El Concejo Mayor de Cherán advirtió, mediante un escrito, a los integrantes de la 72 Legislatura que no aceptará ninguna ley en materia indígena que no sea consultada con la comunidad. Lo anterior, luego de que se conociera la intención de los diputados de aprobar una de las tres iniciativas en las que trabaja la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso.
En el escrito, dirigido al presidente de la Mesa Directiva, Sarbelio Molina Vélez, los comuneros aseguran que no consultar a Cherán significaría no sólo un “desacato” al mandato que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dirigió al Congreso local hace apenas un año, sino que sería muestra patente de que en Michoacán continúa imperando en contra de los pueblos indígenas un “racismo y discriminación institucionalizados”.
Asimismo, el Concejo Mayor les recuerda a los diputados que Cherán tiene reconocido el derecho a la consulta previa, libre e informada en ámbitos legislativos por los tratados y jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas.
De igual forma, enfatizan que la 72 Legislatura tiene la obligación de respetar el mandato que le impuso la SCJN luego del juicio de controversia constitucional 32/2012.
La autoridad de Cherán expresa su preocupación porque, luego de que su comunidad obtuviera el reconocimiento judicial para nombrar a sus autoridades por medio de usos y costumbres, el cual fue realizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Congreso local no tiene ni siquiera en la agenda legislativa las reformas a la Ley Orgánica Municipal.
“No queremos encontrarnos nuevamente ante un escenario de omisión legislativa que prolongue la violación de nuestros derechos y que nos obligue nuevamente a ir a los tribunales, por tal razón apelamos al buen juicio y voluntad del Congreso del Estado para iniciar los trabajos necesarios”, sostienen.
Finalmente, el Concejo Mayor señala que la comunidad se declara “lista” para que inicie el proceso de planeación de una consulta sobre las tres iniciativas que se analizan al interior del Congreso local, como son las leyes de Derechos Lingüísticos, de Cultura Indígena y la de Mecanismos de Participación Ciudadana.
FUENTE: LA JORNADA DE MICHOACÁN.
AUTOR: DANIEL DÍAZ.
jueves, 20 de agosto de 2015
Buscan ampliar misión de expertos que investigan caso Ayotzinapa
El próximo 6 de septiembre presentan un informe final sobre los 6 meses de trabajo en el país; buscan ampliar su estancia para continuar con la investigación.
Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional apoyaron hoy el plan del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de prolongar su mandato de asistencia técnica a México en el caso Ayotzinapa.
También se sumaron organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Brigadas Internacionales de Paz (PBI), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF), Asociadas por lo Justo (JASS) y el centro Robert F. Kennedy Human Rights.
En una carta dirigida al presidente de México, Enrique Peña Nieto, las organizaciones consideraron que la prórroga del mandato del GIEI “es importante no sólo para completar las labores aún pendientes en relación al caso de los estudiantes desaparecidos”.
Asimismo consideraron importante la prolongación del mandato para abordar “la problemática más amplia de las desapariciones forzadas”.
“A medida que nos acercamos a la terminación del mandato inicial de los expertos, es evidente que el trabajo de este grupo es imprescindible”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México de WOLA.
Las organizaciones también enviaron una misiva al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza.
En caso de aprobarse la prórroga del mandato, los grupos firmantes piden que las autoridades mexicanas sigan apoyando el trabajo del GIEI.
FUENTE: ARISTEGUI NOTCIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional apoyaron hoy el plan del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de prolongar su mandato de asistencia técnica a México en el caso Ayotzinapa.
También se sumaron organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Brigadas Internacionales de Paz (PBI), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF), Asociadas por lo Justo (JASS) y el centro Robert F. Kennedy Human Rights.
En una carta dirigida al presidente de México, Enrique Peña Nieto, las organizaciones consideraron que la prórroga del mandato del GIEI “es importante no sólo para completar las labores aún pendientes en relación al caso de los estudiantes desaparecidos”.
Asimismo consideraron importante la prolongación del mandato para abordar “la problemática más amplia de las desapariciones forzadas”.
“A medida que nos acercamos a la terminación del mandato inicial de los expertos, es evidente que el trabajo de este grupo es imprescindible”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México de WOLA.
Las organizaciones también enviaron una misiva al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza.
En caso de aprobarse la prórroga del mandato, los grupos firmantes piden que las autoridades mexicanas sigan apoyando el trabajo del GIEI.
FUENTE: ARISTEGUI NOTCIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
PGJDF reveló identidades de víctimas de Cuauhtémoc Gutiérrez; temen por su seguridad
Temen que sus nombres completos, direcciones y fotografías estén en manos de gente cercana a Gutiérrez de la Torre.
Las mujeres que denunciaron al líder priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre analizan acogerse a un programa de cambio de residencia temporal, luego de que la Procuraduría de General de Justicia del DF (PGJDF) violó la secrecía sobre sus datos personales y las amenazas que ha recibido su defensa legal.
Ahora, las víctimas no saben si sus nombres completos, direcciones y fotografías están en manos de gente cercana a Gutiérrez de la Torre o funcionarios que quieran afectarlas, por lo que temen por su seguridad y la de sus familiares.
Las mujeres, quienes escaparon del esquema de reclutamiento que operaba en las oficinas del PRI capitalino, denunciaron a Gutiérrez ante la Procuraduría General de la República (PGR), con sus identidades resguardadas con nombres clave y documentos empaquetados en un sobre sellado.
Pero el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, declinó llevar la averiguación y la remitió a la procuraduría capitalina, donde al final se decretó el no ejercicio de la acción penal. Las denuncias habían llegado a la procuraduría local con esos nombres clave y con sellos en el sobre que contenía sus identificaciones oficiales.
Una de las mujeres que denunciaron contó a Aristegui Noticias cómo fue que miembros de la Procuraduría del DF acudieron a su domicilio particular, a notificarle del no ejercicio de la acción penal y la buscaron por su nombre verdadero, de acuerdo con testimonios de la víctima y sus familiares.
“Todo este tiempo he sido la más tranquila, pero con esto que pasó, que se revelaron nuestros datos, sí tuve miedo”, dijo ella, quien es una de las muchachas cuyo testimonio dio pie a la investigación que se publicó el 2 de abril de 2014, en la Primera Emisión de Noticias MVS que conducía Carmen Aristegui.
Todas las notificaciones anteriores habían llegado con sus nombres clave y al domicilio de su abogada, Teresa Ulloa, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y niñas en América Latina y el Caribe (Catwlac).
La mañana del martes 28 de julio, a las 7:30 am, tres funcionarios de la procuraduría del DF se presentaron en el domicilio de las víctimas: el agente del Ministerio Público Guillermo Santamarina Zepeda, el notificador Nicolás Sánchez González y quien se identificó como integrante de la dirección de derechos humanos de la procuraduría, Cynthia Mendoza Arellano.
Primero preguntaron por el nombre clave de la víctima, pero uno de los familiares negó que allí viviera alguien con ese nombre. Entonces mencionaron la verdadera identidad de la joven y los miembros de su hogar entraron en alarma. No permitieron que la víctima se encontrara con los funcionarios.
El agente del Ministerio Público llevaba anotados los nombres reales de las jóvenes en una libreta, aunque no estaban escritos en el documento oficial que finalmente dejaron en la vivienda.
Además, los funcionarios de la Procuraduría no incluyeron la argumentación de la procuraduría para no seguir investigando el caso, algo inusual para denuncias penales y los avisos que se entregan a denunciantes.
Después de 30 minutos, la representante de la dirección de derechos humanos recomendó a los familiares un lugar donde la víctima puede ser tratada psicológicamente, en la colonia Del Valle, de la ciudad de México.
La directora de Catwlac, Teresa Ulloa, dijo que la violación del acuerdo de resguardo de identidad es una falta grave a los protocolos de investigación y representa un bloqueo más al proceso de impartición de justicia.
La abogada sostuvo que este derecho aplica para víctimas de delitos como el secuestro, la violación y trata de personas, de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución, y existen sanciones graves para las personas que rompan este secreto, las cuales se agravan si se trata de funcionarios públicos.
Teresa Ulloa es representante legal de las víctimas pero la procuraduría capitalina no le ha notificado el no ejercicio de la acción penal contra Gutiérrez de la Torre; sin embargo, durante el proceso ministerial su oficina recibió todos los requerimientos de las autoridades.
La titular de Catwlac mostró al equipo de Aristegui Noticias oficios que normalmente enviaba la PGJDF sobre el caso. En ellos se aprecia el seudónimo elegido por las denunciantes y la dirección de su representante legal.
Negó que el no ejercicio de la acción penal sea motivo para dejar de cuidar la identidad de las denunciantes, pues en términos legales el proceso aún está lejos de terminar porque las víctimas tienen mecanismos para exigir la actuación de la procuraduría capitalina.
Teresa Ulloa afirmó que la diligencia que practicaron funcionarios de la PGJDF es un acto de intimidación y representa una amenaza a la seguridad de las denunciantes, pues ahora no se sabe qué otras personas tienen acceso a sus nombres completos, direcciones y fotos de identificaciones personales.
Ulloa afirmó que ha recibido amenazas de violación por celular y que diversas personas se han acercado a las movilizaciones que realiza para fotografiar la cara de todas las personas que participan. Sostuvo que fuera de sus oficinas hay personas que registran todos los movimientos, incluyendo un registro de visitantes.
Para la activista con más de 45 años de experiencia en el tema de trata de personas, la filtración de información y la obstaculización de la defensa de las víctimas en este caso, por parte de la procuraduría, son condiciones que no había visto en toda su carrera y que ameritan medidas de protección urgentes para las mujeres que denunciaron a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: Irving Huerta y Sebastián Barragán (REPORTAJE ESPECIAL)
Las mujeres que denunciaron al líder priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre analizan acogerse a un programa de cambio de residencia temporal, luego de que la Procuraduría de General de Justicia del DF (PGJDF) violó la secrecía sobre sus datos personales y las amenazas que ha recibido su defensa legal.
Ahora, las víctimas no saben si sus nombres completos, direcciones y fotografías están en manos de gente cercana a Gutiérrez de la Torre o funcionarios que quieran afectarlas, por lo que temen por su seguridad y la de sus familiares.
Las mujeres, quienes escaparon del esquema de reclutamiento que operaba en las oficinas del PRI capitalino, denunciaron a Gutiérrez ante la Procuraduría General de la República (PGR), con sus identidades resguardadas con nombres clave y documentos empaquetados en un sobre sellado.
Pero el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, declinó llevar la averiguación y la remitió a la procuraduría capitalina, donde al final se decretó el no ejercicio de la acción penal. Las denuncias habían llegado a la procuraduría local con esos nombres clave y con sellos en el sobre que contenía sus identificaciones oficiales.
Una de las mujeres que denunciaron contó a Aristegui Noticias cómo fue que miembros de la Procuraduría del DF acudieron a su domicilio particular, a notificarle del no ejercicio de la acción penal y la buscaron por su nombre verdadero, de acuerdo con testimonios de la víctima y sus familiares.
“Todo este tiempo he sido la más tranquila, pero con esto que pasó, que se revelaron nuestros datos, sí tuve miedo”, dijo ella, quien es una de las muchachas cuyo testimonio dio pie a la investigación que se publicó el 2 de abril de 2014, en la Primera Emisión de Noticias MVS que conducía Carmen Aristegui.
Todas las notificaciones anteriores habían llegado con sus nombres clave y al domicilio de su abogada, Teresa Ulloa, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y niñas en América Latina y el Caribe (Catwlac).
La mañana del martes 28 de julio, a las 7:30 am, tres funcionarios de la procuraduría del DF se presentaron en el domicilio de las víctimas: el agente del Ministerio Público Guillermo Santamarina Zepeda, el notificador Nicolás Sánchez González y quien se identificó como integrante de la dirección de derechos humanos de la procuraduría, Cynthia Mendoza Arellano.
Primero preguntaron por el nombre clave de la víctima, pero uno de los familiares negó que allí viviera alguien con ese nombre. Entonces mencionaron la verdadera identidad de la joven y los miembros de su hogar entraron en alarma. No permitieron que la víctima se encontrara con los funcionarios.
El agente del Ministerio Público llevaba anotados los nombres reales de las jóvenes en una libreta, aunque no estaban escritos en el documento oficial que finalmente dejaron en la vivienda.
Además, los funcionarios de la Procuraduría no incluyeron la argumentación de la procuraduría para no seguir investigando el caso, algo inusual para denuncias penales y los avisos que se entregan a denunciantes.
Después de 30 minutos, la representante de la dirección de derechos humanos recomendó a los familiares un lugar donde la víctima puede ser tratada psicológicamente, en la colonia Del Valle, de la ciudad de México.
La directora de Catwlac, Teresa Ulloa, dijo que la violación del acuerdo de resguardo de identidad es una falta grave a los protocolos de investigación y representa un bloqueo más al proceso de impartición de justicia.
La abogada sostuvo que este derecho aplica para víctimas de delitos como el secuestro, la violación y trata de personas, de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución, y existen sanciones graves para las personas que rompan este secreto, las cuales se agravan si se trata de funcionarios públicos.
Teresa Ulloa es representante legal de las víctimas pero la procuraduría capitalina no le ha notificado el no ejercicio de la acción penal contra Gutiérrez de la Torre; sin embargo, durante el proceso ministerial su oficina recibió todos los requerimientos de las autoridades.
La titular de Catwlac mostró al equipo de Aristegui Noticias oficios que normalmente enviaba la PGJDF sobre el caso. En ellos se aprecia el seudónimo elegido por las denunciantes y la dirección de su representante legal.
Negó que el no ejercicio de la acción penal sea motivo para dejar de cuidar la identidad de las denunciantes, pues en términos legales el proceso aún está lejos de terminar porque las víctimas tienen mecanismos para exigir la actuación de la procuraduría capitalina.
Teresa Ulloa afirmó que la diligencia que practicaron funcionarios de la PGJDF es un acto de intimidación y representa una amenaza a la seguridad de las denunciantes, pues ahora no se sabe qué otras personas tienen acceso a sus nombres completos, direcciones y fotos de identificaciones personales.
Ulloa afirmó que ha recibido amenazas de violación por celular y que diversas personas se han acercado a las movilizaciones que realiza para fotografiar la cara de todas las personas que participan. Sostuvo que fuera de sus oficinas hay personas que registran todos los movimientos, incluyendo un registro de visitantes.
Para la activista con más de 45 años de experiencia en el tema de trata de personas, la filtración de información y la obstaculización de la defensa de las víctimas en este caso, por parte de la procuraduría, son condiciones que no había visto en toda su carrera y que ameritan medidas de protección urgentes para las mujeres que denunciaron a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: Irving Huerta y Sebastián Barragán (REPORTAJE ESPECIAL)
Activistas condenan propuesta del PVEM en Veracruz para sacrificar animales que nadie quiera
Distintas asociaciones animalistas mostraron su rechazo ante la reciente propuesta de Ley Estatal de Bienestar Animal en Veracruz, realizada por el Diputado Juan Eduardo Robles Castellanos, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tras decir que se trata de una ley “retrógrada y hecha al vapor”, que privilegia el sacrificio de animales antes que su protección so pretexto de reducir el problema de salud pública que representan. Dicha ley, también contempla el sacrificio de perros de guardia y protección después de terminada su “vida útil”.
La iniciativa de ley fue propuesta el pasado 30 de julio por Robles Castellanos, coordinador del Grupo Legislativo del PVEM en Veracruz, con el fin de reformar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Protección Ambiental y de la ley de Vida Silvestre para el Estado de Veracruz. Ante esto, diversos grupos animalistas entre los que se incluyen Proyecto ARPA, AnimaNaturalis, la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales (AMEDEA) y activistas independientes realizaron una conferencia simultánea en varios municipios del estado, en la que calificaron la iniciativa como “alarmante” y la legislatura como “agresiva y violenta con los animales”.
“Dicha iniciativa de ley es alarmante pues define a los animales como ‘recursos naturales renovables’ para uso y disfrute del hombre y propone, como solución a los problemas que padecen los no humanos, su matanza indiscriminada. [Es una ley] encaminada a proteger los intereses de los sectores que se benefician de la explotación de los animales”, expone AnimaNaturalis, sobre el asunto.
“Esta ley que Robles Castellanos propone es simplemente incongruente: ¿Cómo puede hablar de bienestar a los animales cuando lo que propone es su sacrificio? ¿Qué no se supone que los animales tienen derecho a la vida? Este señor no conoce el tema y está legislando al vapor. Tal vez sólo para decir que hizo algo, pero no pudo hacer una cosa peor”, señaló Hernández.
Las divergencias señaladas por los animalistas entre la ley anterior y la propuesta pueden observarse desde sus respectivos artículos primeros: mientras que la ley vigente “tiene como objeto establecer normas para proteger a los animales, garantizar su bienestar, manutención, alojamiento, desarrollo natural y salud, evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento y la deformación de sus características físicas”, la nueva propuesta señala que “tiene por objeto garantizar en el territorio del Estado el bienestar de los animales, como elementos naturales susceptibles de apropiación, sujetos al dominio, posesión, control, cuidado, uso y aprovechamiento del ser humano, sujetándolos a un régimen de bienestar a fin de asegurar y promover la salud pública y la sanidad animal”.
La propuesta del Diputado del PVEM también establece, en su artículo 61 que “una vez concluida la vida útil de animales adiestrados o utilizados para prestar servicios de guardia y protección o para la detección de drogas y explosivos, queda prohibida su venta, donación o abandono y se les deberá provocar la muerte sin dolor y sufrimiento”. En seguida, de forma contradictoria, el artículo concluye “salvo que puedan ser reubicados de manera definitiva en un albergue, refugio o asilo que garantice su bienestar y que no constituyan un riesgo para otros animales o el ser humano”.
Animalistas ya han colgado una petición en Change.org para detener la iniciativa.
ES UN MALENTENDIDO: PVEM
Ante los reclamos hechos por las organizaciones animalistas, y la sociedad a través de redes sociales, el PVEM de Veracruz publicó antier un mensaje en su cuenta de Facebook en la que indica que la propuesta no debe malinterpretarse, pues una de sus intenciones es “garantizar que toda práctica de muerte y eutanasia que se realice sobre cualquier animal en el Estado, deberá estar plenamente justificada en favor de su bienestar [...] Es cierto que ciertas excepciones inmersas en la ley podrían dar cabida a interpretaciones inexactas, pero [...] cada artículo, cada Capítulo y cada Título, debe ser interpretado armónicamente, esto es, en su conjunto y no aisladamente; hacerlo así, permitirá desentrañar el sentido y la esencia misma de la Ley, en otras palabras, lo que verdaderamente se quiso decir y se dice”.
Actualmente, la propuesta está siendo analizada por los integrantes de la Comisión Permanente Medio Ambiente, Recursos Naturales y Aguas de la LXIII Legislatura del Estado y ya se ha convocado a asociaciones protectoras y organizaciones sociales involucradas con la defensa animal para establecer un Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales y Organizaciones Sociales, mediante el cual se podrá discutir la iniciativa.
Bajo la misma tónica, AnimaNaturalis expone en su portal “[Lo que exigimos es] el cumplimiento en su totalidad de la [ley] ya existente y la mejora de la misma, considerando el derecho de todos los seres sintientes a la vida, a la libertad y a no ser maltratados”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: PAOLA RAMOS MORENO.
La iniciativa de ley fue propuesta el pasado 30 de julio por Robles Castellanos, coordinador del Grupo Legislativo del PVEM en Veracruz, con el fin de reformar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Protección Ambiental y de la ley de Vida Silvestre para el Estado de Veracruz. Ante esto, diversos grupos animalistas entre los que se incluyen Proyecto ARPA, AnimaNaturalis, la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales (AMEDEA) y activistas independientes realizaron una conferencia simultánea en varios municipios del estado, en la que calificaron la iniciativa como “alarmante” y la legislatura como “agresiva y violenta con los animales”.
“Dicha iniciativa de ley es alarmante pues define a los animales como ‘recursos naturales renovables’ para uso y disfrute del hombre y propone, como solución a los problemas que padecen los no humanos, su matanza indiscriminada. [Es una ley] encaminada a proteger los intereses de los sectores que se benefician de la explotación de los animales”, expone AnimaNaturalis, sobre el asunto.
“No necesitamos esta ley –explicó a SinEmbargo, Miriam Hernández, representante de AMEDEA, delegación Veracruz– porque con ella lo que se hace es volver a las redadas y matanzas: a levantar perros ferales y que deambulan libremente para sacrificarlos. Además, a diferencia de la anterior, esta ley deja a los animales sin derechos y los considera únicamente objetos (bienes muebles). La ley que tenemos (2010) ya es buena, el problema con ella es que las autoridades no la aplican”.
“Esta ley que Robles Castellanos propone es simplemente incongruente: ¿Cómo puede hablar de bienestar a los animales cuando lo que propone es su sacrificio? ¿Qué no se supone que los animales tienen derecho a la vida? Este señor no conoce el tema y está legislando al vapor. Tal vez sólo para decir que hizo algo, pero no pudo hacer una cosa peor”, señaló Hernández.
Las divergencias señaladas por los animalistas entre la ley anterior y la propuesta pueden observarse desde sus respectivos artículos primeros: mientras que la ley vigente “tiene como objeto establecer normas para proteger a los animales, garantizar su bienestar, manutención, alojamiento, desarrollo natural y salud, evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento y la deformación de sus características físicas”, la nueva propuesta señala que “tiene por objeto garantizar en el territorio del Estado el bienestar de los animales, como elementos naturales susceptibles de apropiación, sujetos al dominio, posesión, control, cuidado, uso y aprovechamiento del ser humano, sujetándolos a un régimen de bienestar a fin de asegurar y promover la salud pública y la sanidad animal”.
“Por eso esta nueva ley reestablece el sacrificio como una solución para los perros ferales –explicó la representante de AMEDEA– Ellos siempre recurren a lo que les es más fácil: matar, cuando lo que en realidad deberían hacer, antes de proponer sus ‘maravillosas’ iniciativas, es educar, concientizar y esterilizar. Eso es lo que les compete”.“Por otro lado, con esta iniciativa también se establece que si al dueño de un animal ya no le gustó su mascota puedo sacrificarlo, deshacerse de él como si fuera una cosa. Cuando lo que se debería hacer es establecer que quien se deshaga de un animal no puede volver a tener otro bajo su responsabilidad. Los animales son seres vivos que deben estar con nosotros hasta que se mueran”, señaló.
La propuesta del Diputado del PVEM también establece, en su artículo 61 que “una vez concluida la vida útil de animales adiestrados o utilizados para prestar servicios de guardia y protección o para la detección de drogas y explosivos, queda prohibida su venta, donación o abandono y se les deberá provocar la muerte sin dolor y sufrimiento”. En seguida, de forma contradictoria, el artículo concluye “salvo que puedan ser reubicados de manera definitiva en un albergue, refugio o asilo que garantice su bienestar y que no constituyan un riesgo para otros animales o el ser humano”.
Sobre el mismo, Miriam Hernández, explicó “este artículo es, además de impensable, incongruente: no se puede establecer la eutanasia a un animal de ese modo, es como si a los humanos nos sacrificaran por hacernos viejos. Yo creo que el Diputado no querría que le maten una vez que termine ‘su vida útil’ ¿o sí?. [Además] no hay claridad, la ley dice primero que se les tiene que matar porque no se pueden donar, y en seguida dice que pueden ser reubicados… ¡que se decidan!”.
Animalistas ya han colgado una petición en Change.org para detener la iniciativa.
ES UN MALENTENDIDO: PVEM
Ante los reclamos hechos por las organizaciones animalistas, y la sociedad a través de redes sociales, el PVEM de Veracruz publicó antier un mensaje en su cuenta de Facebook en la que indica que la propuesta no debe malinterpretarse, pues una de sus intenciones es “garantizar que toda práctica de muerte y eutanasia que se realice sobre cualquier animal en el Estado, deberá estar plenamente justificada en favor de su bienestar [...] Es cierto que ciertas excepciones inmersas en la ley podrían dar cabida a interpretaciones inexactas, pero [...] cada artículo, cada Capítulo y cada Título, debe ser interpretado armónicamente, esto es, en su conjunto y no aisladamente; hacerlo así, permitirá desentrañar el sentido y la esencia misma de la Ley, en otras palabras, lo que verdaderamente se quiso decir y se dice”.
Actualmente, la propuesta está siendo analizada por los integrantes de la Comisión Permanente Medio Ambiente, Recursos Naturales y Aguas de la LXIII Legislatura del Estado y ya se ha convocado a asociaciones protectoras y organizaciones sociales involucradas con la defensa animal para establecer un Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales y Organizaciones Sociales, mediante el cual se podrá discutir la iniciativa.
“Pero lo cierto es que no necesitamos una nueva ley. No discutiremos si sacrificar o no animales. Lo que debe suceder es que las autoridades hagan lo que les compete: en el artículo 15 de la ley actual se establece que deben realizar actividades y programas educativos, de concientización para la población. Y programas de esterilización permanentes, pero no lo hacen. Todo eso lo hacemos las asociaciones”, sostuvo Miriam Hernández.
Bajo la misma tónica, AnimaNaturalis expone en su portal “[Lo que exigimos es] el cumplimiento en su totalidad de la [ley] ya existente y la mejora de la misma, considerando el derecho de todos los seres sintientes a la vida, a la libertad y a no ser maltratados”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: PAOLA RAMOS MORENO.
El INAI ordena a la PF difundir documentos e informes relacionados con la desaparición de los 43
El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Policía Federal a proporcionar las versiones públicas de distintos informes y documentos elaborados por servidores públicos de esa dependencia adscritos a la corporación Guerrero entre el 24 y 30 de septiembre de 2014, incluyendo los relacionados con la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.
El INAI instruyó a la Policía Federal que proporcione la información solicitada en versión pública, testando los datos que hagan identificables a servidores públicos con actividades de carácter operativo de la Unidad de Investigación y de las estaciones de Chilpancingo, Acapulco, Ciudad Altamirano, Taxco, Zihuatanejo, Ometepec, Tecpan de Galeana, Tierra Colorada, Paso Morelos, Iguala y Aeropuerto Acapulco, tales como sus nombres, firmas, datos de identificación de sus unidades móviles, las matrículas y sellos, así como sus fotografías.
Asimismo le ordenó difundir datos personales relativos a nombres de particulares, edades, nacionalidades, domicilios, fotografías; placas, números de serie y de motor que hagan identificables vehículos de particulares y licencias de conducir, así como el número de elementos y autopatrullas de la Policía Federal, estos últimos, por revelar el estado de fuerza de la Policía Federal.
Instruyó que la información considerada reservada mantenga tal carácter por un periodo de tres años, mediante resolución fundada y motivada del Comité de Información.
La Policía Federal se negó en un primero momento a difundir la información solicitada bajo el argumento de que forma parte de una averiguación previa y difundirla pondría en riesgo investigaciones o diligencias. También dijo que se podría identificar a elementos de la corporación y ponerlos en riesgo, que se darían a conocer datos de su “Estado de fuerza”, su estructura y estrategias y que además existen datos personales que son confidenciales.
Sin embargo, la negativa fue impugnada por los particulares a través de sendos recursos de revisión turnados a la ponencia de la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos.
Para sustanciar el proyecto de resolución, se llevó a cabo una audiencia de acceso a la información clasificada por la Policía Federal, a través de la cual se identificaron documentos relacionados con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
En los recursos de revisión se aludió que la información debió proporcionarse por considerarse que el interés en su difusión es mayor al de reservarse de conformidad con el artículo 13, fracción V de la Ley en la materia, aunado a que es un caso en el que pueden actualizarse violaciones graves a los derechos humanos.
Respecto a información no relacionada con los hechos de Ayotzinapa, se determinó que no es susceptible de reservarse con fundamento en el artículo 13, fracción V de la Ley Federal de Transparencia relativa a la persecución de delitos e impartición de justicia, porque no se acreditó que estuviera vinculada con alguna averiguación previa.
El INAI dijo que respecto a los documentos relacionados con el caso de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural fue necesario ponderar dos intereses en conflicto: por una parte el derecho humano de acceso a la información y por la otra, el interés general previsto en el citado artículo 13, fracción V.
En el proyecto presentado por la Comisionada Kurczyn, se consideraron pronunciamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH )y del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas referentes a la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/20-08-2015/1456998.
El INAI instruyó a la Policía Federal que proporcione la información solicitada en versión pública, testando los datos que hagan identificables a servidores públicos con actividades de carácter operativo de la Unidad de Investigación y de las estaciones de Chilpancingo, Acapulco, Ciudad Altamirano, Taxco, Zihuatanejo, Ometepec, Tecpan de Galeana, Tierra Colorada, Paso Morelos, Iguala y Aeropuerto Acapulco, tales como sus nombres, firmas, datos de identificación de sus unidades móviles, las matrículas y sellos, así como sus fotografías.
Asimismo le ordenó difundir datos personales relativos a nombres de particulares, edades, nacionalidades, domicilios, fotografías; placas, números de serie y de motor que hagan identificables vehículos de particulares y licencias de conducir, así como el número de elementos y autopatrullas de la Policía Federal, estos últimos, por revelar el estado de fuerza de la Policía Federal.
Instruyó que la información considerada reservada mantenga tal carácter por un periodo de tres años, mediante resolución fundada y motivada del Comité de Información.
La Policía Federal se negó en un primero momento a difundir la información solicitada bajo el argumento de que forma parte de una averiguación previa y difundirla pondría en riesgo investigaciones o diligencias. También dijo que se podría identificar a elementos de la corporación y ponerlos en riesgo, que se darían a conocer datos de su “Estado de fuerza”, su estructura y estrategias y que además existen datos personales que son confidenciales.
Sin embargo, la negativa fue impugnada por los particulares a través de sendos recursos de revisión turnados a la ponencia de la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos.
Para sustanciar el proyecto de resolución, se llevó a cabo una audiencia de acceso a la información clasificada por la Policía Federal, a través de la cual se identificaron documentos relacionados con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
En los recursos de revisión se aludió que la información debió proporcionarse por considerarse que el interés en su difusión es mayor al de reservarse de conformidad con el artículo 13, fracción V de la Ley en la materia, aunado a que es un caso en el que pueden actualizarse violaciones graves a los derechos humanos.
“En este caso el interés de proteger documentales que se encuentra inmersos o guardan relación con la averiguación previa llevada a cabo por el Ministerio Público, se ve superado por la necesidad imperiosa de que la sociedad pueda conocer la participación que han tenido las autoridades, en relación con los lamentables hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, pudiendo además conocer si la autoridad ha actuado con legalidad y en ese sentido, si se están llevando a cabo todas las diligencias necesarias para llegar a la verdad histórica de los hechos”, dice la resolución.
Respecto a información no relacionada con los hechos de Ayotzinapa, se determinó que no es susceptible de reservarse con fundamento en el artículo 13, fracción V de la Ley Federal de Transparencia relativa a la persecución de delitos e impartición de justicia, porque no se acreditó que estuviera vinculada con alguna averiguación previa.
El INAI dijo que respecto a los documentos relacionados con el caso de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural fue necesario ponderar dos intereses en conflicto: por una parte el derecho humano de acceso a la información y por la otra, el interés general previsto en el citado artículo 13, fracción V.
En el proyecto presentado por la Comisionada Kurczyn, se consideraron pronunciamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH )y del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas referentes a la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/20-08-2015/1456998.
Padrés casi duplicó la deuda de Sonora en 6 años: de 11 mil 258 a 20 mil 365 mdp
HERMOSILLO, Son: La deuda pública del estado incrementó en nueve mil 115 millones de pesos durante la administración de Guillermo Padrés según el Saldo Histórico de Obligaciones Financieras de Entidades Federativas.
Durante el cuarto encuentro de comités de entrega-recepción, el secretario de Hacienda estatal, Carlos Villalobos Organista entregó la documentación que acredita este pasivo y responde a las más de 700 preguntas integradas al cuestionario de siete mil 877 reactivos presentado por el equipo de la gobernadora electa, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, el pasado 3 de julio a los funcionarios salientes.
En la reunión que se prolongó por más de dos horas, se logró establecer que la deuda en este sexenio creció a un ritmo anual de mil 519 millones de pesos, pues pasó de 11 mil 258 millones de pesos en 2009 a 20 mil 365 millones al cierre del segundo trimestre de 2015.
Según el informe, en el primer año de gestiones de Padrés, en 2010, se solicitaron créditos federales y bancarios por el orden de cinco mil 979 millones de pesos y se elevaron las cuentas estatales a 17 mil 237 millones.
Para 2011, el pasivo de la entidad se redujo en tres mil 214 millones de pesos y se estableció en 14 mil 23 millones.
Luego, en 2012, año de la crisis padrecista, cuando el Congreso local no le aprobó el presupuesto hasta agosto, los créditos estatales sufrieron un nuevo repunte de mil 82 millones para concluir en 15 mil 105 millones en ese periodo.
Un año después, en 2013, la administración comprometió de nuevo participaciones e ingresos para adquirir otra de deuda de dos mil 188 millones y fijar el total en 17 mil 293.
Al llegar a 2014, la cuenta pública había alcanzado los 19 mil 808 millones de pesos debido a que en este año se tomó la decisión de obtener un nuevo financiamiento por una cantidad de dos mil 516 millones.
Finalmente, en el primer semestre de 2015 la deuda se elevó 556 millones para culminar en los 20 mil 365 millones de pesos que reconoció Villalobos Organista.
El funcionario estatal afirmó que del monto total de la deuda el gobernador sólo es responsable de 16 mil 383 millones y los cuatro mil 180 millones restantes deben acreditarse a los alcaldes de los 72 municipios en la entidad, quienes adquirieron compromisos fiscales por distintas vías.
En respuesta a este reporte financiero, Raúl Navarro, uno de los siete coordinadores del equipo de Pavlovich, señaló que analizarán la documentación entregada y al finalizar el proceso de entrega-recepción ofrecerán las conclusiones sobre el estado que guardan las arcas estatales.
FUENTE: PROCESO.
AUTRO: MILTON MARTÍNEZ.
Durante el cuarto encuentro de comités de entrega-recepción, el secretario de Hacienda estatal, Carlos Villalobos Organista entregó la documentación que acredita este pasivo y responde a las más de 700 preguntas integradas al cuestionario de siete mil 877 reactivos presentado por el equipo de la gobernadora electa, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, el pasado 3 de julio a los funcionarios salientes.
En la reunión que se prolongó por más de dos horas, se logró establecer que la deuda en este sexenio creció a un ritmo anual de mil 519 millones de pesos, pues pasó de 11 mil 258 millones de pesos en 2009 a 20 mil 365 millones al cierre del segundo trimestre de 2015.
Según el informe, en el primer año de gestiones de Padrés, en 2010, se solicitaron créditos federales y bancarios por el orden de cinco mil 979 millones de pesos y se elevaron las cuentas estatales a 17 mil 237 millones.
Para 2011, el pasivo de la entidad se redujo en tres mil 214 millones de pesos y se estableció en 14 mil 23 millones.
Luego, en 2012, año de la crisis padrecista, cuando el Congreso local no le aprobó el presupuesto hasta agosto, los créditos estatales sufrieron un nuevo repunte de mil 82 millones para concluir en 15 mil 105 millones en ese periodo.
Un año después, en 2013, la administración comprometió de nuevo participaciones e ingresos para adquirir otra de deuda de dos mil 188 millones y fijar el total en 17 mil 293.
Al llegar a 2014, la cuenta pública había alcanzado los 19 mil 808 millones de pesos debido a que en este año se tomó la decisión de obtener un nuevo financiamiento por una cantidad de dos mil 516 millones.
Finalmente, en el primer semestre de 2015 la deuda se elevó 556 millones para culminar en los 20 mil 365 millones de pesos que reconoció Villalobos Organista.
El funcionario estatal afirmó que del monto total de la deuda el gobernador sólo es responsable de 16 mil 383 millones y los cuatro mil 180 millones restantes deben acreditarse a los alcaldes de los 72 municipios en la entidad, quienes adquirieron compromisos fiscales por distintas vías.
En respuesta a este reporte financiero, Raúl Navarro, uno de los siete coordinadores del equipo de Pavlovich, señaló que analizarán la documentación entregada y al finalizar el proceso de entrega-recepción ofrecerán las conclusiones sobre el estado que guardan las arcas estatales.
FUENTE: PROCESO.
AUTRO: MILTON MARTÍNEZ.
Hacienda reduce pronóstico de crecimiento a entre 2% y 2.8%
México, DF. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redujo su pronóstico de crecimiento de la economía nacional para a este año a un rango de entre 2 y 2.8 por ciento, desde una perspectiva anterior de 2.2 a 3.2 por ciento.
El subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, dio a conocer las expectativas del gobierno federal para el crecimiento de la economía del país, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) diera a conocer formalmente los resultados del segundo trimestre para el año.
El principal factor que influyó para la reducción del pronóstico del año es la caída de la producción petrolera aunada al desplome de los precios de la mezcla mexicana de exportación.
No obstante, el funcionario resaltó que se observan factores “favorables” que permitirían alcanzar la meta prevista, como es la solidez de las exportaciones, particularmente hacia Estados Unidos, derivado de un mayor crecimiento de ese país.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR CARDOSO.
El subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, dio a conocer las expectativas del gobierno federal para el crecimiento de la economía del país, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) diera a conocer formalmente los resultados del segundo trimestre para el año.
El principal factor que influyó para la reducción del pronóstico del año es la caída de la producción petrolera aunada al desplome de los precios de la mezcla mexicana de exportación.
No obstante, el funcionario resaltó que se observan factores “favorables” que permitirían alcanzar la meta prevista, como es la solidez de las exportaciones, particularmente hacia Estados Unidos, derivado de un mayor crecimiento de ese país.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR CARDOSO.
Por “fichar” a beneficiarios, Morena denuncia a funcionarios de la SCT y Sedesol
MÉXICO, D.F: Martí Batres, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, interpuso ayer una denuncia penal ante la PGR contra funcionarios de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Desarrollo Social (Sedesol) por presuntas violaciones a la privacidad, luego de “fichar” a beneficiarios que recibieron pantallas de televisión.
De acuerdo con la denuncia, cuya copia obtuvo Apro, los operadores que entregan los televisores en el Distrito Federal exigen a los beneficiarios la credencial de elector y comprobante de domicilio.
Además, les toman una fotografía y capturan sus diez huellas dactilares antes de asignarles un número de serie y un código de barras que corresponden a su nuevo aparato.
De acuerdo con información que publicó La Jornada la semana pasada, la SCT entregó la tutela de los datos personales de los beneficiarios a la empresa Código Empresarial SA.
Con base en un padrón y un manual operativo elaborados por la Sedesol, el programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) prevé la entrega de más de 13 millones de pantallas en anticipo al “apagón analógico” que hará inútiles los televisores hertzianos.
“En ninguna parte (del manual operativo del programa TDT) se establece la toma de huellas dactilares para la entrega del beneficio”, asentó Batres, al insistir en que la conducta mencionada “constituye la violación flagrante a la privacidad de las personas y representa una forma de control e intimidación hacia su voluntad”.
El líder de Morena acusó que “desconocemos bajo qué fundamento se están recabando estos datos personales sensibles, así como el resguardo y las medidas de seguridad de los mismos”.
También recordó que “la práctica de tomar huellas dactilares sólo se realiza a personas acusadas de la comisión de un delito y/o a quienes ingresan a prisión para compurgar una sentencia”.
No es la primera vez que el programa TDT desata la polémica: desde su arranque, la oposición criticó la entrega de televisores con fines políticos -en los paquetes de los aparatos aparece el logotipo “Mover a México”, una campaña de comunicación del gobierno federal- y electorales.
Así, a pesar de los programas de blindaje electoral puestos en marcha dos meses antes de los comicios del 7 de junio, la entrega de televisores continuó en distintas municipios mexiquenses en medio de la campaña electoral.
Eso fue el caso de Ecatepec, Atizapán y Cuautitlán Izcalli, entre otros, donde la entrega de televisores arrancó el 22 de mayo y terminó después del 28 de junio. En otra gran cantidad de municipios mexiquenses, la entrega se detuvo apenas una semana antes de la jornada electoral.
Entre finales de noviembre de 2014 y enero anterior, Morena, el PAN y Movimiento Ciudadano (MC) exigieron a la autoridad electoral que impusiera medidas cautelares para eliminar el logotipo “Mover a México” o frenar la entrega de pantallas durante la campaña electoral.
El 31 de marzo, el TEPJF desechó las quejas al argumentar que los colores del logotipo “Mover a México” no coincidían con los del PRI, sino con la Bandera nacional, y que los tiempos de entrega forman parte de una política pública que el gobierno federal “programó con antelación a los procesos electorales en curso”.
Hoy, la SCT abrió oficialmente una nueva ronda de licitación –la SCT-FI-10-07– que prevé la compra de 3 millones 599 mil televisores de 23.5 pulgadas, pantallas que serán repartidas en 23 estados de la República entre septiembre y noviembre próximos.
“Acción intimidatoria”
Entrevistado fuera de la sede de la PGR, Batres señaló que la queja se extiende a todos los funcionarios de ambas dependencias que resulten responsables por violación a la Ley Federal de Protección de Datos Personales y al Código Penal federal.
“Se están violando estos ordenamientos al pedirse esta información que no está establecida ni en la ley ni siquiera en el programa operativo en la entrega de estas pantallas de televisión. Se trata de una acción no sólo completamente violatoria de la ley, sino absolutamente intimidatoria y de control a la que se ha atrevido el actual gobierno federal”, acusó.
En su opinión, esta medida responde a la “caída libre” en la que se encuentra Peña Nieto ante la opinión pública, así como la mala imagen del PRI, por lo que su única opción de mantenerse en el poder, dijo, es mediante el miedo y el control de la población.
En su intervención, la secretaria general de Morena, Bertha Luján, añadió que presentaron como pruebas documentales el programa operativo de la Sedesol para la entrega de pantallas, en el que no se incluye la toma de huellas dactilares y lo mismo sucede en el programa de transición a la televisión digital terrestre que publicó la SCT.
“Evidentemente es una medida que está fuera de norma, no tiene ninguna justificación”, señaló.
“Limpiar la elección”
Luján destacó que también apoyarán otras denuncias ante la Fepade y PGR, así como ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), interpuestas por residentes de Coyoacán, debido a la entrega de la tarjeta “Por Ti” a cambio del voto, pero cuando fueron a recoger el dinero presuntamente depositado, les respondieron que no había fondos porque en los lugares donde habitan “no fue beneficiado el PRD”.
“Tenemos dos quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos y la Contraloría General del DF, en donde más de mil 300 personas denuncian que les entregaron la tarjeta a cambio del voto a favor del PRD, y que en el momento en que van a exigir los fondos les responden que los resultados electorales en los lugares donde viven no fueron los esperados y, por tanto, no hay fondos”, acusó.
En cuanto a la postura del presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, sobre buscar a Morena para una eventual alianza, Batres aseguró que aceptarían “si se limpia la elección en el DF”, y ello tendría que analizarlo el Consejo Nacional, pero si no se realiza esta acción, “no hay nada de qué hablar”.
“Lo que pasó en la Ciudad de México es inadmisible. Aquí siempre ha sido el faro de la democracia desde que hay elecciones locales, y resulta que llegan las prácticas de defraudación electoral. ¿Cómo creen?”, inquirió.
Batres aceptó que “hasta el momento” no les creen a los perredistas que quieran una alianza. “Si les interesara, limpiarán la elección”, reiteró.
“Hay que celebrar”: Navarrete
En respuesta, el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, celebró que su homólogo de Morena, Martí Batres, haya aceptado un eventual acercamiento siempre y cuando se “limpie la elección” en el Distrito Federal, donde acusó diversas irregularidades.
En rueda de prensa destacó: “Pues hay que celebrar que hay una primera respuesta donde se abre un pequeño espacio para el encuentro. Ningún diálogo puede ser productivo y respetuoso si tiene condicionantes previos, pero nuestra Comisión de Diálogo tendrá materia ya para poder tender los puentes suficientes y establecer contacto con el Partido del Trabajo, con el Movimiento Ciudadano, con Morena y con organizaciones populares y sindicales, con organizaciones campesinas y un abanico muy amplio de personalidades de las sociedad”, subrayó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA Y MATHIEU TOURLIERE
De acuerdo con la denuncia, cuya copia obtuvo Apro, los operadores que entregan los televisores en el Distrito Federal exigen a los beneficiarios la credencial de elector y comprobante de domicilio.
Además, les toman una fotografía y capturan sus diez huellas dactilares antes de asignarles un número de serie y un código de barras que corresponden a su nuevo aparato.
De acuerdo con información que publicó La Jornada la semana pasada, la SCT entregó la tutela de los datos personales de los beneficiarios a la empresa Código Empresarial SA.
Con base en un padrón y un manual operativo elaborados por la Sedesol, el programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) prevé la entrega de más de 13 millones de pantallas en anticipo al “apagón analógico” que hará inútiles los televisores hertzianos.
“En ninguna parte (del manual operativo del programa TDT) se establece la toma de huellas dactilares para la entrega del beneficio”, asentó Batres, al insistir en que la conducta mencionada “constituye la violación flagrante a la privacidad de las personas y representa una forma de control e intimidación hacia su voluntad”.
El líder de Morena acusó que “desconocemos bajo qué fundamento se están recabando estos datos personales sensibles, así como el resguardo y las medidas de seguridad de los mismos”.
También recordó que “la práctica de tomar huellas dactilares sólo se realiza a personas acusadas de la comisión de un delito y/o a quienes ingresan a prisión para compurgar una sentencia”.
No es la primera vez que el programa TDT desata la polémica: desde su arranque, la oposición criticó la entrega de televisores con fines políticos -en los paquetes de los aparatos aparece el logotipo “Mover a México”, una campaña de comunicación del gobierno federal- y electorales.
Así, a pesar de los programas de blindaje electoral puestos en marcha dos meses antes de los comicios del 7 de junio, la entrega de televisores continuó en distintas municipios mexiquenses en medio de la campaña electoral.
Eso fue el caso de Ecatepec, Atizapán y Cuautitlán Izcalli, entre otros, donde la entrega de televisores arrancó el 22 de mayo y terminó después del 28 de junio. En otra gran cantidad de municipios mexiquenses, la entrega se detuvo apenas una semana antes de la jornada electoral.
Entre finales de noviembre de 2014 y enero anterior, Morena, el PAN y Movimiento Ciudadano (MC) exigieron a la autoridad electoral que impusiera medidas cautelares para eliminar el logotipo “Mover a México” o frenar la entrega de pantallas durante la campaña electoral.
El 31 de marzo, el TEPJF desechó las quejas al argumentar que los colores del logotipo “Mover a México” no coincidían con los del PRI, sino con la Bandera nacional, y que los tiempos de entrega forman parte de una política pública que el gobierno federal “programó con antelación a los procesos electorales en curso”.
Hoy, la SCT abrió oficialmente una nueva ronda de licitación –la SCT-FI-10-07– que prevé la compra de 3 millones 599 mil televisores de 23.5 pulgadas, pantallas que serán repartidas en 23 estados de la República entre septiembre y noviembre próximos.
“Acción intimidatoria”
Entrevistado fuera de la sede de la PGR, Batres señaló que la queja se extiende a todos los funcionarios de ambas dependencias que resulten responsables por violación a la Ley Federal de Protección de Datos Personales y al Código Penal federal.
“Se están violando estos ordenamientos al pedirse esta información que no está establecida ni en la ley ni siquiera en el programa operativo en la entrega de estas pantallas de televisión. Se trata de una acción no sólo completamente violatoria de la ley, sino absolutamente intimidatoria y de control a la que se ha atrevido el actual gobierno federal”, acusó.
En su opinión, esta medida responde a la “caída libre” en la que se encuentra Peña Nieto ante la opinión pública, así como la mala imagen del PRI, por lo que su única opción de mantenerse en el poder, dijo, es mediante el miedo y el control de la población.
En su intervención, la secretaria general de Morena, Bertha Luján, añadió que presentaron como pruebas documentales el programa operativo de la Sedesol para la entrega de pantallas, en el que no se incluye la toma de huellas dactilares y lo mismo sucede en el programa de transición a la televisión digital terrestre que publicó la SCT.
“Evidentemente es una medida que está fuera de norma, no tiene ninguna justificación”, señaló.
“Limpiar la elección”
Luján destacó que también apoyarán otras denuncias ante la Fepade y PGR, así como ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), interpuestas por residentes de Coyoacán, debido a la entrega de la tarjeta “Por Ti” a cambio del voto, pero cuando fueron a recoger el dinero presuntamente depositado, les respondieron que no había fondos porque en los lugares donde habitan “no fue beneficiado el PRD”.
“Tenemos dos quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos y la Contraloría General del DF, en donde más de mil 300 personas denuncian que les entregaron la tarjeta a cambio del voto a favor del PRD, y que en el momento en que van a exigir los fondos les responden que los resultados electorales en los lugares donde viven no fueron los esperados y, por tanto, no hay fondos”, acusó.
En cuanto a la postura del presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, sobre buscar a Morena para una eventual alianza, Batres aseguró que aceptarían “si se limpia la elección en el DF”, y ello tendría que analizarlo el Consejo Nacional, pero si no se realiza esta acción, “no hay nada de qué hablar”.
“Lo que pasó en la Ciudad de México es inadmisible. Aquí siempre ha sido el faro de la democracia desde que hay elecciones locales, y resulta que llegan las prácticas de defraudación electoral. ¿Cómo creen?”, inquirió.
Batres aceptó que “hasta el momento” no les creen a los perredistas que quieran una alianza. “Si les interesara, limpiarán la elección”, reiteró.
“Hay que celebrar”: Navarrete
En respuesta, el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, celebró que su homólogo de Morena, Martí Batres, haya aceptado un eventual acercamiento siempre y cuando se “limpie la elección” en el Distrito Federal, donde acusó diversas irregularidades.
En rueda de prensa destacó: “Pues hay que celebrar que hay una primera respuesta donde se abre un pequeño espacio para el encuentro. Ningún diálogo puede ser productivo y respetuoso si tiene condicionantes previos, pero nuestra Comisión de Diálogo tendrá materia ya para poder tender los puentes suficientes y establecer contacto con el Partido del Trabajo, con el Movimiento Ciudadano, con Morena y con organizaciones populares y sindicales, con organizaciones campesinas y un abanico muy amplio de personalidades de las sociedad”, subrayó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA Y MATHIEU TOURLIERE
Dólar rebasa la barrera de los 17 pesos
México, D.F. Bancos del Distrito Federal ofrecen el dólar libre hasta en 17.03 pesos, 20 centavos más respecto al cierre de la jornada previa, y lo compran en un mínimo de 16.06 pesos.
El euro avanzó 33 centavos frente al peso, comparado con la víspera, y se ofrece en un máximo de 18.96 pesos, en tanto que el yen alcanza una cotización a la venta de 0.138 pesos.
De acuerdo con Banco Base, el nuevo máximo histórico del dólar responde a la disminución en la demanda de divisas de economías emergentes, al tiempo que se ha incrementado la demanda por activos de refugio.
La institución señala que la baja liquidez en el mercado permite que el tipo de cambio avance rápidamente a nuevos máximos con un menor número de operaciones.
Prevé que en el corto plazo divisas como el peso reaccionen negativamente a los bajos precios del petróleo, luego de que en las primeras horas de hoy el West Texas Intermediate (WTI), tocó un nuevo mínimo en seis años de 40.21 dólares por barril.
Por otro lado, agrega, México creció a una tasa anual de 2.2 por ciento durante el segundo trimestre del año, expandiéndose a un ritmo de 0.5 por ciento respecto al trimestre anterior.
El tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana es de 16.4908 pesos, indicó el Banco de México (BdeM) en el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo se fijó las tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio (TIIE) a 28 y 91 días en 3.3173 y 3.3608 por ciento, respectivamente, la primera con ganancia de 0.0073 y la segunda con pérdida de 0.003 puntos porcentuales; la tasa a 182 días se ubicó en 3.5350 por ciento.
FUENTE: LA JORNADA.
El euro avanzó 33 centavos frente al peso, comparado con la víspera, y se ofrece en un máximo de 18.96 pesos, en tanto que el yen alcanza una cotización a la venta de 0.138 pesos.
De acuerdo con Banco Base, el nuevo máximo histórico del dólar responde a la disminución en la demanda de divisas de economías emergentes, al tiempo que se ha incrementado la demanda por activos de refugio.
La institución señala que la baja liquidez en el mercado permite que el tipo de cambio avance rápidamente a nuevos máximos con un menor número de operaciones.
Prevé que en el corto plazo divisas como el peso reaccionen negativamente a los bajos precios del petróleo, luego de que en las primeras horas de hoy el West Texas Intermediate (WTI), tocó un nuevo mínimo en seis años de 40.21 dólares por barril.
Por otro lado, agrega, México creció a una tasa anual de 2.2 por ciento durante el segundo trimestre del año, expandiéndose a un ritmo de 0.5 por ciento respecto al trimestre anterior.
El tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana es de 16.4908 pesos, indicó el Banco de México (BdeM) en el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo se fijó las tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio (TIIE) a 28 y 91 días en 3.3173 y 3.3608 por ciento, respectivamente, la primera con ganancia de 0.0073 y la segunda con pérdida de 0.003 puntos porcentuales; la tasa a 182 días se ubicó en 3.5350 por ciento.
FUENTE: LA JORNADA.
Jueces aceptan los amparos para que los partidos políticos regresen 286 mdp
La jueza segunda de Distrito, Paula García Villegas, aceptó el amparo de Transparencia Mexicana porque reconoció el “interés legítimo” de la organización cuyo objeto social es la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.
Dos juzgados con sede en el Distrito Federal aceptaron los juicios de amparo promovidos por Transparencia Mexicana y 32 ciudadanos para que los partidos políticos regresen 286 millones de pesos que no gastaron en los comicios y que, por ley, debían reintegrar a la Federación.
Este martes 18 de agosto, el juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, David Cortés, dio entrada al amparo interpuesto por María Amparo Casar, María Marván Laborde, Leo Zuckermann, Denise Dresser, Jorge Castañeda, Luis Pérez de Acha, Juan Pardinas, Jesús Silva Herzog, Fausto Hernández, Héctor Aguilar Camín, Alejandro Hope, José Roldán, Ricardo Raphael, entre otros.
En tanto, la jueza segunda de Distrito, Paula García Villegas, aceptó el amparo de Transparencia Mexicana porque reconoció el “interés legítimo” de la organización cuyo objeto social es la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.
En el expediente que da entrada al amparo explica que de no hacerlo, “se estaría privando a la parte quejosa de su derecho humano al acceso efectivo a la justicia y a instar el juicio de amparo contra un acto que posiblemente le pueda llegar a causar perjuicio a su interés legítimo”.
La jueza explica que el amparo permitirá el análisis de si las leyes son procedentes cuando las demandas son presentadas por quienes cuentan “presuntamente interés legítimo y no jurídico sobre la rendición de cuentas y fiscalización del destino de los recursos públicos que recibe un partido político”.
En la sesión del 20 de julio pasado, seis consejeros del INE votaron en contra de la propuesta del consejero Benito Nacif para que los partidos reintegraran a la Tesorería de la Federación los “remanentes” o recursos no utilizados en la elección de junio pasado. Sólo los consejeros Beatriz Galindo, Pamela San Martín, Javier Santiago y José Roberto Ruiz apoyaron la iniciativa.
El consejero Marco Antonio Baños explicó que el INE resolvió así por la falta de certeza jurídica, porque si bien la ley señala que los recursos del financiamiento de gastos de campaña sólo deben usarse para ese fin “no hemos establecido las reglas que se tienen que seguir, primero para verificar los saldos de los gastos de campaña y, en segundo lugar, para definir como se tienen que reintegrar a la Tesorería; ese es el punto que nos dividió”.
Hasta el momento no existe precisión sobre el monto de los “remanentes” y se calcula entre 286 y 400 millones de pesos. De acuerdo con los cálculos preliminares del consejero Benito Nacif, la coalición de los partidos Revolucionario Institucional-Verde Ecologista de México debería 155.9 millones de pesos, la partida más alta.
Le sigue el Partido Acción Nacional con 42 millones de pesos; la coalición de los partidos de la Revolución Democrática-del Trabajo en las elecciones federales (22.4 millones), y el PRD en las locales (16.8 millones).
En campañas federales y locales, Morena suma casi 18 millones de pesos; el Partido Humanista casi 11 millones; la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza en Sonora, 8.9 millones; Nueva Alianza, seis millones; el PT en campaña local 5.2 millones, y Encuentro Social, 3 millones.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
Dos juzgados con sede en el Distrito Federal aceptaron los juicios de amparo promovidos por Transparencia Mexicana y 32 ciudadanos para que los partidos políticos regresen 286 millones de pesos que no gastaron en los comicios y que, por ley, debían reintegrar a la Federación.
Este martes 18 de agosto, el juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, David Cortés, dio entrada al amparo interpuesto por María Amparo Casar, María Marván Laborde, Leo Zuckermann, Denise Dresser, Jorge Castañeda, Luis Pérez de Acha, Juan Pardinas, Jesús Silva Herzog, Fausto Hernández, Héctor Aguilar Camín, Alejandro Hope, José Roldán, Ricardo Raphael, entre otros.
En tanto, la jueza segunda de Distrito, Paula García Villegas, aceptó el amparo de Transparencia Mexicana porque reconoció el “interés legítimo” de la organización cuyo objeto social es la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.
En el expediente que da entrada al amparo explica que de no hacerlo, “se estaría privando a la parte quejosa de su derecho humano al acceso efectivo a la justicia y a instar el juicio de amparo contra un acto que posiblemente le pueda llegar a causar perjuicio a su interés legítimo”.
La jueza explica que el amparo permitirá el análisis de si las leyes son procedentes cuando las demandas son presentadas por quienes cuentan “presuntamente interés legítimo y no jurídico sobre la rendición de cuentas y fiscalización del destino de los recursos públicos que recibe un partido político”.
En la sesión del 20 de julio pasado, seis consejeros del INE votaron en contra de la propuesta del consejero Benito Nacif para que los partidos reintegraran a la Tesorería de la Federación los “remanentes” o recursos no utilizados en la elección de junio pasado. Sólo los consejeros Beatriz Galindo, Pamela San Martín, Javier Santiago y José Roberto Ruiz apoyaron la iniciativa.
El consejero Marco Antonio Baños explicó que el INE resolvió así por la falta de certeza jurídica, porque si bien la ley señala que los recursos del financiamiento de gastos de campaña sólo deben usarse para ese fin “no hemos establecido las reglas que se tienen que seguir, primero para verificar los saldos de los gastos de campaña y, en segundo lugar, para definir como se tienen que reintegrar a la Tesorería; ese es el punto que nos dividió”.
Hasta el momento no existe precisión sobre el monto de los “remanentes” y se calcula entre 286 y 400 millones de pesos. De acuerdo con los cálculos preliminares del consejero Benito Nacif, la coalición de los partidos Revolucionario Institucional-Verde Ecologista de México debería 155.9 millones de pesos, la partida más alta.
Le sigue el Partido Acción Nacional con 42 millones de pesos; la coalición de los partidos de la Revolución Democrática-del Trabajo en las elecciones federales (22.4 millones), y el PRD en las locales (16.8 millones).
En campañas federales y locales, Morena suma casi 18 millones de pesos; el Partido Humanista casi 11 millones; la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza en Sonora, 8.9 millones; Nueva Alianza, seis millones; el PT en campaña local 5.2 millones, y Encuentro Social, 3 millones.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
Borge incluye en su gabinete a dos exfuncionarios acusados de lavado de dinero
CANCUN, Q, Roo: El gobernador Roberto Borge Angulo incluyó en su gabinete a dos exfuncionarios municipales acusados de presunto lavado de dinero y desvío de recursos públicos por más de 70 millones de pesos.
Se trata de Román Quian Alcocer, quien fungió como presidente municipal de Solidaridad, y ahora ocupará la cartera de la Secretaria de Desarrollo Social e Indígena (Sedasi), en sustitución de Ángel Rivero Palomo, quien, a su vez, fue designado rector de la Universidad de Quintana Roo.
El pasado 10 de agosto Borge nombró nuevamente como secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) a Juan Pablo Guillermo Molina, exdirector municipal de Finanzas del ayuntamiento de Solidaridad.
Molina regresa a Sefiplan, tras ser candidato suplente a diputado federal, y sustituye a Alejandro Marrufo Roldán, que quien quedó como tesorero general del estado.
Cuando Quian Alcocer fue presidente municipal, en el trienio 2008-2010, Guillermo Molina fue director de Finanzas de la Tesorería de este ayuntamiento.
En diciembre de 2014 y en mayo de este año, el senador Daniel Ávila Ruiz y la diputada federal Alicia Ricalde Magaña, ambos del PAN, denunciaron ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a diversos funcionarios municipales de los trienios de 2008-2011 y 2011 -2013, incluido el actual alcalde Mauricio Góngora Escalante, a aspirante a gobernador y uno de los seis “delfines” de Borge.
Del trienio 2011 – 2013 también es acusado otro de los preferidos del gobernador para sucederlo: José Luis Toledo Medina, actual diputado federal electo.
En su momento, el senador Ávila señaló que del 2010 al 2012, los gobiernos del municipio de Solidaridad pagaron facturas que amparaban la prestación de servicio y suministro de bienes no comprobados a personas físicas.
Para estos servicios y suministros, precisó, se contrataron seis empresas “fantasmas”, con nombres de personas físicas, que ni siquiera tienen su domicilio fiscal en la entidad, sino en Yucatán.
Además en los cheques aparecen las firmas de los exfuncionarios municipales.
El senador afirmó que visitó en Yucatán los sitos señalados como domicilios fiscales de estas seis supuestas empresas en Yucatán, y precisó que “son casas- habitación, donde la gente que vive en ellas no saben de esas empresas”.
Las supuestas empresas prestaron servicios de “arrendamiento” de camiones de volteo para traslado de material de construcción por las que cobraron millones de pesos.
Las personas físicas que aparecen como empresas son:
-Gaspar Francisco Chim González, con domicilio Kanasín, Yucatán, con facturas por más de nueve millones 600 mil pesos.
-Daniel Cornelio García, con domicilios fiscal en Jardín de Chuburná, en Mérida; facturó siete millones 841 mil pesos.
-Clever Ricardo Cid Vieyra, con domicilio en Mérida, quien facturó por arrendamiento de volquetes, siete millones 843 mil pesos;
-Gilberto Irigoyen Basto, con domicilio en Mérida, Yucatán. Facturó nueve millones de pesos.
-Miguel Ángel Torres, con domicilio en Cansahcab, Yucatán. Facturó 19 millones 133 mil pesos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
Se trata de Román Quian Alcocer, quien fungió como presidente municipal de Solidaridad, y ahora ocupará la cartera de la Secretaria de Desarrollo Social e Indígena (Sedasi), en sustitución de Ángel Rivero Palomo, quien, a su vez, fue designado rector de la Universidad de Quintana Roo.
El pasado 10 de agosto Borge nombró nuevamente como secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) a Juan Pablo Guillermo Molina, exdirector municipal de Finanzas del ayuntamiento de Solidaridad.
Molina regresa a Sefiplan, tras ser candidato suplente a diputado federal, y sustituye a Alejandro Marrufo Roldán, que quien quedó como tesorero general del estado.
Cuando Quian Alcocer fue presidente municipal, en el trienio 2008-2010, Guillermo Molina fue director de Finanzas de la Tesorería de este ayuntamiento.
En diciembre de 2014 y en mayo de este año, el senador Daniel Ávila Ruiz y la diputada federal Alicia Ricalde Magaña, ambos del PAN, denunciaron ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a diversos funcionarios municipales de los trienios de 2008-2011 y 2011 -2013, incluido el actual alcalde Mauricio Góngora Escalante, a aspirante a gobernador y uno de los seis “delfines” de Borge.
Del trienio 2011 – 2013 también es acusado otro de los preferidos del gobernador para sucederlo: José Luis Toledo Medina, actual diputado federal electo.
En su momento, el senador Ávila señaló que del 2010 al 2012, los gobiernos del municipio de Solidaridad pagaron facturas que amparaban la prestación de servicio y suministro de bienes no comprobados a personas físicas.
Para estos servicios y suministros, precisó, se contrataron seis empresas “fantasmas”, con nombres de personas físicas, que ni siquiera tienen su domicilio fiscal en la entidad, sino en Yucatán.
Además en los cheques aparecen las firmas de los exfuncionarios municipales.
El senador afirmó que visitó en Yucatán los sitos señalados como domicilios fiscales de estas seis supuestas empresas en Yucatán, y precisó que “son casas- habitación, donde la gente que vive en ellas no saben de esas empresas”.
Las supuestas empresas prestaron servicios de “arrendamiento” de camiones de volteo para traslado de material de construcción por las que cobraron millones de pesos.
Las personas físicas que aparecen como empresas son:
-Gaspar Francisco Chim González, con domicilio Kanasín, Yucatán, con facturas por más de nueve millones 600 mil pesos.
-Daniel Cornelio García, con domicilios fiscal en Jardín de Chuburná, en Mérida; facturó siete millones 841 mil pesos.
-Clever Ricardo Cid Vieyra, con domicilio en Mérida, quien facturó por arrendamiento de volquetes, siete millones 843 mil pesos;
-Gilberto Irigoyen Basto, con domicilio en Mérida, Yucatán. Facturó nueve millones de pesos.
-Miguel Ángel Torres, con domicilio en Cansahcab, Yucatán. Facturó 19 millones 133 mil pesos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
La Cadhac celebra condena a militar por desaparición forzada
MONTERREY, N.L: La asociación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) celebró que un juez federal condenara a más de 31 años de cárcel a un militar por el delito de desaparición forzada de una persona, sin embargo, subrayó, hay otros casos similares que aún esperan resolución en la entidad.
Luego de calificar como “un golpe contra la impunidad” la resolución dictada por el juez primero de distrito en materia penal, Eustacio Salinas Wolberg, el organismo ciudadano, presidido por Consuelo Morales, confió en que otros expedientes similares sean desahogados.
“Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos tiene conocimiento de que a nivel local existen procesos que se llevan por desaparición forzada, pero hasta el momento no han pronunciado sentencias condenatorias”, destacó en un comunicado.
Ayer, Salinas Wolberg condenó a 31 años y tres meses de prisión al subteniente del Ejército identificado como Danny Hernández Sánchez por la privación ilegal de la libertad de un hombre cuya filiación no fue revelada, en hechos ocurridos el 20 de mayo de 2012 en el municipio de Los Herrera, 120 kilómetros al norte de la capital.
De acuerdo a Cadhac, la sentencia representa un reproche implícito a la tendencia reciente de militarizar la entidad, mediante el empleo de soldados como agentes policiacos para trabajos preventivos.
“Esta sentencia representa una condena a la política de militarización que ha sufrido Nuevo León. Se trata de la primera vez que un juez emite una sentencia por desaparición forzada por hechos ocurridos en Nuevo León. Es un golpe a la impunidad en el estado y en el país”.
Añadió: “Desde Cadhac consideramos que la justicia es esencial para que exista un verdadera reparación de daños hacia las miles de víctimas de la violencia social que desde hace años se vive en México”.
El organismo precisó que en un reporte efectuado en 2014, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU detalló que en México hay seis sentencias condenatorias a nivel federal por el delito de desaparición forzada, que se configura cuando en el ilícito participa un servidor público.
Entre 2006 y 2013, agregó, fueron iniciadas por ese delito 99 averiguaciones previas a nivel federal y 192 en las entidades federativas.
En 2012, Cadhac y la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos (Amores) impulsaron la tipificación del delito de desaparición forzada, que actualmente ya es figura jurídica en el Código Penal de Nuevo León.
Desde 2010 la asociación civil ha documentado casos de más de mil desapariciones en el estado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
Luego de calificar como “un golpe contra la impunidad” la resolución dictada por el juez primero de distrito en materia penal, Eustacio Salinas Wolberg, el organismo ciudadano, presidido por Consuelo Morales, confió en que otros expedientes similares sean desahogados.
“Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos tiene conocimiento de que a nivel local existen procesos que se llevan por desaparición forzada, pero hasta el momento no han pronunciado sentencias condenatorias”, destacó en un comunicado.
Ayer, Salinas Wolberg condenó a 31 años y tres meses de prisión al subteniente del Ejército identificado como Danny Hernández Sánchez por la privación ilegal de la libertad de un hombre cuya filiación no fue revelada, en hechos ocurridos el 20 de mayo de 2012 en el municipio de Los Herrera, 120 kilómetros al norte de la capital.
De acuerdo a Cadhac, la sentencia representa un reproche implícito a la tendencia reciente de militarizar la entidad, mediante el empleo de soldados como agentes policiacos para trabajos preventivos.
“Esta sentencia representa una condena a la política de militarización que ha sufrido Nuevo León. Se trata de la primera vez que un juez emite una sentencia por desaparición forzada por hechos ocurridos en Nuevo León. Es un golpe a la impunidad en el estado y en el país”.
Añadió: “Desde Cadhac consideramos que la justicia es esencial para que exista un verdadera reparación de daños hacia las miles de víctimas de la violencia social que desde hace años se vive en México”.
El organismo precisó que en un reporte efectuado en 2014, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU detalló que en México hay seis sentencias condenatorias a nivel federal por el delito de desaparición forzada, que se configura cuando en el ilícito participa un servidor público.
Entre 2006 y 2013, agregó, fueron iniciadas por ese delito 99 averiguaciones previas a nivel federal y 192 en las entidades federativas.
En 2012, Cadhac y la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos (Amores) impulsaron la tipificación del delito de desaparición forzada, que actualmente ya es figura jurídica en el Código Penal de Nuevo León.
Desde 2010 la asociación civil ha documentado casos de más de mil desapariciones en el estado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
Gobernador de Quintana Roo destapa a sus “delfines”
CANCUN, Q. Roo: El gobernador Roberto Borge Angulo comenzó a mover sus piezas con miras a la sucesión del próximo año y, en un hecho insólito, destapó a sus ‘delfines’.
En su cuenta de Twitter, ‘destapó’ a seis de sus ‘delfines’. En la lista el subsecretario de Turismo, Carlos Joaquín González, hermano del actual secretario de Energía del gobierno federal, Pedro Joaquín Coldwell, ni al senador con licencia del PVEM, Jorge Emilio González Martínez, ‘El Niño Verde’.
Los precandidatos que aparecen en la fotografía que difundió son: José Luis ‘Chanito’ Toledo Medina, quien en los próximos 10 días asumirá funciones como diputado federal; el alcalde de Chetumal, Eduardo Espinosa Abuxpaqui; el secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría; el diputado federal electo, José Luis Toledo; el presidente municipal de Playa del Carmen, Mauricio Góngora Escalante; el edil de Cancún, Paul Carrillo de Cáceres, y el presidente estatal del PRI, Raymundo King de la Rosa.
La foto de los precandidatos viene acompañada del siguiente comentario: “Avanzamos en Unidad por #QRoo @MauricioGongora @JLToledoM @PaulCarrillo2 @raymundoking @GBMendicuti @e_abuxapqui”.
En otro tuit, escribió: “Mal aplicada la estrategia de ‘Divide y Vencerás’ 6 Caballos en Unidad. Para el que le quede”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
En su cuenta de Twitter, ‘destapó’ a seis de sus ‘delfines’. En la lista el subsecretario de Turismo, Carlos Joaquín González, hermano del actual secretario de Energía del gobierno federal, Pedro Joaquín Coldwell, ni al senador con licencia del PVEM, Jorge Emilio González Martínez, ‘El Niño Verde’.
Los precandidatos que aparecen en la fotografía que difundió son: José Luis ‘Chanito’ Toledo Medina, quien en los próximos 10 días asumirá funciones como diputado federal; el alcalde de Chetumal, Eduardo Espinosa Abuxpaqui; el secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría; el diputado federal electo, José Luis Toledo; el presidente municipal de Playa del Carmen, Mauricio Góngora Escalante; el edil de Cancún, Paul Carrillo de Cáceres, y el presidente estatal del PRI, Raymundo King de la Rosa.
La foto de los precandidatos viene acompañada del siguiente comentario: “Avanzamos en Unidad por #QRoo @MauricioGongora @JLToledoM @PaulCarrillo2 @raymundoking @GBMendicuti @e_abuxapqui”.
En otro tuit, escribió: “Mal aplicada la estrategia de ‘Divide y Vencerás’ 6 Caballos en Unidad. Para el que le quede”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
La PGJDF indaga cuatro hechos que conectan a víctimas de caso Narvarte con Veracruz
Los incidentes involucran a Rubén y Nadia, dos de las víctimas del multihomicidio, y en ellos se advierte la participación de la policía estatal. Organizaciones pidieron a la PGJDF desde el 4 de agosto que se declarara a jefes policiacos por estos casos. Veracruz dice que DF no tiene jurisdicción pero colaborarán.
La represión de una protesta en 2012, un desalojo de una plaza en 2013, un ataque en un domicilio de Xalapa en junio pasado, y el seguimiento de encapuchados a activistas con lista incluida, son los cuatro hechos específicos ocurridos en Veracruz que investiga la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por su probable relación con el multihomicidio del 31 de julio en la colonia Narvarte.
Los cuatro incidentes, según lo denunciado ante la Procuraduría capitalina por organizaciones de periodistas y defensoras de derechos humanos, están conectados con dos de las víctimas del homicidio, el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera.
En todos esos hechos, según las denuncias incluidas en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07, existe la posible participación de policías del estado que gobierna Javier Duarte.
Es por este motivo, confirmaron autoridades de la Procuraduría capitalina, que se enviaron a Veracruz a dos agentes de la Fiscalía de Homicidios para recabar la declaración del actual secretario de Seguridad Pública de Veracruz Arturo Bermúdez Zurita y de su antecesor en el cargo Sergio López Esquer.
Además, dado el perfil de comunicadores y activistas de las víctimas, se recabará el testimonio de la presidenta de la Comisión estatal de Atención y Protección a Periodistas en Veracruz.
Karla Michel Salas, abogada coadyuvante en la indagatoria de la Procuraduría en representación de la familia de Nadia Vera, señaló que estas declaraciones serán tomadas a petición expresa de las organizaciones de periodistas y derechos humanos, solicitud que se había hecho desde el pasado martes 4 de agosto.
“De los primeros testimonios se desprendían todas estas amenazas, hechos de hostigamiento y persecución ocurridos en distintos momentos en Veracruz tanto en agravio de Nadia como de Rubén” dijo en entrevista con Animal Político.
De acuerdo con Salas, quien también es presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, existía la preocupación de que las autoridades capitalinas no atendieran la línea de investigación del multihomicidio que apunta a Veracruz, por lo que se insistió en que se recabaron dichos testimonios.
El procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza confirmó el traslado de sus elementos a Veracruz. “Esto se lleva a cabo a través de los indicios, de diversas declaraciones, de videos que se tienen en la averiguación previa de aquí de la ciudad de México, y que ha surgido, que pudieran tener algún vínculo en aquella entidad (Veracruz)” dijo.
Además, los agentes permanecerán en Veracruz para recabar las declaraciones de otros activistas y demás testigos que pudieran aportar información al caso. En un comunicado la Fiscalía veracruzana accedió colaborar con las autoridades capitalinas aunque reiteró que no tienen jurisdicción en su territorio.
La conexión con Veracruz es una de varias líneas que la PGJDF ha señalado que mantiene abiertas por el multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte.
A continuación Animal Político enumera los cuatro incidentes que están bajo la lupa de los investigadores.
La “protesta pacífica” del 2012
Nadia Vera, integrante de la Asamblea Estudiantil de Xalapa narró en un video la forma en como presuntos policías actuaron en contra de ellos durante una manifestación pacífica en contra del gobierno de Javier Duarte y de los asesinatos contra periodistas.
De acuerdo con Vera, quien es estudiante egresada por antropología social de la Universidad veracruzana, la actividad que tenían planeada era la colocación de unos globos con mensajes políticos pero elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se los impidieron.
“Unas mujeres civiles que eran policías del Estado estaban golpeando a unas compañeras yo grabo y llegan por mi otras mujeres que me quitan el celular y nunca me lo devolvieron. Me jalaron y golpearon” dijo Vera
A partir de ese hecho según los testimonios, comenzó la presunta persecución sobre Nadia Vera que entre otras cosas incluyó el allanamiento de su departamento y una presunta detención irregular.
El desalojo del 2013
El 13 de septiembre de 2013, dos días antes de los festejos patrios, la policía estatal desalojó por la fuerza un plantón que mantenían profesores y activistas de la Plaza Lerdo en Xalapa en las vísperas de los festejos patrios.
De acuerdo con las declaraciones de los maestros, la acción policial fue un “exceso” pues supuestamente ya existía un diálogo previo con las autoridades para replegarse voluntariamente.- El gobierno de Duarte dijo por su parte que un grupo ajeno al de los maestros intentó mantener ocupada la plaza por lo que se decidió proceder con el operativo.
Durante ese hecho se denunciaron múltiples agresiones en contra de periodistas y fotógrafos de parte de los uniformados, quienes reportaron además de los golpes el robo de sus equipos
Rubén Espinosa fue uno de los periodistas afectados y por ese hecho levantó una denuncia formal la ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR) la cual continúa abierta hasta la fecha.
Espinosa no se fue de la entidad después de ese hecho pero según lo reportado por sus colaboradores y activistas, a partir de ahí fue intimidado en varias ocasiones para que retirara la denuncia interpuesta.
Ataque a los estudiantes
La madrugada del 5 de junio un grupo de sujetos irrumpió en un domicilio del centro de la capital de Veracruz en donde están reunidos estudiantes de la Asamblea Estudiantil de Xalapa quienes fueron golpeados brutalmente. Las victimas describieron a los atacantes como personas con cortes tipo militar y algunos armados con toletes.
Después del ataque, según la versión de los jóvenes agredidos, policías estatales llegaron al domicilio pero no le brindaron apoyo a la víctima. En vez de ello, permitieron que civiles que se identificaron como supuestos representantes del Consejo estatal de Derechos Humanos intentaran interrogarlos.
El ombudsman estatal confirmó días después que las personas que acompañaban a los policías estatales no eran visitadores.
Familiares y activistas denunciaron que varios de los jóvenes agredidos eran amigos cercanos de Nadia Vera pues pertenecían a la misma red. Ella no se encontraba en el sitio pues meses antes había decidido salir del estado.
Tres días después, el 8 de junio, se organizó una marcha en contra del ataque en contra de los estudiantes y al misma fue cubierta por Rubén espinosa quien en un momento fue agredido por sujetos encapuchados. El propio gobernador Javier Duarte reconoció este hecho el cual motivó que el fotoperiodista decidiera irse del estado.
Intimidaciones y “listas negras”
Además de los hechos señalados, en la averiguación de la PGJDF se asentaron reportes de los activistas y coadyuvantes sobre presuntas intimidaciones o ataques continuados que sufrieron tanto Rubén como Nadia
“En el expediente están asentados testimonios que en el caso de Nadia apuntan a que fue levantada por integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública quienes la subieron a un carro un largo tiempo en el que la amenazaron y le pidieron que dejara el activismo sino algo malo le iba a pasar” dijo la abogada Michel Salas en entrevista.
En otro video de finales del 2014 Nadia responsabilizó al gobierno de Duarte de “cualquier cosa que pudiera sucederle”. El procurador del DF Ríos Garza dijo confirmó que estos videos ya están incluidos en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 iniciada por el multihomicidio.
Las organizaciones de activistas y periodistas también denunciaron ante la PGJDF que el gobierno de Veracruz persigue sistemáticamente a personajes críticos e incluso tiene listados de estudiantes activistas o investigadores que considera “enemigos”.
Una de estas listas ya fue publicada por Animal Político y se trata de un documento oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del estado en donde se incluye a estudiantes e investigadores de la Universidad Veracruzana.
Esta presunta persecución sistemática, según lo denunciado por las organizaciones, ha obligado a salir de la entidad a periodistas y activistas como Rubén y Nadia.
Veracruz reitera “deslinde categórico”
A través de un comunicado emitido por la Fiscalía General de Veracruz, el gobierno el gobierno del estado de Veracruz insistió nuevamente en su deslinde del multihomicidio en la colonia Narvarte.
“El Gobierno de Veracruz y, en especial el Gobernador del Estado, se deslindan total y categóricamente de este lamentable hecho ocurrido en la Ciudad de México, donde, como se ha repetido en múltiples ocasiones, es responsabilidad de las autoridades de aquella entidad resolver el caso” dice el comunicado .
La Fiscalía aclaró además que la Procuraduría del Distrito Federal no tiene jurisdicción en su territorio, por lo que será a través de un mecanismo de colaboración que se realizarán las declaraciones referidas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
La represión de una protesta en 2012, un desalojo de una plaza en 2013, un ataque en un domicilio de Xalapa en junio pasado, y el seguimiento de encapuchados a activistas con lista incluida, son los cuatro hechos específicos ocurridos en Veracruz que investiga la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por su probable relación con el multihomicidio del 31 de julio en la colonia Narvarte.
Los cuatro incidentes, según lo denunciado ante la Procuraduría capitalina por organizaciones de periodistas y defensoras de derechos humanos, están conectados con dos de las víctimas del homicidio, el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera.
En todos esos hechos, según las denuncias incluidas en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07, existe la posible participación de policías del estado que gobierna Javier Duarte.
Es por este motivo, confirmaron autoridades de la Procuraduría capitalina, que se enviaron a Veracruz a dos agentes de la Fiscalía de Homicidios para recabar la declaración del actual secretario de Seguridad Pública de Veracruz Arturo Bermúdez Zurita y de su antecesor en el cargo Sergio López Esquer.
Además, dado el perfil de comunicadores y activistas de las víctimas, se recabará el testimonio de la presidenta de la Comisión estatal de Atención y Protección a Periodistas en Veracruz.
Karla Michel Salas, abogada coadyuvante en la indagatoria de la Procuraduría en representación de la familia de Nadia Vera, señaló que estas declaraciones serán tomadas a petición expresa de las organizaciones de periodistas y derechos humanos, solicitud que se había hecho desde el pasado martes 4 de agosto.
“De los primeros testimonios se desprendían todas estas amenazas, hechos de hostigamiento y persecución ocurridos en distintos momentos en Veracruz tanto en agravio de Nadia como de Rubén” dijo en entrevista con Animal Político.
De acuerdo con Salas, quien también es presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, existía la preocupación de que las autoridades capitalinas no atendieran la línea de investigación del multihomicidio que apunta a Veracruz, por lo que se insistió en que se recabaron dichos testimonios.
El procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza confirmó el traslado de sus elementos a Veracruz. “Esto se lleva a cabo a través de los indicios, de diversas declaraciones, de videos que se tienen en la averiguación previa de aquí de la ciudad de México, y que ha surgido, que pudieran tener algún vínculo en aquella entidad (Veracruz)” dijo.
Además, los agentes permanecerán en Veracruz para recabar las declaraciones de otros activistas y demás testigos que pudieran aportar información al caso. En un comunicado la Fiscalía veracruzana accedió colaborar con las autoridades capitalinas aunque reiteró que no tienen jurisdicción en su territorio.
La conexión con Veracruz es una de varias líneas que la PGJDF ha señalado que mantiene abiertas por el multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte.
A continuación Animal Político enumera los cuatro incidentes que están bajo la lupa de los investigadores.
La “protesta pacífica” del 2012
Nadia Vera, integrante de la Asamblea Estudiantil de Xalapa narró en un video la forma en como presuntos policías actuaron en contra de ellos durante una manifestación pacífica en contra del gobierno de Javier Duarte y de los asesinatos contra periodistas.
De acuerdo con Vera, quien es estudiante egresada por antropología social de la Universidad veracruzana, la actividad que tenían planeada era la colocación de unos globos con mensajes políticos pero elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se los impidieron.
“Unas mujeres civiles que eran policías del Estado estaban golpeando a unas compañeras yo grabo y llegan por mi otras mujeres que me quitan el celular y nunca me lo devolvieron. Me jalaron y golpearon” dijo Vera
A partir de ese hecho según los testimonios, comenzó la presunta persecución sobre Nadia Vera que entre otras cosas incluyó el allanamiento de su departamento y una presunta detención irregular.
El desalojo del 2013
El 13 de septiembre de 2013, dos días antes de los festejos patrios, la policía estatal desalojó por la fuerza un plantón que mantenían profesores y activistas de la Plaza Lerdo en Xalapa en las vísperas de los festejos patrios.
De acuerdo con las declaraciones de los maestros, la acción policial fue un “exceso” pues supuestamente ya existía un diálogo previo con las autoridades para replegarse voluntariamente.- El gobierno de Duarte dijo por su parte que un grupo ajeno al de los maestros intentó mantener ocupada la plaza por lo que se decidió proceder con el operativo.
Durante ese hecho se denunciaron múltiples agresiones en contra de periodistas y fotógrafos de parte de los uniformados, quienes reportaron además de los golpes el robo de sus equipos
Rubén Espinosa fue uno de los periodistas afectados y por ese hecho levantó una denuncia formal la ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR) la cual continúa abierta hasta la fecha.
Espinosa no se fue de la entidad después de ese hecho pero según lo reportado por sus colaboradores y activistas, a partir de ahí fue intimidado en varias ocasiones para que retirara la denuncia interpuesta.
Ataque a los estudiantes
La madrugada del 5 de junio un grupo de sujetos irrumpió en un domicilio del centro de la capital de Veracruz en donde están reunidos estudiantes de la Asamblea Estudiantil de Xalapa quienes fueron golpeados brutalmente. Las victimas describieron a los atacantes como personas con cortes tipo militar y algunos armados con toletes.
Después del ataque, según la versión de los jóvenes agredidos, policías estatales llegaron al domicilio pero no le brindaron apoyo a la víctima. En vez de ello, permitieron que civiles que se identificaron como supuestos representantes del Consejo estatal de Derechos Humanos intentaran interrogarlos.
El ombudsman estatal confirmó días después que las personas que acompañaban a los policías estatales no eran visitadores.
Familiares y activistas denunciaron que varios de los jóvenes agredidos eran amigos cercanos de Nadia Vera pues pertenecían a la misma red. Ella no se encontraba en el sitio pues meses antes había decidido salir del estado.
Tres días después, el 8 de junio, se organizó una marcha en contra del ataque en contra de los estudiantes y al misma fue cubierta por Rubén espinosa quien en un momento fue agredido por sujetos encapuchados. El propio gobernador Javier Duarte reconoció este hecho el cual motivó que el fotoperiodista decidiera irse del estado.
Intimidaciones y “listas negras”
Además de los hechos señalados, en la averiguación de la PGJDF se asentaron reportes de los activistas y coadyuvantes sobre presuntas intimidaciones o ataques continuados que sufrieron tanto Rubén como Nadia
“En el expediente están asentados testimonios que en el caso de Nadia apuntan a que fue levantada por integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública quienes la subieron a un carro un largo tiempo en el que la amenazaron y le pidieron que dejara el activismo sino algo malo le iba a pasar” dijo la abogada Michel Salas en entrevista.
En otro video de finales del 2014 Nadia responsabilizó al gobierno de Duarte de “cualquier cosa que pudiera sucederle”. El procurador del DF Ríos Garza dijo confirmó que estos videos ya están incluidos en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 iniciada por el multihomicidio.
Las organizaciones de activistas y periodistas también denunciaron ante la PGJDF que el gobierno de Veracruz persigue sistemáticamente a personajes críticos e incluso tiene listados de estudiantes activistas o investigadores que considera “enemigos”.
Una de estas listas ya fue publicada por Animal Político y se trata de un documento oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del estado en donde se incluye a estudiantes e investigadores de la Universidad Veracruzana.
Esta presunta persecución sistemática, según lo denunciado por las organizaciones, ha obligado a salir de la entidad a periodistas y activistas como Rubén y Nadia.
Veracruz reitera “deslinde categórico”
A través de un comunicado emitido por la Fiscalía General de Veracruz, el gobierno el gobierno del estado de Veracruz insistió nuevamente en su deslinde del multihomicidio en la colonia Narvarte.
“El Gobierno de Veracruz y, en especial el Gobernador del Estado, se deslindan total y categóricamente de este lamentable hecho ocurrido en la Ciudad de México, donde, como se ha repetido en múltiples ocasiones, es responsabilidad de las autoridades de aquella entidad resolver el caso” dice el comunicado .
La Fiscalía aclaró además que la Procuraduría del Distrito Federal no tiene jurisdicción en su territorio, por lo que será a través de un mecanismo de colaboración que se realizarán las declaraciones referidas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
Peña Nieto llama a reforzar investigación de agresiones a periodistas
Según Peña Nieto, el trabajo del gobierno de la República es coordinarse con los de las entidades para establecer una cultura de legalidad rápida, eficaz y transparente.
El presidente Enrique Peña Nieto llamó a los procuradores y fiscales del país a redoblar esfuerzos en la investigación de agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos.
Durante la inauguración de la 33 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, dijo que se debe brindar atención oportuna y realizar una debida investigación y la posterior detención de eventuales responsables de agresiones, ataques y homicidios contra quienes realizan estas actividades.
“Ante un caso tan relevante y sonado de un multihomicidio (en la colonia Narvarte, en el Distrito Federal)”, las instituciones de procuración de justicia están comprometidas “sin duda” a atender estos casos, señaló el presidente.
Para ello, señaló, en el ámbito preventivo se giraron instrucciones a la Secretaría de Gobernación para continuar con el fortalecimiento de Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Ante procuradores y fiscales de todo el país, el presidente recalcó que las instituciones de procuración de justicia enfrentan tres retos: en primer lugar está apegar la actuación de las autoridades a los más altos estándares de respeto a los derechos humanos.
En segundo lugar, ser eficaces, pues la sociedad exige resultados de forma inmediata. Finalmente se debe estar a la altura de la trasformación que implica el nuevo sistema de justicia penal que entrará en vigor el año próximo, de acuerdo con Peña Nieto.
Para aplicar este nuevo modelo se debe adoptar una nueva cultura de la legalidad para hacer la justicia más rápida, más eficaz y más transparente.
El trabajo del gobierno de la República es coordinarse con los de las entidades para asegurar la implementación de este sistema, y recordó que se han destinado 10 mil millones de pesos para esta transformación que representa una inversión de 337 por ciento superior al destinado.
Peña Nieto indicó que en este encuentro las procuradurías y fiscalías de este país tendrán la oportunidad de reconocer las deficiencias y las áreas que merecen atención, apoyo y recoger propuestas que les permitan arribar a buen puerto.
Sostuvo que en el Gobierno de la República encontrarán el respaldo y apoyo para lograr estos objetivos y recalcó que a esta generación le toca romper con modelos obsoletos rebasados en distintos ámbitos y enfocarse en nuevos paradigmas.
Ello, para que la sociedad tenga acceso a una justicia pronta, que respete los derechos fundamentales, y accesibles para cualquier ciudadano, puntualizó.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
El presidente Enrique Peña Nieto llamó a los procuradores y fiscales del país a redoblar esfuerzos en la investigación de agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos.
Durante la inauguración de la 33 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, dijo que se debe brindar atención oportuna y realizar una debida investigación y la posterior detención de eventuales responsables de agresiones, ataques y homicidios contra quienes realizan estas actividades.
“Ante un caso tan relevante y sonado de un multihomicidio (en la colonia Narvarte, en el Distrito Federal)”, las instituciones de procuración de justicia están comprometidas “sin duda” a atender estos casos, señaló el presidente.
Para ello, señaló, en el ámbito preventivo se giraron instrucciones a la Secretaría de Gobernación para continuar con el fortalecimiento de Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Ante procuradores y fiscales de todo el país, el presidente recalcó que las instituciones de procuración de justicia enfrentan tres retos: en primer lugar está apegar la actuación de las autoridades a los más altos estándares de respeto a los derechos humanos.
En segundo lugar, ser eficaces, pues la sociedad exige resultados de forma inmediata. Finalmente se debe estar a la altura de la trasformación que implica el nuevo sistema de justicia penal que entrará en vigor el año próximo, de acuerdo con Peña Nieto.
Para aplicar este nuevo modelo se debe adoptar una nueva cultura de la legalidad para hacer la justicia más rápida, más eficaz y más transparente.
El trabajo del gobierno de la República es coordinarse con los de las entidades para asegurar la implementación de este sistema, y recordó que se han destinado 10 mil millones de pesos para esta transformación que representa una inversión de 337 por ciento superior al destinado.
Peña Nieto indicó que en este encuentro las procuradurías y fiscalías de este país tendrán la oportunidad de reconocer las deficiencias y las áreas que merecen atención, apoyo y recoger propuestas que les permitan arribar a buen puerto.
Sostuvo que en el Gobierno de la República encontrarán el respaldo y apoyo para lograr estos objetivos y recalcó que a esta generación le toca romper con modelos obsoletos rebasados en distintos ámbitos y enfocarse en nuevos paradigmas.
Ello, para que la sociedad tenga acceso a una justicia pronta, que respete los derechos fundamentales, y accesibles para cualquier ciudadano, puntualizó.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
Despedirán 800 maestros en Colima
Colima, México. Avanzada (18 de agosto de 2015).- La crisis económica por la que atraviesa Colima y la reforma educativa también está golpeando al magisterio colimense, a una semana de iniciar el nuevo ciclo escolar.
Trabajadores de la educación que prestan sus servicios bajo la modalidad de contrato no han cobrado desde hace un mes, otros que se encuentran bajo ese mismo esquema laboral serán despedidos, pues ya no se les renovará el acuerdo laboral por parte de la Secretaría de Educación.
Fuentes cercanas a la SEP en Colima revelaron a AVANZADA qué serán alrededor de 800 docentes los que se quedarán sin trabajo en el siguiente ciclo escolar o que verán reducidas sus horas de contrato, lo que impactará negativamente su economía.
Lo anterior obedece a la crisis económica por la que atraviesa el estado, pero también por la reforma educativa, que obligó a las autoridades a regresar a los salones de clases a los docentes que estaban comisionados en otras actividades relacionadas o no con la actividad magisterial.
En mayo de 2014, la organización Mexicanos Primero informó que en la entidad Mil 87 profesores son desconocidos en el centro de trabajo donde supuestamente están adscritos, es decir que entrarían dentro del rubro de “aviadores”.
Según dicha organización, la secretaría de Educación erogó 469 millones 080 mil pesos al año, para cubrir el sueldo de 3 mil 909 trabajadores que no realizan actividades dentro de un centro escolar.
El pasado mes de julio, directivos del nivel de secundaria fueron notificados de que desaparecían algunos de los grupos en escuelas del turno vespertino, debido a que el gobierno de Colima no contaba con recursos para seguir cubriendo el costo de los docentes.
Con esa determinación se cerraron grupos vespertinos en la secundarias Manuel Álvarez y José Vasconcelos, esta última con una matrícula de aproximadamente 400 estudiantes.
El pasado 31 de julio, el gobernador Mario Anguiano Moreno anunció que su gobierno adeudaba más de 500 millones de pesos al magisterio estatal.
AUTOR: REDACCIÓN.
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