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La PGJDF indaga cuatro hechos que conectan a víctimas de caso Narvarte con Veracruz

Los incidentes involucran a Rubén y Nadia, dos de las víctimas del multihomicidio, y en ellos se advierte la participación de la policía estatal. Organizaciones pidieron a la PGJDF desde el 4 de agosto que se declarara a jefes policiacos por estos casos. Veracruz dice que DF no tiene jurisdicción pero colaborarán.

La represión de una protesta en 2012, un desalojo de una plaza en 2013, un ataque en un domicilio de Xalapa en junio pasado, y el seguimiento de encapuchados a activistas con lista incluida, son los cuatro hechos específicos ocurridos en Veracruz que investiga la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por su probable relación con el multihomicidio del 31 de julio en la colonia Narvarte.

Los cuatro incidentes, según lo denunciado ante la Procuraduría capitalina por organizaciones de periodistas y defensoras de derechos humanos, están conectados con dos de las víctimas del homicidio, el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera.

En todos esos hechos, según las denuncias incluidas en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07, existe la posible participación de policías del estado que gobierna Javier Duarte.

Es por este motivo, confirmaron autoridades de la Procuraduría capitalina, que se enviaron a Veracruz a dos agentes de la Fiscalía de Homicidios para recabar la declaración del actual secretario de Seguridad Pública de Veracruz Arturo Bermúdez Zurita y de su antecesor en el cargo Sergio López Esquer.

Además, dado el perfil de comunicadores y activistas de las víctimas, se recabará el testimonio de la presidenta de la Comisión estatal de Atención y Protección a Periodistas en Veracruz.

Karla Michel Salas, abogada coadyuvante en la indagatoria de la Procuraduría en representación de la familia de Nadia Vera, señaló que estas declaraciones serán tomadas a petición expresa de las organizaciones de periodistas y derechos humanos, solicitud que se había hecho desde el pasado martes 4 de agosto.

“De los primeros testimonios se desprendían todas estas amenazas, hechos de hostigamiento y persecución ocurridos en distintos momentos en Veracruz tanto en agravio de Nadia como de Rubén” dijo en entrevista con Animal Político.

De acuerdo con Salas, quien también es presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, existía la preocupación de que las autoridades capitalinas no atendieran la línea de investigación del multihomicidio que apunta a Veracruz, por lo que se insistió en que se recabaron dichos testimonios.

El procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza confirmó el traslado de sus elementos a Veracruz. “Esto se lleva a cabo a través de los indicios, de diversas declaraciones, de videos que se tienen en la averiguación previa de aquí de la ciudad de México, y que ha surgido, que pudieran tener algún vínculo en aquella entidad (Veracruz)” dijo.

Además, los agentes permanecerán en Veracruz para recabar las declaraciones de otros activistas y demás testigos que pudieran aportar información al caso. En un comunicado la Fiscalía veracruzana accedió colaborar con las autoridades capitalinas aunque reiteró que no tienen jurisdicción en su territorio.

La conexión con Veracruz es una de varias líneas que la PGJDF ha señalado que mantiene abiertas por el multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte.

A continuación Animal Político enumera los cuatro incidentes que están bajo la lupa de los investigadores.

La “protesta pacífica” del 2012

Nadia Vera, integrante de la Asamblea Estudiantil de Xalapa narró en un video la forma en como presuntos policías actuaron en contra de ellos durante una manifestación pacífica en contra del gobierno de Javier Duarte y de los asesinatos contra periodistas.

De acuerdo con Vera, quien es estudiante egresada por antropología social de la Universidad veracruzana, la actividad que tenían planeada era la colocación de unos globos con mensajes políticos pero elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se los impidieron.

“Unas mujeres civiles que eran policías del Estado estaban golpeando a unas compañeras yo grabo y llegan por mi otras mujeres que me quitan el celular y nunca me lo devolvieron. Me jalaron y golpearon” dijo Vera

A partir de ese hecho según los testimonios, comenzó la presunta persecución sobre Nadia Vera que entre otras cosas incluyó el allanamiento de su departamento y una presunta detención irregular.

El desalojo del 2013

El 13 de septiembre de 2013, dos días antes de los festejos patrios, la policía estatal desalojó por la fuerza un plantón que mantenían profesores y activistas de la Plaza Lerdo en Xalapa en las vísperas de los festejos patrios.

De acuerdo con las declaraciones de los maestros, la acción policial fue un “exceso” pues supuestamente ya existía un diálogo previo con las autoridades para replegarse voluntariamente.- El gobierno de Duarte dijo por su parte que un grupo ajeno al de los maestros intentó mantener ocupada la plaza por lo que se decidió proceder con el operativo.

Durante ese hecho se denunciaron múltiples agresiones en contra de periodistas y fotógrafos de parte de los uniformados, quienes reportaron además de los golpes el robo de sus equipos

Rubén Espinosa fue uno de los periodistas afectados y por ese hecho levantó una denuncia formal la ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR) la cual continúa abierta hasta la fecha.

Espinosa no se fue de la entidad después de ese hecho pero según lo reportado por sus colaboradores y activistas, a partir de ahí fue intimidado en varias ocasiones para que retirara la denuncia interpuesta.

Ataque a los estudiantes

La madrugada del 5 de junio un grupo de sujetos irrumpió en un domicilio del centro de la capital de Veracruz en donde están reunidos estudiantes de la Asamblea Estudiantil de Xalapa quienes fueron golpeados brutalmente. Las victimas describieron a los atacantes como personas con cortes tipo militar y algunos armados con toletes.

Después del ataque, según la versión de los jóvenes agredidos, policías estatales llegaron al domicilio pero no le brindaron apoyo a la víctima. En vez de ello, permitieron que civiles que se identificaron como supuestos representantes del Consejo estatal de Derechos Humanos intentaran interrogarlos.

El ombudsman estatal confirmó días después que las personas que acompañaban a los policías estatales no eran visitadores.

Familiares y activistas denunciaron que varios de los jóvenes agredidos eran amigos cercanos de Nadia Vera pues pertenecían a la misma red. Ella no se encontraba en el sitio pues meses antes había decidido salir del estado.

Tres días después, el 8 de junio, se organizó una marcha en contra del ataque en contra de los estudiantes y al misma fue cubierta por Rubén espinosa quien en un momento fue agredido por sujetos encapuchados. El propio gobernador Javier Duarte reconoció este hecho el cual motivó que el fotoperiodista decidiera irse del estado.

Intimidaciones y “listas negras”

Además de los hechos señalados, en la averiguación de la PGJDF se asentaron reportes de los activistas y coadyuvantes sobre presuntas intimidaciones o ataques continuados que sufrieron tanto Rubén como Nadia

“En el expediente están asentados testimonios que en el caso de Nadia apuntan a que fue levantada por integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública quienes la subieron a un carro un largo tiempo en el que la amenazaron y le pidieron que dejara el activismo sino algo malo le iba a pasar” dijo la abogada Michel Salas en entrevista.

En otro video de finales del 2014 Nadia responsabilizó al gobierno de Duarte de “cualquier cosa que pudiera sucederle”. El procurador del DF Ríos Garza dijo confirmó que estos videos ya están incluidos en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 iniciada por el multihomicidio.

Las organizaciones de activistas y periodistas también denunciaron ante la PGJDF que el gobierno de Veracruz persigue sistemáticamente a personajes críticos e incluso tiene listados de estudiantes activistas o investigadores que considera “enemigos”.

Una de estas listas ya fue publicada por Animal Político y se trata de un documento oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del estado en donde se incluye a estudiantes e investigadores de la Universidad Veracruzana.

Esta presunta persecución sistemática, según lo denunciado por las organizaciones, ha obligado a salir de la entidad a periodistas y activistas como Rubén y Nadia.

Veracruz reitera “deslinde categórico”

A través de un comunicado emitido por la Fiscalía General de Veracruz, el gobierno el gobierno del estado de Veracruz insistió nuevamente en su deslinde del multihomicidio en la colonia Narvarte.

“El Gobierno de Veracruz y, en especial el Gobernador del Estado, se deslindan total y categóricamente de este lamentable hecho ocurrido en la Ciudad de México, donde, como se ha repetido en múltiples ocasiones, es responsabilidad de las autoridades de aquella entidad resolver el caso” dice el comunicado .


La Fiscalía aclaró además que la Procuraduría del Distrito Federal no tiene jurisdicción en su territorio, por lo que será a través de un mecanismo de colaboración que se realizarán las declaraciones referidas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.

Peña Nieto llama a reforzar investigación de agresiones a periodistas

Según Peña Nieto, el trabajo del gobierno de la República es coordinarse con los de las entidades para establecer una cultura de legalidad rápida, eficaz y transparente.

El presidente Enrique Peña Nieto llamó a los procuradores y fiscales del país a redoblar esfuerzos en la investigación de agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos.

Durante la inauguración de la 33 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, dijo que se debe brindar atención oportuna y realizar una debida investigación y la posterior detención de eventuales responsables de agresiones, ataques y homicidios contra quienes realizan estas actividades.

“Ante un caso tan relevante y sonado de un multihomicidio (en la colonia Narvarte, en el Distrito Federal)”, las instituciones de procuración de justicia están comprometidas “sin duda” a atender estos casos, señaló el presidente.

Para ello, señaló, en el ámbito preventivo se giraron instrucciones a la Secretaría de Gobernación para continuar con el fortalecimiento de Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Ante procuradores y fiscales de todo el país, el presidente recalcó que las instituciones de procuración de justicia enfrentan tres retos: en primer lugar está apegar la actuación de las autoridades a los más altos estándares de respeto a los derechos humanos.

En segundo lugar, ser eficaces, pues la sociedad exige resultados de forma inmediata. Finalmente se debe estar a la altura de la trasformación que implica el nuevo sistema de justicia penal que entrará en vigor el año próximo, de acuerdo con Peña Nieto.

Para aplicar este nuevo modelo se debe adoptar una nueva cultura de la legalidad para hacer la justicia más rápida, más eficaz y más transparente.

El trabajo del gobierno de la República es coordinarse con los de las entidades para asegurar la implementación de este sistema, y recordó que se han destinado 10 mil millones de pesos para esta transformación que representa una inversión de 337 por ciento superior al destinado.

Peña Nieto indicó que en este encuentro las procuradurías y fiscalías de este país tendrán la oportunidad de reconocer las deficiencias y las áreas que merecen atención, apoyo y recoger propuestas que les permitan arribar a buen puerto.

Sostuvo que en el Gobierno de la República encontrarán el respaldo y apoyo para lograr estos objetivos y recalcó que a esta generación le toca romper con modelos obsoletos rebasados en distintos ámbitos y enfocarse en nuevos paradigmas.


Ello, para que la sociedad tenga acceso a una justicia pronta, que respete los derechos fundamentales, y accesibles para cualquier ciudadano, puntualizó.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Despedirán 800 maestros en Colima

Colima, México. Avanzada (18 de agosto de 2015).- La crisis económica por la que atraviesa Colima y la reforma educativa también está golpeando al magisterio colimense, a una semana de iniciar el nuevo ciclo escolar.
 
Trabajadores de la educación que prestan sus servicios bajo la modalidad de contrato no han cobrado desde hace un mes, otros que se encuentran bajo ese mismo esquema laboral serán despedidos, pues ya no se les renovará el acuerdo laboral por parte de la Secretaría de Educación.
 
Fuentes cercanas a la SEP en Colima revelaron a AVANZADA qué serán alrededor de 800 docentes los que se quedarán sin trabajo en el siguiente ciclo escolar o que verán reducidas sus horas de contrato, lo que impactará negativamente su economía.
 
Lo anterior obedece a la crisis económica por la que atraviesa el estado, pero también por la reforma educativa, que obligó a las autoridades a regresar a los salones de clases a los docentes que estaban comisionados en otras actividades relacionadas o no con la actividad magisterial. 
 
En mayo de 2014, la organización Mexicanos Primero informó que en la entidad Mil 87 profesores son desconocidos en el centro de trabajo donde supuestamente están adscritos, es decir que entrarían dentro del rubro de “aviadores”.
 
Según  dicha organización, la secretaría de Educación erogó 469 millones 080 mil pesos al año, para cubrir el sueldo de 3 mil 909 trabajadores que no realizan actividades dentro de un centro escolar.
 
El pasado mes de julio, directivos del nivel de secundaria fueron notificados de que desaparecían algunos de los grupos en escuelas del turno vespertino, debido a que el gobierno de Colima no contaba con recursos para seguir cubriendo el costo de los docentes.
Con esa determinación se cerraron grupos vespertinos en la secundarias Manuel Álvarez y José Vasconcelos, esta última con una matrícula de aproximadamente 400 estudiantes.
 
El pasado 31 de julio, el gobernador Mario Anguiano Moreno anunció que su gobierno adeudaba más de 500 millones de pesos al magisterio estatal.

FUENTE: DIARIO AVANZADA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Visitan Organizaciones de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales a Marco Antonio Suástegui, vocero del CECOP (COMUNICADO)

Ratifican la solidaridad ante el líder criminalizado y escuchan sus preocupaciones sobre su seguridad. Reiteran que en Guerrero se utiliza facciosamente el sistema penal de justicia contra personas defensoras de derechos humanos que defienden sus tierras y el territorio.

Zihuatanejo, Guerrero, México, 12 de agosto de 2015. El día de hoy representantes de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), la Coalición Internacional Hábitat – América Latina (HIC-AL) y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” visitaron en el Penal de La Unión de Montes de Oca, Guerrero, a Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), quien se encuentra privado de su libertad desde hace más de un año, con cargos injustificados y como método de criminalización del defensor y para obstruir su labor como defensor comunitario.

La visita se lleva a cabo en el marco de la prevista sesión de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero en la que resolverá el recurso de apelación dentro de la toca penal VI-459/2014, en la que se le imputa injustamente el delito de robo.

Durante la visita, las organizaciones conocieron de primera mano el testimonio de Marco Antonio Suástegui sobre el impacto que ha tenido la serie de violaciones de derechos humanos a la que fue sujeto, desde su detención, así como de su traslado ilegal al Penal Federal de Nayarit en el que fue sujeto a tratos crueles e inhumanos y donde su salud se deterioró; así como las evidentes violaciones a su derecho a una defensa adecuada y al debido proceso. De igual forma, escucharon con atención sus preocupaciones por su seguridad.

Al final de la reunión, las organizaciones informaron al defensor comunitario que continuarán urgiendo a la Segunda Sala Penal – con irrestricto respeto a la independencia judicial – que valore las violaciones a la debida diligencia y defensa adecuada a la que fue sujeto Marco Antonio Suástegui y decidir apegada a derecho restituyendo su libertad.

De igual forma, las organizaciones reiteraron su apoyo incondicional a Marco Antonio, como defensor comunitario y denunciaron su encarcelamiento como acto de criminalización por defender los derechos de las comunidades y ejidos en contra de la Presa la Parota.


Finalmente, reiteraron su preocupación por el uso faccioso en la aplicación de la justicia en el estado de Guerrero, como lo ejemplifica el proceso penal contra Marco Antonio Suástegui, donde las decisiones unilaterales del Ejecutivo de imponer por encima de 5 resoluciones judiciales y de la voluntad de los pueblos mega proyectos como la presa La Parota, contemplada ahora en el Plan Nuevo Guerrero.



FUENTE: CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA TLACHINOLLAN

Diputados del PRD piden juicio político para Javier Duarte por asesinatos de periodistas en Veracruz

Ciudad de México, 18 de agosto: Legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron ante la Cámara de Diputados una solicitud de demanda de juicio político en contra del Gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa por el asesinato de 14 periodistas en esa entidad en lo que va de su Gobierno y por los altos niveles de inseguridad que vive el estado.

El coordinador de la bancada perredista en San Lázaro, Miguel Alonso Raya, y el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, presentaron el documento ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, a fin de que la solicitud se discuta durante la próxima legislatura que inicia el 1 de septiembre.


Los perredistas indicaron que esta solicitud de desafuero en contra de Duarte de Ochoa está relacionada además con la situación de inseguridad generalizada que se ha registrado en esa entidad, y que particularmente a afectado a los periodistas.

“Solicitamos este juicio político porque consideramos que hay un conjunto de violaciones graves por parte del Gobernador de Veracruz a la Constitución Política, en materia de derechos humanos y a las leyes federales sobre protección de las víctimas, de periodistas, de seguridad pública y ejercicio de los recursos federales, cometidos por Javier Duarte de Ochoa”, sostuvo Alonso Raya.

Por su parte, Belaunzarán Méndez recordó que de acuerdo con la organización internacional Artículo 19, la entidad gobernada por Duarte de Ochoa, está catalogada como la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo en América Latina.

“Desde el 2011 en el estado se han documentado los casos de 14 asesinados durante el ejercicio de su profesión”, agregó el legislador perredista.

Alertó que tan sólo “de 2010, año en que Javier Duarte asumió el cargo de Gobernador, a la fecha, se han documentado por la prensa y organizaciones independientes defensoras de los derechos humanos, 140 agresiones a periodistas en la entidad”.


Los legisladores destacaron que hasta el 30 de abril de 2015, en Veracruz se registraron unos 582 casos de personas desaparecidas.

Sostuvieron que sumado a ello, se ha registrado el uso indebido de recursos federales destinados a la Seguridad Pública, lo que se ha reflejado en los altos índices de inseguridad que se registran en la entidad.

Finalmente, exigieron que la siguiente Legislatura no envíe la solicitud hecha este día a la congeladora.


“Independientemente de que esta Legislatura se va y de que no se instaló la Sección Instructora, aunque hay una orden judicial para que se instale de inmediato, por el rezago que tiene en materia de solicitudes de diversas acciones en ese sentido y en ese rubro. Por lo tanto, la próxima Legislatura, la LXIII deberá desde nuestro punto de vista, crear la Sección Instructora de inmediato y al mismo tiempo, tanto por el requerimiento judicial como por el conjunto de solicitudes que hay”, indicó Alonso Raya.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-08-2015/1454888.

Publican informe sobre Corredor Chapultepec y lanzan convocatoria para su diseño

Para que los ciudadanos puedan dar sus opiniones habrá asambleas desde ahora y hasta el 28 de agosto.

La Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo para la Ciudad de México (PROCDMX) invita desde este martes a los interesados, a participar en el Concurso Público Arquitectónico para Presentación de Propuestas Conceptuales para el Corredor Chapultepec-Zona Rosa.

Se espera que urbanistas, diseñadores y otros, atiendan a esta covocatoria para el proyecto de la ciudad.

La PROCDMX publicó este día en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un informe sobre el proyecto,el cual ha sido polémico, pues una parte de la sociedad ha señalado que responde a intereses empresariales, argumentando que lo que quieren es crear un ‘mall’.

El proyecto enfatiza que “la Avenida Chapultepec, al ser utilizada como una vía de paso, no permite la permeabilidad entre las colonias Juárez y Roma Norte, lo cual aunado a la falta de infraestructura adecuada para la movilidad no motorizada imposibilita la conectividad entre las zonas impulsando con ello el deterioro de las mismas”.

Además “el Corredor creará espacios destinados a la cultura que se dividen en siete tramos, cada uno enfocado a los siguientes temas: pintura, arquitectura, historia, música, cine, lieratura y fotografía”.

Quienes desean participar pueden inscribirse al concurso para el proyecto arquitectónico, hasta el 16 de octubre de 2015.


El director general de ROCDMX, Simón Levy, también dio a conocer la convocatoria en su cuenta de Twitter:













Lo publicado en la gaceta:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.

Reforma Energética sirve para atraer sólo inversiones especulativas que dañan economía del país, advierte Mario Delgado


En un documento entregado al comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda Molina, el senador Mario Delgado, detalla la adquisición de Infraestructura Institucional (I2) por parte de BlackRock, Inc., administradora de capitales neoyorkina mientras se llevaba a cabo el proceso licitatorio de la Ronda Uno.

De acuerdo al senador: “Si analizamos las cosas, I2 es un intermediario que aparece como experto en infraestructura, invierte en el consorcio, participa indirectamente, se hace de una participación contractual de forma indirecta cuando Sierra Oil & Gas gana, y en pleno proceso licitatorio, está acordando su venta. Esto hace suponer que el valor de la empresa es muy diferente con campos asignados que sin ellos”,

Por otro lado y de acuerdo a lo expuesto por Delgado, con la venta de I2, Sierra Oil & Gas, pierde a la única empresa del consorcio que ha realizado inversión en infraestructura, sin ella, no tienen experiencia técnica acreditada en la materia, “son fondos de inversión que únicamente ponen dinero”, acota.

Es necesario conocer si se informó de esta venta a la CNH, pues es posible que se incrementara el valor de I2 luego de los contratos que ganó como parte de Sierra oil & Gas, además que con su venta se pone en riesgo la exploración y extracción de los dos bloques asignados.

“Debemos asegurar, cuando menos, que los ganadores ejecuten los planes y programas de trabajo. De otra forma, la Reforma Energética servirá para atraer solamente inversiones especulativas que tanto daño han hecho a la economía del mundo y en el país”, advirte el senador.


FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.

Asesinan a sobrina del alcalde interino de Iguala

CHILPANCINGO. GRO: La profesora de preescolar Irma Esquivel Lara, identificada como sobrina del alcalde interino de Iguala, Siviano Mendiola Pérez, fue asesinada ayer por la noche en su domicilio.

El hecho se reportó a las 22:00 horas, en la colonia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMMS), al sur de Iguala. Un hombre entró a la casa de Lara y le disparó, indican reportes oficiales.

La joven docente de 32 años trabajaba en el jardín de niños Benito Juárez de la comunidad de Tonalapa del Río en el municipio de Teloloapan.

De acuerdo con testigos, dos hombres llegaron a bordo de una motoneta a la calle Río Atoyac. Uno de ellos se dirigió a la casa de la maestra y la asesinó.


Este hecho ocurre a pesar de que Iguala es vigilada por la Policía Federal y el Ejército. Reportes periodísticos indican que en el último mes se han registrado 28 homicidios, entre las víctimas se encuentran cuatro mujeres, un menor de edad y 23 hombres.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQIEL FLORES CONTRERAS.

Dólar llega a $16.85

El dólar se vende esta mañana en $16.85, ochenta y cinco centavos más respecto al cierre de ayer martes.

A la compra, el dólar se cotiza en $16.25.

El tipo de cambio es afectado por la devaluación del yuan en China, además de la incertidumbre financiera en Europa, los bajos precios del petróleo y la inminente alza de las tasas de interés por parte de Estados Unidos.


El Banco de México interviene en el mercado cambiario inyectando diariamente 200 millones de dólares, más otros 200 millones en caso de que el peso se deprecie más de 1% de un día a otro.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ayotzinapa, la mentira histórica al desnudo

El 27 de enero pasado Jesús Murillo Karam dio una de sus últimas y polémicas conferencias de prensa sobre los sucesos de Iguala y la situación de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Presumió la detención de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, y afirmó que tras 386 declaraciones “esta es la verdad histórica: los normalistas fueron calcinados, están muertos”.

Murillo Karam ya no está en la PGR, pero su “verdad histórica” sigue siendo tan cuestionada y desmantelada como en su momento lo fue su tenebroso relato del “holocausto” en Cocula, Guerrero, del 7 de noviembre anterior.

La pretensión de darle “carpetazo” a la desaparición de los 43 normalistas fue su misión como procurador, nunca la justicia y menos una investigación a la altura de la conmoción nacional e internacional generada por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

El reciente avance del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH viene a ser una estocada no sólo a la “verdad histórica”, sino a las mentiras veladas y abiertas de Murillo Karam y de todos los integrantes del Estado mexicano involucrados en la investigación.

“No hay una sola evidencia” de la participación del Ejército en los sucesos de Iguala, sentenció aquel 27 de enero Murillo Karam. Ahora, este lunes 17 el GIEI fue contundente: existe una negativa sistemática del Estado mexicano para que los expertos independientes entrevisten a militares del 27 batallón de Iguala.

“El GIEI no entiende por qué ha podido entrevistar a víctimas, policías, inculpados, testigos y otros agentes del Estado y; sin embargo, en este caso es remitido a la vía penal… En nuestra respuesta remitida al Estado el 4 de agosto señalamos la urgencia de hacer las entrevistas y la disponibilidad de hacerlo del 10 al 14 de agosto, en nuestra última visita antes de presentar el informe”, subrayaron en el documento que está disponible en la página oficial del grupo de expertos.

La respuesta de la PGR a este grupo de cuatro expertos fue que formularan “por escrito” las “posiciones” que consideren formen parte de la diligencia ministerial y que, derivado de las características de esta indagatoria, “sólo estará presente la autoridad ministerial y quienes deban desahogar las posiciones que sean formuladas”.

El GIEI lamentó la respuesta y considera relevante poder entrevistar a los integrantes del 27 Batallón de Iguala, sin inculparlos o responsabilizarlos de nada.

No puede existir “verdad histórica” en tanto el Estado mexicano se cierre a la posibilidad de que los efectivos militares rindan cuentas de su papel –aun sea por omisión– en los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

El GIEI también aportó nuevas revelaciones que sacuden todas las certezas de la “verdad histórica”:

1.- Se perdieron pruebas del caso. Lo más grave es la destrucción de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de los 43 normalistas en la salida de Iguala, cerca del Palacio de Justicia. “Según testimonios proporcionados al Grupo, dichos videos existieron y fueron enviados a la presidencia del Tribunal. Sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos”, advirtieron los especialistas en su informe preliminar.

2.-Nuevas evidencias de ropa de los normalistas desestimadas por la PGR. Esta falla es considerada “grave” por el GIEI, pues en la diligencia original del 27 de septiembre de 2014 se resguardó ropa de algunos de los normalistas desaparecidos. Esta situación no era conocida por familiares ni representantes legales y tampoco existía “un registro específico ni procesamiento de la misma”.

El GIEI ha pedido a la PGR que esta ropa fuera examinada por sus peritos y por los integrantes del Equipo de Argentino de Antropología Forense (EAAF), el primer organismo internacional que cuestionó abiertamente la “verdad histórica” de Murillo Karam.

3.-Necesidad de nuevas autopsias ante evidencias de “posibles artefactos o de caninos”. En el caso de Julio César Mondragón Fuentes, de Daniel Solís y Julio César Ramírez, los especialistas advierten que “no se evaluaron ciertas lesiones que aparecen en el informe original de la autopsia y en las fotografías proporcionadas”. En el caso de Mondragón se registraron “huellas en los huesos de la cara de posibles artefactos o de caninos que dejan señales características”.

Ninguna de las 386 declaraciones que Murillo Karam presumió como parte del expediente de 115 tomos mencionó la existencia de perros en el ataque a los normalistas ¿Por qué? ¿Quiénes utilizan perros para agredir a jóvenes?

Por esta razón, el GIEI solicitó que se haga una “segunda autopsia” al cuerpo de Julio César Mondragón.

4.-No se les reconoce como víctimas de desaparición forzada.- Ni a los heridos ni familiares de los normalistas, ni a las víctimas directas o indirectas del caso, se les han dado “medidas de atención y reparación integral”. El GIEI ha pedido a la CNDH que “realice recomendaciones para que todas las disposiciones de la ley de víctimas y el conjunto de los derechos de las víctimas cuenten con el necesario reconocimiento y soporte legal”.

En tanto la “verdad histórica” pretende dar carpetazo desde la célebre conferencia del 7 de noviembre del “Ya me cansé” de Murillo Karam, los análisis e informes de entidades ajenas al Estado mexicano reiteran que se trata de un caso de desapariciones forzadas que no ha sido indagado ni investigado como tal.

El informe preliminar del GIEI (el final se dará a conocer el 2 de septiembre próximo) constituye, quizá, el golpe más certero a la mentira histórica que el Estado mexicano pretende construir en torno a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Peritos argentinos y CNDH

Antes de este documento, los peritos de la EAAF cuestionaron el 7 de febrero la “verdad histórica” de Murillo Karam con un informe muy detallado que resultó una clara denuncia a la manera de la PGR de colectar y resguardar evidencias.

Los peritos argentinos afirmaron que no estuvieron presentes en la recolección de evidencias en el basurero de Cocula entre el 27 de octubre y 6 de noviembre de 2014. Los peritos de la PGR recogieron evidencia consistente en 42 elementos balísticos, muestras de tierra y otros elementos no biológicos “sin haber avisado ni contar con la presencia de la EAAF”.

También señalaron la “ausencia de custodia en el basurero de Cocula”, entre el 7 y el 28 de noviembre anterior.

La EAAF encontró “fuerte evidencia sobre la existencia de múltiples focos de fuego en los últimos años en el basurero de Cocula”, por lo tanto, no es concluyente la tesis de la PGR de que fue “un solo evento de fuego” el que originó que calcinaran presuntamente a los normalistas.

El 24 de julio pasado en su Informe del Estado de la Investigación del Caso Iguala, la CNDH también señaló que se cometieron varias fallas y omisiones para aclarar los hechos. El organismo mexicano mencionó la “falta de pruebas”, pero no fue tan detallado ni explícito como los cuatro expertos del GIEI.

¿Qué hará ahora la procuradora Arely Gómez ante el desafío que plantean las observaciones y denuncias a la “verdad histórica” de Murillo Karam?


Si la orden de Enrique Peña Nieto es mantenerse en la tesis original de un holocausto cometido por sicarios del narcotráfico, coludidos solamente con policías municipales de Iguala, estaremos presenciando la mentira histórica más grave y más vergonzosa del Estado mexicano frente a la comunidad internacional.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (ANÁLISIS).

Me sacudió la alianza Moreno Valle-Anaya: Corral

Tras perder la elección de dirigente del PAN, el senador Javier Corral reconoció que “los números resultan muy abrumadores” (Ricardo Anaya ganó con 81% de los votos, mientras él obtuvo 16%), pero advirtió que se desliga “de la legitimidad de este proceso, de su transparencia, de su legalidad”.

En entrevista para Aristegui CNN, reconoció que compitió “sabiendo que el piso no estaba parejo, que había condiciones inequitativas”, por lo que de antemano sabía que no sería un ”festival de la democracia”.

“Dijimos con claridad que nos enfrentamos a una cargada, al aparato del partido, del comité nacional, de las dirigencias estatales, de los gobernadores de los estados, que hicieron un pacto en la Casa Puebla, para primero tratar de imponer por acuerdo de estos grupos que conforman El Consorcio -lo que llamo los cárteles que se han apoderado del partido- una pretendida candidatura de unidad”, refirió.

Desde Casa Puebla -donde despacha Rafael Moreno Valle-, sostuvo que es desde donde “se irradia dinero y poder para el partido”, además de que “se construye una estructura paralela para quien busca ser candidato a la presidencia de la República“.

Corral aseveró que la campaña de Anaya se fraguó meses atrás, “utilizando la propia estructura del partido, los tiempos de la televisión, oficiales, para promoverse, y se había encaminado hacia allá, se esperaba que compitiera Margarita Zavala, quien prefirió ir por la presidencia de la República, y parecía quedar desierta esta contienda”.

En ese momento decidió competir por la presidencia del PAN.


“Me sacudió la imagen de Moreno Valle, reunido con Anaya y los gobernadores (electos), y senadores panistas“, contó a Aristegui.

Consideró que en ese momento parecía “todo arreglado, apalabrado para una candidatura de unidad, sin que se discutiera realmente lo que había pasado el 7 de junio”.

“Pretendían dar vuelta a la hoja de lo que es el resultado más deplorable que el partido ha enfrentado en los últimos 25 años”, acusó.

“Planteaban continuar sin mayor ejercicio crítico, sin mayor reflexión, sin hacerse cargo de que son ellos en gran parte los responsables de este deterioro institucional y esta pérdida de confianza de los electores hacia el partido”, agregó.

El senador indicó que el pasado 7 de junio, el PAN obtuvo el porcentaje de votación más bajo en los últimos 25 años en la historia.

Refirió que AN perdió lugares en la Cámara de Diputados, no mantuvo el gobierno de Sonora y “tuvimos una baja considerable en estados que eran bastiones del PAN, como Jalisco”, además de que dejaron ir la posibilidad de recuperar el gobierno de Nuevo León, y en varios estados el partido se fue al cuarto y al quinto lugar de las votaciones.

Fue, para Corral, “una tragedia política… la pérdida de confianza tiene que ver con desdibujamiento del PAN no solamente como un partido de principios y valores, sino como oposición al régimen de Peña Nieto“.

El gran problema, aseguró, es una colusión de intereses de lo que él llama El Consorcio con la corrupción política del gobierno peñista.

Apuntó que dicho grupo, formado por Gustavo Madero, Moreno Valle, Santiago Creel, y el propio Anaya, es una ”coalición de grupos de cacicazgos que han podido agrupar en un consorcio donde, prácticamente como socios, se distribuyen acciones del partido, candidaturas, cargos, presupuesto…”.

Ahora “se ha impuesto nuevamente este grupo a través de la elección de Anaya”.

Sin embargo, Corral insiste en que fue un proceso inequitativo, desigual, con acarreo de votantes, afiliación masiva… esto último lo reclamó antes de la elección ante el Tribunal Electoral, pero éste avaló el “padrón inflado”, el mismo que Anaya reconoció que debía revisarse, pero “mientras lo usó para llegar”.

“Todos estos hechos me impiden levantarle la mano a Anaya”, comentó. Y dijo no creer en su proyecto, pues “tienen acuerdo con el gobierno de Peña Nieto muy profundos, se han dedicado a aplaudirle a Peña Nieto en lugar de contrapesarle; le han dado todo lo que ha pedido; es un grupo que está coludido con el gobierno de Peña Nieto, desde el partido; han guardado silencio frente a tragedias fundamentales del país y escándalos de corrupción. De hecho a Peña Nieto este grupo le dio al Presidente, para lavar cara, una reforma anticorrupción, que no tocó al Presidente de la República. Si algo cuidó Madero y Anaya fue no tocar a Peña Nieto en la reforma con la que se envolvieron publicitariamente en la televisión nacional para promoverse nacionalmente”.

La entrevista completa con Corral se transmitirá esta noche en Aristegui CNN, pues ayer se interrumpió por una falla técnica.


Anaya, por su parte, no acudió a la entrevista, pues dijo que tenía en ese momento otra, con Televisión Azteca.

Los tuits sobre la falla técnica:









FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Peña Nieto visitó Apatzingán, marcado por la masacre.

El mandatario inauguró el Hospital Regional de Apatzingán a 226 días de la masacre en la que murieron 16 civiles, por intervención de policías federales y militares.

El presidente Enrique Peña Nieto inauguró en Apatzingán un hospital regional en el poblado El Cafetal del mismo municipio. Su presencia acontece 224 días después de la masacre del 6 de enero de 2015 en la que, por lo menos, murieron 16 civiles desarmados tras dos hechos en los que intervinieron policías federales y militares.

La masacre se inscribe en la oleada de matanzas que involucran a agentes del Estado durante el gobierno de Peña Nieto. En menos de un año presenciamos cómo al caso de Tlatlaya le sucedieron los casos de Ayotzinapa, Apatzingán, Villa Purificación y el de Tanhuato/Ecuandureo.

Sin embargo, sorprende el silencio sobre lo acaecido en Apatzingán. Ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han revelado avance alguno de sus investigaciones.

Esto, a pesar de que el 18 de abril, un día antes de la difusión de la primera de tres investigaciones de mi autoría en este espacio -con el nombre de “Fueron los federales”, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó en un comunicado difundido por Notimex que había recibido un “video anónimo” del que se podían inferir “actos de uso excesivo de la fuerza o abuso de autoridad de elementos de la Policía Federal en el municipio de Apatzingán”.

La “coincidencia” de ese anuncio con la inminencia –anunciada un día antes- de la difusión de la investigación con los testimonios de 39 sobrevivientes y testigos de ejecuciones extrajudiciales y de un número indeterminado de casos de desaparición forzada ese 6 de enero, como es sabido, provocaron también el ataque cibernético a este portal.

El 20 de abril, un día después de la publicación del reportaje, el secretario de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró en conferencia de prensa que se abriría una indagatoria ministerial.

¿De qué video hablaba la Segob y por qué hasta ahora no lo ha revelado?  ¿Qué impulsó al gobierno federal, y luego lo refrenó, para reconocer que ese día en Apatzingán la policía federal habría cometido violaciones graves a los derechos humanos?

Muy por el contrario, no sólo se ocultó lo que evidencia ese “video anónimo”,  sino que dos meses después el subsecretario de derechos humanos de la Segob, Roberto Campa, se dio a la tarea de dar a conocer a la prensa y a organismos de derechos humanos que el actuar de policías federales contra civiles en Apatzingán fue “en legítima defensa”.

Mientras tanto a los señalados por las víctimas como los responsables de los hechos se les reubicó de lugar. Alfredo Castillo, el ex Comisionado Federal de Seguridad en Michoacán, señalado como el responsable intelectual de la masacre, se le nombró presidente de la Comisión Nacional del Deporte. Al comandante Fausto Arenas, al frente de la Policía Federal de Apatzingán, se le comisionó a Guerrero, y al general Miguel Ángel Patiño, al mando de la 43ª Zona Militar de Apatzingán, se le trasladó a Monterrey.

No es de sorprender entonces que testigos que afirman presenciaron  ejecuciones extrajudiciales por parte de los policías federales ese 6 de enero, pidan apoyo a instancias internacionales ante la persecución que dicen sufren ellos y sus familias.


La cadena de impunidades prevalece sobre la masacre de Apatzingán. El silencio oficial la encubre. El inexplicable desdén mediático sobre el tema la posibilita. La visita de Peña Nieto sólo la agiganta.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: LAURA CASTELLANOS.

Gobierno simula justicia con engaño, impunidad y cinismo: EZLN

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis: El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) criticó el doble discurso y la simulación de las autoridades en el ejercicio de la justicia, porque hasta ahora, señaló, todo ha sido engaño, impunidad y cinismo.

“Una vez más se remarca que de arriba no vendrán la verdad ni la justicia. Nunca. Jamás. De arriba sólo hay que esperar simulación, engaño, impunidad, cinismo. El criminal de arriba siempre tendrá absolución y recompensa, porque quien lo juzga es el mismo que le paga. Son los mismos criminales y jueces. Son cabezas venenosas de la misma Hidra”, destacó en un comunicado firmado por los subcomandantes Moisés y Galeano.

Pero lo que arriba no saben, añadió, es que cada crimen impune enardece el odio y la rabia, y cada injusticia cometida abre el camino para que ese odio y rabia se organicen. “En la balanza romana de nuestros dolores, pesaremos lo que nos deben, y pasaremos la cuenta… y la cobraremos”.

Al denunciar la liberación de los autores materiales e intelectuales del asesinato del maestro zapatista José Luis Solís López, ‘Galeano’, ocurrido en mayo de 2014, los mandos del EZLN también condenaron la “burla” en la investigación del multihomicidio en la colonia Narvarte, el pasado 31 de julio, la impunidad en los casos de la guardería ABC y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Además de solidarizarse con la tribu Yaqui y los habitantes de Ostula, San Martín Xochicuautla y otros a quienes se les ha negado la justicia, el EZLN dio a conocer su postura sobre el escenario que vive el país en esa materia.

“Como zapatistas que somos, nos hemos dado cuenta de que, gordos y contentos, han regresado a sus casas en el poblado de La Realidad dos de los autores intelectuales del asesinato del compañero maestro ‘Galeano’, que supuestamente estuvieron presos. Sabemos que ya que han sido declarados inocentes del crimen, por los mismos que los financiaron y apoyan: los gobiernos federal y estatal de Chiapas”.

El pasado miércoles 12, agregó, el autodenominado “juez” Víctor Manuel Zepeda López, del ramo penal de Comitán de Domínguez, resolvió que los señores Carmelino Rodríguez Jiménez y Javier López Rodríguez son inocentes, a pesar de que ellos y sus cómplices de la CIOAC-Histórica saben que son culpables del crimen de ‘Galeano’.

“A escondidas los llevaron de vuelta a La Realidad. Les dijeron que no se mostraran mucho y fueran discretos, pero la soberbia de quien se sabe impune frente a la justicia de arriba, les suelta la lengua”.

Ahora, subrayó, sólo falta que salgan a declarar a su favor sus cómplices: Pablo Salazar Mendiguchía, Luis H. Álvarez, Jaime Martínez Veloz, Juan Sabines Guerrero, Manuel Velasco, Manuel Culebro Gordillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Rosario Robles. “Estas personas son algunas de quienes domaron a la CIOAC-Histórica y la convirtieron en lo que es ahora: una banda paramilitar útil para el acarreo de votos y para el asesinato de luchadores sociales”.

Sostuvo que como zapatistas “somos, miramos y escuchamos no sólo nuestra rabia, nuestro coraje, nuestro odio hacia quienes allá arriba se sienten dueños y señores de vidas y destinos, de tierras y subsuelos, y hacia quienes se venden, con sus movimientos y organizaciones, traicionando su historia y principios. Como zapatistas que somos, también miramos y escuchamos otros dolores, otras rabias, otros odios”.

En su comunicado, el EZLN criticó las promesas de verdad y justicia, “y las mismas mentiras” de siempre. México el criminal, añadieron, está libre, y el justo está preso. “Quien asesina es premiado y quien muere es calumniado”.


Por ello, remataron, “no confiamos antes, ni confiamos ahora, ni confiaremos después en los de arriba, cualquiera que sea el color de su bandera, cualquiera que sea el modo de su palabra, cualquiera que sea su raza”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.

La CNBV deberá transparentar el expediente de Ficrea

MÉXICO, D. F: A petición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá entregar una versión pública de los informes que exhiben las irregularidades en la operación de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo), así como los pagos efectuados a los ahorradores a partir de la fecha de declaratoria de liquidación y hasta el 31 de marzo del presente año.

Se trata de la quinta resolución del órgano de transparencia en cinco meses, tendiente a transparentar el expediente del caso.

Ahora, la CNBV deberá entregar específicamente los informes presentados por el representante legal de Ficrea y el interventor gerente, al Comité de Protección al Ahorro del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores.

También tendrá que entregar los documentos que dan cuenta de los pagos efectuados a los ahorradores registrados o a terceros, en los que se incluya el concepto y autorizaciones correspondientes.

En su respuesta inicial al particular que requirió la información, la CNBV le indicó que era inexistente y clasificó como confidencial la documentación relacionada con los pagos.

El requirente se inconformó y presentó su recurso de revisión ante el Inai, mismo que fue turnado a la ponencia de la comisionada Areli Cano Guadiana.

Tras hacer su análisis del caso, la comisionada determinó que “no se realizó una correcta búsqueda” de los informes pues sólo canalizó la solicitud a la Dirección General Contenciosa y no a la Presidencia de la Comisión y a la Junta de Gobierno, unidades administrativas que por sus atribuciones legales también podrían contar con la información requerida.

Y en cuanto a los documentos relacionados con los pagos a los ahorradores, la comisionada concluyó que no pueden ser clasificados como confidenciales en su totalidad porque “contienen información generada por la CNBV en cumplimiento de sus funciones y atribuciones”.

Por ello decidió que los únicos datos susceptibles de clasificarse son los relacionados con el patrimonio de una persona física o moral.

Así, el pleno del Inai determinó modificar la respuesta de la CNBV e instruirle a entregar al particular versión pública de los informes y documentos de su interés.

Y en el caso de los documentos que den cuenta de los pagos, omitir únicamente el nombre o razón social de los ahorradores.


Además, el Inai informó que en razón de que la CNBV divulgó datos personales del particular al dar respuesta a la solicitud, dará vista al Órgano Interno de Control de la dependencia, “para los efectos legales procedentes”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Preguntas de Artículo 19 a Duarte

MÉXICO, D.F: El interrogatorio al cual fue sometido el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) el martes 11 incluyó un cuestionario elaborado por la organización Artículo 19, que dirige Darío Ramírez, de 41 preguntas, 23 de las cuales están relacionadas directamente con la actividad profesional que ejercía el fotorreportero Rubén Espinosa.

Artículo 19 funge como parte coadyuvante en representación de la familia del colaborador de este semanario y de la agencia Cuartoscuro. El mismo día del interrogatorio a Duarte, el dirigente de la organización civil declaró, vía Twitter, que no tenía la certeza de que la PGJDF haya formulado las peguntas al mandatario veracruzano.

A continuación se reproducen las preguntas que aluden directamente al trabajo profesional de Espinosa Becerril:

***

1.- ¿Supo del fallecimiento de Rubén Manuel Espinosa Becerril?

2.- ¿Sabe los motivos por los que falleció?

3.- ¿Sabe que vivió en Xalapa, Veracruz, durante el periodo 2008 a junio de 2015?

4.- ¿Sabe a qué se dedicaba durante el tiempo que vivió allá?

5.- ¿Cuál era su opinión del trabajo realizado por el fotoperiodista?

6.- ¿Conoce a las personas que fotografió durante el desempeño de su trabajo en Veracruz?

7.- ¿Conoce la imposición de algún obstáculo de servidores y/o funcionarios públicos del gobierno de Veracruz para la realización del trabajo de Rubén Espinosa en eventos públicos organizados por el gobierno de Veracruz?

8.- ¿Conoce la fotografía en la que usted aparece, tomada por Espinosa Becerril y publicada en la portada del número 1946 de la revista Proceso?

9.- ¿Cuál es su opinión sobre esa fotografía?

10.- ¿Supo si Rubén Espinosa tuvo algún incidente con autoridades municipales o estatales de Veracruz? En caso afirmativo, ¿cuáles?

11.- ¿Sabe los motivos por los que Rubén Espinosa tuvo que irse de su domicilio en Xalapa y trasladarse al DF el pasado 9 de junio?

12.- ¿Conoce lo sucedido a ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana el día 5 de junio del presente año?

13.- ¿Sabe que Rubén Espinosa tomó fotografías del lugar donde fueron agredidos los estudiantes de la Universidad Veracruzana el 5 de junio del presente año?

14.- El 10 de agosto señaló que el fotoperiodista Rubén Espinosa sufrió una agresión durante una marcha realizada el pasado 8 de junio, ¿qué acciones realizó el gobierno a su cargo para proteger al periodista Rubén Espinosa previo a que saliera de Xalapa?

15.- ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas por el gobierno a su cargo cuando conoció las denuncias en medios de comunicación por el fotoperiodista Rubén Espinosa cuando éste ya estaba en el DF?

16.- ¿Ya se identificó a las personas que agredieron al fotoperiodista Rubén Espinosa el 8 de junio?

17.- ¿Qué hizo el gobierno a su cargo para proteger a Rubén Espinosa después de las agresiones sufridas el 13 y 14 de septiembre del 2013 durante el desalojo de maestros en Plaza Lerdo de Xalapa, Veracruz?

18.- ¿Qué hizo el gobierno a su cargo para castigar a los responsables de los incidentes vividos por Rubén Espinosa reseñados en la pregunta anterior?

19.- ¿Qué hizo el gobierno a su cargo para generar las condiciones para que Rubén Espinosa ejerciera su profesión de periodista de manera libre y segura?

20.- ¿Tuvo algún sentimiento de animadversión o cualquier otro sentimiento negativo hacia el trabajo que hacía Espinosa Becerril?

21.- ¿Tuvo información de que alguien de su gobierno haya tenido algún sentimiento de animadversión o cualquier otro sentimiento negativo hacia el trabajo que hacía Rubén Espinosa?

22.- ¿Usted manifestó desacuerdo o inconformidad respecto al trabajo que hacía Rubén Espinosa en Veracruz?

23.- ¿Recibió de alguien alguna manifestación de desacuerdo o inconformidad sobre el trabajo que hacía Rubén Espinosa en Veracruz?

***


Darío Ramírez (@Dariormrs) se reservó el derecho a solicitar la ampliación de declaración del gobernador Duarte.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA (REPORTAJE ESPECIAL).

Errores y omisiones en la autopsia del normalista desollado

Peritos ocultaron información y apresuraron conclusiones, aseguran. Piden que las autoridades no obstaculicen las investigaciones y que el Equipo Argentino de Antropología Forense realice la exhumación de Julio César Mondragón.

Familiares de Julio César Mondragón -normalista asesinado el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero- denunciaron que “los trabajos realizados durante las diligencias de levantamiento de cadáver y necropsia de ley fueron parciales y omitieron señalar, estudiar evidencia y datos que se tenían a la vista”.

“Los peritos ocultaron información y apresuraron conclusiones, esto atenta contra los principios que rigen la labor de las instituciones que procuran justicia, principios como honestidad y apego a la verdad, profesionalismo, imparcialidad y legalidad. Resultado de esta ineficacia y falta de autonomía es la necesidad de realizar exámenes forenses post mortem, con la conducente revictimización de una familia golpeada por la represión de Estado“, señalaron sobre el trabajo realizado por la Fiscalía del Estado de Guerrero.

Ante ello, manifestaron que “es necesaria una nueva autopsia y para ello la exhumación del cuerpo de Julio César Mondragón Fontes. Queremos poner fin a la especulación, a las preguntas sin respuesta o respuesta parcial y malamente respondidas”, pero en lugar de que se encarguen peritos locales, que sean los argentinos.

“La falta de ética y profesionalismo de los peritos cuyos dictámenes forenses están contenidos en el expediente de Julio César Mondragón Fontes son muestra clara de la nula voluntad que desde el principio han tenido las autoridades de Guerrero para resolver las ejecuciones extrajudiciales, lesiones, desaparición forzada y tortura cometidas por agentes del Estado Mexicano”, sostuvieron.

Para los familiares, la Fiscalía de Guerrero ha fallado en investigar conforme a derecho los hechos del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero; la Procuraduría General de la República (PGR) por su parte, no atrajo el caso de Julio César Mondragón Fontes, “a pesar de las graves irregularidades que ya hemos denunciado y que desde el primer momento lo solicitamos”.

“Ha sido tal el desaseo en la investigación que hoy, con los datos contenidos en el expediente, no es posible establecer la causa de muerte de Julio César Mondragón Fontes“, sostuvieron.

“Por estas razones hemos solicitado al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que nos asista para obtener una opinión fundamentada, con los elementos que la ciencia y la técnica pueden permitir para esclarecer la verdad a casi un año de lo sucedido. Nuestra confianza y nuestras esperanzas se encuentran en el trabajo del EAAF”, indicaron los familiares del normalista de Ayotzinapa.

Para lograr ese objetivo, solicitaron a la autoridad judicial del fuero común en Iguala, a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y a la Procuraduría General de la República que permitan y faciliten que los especialistas forenses independientes puedan trabajar “sin obstáculos, con los mecanismos adecuados que salvaguarden su participación en la cadena de custodia del material extraído y que impidan la contaminación de muestras, la pérdida de pruebas o fallas en la manipulación de los restos”.

Reconocieron que la “operación de re-autopsia es difícil y compleja, por lo que también solicitamos sean proporcionadas las instalaciones e instrumentos idóneos para su realización”.


Confiaron en que al fin se pueda identificar el número de personas que participaron en su ejecución y contribuya como prueba jurídica al enjuiciamiento de los responsables materiales e intelectuales del crimen.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.