Se trata de Román Quian Alcocer, quien fungió como presidente municipal de Solidaridad, y ahora ocupará la cartera de la Secretaria de Desarrollo Social e Indígena (Sedasi), en sustitución de Ángel Rivero Palomo, quien, a su vez, fue designado rector de la Universidad de Quintana Roo.
El pasado 10 de agosto Borge nombró nuevamente como secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) a Juan Pablo Guillermo Molina, exdirector municipal de Finanzas del ayuntamiento de Solidaridad.
Molina regresa a Sefiplan, tras ser candidato suplente a diputado federal, y sustituye a Alejandro Marrufo Roldán, que quien quedó como tesorero general del estado.
Cuando Quian Alcocer fue presidente municipal, en el trienio 2008-2010, Guillermo Molina fue director de Finanzas de la Tesorería de este ayuntamiento.
En diciembre de 2014 y en mayo de este año, el senador Daniel Ávila Ruiz y la diputada federal Alicia Ricalde Magaña, ambos del PAN, denunciaron ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a diversos funcionarios municipales de los trienios de 2008-2011 y 2011 -2013, incluido el actual alcalde Mauricio Góngora Escalante, a aspirante a gobernador y uno de los seis “delfines” de Borge.
Del trienio 2011 – 2013 también es acusado otro de los preferidos del gobernador para sucederlo: José Luis Toledo Medina, actual diputado federal electo.
En su momento, el senador Ávila señaló que del 2010 al 2012, los gobiernos del municipio de Solidaridad pagaron facturas que amparaban la prestación de servicio y suministro de bienes no comprobados a personas físicas.
Para estos servicios y suministros, precisó, se contrataron seis empresas “fantasmas”, con nombres de personas físicas, que ni siquiera tienen su domicilio fiscal en la entidad, sino en Yucatán.
Además en los cheques aparecen las firmas de los exfuncionarios municipales.
El senador afirmó que visitó en Yucatán los sitos señalados como domicilios fiscales de estas seis supuestas empresas en Yucatán, y precisó que “son casas- habitación, donde la gente que vive en ellas no saben de esas empresas”.
Las supuestas empresas prestaron servicios de “arrendamiento” de camiones de volteo para traslado de material de construcción por las que cobraron millones de pesos.
Las personas físicas que aparecen como empresas son:
-Gaspar Francisco Chim González, con domicilio Kanasín, Yucatán, con facturas por más de nueve millones 600 mil pesos.
-Daniel Cornelio García, con domicilios fiscal en Jardín de Chuburná, en Mérida; facturó siete millones 841 mil pesos.
-Clever Ricardo Cid Vieyra, con domicilio en Mérida, quien facturó por arrendamiento de volquetes, siete millones 843 mil pesos;
-Gilberto Irigoyen Basto, con domicilio en Mérida, Yucatán. Facturó nueve millones de pesos.
-Miguel Ángel Torres, con domicilio en Cansahcab, Yucatán. Facturó 19 millones 133 mil pesos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
