CHILPANCINGO. GRO: La profesora de preescolar Irma Esquivel Lara, identificada como sobrina del alcalde interino de Iguala, Siviano Mendiola Pérez, fue asesinada ayer por la noche en su domicilio. El hecho se reportó a las 22:00 horas, en la colonia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMMS), al sur de Iguala. Un hombre entró a la casa de Lara y le disparó, indican reportes oficiales. La joven docente de 32 años trabajaba en el jardín de niños Benito Juárez de la comunidad de Tonalapa del Río en el municipio de Teloloapan. De acuerdo con testigos, dos hombres llegaron a bordo de una motoneta a la calle Río Atoyac. Uno de ellos se dirigió a la casa de la maestra y la asesinó.
Este hecho ocurre a pesar de que Iguala es vigilada por la Policía Federal y el Ejército. Reportes periodísticos indican que en el último mes se han registrado 28 homicidios, entre las víctimas se encuentran cuatro mujeres, un menor de edad y 23 hombres. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQIEL FLORES CONTRERAS.
El dólar se vende esta mañana en $16.85, ochenta y cinco centavos más respecto al cierre de ayer martes. A la compra, el dólar se cotiza en $16.25. El tipo de cambio es afectado por la devaluación del yuan en China, además de la incertidumbre financiera en Europa, los bajos precios del petróleo y la inminente alza de las tasas de interés por parte de Estados Unidos.
El Banco de México interviene en el mercado cambiario inyectando diariamente 200 millones de dólares, más otros 200 millones en caso de que el peso se deprecie más de 1% de un día a otro. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
El 27 de enero pasado Jesús Murillo Karam dio una de sus últimas y polémicas conferencias de prensa sobre los sucesos de Iguala y la situación de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Presumió la detención de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, y afirmó que tras 386 declaraciones “esta es la verdad histórica: los normalistas fueron calcinados, están muertos”. Murillo Karam ya no está en la PGR, pero su “verdad histórica” sigue siendo tan cuestionada y desmantelada como en su momento lo fue su tenebroso relato del “holocausto” en Cocula, Guerrero, del 7 de noviembre anterior. La pretensión de darle “carpetazo” a la desaparición de los 43 normalistas fue su misión como procurador, nunca la justicia y menos una investigación a la altura de la conmoción nacional e internacional generada por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. El reciente avance del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH viene a ser una estocada no sólo a la “verdad histórica”, sino a las mentiras veladas y abiertas de Murillo Karam y de todos los integrantes del Estado mexicano involucrados en la investigación. “No hay una sola evidencia” de la participación del Ejército en los sucesos de Iguala, sentenció aquel 27 de enero Murillo Karam. Ahora, este lunes 17 el GIEI fue contundente: existe una negativa sistemática del Estado mexicano para que los expertos independientes entrevisten a militares del 27 batallón de Iguala. “El GIEI no entiende por qué ha podido entrevistar a víctimas, policías, inculpados, testigos y otros agentes del Estado y; sin embargo, en este caso es remitido a la vía penal… En nuestra respuesta remitida al Estado el 4 de agosto señalamos la urgencia de hacer las entrevistas y la disponibilidad de hacerlo del 10 al 14 de agosto, en nuestra última visita antes de presentar el informe”, subrayaron en el documento que está disponible en la página oficial del grupo de expertos. La respuesta de la PGR a este grupo de cuatro expertos fue que formularan “por escrito” las “posiciones” que consideren formen parte de la diligencia ministerial y que, derivado de las características de esta indagatoria, “sólo estará presente la autoridad ministerial y quienes deban desahogar las posiciones que sean formuladas”. El GIEI lamentó la respuesta y considera relevante poder entrevistar a los integrantes del 27 Batallón de Iguala, sin inculparlos o responsabilizarlos de nada. No puede existir “verdad histórica” en tanto el Estado mexicano se cierre a la posibilidad de que los efectivos militares rindan cuentas de su papel –aun sea por omisión– en los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. El GIEI también aportó nuevas revelaciones que sacuden todas las certezas de la “verdad histórica”: 1.- Se perdieron pruebas del caso. Lo más grave es la destrucción de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de los 43 normalistas en la salida de Iguala, cerca del Palacio de Justicia. “Según testimonios proporcionados al Grupo, dichos videos existieron y fueron enviados a la presidencia del Tribunal. Sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos”, advirtieron los especialistas en su informe preliminar. 2.-Nuevas evidencias de ropa de los normalistas desestimadas por la PGR. Esta falla es considerada “grave” por el GIEI, pues en la diligencia original del 27 de septiembre de 2014 se resguardó ropa de algunos de los normalistas desaparecidos. Esta situación no era conocida por familiares ni representantes legales y tampoco existía “un registro específico ni procesamiento de la misma”. El GIEI ha pedido a la PGR que esta ropa fuera examinada por sus peritos y por los integrantes del Equipo de Argentino de Antropología Forense (EAAF), el primer organismo internacional que cuestionó abiertamente la “verdad histórica” de Murillo Karam. 3.-Necesidad de nuevas autopsias ante evidencias de “posibles artefactos o de caninos”. En el caso de Julio César Mondragón Fuentes, de Daniel Solís y Julio César Ramírez, los especialistas advierten que “no se evaluaron ciertas lesiones que aparecen en el informe original de la autopsia y en las fotografías proporcionadas”. En el caso de Mondragón se registraron “huellas en los huesos de la cara de posibles artefactos o de caninos que dejan señales características”. Ninguna de las 386 declaraciones que Murillo Karam presumió como parte del expediente de 115 tomos mencionó la existencia de perros en el ataque a los normalistas ¿Por qué? ¿Quiénes utilizan perros para agredir a jóvenes? Por esta razón, el GIEI solicitó que se haga una “segunda autopsia” al cuerpo de Julio César Mondragón. 4.-No se les reconoce como víctimas de desaparición forzada.- Ni a los heridos ni familiares de los normalistas, ni a las víctimas directas o indirectas del caso, se les han dado “medidas de atención y reparación integral”. El GIEI ha pedido a la CNDH que “realice recomendaciones para que todas las disposiciones de la ley de víctimas y el conjunto de los derechos de las víctimas cuenten con el necesario reconocimiento y soporte legal”. En tanto la “verdad histórica” pretende dar carpetazo desde la célebre conferencia del 7 de noviembre del “Ya me cansé” de Murillo Karam, los análisis e informes de entidades ajenas al Estado mexicano reiteran que se trata de un caso de desapariciones forzadas que no ha sido indagado ni investigado como tal. El informe preliminar del GIEI (el final se dará a conocer el 2 de septiembre próximo) constituye, quizá, el golpe más certero a la mentira histórica que el Estado mexicano pretende construir en torno a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Peritos argentinos y CNDH Antes de este documento, los peritos de la EAAF cuestionaron el 7 de febrero la “verdad histórica” de Murillo Karam con un informe muy detallado que resultó una clara denuncia a la manera de la PGR de colectar y resguardar evidencias. Los peritos argentinos afirmaron que no estuvieron presentes en la recolección de evidencias en el basurero de Cocula entre el 27 de octubre y 6 de noviembre de 2014. Los peritos de la PGR recogieron evidencia consistente en 42 elementos balísticos, muestras de tierra y otros elementos no biológicos “sin haber avisado ni contar con la presencia de la EAAF”. También señalaron la “ausencia de custodia en el basurero de Cocula”, entre el 7 y el 28 de noviembre anterior. La EAAF encontró “fuerte evidencia sobre la existencia de múltiples focos de fuego en los últimos años en el basurero de Cocula”, por lo tanto, no es concluyente la tesis de la PGR de que fue “un solo evento de fuego” el que originó que calcinaran presuntamente a los normalistas. El 24 de julio pasado en su Informe del Estado de la Investigación del Caso Iguala, la CNDH también señaló que se cometieron varias fallas y omisiones para aclarar los hechos. El organismo mexicano mencionó la “falta de pruebas”, pero no fue tan detallado ni explícito como los cuatro expertos del GIEI. ¿Qué hará ahora la procuradora Arely Gómez ante el desafío que plantean las observaciones y denuncias a la “verdad histórica” de Murillo Karam?
Si la orden de Enrique Peña Nieto es mantenerse en la tesis original de un holocausto cometido por sicarios del narcotráfico, coludidos solamente con policías municipales de Iguala, estaremos presenciando la mentira histórica más grave y más vergonzosa del Estado mexicano frente a la comunidad internacional. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL (ANÁLISIS).
Tras perder la elección de dirigente del PAN, el senador Javier Corral reconoció que “los números resultan muy abrumadores” (Ricardo Anaya ganó con 81% de los votos, mientras él obtuvo 16%), pero advirtió que se desliga “de la legitimidad de este proceso, de su transparencia, de su legalidad”. En entrevista para Aristegui CNN, reconoció que compitió “sabiendo que el piso no estaba parejo, que había condiciones inequitativas”, por lo que de antemano sabía que no sería un ”festival de la democracia”. “Dijimos con claridad que nos enfrentamos a una cargada, al aparato del partido, del comité nacional, de las dirigencias estatales, de los gobernadores de los estados, que hicieron un pacto en la Casa Puebla, para primero tratar de imponer por acuerdo de estos grupos que conforman El Consorcio -lo que llamo los cárteles que se han apoderado del partido- una pretendida candidatura de unidad”, refirió. Desde Casa Puebla -donde despacha Rafael Moreno Valle-, sostuvo que es desde donde “se irradia dinero y poder para el partido”, además de que “se construye una estructura paralela para quien busca ser candidato a la presidencia de la República“. Corral aseveró que la campaña de Anaya se fraguó meses atrás, “utilizando la propia estructura del partido, los tiempos de la televisión, oficiales, para promoverse, y se había encaminado hacia allá, se esperaba que compitiera Margarita Zavala, quien prefirió ir por la presidencia de la República, y parecía quedar desierta esta contienda”. En ese momento decidió competir por la presidencia del PAN.
“Me sacudió la imagen de Moreno Valle, reunido con Anaya y los gobernadores (electos), y senadores panistas“, contó a Aristegui.
Consideró que en ese momento parecía “todo arreglado, apalabrado para una candidatura de unidad, sin que se discutiera realmente lo que había pasado el 7 de junio”. “Pretendían dar vuelta a la hoja de lo que es el resultado más deplorable que el partido ha enfrentado en los últimos 25 años”, acusó. “Planteaban continuar sin mayor ejercicio crítico, sin mayor reflexión, sin hacerse cargo de que son ellos en gran parte los responsables de este deterioro institucional y esta pérdida de confianza de los electores hacia el partido”, agregó. El senador indicó que el pasado 7 de junio, el PAN obtuvo el porcentaje de votación más bajo en los últimos 25 años en la historia. Refirió que AN perdió lugares en la Cámara de Diputados, no mantuvo el gobierno de Sonora y “tuvimos una baja considerable en estados que eran bastiones del PAN, como Jalisco”, además de que dejaron ir la posibilidad de recuperar el gobierno de Nuevo León, y en varios estados el partido se fue al cuarto y al quinto lugar de las votaciones. Fue, para Corral, “una tragedia política… la pérdida de confianza tiene que ver con desdibujamiento del PAN no solamente como un partido de principios y valores, sino como oposición al régimen de Peña Nieto“. El gran problema, aseguró, es una colusión de intereses de lo que él llama El Consorcio con la corrupción política del gobierno peñista. Apuntó que dicho grupo, formado por Gustavo Madero, Moreno Valle, Santiago Creel, y el propio Anaya, es una ”coalición de grupos de cacicazgos que han podido agrupar en un consorcio donde, prácticamente como socios, se distribuyen acciones del partido, candidaturas, cargos, presupuesto…”. Ahora “se ha impuesto nuevamente este grupo a través de la elección de Anaya”. Sin embargo, Corral insiste en que fue un proceso inequitativo, desigual, con acarreo de votantes, afiliación masiva… esto último lo reclamó antes de la elección ante el Tribunal Electoral, pero éste avaló el “padrón inflado”, el mismo que Anaya reconoció que debía revisarse, pero “mientras lo usó para llegar”. “Todos estos hechos me impiden levantarle la mano a Anaya”, comentó. Y dijo no creer en su proyecto, pues “tienen acuerdo con el gobierno de Peña Nieto muy profundos, se han dedicado a aplaudirle a Peña Nieto en lugar de contrapesarle; le han dado todo lo que ha pedido; es un grupo que está coludido con el gobierno de Peña Nieto, desde el partido; han guardado silencio frente a tragedias fundamentales del país y escándalos de corrupción. De hecho a Peña Nieto este grupo le dio al Presidente, para lavar cara, una reforma anticorrupción, que no tocó al Presidente de la República. Si algo cuidó Madero y Anaya fue no tocar a Peña Nieto en la reforma con la que se envolvieron publicitariamente en la televisión nacional para promoverse nacionalmente”. La entrevista completa con Corral se transmitirá esta noche en Aristegui CNN, pues ayer se interrumpió por una falla técnica.
Anaya, por su parte, no acudió a la entrevista, pues dijo que tenía en ese momento otra, con Televisión Azteca. Los tuits sobre la falla técnica:
Una falla técnica, derivada de la transición standar al digital (HD) del control maestro (buró México) de CNNE, interrumpió la transmision.
El mandatario inauguró el Hospital Regional de Apatzingán a 226 días de la masacre en la que murieron 16 civiles, por intervención de policías federales y militares.
El presidente Enrique Peña Nieto inauguró en Apatzingán un hospital regional en el poblado El Cafetal del mismo municipio. Su presencia acontece 224 días después de la masacre del 6 de enero de 2015 en la que, por lo menos, murieron 16 civiles desarmados tras dos hechos en los que intervinieron policías federales y militares. La masacre se inscribe en la oleada de matanzas que involucran a agentes del Estado durante el gobierno de Peña Nieto. En menos de un año presenciamos cómo al caso de Tlatlaya le sucedieron los casos de Ayotzinapa, Apatzingán, Villa Purificación y el de Tanhuato/Ecuandureo. Sin embargo, sorprende el silencio sobre lo acaecido en Apatzingán. Ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han revelado avance alguno de sus investigaciones. Esto, a pesar de que el 18 de abril, un día antes de la difusión de la primera de tres investigaciones de mi autoría en este espacio -con el nombre de “Fueron los federales”, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó en un comunicado difundido por Notimex que había recibido un “video anónimo” del que se podían inferir “actos de uso excesivo de la fuerza o abuso de autoridad de elementos de la Policía Federal en el municipio de Apatzingán”. La “coincidencia” de ese anuncio con la inminencia –anunciada un día antes- de la difusión de la investigación con los testimonios de 39 sobrevivientes y testigos de ejecuciones extrajudiciales y de un número indeterminado de casos de desaparición forzada ese 6 de enero, como es sabido, provocaron también el ataque cibernético a este portal. El 20 de abril, un día después de la publicación del reportaje, el secretario de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró en conferencia de prensa que se abriría una indagatoria ministerial. ¿De qué video hablaba la Segob y por qué hasta ahora no lo ha revelado? ¿Qué impulsó al gobierno federal, y luego lo refrenó, para reconocer que ese día en Apatzingán la policía federal habría cometido violaciones graves a los derechos humanos? Muy por el contrario, no sólo se ocultó lo que evidencia ese “video anónimo”, sino que dos meses después el subsecretario de derechos humanos de la Segob, Roberto Campa, se dio a la tarea de dar a conocer a la prensa y a organismos de derechos humanos que el actuar de policías federales contra civiles en Apatzingán fue “en legítima defensa”. Mientras tanto a los señalados por las víctimas como los responsables de los hechos se les reubicó de lugar. Alfredo Castillo, el ex Comisionado Federal de Seguridad en Michoacán, señalado como el responsable intelectual de la masacre, se le nombró presidente de la Comisión Nacional del Deporte. Al comandante Fausto Arenas, al frente de la Policía Federal de Apatzingán, se le comisionó a Guerrero, y al general Miguel Ángel Patiño, al mando de la 43ª Zona Militar de Apatzingán, se le trasladó a Monterrey. No es de sorprender entonces que testigos que afirman presenciaron ejecuciones extrajudiciales por parte de los policías federales ese 6 de enero, pidan apoyo a instancias internacionales ante la persecución que dicen sufren ellos y sus familias.
La cadena de impunidades prevalece sobre la masacre de Apatzingán. El silencio oficial la encubre. El inexplicable desdén mediático sobre el tema la posibilita. La visita de Peña Nieto sólo la agiganta. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: LAURA CASTELLANOS.
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis: El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) criticó el doble discurso y la simulación de las autoridades en el ejercicio de la justicia, porque hasta ahora, señaló, todo ha sido engaño, impunidad y cinismo. “Una vez más se remarca que de arriba no vendrán la verdad ni la justicia. Nunca. Jamás. De arriba sólo hay que esperar simulación, engaño, impunidad, cinismo. El criminal de arriba siempre tendrá absolución y recompensa, porque quien lo juzga es el mismo que le paga. Son los mismos criminales y jueces. Son cabezas venenosas de la misma Hidra”, destacó en un comunicado firmado por los subcomandantes Moisés y Galeano. Pero lo que arriba no saben, añadió, es que cada crimen impune enardece el odio y la rabia, y cada injusticia cometida abre el camino para que ese odio y rabia se organicen. “En la balanza romana de nuestros dolores, pesaremos lo que nos deben, y pasaremos la cuenta… y la cobraremos”. Al denunciar la liberación de los autores materiales e intelectuales del asesinato del maestro zapatista José Luis Solís López, ‘Galeano’, ocurrido en mayo de 2014, los mandos del EZLN también condenaron la “burla” en la investigación del multihomicidio en la colonia Narvarte, el pasado 31 de julio, la impunidad en los casos de la guardería ABC y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Además de solidarizarse con la tribu Yaqui y los habitantes de Ostula, San Martín Xochicuautla y otros a quienes se les ha negado la justicia, el EZLN dio a conocer su postura sobre el escenario que vive el país en esa materia. “Como zapatistas que somos, nos hemos dado cuenta de que, gordos y contentos, han regresado a sus casas en el poblado de La Realidad dos de los autores intelectuales del asesinato del compañero maestro ‘Galeano’, que supuestamente estuvieron presos. Sabemos que ya que han sido declarados inocentes del crimen, por los mismos que los financiaron y apoyan: los gobiernos federal y estatal de Chiapas”. El pasado miércoles 12, agregó, el autodenominado “juez” Víctor Manuel Zepeda López, del ramo penal de Comitán de Domínguez, resolvió que los señores Carmelino Rodríguez Jiménez y Javier López Rodríguez son inocentes, a pesar de que ellos y sus cómplices de la CIOAC-Histórica saben que son culpables del crimen de ‘Galeano’. “A escondidas los llevaron de vuelta a La Realidad. Les dijeron que no se mostraran mucho y fueran discretos, pero la soberbia de quien se sabe impune frente a la justicia de arriba, les suelta la lengua”. Ahora, subrayó, sólo falta que salgan a declarar a su favor sus cómplices: Pablo Salazar Mendiguchía, Luis H. Álvarez, Jaime Martínez Veloz, Juan Sabines Guerrero, Manuel Velasco, Manuel Culebro Gordillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Rosario Robles. “Estas personas son algunas de quienes domaron a la CIOAC-Histórica y la convirtieron en lo que es ahora: una banda paramilitar útil para el acarreo de votos y para el asesinato de luchadores sociales”. Sostuvo que como zapatistas “somos, miramos y escuchamos no sólo nuestra rabia, nuestro coraje, nuestro odio hacia quienes allá arriba se sienten dueños y señores de vidas y destinos, de tierras y subsuelos, y hacia quienes se venden, con sus movimientos y organizaciones, traicionando su historia y principios. Como zapatistas que somos, también miramos y escuchamos otros dolores, otras rabias, otros odios”. En su comunicado, el EZLN criticó las promesas de verdad y justicia, “y las mismas mentiras” de siempre. México el criminal, añadieron, está libre, y el justo está preso. “Quien asesina es premiado y quien muere es calumniado”.
Por ello, remataron, “no confiamos antes, ni confiamos ahora, ni confiaremos después en los de arriba, cualquiera que sea el color de su bandera, cualquiera que sea el modo de su palabra, cualquiera que sea su raza”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
MÉXICO, D. F: A petición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá entregar una versión pública de los informes que exhiben las irregularidades en la operación de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo), así como los pagos efectuados a los ahorradores a partir de la fecha de declaratoria de liquidación y hasta el 31 de marzo del presente año. Se trata de la quinta resolución del órgano de transparencia en cinco meses, tendiente a transparentar el expediente del caso. Ahora, la CNBV deberá entregar específicamente los informes presentados por el representante legal de Ficrea y el interventor gerente, al Comité de Protección al Ahorro del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores. También tendrá que entregar los documentos que dan cuenta de los pagos efectuados a los ahorradores registrados o a terceros, en los que se incluya el concepto y autorizaciones correspondientes. En su respuesta inicial al particular que requirió la información, la CNBV le indicó que era inexistente y clasificó como confidencial la documentación relacionada con los pagos. El requirente se inconformó y presentó su recurso de revisión ante el Inai, mismo que fue turnado a la ponencia de la comisionada Areli Cano Guadiana. Tras hacer su análisis del caso, la comisionada determinó que “no se realizó una correcta búsqueda” de los informes pues sólo canalizó la solicitud a la Dirección General Contenciosa y no a la Presidencia de la Comisión y a la Junta de Gobierno, unidades administrativas que por sus atribuciones legales también podrían contar con la información requerida. Y en cuanto a los documentos relacionados con los pagos a los ahorradores, la comisionada concluyó que no pueden ser clasificados como confidenciales en su totalidad porque “contienen información generada por la CNBV en cumplimiento de sus funciones y atribuciones”. Por ello decidió que los únicos datos susceptibles de clasificarse son los relacionados con el patrimonio de una persona física o moral. Así, el pleno del Inai determinó modificar la respuesta de la CNBV e instruirle a entregar al particular versión pública de los informes y documentos de su interés. Y en el caso de los documentos que den cuenta de los pagos, omitir únicamente el nombre o razón social de los ahorradores.
Además, el Inai informó que en razón de que la CNBV divulgó datos personales del particular al dar respuesta a la solicitud, dará vista al Órgano Interno de Control de la dependencia, “para los efectos legales procedentes”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El interrogatorio al cual fue sometido el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) el martes 11 incluyó un cuestionario elaborado por la organización Artículo 19, que dirige Darío Ramírez, de 41 preguntas, 23 de las cuales están relacionadas directamente con la actividad profesional que ejercía el fotorreportero Rubén Espinosa. Artículo 19 funge como parte coadyuvante en representación de la familia del colaborador de este semanario y de la agencia Cuartoscuro. El mismo día del interrogatorio a Duarte, el dirigente de la organización civil declaró, vía Twitter, que no tenía la certeza de que la PGJDF haya formulado las peguntas al mandatario veracruzano. A continuación se reproducen las preguntas que aluden directamente al trabajo profesional de Espinosa Becerril: *** 1.- ¿Supo del fallecimiento de Rubén Manuel Espinosa Becerril? 2.- ¿Sabe los motivos por los que falleció? 3.- ¿Sabe que vivió en Xalapa, Veracruz, durante el periodo 2008 a junio de 2015? 4.- ¿Sabe a qué se dedicaba durante el tiempo que vivió allá? 5.- ¿Cuál era su opinión del trabajo realizado por el fotoperiodista? 6.- ¿Conoce a las personas que fotografió durante el desempeño de su trabajo en Veracruz? 7.- ¿Conoce la imposición de algún obstáculo de servidores y/o funcionarios públicos del gobierno de Veracruz para la realización del trabajo de Rubén Espinosa en eventos públicos organizados por el gobierno de Veracruz? 8.- ¿Conoce la fotografía en la que usted aparece, tomada por Espinosa Becerril y publicada en la portada del número 1946 de la revista Proceso? 9.- ¿Cuál es su opinión sobre esa fotografía? 10.- ¿Supo si Rubén Espinosa tuvo algún incidente con autoridades municipales o estatales de Veracruz? En caso afirmativo, ¿cuáles? 11.- ¿Sabe los motivos por los que Rubén Espinosa tuvo que irse de su domicilio en Xalapa y trasladarse al DF el pasado 9 de junio? 12.- ¿Conoce lo sucedido a ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana el día 5 de junio del presente año? 13.- ¿Sabe que Rubén Espinosa tomó fotografías del lugar donde fueron agredidos los estudiantes de la Universidad Veracruzana el 5 de junio del presente año? 14.- El 10 de agosto señaló que el fotoperiodista Rubén Espinosa sufrió una agresión durante una marcha realizada el pasado 8 de junio, ¿qué acciones realizó el gobierno a su cargo para proteger al periodista Rubén Espinosa previo a que saliera de Xalapa? 15.- ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas por el gobierno a su cargo cuando conoció las denuncias en medios de comunicación por el fotoperiodista Rubén Espinosa cuando éste ya estaba en el DF? 16.- ¿Ya se identificó a las personas que agredieron al fotoperiodista Rubén Espinosa el 8 de junio? 17.- ¿Qué hizo el gobierno a su cargo para proteger a Rubén Espinosa después de las agresiones sufridas el 13 y 14 de septiembre del 2013 durante el desalojo de maestros en Plaza Lerdo de Xalapa, Veracruz? 18.- ¿Qué hizo el gobierno a su cargo para castigar a los responsables de los incidentes vividos por Rubén Espinosa reseñados en la pregunta anterior? 19.- ¿Qué hizo el gobierno a su cargo para generar las condiciones para que Rubén Espinosa ejerciera su profesión de periodista de manera libre y segura? 20.- ¿Tuvo algún sentimiento de animadversión o cualquier otro sentimiento negativo hacia el trabajo que hacía Espinosa Becerril? 21.- ¿Tuvo información de que alguien de su gobierno haya tenido algún sentimiento de animadversión o cualquier otro sentimiento negativo hacia el trabajo que hacía Rubén Espinosa? 22.- ¿Usted manifestó desacuerdo o inconformidad respecto al trabajo que hacía Rubén Espinosa en Veracruz? 23.- ¿Recibió de alguien alguna manifestación de desacuerdo o inconformidad sobre el trabajo que hacía Rubén Espinosa en Veracruz? ***
Darío Ramírez (@Dariormrs) se reservó el derecho a solicitar la ampliación de declaración del gobernador Duarte. FUENTE: PROCESO. AUTOR: SARA PANTOJA (REPORTAJE ESPECIAL).
Peritos ocultaron información y apresuraron conclusiones, aseguran. Piden que las autoridades no obstaculicen las investigaciones y que el Equipo Argentino de Antropología Forense realice la exhumación de Julio César Mondragón.
Familiares de Julio César Mondragón -normalista asesinado el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero- denunciaron que “los trabajos realizados durante las diligencias de levantamiento de cadáver y necropsia de ley fueron parciales y omitieron señalar, estudiar evidencia y datos que se tenían a la vista”. “Los peritos ocultaron información y apresuraron conclusiones, esto atenta contra los principios que rigen la labor de las instituciones que procuran justicia, principios como honestidad y apego a la verdad, profesionalismo, imparcialidad y legalidad. Resultado de esta ineficacia y falta de autonomía es la necesidad de realizar exámenes forenses post mortem, con la conducente revictimización de una familia golpeada por la represión de Estado“, señalaron sobre el trabajo realizado por la Fiscalía del Estado de Guerrero. Ante ello, manifestaron que “es necesaria una nueva autopsia y para ello la exhumación del cuerpo de Julio César Mondragón Fontes. Queremos poner fin a la especulación, a las preguntas sin respuesta o respuesta parcial y malamente respondidas”, pero en lugar de que se encarguen peritos locales, que sean los argentinos. “La falta de ética y profesionalismo de los peritos cuyos dictámenes forenses están contenidos en el expediente de Julio César Mondragón Fontes son muestra clara de la nula voluntad que desde el principio han tenido las autoridades de Guerrero para resolver las ejecuciones extrajudiciales, lesiones, desaparición forzada y tortura cometidas por agentes del Estado Mexicano”, sostuvieron. Para los familiares, la Fiscalía de Guerrero ha fallado en investigar conforme a derecho los hechos del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero; la Procuraduría General de la República (PGR) por su parte, no atrajo el caso de Julio César Mondragón Fontes, “a pesar de las graves irregularidades que ya hemos denunciado y que desde el primer momento lo solicitamos”. “Ha sido tal el desaseo en la investigación que hoy, con los datos contenidos en el expediente, no es posible establecer la causa de muerte de Julio César Mondragón Fontes“, sostuvieron. “Por estas razones hemos solicitado al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que nos asista para obtener una opinión fundamentada, con los elementos que la ciencia y la técnica pueden permitir para esclarecer la verdad a casi un año de lo sucedido. Nuestra confianza y nuestras esperanzas se encuentran en el trabajo del EAAF”, indicaron los familiares del normalista de Ayotzinapa. Para lograr ese objetivo, solicitaron a la autoridad judicial del fuero común en Iguala, a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y a la Procuraduría General de la República que permitan y faciliten que los especialistas forenses independientes puedan trabajar “sin obstáculos, con los mecanismos adecuados que salvaguarden su participación en la cadena de custodia del material extraído y que impidan la contaminación de muestras, la pérdida de pruebas o fallas en la manipulación de los restos”. Reconocieron que la “operación de re-autopsia es difícil y compleja, por lo que también solicitamos sean proporcionadas las instalaciones e instrumentos idóneos para su realización”.
Confiaron en que al fin se pueda identificar el número de personas que participaron en su ejecución y contribuya como prueba jurídica al enjuiciamiento de los responsables materiales e intelectuales del crimen. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Desde marzo pasado, los expertos de la CIDH se encuentran en México, coadyuvando en la investigación del caso de los estudiantes desaparecidos. El próximo 6 de septiembre darán un informe final de estos 6 meses, con la posibilidad de que se prolongue su misión.
Las entrevistas e investigaciones de los 5 expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han arrojado diversos hallazgos desde marzo pasado, cuando iniciaron sus trabajos, hasta este mes; el lunes de esta semana reportaron que ropa de los normalistas desaparecidos, fue escondida, y un video destruido. En su informe final, el próximo 6 de septiembre, el grupo dará a conocer los resultados de peritajes de expertos independientes sobre aspectos clave del proceso de investigación. Por ejemplo, sobre las autopsias y los casos de lesiones en detenidos; sobre la telefonía, la dinámica del fuego en el contexto del basurero de Cocula y escenas del crimen. Además, dará cuenta de su trabajo, de los hechos que ha investigado, de la evaluación de la investigación del caso, de los aspectos relevantes del trabajo y la experiencia de las víctimas, así como sobre las recomendaciones para el caso y para la problemática general de la desaparición de personas en México. Aquí una lista de hallazgos de los expertos, desde marzo hasta ahora, previo a su informe final: -El grupo constató que la investigación de los normalistas ha llevado a descubrir decenas de cuerpos de personas en fosas clandestinas, por lo que consideró importante, para una mejor comprensión del contexto de las desapariciones, contar con un mapa de fosas actualizado y casos relacionados con ellas, de forma que dicha información contribuya a encontrar indicios que puedan ayudar a realizar nuevas búsquedas de los 43 normalistas. Esa información fue solicitada a las autoridades de la PGR, dependencia que proporcionó en abril dicho mapa. -Descubrió que existe una dispersión tanto de los procesos como de la consignación de presuntos responsables vinculados con el caso. Hay 6 causas abiertas que corresponden a 15 procesos (Tamaulipas, Morelos, Guerrero), en tanto que los presuntos responsables se encuentran en prisiones de otras ciudades (Tepic, Jalisco, Altiplano). La PGR manifestó que solicitaría la acumulación de los procesos abiertos del caso. -Precisó que pese a las informaciones difundidas sobre la llegada de los normalistas el día 26 de septiembre a la Central de Autobuses de Iguala, según las investigaciones que han hecho, dicha acción no fue planificada previamente para acudir al centro de la ciudad. Aclaró que los normalistas de Ayotzinapa salieron a hacer actividades de boteo el día 26 de septiembre aproximadamente a las 5 de la tarde, con el objetivo de obtener dinero y autobuses para asistir a la marcha del 2 de octubre. Debido a las dificultades que tuvieron los días anteriores para obtener autobuses en la ciudad de Chilpancingo, se dirigieron al lugar conocido como Casa del Cura o cruce de la entrada a Huitzuco y la caseta de Iguala. La decisión posterior de ir a la central de autobuses se debió a circunstancias del momento no previstas de antemano. - El 29 de junio, el grupo de expertos encontró en el expediente que el pasado 27 de septiembre se había llevado a cabo una diligencia de recogida y resguardo de ropa de algunos de los normalistas desaparecidos. Sin embargo, dicha situación no era conocida por los familiares ni sus representantes, y tampoco existía un registro específico ni procesamiento de la misma. El grupo calificó esto como un hecho grave, tanto desde el punto de vista de la investigación como de la importancia que tiene para los familiares. Y pidió ese mismo día a la PGR que se identificara el lugar donde se encontró la ropa y fuese examinada por peritos de la PGR y del Equipo Argentino, para procesarla, fotografiarla y tomar las muestras genéticas correspondientes, y resguardarla de forma adecuada. Dicha diligencia se realizó los días 29 y 30 julio, y las muestras tomadas de forma conjunta por los peritos de ambas partes serán enviadas al laboratorio de Innsbruck para su análisis genético. En los próximos días, los familiares identificarán dicha ropa. -Pérdida de pruebas en el caso. El grupo informó a las autoridades competentes de la PGR, la existencia de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas en el escenario de la salida de Iguala cerca del Palacio de Justicia. S Según testimonios proporcionados, dichos videos existieron y fueron enviados a la presidencia del tribunal. Sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos. Si esto se confirma se habrían perdido para la investigación de los hechos. Esto debe ser investigada de inmediato por la PGR, urgió el grupo. -Encontró que en la autopsia de Julio César Mondragón -un normalista asesinado el pasado 26 de septiembre- no se evaluaron ciertas lesiones que aparecen en el informe original de autopsia y en las fotografías proporcionadas. Por ello, pidió un peritaje independiente que examinara las autopsias realizadas a Julio, Daniel Solís y Julio César Ramírez, tres normalistas asesinados en Iguala, Guerrero. Apuntó que entre las cuestiones que una nueva posible autopsia debería analizar están la causa y valoración de las fracturas craneales, otras fracturas no descritas, así como las huellas en los huesos de la cara de posibles artefactos o de caninos que dejan señales características.
Y, al igual que sus familiares, el grupo solicitó que se haga una segunda autopsia al cuerpo de Julio César Mondragón. LINK DEL VÍDEO: https://youtu.be/GkJ8IGEGJXM VÍDEO:
MÉXICO, D.F: La tortura, violación y el tiro de gracia que recibieron cinco personas –entre ellas el reportero gráfico Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera– el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México revelan una acción de sicarios, perpetrada por personas que “llevaban consigna”, además de la participación de cuatro o cinco victimarios. Fernando Ruiz Canales, presidente del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos y quien desde 1991 se dedica a investigar y estudiar perfiles de secuestradores, sostiene que quienes perpetraron el crimen fueron “asesinos a sueldo”. Por su parte Max Morales, abogado criminalista y quien realizó el perfil psicológico del secuestrador Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, echa abajo la hipótesis de la procuraduría capitalina, que tiene entre sus principales líneas de investigación la del robo. “Es una fantasía”, asegura, lo dicho por las autoridades porque no está debidamente sustentado. Y centra su atención en la maleta sustraída y en que no se llevaron las computadoras portátiles ni los teléfonos inteligentes. En entrevista, este criminólogo que ha participado en el esclarecimiento de algunos multihomicidios ocurridos en la Ciudad de México no descarta como móvil el “crimen político”; sin embargo, aclara que sólo lo ve como una posibilidad, pues se inclina más hacia robo de información, dinero o droga, pues “la tortura” se aplica para obtener información. Ambos investigadores coinciden en el reclamo a las autoridades por la falta de secrecía y la filtración de datos de la investigación. Cadena rota Entre las primeras fallas de la procuraduría capitalina destaca que no se cumplió “la cadena de custodia”; es decir, no se preservó intacta la escena del crimen; no se hizo el perfil del delincuente ni la victimología, que significa investigar “por qué te pasó lo que te pasó y con ello llegas al responsable. Si aplicas la psicología del delito vas a entender la naturaleza del mismo y por qué operó de tal forma”, dice Ruiz Canales a Proceso. Además demanda que al único detenido y consignado hasta ahora, Daniel Pacheco Gutiérrez, se le aplique el polígrafo –en presencia de representantes de derechos humanos– y se le haga un análisis de estrés de voz. Basado sólo en las declaraciones que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha filtrado, Max Morales considera que el amago a las víctimas, la tortura, violación y los cinco “tiros de resolución”, se pueden perpetrar en 48 minutos, pero con la participación de cuatro o cinco personas y no sólo tres, como sostiene el detenido. Descarta que se haya tratado de un robo a casa-habitación, como sostiene la autoridad. Argumenta: “Dejaron muchas cosas” de las que un ladrón profesional se lleva. “Iban por otra cosa”. Quien se dedica al robo de casas “no viola ni tortura. Te lesionan, te amagan… En un robo te amordazan y te dejan vivo. Entonces, ¿por qué cargar la violación, matarlas y torturarlas? Pues porque necesitas saber algo”, afirma. –¿Se podría tratar de una venganza? –se le pregunta. –Pudiera ser. Vas predestinado a matar, pero no torturas al resto. Morales acota que sí hubo robo, porque se llevaron una maleta, “pero se llevaron (algo) por lo que ellos iban, lo demás lo dejaron y eran cosas importantes. Sería posible un robo dirigido”. Entonces, añade, es importante saber qué llevaba la maleta: droga, dinero, información o documentos. “Lo planearon muy bien y probablemente conocían a alguien, pues les abrieron la puerta”. Pudo haber sido la empleada doméstica y eso hay que investigarlo, agrega. Todo ello se puede saber con las pruebas del polígrafo y de estrés de voz. Se refiere luego a la presunta relación del “viene-viene” con la colombiana Milena Virginia Martín y la considera absurda, pues no corresponde a su nivel socioeconómico. En todo caso, dice, una de las líneas de investigación debiera apuntar a la empleada doméstica, que también fue ejecutada, por ser de una condición económica parecida. “Aquí hubo una saña dirigida; alguien les abrió la puerta”, sostiene, “fueron meticulosos”, y por la forma en que actuaron y la información que se ha publicado se puede considerar que fueron más de tres y quien se llevó la maleta es el jefe. El rostro del detenido muestra a un sádico, no se ve arrepentido; está justificando que no participó en la muerte, él puede ser el jefe. Y adelanta: “Si hay un autor intelectual, lo contrató a él. Si es que lo hubo”. –¿Pudo tratarse de un crimen político? –se le pregunta. –Es difícil pero no imposible, porque hay que ver qué es lo que contenía la maleta. No considera que Nadia Vera estuviera verdaderamente asustada en la última entrevista que dio, pero el reportero gráfico sí. “Puede ser que Nadia tuviera información o documentos que descubrió, pero ni a Nadia ni a Rubén los matarían así, sino que simularían un asalto en la calle”. Coincide con Ruiz Canales en que no pudo tratarse de una violación como objetivo, pues lo habrían realizado con los cinco, ensañándose con Rubén. Perfil de sicario Ruiz Canales, quien estuvo cerca del proceso jurídico por el asesinato del hijo de Fernando Martí en 2008 y ha participado en la indagación de por lo menos mil 500 homicidios en todo el país, es contundente: no fue robo; el perfil criminal de los ladrones no registra asesinato. Considera que fueron cuatro o cinco quienes perpetraron las violaciones, torturas y ejecuciones. “No es lo mismo un secuestrador que un violador. El ladrón va por el bien, no lo deja, como el abandono del Mustang rojo, los teléfonos y las computadoras. El violador ejerce poder sobre su víctima a través del sometimiento sexual. “La violación, tortura y ejecución son actos atípicos en un robo. Esas peculiaridades obedecen más al perfil de un sicariato. Veo un conjunto de acciones donde a sicarios les pagaron por hacer sufrir. Están entrenados para manejar armas y cosifican a sus víctimas. No ven las virtudes de un ser humano”. Y añade: “Lo que veo es que este grupo ejerció pasiones, es decir, sentimientos, en particular odio y desprecio. Aunque seas contratado, eres la extensión de quien te contrata; quien te pagó te hizo un pedido y el sicario lo hace mientras le paguen. El sicario es la extensión de quien lo contrata y expresa su sentir, pero también manifiesta su propia enfermedad. Un sicario sí usaría un tubo para violar, porque a él lo contratan para hacer sufrir. “La tortura muestra que se buscaba información, para eso es. Si es cierto que se ejerció con un pelapapas, entonces fue una tortura prolongada, dura, se tomaron su tiempo. El torturador busca métodos para hacer daño y causar el mayor terror a sus víctimas. A esa tortura, estoy seguro, la presidió un interrogatorio.” En 48 minutos, más de cuatro sicarios pueden matar, violar y torturar, sostiene y considera que todos iban armados. Para Ruiz Canales es risible el dicho del único detenido sobre la presunta participación de un malabarista y un acomodador de autos. “Los presuntos asaltantes de casa abandonan el bien más preciado del robo, que es el Mustang, el cual en dos días pueden vender con papeles legales; dejaron dos computadoras portátiles y teléfonos que son fácilmente vendibles en horas y lograr por ellos 5 mil 500 pesos por lo menos; pero no sólo eso… dicen que uno de ellos era amigo de la modelo. “Conozco a las modelos. No se mueven con gente de menor ingreso que ellas. Dicen que el viene-viene se mueve en Calzada del Hueso y Miramontes. Ahí no hay más que la Comercial Mexicana, donde obtendría 200 pesos por día. Alguien con un ingreso de 200 pesos diarios no puede tener un arma nueve milímetros, un Renault y tener como amigas a modelos. No encaja.” Hace referencia al malabarista. Sostiene que por conocer la zona y estar haciendo desde 2010 un documental sobre la gente que labora en la calle, conoce perfectamente a quienes ahí trabajan “y no hay ninguno con las señas que dio el detenido. “Nada suena lógico y alcanzar ese nivel de delito no se hace de la noche a la mañana. Hay todo un proceso –sostiene–. Por lo tanto, no por ser una persona que labora en la calle como malabarista se es un delincuente. Muchos son gente con preparación que han decidido obtener un ingreso mediante el arte que practican y saben. Ellos se conocen, se juntan en Ciudad Universitaria a practicar y no hay en esa avenida de Miramontes malabaristas con esas características.” Ruiz Canales abunda sobre el robo y sostiene: “Una persona que tiene que compartir la renta no tiene grandes recursos y quien se dedica a este delito sabe cuánto puede obtener y si la víctima tiene dinero. El hecho encaja más en el perfil de un sicariato y no se puede olvidar que tanto Nadia como Rubén habían sido hostigados y amenazados. No hay que olvidar que en Veracruz se puede contratar a un sicario por sólo 10 mil pesos.
“Creo que iban sobre ellos. La señora Alejandra fue un daño colateral al igual que Yesenia Quiroz. El procurador tiene la obligación –y la victimología así lo marca– de establecer como línea de investigación las amenazas que recibieron las víctimas. Pero para el procurador, éstas nunca existieron. Ni se enteró.” FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESUSA CERVANTES.
VILLAHERMOSA, Tab: La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) investiga la matanza del pasado viernes 14 en la que perdieron la vida tres policías y cinco presuntos secuestradores, dos de los cuales fueron capturados vivos y más tarde aparecieron muertos. Por esos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició desde el mismo viernes la averiguación previa DGI-293/2015 para indagar la muerte de Daniel Tadeo de la Cruz Martínez y de Sagrario Negrete Marín, de 24 años de edad, quien era originaria de Juchitán, Oaxaca, y trabajaba de bailarina en el bar “La Doña” de esta capital, donde también laboraba Virginia García Gervasio, la otra mujer detenida y única sobreviviente del grupo de seis presuntos plagiarios. Mediante un comunicado, la CEDH informó que solicitó a la FGE medidas de protección para familiares de los tres agentes policiales abatidos, al tiempo que inició un expediente de oficio en agravio de los cinco presuntos delincuentes muertos: los hermanos Herminio y Virgilio de la Cruz Almeida, Freddy Almeida Álvarez, Tadeo Daniel y Sagrario Negrete Marín, así como de Virginia García Gervasio, quien se encuentra detenida. Precisó que derivado de las investigaciones que realiza personal de la institución sobre el hecho, se estableció comunicación con Gerardo Negrete Güitrón, padre de Sagrario Negrete, quien formalizó la queja en agravio de su hija, con lo que se originó el expediente 717/2915, “señalando como autoridad probable responsable a servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y a la FGE”. La CEDH refirió que las medidas solicitadas a la FGE en favor de familiares de los policías caídos son para que se les brinde seguridad y protección, con el fin de evitar actos que pudieran atentar contra su integridad física. De igual forma, que en la averiguación previa que se haya iniciado con motivo de los hechos en que perdieron la vida los agentes, se les brinde trato digno, proporcione debida atención y pleno acceso a la información, además de asesoría jurídica necesaria y, en caso de que se requiera, atención médica y psicológica. El comunicado menciona que ayer al mediodía solicitó a la FGE acceso a las indagatorias relacionadas con estos hechos, así como a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), para realizar la inspección de ley al cuerpo de Sagrario Negrete Marín.
“La inspección al cuerpo se realizó al interior de una agencia funeraria ubicada en la colonia José María Pino Suárez de esta ciudad”, concluye el comunicado. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
MÉXICO, D.F: Un subteniente de Infantería del Ejército mexicano fue condenado a 31 años de prisión por la desaparición forzada de una persona en el municipio de Los Hererras, en el estado de Nuevo León, en 2012. Se trata de la primera sentencia de su tipo desde el inicio de la llamada al narcotráfico declarada por el expresidente Felipe Calderón, en enero de 2007, en cuyo sexenio comenzaron las denuncias por desaparición forzada contra elementos del Ejército y la Marina, Armada de México, entre otros delitos de lesa humanidad. La sentencia también es una de las primeras aplicaciones del criterio emitido en 2012 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los crímenes cometidos por militares contra civiles sean conocidos y resueltos por la justicia civil y ya no por los tribunales militares, como ocurría hasta entonces por ser considerados sólo como “faltas a la disciplina” castrense. El juez primero de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León, Eustacio Esteban Salinas Wolberg, emitió la sentencia de 31 años y tres meses de prisión en la causa penal 104/2013. El condenado, quien también fue destituido de su cargo en el Ejército, se encuentra desde su detención y hasta ahora bajo prisión militar. De acuerdo con el juez, la Procuraduría General de la República (PGR) acreditó la responsabilidad del acusado. El hecho ocurrió el 20 de mayo de 2012 en Los Herrera, municipio de Nuevo León, y desde entonces la víctima se encuentra desaparecida. Según la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, en la entidad hay por lo menos entre 900 y mil personas desaparecidas desde el inicio de la llamada “guerra a las drogas”. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el juez emitió su sentencia por la “grave afectación o peligro a los bienes tutelados, a saber, la integridad física, la libertad personal y la vida de la víctima directa del delito; así como el ámbito de protección a los familiares”, señalados como víctimas indirectas “por el sufrimiento que atraviesan en su afán de lograr información sobre el paradero” del desaparecido. En su fallo, según lo informado por el CJF, el juez no sólo deslindó al Ejército, sino que hizo una defensa de esa institución. Aclaró que la sentencia se refiere a una “conducta aislada, lamentable” y “contraria al espíritu de protección y salvaguarda del Ejército mexicano”. El órgano del Poder Judicial de la Federación aseguró que de acuerdo con el juez, la sentencia también tomó en cuenta “el perjuicio causado al propio Ejército Mexicano, el cual desempeña una importante labor de protección y salvaguarda de la seguridad nacional y de las personas”.
Además, citó al juzgador, el Ejército “colabora con las instituciones civiles, dentro del marco constitucional y legal, para hacer frente a los actos de la delincuencia organizada”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) afirmó que durante los primeros años del Gobierno de Enrique Peña Nieto el número de pobres se incrementó al pasar de 53.3 a 55.3 millones de pobres. De éstos, 11.4 millones de personas están en situación de extrema pobreza y es a quienes se han enfocado la mayoría de los programas sociales. Sin embargo, la estrategia insigne para el combate a la pobreza del Gobierno federal, la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNH), sólo atendió a 7 millones de personas en condiciones de pobreza extrema alimentaria que habita en poco más de mil municipios. La Cruzada contra el Hambre es uno de los proyectos más importantes de la administración de Enrique Peña Nieto, y en el que más esfuerzos han puesto la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y su titular Rosario Robles Berlanga para llevarla al éxito. Sin embargo, las cifras indican que no ha dado los resultados esperados, pues la pobreza extrema alimentaria se redujo 0.6 por ciento y la reducción en el acceso a la alimentación no ha tenido ningún cambio significativo. Oficialmente, la Cruzada inició en enero de 2013 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la CNH. En abril de 2014 se publicó el Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, el cual constituye el instrumento de planeación oficial de la estrategia. “El propósito de la Cruzada, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), es que 7.015 millones de personas superen su condición de pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación. Es decir, la Cruzada tiene como población objetivo sólo a un subconjunto de la población en pobreza extrema”, dice el informe. A dos años de iniciado, el programa ha logrado aumentar la cifra de personas con acceso a la salud y servicios básicos en sus viviendas, pero en el caso del acceso a la alimentación –el punto neurálgico de la CNH– la reducción ha sido de cero puntos porcentuales, de acuerdo con la información elaborada por el Coneval. El decreto presidencial que impulsó la implementación de la Cruzada marcó como principales objetivos la eliminación de la desnutrición infantil aguda, aumentar la producción de alimentos y la inclusión de campesinos y pequeños productores, minimizar el desperdicio de los alimentos, y fomentar la participación comunitaria. Tras su implementación, diversas organizaciones sociales se dijeron preocupadas por la selección de población por parte de la Sedesol. México Evalúa señaló que debía explicarse la razón de elegir a 400 municipios, en los que sólo habita la cuarta parte de los pobres extremos. Por su parte, el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Raúl Benítez, afirmó a finales de julio que México se ha convertido en un “ejemplo global” por haber tomado la firme decisión de erradicar el hambre mediante una política de Estado. “Con la Cruzada, México se ha profundizado en su lucha contra el hambre y unido las fuerzas en toda la sociedad a favor de los más vulnerables”, dijo. Sin embargo, dentro de los más vulnerables, el programa del Gobierno federal descarta a más de cuatro millones de personas en extrema pobreza.
LOS DESCARTADOS El universo de estudio del Coneval sobre la Cruzada contra el Hambre se limitó a 207 mil 578 hogares ubicados en 400 municipios de la primera etapa del programa. Todos los hogares participantes contaban con al menos un integrante beneficiario de algún programa de registrado en el Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE) y recibieron beneficios entre enero de 2013 y junio 2014; además tenían al menos una persona en pobreza extrema de alimentación y un identificador único que permitió dar seguimiento a los mismos de manera longitudinal. De acuerdo con bases de datos, 378 mil 539 registros de hogares fueron intervenidos durante 2013 y primer semestre de 2014 por alguno de los 33 programas registrados en el SIFODE; sin embargo 170 mil 961 fueron descartados porque no tenían información suficiente. Es decir que en realidad el levantamiento final fue de 7 mil 616 hogares pues no se tomaron en cuenta 22.7 por ciento de los hogares porque no contaba con nombre de vialidad, 10.1 por ciento no contaba con nombre de asentamiento (colonia), 6.6 por ciento no contaba con código postal y 6.5 por ciento no tenía descripción de la ubicación. Con base a ese registro se observó que los indicadores de carencia sociales fueron menores en 2015 respecto a la situación de beneficiarios en 2013-2014 y destacaron disminuciones en carencia por acceso a los servicios de salud y por acceso a la alimentación, debido a que el primero paso de 32.9 entre 2013 y 2014 a 9.2 den 2015, mientras la carencia por acceso a la alimentación pasó de cien a 42.5 por ciento en este grupo de personas. Los datos recabados revelaron que el programa con mayor participación fue el Seguro Popular, 46.5 por ciento de la población objetivo de este estudio era beneficiaria del programa. Le sigue Prospera (24.5 por ciento), Programa de Apoyo Alimentario (10.8) y Programa de Abasto Social de Leche LICONSA (9.5). El resto de los programas benefició a 11.2 por ciento de la población. Del informe también se desprende una reducción en el presupuesto destinado a “Comedores y Huertas” de 2.77 por ciento de 2013 a 2014 (fechas de la primera y segunda etapas). Pasó lo contrario con el segmento “Agua y Saneamiento” que aumentó su presupuesto 6.50 por ciento, “Vivienda” con un incremento de 2.23 por ciento en el mismo periodo.
