Maestros de Oaxaca presumen regreso a clases en 80% de los planteles

OAXACA, Oax: Contra todos los pronósticos y como parte de su proyecto educativo alterno, maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) iniciaron este jueves el ciclo escolar 2015-2016, para demostrar su compromiso con los alumnos y los padres de familia.

En contraparte, el gobierno de Gabino Cué y la Secretaría de Educación Pública (SEP), que durante un mes y por todos los medios posibles hicieron un llamado a la Sección 22 para no boicotear el ciclo escolar, demandaron a los padres de familia que no enviaran a sus hijos a la escuela, sino hasta el próximo lunes 24.

Esta mañana, luego de que los maestros adherentes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidieron adelantar las clases, Cué y el delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Jorge Vilar Llorens, así como el titular del nuevo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Moisés Robles Cruz, subrayaron que de 13 mil 409 planteles escolares existentes en la entidad, sólo en 219 centros de enseñanza de educación básica los alumnos acudieron al llamado de la Sección 22.

De su lado, la dirigencia magisterial sostuvo que 80% de los planteles iniciaron el ciclo escolar, y para contrarrestar la estrategia mediática del gobierno estatal circularon fotografías de las escuelas donde los padres de familia respondieron al llamado, principalmente en las regiones del Istmo, Costa, Mixteca y Valles Centrales.

La SEP y el IEEPO no quitaron el dedo del reglón y, a través de las redes sociales, enviaron los siguientes mensajes: “Regreso a clases: 24 de agosto #YoSiQuieroClases #NuevoIEEPO @GabinoCue @GobOax”, “Pide tu remozamiento al 088 #NuevoIEEPO #GenerandoBienestar #GabinoCueMonteagudo y “#YoSiQuieroClases @PolicíaFedMx Tod@s unidos para el inicio a clases”.

En el Jardín de Niños “Octavio Paz” –que consta de una sola aula con paredes y techo de lámina de aluminio, así como una cerca de malla ciclónica–, localizado en la colonia El Guayabal del municipio San Pedro Ixtlahuaca, conurbado a esta capital, el líder de la Sección 22, Rubén Núñez Ginez inauguró el ciclo escolar.

Y Gabino Cué no se quedó callado. Declaró que el regreso a clases de los maestros “no es desobediencia, yo lo interpretaría como un gran ánimo y entusiasmo. Es buena señal, malo sería que estuviéramos en un escenario donde no quieran iniciar clases, (aunque) el ciclo escolar inicia el 24 de agosto”.

Como parte de su estrategia magisterial, los maestros inconformes con la reforma educativa realizaron marchas en las ocho regiones de la entidad, a partir de las 5 de la tarde, para no suspender clases.

En esta capital se concentraron en el Monumento a la Madre y partieron hacia el Zócalo, mientras que en el Istmo de Tehuantepec se realizaron tres marchas, una que salió del Canal 33, otra de El Espinal y la tercera del Tecnológico de Juchitán. En la región mixteca salieron a las calles en Tlaxiaco y Huajuapan de León.


De acuerdo con datos de los sectores magisteriales, en Valles Centrales 95% de las escuelas iniciaron clases este jueves, 90% en el Istmo de Tehuantepec y 80% en la Mixteca.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

Campesinos defenderán tierras “con machete en mano”

El campo en Veracruz seguirá tiñiéndose de rojo, mientras los gobiernos federal y estatal no atiendan los problemas agrarios que persisten en varios puntos de la entidad, mencionó el dirigente de la Central Campesina Cardenista, Moisés Reyes Fausto, pues los campesinos están dispuestos a sacar los machetes en contra de las empresas extranjeras que buscan quedarse con las tierras para explotar los hidrocarburos.

Resaltó que tras cumplirse 23 años de la reforma constitucional que culminó con el reparto agrario, el estado mexicano todavía no salda la deuda histórica que tiene con los campesinos, quienes siguen esperando poder tener la propiedad de sus parcelas y no estarlas disputando con hermanos de trabajo.

Dijo que en Veracruz hay cientos de conflictos agrarios que mantiene en la miseria y sin patrimonio familiar a las personas del medio rural, pero ahora además de la lucha entre grupos de campesinos, también es contra empresas y nuevos terratenientes como en pleno siglo XIX.

“Los derechos humanos de los labriegos que durante muchos años han trabajado la tierra para sostener a sus familias, hoy se ven vulnerados y violentados, por las autoridades del Poder Judicial Federal, en donde es fácil para los abogados de los terratenientes comprar la justicia y comprar la tierra de los campesinos”, manifestó.

Ante esta situación, dejó en claro que la petición de la Central Campesina Cardenista es que el gobierno federal desarrolle las políticas necesarias para solucionar este tipo de conflictos que lacen la dignidad de los posesionarios.

Moisés Reyes Fausto advirtió que la principal amenaza para los miembros de su organización además de los terratenientes, son empresas que pretenden adjudicarse los predios sin ningún tipo de contraprestación para explorar recursos naturales y energéticos, aprovechando los vacíos legales que existen por la desatención de la autoridad.

Frente a este panorama están previendo realizar una marcha hacia Xalapa para denunciar aquellos casos donde la justicia federal se ha vendido al mejor postor, así como para enumerar los nombres de terratenientes y empresas que los están despojando de sus tierras en municipios como Las Choapas, Agua Dulce, Ixhuatlán del Sureste, Hidalgotitlán, Martínez de la Torre, Catemaco, Tamihua e Ixhuatlán de Madero, entre otros.

Ataca plaga pulgón amarillo cultivos de sorgo y maíz

La presidenta de la Unión Nacional de Productores de Maíz y Sorgo adherida a la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), Rosa Margarita Castelán Fernández lamentó que durante el ciclo agrícola primavera-verano 20 mil hectáreas de sorgo y maíz fueron arrasadas por una plaga de pulgón amarillo.

Esta fue una perdida millonaria para un estimado de por lo menos mil 500 productores de estos granos en la zona norte del estado, ante lo cual solicitó el respaldo de la delegación de la Sagarpa, así como de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Recordó que en el sexenio anterior se contaba con un seguro agrícola tanto contra desastres naturales como por plagas que cubrían parte de la pérdida, pero ahora ni siquiera existe este apoyo para los maiceros.

La plaga del pulgón amarillo afectó cultivos desde la zona centro del estado, hasta Tamaulipas, pero se concentró en el norte veracruzano. Dicho animal, dijo se pega a la planta y la chupa hasta dejarla seca, evitando que crezca y por ende que no pueda cosecharse el grano.

“Esta es una situación muy grave, porque actualmente sí hay buen precio por tonelada de maíz y de sorgo, y por eso muchos compañeros decidieron animarse a solicitar créditos bancarios para cultivar la mayor cantidad de hectáreas, por lo que ahora sin la cosecha se quedaron sin dinero, ni siquiera para pagar las letras al banco,”, manifestó.

Ella misma, dijo, se fio afectada, pues las 50 hectáreas que había destinado para el cultivo de sorgo en su rancho se vieron infestadas de pulgón amarillo, ante lo cual puso en alerta de la situación a las autoridades de la Sedarpa y Sagarpa, sin que hasta el momento hayan emitido al menos una alerta, y mucho menos dado respaldo a los productores para hacer frente a la plaga.


“Lo que hoy lamentablemente vemos es una gran indiferencia por parte de las autoridades estatales y federales con el campo veracruzano, que cada vez está más desolado, no hay créditos ni apoyos para los proyectos productivos, estamos viviendo en una parálisis total en el sector agrícola del país”, agregó.

FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.

Contrata Hacienda coberturas petroleras para 2016; cuestan mil 90 millones de dólares

Cubren un precio de 49 dólares por barril. El costo ascendió a 1,090 millones de dólares, equivalentes a 17,503 millones de pesos.

La Secretaría de Hacienda informó que volvió a contratar coberturas petroleras, ahora para 2016, las cuales cubren un precio de 49 dólares por barril de petróleo, para los ingresos del país.

En un comunicado, explicó que “a fin de asegurar los ingresos petroleros ante una mayor caída en los niveles del precio promedio de la mezcla mexicana de exportación y permitir una mayor certidumbre para la deliberación y, en su caso, aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación 2016, por parte del H. Congreso de la Unión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha implementado un programa de cobertura de precios de petróleo”.

El costo de las coberturas para 2016 ascendió a 1,090 millones de dólares, equivalentes a 17,503 millones de pesos. En total se cubrieron 212 millones de barriles. Sin embargo, México produce unos 2.2 millones de barriles diarios.

Con las coberturas, “en caso de que el precio promedio de la mezcla mexicana observado durante el año se ubique por debajo del precio pactado, otorgarían un pago al Gobierno de la República que compensaría la disminución en los ingresos presupuestarios”, detalló Hacienda.

“La estrategia de cobertura adoptada para el ejercicio 2016 cubre un precio de 49 dólares por barril (dpb). Ello implica que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016 no estaría expuesto al riesgo de reducciones en el precio del petróleo por debajo de este nivel. Cabe señalar que el precio observado hoy para la mezcla mexicana de exportación es 38.15 dólares por barril”, indicó la dependencia federal.


Y abundó que “de forma continua desde hace 11 años, los programas de cobertura petrolera forman parte de la estrategia integral de manejo de riesgos del Gobierno de la República, que permite atenuar los efectos adversos de la volatilidad en los precios del petróleo en las finanzas públicas, en beneficio de las familias mexicanas”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Juez levanta medida contra siembra de maíz transgénico; fue impugnada y queda suspendida

La medida impedía desde septiembre de 2013 que empresas transnacionales, como Monsanto y Syngenta, siembren maíz genéticamente modificado en México.

El Juzgado XII de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito dejó sin efecto la medida precautoria que impedía la evaluación de nuevas solicitudes de permiso y el otorgamiento de nuevos permisos para la siembra de maíz genéticamente modificado.

Sin embargo, esa decisión fue impugnada de inmediato por organizaciones que se oponen al maíz trangénico.

“La apelación suspende la siembra de transgénicos, porque la ley dispone que debe tramitarse con efectos suspensivos y devolutivo, y nosotros apelamos desde las 9 de la mañana de hoy miércoles 19 de agosto”, aclaró René Sánchez Galindo, abogado de la acción colectiva por parte de científicos y campesinos.

La semana pasada, en entrevista para Aristegui CNN, Adelita San Vicente Tello, directora de la fundación Semillas de Vida, refirió que “esta tecnología ha sido rechazada en el mundo”.

Por su parte el científico Antonio Turrent, se manifestó contra los transgénicos porque “puede implicar riesgos a la salud, porque es un daño subclínico y crónico. Lo que se ha aprendido en investigaciones hechas con mamíferos, se muestra que hay un daño de ese tipo”.


Ahora, mientras AgroBIO, la asociación que agrupa las empresas y sectores interesados en la siembra de transgénicos en México, afirma que, con la decisión que dio a conocer el juez, las Secretarías de Agricultura (Sagarpa) y de Medio Ambiente (Semarnat) podrán reanudar la emisión de permisos de siembra del grano modificado; las organizaciones sociales sostienen que la apelación que interpusieron  sigue frenando la entrega de permisos:

150819 Boletín de Prensa_ Mexico Levanta Medida Transgénicos by Aristegui Noticias:

  150819 Boletín de Prensa_ Mexico Levanta Medida Transgénicos

Falso by Aristegui Noticias:

  Falso

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Se salva el PT: conserva su registro

Alcanzó el 3.009 por ciento del total, luego de que el Tribunal Electoral confirmara la votación válida emitida en las pasadas elecciones.

El Partido del Trabajo conservará su registro, según determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El pleno del TEPJF confirmó el dictamen y resolución del Consejo General del INE, por los que dio respuesta a la consulta formulada por el PT, relacionada con el concepto de votación válida emitida para efectos de determinar el 3% del umbral mínimo para conservar el registro como partido político nacional.

El Pleno estableció que si bien la ley no establece conceptos diferenciados sobre la votación válida emitida para conservar el registro como partido político nacional o para tener derecho a la asignación de diputados plurinominales, la votación válida emitida se integra con los votos depositados en las urnas a favor de los distintos partidos políticos y candidatos independientes, por lo que sólo deben deducirse de esa suma los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados.

En la pasada elección el PT obtuvo 1 millón 134 mil 447 votos; sin contar los votos nulos y de candidatos no registrados, la votación general fue de 37 millones 693 mil 992 sufragios. Es decir, alcanzó el 3.009 por ciento del total. 


Por otro lado, el Tribunal rechazó el medio de impugnación interpuesto por el PT, relacionado con el recuento total de votos de 136 paquetes electorales en el 07 Consejo Distrital del INE, con sede en Tamazunchale, San Luis Potosí, al considerar que su finalidad era la eventual posibilidad de aumentar su votación con miras a conservar su registro como partido político nacional y no cambiar el resultado de los comicios.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Por actos ilícitos del gobernador de Aguascalientes se repetirá elección distrital: TEPJF

AGUASCALIENTES, Ags: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución de la Sala Regional de Monterrey, que ordenó repetir la elección en el distrito número 1 del estado, luego de comprobarse que el gobernador Carlos Lozano de la Torre intervino a favor de sus candidatos en los comicios del pasado 7 de junio.

Tras un empate en la votación –tres magistrados votaron a favor y en contra de los establecido por la Sala Regional Monterrey–, el presidente del TEPJF, Constancio Carrasco Daza, hizo valer su voto de calidad.

De acuerdo con el magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, entre los compromisos del Tribunal está el de evitar injerencias indebidas en las elecciones para cuidar la “pureza” de la votación ciudadana, con especial énfasis en aquellas cometidas por los servidores públicos de alta jerarquía.

“La preponderancia del Poder Ejecutivo en el imaginario colectivo tiene un peso determinante, y en una sociedad democrática deben ser garantes del proceso electoral, se debe actuar con una mayor prudencia por su investidura”, apuntó.

El magistrado consideró un hecho probado que el día de la jornada electoral, Lozano de la Torre se trasladó en un autobús que se identifica con el gobierno estatal, en compañía de otros servidores públicos del PRI, y recorrió los distritos I, II y III, En el primero de ellos lo hizo para que emitieran su voto a favor de Gregorio Zamarripa, el único priísta que ganó una posición en Aguascalientes con 32 mil 168 votos, sólo 436 más de los que obtuvo el panista Gerardo Salas (31 mil 732).

Nava Gomar también destacó que el gobernador mandó mensajes en su cuenta de Twitter, lo cual consideró “un claro apoyo a su partido político, y creo que es contrario a la prudencia”, ya que este mensaje fue retuiteado a casi 40 mil seguidores a través de la cuenta del gobierno del estado.

También indicó que no hay respeto en la actitud del gobernador, por haber realizado declaraciones posteriores a la jornada electoral, en las que indicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) debería organizar la elección total en Aguascalientes, pues la unidad en la que viajó con su equipo cruzó los tres distritos electorales.

Consideró que la conducta del gobernador “viola el principio democrático”, y lo que está en juego, agregó, no son un puñado de votos, sino cuál es el modelo de elecciones que queremos, por lo que decidió apoyar la resolución de la Sala Regional Monterrey de anular la elección, ya que no se puede permitir que se vulneren los principios constitucionales protegidos.

En contraparte, el magistrado Flavio Galván Rivera sostuvo que la actuación del gobernador no fue determinante para el resultado de la elección. “No está acreditada la determinancia de la conducta del gobernador del estado de Aguascalientes”, dijo, y votó porque se revocara la sentencia y se confirmara la entrega de la constancia de mayoría a los candidatos que ganaron en las urnas.

Por su parte, Carrasco Daza subrayó que no se deben permitir actos violatorios de los gobernadores, y que el comportamiento de Carlos Lozano de la Torre durante la jornada electoral sí fue determinante, e hizo referencia al artículo 1 constitucional, que indica la obligación que tienen todos los funcionarios públicos de respetar y garantizar los derechos humanos, ligándolo al derecho al voto.


Luego de la votación en la que se resolvió repetir la elección en el distrito 1, la Sala Superior del TEPJF confirmó el triunfo de la candidata del PAN, Arlette Muñoz Cervantes, en el Distrito II.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gordillo ¿presa política?

MÉXICO, D.F: Si sacan de la cárcel a Elba Esther Gordillo para que siga su juicio en su domicilio la justicia tendría que liberar de manera definitiva a Nestora Salgado, José Manuel Mireles y Cemeí Verdía que no robaron, no se enriquecieron con dinero público, ni transaron con el gobierno para recibir más poder y mucho menos afectaron la educación de millones de niños por varias generaciones.

Por cumplir 70 años, Elba Esther Gordillo está en posibilidades legales de salir del penal de Tepepan donde se encuentra recluida desde febrero del 2012, acusada de lavado de dinero, asociación delictuosa y el desvío de 2 mil 600 millones de pesos de recursos del magisterio para su uso personal.

Una vez que fue recluida la maestra Gordillo tuvo un trato privilegiado dentro del penal, por razones de salud fue llevada a una habitación en el hospital del mismo centro penitenciario en donde está sola, con un baño exclusivo para ella, atendida por su propio médico, con música clásica que le ayuda a pensar en su pronta salida.

Poco se sabe si la PGR ha decomisado todas las propiedades que compró durante los 23 años en que estuvo al frente del sindicato de maestros recibiendo miles de millones de pesos por la vía de cuotas sindicales o de los presupuestos asignados por la federación para las escuelas públicas.

De acuerdo con la documentación que se tiene del Registro Público de la Propiedad, Gordillo y su familia tienen más de 60 propiedades entre casas, residencias, departamentos y oficinas. Poseen además mansiones en Estados Unidos que fueron puestas a nombre suyo o de sus nietos. Salvo estas últimas, todas las demás no han sido requisadas por las autoridades y su riqueza mal habida sigue intocable.

La detención de Gordillo tiene evidentemente un trasfondo político. Se dio después de que ella amenazara al gobierno de Peña Nieto con desestabilizar el país a través del sindicato más numeroso de América Latina porque no le quisieron dar las posiciones que ella quería dentro del gabinete y en las cámaras de diputados y senadores. Acostumbrada a mandar, recibió una respuesta a la medida de sus amenazas y fue encarcelada.

Pero a la maestra no le inventaron cargos como a los líderes sociales e integrantes de la policía comunitaria de Guerrero, como Nestora Salgado, o a los líderes de las autodefensas michoacanas, José Manuel Mireles y Cemeí Verdía.

Estos tres líderes de movimientos sociales producto del hartazgo ciudadano ante la violencia, la inseguridad, el creciente poderío del crimen organizado y la incapacidad del gobierno de dar seguridad, los detuvieron por considerarlos un riesgo social.

Ninguno de ellos tenía una riqueza corrupta como la de Gordillo, tampoco recibieron protección de grupos o personajes poderosos como Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Marta Sahagún y Felipe Calderón a cambio de los favores recibidos.

Ni Salgado, Mireles, Verdía y varias decenas de hombres detenidos injustamente sólo por defender a sus familias y sus tierras, eran personas privilegiadas por el poder como lo fue Gordillo desde 1989 en que fue impuesta en el SNTE hasta que fue encarcelada por el gobierno de Peña Nieto.

Ellos tienen más derecho de ser puestos en libertad pues sus cargos fueron inventados y sus procesos judiciales cargados de irregularidades e ilegalidades.

Así que si Elba Esther Gordillo recibe lo que la ley marca y es llevada su residencia a la espera de la conclusión de su juicio por tener 70 años, los otros líderes sociales tendrían que ser puestos en libertad inmediatamente porque a todas luces son presos políticos y de conciencia.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (ANÁLISIS).

NO ACEPTAREMOS NINGUNA LEY EN MATERIA INDÍGENA QUE NO SE NOS CONSULTE: CHERÁN

El Concejo Mayor de Cherán advirtió, mediante un escrito, a los integrantes de la 72 Legislatura que no aceptará ninguna ley en materia indígena que no sea consultada con la comunidad. Lo anterior, luego de que se conociera la intención de los diputados de aprobar una de las tres iniciativas en las que trabaja la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso.

En el escrito, dirigido al presidente de la Mesa Directiva, Sarbelio Molina Vélez, los comuneros aseguran que no consultar a Cherán significaría no sólo un “desacato” al mandato que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dirigió al Congreso local hace apenas un año, sino que sería muestra patente de que en Michoacán continúa imperando en contra de los pueblos indígenas un “racismo y discriminación institucionalizados”.

Asimismo, el Concejo Mayor les recuerda a los diputados que Cherán tiene reconocido el derecho a la consulta previa, libre e informada en ámbitos legislativos por los tratados y jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas.

De igual forma, enfatizan que la 72 Legislatura tiene la obligación de respetar el mandato que le impuso la SCJN luego del juicio de controversia constitucional 32/2012.

La autoridad de Cherán expresa su preocupación porque, luego de que su comunidad obtuviera el reconocimiento judicial para nombrar a sus autoridades por medio de usos y costumbres, el cual fue realizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Congreso local no tiene ni siquiera en la agenda legislativa las reformas a la Ley Orgánica Municipal.

“No queremos encontrarnos nuevamente ante un escenario de omisión legislativa que prolongue la violación de nuestros derechos y que nos obligue nuevamente a ir a los tribunales, por tal razón apelamos al buen juicio y voluntad del Congreso del Estado para iniciar los trabajos necesarios”, sostienen.


Finalmente, el Concejo Mayor señala que la comunidad se declara “lista” para que inicie el proceso de planeación de una consulta sobre las tres iniciativas que se analizan al interior del Congreso local, como son las leyes de Derechos Lingüísticos, de Cultura Indígena y la de Mecanismos de Participación Ciudadana.

FUENTE: LA JORNADA DE MICHOACÁN.
AUTOR: DANIEL DÍAZ.

Buscan ampliar misión de expertos que investigan caso Ayotzinapa

El próximo 6 de septiembre presentan un informe final sobre los 6 meses de trabajo en el país; buscan ampliar su estancia para continuar con la investigación.

Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional apoyaron hoy el plan del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de prolongar su mandato de asistencia técnica a México en el caso Ayotzinapa.

También se sumaron organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Brigadas Internacionales de Paz (PBI), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF), Asociadas por lo Justo (JASS) y el centro Robert F. Kennedy Human Rights.

En una carta dirigida al presidente de México, Enrique Peña Nieto, las organizaciones consideraron que la prórroga del mandato del GIEI “es importante no sólo para completar las labores aún pendientes en relación al caso de los estudiantes desaparecidos”.

Asimismo consideraron importante la prolongación del mandato para abordar “la problemática más amplia de las desapariciones forzadas”.

“A medida que nos acercamos a la terminación del mandato inicial de los expertos, es evidente que el trabajo de este grupo es imprescindible”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México de WOLA.

Las organizaciones también enviaron una misiva al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza.


En caso de aprobarse la prórroga del mandato, los grupos firmantes piden que las autoridades mexicanas sigan apoyando el trabajo del GIEI.

FUENTE: ARISTEGUI NOTCIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

PGJDF reveló identidades de víctimas de Cuauhtémoc Gutiérrez; temen por su seguridad

Temen que sus nombres completos, direcciones y fotografías estén en manos de gente cercana a Gutiérrez de la Torre.

Las mujeres que denunciaron al líder priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre analizan acogerse a un programa de cambio de residencia temporal, luego de que la Procuraduría de General de Justicia del DF (PGJDF) violó la secrecía sobre sus datos personales y las amenazas que ha recibido su defensa legal.

Ahora, las víctimas no saben si sus nombres completos, direcciones y fotografías están en manos de gente cercana a Gutiérrez de la Torre o funcionarios que quieran afectarlas, por lo que temen por su seguridad y la de sus familiares.


Las mujeres, quienes escaparon del esquema de reclutamiento que operaba en las oficinas del PRI capitalino, denunciaron a Gutiérrez ante la Procuraduría General de la República (PGR), con sus identidades resguardadas con nombres clave y documentos empaquetados en un sobre sellado.

Pero el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, declinó llevar la averiguación y la remitió a la procuraduría capitalina, donde al final se decretó el no ejercicio de la acción penal. Las denuncias habían llegado a la procuraduría local con esos nombres clave y con sellos en el sobre que contenía sus identificaciones oficiales.

Una de las mujeres que denunciaron contó a Aristegui Noticias cómo fue que miembros de la Procuraduría del DF acudieron a su domicilio particular, a notificarle del no ejercicio de la acción penal y la buscaron por su nombre verdadero, de acuerdo con testimonios de la víctima y sus familiares.

“Todo este tiempo he sido la más tranquila, pero con esto que pasó, que se revelaron nuestros datos, sí tuve miedo”, dijo ella, quien es una de las muchachas cuyo testimonio dio pie a la investigación que se publicó el 2 de abril de 2014, en la Primera Emisión de Noticias MVS que conducía Carmen Aristegui.


Todas las notificaciones anteriores habían llegado con sus nombres clave y al domicilio de su abogada, Teresa Ulloa, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y niñas en América Latina y el Caribe (Catwlac).

La mañana del martes 28 de julio, a las 7:30 am, tres funcionarios de la procuraduría del DF se presentaron en el domicilio de las víctimas: el agente del Ministerio Público Guillermo Santamarina Zepeda, el notificador Nicolás Sánchez González y quien se identificó como integrante de la dirección de derechos humanos de la procuraduría, Cynthia Mendoza Arellano.

Primero preguntaron por el nombre clave de la víctima, pero uno de los familiares negó que allí viviera alguien con ese nombre. Entonces mencionaron la verdadera identidad de la joven y los miembros de su hogar entraron en alarma. No permitieron que la víctima se encontrara con los funcionarios.


El agente del Ministerio Público llevaba anotados los nombres reales de las jóvenes en una libreta, aunque no estaban escritos en el documento oficial que finalmente dejaron en la vivienda.

Además, los funcionarios de la Procuraduría no incluyeron la argumentación de la procuraduría para no seguir investigando el caso, algo inusual para denuncias penales y los avisos que se entregan a denunciantes.

Después de 30 minutos, la representante de la dirección de derechos humanos recomendó a los familiares un lugar donde la víctima puede ser tratada psicológicamente, en la colonia Del Valle, de la ciudad de México.

La directora de Catwlac, Teresa Ulloa, dijo que la violación del acuerdo de resguardo de identidad es una falta grave a los protocolos de investigación y representa un bloqueo más al proceso de impartición de justicia.

La abogada sostuvo que este derecho aplica para víctimas de delitos como el secuestro, la violación y trata de personas, de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución, y existen sanciones graves para las personas que rompan este secreto, las cuales se agravan si se trata de funcionarios públicos.

Teresa Ulloa es representante legal de las víctimas pero la procuraduría capitalina no le ha notificado el no ejercicio de la acción penal contra Gutiérrez de la Torre; sin embargo, durante el proceso ministerial su oficina recibió todos los requerimientos de las autoridades.

La titular de Catwlac mostró al equipo de Aristegui Noticias oficios que normalmente enviaba la PGJDF sobre el caso. En ellos se aprecia el seudónimo elegido por las denunciantes y la dirección de su representante legal.

Negó que el no ejercicio de la acción penal sea motivo para dejar de cuidar la identidad de las denunciantes, pues en términos legales el proceso aún está lejos de terminar porque las víctimas tienen mecanismos para exigir la actuación de la procuraduría capitalina.

Teresa Ulloa afirmó que la diligencia que practicaron funcionarios de la PGJDF es un acto de intimidación y representa una amenaza a la seguridad de las denunciantes, pues ahora no se sabe qué otras personas tienen acceso a sus nombres completos, direcciones y fotos de identificaciones personales.

Ulloa afirmó que ha recibido amenazas de violación por celular y que diversas personas se han acercado a las movilizaciones que realiza para fotografiar la cara de todas las personas que participan. Sostuvo que fuera de sus oficinas hay personas que registran todos los movimientos, incluyendo un registro de visitantes.


Para la activista con más de 45 años de experiencia en el tema de trata de personas, la filtración de información y la obstaculización de la defensa de las víctimas en este caso, por parte de la procuraduría, son condiciones que no había visto en toda su carrera y que ameritan medidas de protección urgentes para las mujeres que denunciaron a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: Irving Huerta y Sebastián Barragán (REPORTAJE ESPECIAL)

Activistas condenan propuesta del PVEM en Veracruz para sacrificar animales que nadie quiera

Distintas asociaciones animalistas mostraron su rechazo ante la reciente propuesta de Ley Estatal de Bienestar Animal en Veracruz, realizada por el Diputado Juan Eduardo Robles Castellanos, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tras decir que se trata de una ley “retrógrada y hecha al vapor”, que privilegia el sacrificio de animales antes que su protección so pretexto de reducir el problema de salud pública que representan. Dicha ley, también contempla el sacrificio de perros de guardia y protección después de terminada su “vida útil”.

La iniciativa de ley fue propuesta el pasado 30 de julio por Robles Castellanos, coordinador del Grupo Legislativo del PVEM en Veracruz, con el fin de reformar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Protección Ambiental y de la ley de Vida Silvestre para el Estado de Veracruz. Ante esto, diversos grupos animalistas entre los que se incluyen Proyecto ARPA, AnimaNaturalis, la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales (AMEDEA) y activistas independientes realizaron una conferencia simultánea en varios municipios del estado, en la que calificaron la iniciativa como “alarmante” y la legislatura como “agresiva y violenta con los animales”.


“Dicha iniciativa de ley es alarmante pues define a los animales como ‘recursos naturales renovables’ para uso y disfrute del hombre y propone, como solución a los problemas que padecen los no humanos, su matanza indiscriminada. [Es una ley] encaminada a proteger los intereses de los sectores que se benefician de la explotación de los animales”, expone AnimaNaturalis, sobre el asunto.

“No necesitamos esta ley  –explicó a SinEmbargo, Miriam Hernández, representante de AMEDEA, delegación Veracruz– porque con ella lo que se hace es volver a las redadas y matanzas: a levantar perros ferales y que deambulan libremente para sacrificarlos. Además, a diferencia de la anterior, esta ley deja a los animales sin derechos y los considera únicamente objetos (bienes muebles). La ley que tenemos (2010) ya es buena, el problema con ella es que las autoridades no la aplican”.

“Esta ley que Robles Castellanos propone es simplemente incongruente: ¿Cómo puede hablar de bienestar a los animales cuando lo que propone es su sacrificio? ¿Qué no se supone que los animales tienen derecho a la vida? Este señor no conoce el tema y está legislando al vapor. Tal vez sólo para decir que hizo algo, pero no pudo hacer una cosa peor”, señaló Hernández.

Las divergencias señaladas por los animalistas entre la ley anterior y la propuesta pueden observarse desde sus respectivos artículos primeros: mientras que la ley vigente “tiene como objeto establecer normas para proteger a los animales, garantizar su bienestar, manutención, alojamiento, desarrollo natural y salud, evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento y la deformación de sus características físicas”, la nueva propuesta señala que “tiene por objeto garantizar en el territorio del Estado el bienestar de los animales, como elementos naturales susceptibles de apropiación, sujetos al dominio, posesión, control, cuidado, uso y aprovechamiento del ser humano, sujetándolos a un régimen de bienestar a fin de asegurar y promover la salud pública y la sanidad animal”.

“Por eso esta nueva ley reestablece el sacrificio como una solución para los perros ferales –explicó la representante de AMEDEA– Ellos siempre recurren a lo que les es más fácil: matar, cuando lo que en realidad deberían hacer, antes de proponer sus ‘maravillosas’ iniciativas, es educar, concientizar y esterilizar. Eso es lo que les compete”.

“Por otro lado, con esta iniciativa también se establece que si al dueño de un animal ya no le gustó su mascota puedo sacrificarlo, deshacerse de él como si fuera una cosa. Cuando lo que se debería hacer es establecer que quien se deshaga de un animal no puede volver a tener otro bajo su responsabilidad. Los animales son seres vivos que deben estar con nosotros hasta que se mueran”, señaló.

La propuesta del Diputado del PVEM también establece, en su artículo 61 que “una vez concluida la vida útil de animales adiestrados o utilizados para prestar servicios de guardia y protección o para la detección de drogas y explosivos, queda prohibida su venta, donación o abandono y se les deberá provocar la muerte sin dolor y sufrimiento”. En seguida, de forma contradictoria, el artículo concluye “salvo que puedan ser reubicados de manera definitiva en un albergue, refugio o asilo que garantice su bienestar y que no constituyan un riesgo para otros animales o el ser humano”.

Sobre el mismo, Miriam Hernández, explicó “este artículo es, además de impensable, incongruente: no se puede establecer la eutanasia a un animal de ese modo, es como si a los humanos nos sacrificaran por hacernos viejos. Yo creo que el Diputado no querría que le maten una vez que termine ‘su vida útil’ ¿o sí?. [Además] no hay claridad, la ley dice primero que se les tiene que matar porque no se pueden donar, y en seguida dice que pueden ser reubicados… ¡que se decidan!”.

Animalistas ya han colgado una petición en Change.org para detener la iniciativa.

ES UN MALENTENDIDO: PVEM

Ante los reclamos hechos por las organizaciones animalistas, y la sociedad a través de redes sociales, el PVEM de Veracruz publicó antier un mensaje en su cuenta de Facebook en la que indica que la propuesta no debe malinterpretarse, pues una de sus intenciones es “garantizar que toda práctica de muerte y eutanasia que se realice sobre cualquier animal en el Estado, deberá estar plenamente justificada en favor de su bienestar [...] Es cierto que ciertas excepciones inmersas en la ley podrían dar cabida a interpretaciones inexactas, pero [...] cada artículo, cada Capítulo y cada Título, debe ser interpretado armónicamente, esto es, en su conjunto y no aisladamente; hacerlo así, permitirá desentrañar el sentido y la esencia misma de la Ley, en otras palabras, lo que verdaderamente se quiso decir y se dice”.


Actualmente, la propuesta está siendo analizada por los integrantes de la Comisión Permanente Medio Ambiente, Recursos Naturales y Aguas de la LXIII Legislatura del Estado y ya se ha convocado a asociaciones protectoras y organizaciones sociales involucradas con la defensa animal para establecer un Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales y Organizaciones Sociales, mediante el cual se podrá discutir la iniciativa.

“Pero lo cierto es que no necesitamos una nueva ley. No discutiremos si sacrificar o no animales. Lo que debe suceder es que las autoridades hagan lo que les compete: en el artículo 15 de la ley actual se establece que deben realizar actividades y programas educativos, de concientización para la población. Y programas de esterilización permanentes, pero no lo hacen. Todo eso lo hacemos las asociaciones”, sostuvo Miriam Hernández.

Bajo la misma tónica, AnimaNaturalis expone en su portal “[Lo que exigimos es] el cumplimiento en su totalidad de la [ley] ya existente y la mejora de la misma, considerando el derecho de todos los seres sintientes a la vida, a la libertad y a no ser maltratados”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: PAOLA RAMOS MORENO.

El INAI ordena a la PF difundir documentos e informes relacionados con la desaparición de los 43

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Policía Federal a proporcionar las versiones públicas de distintos informes y documentos elaborados por servidores públicos de esa dependencia adscritos a la corporación Guerrero entre el 24 y 30 de septiembre de 2014, incluyendo los relacionados con la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.

El INAI instruyó a la Policía Federal que proporcione la información solicitada en versión pública, testando los datos que hagan identificables a servidores públicos con actividades de carácter operativo de la Unidad de Investigación y de las estaciones de Chilpancingo, Acapulco, Ciudad Altamirano, Taxco, Zihuatanejo, Ometepec, Tecpan de Galeana, Tierra Colorada, Paso Morelos, Iguala y Aeropuerto Acapulco, tales como sus nombres, firmas, datos de identificación de sus unidades móviles, las matrículas y sellos, así como sus fotografías.

Asimismo le ordenó difundir datos personales relativos a nombres de particulares, edades, nacionalidades, domicilios, fotografías; placas, números de serie y de motor que hagan identificables vehículos de particulares y licencias de conducir, así como el número de elementos y autopatrullas de la Policía Federal, estos últimos, por revelar el estado de fuerza de la Policía Federal.

Instruyó que la información considerada reservada mantenga tal carácter por un periodo de tres años, mediante resolución fundada y motivada del Comité de Información.

La Policía Federal se negó en un primero momento a difundir la información solicitada bajo el argumento de que forma parte de una averiguación previa y difundirla pondría en riesgo investigaciones o diligencias. También dijo que se podría identificar a elementos de la corporación y ponerlos en riesgo, que se darían a conocer datos de su “Estado de fuerza”, su estructura y estrategias y que además existen datos personales que son confidenciales.

Sin embargo, la negativa fue impugnada por los particulares a través de sendos recursos de revisión turnados a la ponencia de la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos.

Para sustanciar el proyecto de resolución, se llevó a cabo una audiencia de acceso a la información clasificada por la Policía Federal, a través de la cual se identificaron documentos relacionados con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.


En los recursos de revisión se aludió que la información debió proporcionarse por considerarse que el interés en su difusión es mayor al de reservarse de conformidad con el artículo 13, fracción V de la Ley en la materia, aunado a que es un caso en el que pueden actualizarse violaciones graves a los derechos humanos.

“En este caso el interés de proteger documentales que se encuentra inmersos o guardan relación con la averiguación previa llevada a cabo por el Ministerio Público, se ve superado por la necesidad imperiosa de que la sociedad pueda conocer la participación que han tenido las autoridades, en relación con los lamentables hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, pudiendo además conocer si la autoridad ha actuado con legalidad y en ese sentido, si se están llevando a cabo todas las diligencias necesarias para llegar a la verdad histórica de los hechos”, dice la resolución.

Respecto a información no relacionada con los hechos de Ayotzinapa, se determinó que no es susceptible de reservarse con fundamento en el artículo 13, fracción V de la Ley Federal de Transparencia relativa a la persecución de delitos e impartición de justicia, porque no se acreditó que estuviera vinculada con alguna averiguación previa.

El INAI dijo que respecto a los documentos relacionados con el caso de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural fue necesario ponderar dos intereses en conflicto: por una parte el derecho humano de acceso a la información y por la otra, el interés general previsto en el citado artículo 13, fracción V.


En el proyecto presentado por la Comisionada Kurczyn, se consideraron pronunciamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH )y del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas referentes a la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/20-08-2015/1456998.

Padrés casi duplicó la deuda de Sonora en 6 años: de 11 mil 258 a 20 mil 365 mdp

HERMOSILLO, Son: La deuda pública del estado incrementó en nueve mil 115 millones de pesos durante la administración de Guillermo Padrés según el Saldo Histórico de Obligaciones Financieras de Entidades Federativas.

Durante el cuarto encuentro de comités de entrega-recepción, el secretario de Hacienda estatal, Carlos Villalobos Organista entregó la documentación que acredita este pasivo y responde a las más de 700 preguntas integradas al cuestionario de siete mil 877 reactivos presentado por el equipo de la gobernadora electa, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, el pasado 3 de julio a los funcionarios salientes.

En la reunión que se prolongó por más de dos horas, se logró establecer que la deuda en este sexenio creció a un ritmo anual de mil 519 millones de pesos, pues pasó de 11 mil 258 millones de pesos en 2009 a 20 mil 365 millones al cierre del segundo trimestre de 2015.

Según el informe, en el primer año de gestiones de Padrés, en 2010, se solicitaron créditos federales y bancarios por el orden de cinco mil 979 millones de pesos y se elevaron las cuentas estatales a 17 mil 237 millones.

Para 2011, el pasivo de la entidad se redujo en tres mil 214 millones de pesos y se estableció en 14 mil 23 millones.

Luego, en 2012, año de la crisis padrecista, cuando el Congreso local no le aprobó el presupuesto hasta agosto, los créditos estatales sufrieron un nuevo repunte de mil 82 millones para concluir en 15 mil 105 millones en ese periodo.

Un año después, en 2013, la administración comprometió de nuevo participaciones e ingresos para adquirir otra de deuda de dos mil 188 millones y fijar el total en 17 mil 293.

Al llegar a 2014, la cuenta pública había alcanzado los 19 mil 808 millones de pesos debido a que en este año se tomó la decisión de obtener un nuevo financiamiento por una cantidad de dos mil 516 millones.

Finalmente, en el primer semestre de 2015 la deuda se elevó 556 millones para culminar en los 20 mil 365 millones de pesos que reconoció Villalobos Organista.

El funcionario estatal afirmó que del monto total de la deuda el gobernador sólo es responsable de 16 mil 383 millones y los cuatro mil 180 millones restantes deben acreditarse a los alcaldes de los 72 municipios en la entidad, quienes adquirieron compromisos fiscales por distintas vías.


En respuesta a este reporte financiero, Raúl Navarro, uno de los siete coordinadores del equipo de Pavlovich, señaló que analizarán la documentación entregada y al finalizar el proceso de entrega-recepción ofrecerán las conclusiones sobre el estado que guardan las arcas estatales.

FUENTE: PROCESO.
AUTRO: MILTON MARTÍNEZ.

Hacienda reduce pronóstico de crecimiento a entre 2% y 2.8%

 México, DF. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redujo su pronóstico de crecimiento de la economía nacional para a este año a un rango de entre 2 y 2.8 por ciento, desde una perspectiva anterior de 2.2 a 3.2 por ciento.

El subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, dio a conocer las expectativas del gobierno federal para el crecimiento de la economía del país, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) diera a conocer formalmente los resultados del segundo trimestre para el año.

El principal factor que influyó para la reducción del pronóstico del año es la caída de la producción petrolera aunada al desplome de los precios de la mezcla mexicana de exportación.


No obstante, el funcionario resaltó que se observan factores “favorables” que permitirían alcanzar la meta prevista, como es la solidez de las exportaciones, particularmente hacia Estados Unidos, derivado de un mayor crecimiento de ese país.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR CARDOSO.

Por “fichar” a beneficiarios, Morena denuncia a funcionarios de la SCT y Sedesol

MÉXICO, D.F: Martí Batres, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, interpuso ayer una denuncia penal ante la PGR contra funcionarios de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Desarrollo Social (Sedesol) por presuntas violaciones a la privacidad, luego de “fichar” a beneficiarios que recibieron pantallas de televisión.

De acuerdo con la denuncia, cuya copia obtuvo Apro, los operadores que entregan los televisores en el Distrito Federal exigen a los beneficiarios la credencial de elector y comprobante de domicilio.

Además, les toman una fotografía y capturan sus diez huellas dactilares antes de asignarles un número de serie y un código de barras que corresponden a su nuevo aparato.

De acuerdo con información que publicó La Jornada la semana pasada, la SCT entregó la tutela de los datos personales de los beneficiarios a la empresa Código Empresarial SA.

Con base en un padrón y un manual operativo elaborados por la Sedesol, el programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) prevé la entrega de más de 13 millones de pantallas en anticipo al “apagón analógico” que hará inútiles los televisores hertzianos.

“En ninguna parte (del manual operativo del programa TDT) se establece la toma de huellas dactilares para la entrega del beneficio”, asentó Batres, al insistir en que la conducta mencionada “constituye la violación flagrante a la privacidad de las personas y representa una forma de control e intimidación hacia su voluntad”.

El líder de Morena acusó que “desconocemos bajo qué fundamento se están recabando estos datos personales sensibles, así como el resguardo y las medidas de seguridad de los mismos”.

También recordó que “la práctica de tomar huellas dactilares sólo se realiza a personas acusadas de la comisión de un delito y/o a quienes ingresan a prisión para compurgar una sentencia”.

No es la primera vez que el programa TDT desata la polémica: desde su arranque, la oposición criticó la entrega de televisores con fines políticos -en los paquetes de los aparatos aparece el logotipo “Mover a México”, una campaña de comunicación del gobierno federal- y electorales.

Así, a pesar de los programas de blindaje electoral puestos en marcha dos meses antes de los comicios del 7 de junio, la entrega de televisores continuó en distintas municipios mexiquenses en medio de la campaña electoral.

Eso fue el caso de Ecatepec, Atizapán y Cuautitlán Izcalli, entre otros, donde la entrega de televisores arrancó el 22 de mayo y terminó después del 28 de junio. En otra gran cantidad de municipios mexiquenses, la entrega se detuvo apenas una semana antes de la jornada electoral.

Entre finales de noviembre de 2014 y enero anterior, Morena, el PAN y Movimiento Ciudadano (MC) exigieron a la autoridad electoral que impusiera medidas cautelares para eliminar el logotipo “Mover a México” o frenar la entrega de pantallas durante la campaña electoral.

El 31 de marzo, el TEPJF desechó las quejas al argumentar que los colores del logotipo “Mover a México” no coincidían con los del PRI, sino con la Bandera nacional, y que los tiempos de entrega forman parte de una política pública que el gobierno federal “programó con antelación a los procesos electorales en curso”.

Hoy, la SCT abrió oficialmente una nueva ronda de licitación –la SCT-FI-10-07– que prevé la compra de 3 millones 599 mil televisores de 23.5 pulgadas, pantallas que serán repartidas en 23 estados de la República entre septiembre y noviembre próximos.

“Acción intimidatoria”

Entrevistado fuera de la sede de la PGR, Batres señaló que la queja se extiende a todos los funcionarios de ambas dependencias que resulten responsables por violación a la Ley Federal de Protección de Datos Personales y al Código Penal federal.

“Se están violando estos ordenamientos al pedirse esta información que no está establecida ni en la ley ni siquiera en el programa operativo en la entrega de estas pantallas de televisión. Se trata de una acción no sólo completamente violatoria de la ley, sino absolutamente intimidatoria y de control a la que se ha atrevido el actual gobierno federal”, acusó.

En su opinión, esta medida responde a la “caída libre” en la que se encuentra Peña Nieto ante la opinión pública, así como la mala imagen del PRI, por lo que su única opción de mantenerse en el poder, dijo, es mediante el miedo y el control de la población.

En su intervención, la secretaria general de Morena, Bertha Luján, añadió que presentaron como pruebas documentales el programa operativo de la Sedesol para la entrega de pantallas, en el que no se incluye la toma de huellas dactilares y lo mismo sucede en el programa de transición a la televisión digital terrestre que publicó la SCT.

“Evidentemente es una medida que está fuera de norma, no tiene ninguna justificación”, señaló.

“Limpiar la elección”

Luján destacó que también apoyarán otras denuncias ante la Fepade y PGR, así como ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), interpuestas por residentes de Coyoacán, debido a la entrega de la tarjeta “Por Ti” a cambio del voto, pero cuando fueron a recoger el dinero presuntamente depositado, les respondieron que no había fondos porque en los lugares donde habitan “no fue beneficiado el PRD”.

“Tenemos dos quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos y la Contraloría General del DF, en donde más de mil 300 personas denuncian que les entregaron la tarjeta a cambio del voto a favor del PRD, y que en el momento en que van a exigir los fondos les responden que los resultados electorales en los lugares donde viven no fueron los esperados y, por tanto, no hay fondos”, acusó.

En cuanto a la postura del presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, sobre buscar a Morena para una eventual alianza, Batres aseguró que aceptarían “si se limpia la elección en el DF”, y ello tendría que analizarlo el Consejo Nacional, pero si no se realiza esta acción, “no hay nada de qué hablar”.

“Lo que pasó en la Ciudad de México es inadmisible. Aquí siempre ha sido el faro de la democracia desde que hay elecciones locales, y resulta que llegan las prácticas de defraudación electoral. ¿Cómo creen?”, inquirió.

Batres aceptó que “hasta el momento” no les creen a los perredistas que quieran una alianza. “Si les interesara, limpiarán la elección”, reiteró.

“Hay que celebrar”: Navarrete

En respuesta, el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, celebró que su homólogo de Morena, Martí Batres, haya aceptado un eventual acercamiento siempre y cuando se “limpie la elección” en el Distrito Federal, donde acusó diversas irregularidades.


En rueda de prensa destacó: “Pues hay que celebrar que hay una primera respuesta donde se abre un pequeño espacio para el encuentro. Ningún diálogo puede ser productivo y respetuoso si tiene condicionantes previos, pero nuestra Comisión de Diálogo tendrá materia ya para poder tender los puentes suficientes y establecer contacto con el Partido del Trabajo, con el Movimiento Ciudadano, con Morena y con organizaciones populares y sindicales, con organizaciones campesinas y un abanico muy amplio de personalidades de las sociedad”, subrayó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA Y MATHIEU TOURLIERE

Dólar rebasa la barrera de los 17 pesos

México, D.F. Bancos del Distrito Federal ofrecen el dólar libre hasta en 17.03 pesos, 20 centavos más respecto al cierre de la jornada previa, y lo compran en un mínimo de 16.06 pesos.

El euro avanzó 33 centavos frente al peso, comparado con la víspera, y se ofrece en un máximo de 18.96 pesos, en tanto que el yen alcanza una cotización a la venta de 0.138 pesos.

De acuerdo con Banco Base, el nuevo máximo histórico del dólar responde a la disminución en la demanda de divisas de economías emergentes, al tiempo que se ha incrementado la demanda por activos de refugio.

La institución señala que la baja liquidez en el mercado permite que el tipo de cambio avance rápidamente a nuevos máximos con un menor número de operaciones.

Prevé que en el corto plazo divisas como el peso reaccionen negativamente a los bajos precios del petróleo, luego de que en las primeras horas de hoy el West Texas Intermediate (WTI), tocó un nuevo mínimo en seis años de 40.21 dólares por barril.

Por otro lado, agrega, México creció a una tasa anual de 2.2 por ciento durante el segundo trimestre del año, expandiéndose a un ritmo de 0.5 por ciento respecto al trimestre anterior.

El tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana es de 16.4908 pesos, indicó el Banco de México (BdeM) en el Diario Oficial de la Federación.


Asimismo se fijó las tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio (TIIE) a 28 y 91 días en 3.3173 y 3.3608 por ciento, respectivamente, la primera con ganancia de 0.0073 y la segunda con pérdida de 0.003 puntos porcentuales; la tasa a 182 días se ubicó en 3.5350 por ciento.

FUENTE: LA JORNADA.

Jueces aceptan los amparos para que los partidos políticos regresen 286 mdp

La jueza segunda de Distrito, Paula García Villegas, aceptó el amparo de Transparencia Mexicana porque reconoció el “interés legítimo” de la organización cuyo objeto social es la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.

Dos juzgados con sede en el Distrito Federal aceptaron los juicios de amparo promovidos por Transparencia Mexicana y 32 ciudadanos para que los partidos políticos regresen 286 millones de pesos que no gastaron en los comicios y que, por ley, debían reintegrar a la Federación.

Este martes 18 de agosto, el juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, David Cortés, dio entrada al amparo interpuesto por María Amparo Casar, María Marván Laborde, Leo Zuckermann, Denise Dresser, Jorge Castañeda, Luis Pérez de Acha, Juan Pardinas, Jesús Silva Herzog, Fausto Hernández, Héctor Aguilar Camín, Alejandro Hope, José Roldán, Ricardo Raphael, entre otros.

En tanto, la jueza segunda de Distrito, Paula García Villegas, aceptó el amparo de Transparencia Mexicana porque reconoció el “interés legítimo” de la organización cuyo objeto social es la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.

En el expediente que da entrada al amparo explica que de no hacerlo, “se estaría privando a la parte quejosa de su derecho humano al acceso efectivo a la justicia y a instar el juicio de amparo contra un acto que posiblemente le pueda llegar a causar perjuicio a su interés legítimo”.

La jueza explica que el amparo permitirá el análisis de si las leyes son procedentes cuando las demandas son presentadas por quienes cuentan “presuntamente interés legítimo y no jurídico sobre la rendición de cuentas y fiscalización del destino de los recursos públicos que recibe un partido político”.

En la sesión del 20 de julio pasado, seis consejeros del INE votaron en contra de la propuesta del consejero Benito Nacif para que los partidos reintegraran a la Tesorería de la Federación los “remanentes” o recursos no utilizados en la elección de junio pasado. Sólo los consejeros Beatriz Galindo, Pamela San Martín, Javier Santiago y José Roberto Ruiz apoyaron la iniciativa.

El consejero Marco Antonio Baños explicó que el INE resolvió así por la falta de certeza jurídica, porque si bien la ley señala que los recursos del financiamiento de gastos de campaña sólo deben usarse para ese fin “no hemos establecido las reglas que se tienen que seguir, primero para verificar los saldos de los gastos de campaña y, en segundo lugar, para definir como se tienen que reintegrar a la Tesorería; ese es el punto que nos dividió”.

Hasta el momento no existe precisión sobre el monto de los “remanentes” y se calcula entre 286 y 400 millones de pesos. De acuerdo con los cálculos preliminares del consejero Benito Nacif, la coalición de los partidos Revolucionario Institucional-Verde Ecologista de México debería 155.9 millones de pesos, la partida más alta.

Le sigue el Partido Acción Nacional con 42 millones de pesos; la coalición de los partidos de la Revolución Democrática-del Trabajo en las elecciones federales (22.4 millones), y el PRD en las locales (16.8 millones).


En campañas federales y locales, Morena suma casi 18 millones de pesos; el Partido Humanista casi 11 millones; la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza en Sonora, 8.9 millones; Nueva Alianza, seis millones; el PT en campaña local 5.2 millones, y Encuentro Social, 3 millones.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.