Con el Tratado sobre Comercio de Armas, el Estado se compromete a informar de ataques contra la sociedad civil ocurridos con armamento importado ya sea a manos de fuerzas federales o de criminales.
Si México le quiere comprar armamento a otros países deberá entregar los datos sobre violaciones a derechos humanos cometidas con las armas que importó, o al menos a eso se comprometió al ratificar el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas.
El Tratado (ATT, por sus siglas en inglés) establece que para adquirir armamento el comprador tiene que entregar información para que el vendedor evalúe si en el país en cuestión hay riesgo de que esas armas se utilicen para atentar contra la sociedad civil, cometer genocidio o menoscabar la paz.
Esos datos incluyen tanto los hechos en los que intervienen las fuerzas armadas como presuntos criminales.
Al respecto, Amnistía Internacional pidió este miércoles que el Estado mexicano haga efectivo este Tratado y no se convierta en promotor del mismo sin aclarar y transparentar hechos violatorios de derechos humanos en los que se utilizó armamento importado, como es el caso del ataque ocurrido en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero contra estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el que se utilizó armas de Alemania.
El Tratado ratificado por México en septiembre pasado obliga a los Estados a presentar un informe sobre las exportaciones e importaciones de armas, evaluar el riesgo de que éstas sean utilizadas contra la sociedad civil y tomar medidas para que no sean desviadas hacia el mercado ilícito y por lo tanto, utilizadas por usuarios no autorizados.
Datos oficiales indican que en los últimos ocho años fuerzas policiales del país han perdido al menos 15 mil armas de fuego.
El artículo 11 del Tratado indica que cada Estado debe tomar medidas para evitar el desvío del armamento y que para ello se debe tener un registro nacional de lo adquirido y señalar qué instancia es la responsable.
En México, todas las instancias de seguridad tienen la obligación de reportar ante la Secretaría de la Defensa Nacional qué y cuántas armas perdieron, pues el Ejército está a cargo de dar las licencias para su uso, según lo establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Las armas que deberán registrarse según los términos de este Tratado Internacional son carros de combate, vehículos blindados de combate, sistemas de artillería de gran calibre, aeronaves de combate, helicópteros de ataque, buques de guerra, misiles y lanzamisiles y armas pequeñas y ligeras.
La organización civil Desarma México explicó este miércoles que el Tratado sólo tiene injerencia en el mercado de armas legal y no sobre el problema de tráfico de armamento.
Pese a ello, Desarma México considera que si el Estado cumple con reglas que eviten el desvío de armamento y el mal uso de éste en violaciones a derechos humanos, se avanzará en el control del mercado ilícito.
México es sede a partir de este 24 de agosto de la primera Conferencia de los Estados Parte de este Tratado sobre el Comercio de Armas, en la que se intentará que más países lo firmen y ratifiquen.
Hasta ahora, cinco de los principales exportadores de armas (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido) están entre los 72 Estados que ya ratificaron el Tratado, pero faltan Estados Unidos, China, Canadá y Rusia.
En el caso particular de México, hay especial interés en que Estados Unidos, el mayor productor y exportador de armas, lo ratifique. La senadora del PAN, Laura Rojas, reconoció que no ven posibilidades de que esto ocurra en el corto o mediano plazo y que eso puede afectar el cumplimiento de los compromisos con el Tratado.
En los datos que el Estado mexicano entregó a la ONU con motivo del Tratado, informa que importó sólo de Estados Unidos y el Reino Unido 266 vehículos de combate en los últimos cinco años; aunque países como Canadá, Francia y Rusia mencionan en sus estadísticas que vendieron a México otros vehículos y helicópteros de combate.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
El Tratado (ATT, por sus siglas en inglés) establece que para adquirir armamento el comprador tiene que entregar información para que el vendedor evalúe si en el país en cuestión hay riesgo de que esas armas se utilicen para atentar contra la sociedad civil, cometer genocidio o menoscabar la paz.
Esos datos incluyen tanto los hechos en los que intervienen las fuerzas armadas como presuntos criminales.
Al respecto, Amnistía Internacional pidió este miércoles que el Estado mexicano haga efectivo este Tratado y no se convierta en promotor del mismo sin aclarar y transparentar hechos violatorios de derechos humanos en los que se utilizó armamento importado, como es el caso del ataque ocurrido en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero contra estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el que se utilizó armas de Alemania.
El Tratado ratificado por México en septiembre pasado obliga a los Estados a presentar un informe sobre las exportaciones e importaciones de armas, evaluar el riesgo de que éstas sean utilizadas contra la sociedad civil y tomar medidas para que no sean desviadas hacia el mercado ilícito y por lo tanto, utilizadas por usuarios no autorizados.
Datos oficiales indican que en los últimos ocho años fuerzas policiales del país han perdido al menos 15 mil armas de fuego.
El artículo 11 del Tratado indica que cada Estado debe tomar medidas para evitar el desvío del armamento y que para ello se debe tener un registro nacional de lo adquirido y señalar qué instancia es la responsable.
En México, todas las instancias de seguridad tienen la obligación de reportar ante la Secretaría de la Defensa Nacional qué y cuántas armas perdieron, pues el Ejército está a cargo de dar las licencias para su uso, según lo establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Las armas que deberán registrarse según los términos de este Tratado Internacional son carros de combate, vehículos blindados de combate, sistemas de artillería de gran calibre, aeronaves de combate, helicópteros de ataque, buques de guerra, misiles y lanzamisiles y armas pequeñas y ligeras.
La organización civil Desarma México explicó este miércoles que el Tratado sólo tiene injerencia en el mercado de armas legal y no sobre el problema de tráfico de armamento.
Pese a ello, Desarma México considera que si el Estado cumple con reglas que eviten el desvío de armamento y el mal uso de éste en violaciones a derechos humanos, se avanzará en el control del mercado ilícito.
México es sede a partir de este 24 de agosto de la primera Conferencia de los Estados Parte de este Tratado sobre el Comercio de Armas, en la que se intentará que más países lo firmen y ratifiquen.
Hasta ahora, cinco de los principales exportadores de armas (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido) están entre los 72 Estados que ya ratificaron el Tratado, pero faltan Estados Unidos, China, Canadá y Rusia.
En el caso particular de México, hay especial interés en que Estados Unidos, el mayor productor y exportador de armas, lo ratifique. La senadora del PAN, Laura Rojas, reconoció que no ven posibilidades de que esto ocurra en el corto o mediano plazo y que eso puede afectar el cumplimiento de los compromisos con el Tratado.
En los datos que el Estado mexicano entregó a la ONU con motivo del Tratado, informa que importó sólo de Estados Unidos y el Reino Unido 266 vehículos de combate en los últimos cinco años; aunque países como Canadá, Francia y Rusia mencionan en sus estadísticas que vendieron a México otros vehículos y helicópteros de combate.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
