Hay testimonios notariados, e inclusive pruebas, de una serie de irregularidades cometidas por Ricardo Anaya para erigirse en nuevo presidente nacional del PAN el domingo 16. Las principales denuncias: que infló el padrón de panistas con miembros de otros partidos que tienen militancia duplicada, que inició su campaña mucho antes de que se convocara al proceso, que utilizó recursos públicos en su promoción, que fue apoyado con dinero proveniente de gobernantes afines… Los partidarios de Javier Corral ya se alistan para exigir que se anule la elección ante el inminente triunfo de Anaya a cargo de sus acarreados.
MÉXICO, D.F: Apoyado en la estructura corporativa que domina al PAN, con un padrón fraudulento –infestado de priistas, perredistas, verdes e inclusive militantes de Morena–, y tras una campaña que inició antes de tiempo echando mano de recursos sin límite –incluidos los públicos–, Ricardo Anaya llega a la elección interna, este domingo 16, a tratar de consumar la primera fase de su plan: someter a Javier Corral.
Corral y su equipo, convocantes a una rebelión del panismo de base para obtener la victoria, siempre tuvieron claro que enfrentan al PAN corporativo, como lo denominan, en un proceso que consideran viciado de origen y en medio de actos de corrupción e impunidad.
“¡Este proceso es inválido de la ‘a’ la ‘z’!”, sentencia José Luis Luege, aspirante a secretario general de la planilla encabezada por Corral, y afirma que existen evidencias de la manipulación del padrón que controlan “mercenarios” del PAN en acuerdo con líderes de otros partidos, así como diversas faltas a las leyes y a las reglas establecidas.
“Se lo he dicho a Javier: ¡A mí me valen madre las encuestas y si sacamos 20% de los votos! ¡Esta es una elección inválida de pe a pa! Es inválida por el uso de recursos públicos y por la intromisión de gobiernos estatales y municipales, al igual que de la estructura orgánica del partido. ¡Iremos hasta las últimas consecuencias pasado el proceso, hasta donde se pueda!”
Tras la jornada en la que podrán participar 470 mil votantes, la aceptabilidad del resultado es el principal reto del PAN y de Anaya como inminente ganador, los que deben actuar con humildad e inclusión, opina a su vez Arturo García Portillo, exsecretario nacional de Elecciones que no se sumó a ninguna campaña.
“En las circunstancias políticas del país, de los adversarios, un PAN debilitado por el flanco de la unidad va a tener altos costos”, alerta García Portillo, y menciona el riesgo de que Anaya imite la arrogancia de Gustavo Madero luego de haber ganado a Ernesto Cordero. “Su actitud tan dura en el debate –dice– no abonó a la aceptabilidad del resultado”.
Y, en efecto, en el equipo de Corral no prevén reconocer, sin más, el resultado de la elección, sobre todo por las evidencias de irregularidades que han acumulado.
Por su parte, Anaya no sólo guarda silencio ante las acusaciones y pruebas de corrupción esgrimidas, sino que se negó a firmar los compromisos anticorrupción de la organización Más PAN. Tampoco ha hablado sobre estos temas con Proceso tras comprometerse a hacerlo en cuatro ocasiones.
En su oficina de la colonia Del Valle, el martes 11, Luege asevera, en entrevista con el reportero, que otra de las causales de nulidad es que Anaya se financia con dinero sucio. “Puedo afirmar, absolutamente, que hay recursos de algunos de los gobiernos panistas, quizá no de todos, pero puedo decir que de Puebla y de Sonora sí”.
–¿Recursos públicos?
–Recursos públicos utilizados en la campaña de Ricardo Anaya. De que están metidos el gobierno de Puebla y parte del gobierno de Sonora, seguro. ¡Hay dinero público en la campaña de Ricardo! Esto viola el propio reglamento y la convocatoria. Sería causal de nulidad del proceso. ¡Claro, hay que demostrarlo!
Operadores de 8 mil pesos
Corral y su equipo cuentan con pruebas documentales y testimoniales –ante notario público– para acreditar actos anticipados de campaña de Anaya desde mayo; financiamiento oscuro por más de 25 millones de pesos –Luege asegura que la cifra supera los 50 millones–, y hasta la alteración de spots institucionales del PAN para hacer proselitismo.
Desde mayo mismo, cuando aún estaba en curso la elección constitucional, el diputado comenzó su campaña con reuniones en los estados que visitaba para apoyar a los candidatos. En Veracruz generó enojo porque detrás del presídium se colocó un gigantesco letrero con su apellido: “Anaya”.
Era tan abierto su proselitismo personal, viajando con cargo a la Cámara de Diputados, reclutando liderazgos y haciendo amarres para el futuro, que el presidente estatal del PAN en San Luis Potosí, Héctor Mendizábal, le reclamó:
–Aquí nos estamos partiendo la madre, y tú en campaña por el PAN. Siquiera espérate a que acaben los comicios.
No sólo eso: Desde mayo, mientras Anaya recorría el país, su equipo reclutó en todo el territorio nacional a cientos de operadores electorales y los
proveyó de equipo, incluida una tableta electrónica, con el fin de visitar a los militantes en su propio domicilio y solicitarles su firma de apoyo para el registro como candidato a presidente del PAN, aun cuando la convocatoria correspondiente se emitiría el 30 de junio.
Con un sueldo de 8 mil pesos mensuales, según sus testimonios, los operadores fueron contratados tanto para recolectar la firma de militantes como para mostrarles spots de Anaya, dos de los cuales éste difundió como presidente interino del PAN, pero esa vez identificado como coordinador de los diputados federales.
Por ejemplo, el 18 de mayo –tres semanas antes de los comicios federales– tuvo lugar una reunión en el hotel Terraza las Fuentes de Zapopan, Jalisco, encabezada por Adolfo Colín Sánchez, colaborador del presidente estatal del PAN en Querétaro, José Luis Báez, para “apoyar en la recolección de firmas para Ricardo Anaya”.
Según el testimonio que rindió una militante ante el notario público número 43 de Zapopan, Felipe de Jesús Preciado Coronado –exdiputado federal en la 57 Legislatura, compañero de Corral–, Colín Sánchez explicó a los 80 asistentes que cada uno debía visitar a 42 militantes por semana, “para hacerles una entrevista de cuatro preguntas y mostrarles dos videos de Ricardo Anaya”.
De acuerdo con la misma militante –cuya identidad se acredita en el documento–, se les proveyó de un kit: una bolsa blanca que contenía una playera con el logotipo del PAN; 150 folletos con la leyenda de que era propaganda “dirigida exclusivamente a militantes del PAN”, más la foto de Anaya; 150 tarjetas de presentación a nombre del mismo diputado y una computadora tipo tablet, provista de GPS.
En la tablet se bajaba el padrón de militantes del distrito correspondiente para solicitarles, además de su firma, número telefónico celular y correo electrónico, datos que eran enviados de inmediato por medio de otro programa.
“Se nos informó que en tres días a más tardar –prosigue– nos entregarían los nombres de los miembros activos que nos tocaría visitar. De igual manera, se nos informó que esta era la primera de dos etapas que tendría el proyecto, que se nos daría un apoyo económico de 8 mil pesos mensuales por dos meses, y que al final del proyecto podríamos quedarnos con la tablet.”
Por cada distrito local se designó a un representante. En el distrito 2, por ejemplo, el responsable es Rodríguez Varillas Luis Alberto, director de afiliación del Comité Estatal del PAN en Jalisco y diputado federal suplente. “Al final de la reunión había un total de 80 personas, y a cada una de ellas se le entregó un kit igual que el mío”, atestiguó.
Sólo por el sueldo de esos operadores –16 mil pesos cada uno– Anaya acumularía más de 10% del tope de gastos de campaña, fijado en 10 millones de pesos, ya que en remuneraciones de dicho personal habría invertido 1 millón 280 mil pesos.
Otro acto igualmente acreditado ocurrió en Chihuahua: En Ciudad Juárez, desde principios de mayo, el equipo de Anaya comenzó a reclutar operadores entre panistas para recabar firmas de militantes, también con un pago de 8 mil pesos y la promesa de que podrían quedarse con la tablet al cabo del trabajo en junio y julio.
Conforme al testimonio rendido ante el notario público número 3 de Ciudad Juárez, Javier Ignacio Camargo Nassar, uno de los reclutadores es el dirigente juvenil panista Óscar Berumen Martínez. Asentó que la primera reunión se celebró en el hotel Villa del Sol, donde participaron otros 14 “encuestadores”.
Una mujer cuya identidad no se conoció fue la anfitriona –“nos dijo que era originaria del estado de Querétaro”–, quien le planteó que “ya éramos parte del proyecto” y que el trabajo consistía en realizar encuestas para identificar cómo estaba siendo recibido el mensaje de los candidatos a diputados federales y la opinión “del trabajo legislativo” de la bancada del PAN.
“En este proyecto se nos contrató con un pago mensual de 8 mil pesos, los cuales terminarían de depositarnos el día 3 de junio de 2015; sin embargo, en esa fecha nos indicaron que deberíamos seguir trabajando en la promoción de la imagen del señor Ricardo Anaya y que el contrato era en las mismas condiciones salariales y que trabajaríamos con el mismo equipo.”
Los responsables de las tareas de Anaya en Chihuahua, a quienes el militante identificó como sus “jefes directos de trabajo”, son Rocío Esmeralda Reza Gallego, diputada federal e integrante de la planilla; René Chavira Santos, José Rincón y Óscar Berumen.
Con base en esta información, el equipo de Corral prevé acreditar varias irregularidades que atentan contra la legalidad del proceso, como actos anticipados de campaña y empleo de recursos de oscuro origen.
Mercenarios panistas, priistas, perredistas…
Este esquema fue lo que, presumiblemente, permitió a Anaya registrarse con 235 mil 404 firmas, equivalentes al 50% de la lista nominal de electores, cuando la convocatoria sólo exigía 47 mil. “Hubiéramos querido esa eficacia para ganarle al PRI las pasadas elecciones”, ironizó Corral sobre el veloz acopio.
Para Luege, ese solo hecho hubiera sido suficiente para no entregarle el registro a Anaya, pero la comisión organizadora presidida por Héctor Larios no quiso: “Es evidente que esa comisión políticamente no tiene ni capacidad ni fuerza”.
Pero además dicho esquema está previsto para la movilización del día de votación, como suelen hacerlo panistas que provienen del PRI –tales son los casos del gobernador Rafael Moreno Valle y del veracruzano Miguel Ángel Yunes, quienes fueron diputados priistas íntimos de Elba Esther Gordillo.
“¡Todo el proceso está viciado –exclama Luege– por recursos de Moreno Valle, de Puebla! Y hay una estructura pagada. ¿Cuál es la diferencia entre la campaña nuestra y la de Anaya? Lo voy a decir, aunque me van a golpear: ¡Toda la campaña de Ricardo Anaya es una campaña profesional pagada. ¡Pagada!”
Pero, además, en el padrón del PAN existen 46 mil 883 militantes que también están registrados en otros partidos políticos, sobre todo en el PRI y en el PRD, e inclusive en Morena.
Se trata de 10% del padrón total de militantes, que asciende a 471 mil miembros y que, de por sí, se duplicó en menos de un año, debido a que realizaron afiliaciones masivas en 10 estados, como Puebla y el Distrito Federal, donde el cacique es el exdelegado Jorge Romero.
“Yo he descubierto en el Distrito Federal que hay acuerdos de este muchachito Romero con el PRD, no sé a qué niveles. Tienen tianguistas, ambulantes y un padrón que venden. ¡Este es un delito! En el DF tenemos 7 mil 208 duplicados, en el Estado de México 8 mil 619, en Puebla 8 mil 678. Hay duplicados de muchos partidos, pero en el DF es PRD, en el Estado de México PRI y PRD, en Puebla es puro PRI.”
Juzga: “Son grupos mercenarios. No participan en el PAN, pero sí en la elección interna, y eso es violatorio de la ley, de los estatutos y de todo. ¿Pero por qué son mercenarios? Porque van a recibir dinero a la hora de ir a votar. Es muy triste, pero así es. Insisto: Esa campaña es de mucho dinero y por eso se debe anular el proceso”.
Luege calcula cómo se puede rebasar el tope de gastos de campaña de 10 millones: “Supongamos que no son 46 mil 883 militantes duplicados con otros partidos, que los dejamos en 40 mil, y que a cada uno de ellos le pagan mil pesos, entonces son 40 millones de pesos ya de entrada”.
Añade: “Es una movilización al estilo priista, con los viejos esquemas de detección y acarreo, juntando a la gente en un desayuno para luego llevarla a votar. Toda esa movilización en el espíritu del PAN es ilegal, porque se rebasa el tope de campaña”.
Aunque Corral y su equipo impugnaron el padrón ante el PAN y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la denuncia se declaró improcedente sin entrar al fondo. Y así se llega a la elección de este domingo 16, en la que ese partido se juega su futuro.
“El PAN está en la peor crisis de su historia, y en la actual situación del país ¿cómo es posible que no sea un equilibrio?”, lamenta Luege y adelanta que si no hay una rectificación puede desaparecer.
“A mí me tocó la salida del Foro Doctrinario, que fue muy dolorosa, pero nada como esto, que está tocando la base, la columna vertebral del partido. Y si no hay lo que llamo una perestroika radical, entonces el partido va a la desaparición…”
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO (REPORTAJE ESPECIAL).
MÉXICO, D.F: Manlio Fabio Beltrones es uno de los hombres más informados de México. Ahí está su poder. Por más de cuatro décadas ha conocido las decisiones y hechos que han marcado la política mexicana. Pero sobre todo, a sus protagonistas.
El nuevo presidente del PRI creció y se formó en el PRI autoritario de los años 70. Gobernó Sonora en el México de Salinas y desde ahí pudo conocer de primera mano los por qué del asesinato de su paisano Luis Donaldo Colosio y del ascenso de Ernesto Zedillo.
Fue uno de los desterrados de Zedillo, quien se dedicó a deshacerse de todo lo que oliera a Salinas y a pavimentar el camino para la llegada de la oposición a la Presidencia, pasando por la pérdida del PRI de la Ciudad de México, en 1997, ante Cuauhtémoc Cárdenas.
De ahí que la primera declaración de principios de Beltrones como presidente del PRI sea acabar con la ahora trillada frase de la “sana distancia”, acuñada por Zedillo para separar a su gobierno del partido.
Tampoco sorprende que Roberto Madrazo, frustrado candidato presidencial del PRI en el 2006, haya reaparecido en el registro de Beltrones a la presidencia del PRI para arremeter contra el expresidente.
Madrazo y Beltrones son contemporáneos, pero Beltrones trascendió porque tiene una concepción de poder más allá de la coyuntura. Madrazo hizo todo por ganar la Presidencia de México. Beltrones buscó ser un factor de poder.
Fue alumno del capitán del Ejército, Fernando Gutiérrez Barrios, el llamado superpolicía del régimen del PRI gracias al control que tuvo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Subsecretaría de Gobernación. Beltrones fue secretario técnico de Gutiérrez Barrios como subsecretario en el gobierno de Luis Echeverría. Ahí aprendió el poder de la información y su control.
Desde entonces no ha dejado de tener iniciativas para hacerse de información. Desde la oposición, creó la consultora a-regional, para saber cómo los gobiernos federal y local influyen en la agenda nacional. También desde fuera del poder, dio a conocer que existía una gran red de espionaje político.
Ahora mismo, cuenta con una página personal en la que hace saber que está al tanto de los temas nacionales, pero también usa como instrumento de promoción, con el formato del sitio de un candidato en campaña.
Del manejo de la información ha hecho su virtud política, lo que le ha permitido trascender a los protagonistas del viejo régimen, pero también que sea un factótum de la política mexicana de comienzos del siglo XXI.
Nadie le niega, empezando por la oposición, que fue el arquitecto de los acuerdos políticos en el Congreso para las reformas que tenían a Enrique Peña Nieto en el reconocimiento internacional, hasta que al presidente le llegó el momento de gobernar el México real.
Si el mentor de Beltrones, Gutiérrez Barrios, fue bautizado por Fidel Castro como “el policía caballero”, el flamante presidente del PRI es ahora “el caballero de la política”, a decir de la despedida que diputados y senadores del PRI y toda la oposición le dieron el 14 de agosto pasado, cuando la Comisión Permanente del Congreso le otorgó licencia como diputado federal para inscribirse de candidato a la presidencia del PRI. Ni un solo legislador se atrevió a romper la sinfonía.
Así como Vladimir Putin trascendió al viejo régimen socialista de la Unión Soviética, a la que sirvió nada menos que como jefe de la KGB, el poderoso servicio de seguridad e inteligencia, y al desorden de los primeros gobiernos de la Federación Rusa, Beltrones ha superado a los dinosaurios priistas y domesticado a la oposición y a quienes tuvieron el poder con el PAN.
Hoy Putin busca restablecer el poder ruso, manejando las reglas del capitalismo que combatió. Toda proporción guardada, Beltrones pretende reconstruir la fuerte relación del gobierno con el partido, con él a la cabeza, echando mano del pragmatismo, como la idea del gobierno de coalición que promovió desde hace cuatro años en el Senado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA (ANÁLISIS)
La concesión de la avenida para generarle ganancias a la Ciudad de México podría no redituar altos dividendos, considerando el pobre historial de la encargada de la negociación, la paraestatal ahora llamada PROCDMX.
Aunque el Gobierno del Distrito Federal (GDF) asegure que será socio en la creación del Corredor Cultural Chapultepec, en realidad sólo recibirá un 5 por ciento del total de las ganancias que obtengan los inversionistas privados por explotar por 40 años esa zona de la capital.
Miguel Ángel Mancera confió este proyecto a Simón Levy, quien a través de PROCDMX pretende cuajar la inversión de mil millones de pesos para rehabilitar el espacio de avenida Chapultepec y la Zona Rosa.
Levy Dabbah, de la mano con Fernando Romero, el yerno prodigio del magnate Carlos Slim, proyectaron la concesión a 40 años de avenida Chapultepec, desde la calle de Lieja hasta la Glorieta de Insurgentes.
En ese tramo se pretende construir un estacionamiento subterráneo de paga, renta de espacios para el comercio de forma elevada y un andador peatonal, inspirados en las ramblas de Barcelona, España, y High Line Park, de Nueva York.
El Proyecto del Corredor Chapultepec-Zona Rosa deja clara la oportunidad que representa para los inversionistas, fundamentalmente los desarrolladores inmobiliarios ante la “degradación” que registran comercios e inmuebles.
“La Zona Rosa es un área estratégica de la ciudad por su accesibilidad y elementos de servicio que alberga, presenta una dinámica inmobiliaria acelerada que ha generado un impacto en la conformación urbana y en la dinámica poblacional; la colonia Juárez (en donde se encuentra la Zona Rosa) y las colonias aledañas presenta una particular mezcla de uso de suelo que desde sus inicios han convivido con el uso habitacional”, puntualiza el documento.
“La mayoría de los inmuebles ha concluido su vida útil o se encuentran subutilizados; existe un proceso de degradación urbana y concentración de actividades negativas en términos sociales y económicos por lo que resulta necesario una intervención para lograr reconvertirla en una de las principales centralidades económicas y urbanas de la ciudad”, refiere el documento Proyectos Conceptuales de las Anclas de las Zodes: “Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa”.
Mientras que para avenida Chapultepec los proyectos también dejan ver una clara ambición por detonar proyectos inmobiliarios.
Ahí en Chapultepec se proyectó la construcción de carriles subterráneos para eliminar parte importante del tránsito vehicular; además de construcción de estacionamientos subterráneos en esa y otras calles adyacentes.
“Los estacionamientos tienen dos objetivos: proporcionar una oferta de cajones al interior de la Zona Rosa y así poder desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios en la zona”.
Específicamente con los estacionamientos se pretende desarrollar un modelo de negocios basada en la operación de los cajones de estacionamiento en sociedad gobierno-iniciativa privada que sirvan para financiar el proyecto del corredor en general.
La empresa fallida
Las riendas del proyecto que pretende materializarse en marzo de 2017 están a cargo de Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México A.C, la paraestatal que creó Marcelo Ebrard Casaubón cuando fue jefe de Gobierno.
Siempre y cuando los vecinos o el nuevo gobierno de la delegación Cuauhtémoc, que ganó Ricardo Monreal con Morena, no se oponen a que arranquen las obras en septiembre próximo.
Calidad de Vida se transformó recientemente en PROCDMX y sigue al mando de Simón Levy.
La empresa que fue creada por Ebrard para coordinar los grandes proyectos de obra en el Distrito Federal tiene un largo historial y no precisamente de buenos resultados.
Basta recordar que la paraestatal ha sido depositaria de millones de pesos del erario capitalino y se le asignaron proyectos escandalosos, como la renta de los trenes para la Línea 12 del Metro Tláhuac-Mixcoac, la Supervía Poniente, el estacionamiento de Plaza de la República, un Reclusorio vanguardista y la transformación de cuatro Centros de Transferencia Modal (cetrams).
En el 2013 una auditoría externa que le practicó el despacho privado “Prieto, Ruiz de Velasco y Asociados SC” concluyó que la empresa creada desde el 2007 reportaba números rojos, cuando la intención era acarrear inversiones a la capital.
De acuerdo con el despacho privado, la paraestatal reportaba pérdidas por poco más de 25 millones de pesos en 2013.
Más allá de los números rojos, la participación de Calidad de Vida en dichos proyectos ha sido por demás desastroza.
Por ejemplo, en el 2009, Calidad de Vida inició la licitación de los trenes que circulan en la Línea Dorada, que hoy se mantiene suspendida en once de las 20 estaciones.
Por aquellos años la parestatal que encabeza Agustín Quintanilla Ochoa proyectó la renta de los trenes de rodadura férrea bajo un esquema de coinversión, a partir del cual se planteó la celebración de un contrato de arrendamiento puro, incluyendo el mantenimiento integral sobre el material rodante.
Pero se le acusó de realizar un “sondeo” en lo oscurito (vía correo electrónico) entre las empresas Norinco, Bombardier, CAF, Siemens y Alstom.
Derivado de los métodos poco convencionales empleados por Calidad de Vida en aquel proceso, la firma española CAF interpuso un recurso de inconformidad ante la Contraloría General del DF, a fin de que las autoridades respetaran la Ley de Adquisiciones para el DF y dejaran de enviar a las empresas comunicaciones no oficiales.
En el caso del estacionamiento de la Plaza de la República, la obra se entregó después de cuatro años de que se comenzó su construcción.
Igual que ahora con el corredor Chapultepec, Levy Dabbah argumentó que el Gobierno del DF no invirtió nada y que sólo entregó la concesión del subsuelo de la plancha para que se construyera el estacionamiento, que tuvo una inversión de 172 millones de pesos.
Transformada en su nombre, PROCDMX refiere en su página de Internet que ha logrado materializar con alrededor de 75 millones de pesos de presupuesto público desde su creación en 2007, ingresos a favor del Gobierno capitalino por el orden de los 218 millones pesos en tan solo tres proyectos.
Éstos son: el estacionamiento Plaza de la República, el Centro de Transferencia Modal “El Rosario” y los Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria, logrando una inversión cercana a los mil 300 millones de pesos.
Tan sólo la inversión del corredor Chapultepec-Zona Rosa va por mil millones de pesos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
Para lograr que la zona sea atractiva para invertir, el proyecto sugiere que las autoridades permitan un uso de suelo flexible para la construcción de mega edificios de oficinas y vivienda.
Ahí en avenida Chapultepec, la Zona Rosa y parte de la colonia Roma, el proyecto de la Zona de Desarrollo Económico y Social (ZODE) incluye construir edificios con alturas de 30 y hasta 40 pisos que igualen a los que ya están sobre Paseo de la Reforma.
Con usos habitacionales mixtos que permitan comercio, vivienda y hotelería en un mismo inmueble.
Lo anterior forma parte de las pretensiones reales del proyecto Corredor Chapultepec-Zona Rosa que promueve Simón Levy, a través de PROCDMX, antes Calidad de Vida y Progreso para la Ciudad de México.
A pesar de las profundas transformaciones que se tienen proyectadas en la zona de impacto de avenida Chapultepec, Glorieta de Insurgentes y Zona Rosa, la opinión de los vecinos se dejó para el final.
Y es que desde su concepción, el proyecto del Corredor Chapultepec exhibe con claridad las oportunidades que representa para el mercado de las inmobiliarias en la capital.
El documento que soporta dicho proyecto cultural, pero sobre todo económico, refiere como visión de lo que se pretende consumar: “un espacio de oportunidades de negocio, inmobiliarias y que atraiga la vivienda plural”.
“La renovación de avenida Chapultepec y de la Glorieta de Insurgentes se convertirán a mediano plazo en una importante oportunidad de desarrollo inmobiliario, además de ofrecer distintas oportunidades de negocio en las actividades comerciales y de servicio”.
El uso de suelo
Para lograr que la zona sea atractiva para invertir, quienes elaboraron el proyecto sugieren que las autoridades permitan un uso de suelo flexible que da pauta a la construcción de mega edificios de oficinas y vivienda.
“Por ello, en cuanto a la política de desarrollo urbano aplicable a los lotes colindantes con la avenida Chapultepec se deberá buscar un uso flexible que permita la inclusión de comercio en planta baja, oficinas, habitación y hoteles en los niveles siguientes”.
Así por ejemplo, para los lotes que se ubican en las inmediaciones de avenida Chapultepec, se propuso un uso de suelo Habitacional Mixto con 30 niveles de altura y 20 por ciento de área libre HM/30/20, es decir, un uso atractivo para el mercado inmobiliario con niveles similares a los aplicables en Paseo de la Reforma.
En cuanto a los lotes en la delimitación del proyecto Plaza Insurgentes, cuyas conexiones desembocan en la colonia Roma, se pretende que el uso sea Habitacional Mixto con 40 niveles de altura y 20 porciento de área libre MH/40/20.
No en vano en los estudios de factibilidad se toma como referencia las construcciones de hasta 50 niveles que ya operan sobre Paseo de la Reforma.
“Las anclas se ubican próximas a Reforma y los corporativos buscan la cercanía a las zonas de negocios, lo que da mayor posibilidad de fusionar los usos con las anclas.
“Generar inmuebles con diferentes usos complementando los espacios y aumentando la sustentabilidad económica de los proyectos”, puntualiza el Proyecto ZODE Corredor Cultural Chapultepec.
Para proponer la transformación de la zona, Calidad de Vida estudió lo que fue y lo que actualmente es la Zona Rosa, la avenida Chapultepec y la Glorieta de Insurgentes.
Por su ubicación, la Zona Rosa ha sido por años área de gran movimiento turístico y corporativo; pero actualmente el sitio ha caído en descuido, generando el desarrollo de negocios nocivos para la ciudad.
En el área de estudio existen tres estaciones del Metro pertenecientes a la Línea 1: Chapultepec, Sevilla e Insurgentes; también incluye a la Línea 1 del Metrobús con la estación Insurgentes.
Al igual que las rutas de microbús: SR 2-17, 2-09 y 2-32 abarcando las dos superficies destinadas a los edificios ancla.
“El área donde la imagen urbana se encuentra en mayor descuido es la misma que está propuesta para desarrollar los proyectos detonadores, con los que la imagen urbana de todo el polígono para la ZODES cultural se encontraría realzada, haciendo de esta zona un gran destino cultural y turístico, propicio para generar nuevas inversiones”.
El alumbrado público es provisto mediante luminarias instaladas en postes contándose con un aproximado de 5 mil 810 luminarias.
El 80 por ciento es de luz mercurial y el resto de otros tipos. Con descompostura del 10 por ciento del total de las luminarias.
Monreal, a favor de la consulta
Ricardo Monreal, delegado electo en la delegación Cuauhtémoc,
que será directamente afectada o beneficiada por este proyecto, le propuso al jefe de Gobierno efectuar una consulta ciudadana para involucrar a los vecinos e informarles de qué se trata, el objetivo y alcances.
En entrevista, el exgobernador de Zacatecas dijo que hace poco más de diez días conoció el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec.
“Me pareció interesante y positivo. Es un propósito correcto recuperar las áreas abandonadas, pero hay que socializar el proyecto, incluso una consulta para que la gente decidiera”, subrayó.
Dice que le pidió a Miguel Ángel Mancera ver el proyecto a detalle, y días después se lo mostraron a través de un grupo de profesionistas.
Está consciente de que no puede emitir aún una opinión con el peso jurídico de un delegado en funciones, sino hasta después del 1 de octubre.
Por lo pronto, Monreal pidió al mandatario capitalino y a Simón Levy que se realice una consulta para tomar en cuenta la opinión de los vecinos de las colonias impactadas, como Juárez, Roma, Cuauhtémoc, Hipódromo Condesa, Tabacalera y San Rafael.
Pese a respaldar el rescate de la zona y de la imagen urbana advierte que el punto que se debe revisar a detalle tiene que ver con los usos de suelo.
“Esa (los usos de suelo) es la parte que tiene que revisarse, plantearía que la discusión se dé también entre urbanistas, arquitectos, técnicos, que orienten.
No todas las voces al interior de Morena están de acuerdo con esa postura y rechazan tajantemente el proyecto del corredor; es el caso del diputado local electo, José Alfonso Suárez del Real.
Respecto a esta diferencia, el zacatecano declaró que como delegado electo intenta actuar con responsabilidad.
“Respeto la voz del diputado Alfonso Suárez del Real, es un experto en la materia, yo sólo pido que se escuche a la gente, pero obviamente mi responsabilidad es gobernar para todos, por eso planteo la consulta, hay una relación de respeto y de amistad con el diputado.
“No vamos a estar en contra de todo por una posición política. La opinión del delgado puede pesar, pero no debe ser la única. La gente decide lo que debamos hacer y así lo ofrecí en la campaña”, recordó Monreal.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
CANCUN, Q. Roo: A partir de datos entresacados de un informe de Standard and Poor ‘ s, la Secretaría Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno presumió la cabal salud en que se encuentran las finanzas estatales.
Juan Pablo Guillermo Molina, titular de la dependencia, destacó que la entidad tuvo en 2014 un superávit de 2.2% en el gasto de inversión y que el IMSS ubica al estado como líder en la generación de empleos formales durante este año.
Y más:
“Hoy más que nunca podemos confirmar que las políticas de trabajo y de disciplina financiera del gobernador Roberto Borge, de priorizar el gasto social y reducir el gasto corriente, están rindiendo frutos que permitirán continuar un crecimiento sostenido en obra pública y mayor inversión en rubros sociales e infraestructura en beneficio de los quintanarroenses”.
Un vistazo al reporte permite comprobar que el funcionario falseó el reporte de la calificadora internacional que, entre sus indicadores, consigna que la economía y la administración financiera de la entidad es débil y que la deuda pública se ha duplicado durante el mandato de Roberto Borge Angulo.
Standard & Poor’s explica que su calificación “BBB” significa que la deuda a largo plazo presenta “parámetros de protección adecuados”, pero también establece que “condiciones económicas adversas o cambios coyunturales probablemente conduzcan al debilitamiento de la capacidad del emisor para cumplir con sus compromisos financieros”.
Y da un dato que ni el titular de Sefiplan,ni el Gobernador R0berto se han atrevido a precisar.
Que la deuda total es de 19 mil 621 millones de pesos, 9 mil millones de pesos más de la que Borge Angulo heredó de Félix González Canto. La duplicación obedece a los 13 créditos solicitados.
“Entre los estados mexicanos que calificamos, la deuda estimada a ingresos discrecionales de Quintana Roo en 2015 es la segunda más alta después de Coahuila”, destaca.
La calificadora precisa que la deuda de la entidad representa 190% de sus ingresos discrecionales y que para cumplir con sus compromisos bancarios, el gobierno estatal tiene comprometidos 91.4% de sus las participaciones federales.
Además, destaca que la entidad se encuentra actualmente a 379 millones de pesos del límite de deuda que le impusieron los bancos con los que refinanció sus pasivos a largo plazo en 2014.
“De acuerdo con los contratos de refinanciamiento que se firmaron recientemente, la deuda de largo plazo del Estado está limitada a 20 mil millones de pesos”, precisa el reporte.
La calificadora señala que también que el gobierno de Borge tiene una deuda con proveedores por dos mil 286 millones que, si bien disminuyó en relación con a la de 2013, que era de 3 mil 609 millones, “sigue siendo alta y podría presionar la liquidez del estado en los próximos años”.
Contra lo dicho por el titular de la Sefiplan, la calificadora concluye que de acuerdo con nuestros criterios, los relativamente bajos ingresos propios del Estado y su bajo gasto de inversión dan como resultado una flexibilidad financiera ‘muy débil”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
COLIMA, Col: El juez primero de Distrito en esta ciudad concedió a dos profesores la suspensión provisional contra actos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y otras autoridades, en relación con el proyecto de evaluación docente derivado de la reforma educativa, informó el abogado Agustín Díaz Torrejón, asesor jurídico de los promoventes.
La medida cautelar fue otorgada dentro de dos juicios de amparo, uno de ellos el 1083/2015, para que las autoridades responsables, sin perjuicio de que continúen con el proceso de evaluación, se abstengan de dictar la resolución hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados.
De acuerdo con Díaz Torrejón, los quejosos argumentaron en sus respectivas demandas de garantías la falta de emplazamiento por parte de las autoridades responsables al procedimiento administrativo mediante el que se pretende evaluar su permanencia como docentes, así como la falta de información, capacitación y acompañamiento en el proceso administrativo de evaluación en el servicio profesional docente.
Mediante un acuerdo firmado por la secretaria del juzgado, Verónica Farías Contreras, la instancia judicial pidió a las autoridades responsables rendir su informe previo en un plazo de 48 horas, “en el que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance y que permitan a este juzgador establecer el monto de las garantías correspondientes”.
La decisión sobre la suspensión definitiva será tomada después de la audiencia incidental, para determinar si el asunto debe permanecer en la situación en que se encuentra hasta que se emita la sentencia sobre el juicio de amparo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
MÉXICO, D.F: El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar una versión pública de las averiguaciones previas relacionadas la matanza de Tlatelolco y el llamado ‘Halconazo’ por las que fue consignado en su momento el expresidente Luis Echeverría, entre otros personajes públicos, por el delito de genocidio.
Las averiguaciones previas sobre los hechos registrados el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971 -PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002- actualmente están inmersas en los expedientes números SEIDF/CGI/262/2007 y SEIDF/CGI/260/2007.
La PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), respondió inicialmente al particular que requirió la información que dicha documentación forma parte de en una averiguación previa en trámite, por lo que “tiene el carácter de reservada por un periodo de 12 años”.
El particular se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el Inai que fue turnado a la comisionada presidenta, Ximena Puente de la Mora. El requirente argumentó que se trata de un tema de interés nacional y pidió que el órgano de transparencia analizara la respuesta de la PGR.
La dependencia, actualmente a cargo de Arely Gómez, confirmó que las dos averiguaciones previas contienen información relacionada con ambos sucesos pero reiteró que están en trámite y su información “es reservada”.
Además, destacó que la Coordinación General de Investigación de la PGR no ha recibido observaciones, recomendaciones y/o comunicaciones de organismos nacionales y/o internacionales de derechos humanos por ambas averiguaciones.
Al analizar el caso, la comisionada a cargo constató que se dejó abierto un triplicado por cada una de las indagatorias consignadas porque en las investigaciones se advirtió, a juicio del Agente del Ministerio Público de la Federación, la probable participación de otra u otras personas como probables responsables.
Con base en esos triplicados se dio origen a nuevas indagatorias —SEIDF/CGI/262/2007 y SEIDF/CGI/260/2007—que se encuentran en integración por el delito de genocidio. Además la PGR no declaró su inexistencia y en ellas obra la información que le interesa al particular.
Por ello, la comisionada consideró que la PGR sí cuenta con documentos que puede atender lo solicitado por el particular y la Procuraduría no puede argumentar una imposibilidad material para entregarla.
Además, argumentó que en ambas averiguaciones aplica el supuesto de excepción establecido en la Ley de Transparencia, que establece que “no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de las investigaciones de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad”.
La comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos sostuvo que el asunto es trascendente ya que han pasado 47 años y siguen las dudas de lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968.
“Se aproximaban los Juegos Olímpicos y para México era algo muy importante, desde luego. A esta fecha no hemos sabido qué pasó, cuáles fueron realmente las razones”, expresó.
Por su parte, el comisionado Oscar Guerra dijo que es importante que se sepa la verdad histórica de estos casos, para aprender de ellos.
“Creo que es evidente que todavía quedan muchas incógnitas sobre lo sucedido en estos lamentables acontecimientos del 68, que bueno, como en la paradoja de la historia es lamentables lo que sucedió pero finalmente, ya visto en la perspectiva histórica, pues sembraron una semilla de democracia y de democratización del país que todavía se sigue en este proceso de la transición democrática.
“Es importante que la gente sepa que el acceso a la información, sirve también para hacer efectivo el derecho a la verdad de los acontecimientos históricos”, dijo.
El comisionado Joel Salas Suárez, agregó que no es posible continuar con la denegación sistémica de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación del daño de las víctimas de desaparición forzada.
“La creciente violencia que vive el país, obliga a que se establezca un control ciudadano de las instituciones de seguridad, a través del derecho a la verdad y la rendición de cuentas”, subrayó.
Al respecto, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas señaló que el derecho a la información, consiste en la veracidad de la narración de los hechos.
“Esos hechos encogieron el corazón, angustiaron y dejaron desolada a una población que atestiguó hechos lamentables en la capital del país, con un ejército que salió a perseguir a civiles, a jóvenes que reclamaban otro mejor momento”, apuntó.
Finalmente, los comisionados aprobaron por unanimidad revocar la respuesta de la PGR e instruirla a entregar al particular versiones públicas de las averiguaciones previas relacionadas con los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, y el 10 de junio de 1971.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Ciudad de México, 20 de agosto: Aunque ya había sido aprobado por integrantes de la Primera Comisión, sospechosamente se retiró del orden del día el punto de acuerdo por el que se pedía a la administración del Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, a realizar una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
En el punto de acuerdo que presuntamente fue retirado para no personalizarlo en la figura de Moreno Valle, sino que se redactará nuevamente para hacerlo extensivo a todos los gobernadores del país, se pedía que el Gobierno de Puebla ejerciera los recursos federales con apego a la ley y no se retrasara en su ejercicio.
Y es que en la revisión de la cuenta pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el Gobierno de Puebla ejerció a destiempo los recursos entregados ese año por la Federación para gastos en seguridad pública, comprometiendo el cumplimiento de los objetivos para las que fueron etiquetados los dineros públicos.
En el punto de acuerdo eliminado de la Gaceta Parlamentaria se pedía a Puebla transparencia en la operación del FASP, en un momento que coincidía con la denuncia realizada por Artículo 19 sobre la opacidad en el gobierno de Moreno Valle.
El texto fue propuesto originalmente por el Diputado poblano Javier Filiberto Guevara González, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El legislador se dijo preocupado porque Puebla carece de actividades de control adecuados para asegurar el ejercicio de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal al cual fueron asignados.
“El estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FASP, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron cabalmente sus objetivos y metas”, sostuvo el priista.
Señaló que en la revisión de la cuenta pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el Gobierno de Puebla ejerció a destiempo los recursos entregados ese año por la Federación para gastos en seguridad pública.
Detalló que en para el 2013 se entregaron 291,383.9 miles de pesos del FASP a Puebla, de los cuales 74.3 por ciento no se habían ejercido hacia el 31 de diciembre de ese año.
Posteriormente, la Auditoría Financiera y de Cumplimiento con Enfoque de Desempeño con registro 13-A-21000-14-0499GF-615 detectó que hacia el 31 de agosto de 2014 todavía no se ejercía el 39.7 por ciento de los recursos asignados en 2013, por un importe de 127,808.0 miles de pesos.
Al cierre de la auditoría, se detectó que estaba pendiente de aclarar 12,097.8 miles de pesos de rendimientos financieros.
Para el legislador federal priista la falta de certidumbre en el gasto a tiempo de los recursos federales “impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública, y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional”.
Derivado de las observaciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación se detectó que la entidad carece de actividades de control suficientes que garantizaran el cumplimiento de las metas establecidas; no se contó con controles adecuados para asegurar el ejercicio de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal al cual fueron asignados.
También que el Gobierno del Estado de Puebla no contó con los controles suficientes para que sus procesos de adquisición se realizaran conforme a la normativa. La entidad no contó con los controles suficientes para garantizar que los bienes se entregaran en tiempo y forma. No hubo controles suficientes para que los bienes adquiridos se encontraran instalados y en uso.
En otras palabras, el estado de Puebla registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de adquisiciones y registros contables, porque carece de “actividades de control” suficientes que garantizaran el ejercicio de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal al cual fueron asignados.
Además, el Gobierno del Estado de Puebla tampoco contó con los controles suficientes para garantizar que los bienes en materia de seguridad se entregaran en tiempo y forman, ni para que se encontraran instalados y en uso.
Ante esto, el resolutivo segundo proponía un exhorto al Gobierno de Moreno Valle
para que estableciera controles suficientes que garantizaran el cumplimiento de las metas establecidas para el ejercicio de los recursos federales.
PUEBLA NO UTILIZA EL DINERO PARA SEGURIDAD
Ya desde el mes de febrero de este año, la Auditoría Superior de la Federación evidenció el subejercicio del Gobierno de Puebla.
De los más de 83 millones de pesos presupuestados para el fortalecimiento de las instituciones encargadas de procurar seguridad y justicia, sólo ejerció poco más de 17 millones hacia el 31 de diciembre de 2013 y 34 millones de pesos para agosto de 2014.
Caso similar el de los recursos para fortalecer los servicios de llamadas 066 para emergencias y el 089 para denuncia ciudadana. De poco más de 56 millones de pesos presupuestados en el 2013, para el 31 de diciembre sólo había ejercido nueve millones 500 mil pesos. Sin embargo, para agosto de 2014, el gobierno poblano ya había utilizado 51 millones 600 mil pesos.
En otro ejemplo, de los 15 millones 400 mil pesos presupuestados para implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, sólo se habían ejercido poco más de 300 mil pesos al finalizar el año, cifra que creció a 456 mil pesos en agosto de 2014. Es decir más de 14 millones de pesos sin utilizarse en avanzar hacia el modelo de justicia que permitirá agilizar los juicios.
Llaman la atención que para otros rubros, el gobierno poblano no ejerció ni un solo peso durante todo el año. Tal es el caso de los recursos presupuestados para la estrategia en el combate al secuestro, para implementar el Sistema Nacional de Información, y los recursos para genética forense.
Por estos motivos, en el Informe de la Auditoría Superior de la Federación se aseveró que el control interno del Gobierno de Puebla durante 2013 fue “bajo, ya que son insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de la normativa y la transparencia en su operación”.
De acuerdo al informe de la auditoría, se determinaron 16 observaciones, de las cuales 11 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe.
Las cinco restantes generaron dos recomendaciones, es decir, sugerencias a la entidad fiscalizada para fortalecer los procesos administrativos y los sistemas de control, así como una solicitud de aclaración y dos pliegos de observaciones.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-08-2015/1457677.
La inmobiliaria Abilia encargada del desarrollo del proyecto de 122 departamentos en Rubén Darío 225, en la colonia Polanco, propiedad de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, denunció a Teresa Adriana Pérez Romo, esposa de Joaquín López Dóriga, por extorsión, publica este día el diario Reforma.
De acuerdo con el diario capitalino Pérez Romo exigió a través de su abogado esa cantidad a cambio de no parar la obra. Por ello, presentó una denuncia ante la fiscalía de Miguel Hidalgo bajo el número CI-FMH/MH-5/UI- 3 S/D/00427/08-2015,en contra de Paloma Carrera Baños y Gabriela Torres Ramírez, vecinas de Pérez Romo, e incluye a sus abogados Mario Alberto Becerra Pocoroba y Érika Mendoza Bergmans.
“Realizaron diversas conductas en contra de mi mandante al haber solicitado en reiteradas ocasiones un beneficio económico en diversas formas, hasta llegar al absurdo de solicitar la cantidad de $5’000,000.00 (CINCO MILLONES DE DÓLARES) para que diversas autoridades del Distrito Federal dejaran sin efectos los procedimientos que se habían instaurado previamente”, dice la denuncia presentada en 14 de agosto y expuesta por Reforma.
El diario también difunde un video que forma parte de la denuncia y que fue grabado el pasado 16 de junio en las instalaciones de inmobilaria, en el que se observa al abogado Becerra, solicitar el dinero a nombre de Adriana Pérez Romo.
“En pocas palabras, quieren dinero, cabrón [...] A eso se resume, aunque se oiga así de brusco. No hubiera querido yo venir a decírtelo nunca, y a eso se redujo: quieren dinero. ¿Cuánto quieren? Quieren 5 millones de dólares”, se escucha decir a Becerra Pocoroba.
En la grabación también se expone que los vecinos que habitan en el condominio continuo a la construcción se han quejado por diversas cosas respecto a la obra, entre ellas la falta de luz. Los vecinos han solicitado cambio “cristales de las ventanas y los 11 elevadores de las dos torres en las que viven, así como el mejoramiento de un jardín de niños y la sustitución de las plantas de emergencia”, señala Reforma.
Los vecinos, no confermes, después agregaron otras demandas donde incluían otro jardín, planta electricas de emergencia, calderas para la alberca y la rehabilitación del espacio público.
Acompañado de Erika Mendoza Bergmans, también abogada de Pérez Romo, el litigante exige el pago de los 5 millones como una “compensación” de la perdida de la plusvalía del edificio y para los vecinos que incluyen a Pérez Romo y la coordinadora del Comité Ciudadano de Bosques de Chapultepec, Gabriela Torres.
La denuncia realizada por la inmobilaria de Aramburuzabala acusa, además, a Paloma Cerrera Baños y Gabriela Torres Ramírez, vecinas de Pérez Romo y los abogados de esta última, Mario Alberto Becerra Pocoroba y Érika Mendoza Bergmans.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-08-2015/1458101.
No sólo delincuentes y civiles han perdido la vida en la guerra que Felipe Calderón declaró en enero de 2007 contra el narcotráfico. También el Ejército ha aportado una cuota de sangre: 458 militares muertos y mil 318 heridos en casi una década. En respuesta a peticiones de información de este semanario, la Secretaría de la Defensa revela sus estadísticas de “bajas”, donde se constata que Tamaulipas es la entidad más letal para los uniformados, muy lejos de Michoacán o Guerrero, donde también han sido vapuleados, o de Jalisco, estado en el cual fue derribado un helicóptero de la Fuerza Aérea el pasado 1 de mayo.
MÉXICO, D.F: En el saldo de bajas derivado del combate al narcotráfico en México, el Ejército también ha pagado su cuota. Casi 2 mil efectivos de la principal fuerza armada de México han muerto o han sido heridos desde que Felipe Calderón le declaró “la guerra a las drogas”; guerra que, salvo cambios en el discurso, mantiene el presidente Enrique Peña Nieto.
Casi nueve años han pasado desde que Calderón decidió sacar a los militares de los cuarteles para enfrentar a los grupos de la delincuencia organizada; sin embargo, la muerte de civiles, más de 100 mil desde entonces, no se compara con el número de bajas del Ejército.
Pero el total de efectivos muertos y heridos en ese lapso, mil 776 hasta el pasado mayo, muestra a un Ejército en combate, sin tregua, tal como aquellos involucrados en conflictos internos o internacionales.
Los datos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dan cuenta de una milicia en operaciones fuera de sus cuarteles con directivas específicas para la llamada Campaña Permanente Contra el Narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El resultado le ha sido costoso: 458 muertos y mil 318 heridos.
Casi todas las bajas –así las llaman los militares– se concentran en los rangos menores. El generalato ha estado prácticamente a salvo. En los siguientes grados, unos pocos jefes y docenas de oficiales han resultado muertos o heridos. La mayor cuota de sangre la ha puesto la tropa: soldados, cabos y sargentos.
En respuesta a dos peticiones de información realizadas por Proceso, la Sedena deja en claro que gran parte del territorio nacional ha sido escenario de las bajas del Ejército.
El estado más letal ha sido Tamaulipas, guarida de Los Zetas, la organización delictiva surgida del propio seno de esa institución armada. Fuerzas especiales le dieron origen en los noventa y desde entonces los cuarteles del país se han convertido en sus surtidores de gente ya entrenada por el propio Ejército.
Los años de Calderón fueron los más mortíferos para el Ejército. Con Peña Nieto las bajas no cesan, aunque a un ritmo menor y con nuevos escenarios geográficos de confrontación.
Fuera de Tamaulipas, que se mantiene como la entidad más peligrosa para los soldados mexicanos, Jalisco es ahora uno de los estados más problemáticos. El ataque con un misil antiaéreo que derribó un helicóptero Cougar 725 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) el pasado 1 de mayo exhibió la vulnerabilidad del Ejército.
Michoacán y Sinaloa también son estados donde todos los años, desde 2007, hay bajas para el Ejército. Con Calderón, las entidades más peligrosas para los soldados fueron Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Nuevo León, Guerrero, Veracruz, Zacatecas, Coahuila, Durango y Chihuahua. En este sexenio, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas siguen siendo críticos.
El letal Tamaulipas
La principal causa de las bajas es “agresión de arma de fuego”, aunque también ha habido por accidentes aéreos y automovilísticos, ahogados y atropellados.
En su relación de “Personal fallecido en la aplicación de la campaña permanente contra el narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, la Sedena tiene el registro del estado, municipio, fecha, grado y circunstancia de los casos de efectivos militares muertos. La misma información está contenida en su relación titulada “Militares heridos con motivo de las agresiones en contra del personal militar”.
De todo el país, sólo 10 entidades han dejado saldo blanco al Ejército: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Puebla, Querétaro, Quintan Roo, Tlaxcala y Yucatán.
Tanto en el caso de los fallecidos como de los heridos, todas las armas y varios servicios del Ejército han sido afectadas: Infantería, Caballería Motorizada, Artillería, Blindada e Ingenieros.
La mayoría de las bajas han sido de Infantería. En menor medida, de Caballería, y en mucho menor proporción, de Artillería, Blindada e Ingenieros. En servicios, conductores y cocineros también forman parte de las bajas. En el caso de los mil 318 heridos reportados en total, 647 pertenecen al arma de Infantería y 303 a Caballería.
La Fuerza Aérea también ha registrado muertos y heridos, tanto escuadrones aéreos como fusileros paracaidistas. Lo mismo ha ocurrido con la Policía Militar, Compañías no Encuadradas de Infantería. Las Fuerzas Especiales y Batallones de Operaciones Especiales han reportado asimismo bajas. Pero lo más significativo es que el mayor número de éstas ha ocurrido en el actual sexenio.
Según la relación de personal fallecido, en el sexenio de Calderón, 30 efectivos fueron “ejecutados” por células delincuenciales. Esa circunstancia no se reporta en lo que va del gobierno de Peña Nieto. En el sexenio pasado, 357 militares perdieron la vida, mientras que en los 31 meses de gobierno de Peña Nieto, la Sedena ya registra 101 efectivos fallecidos.
En Tamaulipas han perdido la vida 79 elementos; 46 el sexenio pasado y 32 en el actual. Además, casi la mitad de todos los heridos ha ocurrido ahí. Sedena reporta 609, 46.2% de todos los heridos en casi una década.
A decir de ambos informes, casi toda la geografía tamaulipeca ha sido escenario de ataques al Ejército: Matamoros, Río Bravo, Reynosa, Ciudad Madero, Tampico, Nuevo Laredo, San Fernando, Ciudad Mier, Miguel Alemán, Gustavo Díaz Ordaz, Valadeces, Tancol, Camargo, Hidalgo, Méndez, Nueva Ciudad Guerrero, San Carlos, Valle Hermoso Ciudad Mante y la propia capital del estado, Ciudad Victoria.
A Tamaulipas le sigue Michoacán, donde Calderón inició la guerra contra el crimen organizado en enero de 2007 con una imagen que marcó su paso por la Presidencia: vestido con chamarra y quepí castrenses más grandes que su talla.
Fue en esa entidad donde el Ejército sufrió las primeras bajas de esta guerra. En total, 34 efectivos murieron en Michoacán el sexenio anterior como parte de los enfrentamientos con La Familia Michoacana y su escisión, Los Caballeros Templarios. Aunque ambos cárteles oficialmente están desarticulados, en lo que va del gobierno de Peña Nieto la cifra de militares muertos llega a 10.
En Sinaloa, la tierra del fugitivo Chapo Guzmán, cinco miembros de la milicia han perdido la vida en lo que va de esta administración. Durante los operativos que autorizó Calderón, 36 efectivos de la Sedena fallecieron en esa entidad.
Guerrero y Jalisco –otras dos entidades azotadas por los cárteles del narcotráfico– presentan contrastes entre uno y otro sexenio. El caso más significativo es Jalisco. Con Peña Nieto como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, las muertes de militares en ese estado alcanzan ya la cifra de 19.
La acción más aparatosa ocurrió el pasado 1 de mayo, cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación derribó con un misil tierra-aire el helicóptero Cougar 725 de la FAM entre los municipios de Villa Purificación y Casimiro Castillo. En el ataque murieron 11 militares, por “agresión de arma de fuego”.
En los siguientes 19 días, otros cinco militares del Regimiento Blindado de Reconocimiento fallecieron por “agresión por arma de fuego” y por “accidente con arma de fuego”, en los municipios de Casimiro Castillo y Villa Purificación. Con Calderón, apenas cinco efectivos del Ejército murieron en Jalisco; cuatro de ellos pertenecían al arma de Infantería.
En Guerrero, donde operan las bandas Guerreros Unidos y Los Rojos –surgidos tras la ejecución de Arturo Beltrán Leyva por parte de fuerzas especiales de la Marina– perdieron la vida 28 militares con Calderón, mientras que con Peña van cinco.
Por lo que hace a los heridos, después de los 609 de Tamaulipas, siguen Nuevo León con 122; Guerrero, 80; Michoacán, 70; Sinaloa, 67; Veracruz, 58; Zacatecas, 51; Coahuila, 50; Durango, 43; Chihuahua, 42; Jalisco, 33; San Luis Potosí, 28; Nayarit, 23; y Sonora con 12.
Por grados
La lista de “Personal Fallecido en la Aplicación de la Campaña Permanente Contra el Narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos” ilustra que aunque la mayoría de las bajas son soldados, cabos y sargentos en ambos sexenios, también han caído oficiales (capitán primero, capitán segundo, teniente y subteniente) y jefes (coronel, teniente coronel y mayor), aunque en menor número.
En la gestión de Calderón, 27 tenientes perdieron la vida, la mayoría de ellos por accidentes aéreos, seguidos de agresión por armas de fuego y tres ejecutados por el crimen organizado. Los ejecutados fueron en Ciudad Guzmán, Jalisco, en 2010; Saltillo, Coahuila, también ese año y Zamora, Michoacán, en 2011. En lo que va del gobierno de Peña Nieto, siete tenientes han fallecido, cuatro por agresión por arma de fuego, uno por caída y dos por accidente aéreo.
En las campañas militares sólo un general ha resultado lesionado. Ocurrió en Sombrerete, Zacatecas, el 17 de marzo de 2009. Se trató de un general de brigada adscrito a la Comandancia General de la 11 Zona Militar y quien fue herido con arma de fuego.
Entre los lesionados la Sedena sólo reporta a un coronel y cuatro tenientes coroneles. Es decir, sólo cinco jefes del Ejército han resultado heridos. El número se incrementa entre los oficiales. Llega a 131, pero está muy lejos de los heridos entre la tropa. De los oficiales, 16 subtenientes, 96 tenientes, 16 capitanes segundos y tres capitanes primeros han resultado lesionados.
Esas cifras están muy lejos de las heridas recibidas por los soldados y las llamadas clases (cabo, sargento segundo y sargento primero). Llama la atención que la Sedena reporte, entre los heridos, 98 casos “sin datos” del grado o el arma al que pertenecían.
La Sedena tiene registrados también los días más aciagos para sus efectivos. Además del 1 de mayo de 2015, el 20 de diciembre de 2008, ocho efectivos de Infantería aparecieron ejecutados en Chilpancingo, Guerrero. Nueve habían sido ejecutados en Monterrey, Nuevo León, entre el 15 y el 22 de octubre de ese año.
En Badiraguato, Sinaloa, tierra natal de los capos históricos del narcotráfico en México, el 19 de junio de 2010, 11 efectivos de las Fuerzas Especiales y del Escuadrón Aéreo fallecieron en un accidente aéreo. El 18 de abril de 2008, 12 miembros de la Fuerza Aérea y de Infantería murieron en lo que la Sedena reportó como accidente aéreo, en Uruapan, Michoacán. También en ese tipo de accidente, el 24 de noviembre del 2010 cuatro integrantes de un escuadrón aéreo perdieron la vida en Monterrey.
Por lo que toca a los heridos, el año más difícil para el Ejército fue 2011, con un total de 324. Cerca estuvieron 2012, con 290; y 210, con 257. En esos tres años, 871 efectivos fueron heridos, todos por agresión de arma de fuego. Con Peña Nieto, en sus primeros dos años y medio la cifra es de 246.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARIAZAGA/NOÉ ZAVALETA (REPORTAJE ESPECIAL)
