La desaparición de Duarte Martínez es el último de los ataques denunciados por este grupo de ex policías de Tijuana, que comenzaron en enero pasado con el asesinato de otro de ellos, Jaime Berumen, quien fue estrangulado cuando realizaba labores de velador.
“No queremos especular –destacó el abogado Raúl Ramírez, de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste–, no queremos señalar a ninguna autoridad en especial como responsable de la desaparición de Artemio Duarte, lo que queremos es que se abra una línea de investigación que apunte a la desaparición forzada, considerando todos los antecedentes del caso.”
Artemio Duarte, junto con otros 22 policías municipales de Tijuana, fueron secuestrados entre marzo y abril de 2009 por elementos del 28 Batallón de Infantería, que los trasladaron al cuartel conocido como Aguaje de la Tuna –segunda Zona Militar en Tijuana–, donde fueron torturados durante tres días, con el objeto de que confesaran su participación en actividades criminales.
Tal como pudo comprobar la Comisión Nacional de Derechos Humanos (a través de su recomendación 87/2011), estos 23 policías fueron secuestrados por el Ejército, con la complicidad de Julián Leyzaola, militar en retiro que en ese momento ocupaba el cargo de secretario de Seguridad Pública en el gobierno municipal de Tijuana.
Tres días de torturas después –que incluyeron amordazamiento, golpes en todo el cuerpo, descargas eléctricas en genitales, asfixia, aplastamiento y agresiones sexuales–, estos 23 policías, junto con dos civiles, fueron extraídos del cuartel del 28 Batallón en Tijuana y trasladados por agentes de la PGR al penal federal de Tepic, Nayarit, donde se les fincaron cargos por delincuencia organizada, usando como pruebas las confesiones obtenidas por los militares.
Estos 23 policías, cabe destacar, obtuvieron después su libertad, al comprobarse que no existían pruebas en su contra, salvo las confesiones obtenidas mediante tortura. Sin embargo, nunca pudieron recuperar sus trabajos.
“La reinstalación en sus trabajos siempre ha sido una de las demandas centrales de este grupo de ex policías –destacó el abogado Raúl Ramírez–, no sólo quieren el pago de salarios caídos, no sólo quieren la indemnización por el daño económico, material, físico, psicológico que tiene cubrir la reparación integral que ordenó la CNDH, sino que ellos, además, han demandado siempre su reinstalación.”
En 2014, Artemio y otros integrantes del grupo de ex policías ganaron un amparo, mediante el cual un juez federal ordenó al Ayuntamiento de Tijuana reinstalarlos en sus puestos de policía, debido a las deficiencias presentes en el proceso de su remoción. Y luego de obtener este amparo, comenzaron los ataques.
Enero…
El 22 de enero de 2015, Jaime Berumen Borrayo fue encontrado muerto, dentro del inmueble donde trabajaba como velador. Había sido estrangulado.
Berumen había acumulado un expediente de 25 años de labor en la policía municipal de Tijuana, institución de la que fue expulsado tras el secuestro de que fue víctima a manos del Ejército, en 2009, y desde entonces luchaba por su reinstalación.
Tras su asesinato, explica el abogado Raúl Ramírez, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos solicitaron al gobierno federal decretar medidas de protección especial, en beneficio de los otros 22 ex policías.
Estas medidas cautelares, detalló el abogado, fueron otorgadas por la Secretaría de Gobernación en junio de 2015, aunque, aclara, “nunca fueron implementadas, en los hechos, no hubo nada por parte de Segob, y de haberse implementado dichas medidas de protección, seguramente Artemio Duarte (de 63 años) no estaría desaparecido”.
–¿Qué es lo último que se sabe de él?
–El 11 de agosto salió de su casa, anunciando a su familia que iría a realizar un trabajo de carpintería. Desde entonces, no sabemos nada de él.
–Y, ¿cuáles eran las medidas de protección que debía haberle otorgado la autoridad?
–El tipo de medidas cautelares que otorga la autoridad, en estos casos, son custodia por parte de agentes federales, además, se entrega un botón de pánico, que las personas bajo protección pueden accionar cuando se consideran en riesgo, para alertar a las autoridades. Sin embargo, nada de esto fue cumplido por Gobernación.
De hecho, días después de que estas medidas cautelares fueron decretadas, uno más de los integrantes de este grupo de ex policías secuestrados por el Ejército en 2009, René Huante, fue detenido por la policía municipal de Tijuana, y permaneció detenido en sus instalaciones durante varias horas, sin que se le fincara cargo alguno.
Según la denuncia que Huante formuló en junio, durante el tiempo que pasó detenido, recibió amenazas en su contra por parte del actual director de Seguridad Pública municipal, Alejandro Lares Valladares, quien le reclamó violentamente por la demanda de reinstalación en sus empleos.
Dos meses después, vino el tercer ataque del año en contra de este grupo de expolicías: la desaparición de Artemio Duarte.
Por esta ola de ataques a la integridad y seguridad de el grupo de 23 ex policías secuestrados por el Ejército y despedidos por el Ayuntamiento de Tijuana, a pesar de haberse comprobado su inocencia, cinco diputados federales alzaron la voz en el Congreso de la Unión, el pasado 14 de agosto, en demanda de que las autoridades estatales y federales emprendan una búsqueda exhaustiva para dar con el paradero de Artemio Duarte, y que se cumplan las medidas dictadas para la protección de su familia y del resto de sus compañeros.
–¿Desde la desaparición de Artemio Duarte, las autoridades han realizado alguna acción para su localización, o para proteger al resto de los policías amenazados?
–No –responde el abogado Raúl Ramírez–, las autoridades no han ofrecido hasta ahorita nada, de su parte sólo hay un silencio sepulcral.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
