MÉXICO, D.F: La omertà, la ley del silencio, es regla de oro de las mafias italianas: la Cosa Nostra, que opera en Sicilia; la Camorra, en la región de la Campania, y la ‘Ndrangheta, en Calabria, al extremo sur de la península. La violación de esa exigencia de discreción absoluta sobre todo lo relacionado con las actividades de la sociedad secreta se castiga con la muerte. Dichas organizaciones delictivas nunca han pretendido ser un gobierno alternativo, basan su existencia en la infiltración del Estado legalmente constituido con el propósito de moldearlo a favor de sus propios intereses. Tal como ocurre en México.
El poder y las ganancias de esa estructura criminal, obtenidas mediante la mezcla de intimidación, violencia y corrupción, ocasionaron un arraigo en lo más hondo del sistema político italiano, desde el nacimiento de la república italiana, en 1946, hasta finales de los setenta. Entre el secuestro y asesinato de Aldo Moro, perpetrado por la organización terrorista Brigadas Rojas en 1978, y el atentado en el que murieron dos jueces (Giovanni Falcone y Paolo Borselino), ocurrido en 1992, se combinaron la violencia de la mafia con la del terrorismo hasta llegar a confundirse. Italia estuvo a punto de convertirse en un narcoestado.
Actualmente, gran parte de los cuadros y dirigentes de las mafias italianas han sido condenadas y encarceladas. La aplicación de leyes y acciones contra el crimen organizado ha logrado controlar y debilitar especialmente a la Cosa Nostra, en Sicilia. La presencia y poder de la ‘Ndrangheta en Calabria y de la Camorra napolitana mantienen su dominio en sus respectivos territorios. La batalla contra la mafia no ha sido ganada. (John Dickie, Mafia Republic: Italy’s Criminal Curse. Cosa Nostra, ‘Ndrangheta and Camorra from1946 to the Present, 2013).
A pesar de sus diferencias, las tres mafias italianas tienen una característica esencial en común: su perversa relación con el Estado, al que han enfrentado, infiltrado y corrompido. Asimismo, se identifican por los vínculos con los hombres de negocios que les permiten blanquear el dinero producto del narcotráfico, la extorsión y sus demás actividades delincuenciales. A ello se debe que la fortaleza económica de la mafia italiana siga en ascenso y aún represente una de las mayores redes criminales del mundo. Esas entidades delictivas no son estáticas, sino perfectamente adaptables al cambio de las circunstancias, lo que hace inviable su exterminio.
Además del costo en vidas humanas, inestabilidad política, crisis económica y terror social, la presencia de la “tenebrosa asociación” causó en la conciencia del pueblo italiano y en sus instituciones democráticas un daño profundo que no será fácil superar. El proverbio italiano del siglo XIX “Quien tiene dinero y amigos se ríe de la justicia” no se ha borrado del todo. Como lo señala Salvadore Lupo en su Historia de la mafia, la Cosa Nostra ha tenido la capacidad de vincularse de manera novedosa con la gran política y los grandes negocios. Los gobiernos débiles y corruptos han convertido a las instituciones del Estado en meros lobbies, facciones o clientelas; son fuente de soborno al servicio de los negocios turbios y los poderes ocultos. La metástasis mafiosa está lejos de haber desaparecido y parece no tener fin. México va en esa dirección.
Paradigma de la delincuencia organizada, la mafia italiana y su relación con el Estado es ilustrativa de la simbiosis entre el narcotráfico y la política en México, alimentada por la corrupción y oculta tras una infructuosa guerra que ha dejado más de 160 mil víctimas durante los últimos nueve años y que, al parecer, nunca será ganada. Es una guerra perdida por la razón que expuso Ismael El Mayo Zambada en su diálogo con Julio Scherer García: “El narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción”.
En su cinismo, concisión y contundencia, esa respuesta no ha sido rebatida en los hechos, después de un sexenio y medio de enfrentamiento armado y violencia demencial durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que han seguido estrategias casi idénticas y fallidas para enfrentar a esa Hidra de mil cabezas que es el crimen organizado.
La evidencia empírica acerca de un pacto entre autoridades corruptas y cárteles para fomentar el tráfico de estupefacientes es abrumadora: desde 1997, cuando se descubrió que el general Jesús Gutiérrez Rebollo, jefe del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, estaba al servicio de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, jefe del Cártel de Juárez, hasta la reciente fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, apoyada desde las instituciones del gobierno peñanietista, empeñado en ocultar la ineptitud y confabulación de los funcionarios responsables del vergonzoso desaguisado (Proceso 2022). Es la omertà de un silencio cómplice y timorato que paraliza.
“La corrupción facilita la amplia y poderosa maquinaria empresarial del crimen organizado, al tiempo de menguar los esfuerzos del Estado para confrontarlos. De hecho, la corrupción hace indistinguibles a los criminales de los oficiales” (Stephen Morris, Corruption, Drug Trafficking, and Violence in Mexico, 2012).
El reporte anual de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen es categórico y, curiosamente, coincide con El Mayo Zambada: La corrupción política representa el principal factor en el crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado. El presidente Peña Nieto ha hecho nada o muy poco para combatir la corrupción gubernamental vinculada a los cárteles de la droga y para desarticular las redes financieras que fortalecen el patrimonio económico del narco que lo dota de un poder corruptor ilimitado.
Esta es una de las razones por las que 64% de los ciudadanos y 84% de los líderes desaprueban el desempeño del presidente. Sólo 19% cree que su estrategia para combatir el crimen organizado ha sido la correcta, al tiempo de que 87% piensa que El Chapo se escapó con la ayuda de funcionarios de su gobierno. Asimismo, 76% de los ciudadanos y 93% de los líderes considera que la forma de enfrentar la corrupción ha sido equivocada (Reforma, 31/VII/15).
La desaprobación ciudadana al gobierno de Enrique Peña Nieto no afecta únicamente su popularidad, sino que se traduce en desconfianza creciente en las instituciones del Estado. Sólo la Iglesia y el Ejército tienen una aprobación de poco más de 50%, en tanto que el nivel de confianza en las demás instituciones es preocupante: gobierno de Peña Nieto (27%), Congreso y Suprema Corte (24%), policía (20%) y partidos políticos (16%). (Reforma, 4/VIII/15). Ello no revela una auténtica legitimidad democrática.
Ante el evidente rechazo ciudadano, el gobierno de Peña Nieto se ha refugiado en las Fuerzas Armadas y en una suerte de omertà en torno al Grupo Atlacomulco y al círculo más cercano de su gabinete, que lo protegen y al mismo tiempo lo limitan para tomar las decisiones que le permitirían salir de la parálisis política reinante, en medio de una situación económica muy adversa y de una sociedad cuya tolerancia parece estarse agotando.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: HÉCTOR TAJONAR.
Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la procuraduría capitalina ha incurrido en numerosas y graves irregularidades al investigar el multihomicidio de colonia Narvarte, donde una de las víctimas fue Rubén Espinosa, colaborador de este semanario: ha actuado a base de prejuicios y discriminación, presuntamente torturó al único detenido y, sobre todo, a ciertos medios les ha filtrado información parcial o distorsionada para crear la sensación de que las víctimas se “merecían” lo que les pasó. En entrevista con Proceso, la titular de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, manifiesta su temor de que el caso se siga desvirtuando y se pase por alto la línea de investigación que conduce a la capital veracruzana.
MÉXICO, D.F: Filtraciones orientadas a descalificar a las víctimas, discriminación, omisiones en la indagatoria y la presunción de maltratos o tortura al único procesado por el multihomicidio de la colonia Narvarte –donde murió Rubén Espinosa, colaborador de este semanario–, son algunas de las irregularidades cometidas por las autoridades y que a dos semanas de los hechos destaca en entrevista la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo.
Ante un caso escandaloso –en el cual además de un fotoperiodista, entre las víctimas hay una activista de los derechos humanos, Nadia Vera, y otras tres mujeres, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y la colombiana Mile Virginia Martín, y donde se señala la responsabilidad del gobernador de Veracruz, Javier Duarte– Gómez Gallardo determinó abrir dos quejas: una por posibles violaciones al debido proceso y otra por agravios a la libertad de expresión y a grupos vulnerables.
Tras manifestarse contra las filtraciones a varios medios, entre ellos Televisa, en violación a las medidas precautorias emitidas por la CDHDF el sábado 1, Gómez Gallardo revela que peritos médicos analizan los dictámenes del Protocolo de Estambul, aplicado a Daniel Pacheco Gutiérrez, procesado por feminicidio agravado, homicidio calificado y robo en pandilla, a fin de determinar si en su caso hubo maltrato o tortura.
Como ocurrió con José Antonio Hernández, acusado de la muerte de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, Pacheco alegó haber sido torturado por los agentes que lo aprehendieron.
Aunque ante la juez Hermelinda Silva se reservó el derecho a declarar cuando fue consignado, el jueves 6, Pacheco decidió hablar de esos presuntos abusos el viernes 7 y el sábado 8, cuando funcionarios de la Primera Visitaduría de la CDHDF ingresaron al Reclusorio Oriente para tomar su declaración y aplicarle las pruebas del Protocolo de Estambul.
En la fotografía del indiciado, que las autoridades enviaron a los medios, en el rostro del exconvicto –cumplió una condena de nueve años por violación y robo– se aprecia un hematoma en el ojo izquierdo, mismo que se ve entrecerrado por la inflamación.
En sus declaraciones ministeriales, filtradas a algunos medios, Pacheco se habría abstenido de presentar una querella contra sus aprehensores y habría dicho que los golpes que presentaba se los había provocado al resistirse a la captura.
Gómez Gallardo explica que el organismo “está configurando la investigación para determinar si el tipo de lesión que presenta (Pacheco Gutiérrez) tiene que ver con la propia detención, en el uso adecuado de la fuerza”.
La titular de la CDHDF admite que por el momento la institución no puede pronunciarse sobre presunta tortura sufrida por el detenido, pues apenas se analizan su declaración y las pruebas del Protocolo de Estambul (método psicológico y médico para determinar maltrato y tortura).
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2024, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
El manejo del multihomicidio de la colonia Narvarte por la Procuraduría capitalina deja mucho que desear en los aspectos jurídico y político. Las inconsistencias prevalecen en los seis tomos del expediente del caso. Ahí se evidencia que la autoridad capitalina privilegió el móvil del robo con bases muy débiles, con tal de no seguir las pistas políticas; filtró un video que suscita más preguntas que respuestas y no preservó debidamente la escena del crimen. Para colmo, el único indiciado por los asesinatos denunció que fue torturado para confesar, y si consigue acreditarlo, la policía tendrá las manos vacías.
MÉXICO, D.F: Los seis tomos de la averiguación previa relacionada con el multihomicidio de la colonia Narvarte –fragmentos de la cual consultó Proceso– contienen información testimonial, pericial y documental que aporta innumerables pistas, pero después de 15 días la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) las ha soslayado, tocado a medias o de plano ignorado.
Eso ocurre con la presunta presencia de un cuarto sujeto en la escena del crimen, las referencias a otro automóvil utilizado por los sospechosos y al menos un video donde se ven claramente los rostros de éstos.
En el expediente está la ampliación de la declaración que el lunes 10 rindió Daniel Pacheco Gutiérrez, el único detenido y consignado hasta el momento. Ahí denuncia torturas y amenazas de los agentes investigadores que lo aprehendieron afuera de su domicilio el miércoles 5.
El jueves 13, la juez Vigésimo Quinto Penal del DF, Hermelinda Silva Meléndez, envió el oficio 2623 a la directora de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF), María Elena Lugo del Castillo. La juez pidió que peritos en psicología y medicina forense intervinieran y “de manera inmediata rindan un dictamen en relación al estado actual que presenta hoy el indiciado (…) por considerar que existe razón suficiente para realizar una investigación… respecto de posibles actos de tortura”. Si la queja por tortura procede, el caso se le caerá a la PGJDF.
Al cierre de esta edición, la Procuraduría capitalina no había citado a atestiguar a personas que conocieran las actividades profesionales del fotoperiodista Rubén Espinosa y de la activista Nadia Vera. Tampoco hizo caso a las solicitudes de información que los abogados de Vera presentaron a fin de detener cualquier intento del titular de la dependencia, Rodolfo Ríos Garza, de cerrar la indagatoria con los móviles de crimen pasional, drogas y prostitución, o bien el robo a casa-habitación, sin antes agotar cada línea de investigación.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2024, ya en circulación)
FUENTE: PROCWESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
Ricardo Anaya dio a conocer las primeras medidas que tomará cuando inicie su etapa como dirigente nacional del PAN; Javier Corral reconoce su derrota y descarta impugnar el resultado debido a la falta de una instancia confiable.
Ricardo Anaya obtuvo un triunfo claro en el proceso interno para elegir al próximo dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) al obtener 81% de los votos, mientras que Javier Corral apenas alcanzó 16% de los sufragios, de acuerdo con el resultado preliminar revelado por la Comisión Organizadora.
Tras el anunció de los resultados preliminares, Anaya Cortes dio a conocer cuatro acciones que pondrá en marcha como el siguiente líder nacional del PAN, mientras que Corral se negó a impugnar el resultado ante la falta de una instancia confiable.
Se espera que la noche de este lunes 17 de agosto, la Comisión Nacional Organizadora sesione para realizar el cómputo final.
Héctor Larios, presidente de la Comisión, advirtió que el resultado puede ser combatido por las vías legales, por lo que se tendrán tres días como plazo para presentar el recurso de inconformidad.
En caso de que no se presente ningún recurso, la Comisión podrá emitir la declaración de validez y la constancia de mayoría, y posteriormente se firmarán las actas de entrega-recepción entre el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) entrante y el saliente para empezar a ejercer las funciones.
En caso de que se presente alguna impugnación, habrá que esperar hasta 48 horas para que sea notificada a terceros interesados y luego la Comisión tendrá que destinar tiempo para el análisis y dictamen de dicho recurso.
Transparencia, reducción de gastos y combate a la corrupción: prioridades de Anaya
En su primera conferencia como virtual ganador de la contienda, Anaya Cortés dijo que reducirá a la mitad su sueldo y prometió bajar la nómina del partido en 50%, con el objetivo de crear a programas de acercamiento permanente con los ciudadanos.
Entre porras de sus simpatizantes, Anaya Cortes adelantó que el PAN será un partido de oposición crítico y se comprometió a hacer públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
Otras de las prioridades son: dar marcha atrás a la reforma fiscal y la legislación secundaria para combatir la corrupción.
Al hablar sobre el combate a la corrupción, Anaya Cortés anunció la creación de órganos autónomos e independientes para investigar y sancionar a quienes cometan actos de corrupción. “No vamos a tolerar un solo acto de corrupción, lo vamos a combatir, lo vamos a denunciar”, aseguró.
Durante la conferencia, Anaya Cortés tuvo tiempo para prometer que su partido ganará las elecciones presidenciales de 2018. “Es nuestro compromiso, vamos a ganar para las mexicanas y mexicanos la Presidencia de la República. La tarea no es fácil, pero confío en que el PAN gane el 2018”, dijo.
Antes de concluir con su mensaje, el virtual ganador de la contienda panista agradeció a Javier Corral y manifestó su intención de tenderle la mano, porque el mejor PAN es el que podemos construir todos juntos.
No le levantaré la mano a Anaya: Corral
Tras reconocer que los resultados de la elección interna del PAN no le son favorables, Javier Corral dijo que no le va a levantar la mano a Ricardo Anaya.
“No le levantaré la mano a Anaya, claro que no, no confiamos en él ni en ese equipo”, dijo Corral minutos después de que la Comisión Nacional Organizadora dio a conocer los resultados preliminares. “(El de Anaya) Es un triunfo trazado por la corrupción, la inequidad, la simulación, el uso indebido de recursos ilícitos”, agregó.
Al hacer un análisis de la elección, Corral explicó que “fue una disputa de dos culturas, una que se empeña en ser instrumento al servicio de México y, por supuesto, competimos con una cultura priista que ha invadido al PAN, que le apuesta al dinero, que le apuesta a la intimidación, al chantaje, que le apuesta al acarreo”.
Corral rechazó formar parte de la próxima dirigencia panista y exigió que el próximo líder panista cumpla con su discurso de combate a la corrupción.
Negó que vaya a renunciar a su militancia panista, ya que quiere encabezar una corriente que se convierta en la verdadera oposición al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Al hablar sobre las irregularidades que denunció a lo largo del proceso y durante la jornada electoral, el político de Chihuahua advirtió que quedarán en la impunidad, ya que no existe ninguna instancia confiable para que castigue a los responsables.
“¿Ante qué instancia podríamos recurrir? ¿a dónde acudimos? ¿Ante la Comisión Organizadora? Si por ahí empezó el asunto, armaron una comisión a modo ¿ante el Trife que validó el padrón inflado?”, cuestionó.
Al ser cuestionado sobre si pedirá la nulidad de la elección, Corral dijo: “No hay árbitro a quien pedir eso, en supuestos que no existen por qué opinamos”.
La conferencia de Javier Corral.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El queretano perfila triunfo de 81 por ciento sobre Javier Corral y hace un llamado a la unidad del partido y afirma que será crítico con el gobierno y trabajará para echar atrás la reforma fiscal.
Ricardo Anaya le ganó la dirigencia del PAN a Javier Corral con 81 por ciento de la votación, de acuerdo con la comisión organizadora y el panista ofreció combatir la corrupción y ser crítico con el gobierno actual en busca de regresar a Los Pinos.
“Seremos una oposición crítica frente a un gobierno que no ha dado resultados, nosotros estaremos del lado de la gente”, escribió en su cuenta de Twitter.
Dentro de las acciones que se comprometió a emprender se encuentra la publicación de su declaración patrimonial fiscal y de intereses.
“Reduciremos la nómina del partido y el sueldo del presidente, destinando esos recursos a programas de acercamiento a la ciudadanía”, afirmó Anaya.
Ricardo Anaya afirmó que “sólo viajaré en vuelos comerciales y en clase económica” y comprometió que su partido colaborará para echar atrás la “tóxica reforma fiscal”.
“Propongo una reducción sustancial del gasto destinado a campañas y a partidos políticos, para apoyar a las universidades públicas”, agregó.
Dijo que la meta de su trabajo al frente del PAN, es merecer la confianza de la ciudadanía y recuperar la Presidencia de la República en 2018.
La Comisión Nacional Organizadora de la elección para la dirigencia nacional del PAN, informó que con 79 por ciento de las actas computadas, Ricardo Anaya se ubicaba como el virtual triunfador de la contienda.
De los 17 mil afiliados panistas, poco más de ocho mil panistas acudieron a votar.
Faltó una casilla
El árbitro de la contienda interna del PAN, Héctor Larios Córdova, afirmó que se instalaron mil 908 casillas en el país y sólo una no fue abierta en el municipio de Tlixtla, Guerrero, por causas ajenas a temas partidistas.
Rechazó que se necesite reconciliación entre los candidatos Ricardo Anaya y Javier Corral, “porque no hay enemistad, lo que hay un contraste entre ambos que se dio durante los 46 días de campaña”.
Respecto a denuncias que realizó Javier Corral sobre supuestas irregularidades en la elección, como acarreos en ocho estados, dijo que desconoce esa situación y rechazó que haya riesgos de incisión en las filas panistas (Con información de Notimex).
Tabe rebasa 8 mil votos
El candidato único a la dirigencia del PAN capitalino, Mauricio Tabe Echartea, tenía ocho mil 693 votos con 96 por ciento de las actas computadas.
Diego Orlando Garrido López, secretario general en función de presidente del PAN-DF, acompañado de los integrantes de la Comisión Estatal Organizadora (CEO), confirmó la renovación de la dirigencia del PAN capitalino para los próximos tres años.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
Miguel Ángel Osorio Chong, Arely Gómez, Eugenio Ímaz, Monte Alejandro Rubido y otros funcionarios federales mintieron bajo juramento. El pasado julio, en comparecencia ante la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para explicar la fuga de El Chapo Guzmán, “olvidaron” mencionar que la grabación del monitoreo al capo antes de su fuga tenía sonido, y ahí se escuchaban con claridad los golpes que se hacían contra el concreto del piso de la celda. Hasta la fecha, Gobernación sigue sin dar ese audio a los legisladores.
MÉXICO, D.F: El viernes 7 el senador independiente Alejandro Encinas, secretario de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, envió una carta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para solicitarle copia de las grabaciones de video y audio de la celda de Joaquín El Chapo Guzmán, capturadas las 24 horas por los equipos de monitoreo vigilados por personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) dentro del Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano.
Por su parte, la presidenta de esa comisión, la diputada panista Adriana González Carrillo, señala en entrevista que aún esperan que el gobierno federal entregue información –no presentada en la comparecencia de funcionarios federales del pasado 16 de julio–, como la cronología de “cada momento, cada acción y cada protocolo” antes, durante y después de la fuga.
“Es muy importante que la Comisión y la sociedad mexicana conozcan los videos con audio para redimensionar las vulnerabilidades de las instituciones de máxima seguridad del país y exigir un cambio de estrategia y de responsables de cumplir y hacer cumplir la ley”, afirma. “Pareciera que el Ejecutivo federal ha perdonado estas faltas graves”.
Hasta ahora el gobierno de Enrique Peña Nieto ha ocultado dichas grabaciones y sólo ha mostrado a los medios una videograbación, sin sonido, de los minutos previos al escape del narcotraficante.
El pasado 13 de julio el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, al mostrar el video en conferencia de prensa afirmó que no había indicios de que El Chapo fuera a escapar; nada dijo de los golpes escuchados dentro de la celda.
En dicha grabación, según un peritaje de la Procuraduría General de la República (PGR) hecho el 12 de julio, se escuchan los golpes de metal contra concreto en la celda de Guzmán Loera, desde minutos antes de que éste desapareciera de la vista de la cámara de seguridad y escapara supuestamente por el túnel de 1.5 kilómetros que conectó su celda con una casa en obra negra en la colonia San Juana, en las inmediaciones del penal.
La existencia del video fue revelada por este semanario el domingo 2 (Proceso 2022). Se tuvo acceso al expediente de la causa penal 48/2015, abierta en el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en Toluca, que contiene las investigaciones realizadas hasta ahora por la PGR sobre la fuga, incluyendo peritajes, tarjetas informativas, actas y declaraciones ministeriales de presuntos responsables, empleados del penal y narcotraficantes presos en la misma área –la de Tratamientos Especiales– que Guzmán.
Según el peritaje, los golpes contra el concreto dentro de la celda del Chapo se escuchaban al menos durante los siete minutos previos a la fuga; dos agentes del Cisen encargados en ese turno de monitorear la celda, con video y audio, nada hicieron para emitir una alerta e impedir la salida del capo.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2024, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.
Algo ocurrió entre el miércoles 5 de agosto, cuando se daba por seguro el nombramiento de Aurelio Nuño, y el sábado 8 de agosto, cuando salió humo blanco de Los Pinos en favor de Manlio Fabio Beltrones como nuevo presidente del PRI, en una jugada que lo coloca como un eventual aspirante a la candidatura presidencial. Aparte especulaciones, en entrevista con Proceso, el inminente líder priista asegura que no hubo dentro del partido ni negociación ni rompimiento y se asume a plenitud como defensor a ultranza del gobierno de Peña Nieto. Dice que espera mentiras, calumnias y difamaciones en el camino hacia las elecciones del 2018. “Que grite la canalla; tengo la piel muy gruesa…”
MÉXICO, D.F: Hacía tiempo que en el PRI no se veía tanta efervescencia ante el cambio de un dirigente. Nuevamente las riadas de simpatizantes llenan los auditorios de los sectores obrero, campesino y popular, los cuales se vieron casi vacíos durante mucho tiempo.
“Que no quepa duda: somos el partido en el gobierno y no puede dejar de ser el brazo político del presidente”, dice en entrevista el candidato único al liderazgo priista, Manlio Fabio Beltrones.
Su oficina en la presidencia de la Cámara de Diputados está vacía, ya tiene todo listo para trasladarse a la sede nacional del PRI, donde lo esperan cuatro años de trabajo difícil, si no es que ese periodo se acorta un año para permitirle competir por la Presidencia en 2018, lo cual no descarta. “Nunca hay que montar los becerros antes de tiempo, porque se pandean”, ataja el sonorense, quien dice que por el momento su propósito es ganar las elecciones de los dos años entrantes y ser un buen árbitro.
A Beltrones le gusta el beisbol y asegura que es un buen segunda base, pero también peligroso lanzador; le gusta ponchar a sus adversarios y dar asistencias que definan los partidos. En el campo de la política hace algo parecido y ante la crisis de partidos y principalmente la baja de popularidad de Enrique Peña Nieto, sostiene que el PRI tendrá que transformarse necesariamente y al presidente tendrá que entenderlo, más que defenderlo.
“El presidente Enrique Peña Nieto no necesita quien lo defienda, sino quien lo entienda en lo que es su propósito de transformar el país –para hacer un México moderno a través de estas reformas– y en los riesgos que esto conlleva, que han lastimado intereses muy importantes; estoy seguro de que al final habrán de reconocer que lo que se realizó, se hizo bien y en la ruta correcta”, asegura.
El sonorense no rehúye las preguntas, aunque algunas lo incomodan. Se le recuerda el trabajo periodístico de The New York Times donde se afirmaba que tenía ligas con el narcotráfico.
“En mi vida política, y en la carrera que dentro de la política he desempeñado muchos años, he sido objeto de grandes satisfacciones y de algunas canalladas y esa es una de ellas. Quedó perfectamente demostrado, incluso con un dictamen de la Procuraduría General de la República, que era falso y difamatorio. Para mí, ese es un caso cerrado. Solamente lo vuelven a desempolvar aquellos que tienen intereses en lastimar mi figura, pero son parte de la canalla.”
(Fragmento de la entrevista que se publica en la revista Proceso 2024, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
VILLAHERMOSA, Tab: El Tribunal Electoral de Tabasco (TET) anuló esta noche la elección en el municipio de Centro, cabecera de esta capital, y revocó la constancia de mayoría que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) entregó al perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa como alcalde electo.
Ante la falta de actas, “múltiples irregularidades” y vulneración de los principios de legalidad y certeza, los tres magistrados, Yolidabey Alvarado, Jorge Montaño y Óscar Rebolledo, votaron en favor del dictamen e instruyeron al Congreso del Estado convocar a elecciones extraordinarias para presidente municipal de Centro.
En el dictamen, elaborado por la presidenta del TET, Yolidabey Alvarado, se destaca que no hubo certeza ni seguridad el día de la elección, ni vigilancia de los paquetes electorales, por lo que su contenido fue vulnerado.
Gaudiano Rovirosa había sido declarado ganador por el Consejo Electoral Municipal del IEPCT con 64 mil 599 sufragios, seguido del priista Evaristo Hernández Cruz que contabilizó 51 mil 817 sufragios.
Diez días después de la elección del pasado 7 de junio, tras tortuoso conteo de votos, se entregó al nieto del exgobernador Leandro Rovirosa la constancia de mayoría que los acreditaba como presidente municipal electo de Centro.
Sin embargo, durante la jornada comicial, recepción de paquetes electorales y conteo de votos, los candidatos del PRI, Evaristo Hernández Cruz; Rosalinda López Hernández del PVEM-PAN y Octavio Romero de Morena, denunciaron “cochinero” y exigieron la anulación de la elección.
Desde el mediodía, el PRD alertó que el TET anularía la elección y denunció que tras la maniobra se encontraba el PVEM, en “complicidad” con la magistrada presidenta, Yolidabey Alvarado.
Roberto Romero del Valle, coordinador electoral del sol azteca, responsabilizó al gobernador chiapaneco Manuel Velasco Coello, quien, dijo, “tiene las manos metidas en el asunto porque pretende imponer en la presidencia municipal de Centro a Rosalinda López Hernández”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
Este martes 17 de agosto un juez decidirá si se emiten órdenes de aprehensión contra las 22 trabajadoras de la guardería.
Aracely dice que arriesgó su vida la tarde del incendio de la Guardería ABC. En lugar de salir corriendo, recuerda que se quedó en una estancia con 35 recién nacidos, mientras pedía perdón en silencio a sus hijos si es que no sobrevivía.
Cuenta que, gracias a que gritó por auxilio en una ventila del baño, consiguió sacar a los bebes por un ducto del aire acondicionado.
Hoy la PGR la acusa de haberlos abandonado, después de un largo proceso, que ha sido apoyado por los padres de los niños fallecidos.
“Si no fuera por las maestras nadie en esa guardería habría sobrevivido. Nosotras también fuimos víctimas y ahora resulta que nos consideran crimínales ”dice la pedagoga.
Aracely Moroyoqui es una de las 22 maestras y trabajadorasa las que la Procuraduría General de la República (PGR) consignó el pasado 4 de agosto por los delitos de homicidio y lesiones culposas tras considerar, a juicio del Ministerio Público, que abandonaron a los 49 niños que murieron. El martes un juez definirá si concede o no las órdenes de aprehensión en su contra.
Las 22 consignadas son maestras, cocineras, personal de intendencia y enfermeras.
Los padres de los niños respaldaron la determinación de la Procuraduría al considerar que si hubo maestros que no hicieron lo suficiente y que los niños estaban sin cuidado. Dicen, como ejemplo, que los 22 niños que estaban en uno de los salones fallecieron porque estaban solos, que no se cuidó que hubiera extintores o que las salidas de emergencia funcionaran.
“Que un juez determine el grado de responsabilidad de cada una”, ha dicho Julio Cesar Márquez, padre de Yeyé, uno de los bebés fallecidos.
Pero la maestra, con más de seis años de experiencia de trabajo en la guardería ABC, asegura en una entrevista concedida a Animal Político que en la guardería no había niños sin cuidado ni estancias abandonadas, pero sí tenían un sobrecupo por la alta demanda de un establecimiento que gozaba de una reputación exitosa.
Lamenta que ahora nadie se pregunte cómo es que más de 150 niños consiguieron salir del local inundado en humo y en cambio, las acusan por no “haber hecho lo suficiente”.
La consignación hecha por la Procuraduría es, según Aracely, el último capítulo de una “historia de injusticias”que inició desde el mismo día del incendio cuando fueron obligadas a declarar, y que luego siguió con la falta de reconocimiento incluso de su estatus de víctimas por el gobierno y por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
“Acusar a las maestras y a las trabajadoras es una justicia torcida” señaló Gabriel Alvarado, abogado de la organización manos Unidos por la Justicia ABC. De acuerdo con el litigante, la PGR optó por dar “carpetazo” al caso “cortando el hilo por lo más delgado” y dejando sin proceso a altos funcionarios como el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours.
Sin embargo sostuvo que esta no es una batalla legal terminada, pues en breve vendrán nuevos recursos en lo que dijo es una “búsqueda de auténtica justicia”.
Llena pero funcionando
La Guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzó a funcionar en Hermosillodesde el 2001. Aracely Moroyoqui entró a trabajar en ella en el 2003 como asesora pedagógica y de higiene para la sala de maternales, es decir, niños de dos a tres años en promedio.
Según Moroyoqui la guardería era por demás exitosa, al punto en que había lista de espera para el momento en que se abrieran espacios. El establecimiento tenía muy buena fama pues no había ninguna queja en cuanto al cuidado de los niños.
Hasta el último día en que funcionó la Guardería ABC había una matrícula de casi 220 niños, aunque originalmente la capacidad era para 180 menores de edad.
“De que había una sobrepoblación de niños sí la había por tanta demanda que tenía la guardería y porque estaba muy bien recomendada, (…)llegó un momento en que nosotros si nos preguntábamos que se nos hacían muchos niños para dos maestras pero en realidad cuando a uno le gusta y estudio para maestra de kínder y educadora pues se nos hacia un trabajo apasionante” dijo.
En promedio, eran 35 niños en cada una de las dos salas maternales y cada una contaba con dos maestras responsables. El funcionamiento era similar en las otras salas. Según Moroyoqui, no había escasez de personal y la plantilla estaba completa.
“La verdad cada maestra estaba en su sala. Siempre se recibía a los niños del filtro a la sala de las maestras. No sepor qué ahora dicen eso” dijo.
De acuerdo con la maestra, no había tiempos muertos en el ABC y todo funcionaba según horarios fijos y bien establecidos. Había horas precisas para las comidas para las actividades de higiene, para las clases, para dormir. Todo el personal estaba dividido en tres turnos sin espacios vacíos.
Las maestras si tenían un horario de comida como cualquier trabajador y el de ella coincidió casi al mismo tiempo que con el incendio, sin embargo, niega que esto significara un descuido,
“Ahora en los medios nos han dicho muertas de hambre porque nosotros declaramos que algunas comíamos pero no saben en realidad cómo funcionaba la guardería. Los niños no estaban solos por eso y en cuanto todo sucedió nosotros hicimos lo que pudimos” dice Aracely.
Incendio y escape
Minutos antes de las tres de la tarde el humo provocado por un incendio en una bodega contigua comenzó a inundar el interior de la Guardería ABC tomando por sorpresa prácticamente a todos.
Araceli Moroyoqui no recuerda si faltaban extintores o había puertas cerradas, como se ha dicho también, pero de lo que si tiene memoria ni siquiera es del fuego sino del denso humo oscureciendo todo el interior de la guardería.
Narra que ella ingresó a una de las salas de lactantes que era la que tenía cercana y ahí permaneció por momentos paralizada, y reflexionando si salía o no corriendo, si se llevaba a cuatro o cinco niños consigo o si mejor, como al final ocurrió, se quedaba en ese sitio.
“Yo conocía todas las áreas de la guardería y sabía que con los ojos cerrados podría salir yo con tres o cuatro niños pero entendí que no iba a poder volver por ese humo tan terrible que no lo entiende quien no lo ha respirado (…)lepedí perdon con la mente a mis hijos que dejaría huérfanos pero decidí que no me irpia, que ahí me iba a quedar con esos niños” dijo,
En algún momento, recuerda Araceli, se le ocurrió dirigirse aun cuarto de higiene en donde había una pequeña ventana y por ahí comenzó a pedir a gritos auxilio pues había niños atrapados. Gente que estaba afuera le preguntó que hacían y ella les dijo que por el ducto del aire acondicionado podían salir.
Mientras las personas trataban de sacar el aparato del aire la maestra recuerda que tuvo que humedecer a algunos niños pues el calor era casi “insoportable” y a otros los trataba de despertar pues estaban adormecidos por el humo. Finalmente, con la ayuda de las personas de fuera, pudieron sacar a decenas de bebes y ella también pudo salir.
“Yo entiendo los papas ahora y su dolor y lo que nos reclaman porque yo también soy madre. Pero yo y las maestras hicimos todo lo que pudimos, todo lo que pudimos hacer y reaccionar en ese momento tan terrible Esos niños los queríamos tanto, ellos nos decían mamas a nosotras también” recuerda con voz entrecortada.
Justicia torcida: abogado
La PGR informó la semana pasado que procedió en contra de las maestras en cumplimiento a una sentencia de amparo que le obligó a pronunciarse en torno al caso. Los padres delmovimiento 5 de junio aseguraron que este era un “primer paquete” de acusaciones y que después vendría el seguimiento de altos funcionarios.
Pero el abogado Gabriel Alvarado Serrano, quien promovió el referido ampro a nombre de la organización Manos Unidas Justica ABC dijo en entrevista con Animal Político que la realidad es distinta.
“La respuesta de la PGR luego de que el juez le tuvo que insistir varias veces para que se pronunciara es reservar toda la averiguación, es decir mandarle al archivo y solo proceder en contra de las 22 maestras y profesoras. Eso no es hacer justicia, es torcer a la justicia” dijo el litigante.
Alvarado recordó que en el 2012 la PGR decidió no proceder penalmente en contra del ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, al ex secretario de Hacienda del estado Eduardo Vargas y al ex director del IMSS Juan Molinar Horcasitas, razón por la cual decidieron promover un primer amparo que les dio la razón y obligó a la Procuraduría a reabrir la averiguación.
Fue en ese contexto que se interpuso una nueva demanda de amparo con el objetivo de impulsar un pronunciamiento en torno a los altos funcionarios, no respecto a los empleados. El enviar a la reserva el caso, dice el litigante, es darle “carpetazo” – otra vez – a todo lo relacionado con Bours y los demás hasta que “haya nuevas pruebas”.
El representante legal de Manos Unidos subrayó que preparan distintas acciones legales para los próximos días. De entrada, ya interpusieron una queja en el Juzgado Décimo de Distrito por lo que consideran no fue un cumplimiento de la ejecución del amparo por parte de la PGR.
“Le estamos haciendo ver (al juez) que con esta determinación de manera alguna está cumpliendo con la ejecutoria del amparo pero además para los otros efectos se está torciendo el brazo de la justicia… estas personas (maestras y trabajadoras) en su mayoría fueron víctimas de la tragedia y ahora parecen como culpables de la misma lo cual es inconcebible” dijo el litigante.
Las 22 consignadas por la PGR
Directora: Diana Judith Jaime Peralta.
Maestras/pedagogas: Aracely Moroyoqui Contreras ,María Guadalupe Castillo Acuña, Olga Lidia Ochoa Barreras, María Denise Elsa Guadalupe Mesa Ruiz, Marina Isabel Flores Loera, Eloísa Orozco Barajas, Reyna Anahí CamouRamírez, María Adriana Gasca Sandoval, María del Carmen León Patiño, Fernanda Paco Meza, Margarita Zúñiga Colchado, Maribel Hernández Jaime, Lyz EsthelaCastillo Gurrola y Ana Dignora Valenzuela Nieblas
Cocineras: María Guadalupe Torres Grijalva y Gilda Barceló García
Intendencia: Elia Guadalupe González Carrizosa, Yolanda Rafaela García Villalba y Jazmín Julieta Miranda.
Enfermera: Aracely Valencia Gracia
Seguridad: Guadalupe Dora Socorro Huerta Soto
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
A través de una carta, más de 500 firmantes exigen “la revisión inmediata de los mecanismos para la protección de periodistas y el compromiso efectivo de su gobierno para garantizar la libertad de expresión en México”.
Cientos de periodistas, escritores y artistas de todo el mundo exigen al presidente Enrique Peña Nieto “el esclarecimiento inmediato y efectivo de los asesinatos contra Rubén Espinosa y la enorme cantidad de periodistas en México que han caído como él”.
A través de una carta publicada por PEN America, asociación que reúne a escritores y editores, los más de 500 firmantes pidieron también “la revisión inmediata de los mecanismos para la protección de periodistas y el compromiso efectivo de su gobierno para garantizar la libertad de expresión en México”.
“Nosotros, periodistas, escritores, y artistas creativos de todo el mundo, con el apoyo de PEN y el Comité de Protección a los Periodistas, vemos con indignación los ataques contra los reporteros en México. Cuando se ataca a un periodista se atenta contra el derecho a la información de la sociedad entera”, indica la carta.
Los firmantes aseguran que el homicidio de Rubén Espinosa y de la activista Nadia Vera —quienes fueron asesinados junto con Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martí— es un parteaguas. “La Ciudad de México era considerada uno de los últimos lugares seguros para el ejercicio periodístico. Pero ahora no parece haber santuario alguno para los reporteros perseguidos en México”, agrega.
Tras señalar que desde el año 2000 decenas de reporteros han sido víctimas de homicidio y de otros 20 casos de personas desaparecidas, los firmantes aseguran que las amenazas físicas extremas y generalizadas que padecen los reporteros llaman la atención de las organizaciones encargadas de vigilar la libertad de expresión en el mundo, y de grupos como el Comité de Protección a los Periodistas y PEN, que abogan por los derechos de la prensa.
Además, indica que desde que el actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte, llegó al poder en 2010, las amenazas, los maltratos, y los asesinatos de periodistas han alcanzado cifras sin precedente en esa entidad: “catorce han muerto de manera atroz, y tres han desaparecido.
“En cada uno de los casos se ha desechado como línea de investigación judicial el ejercicio profesional de las víctimas. Hasta ahora, 37 colegas de Rubén Espinosa han tenido que abandonar sus trabajos, sus hogares y sus familias, y desplazarse a la Ciudad de México tras recibir amenazas. Rubén Espinosa fue asesinado a las pocas semanas de su llegada a la capital”, explica la carta.
Antes de finalizar, los firmantes piden que se investigue con integridad el caso del multihomicidio en la colonia Narvarte del Distrito Federal y que los responsables de ese delito reciban un juicio justo y condena pronta.
“En su país, señor Presidente, las estadísticas de impunidad en los casos contra periodistas son alarmantes: Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 89 por ciento de los asesinatos permanecen sin resolver. La Comisión ha denunciado que sus propias investigaciones son obstaculizadas por las autoridades. La negligencia judicial garantiza la impunidad”, destaca la carta.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La necesidad económica de Olivia Alejandra Negrete Avilés la llevó a trabajar en el lugar y el momento equivocados hasta encontrarse con la muerte en un departamento de la colonia Narvarte.
Ella fue una de las cinco víctimas que la noche del pasado 31 de julio fueron encontradas maniatadas y con un tiro en la cabeza, el mismo crimen que desde hace dos semanas la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no tiene avances claros.
A principios de 2015 entró a trabajar como ayudante a un comedor industrial por la zona del metro Chabacano, en esta capital.
Quería ganarse su propio dinero y no estar más atenida a lo que les diera el papá de su hija de 13 años, de quien estaban separadas.
“Le gustaba comprarse sus cositas. Se acababa de echar la deuda de un teléfono celular en pagos y quería empezar a ahorrar para los XV años de su hija”, cuenta Diana, su hermana menor.
Mientras las hijas, hermanas, padres, sobrinas y conocidos arreglaban las flores en su tumba, la hermana de “Ale”, como le decían, cuenta que dejó ese primer trabajo “porque la traían de un lado a otro y no le pagaron lo que le prometieron”.
Siempre alegre, en su casa todo el tiempo tenía visitas. “Era muy amiguera, todo el mundo le hablaba”, dice. Y así, entre la gente, una amiga del barrio de la zona de Chamapa, Naucalpan, en el Estado de México, la recomendó con una mujer colombiana para hacer la limpieza en el departamento donde ésta vivía.
El lunes 27 de julio fue su primer día de trabajo en el departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Saviñón, colonia Narvarte, en la delegación Benito Juárez.
Y por ello apenas tuvo contacto con Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín y Esbeidy, las cuatro jóvenes que compartían la renta en ese lugar.
Diana cuenta que Alejandra era muy reservada para hablar de su trabajo. “Sólo dijo que estaba trabajando en un depa, pero no dijo dónde ni con quién”.
El acuerdo del pago fue de 300 pesos al día. No era mucho, pero sus deudas no le dejaban otra opción. Por eso regresó la mañana del viernes 31, sin saber que ya no volvería a su casa.
Aquella mañana se despertó a las 5.30 horas. Se preparó para ir a trabajar y persignó a su hija adolescente: “Que Dios te bendiga, cuídate mucho. Te amo”, fueron sus últimas palabras.
A su hija no le pareció tan raro que no le llamara por teléfono al mediodía. Sin embargo, la preocupación comenzó cuando dieron las 19:30 y no llegaba y no contestaba el teléfono. La menor se fue a casa de su hermana mayor y la angustia creció.
Unos amigos de Alejandra llamaron a su familia para decirles que al parecer algo había pasado en el departamento donde ella trabajaba. De inmediato llevaron a sus hermanos, quienes confirmaron la noticia.
También tenía una vida
A dos semanas de la muerte de su hermana mayor, Diana dice que no ha podido desahogarse. Cuenta que además del dolor por la pérdida de Alejandra, han tenido que sobrellevar la discriminación que se ha generado en los medios de comunicación.
“Sin deberla ni temerla, mi hermana estuvo en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Ahí le tocó morir de esa forma por su necesidad”, dice.
Luego reprocha: “Todos comenzaron a llamarla ‘la doméstica’. Nadie se puso a pensar que ella tenía una vida, una familia, amigos. La vida de mi hermana valía tanto como la del fotógrafo (Rubén Espinosa) y la de la activista (Nadia Vera), pero la discriminaron”.
Tras la tragedia, la hija menor de Alejandra vivirá con su hermana mayor. Luego de la polémica, las autoridades municipales de Naucalpan y las del Gobierno del Distrito Federal se han acercado a ellas para ofrecerle becas y apoyo en sus estudios de secundaria y manutención.
“Nosotros queremos que las autoridades hagan bien su trabajo, que investiguen y se esclarezca el caso, pero ojalá que ya termine porque es muy doloroso estar así”, dice Diana.
La vida de alegría y fiesta que llevaba Alejandra se sintió ayer hasta en el panteón. Ahí, una voz y una guitarra le cantaron el “Amor eterno” y pidieron un aplauso en su nombre. Luego una porra y más aplausos.
A dos semanas de su homicidio, sus familiares ya parecían encontrar la resignación. Unos hasta bromearon: “¿Y los alcatraces que le trajimos el miércoles? “Ya se los robaron, ¡no se vale!”.
La última vez que Alejandra convivió con sus hermanos y sus padres fue el 12 de julio, cuando se reunieron en casa de Diana a festejar el cumpleaños de su madre.
“Sí, hacemos la pinche fiesta, vamos a cantar, vamos a ensayar la coreografía del Noa Noa”, les dijo entre cigarros y cerveza.
Y es que para el próximo 19 de septiembre, Alejandra y otros siete familiares ya tenían su boleto preparado para el concierto de Juan Gabriel en el Auditorio Nacional. Ahora aún no deciden si dejarán el lugar de ella vacío o convencerán a otra de sus hermanas para ir.
De cualquier forma, como dice la cruz metálica que encabeza su tumba, “Ale siempre estará en nuestro corazón”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
MÉXICO, D.F: El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el país es uno de los que mejor han sorteado la crisis económica mundial pues ha aumentado el empleo y la inflación es una de las más bajas.
El mandatario destacó además que aunque la depreciación del peso frente al dólar genera escozor entre la gente, también es positiva porque da a México mayores condiciones de competitividad, lo hace más atractivo y promueve el turismo.
“Hay que reconocer que hay cosas muy positivas también, apenas ayer el Inegi dio a conocer que la tasa de desempleo es menor. La inflación es de las más bajas”, dijo Peña tras terminar su participación en la Carrera Molino del Rey en Chapultepec, donde corrió 10 kilómetros en 50:48 minutos.
Indicó que incluso las monedas de los países desarrollados se han devaluado.
“Asociamos mucho el que el tipo de cambio se mueva con que estamos mal. La verdad, así como evidentemente esto genera cierto escozor entre la gente, también es positivo”.
Peña consideró que la relación entre una moneda devaluada y una situación agobiante no siempre es adecuada.
Reiteró que su gobierno camina por la ruta correcta y ha actuado con gran responsabilidad.
Explicó que el entorno mundial es complicado y la mayor parte de las monedas se deprecian ante el dólar.
Peña Nieto agregó que las reformas legislativas están avanzando y que día a día van mostrando mayores beneficios.
Precisó que la reforma a la que está más dedicado es la educativa.
Respecto si acudirá al Congreso a rendir su Tercer Informe de Gobierno, el mandatario respondió que cumplirá con lo que marca la Constitución al respecto
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
HERMOSILLO, Son: “Hay que buscar a los verdaderos culpables del incendio porque nosotros no lo provocamos”, exclamó María del Carmen León Patiño, a nombre de las 22 extrabajadoras de la guardería ABC contra quienes la PGR solicitó orden de captura por el supuesto delito de homicidio culposo y lesiones culposas en olvido de menores.
En rueda de prensa, la representante de las exempleadas informó que el lunes anterior fueron notificadas sobre la resolución a la que llegó la PGR de “archivar” los expedientes del exgobernador Eduardo Bours; del exsecretario de Hacienda estatal Eduardo Vargas, y del exprocurador Abel Murrieta, y de sujetar a proceso penal a las extrabajadoras.
Ante esto, sólo 20 de las 22 las inculpadas solicitaron un recurso de amparo el mismo lunes y al día siguiente les fue otorgado, con lo que se les garantiza que no serán aprehendidas en atención a esta orden judicial.
“Tomamos con mucha tristeza la decisión de la justicia porque nosotros lo único que hicimos ese día fue salvar la vida de los niños”, comentó María del Carmen.
De acuerdo con información proporcionada por las exempleadas, cinco de ellas sufrieron quemaduras de consideración, la mayoría acude con regularidad a revisiones médicas y 22 de ellas reciben terapia sicológica desde aquella tarde del 5 de junio de 2009, cuando el incendio arrancó la vida a 49 niños y dejó secuelas de gravedad en 106 más.
Allí, al encuentro con los medios de comunicación, también se presentó la extrabajadora Maribel Hernández, quien insistió en que los responsables del siniestro deben ser buscados en el espacio contiguo a la guardería, en la exbodega de la Secretaría de Hacienda estatal, donde inició el incendio, según la hipótesis de 2012 admitida por la propia PGR.
“Es decepcionante lo que nos pasa con las autoridades, pues mientras se fijan en unas maestras, se olvidan que fuimos quienes rescatamos a los niños que están vivos”, señaló.
Este jueves 13 la PGR, a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, destacó que en la integración de la indagatoria se recibieron 100 querellas y fueron iniciadas 11 averiguaciones previas, en diez de las cuales se ha ejercitado acción penal por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y otros.
Asimismo indicó que, derivado de los diversos ejercicios de la acción penal, hasta el momento son 22 las personas sujetas a proceso penal, entre servidores públicos del IMSS, de Hacienda estatal, Protección Civil, cuerpo de bomberos, ayuntamiento de Hermosillo y particulares.
Esta nueva resolución de PGR ordena al Juzgado Primero de Distrito sujetar a acción penal a María del Carmen León Patiño, Fernanda Paco Meza, Margarita Zúñiga Colchado y Maribel Hernández Jaime, de salas de lactantes.
Además, a María Guadalupe Castillo Acuña, Aracely Moroyoqui Contreras, Olga Lidia Ochoa Barreras, María Denise Elsa Guadalupe Mesa Ruiz, Marina Isabel Flores Loera, Eloísa Orozco Barajas, Reyna Anahí Camou Ramírez y María Adriana Gasca Sandoval, de salas maternales.
También a las cocineras María Guadalupe Torres Grijalva y Gilda Barceló García. A las exempleadas de intendencia Elia Guadalupe González Carrizosa, Yolanda Rafaela García Villalba y Jazmín Julieta Miranda.
Finalmente, a Aracely Valencia Gracia, de enfermería; a las pedagogas Lyz Esthela Castillo Gurrola y Ana Dignora Valenzuela Nieblas, así como de seguridad a Guadalupe Dora Socorro Huerta Soto y a la directora Diana Judith Jaime Peralta.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
Ignacio Córdoba, integrante del Colectivo 5 de junio recuerda los momentos confusos, débiles, de terror inexplicable.
Minutos que parecieron horas, amenazas de muerte, insultos. Cada recuerdo le produce un ligero temblor, tensa la mano izquierda donde el dedo meñique sigue morado, hinchado. Le quebraron el hueso y la confianza.
Ya pasaron dos meses y nueve días desde que él y sus siete compañeros universitarios fueron golpeados y desfigurados el 5 de junio en un departamento cercano a la zona de humanidades de la Universidad Veracruzana.
Aún no hay justicia para ellos y consideran que nunca la habrá porque el estado no va a reconocer su implicación en el crimen.
Sin embargo, no van a dejar de luchar, por eso conformaron el Colectivo 5 de junio y por eso continúan aterrados, viviendo con paranoia y cuidado. Apenas comenzaban a sentirse tranquilos cuando ocurrió el asesinato de la activista veracruzana Nadia Vera y otras cuatro personas en el departamento de la colonia Narvarte en el Distrito Federal.
El miedo acrecentó. Hay confusión, tristeza, rabia por la impunidad de cada caso de agresión a estudiantes y activistas que existen en el estado de Veracruz y que se han vuelto intensos desde el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
“Fue un golpe duro anímicamente el enterrarnos del crimen de Nadia y Rubén Espinosa. El hostigamiento contra nosotros continúa, hemos observado vigilancia de fuerzas policiales o de personas vestidos de civil en las inmediaciones cercanas a nuestros domicilios. Se recrudeció a partir de esto (el crimen de la Narvarte)”.
Ignacio cuenta que el miedo no se va nunca de su vida, no desde que aquella noche esos hombres armados y encapuchados les gritaron: “se van a morir”. Nadie ha podido regresar a su vida cotidiana.
Él ya dejó el ejercicio, olvidó sus proyectos estudiantiles, ha limitado sus relaciones sociales, ya ni siquiera anda en bicicleta o camina hacia eventos públicos porque teme que alguien llegue a terminar el daño que le hicieron aquella noche, “se mutilan muchas cosas, cambia la vida”.
RECUERDO DE SANGRE
Llegaron todos juntos al cumpleaños de uno de ellos. Muchos estaban terminando las tareas de final de semestre, otros botaneaban a modo cena. Luego todo ocurrió de forma inesperada. De pronto ya estaba siendo golpeado por hombres y el rostro cubierto. Suspira antes de narrar el martirio vivido.
“Me dieron batazos y me reventaron dos botellas de vidrio en la cabeza.Yo me preocupaba más por intentar cubrirme y parar los golpes, en automática empecé a tener hemorragias, en algún punto estuvo a punto de desmayarme. Buscaba cambiar de posición porque me seguían golpeando la cara y ya no aguantaba”.
Asegura que el ataque fue motivado porque todos ellos participaban en marchas sociales, porque son brigadistas y artistas de protesta. Las cicatrices le quedaron en la frente, la mano y la mente. Ya no es el mismo joven de hace tres meses.
“Sabemos que no son hechos aislados nada de lo que ocurre en Veracruz. Pedir justicia es un poco ambiguo porque identificamos que hubo cierta complicidad por parte de fuerzas policiales, entonces es buscar justicia; pero ¿con quiénes?, ¿con quienes nos golpearon?”
FISCALÍA NO DA RESULTADOS
Julián Ramírez, integrante del Colectivo defensor de derechos humanos Decide, acusó que hasta el momento no se ha informado de nuevas diligencias sobre el caso ni se ha otorgado algún tipo de avance en la investigación.
Esto a pesar de que activistas y amigos han solicitado otorgar su declaración así como pruebas que apuntan a que el ataque fue orquestado desde el gobierno del estado. La Fiscalía General no les ha solicitado su colaboración.
“Nosotros seguimos presentando pruebas, inclusive en estos días con apoyo de la presión que se va a generar de los visitadores de la ONU para que se tomen medidas necesarias de esta caso y porque se empiezan a generar chivas expiatorios”, sostuvo.
La Fiscalía General sigue realizando medidas para cubrir la participación del Estado en el ataque a estudiantes y no han aceptado la responsabilidad de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública por omisión de funciones”, agregó.
Aunque la SPP entregó una parte a la Fiscalía sobre los elementos que realizaron guardia la madrugada de esa 5 de junio; pero sólo indicando el nombre de los elementos. A ninguno de ellos se les ha citado a declarar.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-08-2015/1450783.
