miércoles, 12 de agosto de 2015

Profundidad, “no ejercicio protocolario” en el caso Narvarte, demanda la ALDF

Exhorta al procurador capitalino a “conducir con absoluta imparcialidad y transparencia las investigaciones” y censura las filtraciones.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó una exhortación dirigida al procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza, pidiendo que las pesquisas del multihomicidio en la colonia Narvarte se realicen a profundidad y “que no sea sólo un ejercicio protocolario”, incluyendo lo relativo a las amenazas al fotorreportero Rubén Espinosa y a la activista Nadia Vera,  así como el interrogatorio al gobernador de Veracruz, Javier Duarte,

El diputado de Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Velasco Oliva, presentó en tribuna el punto de acuerdo correspondiente, ante las filtraciones a medios de comunicación que se han dado sobre el caso y que consideró “pareciera que se busca evitar que se amplíen y sigan las líneas de investigación que contemplan el crimen como una agresión contra periodistas y defensores de derechos humanos”.

En la exhortación, aprobada por la diputación permanente, se hace un llamado a Ríos Garza “a conducir con absoluta imparcialidad y transparencia las investigaciones”.

El legislador recordó que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha señalado reiteradamente el compromiso de su administración para “agotar todas las líneas de investigación hasta estar satisfechos”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Contra viento y marea, el Verde conserva su registro; 7 consejeros lo respaldaron

Cuatro consejeros -San Martín, Ruiz, Santiago y Sánchez- votaron en contra; el INE da “el tiro de gracia" a su credibilidad: Martha Tagle; la democracia retrocede y "los ciudadanos nos juzgarán": Ruiz Saldaña.

Siete consejeros del INE respaldaron con su voto al Partido Verde Ecologista de México, pese a las múltiples violaciones que cometió durante el proceso electoral, y cuatro en contra del proyecto presentado… y el Verde conservó su registro.

Sólo cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral -Pamela San Martín, José Roberto Ruiz Saldaña, Javier Santiago y Arturo Sánchez- votaron en contra del proyecto que exculpaba a dicho partido, no obstante que se enumeraron las 27 violaciones cometidas por el PVEM, que ameritaron sanciones por 597.4 millones de pesos, de las cuales cerca de 200 millones están confirmados por el Tribunal Electoral.

En la sesión del Consejo General, se dio un debate de cuatro horas sobre si la sistematicidad de las violaciones cometidas por el Verde debía ameritar o no quitarle el registro a ese partido, como lo demandaron más de 163 mil ciudadanos y algunos partidos políticos.

Al bloque de consejeros encabezados por Marco Antonio Baños -Beatriz Galindo, Adriana Favela y Enrique Andrade- esta vez se sumaron los consejeros Benito Nacif, Ciro Murayama  y el presidente formal del INE, Lorenzo Córdova. Los siete se unieron en la defensa del Verde.

Quien abrió fuego contra el Verde y el INE fue el consejero Ruiz Saldaña, al advertir que si se le mantiene el registro “una institución perderá, la consolidación de la democracia retrocederá y los ciudadanos nos juzgarán”.

Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, respaldó el proyecto aduciendo que el Verde no cometió faltas de gravedad extrema e hizo el parangón con Herri Batasuna, cuya disolución se declaró el 26 de agosto de 2002 para “preservar la democracia” en España.

Ruiz Saldaña reviró a sus colegas que hay cuestionamientos justificados al instituto, porque nunca se actuó a tiempo ni hubo sanciones inhibitorias.

E hizo un resumen de las faltas cometidas por el PVEM como el haber trangredido disposiciones relativas al modelo de comunicación política, entrega de dádivas, recibir dinero de entes prohibidos y menoscabó el principio de equidad. Todo ha marcado precedente inaceptable al mexicano, dijo.

Violar estado de derecho, estrategia: San Martín

Frente a los micrófonos del instituto desfilaron las voces a favor de quitarle el registro al Verde. La consejera Pamela San Martín preguntó cómo no puede ser grave la conducta de un partido político que hace de la violación del Estado de derecho su estrategia electoral. “En este elemento radica la gravedad extrema”, expresó.

El consejero Javier Santiago declaró apartarse del caso Herri Batasuna, porque “se comparan peras con manzanas” y calificó el proyecto de “contradictorio”

“Dice que no hubo gravedad, no comparto tal calificación. Me pregunto y les pregunto para qué si alcanzan las conductas que violaron la Constitución de manera sistemática y grave. Para que sanción alcanza?”, cuestionó.

Horacio Duarte, representante de Morena, le preguntó a los 11 consejeros con qué cara van a recorrer el país dictando conferencias magistrales, alegando el respeto al estado de Derecho, con qué argumento van a decir que México requiere fortalecer la cultura democrática, que el problema no hay Estado de derecho.

Indicó que el mejor promotor del Verde no son sus dirigentes, es el presidente Enrique Peña Nieto que teje alianzas, pone a unos candidatos, impone al PRI, candidatos a gobernador y el es el responsable. “Ahí están en Los Pinos confiados en que se hará voluntad”.

Lorenzo Córdova, consejero presidente, apoyó mantener el registro del Verde si bien reconoció que este partido ha venido cometiendo a lo largo de varios meses una serie de violaciones graves para obtener posición de ventaja respecto de sus competidores.

Con ello se ha convertido, en el segundo partido más multado de nuestra historia y el más sancionado en un proceso electoral por ilícitos cometidos en el mismo.

Por tanto, argumentó que es una falacia hablar de impunidad que literalmente significa falta de castigo. El impedir a un partido tener vida jurídica o expulsarlo al igual que la nulidad elección son ejemplos de recursos extremos para resguardar al limite la existencia del sistema democrático, expresó.

Murayama expresó que por muy detestables que sean las conductas infractoras del PVEM no puso en riesgo la celebración de las elecciones, el ejercicio del voto, no sacó a otras fuerzas del mapa político, no quiso acabar con votaciones, sino aprovecharse de él ilegítimamente.

El PVEM violó todo: Acosta Naranjo

El perredista José Guadalupe Acosta Naranjo sostuvo que el Verde violó todo de manera sistemática y premeditada y pidió no equiparar lo ocurrido en España con México. “Ahí se barrieron muy feo al comparar una cosa con otra” y añadió que los del Verde “casi se deberían disolver ellos solitos”, lo que provocó risas de los asistentes al Consejo.

El panista Francisco Gárate refirió que el terrorismo no solo se da por actos violentos contra personas, sino por actitud constante, reiterada de violación al estado de derecho. “Lo que ha hecho el Verde es terrorismo contra el Estado de Derecho”.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, señaló que con esta decisión el INE da “el tiro de gracia” a su credibilidad.

Jorge Herrera, del PVEM, intentó defenderse señalando que otros partidos acumulan más violaciones: el PAN 679, el PRD mil 480 y Movimiento Ciudadano, mil 225 en los últimos ocho años.


Al defender a sus aliados, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín señaló que su partido debe andar por esas cifras y consideró “falso, una mentira” que se solape aplicar el terrorismo electoral.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Viejo, obsoleto y con achaques, el Metro llega a 46 años

MÉXICO, D.F: A sus casi 46 años de vida, la columna vertebral del transporte público de esta ciudad, el Metro, arrastra una serie de problemas técnicos, tecnológicos y financieros imposibles de solucionar en el corto plazo.

Trenes con 45 años de antigüedad, instalaciones con tecnología obsoleta, escasez de presupuesto, estaciones con riesgo de inundaciones, fallas en los sistemas eléctricos y de vías, comercio informal, delincuencia y un “profundo” proceso de deterioro en su infraestructura civil.

El diagnóstico es, en suma, desalentador.

Jorge Gaviño, director del Sistema de Transporte Colectivo, presentó el Diagnóstico Preliminar de la situación en que encontró en el sistema que presta servicio a alrededor de 5 millones de usuarios diariamente.

En conferencia de prensa, detalló que al menos ocho de las 12 líneas de la red cuentan con una deficiente infraestructura y se mantienen en operación seis series de trenes que ya rebasaron su vida útil de 25 años.

Además, la mayoría de los 390 carros de la red son modelos antiguos y faltan dos puestos de control en las líneas A y 12; esta última es la de más reciente construcción y con 11 de sus 20 estaciones cerradas por fallas.

Según el exdiputado local, el llamado “gusano naranja” carece de 105 trenes en operación con los que se podría resolver la saturación de estaciones en horas de mayor demanda. Por si fuera poco, tiene fallas en los sistemas de vías, barras guías y sistemas eléctricos que provocan desperfectos en la flota de trenes.

“Una falla de cinco minutos puede retrasar más de media hora el servicio”, ejemplificó.

No es todo: Existe retraso tecnológico en la mayoría de los trenes, falta de refacciones y mantenimiento, ventilación insuficiente, durmientes en mal estado, rieles desgastados, asentamientos diferenciales en el subsuelo, instalaciones obsoletas, con filtraciones y diversos grados de deterioro.

Gaviño Ambriz subrayó la carencia de una planeación estratégica en la renovación de trenes, debido a la escasez de los presupuestos asignados y a la decisión de rehabilitar trenes viejos en lugar de sustituirlos por nuevos.

Esta última medida fue una de las acciones que Joel Ortega presumió más durante su administración.

Aún así, diariamente el Metro del DF se mueven poco más de cinco millones de pasajeros al día. A punto de cumplir 46 años del inicio de sus operaciones, ha transportado a 7.5 veces la población mundial.

Y según las autoridades es un sistema “seguro” de transporte público, que se encuentra entre los cuatro más importantes del mundo.

“No podemos negar las deficiencias que afectan la funcionalidad, pero el sistema es seguro. Tenemos que revertir el deterioro y volver a hacer que el Metro crezca; frenar el deterioro y empezar a revertir las cosas, para que funcione mejor y sea más seguro”, dijo el director del Metro.

Peligro para usuarios

Pero no sólo es el asunto técnico y de las instalaciones lo que mantiene en mal estado a este sistema.

El diagnóstico de la dependencia señala que en la red existen robos, agresiones y acoso sexual a los pasajeros. Además, el comercio informal que bloquea salidas y accesos, falta de instalaciones adecuadas para personas con discapacidad y los locales comerciales autorizados no cumplen con las normas de protección civil necesarias.

Sabido es que se han presentado accidentes en los trenes debido a que los conductores operan bajo los influjos del alcohol. Por ello, las autoridades aplicarán el programa conocido como “Alcoholímetro” de manera aleatoria después de los horarios de comida.

El funcionario comentó que cada año el Metro del DF recibe un presupuesto aproximado de 14 mil millones de pesos. Sin embargo, dijo que se necesitarían 30 mil –más del doble– para solventar todas sus necesidades.

Para subsanar esta deficiencia, Gaviño adelantó que buscará recuperar 11% de lo que se destina como subsidio al sistema en cuanto a la gratuidad en ingresos, pues uno de cada 10 pasajeros no paga el viaje, por ejemplo, adultos mayores, estudiantes con subsidio, policías, entre otros. Gaviño Ambriz descartó la posibilidad de un aumento de tarifa.

Con todo este diagnóstico, Gaviño Ambriz dijo que ya trabajan en la elaboración de un “nuevo Plan Maestro” del Metro que sea “dinámico” y responda a un plan integral de movilidad urbana a corto, mediano y largo plazo. El que actualmente se sigue data de 1996.

Éste incluye la mejora, renovación y compra de trenes, el mejoramiento de instalaciones, programación de corridas parciales para racionalizar la demanda, renovación de redes auxiliares y reducción de averías que afectan la marcha de trenes, entre otras.

Jorge Gaviño reiteró que los trabajos de rehabilitación de la Línea 12 van en tiempo y forma y mantuvo el mes de noviembre como la fecha de su entrega y puesta en operación.

“Cero tolerancia a bocineros”

Durante la presentación del diagnóstico, el director del Metro, Jorge Gaviño, anunció como “novedad” el programa de tolerancia cero contra los “bocineros”.

Se trata de la misma promesa –la de ya no permitir la presencia de “vagoneros”– hecha por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el exdirector de la dependencia, Joel Ortega, en diciembre de 2013, a cambio del aumento de dos pesos a la tarifa. El incremento se dio, pero el problema continúa.

“Será un esquema disuasivo, no buscamos una batalla campal en alguna estación. Pero es claro que estos ‘bocineros’ ya no tendrán lugar en el Metro. Su presencia es la queja más frecuente que hemos recibido de los usuarios por lo menos desde que yo estoy a cargo”, dijo Gaviño Ambriz, quien tomó posesión el pasado 15 de julio.

Los operativos comenzarán el próximo lunes 17 de agosto en toda la red, aunque se centrará en ellos “porque son los que se pueden detectar más fácil”, debido a las bocinas que guardan en mochilas cargadas en la espalda.

En los operativos, elementos de la Policía Bancaria Industrial, así como de Seguridad y Administrativos del Metro les prohibirán el paso y quienes sean sorprendidos vendiendo dentro de los vagones serán remitidos al Juzgado Cívico.

Cifras estimadas del Metro indican que diariamente operan alrededor de dos mil vendedores ambulantes en la red, entre “pasilleros”, “bocineros” y “vagoneros”. Y, aunque las autoridades  detienen a un promedio de 100 al día, estos pagan una multa mínima –entre 50 y 300 pesos según lo que determine el juez– y quedan libres para seguir vendiendo.

El director del Metro argumentó que los “bocineros” dañan el sistema de apertura y cierre de puertas de los trenes al interferir en su operación cuando entran con sus bocinas. Por ello, pidió a los usuarios denunciarlos ante las autoridades y no comprarles los discos que ofrecen.


“Con una semana que nadie les compre ese negocio se acaba. Necesitamos de los ciudadanos porque no se puede resolver todo con policías”, dijo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN (REPORTAJE ESPECIAL)

El DF no le dio cobijo a Rubén Espinosa

El fotoperiodista Rubén Espinosa era de los más fervientes defensores de la libertad de prensa en Veracruz y también uno de quienes exigían la investigación de los asesinatos de reporteros en ese estado. Pretendía volver a Xalapa, pues decía que “no se vale que uno esté seguro y deje a los compañeros en peligro”.


MÉXICO, D.F: Rubén Espinosa Becerril llegó a la Ciudad de México el pasado 9 de junio en busca de un lugar más seguro que Veracruz, donde a últimas fechas había sido amenazado por hombres armados. No era el primer periodista exiliado de esa entidad; antes habían huido otros 30, buscando refugio en otros países o en la inmensidad de la capital.

Pero esa ilusión terminó el 31 de julio, cuando el fotorreportero fue ejecutado junto con su amiga, la activista social Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín y Olivia Alejandra Negrete.

Originario de esta capital, Rubén decidió no quedarse con su familia para no ponerla en riesgo y anunció que mientras estuviera exiliado viviría con amigos y conocidos. Su meta era regresar a Xalapa pues, decía, “no se vale que uno esté seguro y deje a los compañeros en peligro”.

Desde sus primeros días en el Distrito Federal, el fotoperiodista de 31 años explicó públicamente su situación. Se dirigió a la organización Artículo 19 para denunciar el acoso; en entrevistas con medios nacionales e internacionales habló de las amenazas en su contra y también de la difícil situación de los periodistas y de los ciudadanos en Veracruz donde, dijo, “no hay estado de derecho”.

En una de esas entrevistas –el 9 de julio en el programa de la organización Periodistas de a Pie en el canal de internet Rompeviento–, Rubén reveló que desde el 6 de junio comenzaron a vigilarlo y a perseguirlo en Xalapa.

A partir de ese día, el colaborador de Proceso y de la agencia Cuartoscuro, quien no cubría temas de narcotráfico ni policiacos, sino movimientos sociales, detectó que lo perseguían y así se lo comunicó a sus compañeros más cercanos y de mayor confianza.

Rubén hizo pública esta situación en las redes sociales y avisó que se iría del estado el 8 de junio; lo hizo sólo para tratar de engañar a sus perseguidores, pues en realidad su plan era salir de Veracruz el día 9.

“Para mí esto ha sido muy difícil por cuestión mental, emocional y económica… Me da mucho coraje, tristeza, dolor y rabia que una persona decida el rumbo de mi vida”, manifestó en la entrevista realizada en las instalaciones de Rompeviento el primer día de su exilio en la Ciudad de México.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2023, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.

El Edomex y DF deben 45 mil 719 millones de pesos a OHL México por bajo aforo en autopistas

Ciudad de México, 10 de agosto: El Gobierno del Estado de México y el de la Ciudad de México deben a OHL México 45 mil 719 millones de pesos por los bajos aforos –la diferencia entre la facturación real y la prometida por el Edomex– de las autopistas que opera: el Circuito Exterior Mexiquense, el Viaducto Bicentenario y la Autopista del Norte. O eso es lo que defiende la filial azteca en los resultados enviados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La firma que preside José Andrés Oteyza en México asegura que “tiene un derecho incondicional” a cobrar en efectivo el porcentaje de la rentabilidad garantizada que no logre durante el periodo de concesión de las autovías, un monto que a diciembre de 2014 alcanzaba los 45 mil 719 millones ya mencionados entre las tres carreteras (solo el Circuito Exterior Mexiquense acumula una deuda de 29 mil 471 millones de pesos).


La rentabilidad garantizada por el Edomex supone que OHL México recuperará toda la inversión realizada en las autovías durante todos los años de operación (construcción, mejoras, mantenimiento) con un 10 por ciento de interés anual en el caso del Circuito y del 7 por ciento en el del Viaducto, más la inflación, todo ello libre de impuestos.
Fuentes cercanas a la filial azteca aseguran que la deuda con el Edomex seguirá creciendo en los próximos años hasta que el tráfico alcance los niveles previstos y los ingresos por peaje puedan cubrir la rentabilidad prometida.
“Los contratos de concesión del Circuito y Viaducto incluyen cláusulas por las que se garantiza el derecho a recuperar en el plazo contractual el capital invertido incrementado con una tasa interna de rentabilidad real anual neta de impuestos. Dichos contratos también establecen que en caso de que finalice la concesión sin que se haya recuperado completamente el capital invertido más la rentabilidad garantizada acumulada, el concedente podrá extender el plazo de la concesión o liquidar el monto pendiente de recuperar”, explica la constructora en sus resultados.

“Si, por ejemplo, el Gobierno del Estado de México quiere recuperar el Circuito Exterior Mexiquense, este año tendría que pagar en efectivo esos 29 mil 471 millones de pesos y si termina la concesión y no se han recuperado, también”, aseguran fuentes cercanas a la compañía a este diario.

En este sentido, el título de concesión del Circuito Exterior Mexiquense, que se ha modificado seis veces, recoge que si la concesionaria acredita que “por causas no imputables a ella” no ha recuperado su inversión más el rendimiento previsto, la Secretaría deberá “otorgar la prórroga correspondiente o liberarse de la obligación mediante la liquidación a la concesionaria de la inversión más el rendimiento pactado”.


Fuentes cercanas a OHL México explican que las causas “no imputables” incluyen casos como que el tráfico sea menor del previsto y por lo tanto no se generen los suficiente ingresos por peajes. En este sentido, si la concesionaria logra recuperar toda la rentabilidad asegurada antes de que concluya el periodo de concesión, tendrá que devolver la autovía al Edomex.

Una situación que se está dando actualmente en las tres carreteras y que ha llevado al Edomex a modificar los contratos para evitar tener que liquidar las deuda en efectivo. Ha aumentado hasta 2051 el periodo de concesión del CEM, ha aprobado un alza de los peajes anual del 6 por ciento más inflación hasta 2021 y ha reducido los aforos previstos. En esta línea, el Viaducto Bicentenario tiene aprobada un alza de las tarifas del 7 por ciento anual (más inflación) hasta 2018.

CARRETERAS EN QUIEBRA:

Los ingresos que OHL México no ha logrado obtener por los menores aforos, es decir, la diferencia entre la facturación real y la prometida por el Edomex, se apuntan en las cuentas como “otros ingresos de operación” y suponen casi el 60 por ciento de la facturación total de la filial y más del 70 por ciento de su ebitda. Si se eliminaran esta partida de ingresos, la filial y las carreteras estarían en quiebra.

Y es que, según las propias cuentas presentadas por la filial azteca, el ebitda logrado con el cobro de peajes apenas alcanza para pagar los intereses de la deuda contraída para la construcción de la misma. Por ejemplo, el negocio de peajes del Circuito Exterior Mexiquense, que costó unos mil 390 millones de euros, generó un ebitda de mil 651 millones de pesos en 2014 mientras que sus gastos por intereses de la deuda alcanzan los 2 mil 093 millones de peos, en esta línea se encuentra el Viaducto Bicentenario que ha obtenido un ebitda por peajes de unos 257.4 millones de pesos en 2014 y solo en intereses de deuda tiene que pagar 525.72 millones.

Los primeros años de explotación, los aforos de la autovías se quedaron a menos de la mitad de los previstos en la licitación. En concreto, el CEM, con un aforo de 300 mil coches, está a un 80 por ciento de los originales y el Viaducto Bicentenario a un 58 por ciento: se preveía un tráfico medio diario de 51 mil vehículos y apenas se han alcanzado los 31 mil coches diarios en el segundo semestre del año.

La partida de otros ingresos de explotación y la rentabilidad garantizadas, que OHL México se lo apunta como un activo financiero, ha generado mucha controversia en México. La firma ha sido denunciada varias veces por Ifraiber ante la regulador mexicano por inflar y falsificar sus cuentas al incluir esos ingresos futuros, pero esta defiende que su concesión responde al Modelo Bifurcado, que se recoge en el NIIFF 12.

Este modelo contempla que el operador tiene derecho a contar a los usuarios durante la vigencia del acuerdo, pero cualquier déficit entre los importes recibidos de los usuarios y el importe fijo garantizado le será reembolsado por la concedente. En este caso, la contraprestación se percibe en parte como activo financiero y en parte como activo intangible, tal y como explica Deloitte, que es auditor de OHL México, en la guia de bolsillo de la NIIFF 12.

Este diario se ha puesto en contacto hasta en cuatro ocasiones con el Edomex para preguntarle sobre la rentabilidad garantizada del Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario y no ha obtenido respuesta.


MILLONES EN SEGURIDAD PARA EL CIRCUITO

OHL México realizó el mes pasado una transferencia de 103. 5 millones de pesos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de México. Los fondos transferidos que se destinaran a la compra de cámaras de seguridad y demás instalaciones, los ha ido recolectando desde 2013, cuando la Secretaría, a través del Saascaem, le impuso un aumento del peaje del 0.5 pesos.


El incremento de la tarifa se iba a destinar en un primer momento a pagar la instalación y la operación del SIVA, un sistema para auditar el aforo (tráfico) del CEM. Aunque el sistema de control del aforo se aprobó por el Saascaem, finalmente se decidió eliminar alegando su “elevado coste”. Pese a que ya no se instalaría el SIVA, el alza de la tarifa no se modificó y OHL México ha ido cobrando a los conductores desde entonces sin un objetivo definido hasta ahora.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/África Semprún.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-08-2015/1444857

Multihomicidio en la Narvarte, una investigación sucia

Las irregularidades abruman en la indagatoria de la Procuraduría de Justicia del DF en torno a los asesinatos del fotorreportero Rubén Espinosa y cuatro mujeres en la colonia Narvarte: desde el primer momento se menospreció la posibilidad de que la masacre haya ocurrido en represalia por la labor periodística de Espinosa; se minimizaron las amenazas contra dos de las víctimas por parte del gobierno de Veracruz, encabezado por Javier Duarte; se privilegió a priori la hipótesis del robo; se criminalizó a las víctimas por su nacionalidad, sexo, oficio y costumbres; se deslizó la idea de que el narcotráfico colombiano estaba atrás de la matanza; se filtraron datos, videos y fotografías que por ley deberían permanecer secretos, y se declaró información que resultó ser falsa… Una estrategia de sobra conocida en México para enturbiar casos incómodos para las autoridades.

MÉXICO, D.F: En su afán de cerrar lo antes posible el caso del multihomicidio de la colonia Narvarte –que atrapó la atención nacional e internacional al conocerse la actividad pública y los antecedentes de acoso, hostigamiento y amenazas contra dos de las cinco víctimas: un fotoperiodista y una activista del movimiento #YoSoy132–, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ha incurrido en inconsistencias, contradicciones y omisiones que de antemano vuelven sospechoso el resultado final de la indagatoria número FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07.

Desde su primera aparición pública para hablar del crimen perpetrado el viernes 31 de julio en un edificio de apartamentos de la colonia Narvarte, delegación Benito Juárez, el titular de la PGJDF, Rodolfo Ríos Garza, comenzó a ensuciar la investigación al perfilar las muertes de Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Mile Virginia Martín, Nadia Dominique Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril como producto de un robo, pese a la existencia de una agravante fundamental en la escena del crimen: los cinco cuerpos tenían el tiro de gracia y Mile Virginia, de nacionalidad colombiana, había sido torturada y violada antes de ser ultimada.

Era el domingo 2. Antes de dar la cara a la prensa, Ríos Garza se había reunido en privado en sus oficinas con el director del semanario Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda; el editor de la agencia Cuartoscuro, Pedro Valtierra; la directora de la Red de Periodistas de a Pie, Daniela Pastrana; el director de la organización internacional Artículo 19, Darío Ramírez, y representantes de la asociación PEN International.

Ahí, los periodistas y activistas le pidieron puntualmente al procurador capitalino investigar el crimen sin descartar las amenazas denunciadas por el fotógrafo Rubén Espinosa y la promotora cultural Nadia Vera antes de abandonar el estado de Veracruz y refugiarse en el Distrito Federal.

Pero la respuesta del funcionario capitalino –que llegó al cargo gracias a su añeja amistad con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de quien fue secretario particular en el tramo final de su paso por la PGJDF– desconcertó a los presentes.

Ríos Garza puntualizó que Espinosa no había sido  asesinado “durante el ejercicio de su trabajo, estaba desempleado”, según relataron Daniela Pastrana y Pedro Valtierra al salir de la reunión.

Así, sin tomar en cuenta los antecedentes de amenazas de muerte que pesaban sobre Vera y Espinosa, derivadas de su actividad profesional en Veracruz, Ríos Garza dijo a los reporteros, al referirse al caso del fotorreportero:

“Es preciso mencionar que era soltero, originario de la Ciudad de México y que fue identificado plenamente por sus familiares, quienes refirieron que su regreso a la capital del país fue hace dos meses, y se debió a la búsqueda de nuevas oportunidades como fotógrafo profesional, actividad que desarrollaba en Veracruz, donde residió por espacio de ocho años.”

Luego añadió que desde que se supo la actividad que ejercía Espinosa se activó el Protocolo de Atención a Periodistas y apuntó que no se descartaría “ninguna línea de investigación”.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2023, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

Minera en Sonora reporta robo de 4.3 mdp en oro y plata

CABORCA, Son: Un comando a bordo de tres vehículos robó un auto de carga que supuestamente transportaba 4 kilos de oro y 100 onzas de plata en bruto (precipitado) con un valor superior a los 4.3 millones de pesos.

De acuerdo con reportes de las policía estatales y federales, así como del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), el atraco se registró a las 11:00 horas cuando un transportista fue bajado de la unidad que conducía en el kilómetro 25 de un camino de terracería en el ejido Juan Álvarez, en los linderos de la minera Penmont S de RL de CV.

Autoridades de los tres niveles de gobierno realizan pesquisas en la región noroeste de la entidad, a fin de localizar a los responsables de este robo.

Según un informe de la Policía Estatal Investigadora (PEI), al momento del atraco los minerales preciosos en bruto se esparcieron fuera de una unidad contenedora que traían los asaltantes, debido a una mala ejecución de la maniobra y por esta esta razón el botín de los delincuentes se redujo considerablemente.

Minera Penmont, con la explotación de los tajos a cielo abierto La Herradura y Nochebuena, reporta una producción anual superior a 515 mil onzas de oro, con reservas totales por 3.8 millones de onzas.

Hace una semana, agentes de la Policía Federal detuvieron a un sujeto sospechoso que viajaba a exceso de velocidad, sin licencia de manejo y placas de circulación, y al revisar el vehículo encontraron seis lingotes de oro con un peso de cinco kilos 935 gramos y un valor en el mercado de aproximadamente 3.5 millones de pesos.


En abril de 2015, en la mina El Gallo 1 de Sinaloa, ocurrió el robo de 7 mil onzas de oro valuadas en 130 millones de pesos y, según la consultora The Real Asset Co. Este asalto significó el cuarto golpe más grande de la historia en su tipo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

Familiares de desaparecidos intercambiarán experiencias el próximo viernes en Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih: Con un acto en la ‘Cruz de Clavos’ ubicada en la plaza Hidalgo de esta capital, familiares de desaparecidos darán inicio al encuentro denominado: “Las desapariciones del norte de México: intercambio de experiencias de familiares y organizaciones”, el próximo viernes 14.

Al evento acudirán representantes de agrupaciones civiles de Coahuila, Sinaloa, Baja California, Nuevo León, Distrito Federal y esta entidad, donde el gobierno de César Duarte Jáquez se ha negado a reconocer la gravedad de las desapariciones forzadas.

Luego de inaugurar el evento, los organizadores realizarán talleres y sesiones privadas, y posteriormente abrirán la discusión con el tema: “Experiencia en las búsqueda, identificación e investigación relacionada con personas desaparecidas”.

Al día siguiente se ofrecerá una conferencia titulada: “Por una legislación de desaparición desde los familiares: Proceso actual de la legislación sobre desaparición de personas: OACNUDH”, y después se abordará el punto en mesas de trabajo.

Ese mismo sábado se hablará de “Reflexiones y alternativas sobre las implicaciones en mi persona y mi familia por la desaparición de mi ser querido”, y el último día se analizará el tema “Fortalecimiento personal y familiar para la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación”.

Ese domingo los participantes trabajarán en la propuesta que enviarán a los legisladores para la creación de la ley de desaparición forzada, bajo el tema: “Validación de propuesta para legisladores y legisladoras y otros actores políticos”.

Después de un evento político, el evento se clausurará a las 13:00 horas del domingo 16.


Entre los organizadores del evento destacan el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Centro de Derechos Humanos “Paso del Norte”, Justicia para Nuestras Hijas y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), entre otras agrupaciones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.

Ejecutan en Michoacán a autodefensa del grupo de “El Americano”

MÉXICO, D.F: El resurgimiento de la violencia en el estado de Michoacán cobró otra vida, la de Aurelio Gómez Barocio, ‘La Coquena’, un personaje afín a Luis Antonio Torres, ‘El Americano’.

De acuerdo con testigos de los hechos, sujetos armados que viajaban en tres camionetas sorprendieron a ‘La Coquena’, cuando se encontraba en una taquería del poblado de Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán. La mujer que lo acompañaba resultó herida.

Los agresores inmediatamente se dieron a la fuga en las unidades, pero más adelante fueron interceptados por personas armadas, desatándose un enfrentamiento en las calles del pueblo y que se prolongó hasta la carretera Apatzingán – Nueva Italia, en donde el primer grupo armado se dio a la fuga rumbo a Cuatro – Caminos.

Elementos del Ejército mexicano y de la Policía Ministerial llegaron al lugar de los hechos, mientras que paramédicos de Protección Civil trasladaron a un hospital a Karla Yadira, de 19 años de edad, quien resultó lesionada de bala en un pie.

Posteriormente, personal de la Procuraduría General de Justicia realizó las diligencias de rigor. En el lugar recogió 196 cartuchos percutidos de “Cuerno de Chivo”, AR-15 y varios casquillos de revólver y escuadra.

Aurelio Gómez es hermano de Gilberto Gómez, ‘El Chanda’, otro simpatizante de El Americano. Sus nombres fueron exhibidos en mantas colocadas en diversos puntos de Apatzingán en julio de este 2015, acusados de la desaparición del aspirante a la Fuerza Rural (FR), Arcenio Hinojosa, ‘El Comandante Arce’.


En abril pasado, ‘La Coquena’ encabezó bloqueos carreteros en Tierra Caliente.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

martes, 11 de agosto de 2015

Entrega 'el Piojo' Herrera declaración por escrito ante Fepade

México, DF. Miguel el Piojo Herrera, ex director técnico de la selección mexicana de futbol entregó este martes una declaración por escrito ante a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por el caso de los mensajes de texto que mandó mediante una red social, en los que se manifestó en favor del Partido Verde en plena veda electoral.

Funcionarios de la Procuraduría General de la República confirmaron que Herrera acudió a la Fepade acompañado de con un abogado, para entregar su escrito.

La PGR mantiene abierta la averiguación previa 751/AP/FEPADE/2915, para ser valorada por los fiscales de delitos electorales.

La Fepade tiene la obligación de determinar si Herrera continúa en calidad de testigo o cambia su situación jurídica a indiciado.

Además de el Piojo, algunos de los que promovieron el hashtag #VamosVerdes fueron las actrices y actores Galilea Montijo, Raúl Araiza, Andrea Legarreta, Daniel Bisogno, Gloria Trevi, Ninel Conde y Raquel Bigorra.


También los futbolistas Oribe Peralta y Marco Fabián, la conductora Inés Sainz, el cantante Aleks Syntek, el boxeador Julio César Chávez.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.

EL TPP: asalto a la democracia

Cada vez más los gobiernos se debilitan frente al poder de las grandes corporaciones que a través de los acuerdos comerciales avanzan imponiendo sus intereses sobre los colectivos.

Los resultados de estos acuerdos pasan a afectar directamente la vida de cada uno de nosotros, permitiendo a la industria realizar sus prácticas sin que los gobiernos puedan o quieran intervenir cuando éstas prácticas representan un riesgo para la población.

Estos acuerdos pueden volver los medicamentos más caros, con patentes que duren más y con regulaciones que compliquen la introducción de genéricos. Estos tratados han ido dando mayor poder a las transnacionales y afectando cada vez más a los pequeños productores, a las pequeñas y medianas empresas.

A través de ellos, la industria extractiva minera, petrolera, forestal, del agua, tiene un mayor poder sobre las comunidades para extraer sus recursos y debilitar las herramientas legales para que los pobladores puedan evitar este saqueo y demandara las empresas por la destrucción y contaminación que generan.

El Acuerdo de Asociación Transpacífico, el TPP, es la mayor expresión en este proceso que representa un asalto a lo que nos queda de democracia. El TPP es el acuerdo regional de comercio más grande en el mundo que va a gobernar 40 por ciento de la economía mundial.  Sin embargo, este acuerdo está siendo negociado a puertas cerradas.

La propia senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, cuerpo legislativo que debe aprobar todo tratado internacional, declara que no tiene acceso al Acuerdo. Existen sólo versiones que se han filtrado, sin saberse cuáles son verdaderas, cuáles son las más avanzadas, qué corchetes corresponden a quién, a dónde va.

Los únicos que tiene acceso a las definiciones de este instrumento internacional, que representa una amenaza contra los derechos ciudadanos, son los representantes de las grandes corporaciones transnacionales y los ministros de economía de los países participantes. EL TTP incluye a México, los Estados Unidos, Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malaysia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Según los proponentes el objetivo es profundizar el comercio y la inversión entre los 12 países y reducir las barreras de comercio y tarifas, pero el acuerdo va mucho más allá del comercio: afecta la salud, el ambiente y las condiciones laborales y productivas de los pueblos.

Algunos ejemplos nos dan la dimensión del TTP y su efecto:

Los medicamentos: El TPP es un gran paso atrás para la salud pública. El acuerdo va a disminuir y retrasar el acceso a medicamentos genéricos. Documentos que han sido filtrados señalan que el acuerdo está dominado fuertemente por los intereses de las grandes farmaceúticas dando una mayor protección para sus patentes, prolongando su vigencia,  favoreciendo los intereses privados, no la salud pública.  Los negociadores de las farmaceúticas están introduciendo  un lenguaje en el acuerdo que hace más fácil  prolongar la vida de una patente usando un término técnico referido como “evergreening” a través del cual los productores de drogas cambian levemente un producto (un cambio que no da beneficios adicionales terapéuticos) para obtener una nueva patente sobre el mismo medicamento.  Además, están introduciendo en el TPP la “exclusividad de datos” de 12 años para un tipo de medicinas que incluye medicamentos contra el cáncer y vacunas, este prohíbe a los productores de alternativas genéricas usar los estudios clínicos existentes que fueron presentados para aprobar las marcas no genéricas. Esto tendrá efectos deprimentes e impedirá a los medicamentos genéricos entrar al mercado o hacerlo a mucho mayor costo. Resultado para los consumidores: medicamentos cada vez más caros y sin opciones genéricas accesibles.

Los medicamentos accesibles han sido fundamentales para salvar millones de vidas. Por ejemplo, hace una década el tratamiento antirretroviral por un año costaba aproximadamente $161,617 pesos (10,000 USD) mientras que con una alternativa genérica que está accesible hoy en día el costo para un paciente en un país de desarrollo puede ser de 3,232.34 (200 USD). Hay que subrayar que la industria farmacéutica es una de las industrias que mayores ganancias obtiene y que una parte importante de sus principales medicamentos patentados fueron desarrollados, en principio, en instituciones públicas con fondos federales.

El Tabaco. En materia de salud destaca el caso del tabaco. Esta industria obtiene una ganancia aproximada de 10 mil dólares por cada fumador a lo largo de su vida. Uno de cada dos de esos fumadores muere por una enfermedad causada por el tabaco: la sociedad en su conjunto es la que paga los costos en salud. La industria tabacalera utiliza todo tipo de tácticas y herramientas en los acuerdos de comercio para bloquear las políticas públicas que los gobiernos establecen para el control de tabaquismo. Por ejemplo, Australia y Uruguay enfrentan demandas por parte de la industria tabacalera que está usando estos acuerdos de comercio para bloquear medidas para el control de tabaco o intimidar a los países a no actuar. No obstante, estas medidas son recomendadas en el Convenio Marco de la OMS para el Control de Tabaco. No importa que el tabaco vaya a matar 1 mil millón de personas este siglo de no implementarse estas políticas públicas. Los mayores daños en salud y en las finanzas públicas por el tabaco se presentarán en las naciones en desarrollo.

La estrategia que la industria tabacalera está usando se basa en una provisión conocida como Sistema de Arbitraje Inversor (Investor State Dispute Settlements o ISDS, en inglés) que está en varios acuerdos de comercio y que le permite a la industria demandar a un gobierno si tiene medidas que considera una barrera de comercio. Por lo tanto, esta provisión permite a las empresas extranjeras pasar por encima de la soberanía del estado. EL TPP fortalecerá este proceso dando mayor poder a las empresas para desafiar las medidas del estado para la protección de la salud.

Los Alimentos: El TPP también pone en riesgo la seguridad alimentaria. Borradores del acuerdo señalan que etiquetados—y medidas estatales sobre pesticidas, aditivos, organismos genéticamente modificados y otros etiquetados que explican de donde viene un producto y como fue producido—no pueden ser establecidos argumentando que son barreras al comercio. Esto puede implicar que un estado perderá la soberanía para establecer reglas más estrictas que los estándares internacionales. Y como vemos, estos estándares internacionales son elaborados por las corporaciones en contubernio con los ministerios de economía. Actualmente, los etiquetados frontales de alimentos desarrollados en Ecuador y Chile para que los consumidores tengan la información sencilla y útil que les indica que un producto es alto en azúcar, grasas y/o sodio, están siendo demandados por las grandes industrias de alimentos y bebidas como barreras al comercio. El derecho básico a que sepamos los consumidores que un producto es alto en azúcar es combatido por las grandes trasnacionales de la comida chatarra y las bebidas ante los organismos internacionales de comercio. Este es el extremo al que hemos llegado: que la información básica al consumidor para proteger su salud sea considerada y combatida como una barrera al comercio.

El proceso del TPP ha sido un asalto a la democracia, un proceso sin transparencia.  La sociedad civil, así como los propios poderes legislativos, estamos excluidos de las negociaciones.  Tenemos que recurrir a documentos filtrados para entender mejor los detalles del acuerdo. Mientras, grupos de cabildeo que representan a las empresas multinacionales intervienen en la redacción de  los capítulos del acuerdo. Más de 500 corporaciones e instituciones financieras son partes de comités de asesoría que tienen acceso a los capítulos de este acuerdo.

Existe una oposición entre los organismos de Naciones Unidas que trabajan por la protección de la salud (OMS), del medio ambiente (PNUMA), del desarrollo (PNUD), de los derechos laborales (OIT), entre otros, y los acuerdos comerciales regionales, así como con la Organización Mundial de Comercio (OMC). Mientras los primeros ponen el interés común por encima, los segundos ponen el interés privado de las grandes corporaciones por encima del común. La desgracia es que los organismos de Naciones Unidas no cuentan con mecanismos de sanción, únicamente el consejo de seguridad puede llegar a ellos, mientras los acuerdos comerciales y la OMC si los tienen.


El acuerdo del TPP se encamina a ser una victoria para los intereses privados y un impedimento para la salud pública y los derechos de los consumidores, un golpe para los objetivos de salud, ambiente y desarrollo de la comunidad global.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ALEJANDRO CALVILLO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/11-08-2015/37886.

Es falso que Hillary Clinton sea coautora de la reforma energética: Penchyna


MÉXICO, D.F. (apro).- El senador priista David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía, calificó como “muy buena fantasía” y “absurda” la información del sitio electrónico DesMog en el cual se revelan supuestos acuerdos entre la exsecretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, y compañías petroleras para impulsar la reforma energética en México.
“Dicha nota es una muy buena fantasía, que no tiene sustento alguno y es una elucubración bastante relevante, del tamaño de la falta de contenido que tiene. Es una aseveración absurda, que no tiene ninguna realidad en un proceso que vivimos los mexicanos”, afirmó Penchyna, quien encabezó los trabajos de dictaminación de la reforma energética en el Senado mexicano.
De acuerdo con DesMog, la actual precandidata a la presidencia de la República en Estados Unidos, Hillary Clinton, y el exembajador norteamericano en México, Carlos Pascual, intercambiaron una serie de emails en los cuales se confirma que “el Departamento de Estado de Clinton ayudó a romper el monopolio de la empresa estatal (Pemex) sobre la industria petrolera y de gas en México, abriendo el país a las compañías internacionales”.
Según el mismo sitio electrónico, entre los principales colaboradores de Clinton que estuvieron en el diseño de la reforma energética se encuentran David Goldwyn, quien actualmente dirige una empresa de petróleo y gas llamada Goldwyn Estrategias Globales; el propio Carlos Pascual, quien sucedió a Goldwyn como primer coordinador internacional de Energía en el Departamento de Estado norteamericano y actualmente es miembro del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia; y Neil Brown, quien ahora trabaja en la firma de gestión de fondos Kohlberg Kravis Roberts.
El senador hidalguense afirmó que la reforma energética mexicana “tiene su propio contenido nacional y su propia tropicalización normativa”, aunque admitió que tomó modelos de otros países.
En rueda de prensa, Penchyna también afirmó que “no ha fallado nada” en la reforma energética porque “está llegando la inversión en exploración y producción, que es de donde se han agarrado en un juicio a medias verdades”.
Según Penchyna, la inversión en el sector energético ha crecido “como nunca en la historia”, a 13 por ciento, “en el peor momento de la industria petrolera mundial”.
A la defensiva por la baja internacional de los precios del petróleo y la escasa participación de consorcios privados en la Ronda Uno, Penchyna afirmó que “no es un problema de México. Eso es mentir. Es un problema del contexto mundial, porque una noticia es que no fijamos el precio del petróleo, nada más falta eso”.
“En el momento más bajo del precio del petróleo de las últimas dos décadas, está llegando la inversión, porque los que son serios en esta materia, saben que el precio no es para siempre, hay precios altos y hay precios bajos”, argumentó.
Penchyna también afirmó que se “malinterpretaron” los nuevos requisitos para la Ronda Uno. “Ya juzgamos la Ronda Uno como un fracaso, cuando apenas se ha dado una quinta parte de su contenido”, insistió.
El senador priista también salió de nuevo a defender al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, señalado como responsable del clima de hostigamiento y de persecución contra periodistas en su entidad, donde han fallecido 14 reporteros en su administración.
También manifestó que Estados Unidos ya dio el beneplácito para que el doctor Miguel Basáñez sea el próximo embajador mexicano en Washington. Afirmó que el Senado debe “procesar lo más pronto posible” esta designación.
“La relación bilateral entre México y Estados Unidos no sufre ningún descalabro por el tiempo que estuvo vacante (la embajada mexicana en Washington), la cancillería mantuvo una actividad permanente”, insistió.
FUENTE:PROCESO
AUTOR: JENARO VILLAMIL

Veracruz, estado de censura

MÉXICO, D.F: La madrugada del 11 de octubre de 2002 explotó el boiler en el departamento del periodista veracruzano José Miranda Virgen, autor de la columna “Espejo de Poder”. El estallido le causó quemaduras en 98% ciento de su cuerpo. Vivía solo. Fue trasladado al Hospital ABC de la Ciudad de México, pero fueron inútiles los intentos por mantenerlo con vida. Murió a los cinco días.

Uno de sus últimos textos fue el involucramiento de personajes del entonces gobierno de Miguel Alemán Valdés con el crimen organizado. Aludió la vecindad del mandatario estatal con Jesús Albino Quintero Meraz, El Beto, entonces uno de los narcotraficantes más buscados.

La Asociación de Periodistas de Veracruz denunció que Miranda Virgen no murió por accidente, sino que fue víctima de un atentado. Pidieron la intervención de la PGR y de la CNDH. Representantes de Reporteros sin Fronteras (RSF) acudieron con el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, para solicitar su intervención en el caso. El gobierno foxista no se involucró.

La Procuraduría de Veracruz concluyó que la explosión “fue un accidente provocado por una fuga de gas”. No hubo investigación y el caso quedó cerrado. Sus archivos fueron sustraídos por agentes policiacos. En ese entonces, el jefe de la policía estatal era José Alejandro Montano Guzmán, amigo del entonces gobernador.

Trece años después, Montano Guzmán subió a la tribuna de la Comisión Permanente, el pasado 5 de agosto, para defender a su gobernador, Javier Duarte, de cualquier responsabilidad en el multihomicidio de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.

Montano Guzmán, exjefe policiaco de Veracruz y señalado como uno de los personajes incómodos del priismo veracruzano que se sumó al peñismo, pidió “un voto de confianza” para la Procuraduría capitalina. Insistió que todo hacía pensar en el móvil del robo como causa del brutal atentado contra la vida de Rubén Espinosa, Nadia Vera –ambos desplazados internos por amenazas recibidas en Veracruz– y tres mujeres más.

Ese ha sido el estilo y el sello de la casa en casi todos los atentados y crímenes contra periodistas en Veracruz: desde la época de Miguel Alemán, incluyendo el sexenio criminógeno de Fidel Herrera y, sobre todo, durante la administración de Duarte de Ochoa (los tres priistas), la insistencia de los procuradores y jefes de la policía estatales de Veracruz ha sido menospreciar el ejercicio periodístico como la principal línea de investigación.

Con Duarte se dio un salto cualitativo: a la persecución a comunicadores se agregó la intimidación y acoso a activistas de derechos humanos, la criminalización a organizaciones y agrupaciones estudiantiles. Los crímenes de Rubén Espinosa y de Nadia Vera (fotoperiodista y activista de #YoSoy132, respectivamente) combinan a los dos sectores más criminalizados y perseguidos por su gobierno.

Algo de esto debe saber también su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien mantiene una estrategia férrea de control y de censura hacia todo lo relacionado con los excesos de sus agentes y las arbitrariedades cometidas.

No en balde los abogados de Nadia Vera Pérez, así como el diputado local del PT, Fidel Robles Guadarrama, han demandado que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no solamente llame a declarar a Javier Duarte sino también a su jefe de la policía, Bermúdez Zurita, y a su antecesor en el cargo, Sergio López Esquer.

“Hemos solicitado desde la coadyuvancia que se cite al exsecretario de Seguridad Pública (general López Esquer) y al actual secretario (Arturo Bermúdez Zurita) justo porque las denuncias públicas de Nadia y de Rubén señalan a elementos de Seguridad Pública, porque justo lo que nos interesa es profundizar en la actuación de estos elementos”, declararon los abogados David Peña y Karla Michelle.

La agrupación Periodistas de a Pie también ha señalado que desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal se lleva un registro fotográfico de reporteros y activistas incómodos para el gobierno de Javier Duarte.

El mismo Rubén Espinosa había recibido información de que su denuncia interpuesta en 2013 por las amenazas recibidas no prosperó precisamente porque “desde la Secretaría de Seguridad Pública” la habían bloqueado. En ese momento, Bermúdez Zurita ya encabezaba la dependencia.

El estado de censura en Veracruz tiene nombres, apellidos y posibles responsables. El problema fundamental es que los encargados de investigar en esa entidad son jueces y parte del problema. Prácticamente todos los procuradores y jefes de la policía estatal de 2000 a la fecha han minimizado los crímenes, han entablado una campaña soterrada para criminalizar a los propios periodistas asesinados, vinculándolos con el narcotráfico, o bien, señalándolos como “revoltosos”.

Antes del homicidio de Regina Martínez, corresponsal de Proceso, excolaboradora de La Jornada y una de las periodistas más respetadas por su honestidad en una entidad donde las redes de corrupción y de cooptación son comunes, ya había una lista de 15 periodistas masacrados en Veracruz.

En abril de 2012 habían sido asesinados Jesús Miranda Virgen, Raúl Gibb Guerrero, Hugo Barragán Ortiz, Roberto Marco García, Alfonso Sánchez Guzmán, Raúl Martínez López, Luis Daniel Méndez Hernández, Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco, alias Milo Vera, su hijo Misael y su esposa, así como Yolanda Ordaz de la Cruz, estos tres últimos del periódico Notiver.

En medio de la ola de indignación por el crimen de Regina Martínez, asesinada el 28 de abril de 2012, el 3 de mayo del mismo año fueron asesinados los fotógrafos Gabriel Huge Córdova, Guillermo Luna Varela y Esteban Rodríguez Rodríguez. Trabajaron en Notiver bajo las órdenes de Yolanda Ordaz de la Cruz. En menos de un año este periódico perdió a cinco trabajadores en forma violenta.

En todos los casos se “filtró” que la mayoría de los crímenes no fueron por el ejercicio periodístico sino por “venganzas” del crimen organizado.

Ahora, con el multihomicidio en la colonia Narvarte tratan de cerrar el caso desvinculándolo de la crisis de seguridad pública y persecución a informadores en Veracruz y remitirlo a un expediente de robo, cuyo móvil no aparece por ninguna parte.

El estado de censura ha llegado al Distrito Federal.

La responsabilidad del gobierno capitalino es revertir, al menos en el caso de la Narvarte, este guión persistente en el caso de las autoridades de Veracruz.


A menos que esperemos que otro boiler explote en la casa de algún periodista y nos digan: “Ustedes disculpen, fue un accidente”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

No sólo Duarte debe declarar, también titulares de SSP y Segob: investigador

El académico e investigador del Centro de Investigaciones en Antropología Social (Ciesas-Golfo), Hipólito Rodríguez, señaló que no solamente el gobernador Javier Duarte de Ochoa debe acudir a declarar ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, pues no es el único responsable de la inseguridad que se vive en el estado.

Entrevistado previo a la marcha por la paz que realizaron este lunes, dijo que junto con el titular del Ejecutivo estatal deben declarar el secretario de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, y el secretario de Gobierno (Segob), Flavino Ríos Alvarado.

“No solamente es él, pensar que él (el gobernador) es el único responsable es una equivocación. El problema es el equipo de gobierno de este señor. Ha puesto en manos de jóvenes y políticos sin escrúpulos las condiciones de seguridad en el estado (…) Tiene que responder a eso. Esos son a los que hay que preguntarles. El secretario de Seguridad Pública, el secretario de Gobierno. Ellos son los responsables de la inseguridad que hay en el estado”.

Señaló que es evidente que su equipo de gobierno genera las condiciones de inseguridad en el estado, aunque dijo que el Ejecutivo es responsable del comportamiento de la gente que gobierna con él en el estado.

“Desde el director de Seguridad en Xalapa hasta llegar al secretario de Gobierno de Veracruz, todos ellos son responsables de la inseguridad que hay en el estado y exigimos como ciudadanos que dejan de poner la cara alegre y digan que están en paz cuando Veracruz no está en paz”.

El investigador aseguró que de ser necesario, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) debe entrevistar e interrogar a todo su equipo de gobierno y sobre todo a quienes son responsables de la seguridad pública en el estado. “Ellos son a los que hay que entrevistar, los que permitieron que golpearan a los estudiantes en su domicilio y cuando se acercaron a ver lo que había ocurrido se fueron”.

Dijo que la sociedad está cansada de la inseguridad que se vive en el estado, por lo que la marcha es la muestra de que la ciudadanía ya no acepta en lo que se ha convertido la entidad veracruzana. “Queremos paz, una paz efectiva. Va de nueva cuenta la misma historia. Él va a sostener que no tiene nada que ver con el crimen que ocurrió en la Ciudad de México. Sería idiota pensar que él metió las manos directamente. No creemos que sea una persona tan tonta”.

Y es que dijo que el trabajo de los periodistas es esencial para que haya democracia y sin periodistas no hay democracia.

“Lo que vivimos actualmente en Veracruz es un retroceso político muy severo, una ausencia de condiciones para que haya democracia de calidad y es lamentable que el secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, diga que todo está en orden”.

Aseguró que la sociedad sabe de las extorsiones, que hay secuestros, que la gente tiene miedo y que se va del estado precisamente por las condiciones de inseguridad.


“No basta que ellos alegremente sostengan que tienen la paz en Veracruz cuando no la hay y la prueba es que estamos todos aquí reunidos para decir eso”.

FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.

Ruffo niega que sea su Voz, Sospecha espionaje del PRI

Ernesto Ruffo Appel negó que sea su voz la que aparece en la conversación que el periódico Reforma atribuyó a él y al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés donde se involucra una petición de recursos a favor de Ricardo Anaya.
 
El senador convocó a una conferencia de prensa en un hotel de Zona Rio para asegurar que desde hace “más de 5 años que no hablaba con él”, refiriéndose al mandatario de Sonora.
Además de negar alguna relación con el secretario particular del gobernador sonorense a quien también se hace referencia en los audios filtrados por el diario nacional, “yo no lo conozco”, dijo Ruffo respecto Arturo Alvarado, secretario.
Sin embargo, el ex gobernador de Baja California aseguró que inmediato tomará un avión al Distrito Federal para interponer una denuncia “a quien resulte responsable” por considerar que intervenir llamadas telefónicas se debe de librar en el marco penal.
Ruffo calificó de “calumnia agravada” la nota de El Reforma y confesó: “yo tengo mil sospechas” de quién pudo ser el responsable, entre ellos el Partido Revolucionario Institucional. Señaló que en sus 30 años en la política el espionaje y las filtraciones “siempre han venido del PRI”.
El ensenadense no justificó a Padrés ni la investigación por lavado de dinero que trascendió existe en su contra, o bien de las supuestas “detenciones” que se darán –tal como se explica en las grabaciones– luego de que concluya su gobierno en septiembre.
“Ha corrido mucha agua a través del Río Sonora, hasta por ahí dicen un represón pero bueno, que cada quien aclare su changarro porque el buen prestigio es muy difícil cosecharlo y muy fácil tumbarlo, cuando se trate de la imagen y del honor que luego lo acarrean hasta los hijos de uno, pues hay que aclararlo”, dijo.
Ruffo es parte de la planilla de Ricardo Anaya quien intenta suplir a Gustavo Madero en la dirigencia de Partido Acción Nacional y quien se ha visto involucrado en otras llamadas telefónicas solicitando “metas” y “cantidades”.
El senador por Baja California aseguró que contratará un perito para que determine que es su voz la de la grabación y no solo sea su palabra. Sobre el diario que publicó los audios, expresó: “ni me preguntaron y lo sacan, ni investigaron, está de por medio el prestigio del periódico”.

FUENTE: ZETATIJUANA 
AUTOR:ISAI LARA
Isaí Lara Bermúdez
Ernesto Ruffo Appel negó que sea su voz la que aparece en la conversación que el periódico Reforma atribuyó a él y al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés donde se involucra una petición de recursos a favor de Ricardo Anaya.
El senador convocó a una conferencia de prensa en un hotel de Zona Rio para asegurar que desde hace “más de 5 años que no hablaba con él”, refiriéndose al mandatario de Sonora.
Además de negar alguna relación con el secretario particular del gobernador sonorense a quien también se hace referencia en los audios filtrados por el diario nacional, “yo no lo conozco”, dijo Ruffo respecto Arturo Alvarado, secretario.
Sin embargo, el ex gobernador de Baja California aseguró que inmediato tomará un avión al Distrito Federal para interponer una denuncia “a quien resulte responsable” por considerar que intervenir llamadas telefónicas se debe de librar en el marco penal.
Ruffo calificó de “calumnia agravada” la nota de El Reforma y confesó: “yo tengo mil sospechas” de quién pudo ser el responsable, entre ellos el Partido Revolucionario Institucional. Señaló que en sus 30 años en la política el espionaje y las filtraciones “siempre han venido del PRI”. El ensenadense no justificó a Padrés ni la investigación por lavado de dinero que trascendió existe en su contra, o bien de las supuestas “detenciones” que se darán –tal como se explica en las grabaciones– luego de que concluya su gobierno en septiembre.
“Ha corrido mucha agua a través del Río Sonora, hasta por ahí dicen un represón pero bueno, que cada quien aclare su changarro porque el buen prestigio es muy difícil cosecharlo y muy fácil tumbarlo, cuando se trate de la imagen y del honor que luego lo acarrean hasta los hijos de uno, pues hay que aclararlo”, dijo.
Ruffo es parte de la planilla de Ricardo Anaya quien intenta suplir a Gustavo Madero en la dirigencia de Partido Acción Nacional y quien se ha visto involucrado en otras llamadas telefónicas solicitando “metas” y “cantidades” El senador por Baja California aseguró que contratará un perito para que determine que es su voz la de la grabación y no solo sea su palabra. Sobre el diario que publicó los audios, expresó: “ni me preguntaron y lo sacan, ni investigaron, está de por medio el prestigio del periódico”.