes, salud y robo de combustibles.
Para eso, la productora ha cobrado un estimado de 556 millones 830 mil 022 pesos, bajo el esquema de adjudicación directa a la empresa Cinetransformer S.A de C.V.
Documentos en poder de Reporte Indigo revelan que la dependencia federal pagó ese monto bajo el concepto de campañas de difusión para fortalecimiento de seguridad en Pemex.
Sin embargo, ese gasto millonario no ha tenido el éxito esperado y contrasta con el aumento en el índice de percances en 2015.
Cifras oficiales de Pemex Exploración y Producción (PEP) revelan que en el primer trimestre de este año hay un incremento de 30.9 por ciento de accidentes, con respecto al mismo periodo de 2014.
Es decir, en 2015 ocurrieron 53 accidentes laborales, mientras en 2014 se reportaron 37 percances.
Esto, a pesar de que las películas han sido vistas por más de 850 mil personas en centros locales y ferias a través de tráileres que han sido adaptados como salas de cine.
Y aunque Pemex ha dicho que en 2014 registró “el menor índice de accidentabilidad de su historia, con una tasa de 0.38 accidentes graves por millón de horas hombre laboradas, por abajo del promedio internacional de las empresas petroleras”, la diputada Lilia Aguilar Gil asegura que las cifras están maquilladas.
La legisladora afirma que lo que hace la petrolera es cambiar el formato en el que se presentan las cifras.
“Lo están dividiendo para que por día se presenten un menor número, es decir, están cambiando el formato de medición, el cual sé que mantiene los estándares internacionales, sí, pero esta presentado de manera diferente.
“Están tratando de engañar al sistema para justificar el gasto de 564 millones de pesos que no tiene justificación, además de evidenciar que no tienen un verdadero programa de capacitación para evitar los siniestros y los accidentes”, explicó la legisladora.
Sin embargo, las cifras en 2015 también representa un 32 por ciento mayor al valor de 0.40 registrado como estándar internacional de la OGP (Oil & Gas Producers).
Información oficial de PEP explica que se registró un promedio anual de 153 accidentes entre 2007 y 2013, con un saldo de 123 trabajadores lesionados por año, de los cuales 21 fallecieron.
Según el informe, la mayor recurrencia de accidentes en exploración y producción se da en las actividades de perforación y por golpes de embarcaciones contra plataformas petroleras marinas.
En estos años, en total se registraron 149 fatalidades como consecuencia de un accidente de trabajo, lo que representa un promedio de 21 decesos al año.
Crítica de cine
Para Lilia Aguilar Gil, diputada federal de Partido del Trabajo (PT), la contratación que hizo Pemex de la empresa Cinetransformer S.A de C.V. para la realización de películas de concientización es poco transparente.
“Es claramente una contratación oscura y poco transparente. En realidad, es un producto vendido a sobreprecio y por el que pagan 564 millones de pesos, y que en contraste con el alto precio no tiene ningún sistema de evaluación de impacto.
“Y no se sabe cómo va a beneficiar a los empleados de Pemex y que desde fuera se ve como si fuese un simple negocio, tal como ha sucedido con Oceanografía, con OHL o con muchos otros contratos oscuros que ha hecho ya PEMEX en esta administración”, dijo la legisladora.
Aguilar Gil consideró que el director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, tendrá que rendir un informe a la Comisión Permanente sobre este gasto inexplicable de prevención.
“Necesitamos que el director de Pemex le informe a la Comisión Permanente del Congreso, con base a qué se hizo este gasto de 564 millones de pesos, cuáles son los sistemas de evaluación, impacto y eficiencia para evitar accidentes.
“Porque hacer una inversión de este tamaño, cómo se dio el proceso de licitación para contratar a la empresa que hizo las películas, bajo qué lógica sociológica y científica se tomó la decisión de que estas películas podrían ser la solución a los problemas de accidentes que tiene Pemex”, dijo.
El costo del cine no implica solamente la producción de las películas, ya que más de 60 por ciento del total corresponde al uso de tráileres, de 17 metros de largo cada uno, los cuales se trasladan hacia los diversos centros de trabajo en el país.
La legisladora agregó que la empresa paraestatal intenta disfrazar las cifras de accidentes para engañar a organismos internacionales.
“No olvidemos que Pemex es una de las empresas que presenta mayor número de accidentes y de siniestros en Latinoamérica y que han querido, bajo el escándalo de estas películas, disfrazar los sistemas de medición.
“Para engañar a los organismos internacionales sobre cómo se presenta el número de accidentes en Pemex, en lugar de tener un programa real de capacitación para evitar accidentes y siniestros”, sostuvo la diputada.
El robo, sigue
Apesar de que las producciones que realiza la empresa Cinetransformer S.A de C.V. a los trabajadores de Pemex buscan crear un impacto y alertar sobre el robo de combustible, la petrolera anunció pérdidas millonarias por la extracción del hidrocarburo por tomas clandestinas.
Según la empresa por este problema se tuvieron pérdidas por 15 mil 300 millones de pesos, así lo informó el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.
La paraestatal se estima que se ha sustraído de manera clandestina 7.5 millones de barriles de septiembre de 2013 a agosto de 2014.
“Sin duda se ha invertido una cantidad importante en sistemas de detección de fugas y perforaciones ilegales, pero se trata de un total de 15 mil 300 millones de pesos, eso es lo que le roban al Estado”, reportó el director general de Pemex, Emilio Lozoya a El Financiero.
Tan solo en la refinería de Cadereyta, en Nuevo León, las pérdidas fueron superiores a los 150 millones de pesos.
Y este problema preocupa de manera alarmante a Pemex. En el 2012 se reportaron cerca de mil 635 tomas clandestina; en el 2013, 2 mil 612, y en el periodo 2014, 2 mil 481.
Es por eso, que la paraestatal anunció más acciones interinstitucionales para el abatimiento de la sustracción y del mercado ilícito de combustibles.
Estableció convenios de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina para dar seguridad a las instalaciones y ductos de Petróleos Mexicanos.
Zona de tragedias
En lo que va de este año, la plataforma petrolera de la Sonda de Campeche ha sido la más azotada por los accidentes. Quizá el de mayor conmoción cimbró a los mexicanos fue la ocurrida el pasado 1 de abril en la plataforma Abkatún-Alfa en este estado.
Por la madrugada de ese día, un incendio dejó a su paso cuatro muertos, 45 heridos, tres desaparecidos, la evacuación de 300 trabajadores y la pérdida económica de 825 millones de pesos.
Las personas lesionadas fueron trasladadas vía a área a diferentes hospitales de Campeche.
Unos ochos barcos contra incendios llegaron a la plataforma para sofocar las llamas, que acabaron por fundir la estructura metálica a consecuencia de la alta temperatura registrada por el siniestro. La plataforma colapsó.
Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos, detalló que el incendio de la plataforma Abkatún-Alfa pudo haber sucedido debido a una falla mecánica y reconoció derrame de crudo en la Sonda de Campeche.
Lozoya Austin aseguró que este siniestro tendría una repercusión mínima en la producción del hidrocarburo.
Y los accidentes en Pemex continuaron.
En mayo, cientos de trabajadores de Pemex vivieron momentos de pánico en la plataforma Troll Solution.
Un semihundimiento en el andamiaje en el complejo de la Sonda de Campeche, dejó como saldo dos muertos y 101 trabajadores desalojados.
Las investigaciones del siniestro arrojaron que la plataforma se hundió debido a que colapsó una pierna de la estructura.
Al momento del accidente había 101 personas trabajando, 3 de ellas personal de Pemex y 98 más de otras compañías, quienes fueron evacuadas.
Las embarcaciones Doña Diana, Aries y Cao Bill III trasladaron a los trabajadores a un lugar seguro, pues estuvieron en peligro de ahogarse.
Se informó que el accidente no afectó la producción por tratarse de una plataforma móvil dedicada al mantenimiento a pozos, reportó el Financiero.
El pasado 22 de junio ocurrió otro incendio por una fuga de gas y aceite en la plataforma Akal-H, que causó una pérdida de 15 mil barriles de petróleo en la Sonda de Campeche
En este hecho no se reportaron trabajadores fallecidos ni lesionados.
Pemex informó que al lugar del accidente se trabajó con cuatro embarcaciones contra incendio, con las cuales se sofocó el fuego de manera inmediata.
Y la empresa minimizó este percance, pues aseguró que sólo afectó temporalmente la producción de hidrocarburos. Y es que de acuerdo con Pemex, la plataforma Akal H es una instalación deshabitada que opera de manera automática.
El 2012 es el año con más muertes
El accidente que ocurrió en la planta de gas de Pemex Exploración y Producción (PEP) ubicada a 19 kilómetros de la citada entidad fronteriza, en la Central de Medición en Reynosa, Tamaulipas, fue uno de los más trágicos.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que en total fallecieron 30 trabajadores de la empresa federal, de las cuales a siete se le tuvieron que realizar las pruebas de ADN debido al grado de carbonización con que resultaron.
Cifras oficiales de Pemex revelan que con estos 30 fallecimientos en 2012, representó un incremento de más del triple en comparación con los ocurrido en 2011 cuando Pemex reportó sólo 8 fallecimientos.
Otra cifra alta de decesos ocurrió en 2007, pues se reportaron 21 muertes por accidente laboral, mientras en 2009 se reportaron sólo cinco; en 2013 sólo fueron cuatro y 2008 sólo uno.
En cuanto a accidentes laborales, en estos años anteriores, Pemex ha tenido altibajos.
Por ejemplo, en 2013 fueron 148, en 2012 ocurrieron 168, para 2011 sumaron 125; en 2010 llegaron al máximo de 174, en 2009 fueron 172; en 2008 se registraron 143 y en 2007 llegaron a 147.
En estos siete años, los accidentes sumaron en total mil 077, lo que da un promedio de 153 por año.
El informe de Pemex sólo destaca como eventos graves 10 de los 148 accidentes ocurridos en 2013 y 7 de los 168 registrados en 2012.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA.
MÉXICO, D.F: La Comisión de Quejas y Denuncias del INE rechazó la solicitud de pérdida de registro del PVEM como partido político por presuntas irregularidades cometidas en el marco del proceso electoral federal del 7 de junio pasado.
“No ha lugar a la cancelación o pérdida de registro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en términos y por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución”, estableció el proyecto aprobado por dos votos en favor y uno en contra en el que se expone:
“Dichas conductas, en su conjunto, no son de la entidad suficiente para provocar la pérdida de su registro, habida cuenta que, cada una de ellas, fue reprimida y sancionada, a través de los canales y vías jurídicas que se ha dado el estado mexicano para garantizar el cumplimiento, respeto y observancia de las reglas del juego democrático, lo que lleva a determinar que la pérdida de su registro constituiría una pena desmedida y desproporcionada”.
A la sesión en la sede central del Instituto Nacional Electoral (INE), destacó Notimex, acudieron la consejera y presidenta Adriana Margarita Favela Herrera, Beatriz Eugenia Galindo Centeno y José Roberto Ruiz Saldaña, con voz y voto, así como otros consejeros electorales con voz pero sin voto como Pamela San Martín.
El proyecto de acuerdo elaborado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTC) se da luego de la petición que el 29 de abril presentaron el académico Sergio Aguayo y Alfredo Figueroa, quien fungió como consejero en lo que era el Instituto Federal Electoral (IFE) respecto de la pérdida de registro del PVEM.
En la solicitud respaldada por 140 mil firmas se planteaba que las multas impuestas a esa fuerza política son insuficientes e ineficaces ante una conducta reiterada de violación a la ley electoral.
En opinión de los solicitantes, “la única sanción viable de las violaciones cometidas a la ley por el PVEM es que se le cancele el registro como partido político nacional”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Desde hace dos años, cuando la empresa mexicana Chedraui aumentó considerablemente su participación accionaria en la cadena estadunidense de autoservicios El Super, en ésta se presentan problemas que afectan a sus trabajadores: despidos injustificados, menos horas de trabajo y cada vez peor pagadas, retiro de algunas prestaciones y hostigamiento a quienes se atreven a protestar… Muchos casos se han dirimido ya en las cortes; aun así las irregularidades persisten. La forma de lucha de los empleados de estas tiendas es inusual, pero ya está en marcha: un boicot contra su propio centro de trabajo.
Los Ángeles, Cal: Rafael Castro habla pausadamente, pero en su voz se percibe una mezcla de molestia e indignación. Durante 10 años fue gerente de una sucursal de El Super, una de las cadenas de supermercados latinos más grandes en Estados Unidos. Tras casi una década de supervisar cajeras y atender clientes, el 13 de marzo de 2013 fue despedido. El corte de caja mostró un faltante de cinco dólares. Lo acusaron de mal manejo de fondos.
Este despido se suma a varios casos similares entre trabajadores de El Super a partir de 2013, cuando la mexicana Chedraui decidió aumentar su inversión en aquella cadena, que tiene 50 establecimientos en California, Arizona y Nevada y emplea a más de 5 mil personas.
Cada año la cadena de El Super reporta ingresos por mil 200 millones de dólares, según la revista especializada Supermarket News.
Aunque los supermercados operan en Estados Unidos bajo el registro de Corporación Bodega Latina, esta razón social es propiedad de la tercera empresa de tiendas de autoservicio más grande de México: Grupo Comercial Chedraui.
Chedraui opera 216 tiendas en México, surtidas por cinco centros de distribución. Las operaciones de El Super generan 22% de los ingresos netos de Chedraui, que en 2013 obtuvo ganancias por 131 millones de dólares, un incremento de 6.5% en relación con 2012. Por lo que toca a sus ingresos (es decir el total de las ventas), la cifra ascendió a 5 mil millones de dólares en 2013, 3.8% más que en 2012.
Tras su despido, Castro inició una querella ante las autoridades laborales, las cuales fallaron a su favor el 28 de mayo de 2015 y determinaron que su despido fue injustificado.
Este fallo se suma a una serie de irregularidades detectadas por la propia autoridad laboral durante los últimos meses: a partir del vencimiento del último contrato colectivo de sus trabajadores, El Super ha debido enfrentar procesos legales ante las autoridades de trabajo a nivel estatal en California, y a nivel federal, así como un boicot convocado por los empleados, que comenzó a principios de 2015 y aún está en marcha.
Violaciones laborales
En 1995 se formó en Estados Unidos la Corporación Bodega Latina (BLC). Los fundadores fueron Mark N. Schwartz y Carlos A. Smith, actual presidente de la empresa, con una inversión inicial de Chedraui.
Se decidió entonces adoptar para la cadena el nombre comercial de El Super. En 2004, Chedraui incrementó su inversión en BLC a 66.2%, y para 2014 ya poseía 83.36%. El Super había pasado de siete a 50 tiendas en Estados Unidos, crecimiento que en su mayoría se alimentó de la adquisición de compañías rivales más pequeñas, incluido Gigante USA.
El conflicto legal entre los trabajadores de El Super y la empresa tiene su origen en el proceso de negociación de un nuevo contrato colectivo entre mayo y septiembre de 2013. El Sindicato de Trabajadores Unidos del Sector Comercial y de Alimentos del Sur de California (UFCW) representa a cerca de 600 trabajadores de El Super en siete establecimientos. Son trabajadores de un rango salarial bajo, predominantemente latinos, y la mayoría de ellos migrantes.
Tras la expiración del contrato vigente hasta el 27 de septiembre de 2013, y tras el fracaso de las negociaciones entre las partes, en mayo de 2014 la empresa ofreció un contrato que los trabajadores decidieron no aceptar por no apegarse a sus demandas: salarios dignos, respeto en el trabajo, derechos de antigüedad, acceso a beneficios de salud, días de enfermedad pagados y una garantía de 40 horas de trabajo por semana. Actualmente los trabajadores sólo reciben una asignación de 32 horas por semana y los salarios se tasan por hora trabajada.
Luz Amparo García es una de las trabajadoras que apoya el boicot. Durante seis años ha visto pasar miles de productos y alimentos por las cajas de cobro de la sucursal 16 de El Super, donde es cajera. Sin embargo, su salario no le alcanza para que haya suficiente comida en su mesa.
Originaria de Medellín, Colombia, Luz, de 54 años, llegó a Estados Unidos en 2001 y desde entonces trabaja para enviar dinero a su madre y a sus hermanos. “Empecé con un salario de nueve dólares por hora; llevo seis años trabajando y mi salario es de 12.80 dólares, pero se ha quedado estancado; con los aumentos que indicaba el contrato ya debería de ir en 15 dólares. Y con la pérdida de los beneficios que teníamos hace dos años, mi nivel de vida se ha deteriorado”.
Luz es una de las empleadas que sólo trabaja 32 horas a la semana; en ocasiones el monto se reduce a 28 horas. “Imagínese, gano 300 dólares a la semana y pago 750 dólares de renta al mes por un garaje adaptado como vivienda. Tengo que compartir el espacio con una compañera de Nicaragua”, relata.
Hay días en los que de plano el dinero no le alcanza. Entonces acude a una iglesia cercana, que ofrece víveres a personas necesitadas. “Imagínese, mandar el dinero de las medicinas de mi madre, pagar mis cuentas, el agua, el teléfono, el carro y el costo de cuando me enfermo. Una de las cosas que estamos peleando es que nos den un seguro de salud que podamos pagar. Y que nos muestren nuestros ingresos por horas extra; desde 2012 no aparece esa cuenta en nuestro talón de cheque”.
Cuando vieron que en la oferta de contrato colectivo de 2014 la empresa no cumplía con sus demandas básicas, los trabajadores llamaron a votación, rechazaron la oferta y autorizaron una huelga, en tanto que el UFCW presentaba cargos contra El Super por prácticas laborales injustas.
“Los empleados trabajaron con un contrato vencido durante el periodo de negociación; cuando llegó el momento de votar, que ganó el ‘no’ e iniciaron la preparación de la huelga, Carlos Smith empezó a tener juntas a puerta cerrada con los trabajadores”, explica Rigoberto Valdez, vicepresidente de la Local 770 del UFCW. “El objetivo era lanzar una campaña de intimidación. Cuando entraban los trabajadores, les quitaban los celulares para que nadie grabara o tomara fotos. Entonces insultaban a los líderes sindicales, los ridiculizaban y ejercían presión para que los trabajadores se salieran del sindicato”.
El UFCW agrupa a varias de las cadenas de supermercados que operan en Estados Unidos. De acuerdo con los tabuladores de la industria manejados por el sindicato, El Super es uno de los empleadores con condiciones laborales más injustas. Un ejemplo: en la cadena Food for Less, principal competencia de El Super, un cajero puede ganar hasta 17.55 dólares por hora. Un empleado de El Super con el mismo nivel y experiencia percibe 12.86 dólares por hora. En algunos supermercados mejor pagados, como la cadena Ralphs, el mismo trabajador puede ganar hasta 22.85 dólares por hora; casi el doble que uno de El Super.
La herencia de César Chávez
El 20 de diciembre de 2014 las federaciones del trabajo del estado de California y del condado de Los Ángeles dieron su apoyo al boicot como medida de presión. Dos días después, cuatro organizaciones comunitarias crearon un grupo llamado Coalición por un mejor El Super y exigieron a las autoridades de salud del condado una investigación a la cadena. Desde febrero de 2014 las inspecciones realizadas a las tiendas de los condados de Los Ángeles, San Bernardino y Orange han documentado 679 violaciones a las normas de salud ambiental.
En los meses posteriores, más de 300 organizaciones comunitarias, laborales, religiosas y concejos vecinales o de desarrollo de Los Ángeles se han sumado al boicot. En marzo, Dolores Huerta, la mítica líder sindical que junto con César Chávez impulsó el boicot a la producción de uva para lograr mejores condiciones de trabajo para los campesinos, también expresó su apoyo.
“La táctica del boicot la tomamos siguiendo el ejemplo de los trabajadores de la agricultura en los sesenta y setenta con Dolores Huerta y César Chávez”, explica Valdez. “A diferencia de la huelga, en el boicot se le pide al consumidor que no compre el producto, pero los trabajadores siguen trabajando, haciendo un sacrificio; les cortan horas de trabajo para compensar las pérdidas. Nosotros no podemos parar sin cobrar durante meses, pero pedimos a la comunidad que se sume a la denuncia: en esta tienda tratan a los empleados mal y no les importan nuestras comunidades en Estados Unidos, se llevan todas las ganancias a México”.
Mientras el caso legal avanza, los trabajadores de El Super ya suman algunas batallas ganadas en esta larga guerra. Las autoridades laborales ya han reconocido que la cadena incumplió su obligación legal de regresar a la mesa de negociaciones. Se han aceptado las denuncias de violación de los derechos de los trabajadores contra la directiva de la cadena por prácticas de intimidación, que van desde las juntas con trabajadores convocadas por Smith, hasta los despidos en cada tienda cuando los trabajadores lideran la organización de sus compañeros. Y en sus días de descanso, los trabajadores se manifiestan afuera de las tiendas.
La empresa, en tanto, está en un proceso de apelación ante las juntas laborales; a través de comunicados, ha justificado su retiro de las negociaciones debido a que éstas llegaron a un punto muerto, y ha negado las acusaciones de mal manejo de alimentos. Proceso buscó una declaración directa de Frank Aguirre, gerente de relaciones comunitarias de El Super, sin que al cierre de esta edición se hubiera obtenido una respuesta.
“El Super sirve a la comunidad de origen mexicano”, explica Valdez. “Chedraui vino a Estados Unidos a bajar el estándar de los trabajadores de esta industria, tal vez porque sus trabajadores son en su mayoría inmigrantes y no siempre conocen sus derechos, o tienen miedo. Pero con la campaña que hemos hecho estos dos años, mucha gente ha perdido ese miedo y levantado la voz, aún a costa de su vida personal. La gente que viene a Estados Unidos sacrifica muchas cosas para obtener una vida mejor. Que una empresa como Chedraui no sea lo que lo impida”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EILEEN TRUAX.
TOLUCA, Edomex: “Fueron siete días de infierno”, admitió Oscar Álvaro Montes de Oca, estudiante de la UAEM, al resumir su detención por una maleta con droga que le fue “sembrada” y su remisión al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Ya sin la cabellera y la barba con que aparece en las imágenes que sirvieron durante la campaña por conseguir justicia, Oscar denunció que el sistema de justicia en el país “criminaliza” a la sociedad.
“Nunca hubo una agresión física hacia mi persona; sin embargo, se vulneró un derecho que considero fundamental, constitucional, que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario”, acusó.
En todas las instituciones por las que pasó, la SEIDO y el penal federal número 4, “sucedió exactamente lo contario, se me consideró culpable y yo tenía que demostrar mi inocencia”.
El licenciado en sociología indicó que su experiencia confirma violencia estructural del sistema de justicia mexicano.
“No necesariamente tienes que sufrir una agresión física por parte de guardias ni de custodios para que sea violencia, ésta se expresa de muchas maneras, desde el hecho de mantenerte aislado, separado, en un cuarto frío, con cobijas que huelen a orines y comida echada a perder”, describió.
Por eso, adelantó que la movilización social generada por su caso debe aprovecharse a favor de quienes han sido detenidos y remitidos de manera injusta a los penales:
“De esto va a resultar algo, es importante que no le vuelva a pasar a nadie. Todos somos susceptibles a padecer algo así. Deseo que todas las personas que estén pasando o vayan a pasar por eso tengan la familia, los amigos y compañeros que yo tengo, gracias a ellos el infierno no duró más de siete días”, alertó.
Por ahora, se dijo con mucho coraje y enojo, pero consciente de la necesidad de encaminar estas emociones de una manera justa.
“Cuando uno vive una experiencia así, no puede salir debilitado. Adentro de un reclusorio la gente débil no sobrevive, aprendí a ser fuerte y muy contundente, y ahora son más las ganas de vivir”, compartió.
Los planes de Álvaro Montes de Oca son la maestría y el doctorado para luego convertirse en investigador y profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
“Es mi sueño, y eso no va a afectar el movimiento, tengo el compromiso con todas las personas que están sufriendo lo mismo”, aclaró.
No obstante, antes de tomar la decisión de contrademandar, de solicitar la reparación del daño y decidir alguna estrategia de lucha, el universitario consideró prioritario estabilizarse emocionalmente.
“No estoy bien emocionalmente, psicológicamente ni tampoco físicamente… estoy teniendo problemas para hilar las respuestas. Gran parte de mí se quedó allá dentro todavía. Una parte de mí está dentro de esa celda, siento que estoy aquí en cuerpo, pero muchas ideas y muchas cosas se quedaron allá adentro con compañeros, con historias que son difíciles de escuchar, asimilar, y cada vez que las recuerdo, regreso a ese lugar”, indicó.
“Es difícil vivir esta experiencia y ahora estar hablando de ella, (apenas) ayer estaba encerrado con todo tipo de criminales, de los cuales me tuve que hacer su amigo, tuve que encontrar el lado noble, el trato como personas de cada uno de ellos para poder sobrevivir; entendí que yo no podía ser una persona que juzgara si ellos eran criminales o no, eso le correspondía a otros. Para mí eran mis aliados, muchos de ellos mis amigos, muchos otros mis enemigos”, expuso.
El graduado con honores de la UAEM consideró inenarrable “el infierno” que vivió, (pero) “agradezco que me tocara a mí con una familia que sabía que jamás se iba a rendir… y un millón de hermanos, amigos que sé que darían la vida por mí”.
“Cuando estaba adentro y me contaban de la sentencia y de las personas que estaba rodeado, lo que me mantuvo en pie fue el comentario de un compañero, reo del mismo módulo, que me dijo: ´Escuché a tu papá en la radio, dicen que allá fuera la gente se está moviendo y te van a sacar´”, narró Oscar, ya en libertad, mientras las palabras se le anudaban y hacía lo posible por contener las lágrimas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
A sus 41 años Javier Duarte de Ochoa carga con el estigma de ser el Gobernador que encabeza el estado más peligroso para el ejercicio de la prensa libre. Lo es; no ha sido de gratis. En distintas circunstancias 15 periodistas que desarrollaban su labora de informar y reportar a partir de textos e imágenes en Veracruz, han sido asesinados, otros desaparecidos, dentro o fuera del territorio estatal.
Priísta, ambicioso y ejerciendo a hierro el oficio político en el nuevo esplendor del tricolor, Duarte de Ochoa tenía apenas 37 años cuando tomó posesión del cargo en el que –se ve desde fuera- se ha engolosinado hasta la saciedad. No le gusta la crítica. Periodistas de aquel estado y defensores de la libertad de expresión han documentado la estrategia para denostar a sus críticos o, en muchos y fatales casos, deshacerse de ellos.
Sin embargo Javier Duarte de Ochoa no ha sido tocado con hoja alguna de la Ley. No es sospechoso, no se le ha llamado a dar cuentas, él y su gobierno encabezan las investigaciones que terminan por asegurar que las muertes, en la mayoría de los casos, ocurrieron en circunstancias distintas al ejercicio del periodismo.
Hay casos que inevitablemente apuntan, al menos en la voz popular y en el análisis social, a la represión de la libertad de prensa. Habrá otros donde ciertamente las líneas de investigación anotan a otras circunstancias. Por ello la necesidad de acabar en este País y en este Gobierno con la impunidad que le aleja toda credibilidad y confianza a las instituciones.
En este caso, el Comité para la Protección a los Periodistas con sede en los Estados Unidos, reportó hace unos días que, en efecto, “Veracruz es uno de los estados más peligrosos para la prensa en México, según la investigación del CPJ”. Dio cifras:
Cuatro periodistas han caído en represalia directa por su labor desde 2011.
Siete fueron asesinados bajo circunstancias poco claras.
Tres periodistas –al menos- han desaparecido.
La mayoría de los asesinatos de periodistas en Veracruz o con referencia a Veracruz, han sido ultimados con una saña impresionante. Torturados, mutilados, vejados y exhibidos sus cuerpos. Al estilo del narcotráfico que, vaya, en Veracruz no es problema de primer nivel. La impunidad a los cárteles de la droga y a los criminales organizados, únicamente la puede proveer el Estado Mexicano en una entidad Federativa al igual que en la República Mexicana, representado por los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
La unión de un representante del Estado con el crimen ha dejado fatales consecuencias para la sociedad mexicana. En sus explicaciones vedadas, la Procuraduría General de la República confirmó que la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, era producto precisamente de esa fatídica unión. Un alcalde y un cártel del narcotráfico. Hoy día, el alcalde, su esposa y miembros menores de la organización criminal de “Los Rojos”, permanecen en prisión. La investigación no ha sido concluida para –como les gusta decir a los políticos en el gobierno- “llegar hasta las últimas consecuencias”.
En esas condiciones, resalta el hecho que la presidencia de Enrique Peña Nieto no ha entrado a la defensa del Estado de Derecho en Veracruz, particularmente en el ejercicio del periodismo. A excepción de unas tardías y leves condolencias por el crimen de Rubén Espinoza por parte de la Procuradora General de la República, Arely Gómez, no ha habido más. Ni respuesta a una investigación científica sin denostar a las víctimas, el fotógrafo y cuatro mujeres que fueron atacadas de manera salvaje, ni respuesta a la petición constante en territorio mexicano y en el extranjero, para que los crímenes contra periodistas sean atraídos por la PGR, para sacarlos de un entorno de complicidad e impunidad como el que se puede dar si la investigación la hacen en el lugar de origen o en la casa de los –socialmente- sospechosos.
A Javier Duarte de Ochoa, más allá de la crítica ciudadana, de la prensa libre e independiente, y de alguna parte de la oposición mexicana, no hay autoridad que lo señale por encabezar el Estado que de acuerdo al CPJ, a Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 –por mencionar algunas organizaciones de defensa y protección de los periodistas- es el más peligroso para el ejercicio del periodismo.
Otro hecho se recuerda. Era enero de 2012 y la campaña por la Presidencia de la República estaba por iniciar. Enrique Peña Nieto se vislumbraba ya como el candidato que sería; entonces 25 millones de pesos en efectivo fueron decomisados por la PGR –por aquellas fechas encabezada por el Gobierno panista de Felipe Calderón-. El dinero procedía de Veracruz. Pertenecía al Gobierno del Estado de Javier Duarte de Ochoa, que a diferencia de empresas, compañías y mexicanos responsables en términos fiscales, gastaba en efectivo y no en cheques o transferencias como marca la Ley.
Los líderes del PAN y del PRD, entonces Gustavo Madero y Jesús Zambrano, acusaron lo mismo: Suponían que ese dinero era producto del desvío de fondos del Gobierno de Veracruz, encabezado por Javier Duarte, para entregarlo a la campaña del precandidato Enrique Peña Nieto. Los dos políticos exigieron investigaciones que no darían resultado, pues los encargados de indagar, dieron por válida la defensa del Gobierno de Veracruz que señalaba que las pacas de billetes eran para pagar la producción de tres festividades regionales en aquel Estado. Meses después, la PGR entregaría –incluyendo intereses- los 25 millones de pesos al Gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
El después candidato del PRI y hoy Presidente de la República, no dijo algo al respecto, como tampoco ha actuado para esclarecer porqué Veracruz es el Estado donde más periodistas han sido asesinados o desaparecidos.
En este clima de impunidad criminal, política y financiera, ocurre ahora el asesinato de Rubén Espinosa. Carlos Lauría, del CPJ, exigió: “Rubén Espinosa huyó luego de haber sido amenazado en una de los estados más letales para periodistas en la región y fue asesinado seis semanas después en un lugar antes considerado como un refugio seguro en el país”… Ya es hora de que las autoridades federales y locales adopten las medidas necesarias para combatir la grave crisis de libertad de prensa en específico, y de expresión de ideas en general, que sufre un México que pierde así el sueño de la democracia. Esto significa investigar en profundidad el asesinato de Espinosa y todos sus posibles motivos, como en particular que pudiera haber sido asesinado en represalia por su trabajo”.
Las amenazas y las intimidaciones que había recibido Espinoza no eran desconocidas para las organizaciones de defensa y protección de los periodistas, tampoco para organismos de Derechos Humanos o el propio Gobierno. Su caso, había sido público. Lo querían intimidar, le querían hacer daño. Finalmente lo mataron. A más de 72 horas del crimen –las cruciales para desentrañar la investigación- la autoridad del Distrito Federal no ha presentado pruebas o avances de la investigación que sugieran un caso apegado o no al ataque del periodista y a quienes acompañaba el mismo.
Javier Duarte de Ochoa sigue gobernando Veracruz, enquistado en un sistema político mexicano que le protege a pesar de sus expresiones y su dudosa labor en la investigación de los hechos que ocurren en aquel Estado. A pesar de desestimar de manera sistemática la labor de los periodistas e incluso denostarlos. “No hay que confundir libertad de expresión con representar la expresión de los delincuentes a través de los medios”, dijo el priísta no hace mucho tiempo, erigiéndose en Juez.
En la impunidad que se manifiesta tan cínicamente en Veracruz han sido asesinados 15 periodistas en distintas circunstancias. ¿Hasta cuándo, Señor Gobernador? ¿Qué espera para actuar, Señor Presidente?
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/05-08-2015/37662.
Una familia promedio mexicana con cuatro integrantes, tiene que destinar más de lo que se gana en un sólo día de trabajo para poder ir al cine a disfrutar una película de aproximadamente 2 horas. Con 490 pesos aproximadamente se pueden comprar los boletos y combo de alimentos.
Por ocho horas, un trabajador con salario promedio, recibe 441 pesos, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), y según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la mayoría de las familias mexicanas están conformadas por cuatro integrantes; éstas gastarán 186 pesos en las entradas, 96 pesos si compran dos botes de palomitas y 208 pesos de bebidas.
Esto, tomando los precios promedio de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma (Canacine). Pero, si la familia promedio vive más cerca de un establecimiento en el que el precio del boleto llega hasta los 80 pesos (cuando en promedio es de 46 pesos) la cifra asciende a los 624 pesos (o una jornada y media de trabajo).
La entrada puede no ser lo más costoso, pero con palomitas y refresco, la cifra aumenta. Aunado a eso, toda la variedad de botanas (chocolates, caramelos, helados) tienen en dulcería un precio hasta tres veces mayor que el del mercado externo.
La cifra puede hacerse aún más alta, si se opta por una película 3D o si se acude por las tardes, pues los costos aumentan considerablemente.
La ENIGH arrojó que los mexicanos destinan sólo el 14 por ciento de su ingreso a actividades de esparcimiento; los principales gastos son para alimentos, bebidas y tabaco. El cine es una de las principales actividades de esparcimiento de los mexicanos; el país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en asistencia al cine.
El escenario es negativo, cuando al costo de una visita al cine, se le añade el aumento al salario mínimo, que para 2015, de 4.2 por ciento, lo que representó 2.81 pesos para la zona A y 2.68 pesos para la zona B. Esto crea un excedente quincenal de 42.15 pesos, que no alcanzan para pagar al menos una de las entradas.
El precio promedio del boleto es el más bajo del continente y de los más bajos del mundo. El problema es que al igual que esos precios, el salario también es de los más raquíticos; México ofrece a los trabajadores los salarios más bajos de la región, catalogados incluso dentro del umbral de la pobreza extrema: 2.50 dólares, es decir, 37.5 pesos diarios, coincidieron estudios sobre el tema liberados por Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Si con ese salario no se puede cubrir ningún rubro de la canasta básica (que actualmente cuesta mil 743 pesos con 91 centavos, según cálculos oficiales), asistir al cine, al menos en una ocasión cada 15 días, deja de ser una prioridad en una población en la que el 63.8 millones viven en pobreza, de acuerdo con sus ingresos.
Ese sector de la “población con ingreso inferior a la línea de bienestar” conforma el 53.3 por ciento o más mitad de la población. De éstos, el 46.2 por ciento pertenece a los 55.3 millones que dice el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) incluye en pobreza multidimensional, más el 7.1 por ciento u 8.5 millones de personas denominadas “vulnerables por ingreso”.
MERCADO CONTROLADO
Esto se da en un mercado en el que sólo dos empresas controlan el 91.96 por ciento del mercado del cine: Cinemex y Cinépolis. De las 5 mil 761 salas, 5 mil 298 corresponden a estos dos complejos, que tuvieron ingresos en 2014, por 12 mil millones de pesos sólo por lo recaudado en taquilla por la venta de 257 millones de boletos, de acuerdo con información de la Cámara Nacional de la Industria del Cine (Canacine).
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha permitido que estas dos empresas se consoliden más en el mercado, ya que confía en que esta competencia baje los precios, esto después de que Cinemex comprara Cinemark, en noviembre de 2013. Con esta acción, la empresa incrementó su participación en el mercado a 36 por ciento.
Así, tan sólo dos meses después de la compra, la Cofece revocó la negación que la antigua Comisión Federal de Competencia (CFC) había dictado a la intención de Cinemex de comprar Cinemark. El argumento que presentaron fue que Cinemark no representaba ya una competencia, por lo que no habría afectaciones por tal fusión.
De acuerdo con una entrevista realizada a la Comisionada Alejandra Palacios Prieto en el Senado de la República sobre este tema, negó que este acto creara un mercado dominado por un duopolio (Cinemex y Cinépolis).
“Yo no lo diría en esos términos. Básicamente entre Cinemex y Cinépolis van a tener aproximadamente el 90 por ciento del mercado. Aquí lo importante tiene que ver con la presión competitiva, o sea, ese tercer jugador, que era Cinemark, en realidad no estaba generando presión competitiva en el mercado […] las decisiones que tomamos no tienen que ver con el número de empresas en las industrias sino con la presión competitiva que generan y eso es lo que nosotros tenemos que operar”, comentó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN
MÉXICO, D.F: Aunque ha difundido que mantiene abiertas diversas líneas de investigación, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se resiste a indagar la posible responsabilidad del gobierno del estado de Veracruz, encabezado por Javier Duarte, en el asesinato del reportero gráfico Rubén Espinosa Becerril, y el feminicidio de la activista Nadia Vera Pérez.
Así lo consideraron Pilar Tavera, directora del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, y Karla Micheel Salas, representante legal de la familia de Nadia Vera, al evidenciar que la PGJDF lleva a cabo una investigación “mediática” y no judicial, y plagada de inconsistencias, pues pretende asegurar que el móvil de los crímenes es el robo y no la actividad política y de defensa de los derechos humanos (DH), que realizaban Nadia y Rubén.
El jueves pasado, la PGJDF informó que se había acusado formalmente de los delitos de feminicidio, homicidio y robo agravado en pandilla a Daniel Pacheco Gutiérrez, como uno de los tres sujetos implicados en la ejecución de Nadia y Rubén, así como de Yessenia Quiroz Alfaro, Alejandra Negrete Avilés y Mile Virginia Martín, delitos cometidos en la colonia Narvarte en esta capital.
Según la declaración del imputado, él acudió al lugar de los hechos invitado por un amigo suyo, quien supuestamente conocía a Mile Virginia, y que había planeado un robo luego de que la mujer de origen colombiano le asegurara que ella tenía “mucho dinero”.
En entrevista con estas agencias, Karla Micheel Salas Ramírez, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y abogada coadyuvante del caso, advirtió que esto podría implicar que la Procuraduría busque “dar carpetazo” a la investigación al sostener que el móvil del multihomicidio fue “un robo”.
Luego denunció que la PGJDF que encabeza Rodolfo Ríos Garza no realiza una investigación exhaustiva que considere las agresiones, amenazas e intimidaciones de las que fueron víctimas Nadia y Rubén, y que les obligaron a huir de Veracruz y autoexiliarse en el Distrito Federal.
Al mismo tiempo, Salas Ramírez denunció que la indagación no se realiza con “transparencia”, pues hasta el momento la coadyuvancia no ha tenido acceso total al expediente.
“Sesgo e inconsistencias”
También observó que desde el inicio de las pesquisas existió un “sesgo”, ya que pese a toda la información en redes sociales sobre el trabajo y activismo de Rubén y Nadia, la PGJDF no se había allegado de tales datos.
Salas apuntó que la única acción que ha realizado la Procuraduría capitalina es mandar oficios a dependencias veracruzanas para que le brinden información, pero “lo que hemos pedido es que se llamara a declarar a funcionarios, por ejemplo, al secretario de Seguridad Pública (del estado), ya que la dependencia ha sido identificada como una de las que participó en las agresiones contra Nadia y Rubén”, resaltó.
Una de las agresiones que obligaron a Nadia Vera a salir de Veracruz fue cometida –según las declaraciones que la abogada pudo conocer de parte del hermano de la activista– por la policía estatal, que en 2013 detuvo a la joven y la subió a una patrulla en la que recorrieron varias calles de Xalapa, capital del estado, como una forma de hostigamiento.
Fue hasta este miércoles 5, luego de que la abogada solicitó a la PGJDF retomara testimonios y videos con declaraciones de periodistas y activistas que conocían la labor y antecedentes de ambos jóvenes, que la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 se nutrió de testimonios de personas (de quienes se reserva su nombre por razones de seguridad) que han acudido a declarar ante la Fiscalía de Homicidios.
A partir de los testimonios aportados –aseguró Salas– se sabe que Milé no vivía en el departamento: “Nos parece alarmante que esto aún no se haya aclarado en los medios, y que se pretenda vincular los hechos únicamente a esta víctima”.
Nadia Vera, activista originaria de Chiapas, vivía en un departamento de la calle de Luz Saviñón con otras dos mujeres; una de ellas Yesenia Quiroz y otra joven sobreviviente, quien reportó el hallazgo de los cuerpos.
Aunque consideró que habrá mayor precisión del caso hasta que se acceda completamente al expediente, Karla Micheel Salas indicó que el acta de defunción señala que la hora de la muerte de Nadia fue a las nueve de la noche, lo que contrasta con la hora que señala la PGJDF, cuando asegura que los hechos ocurrieron a las dos de la tarde.
“Resulta evidente que se ha dado acceso al expediente a los medios de comunicación –y no a las víctimas– para ir presentando una sola línea de investigación y establecer el robo como móvil de las ejecuciones”, sostuvo la defensora.
El caso Digna Ochoa
Enseguida advirtió que la indagación hasta el momento ha sido “parcial” y no se ha querido profundizar si el gobierno de Veracruz tuvo que ver en los hechos.
También recordó que no es el primer caso de ataque a una persona defensora de DH que no es investigado con diligencia, y mencionó el caso de Digna Ochoa, abogada y defensora ultimada en octubre de 2001 en esta capital y cuyo caso fue cerrado por la PGJDF al mando entonces de Miguel Ángel Mancera, hoy jefe de gobierno capitalino, al concluir que Digna “se suicidó de tres disparos”.
De acuerdo con la litigante, la “conclusión insostenible” de la Procuraduría fue para no investigar la posible participación del Ejército en la presunta ejecución de Ochoa.
“Siempre ha habido una resistencia a investigar la participación de agentes del Estado en estos crímenes; no dudo que esta vez las autoridades no quieran investigar a las autoridades veracruzanas”, observó.
En ello coincidió Pilar Tavera, directora de Propuesta Cívica –organización que desde un principio pidió investigar adecuadamente los hechos y retomar el contexto de represión a la libertad de expresión en Veracruz–, al considerar que “no sabemos si se está investigando para hacer justicia o para proyectar una imagen de eficiencia”.
Tavera añadió que las inconsistencias en las pesquisas revelan por un lado la “resistencia política” de una Procuraduría para “inmiscuirse” en asuntos relacionados con otra administración local, y la incapacidad técnica de las autoridades capitalinas para indagar adecuadamente delitos vinculados contra la libertad de expresión.
Además, criticó la falta de seriedad de la Procuraduría capitalina para llevar a cabo las indagaciones y no informar adecuadamente a las familias de las víctimas:
“La investigación es más mediática que judicial; muchos de los detalles que hemos conocido de las identidades de las víctimas se han sabido primero a través de los medios de comunicación y posteriormente por la PGJDF”, deploró.
Luego apuntó que la agresión contra Nadia Vera no es un caso aislado y que es indispensable que se conozca la verdad de los hechos, pues de no ser así “se estaría dando la lección de impunidad más grande de estos tiempos; ahora el agresor sabría que el costo de perseguir activistas y periodistas es nulo”, alertó.
En tanto, el Centro de Apoyo para Empleadas del Hogar (CACEH) emitió un pronunciamiento para reprochar que la sucesión de hechos y la cobertura mediática del caso han ‘invisibilizado’ a Alejandra Negrete, trabajadora del hogar de 40 años de edad también asesinada, por lo que demandó que este feminicidio sea investigado en igualdad de condiciones, y sin obviar el contexto de exilio que vivían Nadia y Rubén ante el clima de hostigamiento que se vive en Veracruz.
Incluso, la ONG demandó que la familia de la empleada sea indemnizada.
Por su parte, activistas y abogados presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que indague las graves violaciones humanitarias cometidas en el caso, y pida a la PGR que atraiga la investigación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ.
TOLUCA, Edomex: La Legislatura del Estado de México aprobó, por mayoría de votos, la noche del pasado jueves la Ley de Movilidad que otorga a las autoridades estatales y los municipios la obligación de garantizar el libre tránsito vial y la atribución de eliminar cualquier obstáculo.
El diputado del Partido del Trabajo (PT) Norberto Morales, en su calidad de integrante de la Comisión parlamentaria de Comunicaciones y Transportes, votó contra la propuesta, por considerar que la disposición tiene por objeto criminalizar las marchas.
La nueva disposición local, indicó, es una réplica de la iniciativa federal promovida el 2 de diciembre de 2014 y que, en su momento, fue rechazada por el Episcopado de Guerrero, quien consideró inadecuada para su momento esa ley antimarchas.
Después, recordó, la Conferencia del Episcopado Mexicano advirtió una crisis humanitaria que ha derivado en inconformidades y, por tanto, consideró imprudente la aprobación de la Ley de Movilidad.
“Entendemos que a muchas personas no les parezca gente bien o bonita aquella que protesta y que entorpece la circulación porque no llegamos a tiempo a nuestro trabajo”, dijo.
Sin embargo, destacó, “en estos momentos de crispación social, la manifestación es la única forma en la que se libera presión por la tantas tropelías cometidas en contra de maestros, de ciudadanos considerados desarrapados porque pelean la aparición de sus 43 hijos, de médicos acusados injustamente o en contra de la reforma en materia de salud, de las aeromozas o pilotos que protestan por la desaparición de aerolíneas estatales”.
Con el derecho a la movilidad, acusó, esa válvula de escape se elimina, y para ello se sumarán esfuerzos de los niveles interinstitucionales y “se dará pauta a una situación soterrada, pues estaríamos legalizando el uso de las fuerzas de acción –policiaca– para evitar obstáculos”, pues una marcha obstruye la movilidad, viola la ley y, por tanto, debe ser sancionada.
El nuevo ordenamiento jurídico para el Estado de México integra iniciativas del Ejecutivo mexiquense y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), y obliga a las autoridades estatales y municipales a garantizar el derecho al libre tránsito por sus vialidades.
El artículo quinto dispone que la movilidad debe estar al alcance de todas las personas que se desplazan por motivo laboral, de estudio, comercio, servicios, recreación y cultura en territorio mexiquense, con especial énfasis a grupos en condición de vulnerabilidad.
Jerárquicamente, el derecho a la movilidad primero debe garantizarse a peatones, después a ciclistas, usuarios del servicio público de transporte, transporte de carga, modos individuales públicos, motociclistas y otros modos particulares.
El artículo sexto reconoce como autoridades en materia de movilidad al gobernador, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Finanzas, la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana –Policía Estatal– y los municipios.
Estas mismas autoridades, además de la Consejería Jurídica, dos integrantes de la sociedad civil expertos en la materia y un representante de los transportistas, integrarán el Comité Estatal de Movilidad, presidido por el mandatario estatal, órgano que podrá tomar decisiones y emitir resoluciones obligatorias para los miembros del Comité, entre otras atribuciones.
Los municipios estarán facultados para participar de manera coordinada con las autoridades en materia de movilidad, “en la aplicación de la Ley, cuando sus disposiciones afecten o tengan incidencia en su ámbito territorial”.
El artículo noveno incluye entre las facultades municipales las de “mantener la vialidad de cualquier tipo libre de obstáculos u objetos que impidan, dificulten u obstruyan el tránsito peatonal, ciclista, vehicular, excepto en aquellos casos debidamente autorizados”.
En el ámbito de su competencia, los ayuntamientos podrán determinar, aplicar y ejecutar las sanciones correspondientes a quienes incurran en infracciones a esta ley y a sus reglamentos; y promover las acciones para el uso racional del espacio vial, teniendo como prioridad la jerarquía de movilidad.
En contraparte, el diputado priista Armando Corona justificó que en la ley no existe ningún artículo que se relacione con la prohibición de marchas, y la panista Adriana Hinojosa arguyó que la nueva norma no impide la libertad de expresión, alguna garantía individual o derecho constitucional.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
MÉXICO, D.F: Uno de los sitios de información especializada más importantes del mundo, DeSmogBlog, reveló que la exsecretaria del Departamento de Estado, Hillary Clinton, ayudó al gobierno mexicano a tejer una cadena de simulaciones para abrir el sector estratégico a las grandes compañías internacionales.
Posteriormente se presionó a México de acuerdo con los gustos de ExxonMobil, Chevron, BP, el Instituto Americano del Petróleo, los productores independientes de petróleo de Estados Unidos y otros, destaca la nota firmada por el periodista Steve Horn.
De acuerdo con el sitio, la precandidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos encabezó desde Washington un amplio equipo que ayudó al gobierno mexicano a mentir públicamente durante un tiempo mientras preparaba la reforma energética.
Según los correos electrónicos de Clinton desclasificados hace apenas una semana y recuperados por DeSmogBlog, el Departamento de Estado, auxiliado por la embajada en México, impulsó primero que Petróleos Mexicanos (Pemex) se abriera a las compañías internacionales de petróleo y gas mediante el acuerdo transfronterizo del Golfo de México, con el panista Felipe Calderón, y luego trabajó para la reforma energética con el priista Enrique Peña Nieto.
“Correos electrónicos publicados el 31 de julio por el Departamento de Estado revelan más sobre el origen de los esfuerzos para la reforma energética en México […]. Confirman que el Departamento de Estado de Clinton ayudó a abrir a la empresa productiva Pemex, que monopolizaba la industria petrolera y del gas en México, a las compañías internacionales del petróleo y el gas. Dos de los tres coordinadores que ayudaron a hacer que esto sucediera, ambos empleados directamente por Clinton, ahora trabajan en el sector privado y pueden beneficiarse económicamente de la reforma energética que ayudaron a crear”, puntualiza la nota.
Luego menciona que estos correos ofrecen la oportunidad de contar la historia más profunda del papel que tuvo el Departamento de Estado liderado por Clinton y otros poderosos actores en la apertura de México para los negocios internacionales en el sector energético mexicano.
La publicación precisa que tres excolaboradores de Clinton tuvieron un papel clave en la apertura del sector mexicano: David Goldwyn, primer coordinador internacional de Energía nombrado por la exsecretaria de Estado en 2009; el exembajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, quien fuera sucesor de Goldwyn como coordinador internacional de la Energía, y Neil Brown, un exempleado de alto nivel del senador Richard Lugar, quien ahora trabaja en la firma de capital privado Kohlberg Kravis Roberts (KKR).
Un correo electrónico de 2009 confirma que Goldwyn ayudaba desde entonces a la reforma energética en México. Éste trabajaba para el Departamento de Estado, aunque él preparaba su camino hacia la energía mexicana… como privado.
“Los funcionarios de México siguen siendo extremadamente sensibles a cualquier comentario público, sobre todo de Estados Unidos, en torno a la reforma energética y la producción [petrolera]”, dice un cable de febrero 2010, “Scenesetter”, escrito por la embajada de Estados Unidos en México en relación con un viaje de Goldwyn a México.
Añade: “Debemos mantener la vieja política de no comentar públicamente sobre estos temas, mientras en voz baja ofrecemos [a México] asistencia en áreas de interés [en este caso la apertura del sector energético]”.
Cuando este cable fue enviado, Carlos Pascual se desempeñaba como embajador de Estados Unidos en México, un trabajo que eventualmente dejó para convertirse en el sucesor de Goldwyn como coordinador internacional de la Energía en Estados Unidos. Después de dejar el Departamento de Estado, Goldwyn continuó en “proporcionar asistencia” para la reforma energética mexicana junto con Neil Brown, pero en el sector privado.
DeSmogBlog indica que de las últimas cosas que Brown hizo en el Senado antes de irse a trabajar con Goldwyn fue preparar el informe del 21 de diciembre 2012 para un comité.
El reporte hablaba del acuerdo de hidrocarburos transfronterizo entre México y Estados Unidos.
“Ese acuerdo fue el primer paso de las iniciativas para la reforma energética [por venir]. Abrieron la costa mexicana en el Golfo de México a empresas internacionales de petróleo y gas, y se presionó de acuerdo con los gustos de ExxonMobil, Chevron, BP, el Instituto Americano del Petróleo, los productores independientes de petróleo de Estados Unidos y otros”, dice DeSmogBlog.
Brown “trabajó en el tema [de la reforma energética de México] como el principal asesor de los republicanos en el Senado para temas de energía”, destacó un cable de Reuters.
También hizo un viaje a México, financiado con recursos públicos, durante sus últimos meses como miembro del personal de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado.
Pascual también trabajó en este acuerdo transfronterizo cuando era embajador, de acuerdo con Wikileaks.
“Públicamente, el [gobierno mexicano] hará hincapié en que las negociaciones permiten a México defender sus recursos naturales”, decía un cable del entonces embajador Pascual titulado “Transboundary Reservoirs – A Window of Opportunity” [Reservas transfronterizas: una ventana de oportunidad]. “Muchos mexicanos consideran el petróleo como parte del ADN del país. Un tratado debe evitar estas preocupaciones y cualquier tema irritante innecesario entre los dos países”.
Básicamente, Pascual sostuvo que el gobierno de México actuaría de una manera frente a los mexicanos mientras que, por debajo del agua, impulsaría las políticas que promovían los enviados de Washington.
“[Si bien el gobierno de México] hablará en público sobre las negociaciones para disponer de estas reservas fronterizas como ‘un esfuerzo por defender los recursos naturales del país’, el mismo gobierno ve en este tratado una oportunidad importante para que Pemex trabaje con petroleras internacionales y gane experiencia en perforación de aguas profundas”, escribió el embajador.
“Por primera vez en décadas, la puerta a la participación constructiva del gobierno de Estados Unidos con México en el petróleo ha abierto una grieta. Estaría en nuestros intereses tomar ventaja de esta oportunidad”.
Entre cuates
De acuerdo con DeSmogBlog, “una cosa parece cierta: quienes sentaron las bases para la reforma energética en México [Goldwyn, Pascual y Brown] han creado un clima perfecto para beneficiarse de los frutos de su trabajo”.
Goldwyn, señala la publicación, ahora dirige una empresa de consultoría sobre la industria de petróleo y gas, llamada Goldwyn Estrategias Globales; trabaja como abogado de un bufete de abogados, Sutherland, Asbill y Brennan, y como colaborador de ‘think tanks’ financiadas por la industria del Consejo Atlántico y la Institución Brookings.
El portal de noticias ‘Sin embargo’ publicó el año pasado cómo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a través de su Departamento de Estado, que encabezó Hillary Clinton de 2009 a 2013, impulsó el uso de ‘fracking’ en todo el mundo bajo el argumento de que el gas shale ayudaría a reescribir la política de energía global.
Hillary Clinton designó para este fin a David Goldwyn como coordinador de Asuntos Energéticos Internacionales. Goldwyn es conocido por su experiencia en este sector desempeñándose en cargos públicos y del sector privado.
Luego de trabajar tres años para el gobierno de Estados Unidos, Goldwyn fundó su firma y en fechas recientes ha dedicado dos trabajos escritos, uno a manera de artículo y el otro –en colaboración con un grupo de especialistas– para hablar sobre los beneficios que traerá la reforma energética de Peña Nieto a la región.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
