CANCUN, Q. Roo: A partir de datos entresacados de un informe de Standard and Poor ‘ s, la Secretaría Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno presumió la cabal salud en que se encuentran las finanzas estatales.
Juan Pablo Guillermo Molina, titular de la dependencia, destacó que la entidad tuvo en 2014 un superávit de 2.2% en el gasto de inversión y que el IMSS ubica al estado como líder en la generación de empleos formales durante este año.
Y más:
“Hoy más que nunca podemos confirmar que las políticas de trabajo y de disciplina financiera del gobernador Roberto Borge, de priorizar el gasto social y reducir el gasto corriente, están rindiendo frutos que permitirán continuar un crecimiento sostenido en obra pública y mayor inversión en rubros sociales e infraestructura en beneficio de los quintanarroenses”.
Un vistazo al reporte permite comprobar que el funcionario falseó el reporte de la calificadora internacional que, entre sus indicadores, consigna que la economía y la administración financiera de la entidad es débil y que la deuda pública se ha duplicado durante el mandato de Roberto Borge Angulo.
Standard & Poor’s explica que su calificación “BBB” significa que la deuda a largo plazo presenta “parámetros de protección adecuados”, pero también establece que “condiciones económicas adversas o cambios coyunturales probablemente conduzcan al debilitamiento de la capacidad del emisor para cumplir con sus compromisos financieros”.
Y da un dato que ni el titular de Sefiplan,ni el Gobernador R0berto se han atrevido a precisar.
Que la deuda total es de 19 mil 621 millones de pesos, 9 mil millones de pesos más de la que Borge Angulo heredó de Félix González Canto. La duplicación obedece a los 13 créditos solicitados.
“Entre los estados mexicanos que calificamos, la deuda estimada a ingresos discrecionales de Quintana Roo en 2015 es la segunda más alta después de Coahuila”, destaca.
La calificadora precisa que la deuda de la entidad representa 190% de sus ingresos discrecionales y que para cumplir con sus compromisos bancarios, el gobierno estatal tiene comprometidos 91.4% de sus las participaciones federales.
Además, destaca que la entidad se encuentra actualmente a 379 millones de pesos del límite de deuda que le impusieron los bancos con los que refinanció sus pasivos a largo plazo en 2014.
“De acuerdo con los contratos de refinanciamiento que se firmaron recientemente, la deuda de largo plazo del Estado está limitada a 20 mil millones de pesos”, precisa el reporte.
La calificadora señala que también que el gobierno de Borge tiene una deuda con proveedores por dos mil 286 millones que, si bien disminuyó en relación con a la de 2013, que era de 3 mil 609 millones, “sigue siendo alta y podría presionar la liquidez del estado en los próximos años”.
Contra lo dicho por el titular de la Sefiplan, la calificadora concluye que de acuerdo con nuestros criterios, los relativamente bajos ingresos propios del Estado y su bajo gasto de inversión dan como resultado una flexibilidad financiera ‘muy débil”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
COLIMA, Col: El juez primero de Distrito en esta ciudad concedió a dos profesores la suspensión provisional contra actos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y otras autoridades, en relación con el proyecto de evaluación docente derivado de la reforma educativa, informó el abogado Agustín Díaz Torrejón, asesor jurídico de los promoventes.
La medida cautelar fue otorgada dentro de dos juicios de amparo, uno de ellos el 1083/2015, para que las autoridades responsables, sin perjuicio de que continúen con el proceso de evaluación, se abstengan de dictar la resolución hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados.
De acuerdo con Díaz Torrejón, los quejosos argumentaron en sus respectivas demandas de garantías la falta de emplazamiento por parte de las autoridades responsables al procedimiento administrativo mediante el que se pretende evaluar su permanencia como docentes, así como la falta de información, capacitación y acompañamiento en el proceso administrativo de evaluación en el servicio profesional docente.
Mediante un acuerdo firmado por la secretaria del juzgado, Verónica Farías Contreras, la instancia judicial pidió a las autoridades responsables rendir su informe previo en un plazo de 48 horas, “en el que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance y que permitan a este juzgador establecer el monto de las garantías correspondientes”.
La decisión sobre la suspensión definitiva será tomada después de la audiencia incidental, para determinar si el asunto debe permanecer en la situación en que se encuentra hasta que se emita la sentencia sobre el juicio de amparo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
MÉXICO, D.F: El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar una versión pública de las averiguaciones previas relacionadas la matanza de Tlatelolco y el llamado ‘Halconazo’ por las que fue consignado en su momento el expresidente Luis Echeverría, entre otros personajes públicos, por el delito de genocidio.
Las averiguaciones previas sobre los hechos registrados el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971 -PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002- actualmente están inmersas en los expedientes números SEIDF/CGI/262/2007 y SEIDF/CGI/260/2007.
La PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), respondió inicialmente al particular que requirió la información que dicha documentación forma parte de en una averiguación previa en trámite, por lo que “tiene el carácter de reservada por un periodo de 12 años”.
El particular se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el Inai que fue turnado a la comisionada presidenta, Ximena Puente de la Mora. El requirente argumentó que se trata de un tema de interés nacional y pidió que el órgano de transparencia analizara la respuesta de la PGR.
La dependencia, actualmente a cargo de Arely Gómez, confirmó que las dos averiguaciones previas contienen información relacionada con ambos sucesos pero reiteró que están en trámite y su información “es reservada”.
Además, destacó que la Coordinación General de Investigación de la PGR no ha recibido observaciones, recomendaciones y/o comunicaciones de organismos nacionales y/o internacionales de derechos humanos por ambas averiguaciones.
Al analizar el caso, la comisionada a cargo constató que se dejó abierto un triplicado por cada una de las indagatorias consignadas porque en las investigaciones se advirtió, a juicio del Agente del Ministerio Público de la Federación, la probable participación de otra u otras personas como probables responsables.
Con base en esos triplicados se dio origen a nuevas indagatorias —SEIDF/CGI/262/2007 y SEIDF/CGI/260/2007—que se encuentran en integración por el delito de genocidio. Además la PGR no declaró su inexistencia y en ellas obra la información que le interesa al particular.
Por ello, la comisionada consideró que la PGR sí cuenta con documentos que puede atender lo solicitado por el particular y la Procuraduría no puede argumentar una imposibilidad material para entregarla.
Además, argumentó que en ambas averiguaciones aplica el supuesto de excepción establecido en la Ley de Transparencia, que establece que “no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de las investigaciones de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad”.
La comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos sostuvo que el asunto es trascendente ya que han pasado 47 años y siguen las dudas de lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968.
“Se aproximaban los Juegos Olímpicos y para México era algo muy importante, desde luego. A esta fecha no hemos sabido qué pasó, cuáles fueron realmente las razones”, expresó.
Por su parte, el comisionado Oscar Guerra dijo que es importante que se sepa la verdad histórica de estos casos, para aprender de ellos.
“Creo que es evidente que todavía quedan muchas incógnitas sobre lo sucedido en estos lamentables acontecimientos del 68, que bueno, como en la paradoja de la historia es lamentables lo que sucedió pero finalmente, ya visto en la perspectiva histórica, pues sembraron una semilla de democracia y de democratización del país que todavía se sigue en este proceso de la transición democrática.
“Es importante que la gente sepa que el acceso a la información, sirve también para hacer efectivo el derecho a la verdad de los acontecimientos históricos”, dijo.
El comisionado Joel Salas Suárez, agregó que no es posible continuar con la denegación sistémica de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación del daño de las víctimas de desaparición forzada.
“La creciente violencia que vive el país, obliga a que se establezca un control ciudadano de las instituciones de seguridad, a través del derecho a la verdad y la rendición de cuentas”, subrayó.
Al respecto, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas señaló que el derecho a la información, consiste en la veracidad de la narración de los hechos.
“Esos hechos encogieron el corazón, angustiaron y dejaron desolada a una población que atestiguó hechos lamentables en la capital del país, con un ejército que salió a perseguir a civiles, a jóvenes que reclamaban otro mejor momento”, apuntó.
Finalmente, los comisionados aprobaron por unanimidad revocar la respuesta de la PGR e instruirla a entregar al particular versiones públicas de las averiguaciones previas relacionadas con los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, y el 10 de junio de 1971.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Ciudad de México, 20 de agosto: Aunque ya había sido aprobado por integrantes de la Primera Comisión, sospechosamente se retiró del orden del día el punto de acuerdo por el que se pedía a la administración del Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, a realizar una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
En el punto de acuerdo que presuntamente fue retirado para no personalizarlo en la figura de Moreno Valle, sino que se redactará nuevamente para hacerlo extensivo a todos los gobernadores del país, se pedía que el Gobierno de Puebla ejerciera los recursos federales con apego a la ley y no se retrasara en su ejercicio.
Y es que en la revisión de la cuenta pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el Gobierno de Puebla ejerció a destiempo los recursos entregados ese año por la Federación para gastos en seguridad pública, comprometiendo el cumplimiento de los objetivos para las que fueron etiquetados los dineros públicos.
En el punto de acuerdo eliminado de la Gaceta Parlamentaria se pedía a Puebla transparencia en la operación del FASP, en un momento que coincidía con la denuncia realizada por Artículo 19 sobre la opacidad en el gobierno de Moreno Valle.
El texto fue propuesto originalmente por el Diputado poblano Javier Filiberto Guevara González, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El legislador se dijo preocupado porque Puebla carece de actividades de control adecuados para asegurar el ejercicio de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal al cual fueron asignados.
“El estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FASP, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron cabalmente sus objetivos y metas”, sostuvo el priista.
Señaló que en la revisión de la cuenta pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el Gobierno de Puebla ejerció a destiempo los recursos entregados ese año por la Federación para gastos en seguridad pública.
Detalló que en para el 2013 se entregaron 291,383.9 miles de pesos del FASP a Puebla, de los cuales 74.3 por ciento no se habían ejercido hacia el 31 de diciembre de ese año.
Posteriormente, la Auditoría Financiera y de Cumplimiento con Enfoque de Desempeño con registro 13-A-21000-14-0499GF-615 detectó que hacia el 31 de agosto de 2014 todavía no se ejercía el 39.7 por ciento de los recursos asignados en 2013, por un importe de 127,808.0 miles de pesos.
Al cierre de la auditoría, se detectó que estaba pendiente de aclarar 12,097.8 miles de pesos de rendimientos financieros.
Para el legislador federal priista la falta de certidumbre en el gasto a tiempo de los recursos federales “impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública, y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional”.
Derivado de las observaciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación se detectó que la entidad carece de actividades de control suficientes que garantizaran el cumplimiento de las metas establecidas; no se contó con controles adecuados para asegurar el ejercicio de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal al cual fueron asignados.
También que el Gobierno del Estado de Puebla no contó con los controles suficientes para que sus procesos de adquisición se realizaran conforme a la normativa. La entidad no contó con los controles suficientes para garantizar que los bienes se entregaran en tiempo y forma. No hubo controles suficientes para que los bienes adquiridos se encontraran instalados y en uso.
En otras palabras, el estado de Puebla registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de adquisiciones y registros contables, porque carece de “actividades de control” suficientes que garantizaran el ejercicio de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal al cual fueron asignados.
Además, el Gobierno del Estado de Puebla tampoco contó con los controles suficientes para garantizar que los bienes en materia de seguridad se entregaran en tiempo y forman, ni para que se encontraran instalados y en uso.
Ante esto, el resolutivo segundo proponía un exhorto al Gobierno de Moreno Valle
para que estableciera controles suficientes que garantizaran el cumplimiento de las metas establecidas para el ejercicio de los recursos federales.
PUEBLA NO UTILIZA EL DINERO PARA SEGURIDAD
Ya desde el mes de febrero de este año, la Auditoría Superior de la Federación evidenció el subejercicio del Gobierno de Puebla.
De los más de 83 millones de pesos presupuestados para el fortalecimiento de las instituciones encargadas de procurar seguridad y justicia, sólo ejerció poco más de 17 millones hacia el 31 de diciembre de 2013 y 34 millones de pesos para agosto de 2014.
Caso similar el de los recursos para fortalecer los servicios de llamadas 066 para emergencias y el 089 para denuncia ciudadana. De poco más de 56 millones de pesos presupuestados en el 2013, para el 31 de diciembre sólo había ejercido nueve millones 500 mil pesos. Sin embargo, para agosto de 2014, el gobierno poblano ya había utilizado 51 millones 600 mil pesos.
En otro ejemplo, de los 15 millones 400 mil pesos presupuestados para implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, sólo se habían ejercido poco más de 300 mil pesos al finalizar el año, cifra que creció a 456 mil pesos en agosto de 2014. Es decir más de 14 millones de pesos sin utilizarse en avanzar hacia el modelo de justicia que permitirá agilizar los juicios.
Llaman la atención que para otros rubros, el gobierno poblano no ejerció ni un solo peso durante todo el año. Tal es el caso de los recursos presupuestados para la estrategia en el combate al secuestro, para implementar el Sistema Nacional de Información, y los recursos para genética forense.
Por estos motivos, en el Informe de la Auditoría Superior de la Federación se aseveró que el control interno del Gobierno de Puebla durante 2013 fue “bajo, ya que son insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de la normativa y la transparencia en su operación”.
De acuerdo al informe de la auditoría, se determinaron 16 observaciones, de las cuales 11 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe.
Las cinco restantes generaron dos recomendaciones, es decir, sugerencias a la entidad fiscalizada para fortalecer los procesos administrativos y los sistemas de control, así como una solicitud de aclaración y dos pliegos de observaciones.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-08-2015/1457677.
La inmobiliaria Abilia encargada del desarrollo del proyecto de 122 departamentos en Rubén Darío 225, en la colonia Polanco, propiedad de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, denunció a Teresa Adriana Pérez Romo, esposa de Joaquín López Dóriga, por extorsión, publica este día el diario Reforma.
De acuerdo con el diario capitalino Pérez Romo exigió a través de su abogado esa cantidad a cambio de no parar la obra. Por ello, presentó una denuncia ante la fiscalía de Miguel Hidalgo bajo el número CI-FMH/MH-5/UI- 3 S/D/00427/08-2015,en contra de Paloma Carrera Baños y Gabriela Torres Ramírez, vecinas de Pérez Romo, e incluye a sus abogados Mario Alberto Becerra Pocoroba y Érika Mendoza Bergmans.
“Realizaron diversas conductas en contra de mi mandante al haber solicitado en reiteradas ocasiones un beneficio económico en diversas formas, hasta llegar al absurdo de solicitar la cantidad de $5’000,000.00 (CINCO MILLONES DE DÓLARES) para que diversas autoridades del Distrito Federal dejaran sin efectos los procedimientos que se habían instaurado previamente”, dice la denuncia presentada en 14 de agosto y expuesta por Reforma.
El diario también difunde un video que forma parte de la denuncia y que fue grabado el pasado 16 de junio en las instalaciones de inmobilaria, en el que se observa al abogado Becerra, solicitar el dinero a nombre de Adriana Pérez Romo.
“En pocas palabras, quieren dinero, cabrón [...] A eso se resume, aunque se oiga así de brusco. No hubiera querido yo venir a decírtelo nunca, y a eso se redujo: quieren dinero. ¿Cuánto quieren? Quieren 5 millones de dólares”, se escucha decir a Becerra Pocoroba.
En la grabación también se expone que los vecinos que habitan en el condominio continuo a la construcción se han quejado por diversas cosas respecto a la obra, entre ellas la falta de luz. Los vecinos han solicitado cambio “cristales de las ventanas y los 11 elevadores de las dos torres en las que viven, así como el mejoramiento de un jardín de niños y la sustitución de las plantas de emergencia”, señala Reforma.
Los vecinos, no confermes, después agregaron otras demandas donde incluían otro jardín, planta electricas de emergencia, calderas para la alberca y la rehabilitación del espacio público.
Acompañado de Erika Mendoza Bergmans, también abogada de Pérez Romo, el litigante exige el pago de los 5 millones como una “compensación” de la perdida de la plusvalía del edificio y para los vecinos que incluyen a Pérez Romo y la coordinadora del Comité Ciudadano de Bosques de Chapultepec, Gabriela Torres.
La denuncia realizada por la inmobilaria de Aramburuzabala acusa, además, a Paloma Cerrera Baños y Gabriela Torres Ramírez, vecinas de Pérez Romo y los abogados de esta última, Mario Alberto Becerra Pocoroba y Érika Mendoza Bergmans.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-08-2015/1458101.
No sólo delincuentes y civiles han perdido la vida en la guerra que Felipe Calderón declaró en enero de 2007 contra el narcotráfico. También el Ejército ha aportado una cuota de sangre: 458 militares muertos y mil 318 heridos en casi una década. En respuesta a peticiones de información de este semanario, la Secretaría de la Defensa revela sus estadísticas de “bajas”, donde se constata que Tamaulipas es la entidad más letal para los uniformados, muy lejos de Michoacán o Guerrero, donde también han sido vapuleados, o de Jalisco, estado en el cual fue derribado un helicóptero de la Fuerza Aérea el pasado 1 de mayo.
MÉXICO, D.F: En el saldo de bajas derivado del combate al narcotráfico en México, el Ejército también ha pagado su cuota. Casi 2 mil efectivos de la principal fuerza armada de México han muerto o han sido heridos desde que Felipe Calderón le declaró “la guerra a las drogas”; guerra que, salvo cambios en el discurso, mantiene el presidente Enrique Peña Nieto.
Casi nueve años han pasado desde que Calderón decidió sacar a los militares de los cuarteles para enfrentar a los grupos de la delincuencia organizada; sin embargo, la muerte de civiles, más de 100 mil desde entonces, no se compara con el número de bajas del Ejército.
Pero el total de efectivos muertos y heridos en ese lapso, mil 776 hasta el pasado mayo, muestra a un Ejército en combate, sin tregua, tal como aquellos involucrados en conflictos internos o internacionales.
Los datos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dan cuenta de una milicia en operaciones fuera de sus cuarteles con directivas específicas para la llamada Campaña Permanente Contra el Narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El resultado le ha sido costoso: 458 muertos y mil 318 heridos.
Casi todas las bajas –así las llaman los militares– se concentran en los rangos menores. El generalato ha estado prácticamente a salvo. En los siguientes grados, unos pocos jefes y docenas de oficiales han resultado muertos o heridos. La mayor cuota de sangre la ha puesto la tropa: soldados, cabos y sargentos.
En respuesta a dos peticiones de información realizadas por Proceso, la Sedena deja en claro que gran parte del territorio nacional ha sido escenario de las bajas del Ejército.
El estado más letal ha sido Tamaulipas, guarida de Los Zetas, la organización delictiva surgida del propio seno de esa institución armada. Fuerzas especiales le dieron origen en los noventa y desde entonces los cuarteles del país se han convertido en sus surtidores de gente ya entrenada por el propio Ejército.
Los años de Calderón fueron los más mortíferos para el Ejército. Con Peña Nieto las bajas no cesan, aunque a un ritmo menor y con nuevos escenarios geográficos de confrontación.
Fuera de Tamaulipas, que se mantiene como la entidad más peligrosa para los soldados mexicanos, Jalisco es ahora uno de los estados más problemáticos. El ataque con un misil antiaéreo que derribó un helicóptero Cougar 725 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) el pasado 1 de mayo exhibió la vulnerabilidad del Ejército.
Michoacán y Sinaloa también son estados donde todos los años, desde 2007, hay bajas para el Ejército. Con Calderón, las entidades más peligrosas para los soldados fueron Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Nuevo León, Guerrero, Veracruz, Zacatecas, Coahuila, Durango y Chihuahua. En este sexenio, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas siguen siendo críticos.
El letal Tamaulipas
La principal causa de las bajas es “agresión de arma de fuego”, aunque también ha habido por accidentes aéreos y automovilísticos, ahogados y atropellados.
En su relación de “Personal fallecido en la aplicación de la campaña permanente contra el narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, la Sedena tiene el registro del estado, municipio, fecha, grado y circunstancia de los casos de efectivos militares muertos. La misma información está contenida en su relación titulada “Militares heridos con motivo de las agresiones en contra del personal militar”.
De todo el país, sólo 10 entidades han dejado saldo blanco al Ejército: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Puebla, Querétaro, Quintan Roo, Tlaxcala y Yucatán.
Tanto en el caso de los fallecidos como de los heridos, todas las armas y varios servicios del Ejército han sido afectadas: Infantería, Caballería Motorizada, Artillería, Blindada e Ingenieros.
La mayoría de las bajas han sido de Infantería. En menor medida, de Caballería, y en mucho menor proporción, de Artillería, Blindada e Ingenieros. En servicios, conductores y cocineros también forman parte de las bajas. En el caso de los mil 318 heridos reportados en total, 647 pertenecen al arma de Infantería y 303 a Caballería.
La Fuerza Aérea también ha registrado muertos y heridos, tanto escuadrones aéreos como fusileros paracaidistas. Lo mismo ha ocurrido con la Policía Militar, Compañías no Encuadradas de Infantería. Las Fuerzas Especiales y Batallones de Operaciones Especiales han reportado asimismo bajas. Pero lo más significativo es que el mayor número de éstas ha ocurrido en el actual sexenio.
Según la relación de personal fallecido, en el sexenio de Calderón, 30 efectivos fueron “ejecutados” por células delincuenciales. Esa circunstancia no se reporta en lo que va del gobierno de Peña Nieto. En el sexenio pasado, 357 militares perdieron la vida, mientras que en los 31 meses de gobierno de Peña Nieto, la Sedena ya registra 101 efectivos fallecidos.
En Tamaulipas han perdido la vida 79 elementos; 46 el sexenio pasado y 32 en el actual. Además, casi la mitad de todos los heridos ha ocurrido ahí. Sedena reporta 609, 46.2% de todos los heridos en casi una década.
A decir de ambos informes, casi toda la geografía tamaulipeca ha sido escenario de ataques al Ejército: Matamoros, Río Bravo, Reynosa, Ciudad Madero, Tampico, Nuevo Laredo, San Fernando, Ciudad Mier, Miguel Alemán, Gustavo Díaz Ordaz, Valadeces, Tancol, Camargo, Hidalgo, Méndez, Nueva Ciudad Guerrero, San Carlos, Valle Hermoso Ciudad Mante y la propia capital del estado, Ciudad Victoria.
A Tamaulipas le sigue Michoacán, donde Calderón inició la guerra contra el crimen organizado en enero de 2007 con una imagen que marcó su paso por la Presidencia: vestido con chamarra y quepí castrenses más grandes que su talla.
Fue en esa entidad donde el Ejército sufrió las primeras bajas de esta guerra. En total, 34 efectivos murieron en Michoacán el sexenio anterior como parte de los enfrentamientos con La Familia Michoacana y su escisión, Los Caballeros Templarios. Aunque ambos cárteles oficialmente están desarticulados, en lo que va del gobierno de Peña Nieto la cifra de militares muertos llega a 10.
En Sinaloa, la tierra del fugitivo Chapo Guzmán, cinco miembros de la milicia han perdido la vida en lo que va de esta administración. Durante los operativos que autorizó Calderón, 36 efectivos de la Sedena fallecieron en esa entidad.
Guerrero y Jalisco –otras dos entidades azotadas por los cárteles del narcotráfico– presentan contrastes entre uno y otro sexenio. El caso más significativo es Jalisco. Con Peña Nieto como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, las muertes de militares en ese estado alcanzan ya la cifra de 19.
La acción más aparatosa ocurrió el pasado 1 de mayo, cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación derribó con un misil tierra-aire el helicóptero Cougar 725 de la FAM entre los municipios de Villa Purificación y Casimiro Castillo. En el ataque murieron 11 militares, por “agresión de arma de fuego”.
En los siguientes 19 días, otros cinco militares del Regimiento Blindado de Reconocimiento fallecieron por “agresión por arma de fuego” y por “accidente con arma de fuego”, en los municipios de Casimiro Castillo y Villa Purificación. Con Calderón, apenas cinco efectivos del Ejército murieron en Jalisco; cuatro de ellos pertenecían al arma de Infantería.
En Guerrero, donde operan las bandas Guerreros Unidos y Los Rojos –surgidos tras la ejecución de Arturo Beltrán Leyva por parte de fuerzas especiales de la Marina– perdieron la vida 28 militares con Calderón, mientras que con Peña van cinco.
Por lo que hace a los heridos, después de los 609 de Tamaulipas, siguen Nuevo León con 122; Guerrero, 80; Michoacán, 70; Sinaloa, 67; Veracruz, 58; Zacatecas, 51; Coahuila, 50; Durango, 43; Chihuahua, 42; Jalisco, 33; San Luis Potosí, 28; Nayarit, 23; y Sonora con 12.
Por grados
La lista de “Personal Fallecido en la Aplicación de la Campaña Permanente Contra el Narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos” ilustra que aunque la mayoría de las bajas son soldados, cabos y sargentos en ambos sexenios, también han caído oficiales (capitán primero, capitán segundo, teniente y subteniente) y jefes (coronel, teniente coronel y mayor), aunque en menor número.
En la gestión de Calderón, 27 tenientes perdieron la vida, la mayoría de ellos por accidentes aéreos, seguidos de agresión por armas de fuego y tres ejecutados por el crimen organizado. Los ejecutados fueron en Ciudad Guzmán, Jalisco, en 2010; Saltillo, Coahuila, también ese año y Zamora, Michoacán, en 2011. En lo que va del gobierno de Peña Nieto, siete tenientes han fallecido, cuatro por agresión por arma de fuego, uno por caída y dos por accidente aéreo.
En las campañas militares sólo un general ha resultado lesionado. Ocurrió en Sombrerete, Zacatecas, el 17 de marzo de 2009. Se trató de un general de brigada adscrito a la Comandancia General de la 11 Zona Militar y quien fue herido con arma de fuego.
Entre los lesionados la Sedena sólo reporta a un coronel y cuatro tenientes coroneles. Es decir, sólo cinco jefes del Ejército han resultado heridos. El número se incrementa entre los oficiales. Llega a 131, pero está muy lejos de los heridos entre la tropa. De los oficiales, 16 subtenientes, 96 tenientes, 16 capitanes segundos y tres capitanes primeros han resultado lesionados.
Esas cifras están muy lejos de las heridas recibidas por los soldados y las llamadas clases (cabo, sargento segundo y sargento primero). Llama la atención que la Sedena reporte, entre los heridos, 98 casos “sin datos” del grado o el arma al que pertenecían.
La Sedena tiene registrados también los días más aciagos para sus efectivos. Además del 1 de mayo de 2015, el 20 de diciembre de 2008, ocho efectivos de Infantería aparecieron ejecutados en Chilpancingo, Guerrero. Nueve habían sido ejecutados en Monterrey, Nuevo León, entre el 15 y el 22 de octubre de ese año.
En Badiraguato, Sinaloa, tierra natal de los capos históricos del narcotráfico en México, el 19 de junio de 2010, 11 efectivos de las Fuerzas Especiales y del Escuadrón Aéreo fallecieron en un accidente aéreo. El 18 de abril de 2008, 12 miembros de la Fuerza Aérea y de Infantería murieron en lo que la Sedena reportó como accidente aéreo, en Uruapan, Michoacán. También en ese tipo de accidente, el 24 de noviembre del 2010 cuatro integrantes de un escuadrón aéreo perdieron la vida en Monterrey.
Por lo que toca a los heridos, el año más difícil para el Ejército fue 2011, con un total de 324. Cerca estuvieron 2012, con 290; y 210, con 257. En esos tres años, 871 efectivos fueron heridos, todos por agresión de arma de fuego. Con Peña Nieto, en sus primeros dos años y medio la cifra es de 246.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARIAZAGA/NOÉ ZAVALETA (REPORTAJE ESPECIAL)
MÉXICO, D.F: El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Presidencia de la República buscar y hacer pública la información relacionada con las modificaciones en la casa presidencial, en específico las realizadas a la casa Miguel Alemán.
La resolución, tomada en su sesión del miércoles pasado, la hizo pública solamente a través de un par de mensajes de Twitter.
De acuerdo con uno de esos mensajes, el proyecto de resolución estuvo a cargo de la comisionada Areli Cano y en otro sólo se informó: “#INAI instruye a la Presidencia de la República buscar y hacer pública la información sobre las modificaciones en la casa presidencial”.
El diario Reforma informó que durante la sesión el pleno resolvió modificar una respuesta de la Presidencia a una solicitud de información vía transparencia y le ordenó transparentar los documentos relativos a las modificaciones realizadas a la residencia oficial de Los Pinos para recibir a Enrique Peña Nieto y su familia, al inicio de su gestión.
En su solicitud un particular solicitó los documentos relacionados con la modificación, remodelación, cambio o transformación de la casa Miguel Alemán, que forma parte del conjunto de Los Pinos, para albergar a la familia presidencial como afirmó el vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez, durante una entrevista radiofónica en noviembre de 2014.
Presidencia respondió que la información estaba publicada en diversos enlaces electrónicos que puso a disposición del solicitante.
Sin embargo, éste se inconformó y argumentó que en los sitios de Internet referidos no estaba toda la información que solicitó.
Aún no es posible consultar la resolución en la página web del Inai porque los expedientes más actuales son del 12 de agosto y la correspondiente a la remodelación de Los Pinos se dictó el miércoles pasado.
Opacidad
Un reportaje de la periodista y colaboradora de Proceso, Anabel Hernández, publicado en septiembre del año pasado (No. 1976) da cuenta de que desde la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia, la Residencia Oficial de Los Pinos ha sufrido profundas transformaciones.
Entre noviembre de 2012, todavía en el gobierno de Vicente Fox, y septiembre de 2014, la periodista realizó al menos seis solicitudes de información sobre las remodelaciones en Los Pinos, pero reiteradamente la Presidencia negó que hubiera remodelaciones, construcción, nuevo menaje o redecoración.
Según la investigación de la periodista, cuando Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y los seis hijos de ambos se convirtieron en la familia presidencial, la residencia Miguel Alemán (dentro de Los Pinos) fue transformada radicalmente: de albergar oficinas se convirtió en su hogar.
Se remodeló para adecuar los espacios y hacerlos recámaras, baños, vestidores y estancias, y además se le quitó al inmueble el estilo mexicano contemporáneo para hacerlo un palacete afrancesado.
La Presidencia ha negado todo pese a que Peña Nieto y su esposa han hecho públicos los cambios en la casa Miguel Alemán en fotografías oficiales y en revistas de modas.
Según información obtenida por la periodista entre exempleados y personas actualmente vinculadas con Los Pinos, la casa Miguel Alemán consta de tres niveles: sótano, planta baja y planta alta. En los sexenios de Fox y Calderón, en la planta alta había oficinas donde laboraban más de 15 personas.
En la planta baja estaban los despachos del presidente y de su secretario particular, una biblioteca donde recibía a jefes de Estado, salones de espera y dos comedores con muebles de época conservados durante sexenios. El resto del mobiliario era común, como lo reflejan algunas fotografías del sexenio de Fox.
La Miguel Alemán era una casa de cristal. Desde los enormes ventanales de las oficinas y escalinatas se veían los jardines que rodean la residencia, y desde afuera empleados y visitantes podían ver al presidente en su despacho.
Tras la remodelación hecha por Fox, la casa Miguel Alemán quedó al estilo mexicano contemporáneo. Al recibidor se le pusieron pisos de mármol y tenía un enorme candil, una escalera con barandal de hierro forjado y cuatro pilares de cantera de más de cinco metros de alto, que parecían sostener el techo.
Aunque oficialmente se niegan las remodelaciones, la página electrónica de fotografías de Peña Nieto difundidas por el sitio oficial de la Presidencia muestra otra cosa. Esas remodelaciones sí se hicieron.
La prueba más clara: la demolición de las cuatro columnas de cantera del recibidor principal de la casa Miguel Alemán. Hasta septiembre de 2012, cuando se tomaron fotografías de Calderón y Peña Nieto en las reuniones de transición, las grandes columnas estaban ahí. En las fotografías oficiales de mediados de 2013 -las cuales registran los encuentros de Peña Nieto con mandatarios y funcionarios extranjeros-, y en las de mayo de 2014 -cuando el mandatario se reunió con el secretario de Estado estadunidense John Kerry-, ya no están.
Por tratarse de un bien inmueble de la nación, debe documentarse la autorización para eliminarlas. Esas columnas estaban en la casa Miguel Alemán desde los tiempos del presidente Lázaro Cárdenas. Posteriores mandatarios priistas las fueron ensanchando, quién sabe con qué propósito, y finalmente Fox las regresó a su estado original. Ahora desaparecieron.
Una fuente cercana a Los Pinos dijo a Anabel Hernández que con la llegada de Peña Nieto, en el sótano de la residencia Miguel Alemán se construyó un búnker para el resguardo del presidente y su familia en caso de una crisis política o un desastre natural.
Ahora la residencia Miguel Alemán se amuebló al estilo Luis XV. Los muebles de líneas sencillas y estilo mexicano contemporáneo fueron sustituidos por sofás y sillones capitonados de terciopelo o con brocados en tonalidades blancas y grises, con maderas pintadas de dorado y plateado, mesas doradas o con madera oscura con toques dorados. Sobre los pisos se colocaron tapetes de brocados, según la investigación de la periodista.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
XALAPA, Ver: La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y su Fiscalía de Investigación de Homicidios Dolosos ya concluyó sus diligencias y toma de declaraciones con servidores públicos de Veracruz, presumió la Fiscalía General del Estado (FGE).
El ente autónomo del gobierno de Javier Duarte aseguró que los servidores públicos citados, Arturo Bermúdez Zurita de la Secretaria de Seguridad Pública, (SSP), Luis Fernando Perera Escamilla de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y las directivas de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), Namiko Matzumuto y Benita González, ya rindieron su declaración para ayudar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la colonia Narvarte de la ciudad de México, donde fueron ejecutados con el tiro de gracia, el fotoperiodista de Proceso y Cuartoscuro, Rubén Espinosa y la activista del Movimiento 132, Nadia Vera.
“Este miércoles, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Arturo Bermúdez rindió su declaración en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. En el marco de las investigaciones que se realizan, el funcionario estatal reiteró la absoluta disposición del gobierno de Veracruz por colaborar en la investigación de estos hechos”.
El comunicado precisa que el extitular de la misma Secretaría, Sergio López Esquer solo se comunicó con las autoridades de la Fiscalía Estatal, pues el exfuncionario ya no reside en el estado de Veracruz desde 2011.
La FGE precisó que declarará, pero no puntualizó si lo hará en el Distrito Federal o lo hará en otra entidad federativa, apoyado en la colaboración de una procuraduría local. En el noticiero nocturno de Televisa, Joaquín López Doriga aseguró que López Esquer aún no rendía su declaración.
El comunicado de la FGE detalla que ya se “agotó” el pliego de solicitud de colaboración por parte de la PGJDF luego de que ayer miércoles presentaron su declaración la Presidenta y a la Secretaria Técnica de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas.
“La Fiscalía General del Estado informó que los funcionarios atendieron la totalidad de los cuestionarios presentados por la Procuraduría capitalina, en los que se incluyeron los cuestionamientos elaborados por el coadyuvante de la investigación Artículo 19”.
Sin embargo, ni la FGE ni la PGJDF tomaron en cuenta, que los abogados de los familiares de Nadia Vera habían solicitado la declaración de amigos de la activista, así como también del fotoperiodista de Proceso, Rubén Espinosa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
Se asomó la idea de que Marko Cortés sería el coordinador del blanquiazul en San Lázaro y los próximos diputados afines a Gustavo Madero reviraron.
La próxima coordinación del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados mantienen una pugna con el grupo de Gustavo Madero y la nueva dirigencia de Ricardo Anaya.
En una reunión, el miércoles se asomó la idea de que el nombramiento recaería en la figura de Marko Cortés, exlegislador de origen michoacano. En tanto que la mayoría de los panistas que integrarán la nueva Legislatura quieren que el bloque blanquiazul sea encabezado por Madero.
Al respecto el coordinador de la fracción del PAN en la Cámara de diputados, Marcelo Torres Cofiño, aseguró que quien sea designado coordinador de esta bancada en la próxima Legislatura que inicia el 1 de septiembre deberá trabajar en unidad.
En entrevista con Notimex comentó que “el grupo del Partido Acción Nacional (PAN) va a destacar en su unidad y en su trabajo, por ello perfiles (de aspirantes a coordinador) pueden haber bastantes, lo importante es que siempre trabajen en unidad por el bienestar de los mexicanos”.
Torres Cofiño destacó que a más tardar el próximo martes el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, nombrará al nuevo coordinador de la fracción.
Recordó que Ricardo Anaya Cortés asume el viernes la presidencia nacional del PAN y está previsto que la reunión plenaria de los diputados de su partido para la LXIII Legislatura se realice entre lunes y martes próximos en Tijuana, Baja California.
Énfasis en corrupción
Sobre el combate a la corrupción, el diputado por Coahuila, que concluye sus funciones en San Lázaro el 31 de agosto, puntualizó que Anaya Cortés fue muy enfático en este tema.
Dijo que dentro del PAN se analizará profundamente y si hay responsables en actos o escándalos de corrupción serán sancionados.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
A pesar de la promulgación de las reformas, la economía mexicana continúa reportando un crecimiento mediocre similar a los niveles de los últimos 30 años. México creció 2.2 por ciento anual en el segundo trimestre y ahora debe enfrentar un duro panorama de austeridad interna y frágil demanda externa.
El crecimiento económico continúa siendo el nudo gordiano del desarrollo de México. El país se encuentra estancado en un rango de mediocridad que encuentra difícil de superar la tasa de crecimiento anual promedio de las últimas tres décadas: 2.3 por ciento.
De acuerdo al último reporte trimestral del INEGI, el Producto Interno Bruto de México se expandió 2.2 por ciento en el segundo trimestre del 2015 en relación al mismo periodo del año pasado. El avance de un trimestre a otro fue de 0.5 por ciento.
A pesar de que los resultados superaron marginalmente las expectativas de un conjunto de analistas consultados por la agencia Bloomberg, el panorama económico de México luce complicado.
La Secretaría de Hacienda reaccionó inmediatamente ante la publicación de estos datos. La dependencia recortó su pronóstico de crecimiento para la economía a un rango de 2 a 2.8 por ciento.
Debilidad adentro y afuera
A inicios de mes, un conjunto de especialistas en economía del sector privado consultados por el banco central redujo su expectativa de crecimiento por onceavo mes consecutivo.
Los recortes de pronósticos se han vuelto una práctica generalizada que pone sobre relieve el deterioro de las condiciones económicas del país, tanto internas como externas.
De acuerdo a las últimas minutas de la Junta de Gobierno del Banco de México, el sector exportador, el conjunto más dinámico y competitivo de la economía mexicana, mostró señales de debilidad. La fragilidad de la demanda externa se reflejó en un declive de las exportaciones manufactureras.
El 80 por ciento de las exportaciones mexicanas se destinan al mercado estadounidense. No obstante, la presencia de las exportaciones chinas, competencia directa de México, se ha vuelto cada vez más preponderante en Estados Unidos. Por si fuera poco, la reciente devaluación del yuan por parte del Banco Popular de China vuelve más competitivos a los productos chinos en el mercado externo.
Por otra parte, el mercado interno se mantiene como un sector que apenas escapa del estancamiento. El Banco de México destaca que datos positivos del consumo y las ventas minoristas impulsaron un ritmo de crecimiento moderado. Aún así, el banco central detalló que existe una pérdida de dinamismo en algunos componentes de la demanda interna.
Reformas insuficientes
El discurso oficial ha insistido en que la implementación cabal de las reformas estructurales es la prioridad del gobierno ya que representa la clave para mayores tasas de crecimiento.
Sin embargo, estas reformas, particularmente la energética y la de telecomunicaciones, no han generado los rendimientos esperados para el país en términos de crecimiento. El gobierno federal argumentó el año pasado que el país crecería a tasas de 5 por ciento para el final de sexenio. La última encuesta de expectativas económicas de Banco de México sitúa la tasa promedio de expansión para los siguientes diez años en 3.62 por ciento.
El mayor logro de la reforma de telecomunicaciones se ha reflejado en una baja inflación derivada de tarifas telefónicas más baratas. Sin embargo, la inversión en el sector aún no ha marcado una diferencia significativa en el crecimiento.
Asimismo, la reforma energética está siendo implementada en un escenario de bajos precios petroleros. En la primera licitación de la Ronda Uno, la Secretaría de Energía anunció que esperaba inversiones de hasta 18 mil millones de dólares. La realidad difirió brutalmente con esta expectativa: únicamente se asignaron dos de los 14 bloques licitados y se anunció una inversión de mil millones de dólares.
Después de perder la mitad de su valor, el precio del petróleo sufrió una segunda caída que lo situó en un mínimo de seis años. Mohamed El- Erian, antiguo director general del fondo de bonos más grande del mundo (PIMCO), declaró que el crudo está entrando a una nueva normalidad. Los bajos precios son un factor estructural que llegaron para quedarse.
En ese sentido, el presupuesto mexicano, que obtiene un tercio de sus ingresos a través de la renta petrolera, ha sido ajustado. La Secretaría de Hacienda anunció un recorte al gasto público de 259 millones de pesos para los siguientes dos años. El programa de austeridad aún no comienza a implementarse.
Además, la volatilidad financiera internacional derivada de la expectativa de alza de tasas en Estados Unidos y la devaluación del yuan chino está haciendo estragos en las cuentas de capital de los mercados emergentes. México no es la excepción.
En lo que va del año, el peso mexicano ha perdido cerca del 25 por ciento de su valor. Por otro lado, un alza de tasas en Estados Unidos obliga al Banco de México a elevar su tasa de interés de referencia para evitar una fuga de capitales. Esta medida, de corte restrictivo, tendría un efecto negativo en la actividad económica.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: RODRIGO CARBAJAL.
Naucalpan, Méx. El ex alcalde de Naucalpan y diputado federal electo del PRI, David Sánchez Guevara fue detenido acusado por presunto peculado por 60 millones de pesos.
El priísta fue aprehendido al llegar a su domicilio en el fraccionamiento de Echegaray, en Naucalpan, y remitido de inmediato al penal estatal de Santiaguito en Almoloya de Juárez.
Sánchez Guevara había acudido este jueves a San Lázaro a registrarse como diputado federal electo, en compañía de otros priístas mexiquenses como Alfredo del Mazo Maza, ex titular de Banobras y Pablo Basáñez, ex alcalde de Tlalnepantla.
Todavía por la tarde subió varias fotos de su registro en el Palacio Legislativo de San Lázaro a su cuenta de Twitter y Facebook.
La detención se derivó por el presunto desvío de recursos del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oapas) de Naucalpan, que invirtió 60 millones de pesos en el Ficrea, recursos que desaparecieron.
La alcaldesa sustituta Claudia Oyoque Ortiz ordenó investigar al respecto e interponer las denuncias correspondientes. Manuel Elías Prieto fue destituido como titular del Oapas en julio pasado, tras el escándalo por dichas inversiones de riesgo.
Sánchez Guevara, quien por segunda vez sería diputado federal, solicitó licencia a la alcaldía de Naucalpan en enero pasado para contender por la diputación federal número 24, la cual ganó en junio pasado.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JAVIER SALINAS CESÁREO/ ISRAEL DÁVILA.
MÉXICO, D.F: El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, no encontró causal de conflicto de intereses en la conducta del presidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y el titular de Hacienda, Luis Videgaray Caso, para favorecer al contratista Grupo Higa.
En conferencia de prensa, Andrade leyó el informe que deja libre de culpas a los funcionarios por la asignación de contratos a Juan Armando Hinojosa Cantu y Ricardo San Román, proveedores a su vez, de las residencias personales de Peña Nieto, Rivera y Videgaray.
Entre los datos más relevantes ofrecidos en la conferencia de prensa, destaca que Angélica Rivera regresó a Hinojosa Cantu la Casa Blanca de las Lomas en diciembre pasado.
El 3 de febrero pasado, Peña Nieto designó a Vrigilio Andrade como titular de la secretaria de la Función Pública, encomendándole la investigación de las casas y los contratistas.
En noviembre pasado, Aristegui Noticias y la revista Proceso publicaron que Constructora Teya, que pertenece a Grupo Higa, vendió a la pareja presidencial una casa en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, con un valor de 86 millones de pesos.
El periódico The Wall Street Journal publicó posteriormente que Grupo Higa vendió sin beneficio comercial alguno una casa en Malinalco con valor de 7.5 millones de pesos al secretario de Hacienda Luis Videgaray.
Grupo Higa es uno de los principales contratistas del gobierno federal y también fue beneficiado durante la administración de Enrique Peña Nieto al frente del Estado de México.
Hoy, Andrade defendió la inocencia de Peña, Rivera y Videgaray basándose en tres argumentos centrales: Que ninguno tiene responsabilidad en licitaciones; que los funcionarios que sí la tienen declararon que no fueron presionados ni recibieron orden para asignar contratos; y que las transacciones se realizaron antes de que formarán parte del gobierno federal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
Reitera que en apego a las leyes este instituto político mantendrá con el Presidente de México ‘una constructiva y fructífera relación de diálogo y reflexión’.
El nuevo presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, refrendó la voluntad de diálogo con las demás fuerzas políticas para construir acuerdos, pero sostuvo que se responderá a quienes hacen de la ofensa y la diatriba su única forma de entender la política.
Reconoció que el PRI debe continuar su incesante proceso de evolución para profundizar en las reformas hasta que generen más crecimiento económico y sus resultados se reflejen en los bolsillos de la gente, reduciendo la agraviante pobreza y desigualdad entre los mexicanos.
“Con el respaldo y cercanía de su partido, al presidente (Enrique) Peña Nieto le va a ir muy bien, al PRI también y a México mejor todavía”, dijo.
Manlio Fabio Beltrones y Carolina Monroy del Mazo rindieron protesta como presidente y secretaria general, respectivamente, del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, para el periodo 2015-2019.
En el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede nacional del tricolor, se dieron cita consejeros nacionales, gobernadores, presidentes municipales, dirigentes de los Comités Directivos Estatales, líderes de sectores, diputados locales y federales, senadores y militantes, para atestiguar el relevo de la dirigencia que encabezaron César Camacho e Ivonne Ortega Pacheco, informó Notimex.
Voluntad de diálogo
El nuevo presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, refrendó la voluntad de diálogo con las demás fuerzas políticas para construir acuerdos, pero sostuvo que se responderá a quienes hacen de la ofensa y la diatriba su única forma de entender la política.
Reiteró que en apego a las leyes este instituto político mantendrá con el Presidente de México “una constructiva y fructífera relación de diálogo y reflexión”.
El secretario técnico del Consejo Político, Joaquín Hendricks Díaz, declaró quórum con 570 consejeros.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
MÉXICO, D.F: Una pareja de jóvenes fue hallada muerta en la calle Veracruz, en San Ángel Inn, delegación Álvaro Obregón.
Brenda Jael Trejo, estudiante del Instituto Tecnológico de México, de 18 años de edad, y su novio, Wiriel López Reyes, de 20 años, fueron hallados sin vida a un costado de la cama.
Los médicos aún no determinan la causa de la muerte de los jóvenes.
El deceso ocurrió en el departamento 151 de la Unidad Habitacional Veracruz, en la colonia Olivar de los Padres.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Autoridades del estado de Coahuila aseguraron dos predios (El Pedregal y Santa Cruz) localizados en el Ejido Estación Hidalgo, del municipio Ramos Arizpe, donde laboraban 200 niños en condiciones de esclavitud.
En el operativo participaron elementos de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, Secretaría del Trabajo y Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), quienes lograron rescatar a 54 niños. El resto huyó del lugar con rumbo desconocido.
En un comunicado, la PGJE informó que fueron detenidas tres personas: Roberto Martínez García, de 50 años; Pedro Cisneros Rodríguez, de 36, y Juan Gerardo Castillo, de 39 años, encargados de la finca donde se empaquetaba cebolla y calabaza, entre otros productos del campo.
Uno de los detenidos admitió que tenía la encomienda de reclutar a menores en Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas e Hidalgo.
De acuerdo con la dependencia, por la mañana los niños eran alimentados sólo con café y un pan, y el resto de la jornada se les suministraba agua con sal para evitar la deshidratación. Por el trabajo realizado recibían una paga diaria de 100 pesos.
El secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, precisó que el rescate de los niños y la detención de los tres sujetos fue posible por la instrumentación de los operativos permanentes de supervisión y vigilancia que llevan a cabo las autoridades.
“Es instrucción del gobernador llevar a cabo estos operativos, así como aplicar todo el rigor de la ley a los responsables”, apuntó.
Más tarde el funcionario estatal confirmó el aseguramiento de otras 20 personas que trabajaban en un rancho del ejido El Higo, también de Ramos Arizpe, bajo condiciones de esclavitud.
Precisó que alrededor de las 4 de la mañana de este jueves se detectó a esas personas a la altura de Cañada Ancha, y entre el grupo había cuatro menores.
Zamora Rodríguez advirtió que continuarán los rastreos vía aérea para detectar situaciones del mismo tipo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El Consejo de la Judicatura Federal resolvió destituir a Luis Armando Jerezano. Determinaron que incurrió en irregularidades para la operación de casinos.
En su carrera como juez federal, Luis Armando Jerezano fue acusado prácticamente de todos los delitos posibles: beneficiar a casinos como el Royale de Monterrey, tener vínculos con el crimen organizado, sobornos, lavado de dinero y secuestro.
Pero Jerezano era intocable en el Poder Judicial de la Federal… hasta el miércoles.
Ese día el Consejo de la Judicatura Federal, que encabeza el ministro Luis María Aguilar, determinó la destitución definitiva del juez federal.
Según el fallo, quedó plenamente demostrado que Jerezano incurrió en irregularidades como juez Cuarto de Distrito en la ciudad de Torreón, principalmente en la resolución de casos relacionados con casinos.
El Consejo lo encontró responsable de obtener ingresos distintos que no estaban relacionados con su encargo de juez federal.
En su comunicado, el CJF omite referirse a la investigación que por lavado de dinero le inició la DEA por sus presuntos nexos con el narcotráfico.
Cinco años tardó el CJF para decidirse a castigar a Jerezano, involucrado en la mafia que traficó con permisos de casinos durante el sexenio de Felipe Calderón.
En cinco años, se documentó que Jerezano había ordenado a la Segob la ampliación ilegal de los permisos de centros de apuestas para la empresa Atracciones y Emociones Vallarta.
Se reveló que Jerezano operaba con un grupo del crimen organizado para hacerse del control de un casino de la ciudad de Monterrey.
Hace cuatro años, el 25 de agosto de 2011, un comando de Los Zetas incendió el casino Royale de Monterrey, matando a 52 personas.
El Casino Royale era uno de los centros de apuestas que habían abierto sus puertas con un permiso de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, que obtuvo el abogado Eliseo Martínez, quien fue ejecutado hace dos años en San Pedro Garza García.
Jerezano fue suspendido entonces de sus funciones como juez para investigarlo.
Una suspensión que -como reveló en su momento este periódico- era de papel: porque el juez federal estaba suspendido con goce de sueldo por parte del Consejo de la Judicatura Federal.
Una prestación que gozó hasta el año pasado que el CJF inició un procedimiento disciplinario en contra de Jerezano tras darse a conocer que lo investigaba la DEA. Hubo muchas pruebas contra Jerezano que el Consejo nunca consideró para actuar .
Reporte Indigo reveló audios donde Jerezano presume ser parte de un grupo del crimen organizado y amenaza a un casinero para que le entregue un centro de apuestas.
“Él siempre va a ser mi enemigo y yo ya estoy preparado. Yo por eso ya pertenezco a un grupo”, se escucha decir a Jerezano.
Jerezano se refería al casinero Arturo Cardona, uno de los dueños del casino La Fortuna y que hoy está recluido acusado de falsear documentos por parte de los casineros que lo despojaron del centro de apuestas.
En la cárcel por Jerezano
Hace tres años, tres casineros de Nuevo León acusaron al juez Luis Armando Jerezano de secuestro, delincuencia organizada y de despojarles un casino de Monterrey.
Y desde hace año y medio los hermanos Arturo y Pedro Cardona, y Jesús Andrés González, están recluidos en una prisión de Nuevo León acusados de falsear información en el juicio contra Jerezano por parte de la Procuraduría del Estado.
Los casineros recluidos comprobaron la participación de Jerezano en el despojo del centro de apuestas, hubo audios con la voz del juez federal, sin embargo la Procuraduría del Estado, en ese entonces encabezada por el ahora alcalde electo de Monterrey, el priista Adrián de la Garza, desechó el caso y dictó el no ejercicio de la acción penal en contra de Jerezano.
Meses después la Procuraduría del Estado detuvo a los acusadores de Jerezano y los encarceló presuntamente por utilizar documentos falsos.
“El procurador es cómplice del juez”, acusaron los detenidos al entonces procurador del Estado, Adrián de la Garza.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
