México suma 16 años sin sancionar sobornos de empresas nacionales y extranjeras

Pese a ratificar en 1999 el Acuerdo de la OCDE por este delito, el país no ha emitido sanciones y apenas en este 2015 inició dos investigaciones. Países como Estados Unidos suman más de cien sanciones en el mismo periodo.

México es un país que falla en el combate a la corrupción y una muestra es que en 16 años no ha sancionado a funcionarios públicos por recibir sobornos cuando empresas extranjeras quieren cerrar un contrato de obra pública, alertó Transparencia Internacional.

El organismo revisó el cumplimiento de la Convención de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) contra el Cohecho Transnacional que México ratificó en 1999 y calificó al país con una mínima o nula aplicación, es decir, que prácticamente no sanciona ni persigue los sobornos y la corrupción.

Además de que no se hay sanciones, sólo se tiene registro de que la Procuraduría General de la República (PGR) inició dos investigaciones por cohecho internacional en 2015. Antes de este año no hay averiguaciones previas pese a los múltiples escándalos de corrupción y soborno a funcionarios públicos que existen en el país.

El Convenio también obliga a los Estados a investigar y sancionar cuando las empresas del país intenten obtener un contrato en el extranjero y violen la ley local o sobornen a sus autoridades. En este caso, México tampoco ha actuado.

Transparencia Internacional recomienda a México mejorar la comunicación entre la PGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores y las representaciones diplomáticas para detectar e informar sobre casos de soborno transnacional que involucren a empresas mexicanas en el extranjero.

El mal papel de México en la aplicación de esta Convención sólo se compara a lo hecho por países como Brasil, Rusia o Turquía, que también obtuvieron la peor calificación.

Las naciones que más sancionan e investigan los hechos de corrupción y sobornos de parte de empresas son Alemania, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos. Éste último sancionó 108 casos de soborno trasnacional e inició 105 investigaciones en los últimos cuatro años.


Italia, Canadá, Australia, Austria, Noruega y Finlandia cumplen con las disposiciones de la Convención de forma moderada; otros nueve: Francia, Holanda, Corea del Sur, Suecia, Hungría, Sudáfrica, Portugal, Grecia y Nueva Zelanda lo hacen de forma limitada; y finalmente 20 países —entre los que se encuentra México— la respetan poco o nada.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Juez niega orden de aprehensión contra 22 empleadas de Guardería ABC

El Consejo de la Judicatura Federal destaca que en el incendio que causó la muerte de 49 infantes fue de tal magnitud que no permitió que se realizara el desalojo de todos los menores.

Las órdenes de aprehensión solicitadas en contra de 22 empleadas de la Guardería ABC fueron negadas por el juez tercero de Distrito en el estado de Sonora, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez. Dichas órdenes habían sido requeridas por el Agente del Ministerio Público Federal en torno a los hechos del 5 de junio de 2009.

La solicitud de las órdenes de aprehensión contra las empleadas surgió por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio culposo por omisión; lesiones culposas (que no ponen en peligro la vida) y lesiones culposas por omisión (que ponen en peligro la vida).

En un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal se afirma que el Ministerio Público Federal indicó que las probables responsables tenían el deber de preservar la integridad física de todos los infantes que se encontraban dentro del inmueble, lo cual no habría sucedido al no haberse procurado la evacuación de todos ellos.

De acuerdo con el juez, las empleadas sí reaccionaron al siniestro en mayor o menor medida, pero debido a la rápida propagación del fuego – que según dictámenes periciales se ocasionó por la falta de medidas preventivas en la construcción de la guardería – no pudieron desalojar a todos los menores.

En los resultados de los propios dictámenes se establecieron omisiones hacia los dueños de la guardería, arrendatarios de la bodega contigua (perteneciente a la Secretaría de Hacienda del estado) y autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y de Protección Civil Estatal y Municipal. No se destacó omisión alguna por parte de los empleados de la guardería.

El comunicado destaca que en el incendio que causó la muerte de 49 infantes fue de tal magnitud que no permitió que se realizara el desalojo de todos los menores.


El 5 de junio de 2009, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, un incendio en una bodega de la Secretaría de Hacienda del estado se propagó a la Guardería ABC, edificación adjunta a la de Hacienda. En el evento fallecieron 49 infantes.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Seis meses necesitó Función Pública para exonerar a Peña, Rivera y Videgaray

La investigación designada al secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, diagnosticó que no hubo conflicto de interés por la relación de los funcionarios públicos y la primera dama con Grupo Higa.

Ni Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera o Luis Videgaray incurrieron en conflicto de intereses al adquirir distintas propiedades en México, así lo informó el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade en una conferencia convocada esta mañana.

Ése es el resultado de la investigación designada a Andrade desde febrero de 2015 – cuando fue nombrado secretario de la Función Pública – para esclarecer si el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, incurrieron en conflictos de interés por su relación con Grupo Higa.

Andrade centró el informe en el hecho de que ni Peña Nieto ni Videgaray formaron parte de los 22 contratos de obra pública establecidos con las empresas vinculadas al accionista Juan Armando Hinojosa Cantú, lo que descarta el conflicto de interés.

Asimismo resaltó que las propiedades en Ixtapan de la Sal (de Peña Nieto) y en Malinalco (de Videgaray) fueron adquiridas antes de que ambos funcionarios llegaran a su cargo actual y se comprobó su propiedad.

En el caso de la propiedad de Sierra Gorda, en la Ciudad de México, adquirida por Angélica Rivera, Andrade destacó que el contrato celebrado es legal y no fue modificado posteriormente para favorecerla una vez que Peña Nieto tomó posesión de la presidencia.

Sobre este mismo inmueble se remarcó que el pago de la propiedad se hizo con los recursos que Rivera acuñó en su trabajo como actriz. También se acreditó que Rivera recibió un finiquito por 88 millones de pesos el 25 de junio de 2010 de parte de Televisa.

Otro de los elementos centrales en la investigación fue el interrogatorio a 111 funcionarios públicos involucrados con los contratos de obra pública en cuestión a quienes se les cuestionó si recibieron alguna orden de resolver cualquier procedimiento de una manera determinada. Todos ellos negaron que ése hubiera sido el caso.

Virgilio Andrade aclaró que solo puede haber intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios de un servidor público estén en posibilidad de afectar su desempeño imparcial en el cargo que tiene asignado.

“El conflicto de interés no se materializa con la amistad”

El Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade descartó que la amistad entre el accionista Juan Armando Hinojosa Cantú y el presidente Enrique Peña Nieto se traduzca en un conflicto de interés pues, asegura, el Ejecutivo Federal no se ha visto beneficiado por esta relación.

“Las relaciones no están prohibidas. Se tiene que demostrar la materialización de beneficios (para determinar si hay conflicto de interés)”, aseguró Andrade en conferencia de prensa.


Ante el cuestionamiento de si la investigación se basó sólo en las declaraciones de los servidores para determinar si era verdad, Andrade dijo que los testimonios de los 111 funcionarios se contrastaron con otra información dentro del expediente completo que la Secretaría decidió publicar en su micrositio.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

EU no sólo abrió la Energía en México, también acomodó a sus petroleras: DeSmogBlog

Ciudad de México, 21 de agosto: El Gobierno de Estados Unidos no sólo ayudó al de México a mentir públicamente mientras preparaba la Reforma Energética para abrir este sector estratégico a las grandes compañías internacionales, sino que también sirvió como mediador para que compañías de gas y petróleo norteamericanas se beneficiaran de los cambios a Ley, revelan nuevos documentos obtenidos por DeSmogBlog, uno de los sitios de información especializada más importantes del mundo.

El sitio publicó el pasado siete de agosto cómo Hillary Clinton, ex Secretaria del Departamento de Estado y precandidata a la Presidencia de Estados Unidos, encabezó desde Washington un amplio equipo que ayudó a abrir a la empresa estatal Pemex a las compañías internacionales del petróleo y el gas, el cual posteriormente se benefició económicamente con la Reforma Energética de México. Ahora muestra nuevos documentos que arrojan a luz el papel que el gobierno de Estados Unidos ha desempeñado para ayudar a implementar la privatización de la industria de petróleo y del gas de México.

“[Los documentos] revelan que el gobierno de Estados Unidos actuó como mediador entre el gobierno de México y las compañías del petróleo y gas de Estados Unidos que buscan sacar provecho de una política hecha posible detrás de bambalinas por los esfuerzos del Departamento de Estado de la entonces Secretaria de Estado, Hillary Clinton”, dice la publicación que firma Steve Horn.

DeSmogBlog detalla que los documentos fueron obtenidos de la Ciudad de San Antonio, Texas, y de la Universidad de Texas-San Antonio (UTSA). La documentación es sobre la Conferencia de las Exportaciones de Estados Unidos-México de negocios gas y petróleo, que se celebró en mayo pasado en San Antonio y que fue auspiciada tanto por el Departamento de EU y por el Departamento de Comercio, así como por la UTSA.

“La conferencia es un seminario de un día para exportadores estadounidenses que quieren tomar ventaja en la Reforma Energética de la industria del petróleo y gas de México”, se explicó un comunicado de prensa antes del evento. “La conferencia reunirá a expertos del gobierno, de los negocios y académicos para discutir los mercados que se abren en México. Los expertos mostrarán a empresas de Texas lo que pueden hacer para posicionarse para entrar en la planta baja de las nuevas oportunidades de mercado “, agrega el documento.

Thomas Tunstall, investigador del UTSA y autor de un reciente informe sobre el impacto económico de la fracturación hidráulica en el Eagle Ford Shale, se hizo eco de estos comentarios en una cita que dio previo al evento.

“No sólo es una oportunidad para las empresas en México”, dijo Tunstall, “pero esta investigación de hidrocarburos de esquisto y la exploración y producción de gas representa una oportunidad de exportación para las empresas estadounidenses que han sido pioneras en las técnicas no convencionales usadas ahora.”

“Los registros también ponen en duda la afirmación hecha por el Secretario de Energía de México, Pedro Joaquín Coldwell, sobre que la política de privatización fue ’100 por ciento hecha en México’. Coldwell dijo esto en respuesta a la investigación de DeSmogBlog que mostró una fuerte participación del Departamento de Estado en el alumbramiento de la reforma”, dice la publicación.

El reporte dice “que es sorprendente cuán involucrado está ahora [el gobierno de Estados Unidos] en el intento de ayudar a las empresas estadounidenses que construyen sus beneficios dentro del nuevo régimen de política [energética de México]“.


DeSmogBlog dice que los organizadores de la Conferencia de las Exportaciones de Estados Unidos-México de negocios gas y petróleo “se jactaban de la convocatoria como una oportunidad de negocios para las empresas estadounidenses”.

Francisco Cerón, especialistas en petróleo y gas de alto especialista del Servicio Comercial de los Estados Unidos, fue uno de los que habló en la conferencia. Él hizo una presentación titulada, “El Mercado Mexicano del Petróleo y el  Gas y las oportunidades para las empresas estadounidenses” y otra titulado “Hazte PEMEX Proveedor”.

“La amplias reformas energéticas de México fueron totalmente fabricados en México. El Departamento de Comercio de Estados Unidos no influyó en estas reformas mientras se estaban llevando a cabo”, dijo Karen Allen, Director Comercial para el Servicio Comercial de los Estados Unidos en la Ciudad de México a DeSmogBlog.

Alejandra Bueno, abogado de la firma Cacheaux, Cavazos & Newton (CCN), también habló en la reunión. CCN fue fundada en 1994 y cuenta en su web que la “práctica creció rápidamente a medida que los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hicieron efecto.”

DeSmogBlog dice que antes de conseguir un trabajo en CCN, Alejandra Bueno trabajó como Directora de Negocios Internacionales y Representante del Sur de Texas, para el Gobernador y candidato republicano a la Presidencia de EU Rick Perry.

Dice que Perry ha estado en el Consejo de Administración de Energía Transfer Partners, una empresa que busca  construir en el cruce fronterizo entre EU y México ductos de gas cruce. Dice que además ha salido en apoyo de las enmiendas constitucionales de México.

Bueno también se desempeña como presidenta de la comisión de energía bilateral de la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM), creada un año después de la aprobación de la enmienda a la Constitución de México en noviembre de 2014, con los objetivos de “facilitar el intercambio de oportunidades y la interconectividad entre las empresas de los EU y México”.


De acuerdo a un correo electrónico enviado por Shahrzad Dowlatshahi, jefe de relaciones internacionales de la Ciudad de San Antonio, a Daniel Rodríguez, Director de la oficina de San Antonio por el Centro de Asistencia de Exportación de Estados Unidos: “Alejandra ha sido muy activa con nuestra oficina en relación a las delegaciones procedentes de México con un interés en el Eagle Ford Shale “.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-08-2015/1458156

“Un empleado absolvió a su jefe” por compras de casas a contratistas: Anaya

"¿Alguien esperaba algo diferente de Virgilio? ¿Entonces?", soltó por su parte el senador Miguel Barbosa (PRD).

“¿Cómo puede ser que sea un empleado quien absuelve a su jefe y cómo puede ser que lo absuelve de un conflicto de interés, cuando él mismo es quien, en ese acto, tiene un profundo conflicto de interés?”, preguntó este viernes el presidente del PAN, Ricardo Anaya, sobre la investigación que realizó la Secretaría de la Función Pública, quien determinó que no existió conflicto de interés en la compra de las casas del presidente Enrique Peña Nieto y de Angélica Rivera, a contratistas del gobierno federal.

Tras recibir la declaratoria de validez y la constancia de mayoría como presidente del Partido Acción Nacional, Anaya habló sobre los resultados de la investigación realizada por Virgilio Andrade, que calificó como ”una auténtica burla”, que ofende a los mexicanos y viene a confirmar lo que lastima tanto a nuestro país: la impunidad.

Adelantó que el PAN no se quedará ”con los brazos cruzados”, y llevará el asunto ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la PGR.

Sostuvo que “México no merece seguir padeciendo este PRI corrupto, corruptor, promotor de la impunidad, que además ha resultado profundamente ineficaz y malo para gobernar”. Pero, de cara a las elecciones de 2018, advirtió que “tampoco vamos a permitir, como ha ocurrido en otras latitudes, que de este ambiente de profundo hartazgo social, surja un líder mesiánico y populista, que lleve a México literalmente a la quiebra”, en clara referencia a Andrés Manuel López Obrador.

Adelantó que las prioridades en la agenda legislativa del PAN serán: revertir la reforma fiscal y sacar adelante todas las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.

¿Esperaban algo diferente? 

Sobre el mismo tema, en conferencia de prensa, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, dijo: “¿Alguien esperaba algo diferente de Virgilio? ¿Entonces?”.

“Todos esperábamos que esa iba a ser la respuesta o la salida de la investigación”, refirió.

“En tanto la Secretaría de la Función Pública siga siendo parte del Gabinete, de la estructura gubernamental, no vamos encontrar una función pública vigilada, evaluada, desde el mismo Gabinete. No se ha podido migrar hacia que la evaluación del desempeño de los servidores púbicos esté a cargo de una entidad autónoma, ya no se creen muchas de las autonomías porque luego las autonomías no llegan a ser eso por el procedimiento de integración de los órganos… mientras la estructura en la administración pública siga siendo así, ese tipo de finales de la historia vamos a tener”, consideró.

Para Barbosa, lo que la SFP presentó una investigación “que pretende ser una verdad formal y una interpretación jurídica. Que si eran servidores público o no cuando adquirieron las propiedades, ésa es parte determinante; si hay conflicto de intereses en ese momento”.

“La determinación del conflicto de intereses al parecer se asume a partir de decir que cuando se adquirieron no eran servidores públicos ni la señora Angélica Rivera, que no es servidora pública, ni el presidente Peña, ni el secretario de Hacienda. Pero, repito, políticamente creo que es un tema que no satisface a la opinión pública, digámoslo así… Díganme ustedes si los satisface a ustedes”, lanzó a los reporteros.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

EPN ofrece disculpa por “interpretaciones que indignaron a mexicanos” en caso de la Casa Blanca

Tras el informe de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el que se señala que ni Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera o Luis Videgaray incurrieron en conflicto de interés al adquirir distintas propiedades en México, el mandatario subrayó que "las conductas de las partes involucradas fueron legales.

Luego que la mañana de este viernes el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, informara que ni Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera o Luis Videgaray incurrieron en conflicto de interés al adquirir distintas propiedades en México –entre ellas, la conocida como ‘Casa Blanca’-, el presidente se refirió a este asunto durante una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Durante su intervención, Peña Nieto admitió que “estos acontecimientos dieron lugar a interpretaciones que lastimaron e incluso indignaron a muchos mexicanos”.

“A todos ellos les ofrezco una sincera disculpa”, dijo el mandatario, quien no obstante subrayó que “las conductas de las partes involucradas fueron legales y no existieron dichos conflictos (de interés)”. 

“La conducta tanto de mi esposa como la mía estuvieron plenamente apegada a la ley”, subrayó Peña Nieto.

Asimismo, el político mexiquense aseguró que estos meses han sido difíciles para él y su familia, especialmente para su esposa Angélica, a quien le agradeció “por su entereza y solidaridad”.

En su intervención, Peña Nieto reconoció que las instituciones públicas y privadas han sufrido un deterioro en la confianza, y lo más grave es que esa confianza también se perdió entre los ciudadanos.”Por ello es momento de empezar un profundo esfuerzo común para recobrar este valor que hemos perdido, es momento de recobrar la confianza en México y en nosotros mismos”, recalcó.

Exoneran a Peña, Rivera y Videgaray… seis meses después

Este viernes 21 de agosto, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, informó que ni Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera o Luis Videgaray incurrieron en conflicto de intereses al adquirir distintas propiedades en México.

Ése es el resultado de la investigación designada a Andrade desde febrero de 2015 –cuando fue nombrado secretario de la Función Pública– para esclarecer si el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, incurrieron en conflictos de interés por su relación con Grupo Higa.

Andrade centró el informe en el hecho de que ni Peña Nieto ni Videgaray formaron parte de los 22 contratos de obra pública establecidos con las empresas vinculadas al accionista Juan Armando Hinojosa Cantú, lo que descarta el conflicto de interés.

Asimismo resaltó que las propiedades en Ixtapan de la Sal (de Peña Nieto) y en Malinalco (de Videgaray) fueron adquiridas antes de que ambos funcionarios llegaran a su cargo actual y se comprobó su propiedad.


En el caso de la propiedad de Sierra Gorda -la llamada ‘Casa Blanca’-, en la Ciudad de México, adquirida por Angélica Rivera, Andrade destacó que el contrato celebrado es legal y no fue modificado posteriormente para favorecerla una vez que Peña Nieto tomó posesión de la presidencia.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN

Dólar cierra la semana en 17.28 pesos

MÉXICO, D.F: Afectado por la caída del mercado de valores chino y la debilidad de su producción manufacturera, el peso continuó su caída ante el dólar por cuarto día consecutivo.

Al cierre de esta jornada el billete verde se vendió en 17.28 pesos en ventanillas bancarias, mientras que a nivel interbancario o al mayoreo cada dólar se cotizó en 16.91 unidades.

De un día a otro el peso perdió 1.03% de su valor, pese a la inyección de 400 millones de dólares realizada este día por el Banco de México (200 millones como parte del mecanismo que activa cuando el peso se deprecia más de 1%, y los otros 200 subastados diariamente).

Nada, pues, detiene la depreciación de la moneda mexicana, afectada por el comportamiento del mercado de valores, el desplome del precio del petróleo, la incertidumbre financiera en la Zona del Euro y la inminente alza de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en Estados Unidos.

Tan sólo en una semana el peso se depreció 3%, es decir, perdió 50 centavos de su valor (el dólar en 16.41 y cerró en 16.91 unidades), y desde que inició agosto acumula una baja de 74 centavos, es decir, 4.6% hasta el día de hoy.

Ante tal situación, el gobernador del Banco de México aseguró que el tipo de cambio no tendrá incidencia en la inflación; no obstante, la cúpula empresarial alertó que no será posible contener los efectos de la apreciación del dólar, ya que las importaciones e insumos suben, lo que se trasladaría al consumidor final en caso de seguir la tendencia.

Caen bolsas por efecto Shangai

No sólo el tipo de cambio se vio impactado por el comportamiento del Shangai Comp, que registró un desplome de 4.27%, las principales bolsas en el mundo también sufrieron pérdidas, y la mexicana no fue la excepción.

En Wall Street el índice industrial Dow Jones disminuyó 3.12% y el exclusivo Standard & Poor’s retrocedió 3.19%, mientras que el tecnológico Nasdaq bajó 3.52%. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por su parte, presentó una baja de 2.03%.

En Europa la situación fue peor: el índice principal del viejo continente, el Euro Stoxx 50, cerró la semana con una caída de 3.17% y el CAC 40 de Francia se desplomó 3.19%, en tanto que el DAX alemán retrocedió 2.95% y el FTSE 100 de Reino Unido 2.83%.

La bolsa de Milán, el FTSE MIB tuvo una variación negativa de 2.83% y el IBEX 35 español registró una caída de 2.98%.


Otras bolsas que se desplomaron fueron el ASX 200 de Australia, el Hang Seng de Hong Kong, el Jakarta Comp de Indonesia, el Nifty en la India, el Nikkei 225 de Japón, el Kospi de Korea y el PSEi de Filipinas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.

Al menos 8 periodistas cuentan con protección en la ciudad de México: CDHDF

Reconoce la instancia que diversos comunicadores, como Rubén Espinosa, han pedido apoyo y seguridad por amenazas a su integridad física.

Por lo menos ocho periodistas han denunciado hostigamiento en diversos estados y han solicitado apoyo a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), afirmó este jueves la presidenta de dicha instancia, Perla Gómez Gallardo.

En conferencia de prensa, la titular de la entidad explicó que esos comunicadores amenazados ya estaban en la ciudad de México cuando ocurrió el multihomicidio donde se encontraba el periodista de Cuartoscuro y Proceso, Rubén Espinosa.

“Nos están buscando para que reforcemos las medidas porque justo los puso en alerta este contexto, indistintamente de lo que se dé en la investigación”, explicó.

Gómez Gallardo afirmó que es muy importante el hecho de que haya inclusión y apertura por parte del Gobierno de la ciudad de México para que participen todas las Organizaciones de Sociedad Civil y especialistas, porque hace falta el Reglamento de la nueva Ley de Protección a Defensoras y Periodistas.

La Ley recientemente publicada requiere reglamento y requiere ya iniciar acciones, “porque tenemos todavía en la Ciudad periodistas que están pidiendo protección y que con esta nueva Ley esperamos se haga una diferencia preventiva de protección”, dijo.

Comentó que en una reunión que se tendrá este jueves, hablarán del marco legal, para “generar de manera inmediata el reglamento, porque derivado de ello, ya se podrá implementar el Mecanismo que, esperamos sea un referente para otros estados“.

Aclaró que otros estados están en falta, en el momento en que periodistas tienen que salir de ahí por las agresiones que sufren.

Explicó que el caso no es sólo una situación donde fue privado de la vida un periodista. “Es un contexto de varias entidades federativas que llevan más de una década sumando desapariciones y asesinatos, y a la fecha hay un nivel de impunidad.

“La Fiscalía Especial de Protección a Periodistas tiene un desfase de ocho años en las investigaciones para encontrar a presuntos responsables de asesinatos de periodistas”, dijo.

Líneas de investigación

La titular del organismo señaló además que en el caso del multihomicidio en la Narvarte se deben agotar todas las posibles causas del asesinato, una de ellas línea de investigación en libertad de expresión.

“Hasta que no haya certeza sobre todo el caso en la colonia Narvarte, no se puede cerrar ninguna línea de investigación“, dijo.

Señaló la relevancia del Protocolo de Feminicidio y la línea de investigación en libertad de expresión. Explicó que por el tema de la defensora y del fotoperiodista, el contexto sobre el cual estaban ellos ejerciendo su trabajo y por qué estaban fuera de sus entidades, para que también esa sea una línea que se agote.

“Estaremos muy atentos a que indistintamente la línea que fortalezca más la Procuraduría, y que muestre a la sociedad para que no haya impunidad, se sigan documentando, permitiendo a la coadyuvancia aportar las pruebas y que se agoten todas ellas”, afirmó.


También aclaró que desde el primer momento se emitieron medidas precautorias para que se evitara la difusión indebida por parte de la autoridad de datos que afecten la imagen o no abonen a una adecuada documentación.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Desaparece expolicía que denunció torturas del Ejército; Gobernación incumplió medidas para protegerlo

Artemio Duarte Martínez es uno de los 23 ex policías que en 2009 fueron secuestrados y torturados por elementos del Ejército Mexicano. Recientemente había ganado su reinstalación en el cargo.

Familiares y agrupaciones ciudadanas de Tijuana, Baja California, denunciaron la desaparición de Artemio Duarte Martínez, uno de los 23 ex policías que en 2009 fueron secuestrados y torturados por elementos del Ejército Mexicano, y quien recientemente había ganado, en tribunales, su reinstalación en el cargo.

La desaparición de Duarte Martínez es el último de los ataques denunciados por este grupo de ex policías de Tijuana, que comenzaron en enero pasado con el asesinato de otro de ellos, Jaime Berumen, quien fue estrangulado cuando realizaba labores de velador.

“No queremos especular –destacó el abogado Raúl Ramírez, de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste–, no queremos señalar a ninguna autoridad en especial como responsable de la desaparición de Artemio Duarte, lo que queremos es que se abra una línea de investigación que apunte a la desaparición forzada, considerando todos los antecedentes del caso.”

Artemio Duarte, junto con otros 22 policías municipales de Tijuana, fueron secuestrados entre marzo y abril de 2009 por elementos del 28 Batallón de Infantería, que los trasladaron al cuartel conocido como Aguaje de la Tuna –segunda Zona Militar en Tijuana–, donde fueron torturados durante tres días, con el objeto de que confesaran su participación en actividades criminales.

Tal como pudo comprobar la Comisión Nacional de Derechos Humanos (a través de su recomendación 87/2011), estos 23 policías fueron secuestrados por el Ejército, con la complicidad de Julián Leyzaola, militar en retiro que en ese momento ocupaba el cargo de secretario de Seguridad Pública en el gobierno municipal de Tijuana.

Tres días de torturas después –que incluyeron amordazamiento, golpes en todo el cuerpo, descargas eléctricas en genitales, asfixia, aplastamiento y agresiones sexuales–, estos 23 policías, junto con dos civiles, fueron extraídos del cuartel del 28 Batallón en Tijuana y trasladados por agentes de la PGR al penal federal de Tepic, Nayarit, donde se les fincaron cargos por delincuencia organizada, usando como pruebas las confesiones obtenidas por los militares.

Estos 23 policías, cabe destacar, obtuvieron después su libertad, al comprobarse que no existían pruebas en su contra, salvo las confesiones obtenidas mediante tortura. Sin embargo, nunca pudieron recuperar sus trabajos.

“La reinstalación en sus trabajos siempre ha sido una de las demandas centrales de este grupo de ex policías –destacó el abogado Raúl Ramírez–, no sólo quieren el pago de salarios caídos, no sólo quieren la indemnización por el daño económico, material, físico, psicológico que tiene cubrir la reparación integral que ordenó la CNDH, sino que ellos, además, han demandado siempre su reinstalación.”

En 2014, Artemio y otros integrantes del grupo de ex policías ganaron un amparo, mediante el cual un juez federal ordenó al Ayuntamiento de Tijuana reinstalarlos en sus puestos de policía, debido a las deficiencias presentes en el proceso de su remoción. Y luego de obtener este amparo, comenzaron los ataques.

Enero…

El 22 de enero de 2015, Jaime Berumen Borrayo fue encontrado muerto, dentro del inmueble donde trabajaba como velador. Había sido estrangulado.

Berumen había acumulado un expediente de 25 años de labor en la policía municipal de Tijuana, institución de la que fue expulsado tras el secuestro de que fue víctima a manos del Ejército, en 2009, y desde entonces luchaba por su reinstalación.

Tras su asesinato, explica el abogado Raúl Ramírez, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos solicitaron al gobierno federal decretar medidas de protección especial, en beneficio de los otros 22 ex policías.

Estas medidas cautelares, detalló el abogado, fueron otorgadas por la Secretaría de Gobernación en junio de 2015, aunque, aclara, “nunca fueron implementadas, en los hechos, no hubo nada por parte de Segob, y de haberse implementado dichas medidas de protección, seguramente Artemio Duarte (de 63 años) no estaría desaparecido”.

–¿Qué es lo último que se sabe de él?

–El 11 de agosto salió de su casa, anunciando a su familia que iría a realizar un trabajo de carpintería. Desde entonces, no sabemos nada de él.

–Y, ¿cuáles eran las medidas de protección que debía haberle otorgado la autoridad?

–El tipo de medidas cautelares que otorga la autoridad, en estos casos, son custodia por parte de agentes federales, además, se entrega un botón de pánico, que las personas bajo protección pueden accionar cuando se consideran en riesgo, para alertar a las autoridades. Sin embargo, nada de esto fue cumplido por Gobernación.

De hecho, días después de que estas medidas cautelares fueron decretadas, uno más de los integrantes de este grupo de ex policías secuestrados por el Ejército en 2009, René Huante, fue detenido por la policía municipal de Tijuana, y permaneció detenido en sus instalaciones durante varias horas, sin que se le fincara cargo alguno.

Según la denuncia que Huante formuló en junio, durante el tiempo que pasó detenido, recibió amenazas en su contra por parte del actual director de Seguridad Pública municipal, Alejandro Lares Valladares, quien le reclamó violentamente por la demanda de reinstalación en sus empleos.

Dos meses después, vino el tercer ataque del año en contra de este grupo de expolicías: la desaparición de Artemio Duarte.

Por esta ola de ataques a la integridad y seguridad de el grupo de 23 ex policías secuestrados por el Ejército y despedidos por el Ayuntamiento de Tijuana, a pesar de haberse comprobado su inocencia, cinco diputados federales alzaron la voz en el Congreso de la Unión, el pasado 14 de agosto, en demanda de que las autoridades estatales y federales emprendan una búsqueda exhaustiva para dar con el paradero de Artemio Duarte, y que se cumplan las medidas dictadas para la protección de su familia y del resto de sus compañeros.

–¿Desde la desaparición de Artemio Duarte, las autoridades han realizado alguna acción para su localización, o para proteger al resto de los policías amenazados?


–No –responde el abogado Raúl Ramírez–, las autoridades no han ofrecido hasta ahorita nada, de su parte sólo hay un silencio sepulcral.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

Marchan en Guerrero a dos años de la detención de Nestora Salgado

Chilpancingo, Gro. Alrededor de 500 personas marcharon en Chilpancingo, en el marco del segundo aniversario de la aprehensión de la comandanta de la Policía Comunitaria, Nestora Salgado García.

Los contingentes encabezados por los padres de los 43 alumnos desaparecidos de la normal de Ayotzinapa realizan dos mitines hasta el momento. Uno en la Comisión estatal de Derechos Humanos de Guerrero y el segundo en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia.

Los mítines demandan la libertad de Nestora Salgado y demás presos políticos de la Policía Comunitaria. Se prevé otra protesta en las instalaciones de la fiscalía estatal.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: SERGIO OCAMPO.

La CDHDF “sin condiciones” para probar tortura al único detenido por caso Narvarte

MÉXICO, D.F. 20 de agosto: La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) no ha encontrado “condiciones” para asegurar que Daniel Pacheco Gutiérrez, el único detenido y consignado por el multihomicidio de la colonia Narvarte, haya sido torturado para declarar sobre el caso, informó la presidenta del organismo, Perla Gómez Gallardo.

“Al día de hoy no tenemos condiciones para afirmar que haya una situación de tortura. Ha habido contradicciones en las dos entrevistas por parte del propio presunto. Nos hace falta la investigación ya del diagnóstico médico”, agregó la funcionaria en entrevista al término de la presentación de la Recomendación 6/2015 en la sede del organismo.

Sobre el aspecto sicológico de Pacheco Gutiérrez, dijo que los médicos de la CDHDF determinaron “que no necesita en este momento este tipo de acercamiento”.

La ombudsman reiteró: “No podemos en este momento afirmar una situación de tortura. Lo que se ha estado haciendo son las indagatorias con contradicciones en la entrevista y sin necesidad de acompañamiento sicológico”.

Cinco días después del multihomicidio ocurrido el 31 de julio, Daniel Pacheco Gutiérrez fue detenido afuera de su casa en la delegación Coyoacán. En su primera declaración –el 5 de agosto– confesó haber estado en el departamento 401 de la calle Luz Saviñon número 1909.

Entonces aseguró que no opuso resistencia y que los policías no lo habían forzado para detenerlo. Agregó que el golpe que traía en la cara al momento de que la PGJDF le tomó la fotografía para su identificación se lo hizo él mismo al tratar de subir a la patrulla.

Sin embargo, el lunes 10 en la ampliación de su declaración cambió su versión, como lo publicó la revista Proceso (2024) en el número que circula esta semana.

Dijo: “Comenzaron a golpearme para introducirme a un auto que llegó; me subieron a golpes, aplicándome la llave china. Me decían palabras obscenas, que me estaban esperando los colombianos, que no me hiciera pendejo, que ya sabían todo. Uno de ellos me presionó el cuello y perdí el conocimiento por unos segundos. Reaccioné a base de golpes. Me amenazaron de que si no los ayudaba irían por mi familia”.

Hay 8 periodistas más refugiados en el DF

La presidenta de la CDHDF, Perla Gómez, informó que desde antes del multihomicidio del fotoperiodista colaborador de Proceso, Cuatoscuro y AVC, Rubén Espinosa, al menos ocho periodistas de distintos estados del país estaban refugiados en la Ciudad de México. Agregó que después del crimen del 31 de julio, se acercaron a la Comisión para solicitar el reforzamiento de las medidas de seguridad.

“Tenemos ubicadas a por lo menos ocho personas (periodistas) que están en la Ciudad de México. Por eso nos urge que no solamente se agilice el tema del Reglamento (de la nueva Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas), sino como Comisión en acercamiento tanto al Mecanismo General, como a las autoridades locales, pero no esperar a que estén los Mecanismos ya actualizados, sino que inmediatamente se den todas las medidas de seguridad”.

Comentó que “por resguardo y protección” de quienes solicitaron medidas de seguridad no se dan sus nombres, “pero sí estamos identificando y acercando a las autoridades los datos, en la medida en que los periodistas consideren las acciones, para que no haya ninguna situación adicional de riesgo y para que se siga mostrando, insisto, que en la Ciudad debe haber condiciones para que puedan estar”.

Gómez Gallardo aclaró que estos ocho periodistas “nos están buscando para que reforcemos las medidas, porque justo los puso en alerta este contexto (el asesinato de Rubén Espinosa), indistintamente de lo que se dé en la investigación”.


A reserva de difundir el “ranking nacional” sobre los estados donde se tiene el mayor número de agresiones “como es el caso de Veracruz, Tamaulipas, parte del norte del país, Michoacán, Guerrero, no es menor”, la funcionaria criticó que existen “varias entidades federativas que llevan más de una década sumando desapariciones y asesinatos y a la fecha hay un nivel de impunidad, donde la Fiscalía Especial de Protección a Periodistas tiene un desfase de ocho años en las investigaciones para encontrar a presuntos responsables de asesinatos de periodistas”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El cochinero de Ricardo Anaya

Hay testimonios notariados, e inclusive pruebas, de una serie de irregularidades cometidas por Ricardo Anaya para erigirse en nuevo presidente nacional del PAN el domingo 16. Las principales denuncias: que infló el padrón de panistas con miembros de otros partidos que tienen militancia duplicada, que inició su campaña mucho antes de que se convocara al proceso, que utilizó recursos públicos en su promoción, que fue apoyado con dinero proveniente de gobernantes afines… Los partidarios de Javier Corral ya se alistan para exigir que se anule la elección ante el inminente triunfo de Anaya a cargo de sus acarreados.

MÉXICO, D.F: Apoyado en la estructura corporativa que domina al PAN, con un padrón fraudulento –infestado de priistas, perredistas, verdes e inclusive militantes de Morena–, y tras una campaña que inició antes de tiempo echando mano de recursos sin límite –incluidos los públicos–, Ricardo Anaya llega a la elección interna, este domingo 16, a tratar de consumar la primera fase de su plan: someter a Javier Corral.

Corral y su equipo, convocantes a una rebelión del panismo de base para obtener la victoria, siempre tuvieron claro que enfrentan al PAN corporativo, como lo denominan, en un proceso que consideran viciado de origen y en medio de actos de corrupción e impunidad.

“¡Este proceso es inválido de la ‘a’ la ‘z’!”, sentencia José Luis Luege, aspirante a secretario general de la planilla encabezada por Corral, y afirma que existen evidencias de la manipulación del padrón que controlan “mercenarios” del PAN en acuerdo con líderes de otros partidos, así como diversas faltas a las leyes y a las reglas establecidas.

“Se lo he dicho a Javier: ¡A mí me valen madre las encuestas y si sacamos 20% de los votos! ¡Esta es una elección inválida de pe a pa! Es inválida por el uso de recursos públicos y por la intromisión de gobiernos estatales y municipales, al igual que de la estructura orgánica del partido. ¡Iremos hasta las últimas consecuencias pasado el proceso, hasta donde se pueda!”

Tras la jornada en la que podrán participar 470 mil votantes, la aceptabilidad del resultado es el principal reto del PAN y de Anaya como inminente ganador, los que deben actuar con humildad e inclusión, opina a su vez Arturo García Portillo, exsecretario nacional de Elecciones que no se sumó a ninguna campaña.

“En las circunstancias políticas del país, de los adversarios, un PAN debilitado por el flanco de la unidad va a tener altos costos”, alerta García Portillo, y menciona el riesgo de que Anaya imite la arrogancia de Gustavo Madero luego de haber ganado a Ernesto Cordero. “Su actitud tan dura en el debate –dice– no abonó a la aceptabilidad del resultado”.

Y, en efecto, en el equipo de Corral no prevén reconocer, sin más, el resultado de la elección, sobre todo por las evidencias de irregularidades que han acumulado.

Por su parte, Anaya no sólo guarda silencio ante las acusaciones y pruebas de corrupción esgrimidas, sino que se negó a firmar los compromisos anticorrupción de la organización Más PAN. Tampoco ha hablado sobre estos temas con Proceso tras comprometerse a hacerlo en cuatro ocasiones.

En su oficina de la colonia Del Valle, el martes 11, Luege asevera, en entrevista con el reportero, que otra de las causales de nulidad es que Anaya se financia con dinero sucio. “Puedo afirmar, absolutamente, que hay recursos de algunos de los gobiernos panistas, quizá no de todos, pero puedo decir que de Puebla y de Sonora sí”.

–¿Recursos públicos?

–Recursos públicos utilizados en la campaña de Ricardo Anaya. De que están metidos el gobierno de Puebla y parte del gobierno de Sonora, seguro. ¡Hay dinero público en la campaña de Ricardo! Esto viola el propio reglamento y la convocatoria. Sería causal de nulidad del proceso. ¡Claro, hay que demostrarlo!

Operadores de 8 mil pesos

Corral y su equipo cuentan con pruebas documentales y testimoniales –ante notario público– para acreditar actos anticipados de campaña de Anaya desde mayo; financiamiento oscuro por más de 25 millones de pesos –Luege asegura que la cifra supera los 50 millones–, y hasta la alteración de spots institucionales del PAN para hacer proselitismo.

Desde mayo mismo, cuando aún estaba en curso la elección constitucional, el diputado comenzó su campaña con reuniones en los estados que visitaba para apoyar a los candidatos. En Veracruz generó enojo porque detrás del presídium se colocó un gigantesco letrero con su apellido: “Anaya”.

Era tan abierto su proselitismo personal, viajando con cargo a la Cámara de Diputados, reclutando liderazgos y haciendo amarres para el futuro, que el presidente estatal del PAN en San Luis Potosí, Héctor Mendizábal, le reclamó:

–Aquí nos estamos partiendo la madre, y tú en campaña por el PAN. Siquiera espérate a que acaben los comicios.

No sólo eso: Desde mayo, mientras Anaya recorría el país, su equipo reclutó en todo el territorio nacional a cientos de operadores electorales y los
proveyó de equipo, incluida una tableta electrónica, con el fin de visitar a los militantes en su propio domicilio y solicitarles su firma de apoyo para el registro como candidato a presidente del PAN, aun cuando la convocatoria correspondiente se emitiría el 30 de junio.

Con un sueldo de 8 mil pesos mensuales, según sus testimonios, los operadores fueron contratados tanto para recolectar la firma de militantes como para mostrarles spots de Anaya, dos de los cuales éste difundió como presidente interino del PAN, pero esa vez identificado como coordinador de los diputados federales.

Por ejemplo, el 18 de mayo –tres semanas antes de los comicios federales– tuvo lugar una reunión en el hotel Terraza las Fuentes de Zapopan, Jalisco, encabezada por Adolfo Colín Sánchez, colaborador del presidente estatal del PAN en Querétaro, José Luis Báez, para “apoyar en la recolección de firmas para Ricardo Anaya”.

Según el testimonio que rindió una militante ante el notario público número 43 de Zapopan, Felipe de Jesús Preciado Coronado –exdiputado federal en la 57 Legislatura, compañero de Corral–, Colín Sánchez explicó a los 80 asistentes que cada uno debía visitar a 42 militantes por semana, “para hacerles una entrevista de cuatro preguntas y mostrarles dos videos de Ricardo Anaya”.

De acuerdo con la misma militante –cuya identidad se acredita en el documento–, se les proveyó de un kit: una bolsa blanca que contenía una playera con el logotipo del PAN; 150 folletos con la leyenda de que era propaganda “dirigida exclusivamente a militantes del PAN”, más la foto de Anaya; 150 tarjetas de presentación a nombre del mismo diputado y una computadora tipo tablet, provista de GPS.

En la tablet se bajaba el padrón de militantes del distrito correspondiente para solicitarles, además de su firma, número telefónico celular y correo electrónico, datos que eran enviados de inmediato por medio de otro programa.

“Se nos informó que en tres días a más tardar –prosigue– nos entregarían los nombres de los miembros activos que nos tocaría visitar. De igual manera, se nos informó que esta era la primera de dos etapas que tendría el proyecto, que se nos daría un apoyo económico de 8 mil pesos mensuales por dos meses, y que al final del proyecto podríamos quedarnos con la tablet.”

Por cada distrito local se designó a un representante. En el distrito 2, por ejemplo, el responsable es Rodríguez Varillas Luis Alberto, director de afiliación del Comité Estatal del PAN en Jalisco y diputado federal suplente. “Al final de la reunión había un total de 80 personas, y a cada una de ellas se le entregó un kit igual que el mío”, atestiguó.

Sólo por el sueldo de esos operadores –16 mil pesos cada uno– Anaya acumularía más de 10% del tope de gastos de campaña, fijado en 10 millones de pesos, ya que en remuneraciones de dicho personal habría invertido 1 millón 280 mil pesos.

Otro acto igualmente acreditado ocurrió en Chihuahua: En Ciudad Juárez, desde principios de mayo, el equipo de Anaya comenzó a reclutar operadores entre panistas para recabar firmas de militantes, también con un pago de 8 mil pesos y la promesa de que podrían quedarse con la tablet al cabo del trabajo en junio y julio.

Conforme al testimonio rendido ante el notario público número 3 de Ciudad Juárez, Javier Ignacio Camargo Nassar, uno de los reclutadores es el dirigente juvenil panista Óscar Berumen Martínez. Asentó que la primera reunión se celebró en el hotel Villa del Sol, donde participaron otros 14 “encuestadores”.

Una mujer cuya identidad no se conoció fue la anfitriona –“nos dijo que era originaria del estado de Querétaro”–, quien le planteó que “ya éramos parte del proyecto” y que el trabajo consistía en realizar encuestas para identificar cómo estaba siendo recibido el mensaje de los candidatos a diputados federales y la opinión “del trabajo legislativo” de la bancada del PAN.

“En este proyecto se nos contrató con un pago mensual de 8 mil pesos, los cuales terminarían de depositarnos el día 3 de junio de 2015; sin embargo, en esa fecha nos indicaron que deberíamos seguir trabajando en la promoción de la imagen del señor Ricardo Anaya y que el contrato era en las mismas condiciones salariales y que trabajaríamos con el mismo equipo.”

Los responsables de las tareas de Anaya en Chihuahua, a quienes el militante identificó como sus “jefes directos de trabajo”, son Rocío Esmeralda Reza Gallego, diputada federal e integrante de la planilla; René Chavira Santos, José Rincón y Óscar Berumen.

Con base en esta información, el equipo de Corral prevé acreditar varias irregularidades que atentan contra la legalidad del proceso, como actos anticipados de campaña y empleo de recursos de oscuro origen.

Mercenarios panistas, priistas, perredistas…

Este esquema fue lo que, presumiblemente, permitió a Anaya registrarse con 235 mil 404 firmas, equivalentes al 50% de la lista nominal de electores, cuando la convocatoria sólo exigía 47 mil. “Hubiéramos querido esa eficacia para ganarle al PRI las pasadas elecciones”, ironizó Corral sobre el veloz acopio.

Para Luege, ese solo hecho hubiera sido suficiente para no entregarle el registro a Anaya, pero la comisión organizadora presidida por Héctor Larios no quiso: “Es evidente que esa comisión políticamente no tiene ni capacidad ni fuerza”.

Pero además dicho esquema está previsto para la movilización del día de votación, como suelen hacerlo panistas que provienen del PRI –tales son los casos del gobernador Rafael Moreno Valle y del veracruzano Miguel Ángel Yunes, quienes fueron diputados priistas íntimos de Elba Esther Gordillo.

“¡Todo el proceso está viciado –exclama Luege– por recursos de Moreno Valle, de Puebla! Y hay una estructura pagada. ¿Cuál es la diferencia entre la campaña nuestra y la de Anaya? Lo voy a decir, aunque me van a golpear: ¡Toda la campaña de Ricardo Anaya es una campaña profesional pagada. ¡Pagada!”

Pero, además, en el padrón del PAN existen 46 mil 883 militantes que también están registrados en otros partidos políticos, sobre todo en el PRI y en el PRD, e inclusive en Morena.

Se trata de 10% del padrón total de militantes, que asciende a 471 mil miembros y que, de por sí, se duplicó en menos de un año, debido a que realizaron afiliaciones masivas en 10 estados, como Puebla y el Distrito Federal, donde el cacique es el exdelegado Jorge Romero.

“Yo he descubierto en el Distrito Federal que hay acuerdos de este muchachito Romero con el PRD, no sé a qué niveles. Tienen tianguistas, ambulantes y un padrón que venden. ¡Este es un delito! En el DF tenemos 7 mil 208 duplicados, en el Estado de México 8 mil 619, en Puebla 8 mil 678. Hay duplicados de muchos partidos, pero en el DF es PRD, en el Estado de México PRI y PRD, en Puebla es puro PRI.”

Juzga: “Son grupos mercenarios. No participan en el PAN, pero sí en la elección interna, y eso es violatorio de la ley, de los estatutos y de todo. ¿Pero por qué son mercenarios? Porque van a recibir dinero a la hora de ir a votar. Es muy triste, pero así es. Insisto: Esa campaña es de mucho dinero y por eso se debe anular el proceso”.

Luege calcula cómo se puede rebasar el tope de gastos de campaña de 10 millones: “Supongamos que no son 46 mil 883 militantes duplicados con otros partidos, que los dejamos en 40 mil, y que a cada uno de ellos le pagan mil pesos, entonces son 40 millones de pesos ya de entrada”.

Añade: “Es una movilización al estilo priista, con los viejos esquemas de detección y acarreo, juntando a la gente en un desayuno para luego llevarla a votar. Toda esa movilización en el espíritu del PAN es ilegal, porque se rebasa el tope de campaña”.

Aunque Corral y su equipo impugnaron el padrón ante el PAN y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la denuncia se declaró improcedente sin entrar al fondo. Y así se llega a la elección de este domingo 16, en la que ese partido se juega su futuro.

“El PAN está en la peor crisis de su historia, y en la actual situación del país ¿cómo es posible que no sea un equilibrio?”, lamenta Luege y adelanta que si no hay una rectificación puede desaparecer.


“A mí me tocó la salida del Foro Doctrinario, que fue muy dolorosa, pero nada como esto, que está tocando la base, la columna vertebral del partido. Y si no hay lo que llamo una perestroika radical, entonces el partido va a la desaparición…”

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO (REPORTAJE ESPECIAL).

Manlio, el Putin mexicano

MÉXICO, D.F: Manlio Fabio Beltrones es uno de los hombres más informados de México. Ahí está su poder. Por más de cuatro décadas ha conocido las decisiones y hechos que han marcado la política mexicana. Pero sobre todo, a sus protagonistas.

El nuevo presidente del PRI creció y se formó en el PRI autoritario de los años 70. Gobernó Sonora en el México de Salinas y desde ahí pudo conocer de primera mano los por qué del asesinato de su paisano Luis Donaldo Colosio y del ascenso de Ernesto Zedillo.

Fue uno de los desterrados de Zedillo, quien se dedicó a deshacerse de todo lo que oliera a Salinas y a pavimentar el camino para la llegada de la oposición a la Presidencia, pasando por la pérdida del PRI de la Ciudad de México, en 1997, ante Cuauhtémoc Cárdenas.

De ahí que la primera declaración de principios de Beltrones como presidente del PRI sea acabar con la ahora trillada frase de la “sana distancia”, acuñada por Zedillo para separar a su gobierno del partido.

Tampoco sorprende que Roberto Madrazo, frustrado candidato presidencial del PRI en el 2006, haya reaparecido en el registro de Beltrones a la presidencia del PRI para arremeter contra el expresidente.

Madrazo y Beltrones son contemporáneos, pero Beltrones trascendió porque tiene una concepción de poder más allá de la coyuntura. Madrazo hizo todo por ganar la Presidencia de México. Beltrones buscó ser un factor de poder.

Fue alumno del capitán del Ejército, Fernando Gutiérrez Barrios, el llamado superpolicía del régimen del PRI gracias al control que tuvo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Subsecretaría de Gobernación. Beltrones fue secretario técnico de Gutiérrez Barrios como subsecretario en el gobierno de Luis Echeverría. Ahí aprendió el poder de la información y su control.

Desde entonces no ha dejado de tener iniciativas para hacerse de información. Desde la oposición, creó la consultora a-regional, para saber cómo los gobiernos federal y local influyen en la agenda nacional. También desde fuera del poder, dio a conocer que existía una gran red de espionaje político.

Ahora mismo, cuenta con una página personal en la que hace saber que está al tanto de los temas nacionales, pero también usa como instrumento de promoción, con el formato del sitio de un candidato en campaña.

Del manejo de la información ha hecho su virtud política, lo que le ha permitido trascender a los protagonistas del viejo régimen, pero también que sea un factótum de la política mexicana de comienzos del siglo XXI.

Nadie le niega, empezando por la oposición, que fue el arquitecto de los acuerdos políticos en el Congreso para las reformas que tenían a Enrique Peña Nieto en el reconocimiento internacional, hasta que al presidente le llegó el momento de gobernar el México real.

Si el mentor de Beltrones, Gutiérrez Barrios, fue bautizado por Fidel Castro como “el policía caballero”, el flamante presidente del PRI es ahora “el caballero de la política”, a decir de la despedida que diputados y senadores del PRI y toda la oposición le dieron el 14 de agosto pasado, cuando la Comisión Permanente del Congreso le otorgó licencia como diputado federal para inscribirse de candidato a la presidencia del PRI. Ni un solo legislador se atrevió a romper la sinfonía.

Así como Vladimir Putin trascendió al viejo régimen socialista de la Unión Soviética, a la que sirvió nada menos que como jefe de la KGB, el poderoso servicio de seguridad e inteligencia, y al desorden de los primeros gobiernos de la Federación Rusa, Beltrones ha superado a los dinosaurios priistas y domesticado a la oposición y a quienes tuvieron el poder con el PAN.


Hoy Putin busca restablecer el poder ruso, manejando las reglas del capitalismo que combatió. Toda proporción guardada, Beltrones pretende reconstruir la fuerte relación del gobierno con el partido, con él a la cabeza, echando mano del pragmatismo, como la idea del gobierno de coalición que promovió desde hace cuatro años en el Senado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA (ANÁLISIS)

Corredor Chapultepec: ¿Inversión o privatización?

La concesión de la avenida para generarle ganancias a la Ciudad de México podría no redituar altos dividendos, considerando el pobre historial de la encargada de la negociación, la paraestatal ahora llamada PROCDMX.

Aunque el Gobierno del Distrito Federal (GDF) asegure que será socio en la creación del Corredor Cultural Chapultepec, en realidad sólo recibirá un 5 por ciento del total de las ganancias que obtengan los inversionistas privados por explotar por 40 años esa zona de la capital.

Miguel Ángel Mancera confió este proyecto a Simón Levy, quien a través de PROCDMX pretende cuajar la inversión de mil millones de pesos para rehabilitar el espacio de avenida Chapultepec y la Zona Rosa.

Levy Dabbah, de la mano con Fernando Romero, el yerno prodigio del magnate Carlos Slim, proyectaron la concesión a 40 años de avenida Chapultepec, desde la calle de Lieja hasta la Glorieta de Insurgentes.

En ese tramo se pretende construir un estacionamiento subterráneo de paga, renta de espacios para el comercio de forma elevada y un andador peatonal, inspirados en las ramblas de Barcelona, España, y High Line Park, de Nueva York.

El Proyecto del Corredor Chapultepec-Zona Rosa deja clara la oportunidad que representa para los inversionistas, fundamentalmente los desarrolladores inmobiliarios ante la “degradación” que registran comercios e inmuebles.

“La Zona Rosa es un área estratégica de la ciudad por su accesibilidad y elementos de servicio que alberga, presenta una dinámica inmobiliaria acelerada que ha generado un impacto en la conformación urbana y en la dinámica poblacional; la colonia Juárez (en donde se encuentra la Zona Rosa) y las colonias aledañas presenta una particular mezcla de uso de suelo que desde sus inicios han convivido con el uso habitacional”, puntualiza el documento.

“La mayoría de los inmuebles ha concluido su vida útil o se encuentran subutilizados; existe un proceso de degradación urbana y concentración de actividades negativas en términos sociales y económicos por lo que resulta necesario una intervención para lograr reconvertirla en una de las principales centralidades económicas y urbanas de la ciudad”, refiere el documento Proyectos Conceptuales de las Anclas de las Zodes: “Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa”.

Mientras que para avenida Chapultepec los proyectos también dejan ver una clara ambición por detonar proyectos inmobiliarios.

Ahí en Chapultepec se proyectó la construcción de carriles subterráneos para eliminar parte importante del tránsito vehicular; además de construcción de estacionamientos subterráneos en esa y otras calles adyacentes.

“Los estacionamientos tienen dos objetivos: proporcionar una oferta de cajones al interior de la Zona Rosa y así poder desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios en la zona”. 

Específicamente con los estacionamientos se pretende desarrollar un modelo de negocios basada en la operación de los cajones de estacionamiento en sociedad gobierno-iniciativa privada que sirvan para financiar el proyecto del corredor en general.

La empresa fallida 

Las riendas del proyecto que pretende materializarse en marzo de 2017 están a cargo de Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México A.C, la paraestatal que creó Marcelo Ebrard Casaubón cuando fue jefe de Gobierno.

Siempre y cuando los vecinos o el nuevo gobierno de la delegación Cuauhtémoc, que ganó Ricardo Monreal con Morena, no se oponen a que arranquen las obras en septiembre próximo.

Calidad de Vida se transformó recientemente en PROCDMX y sigue al mando de Simón Levy.

La empresa que fue creada por Ebrard para coordinar los grandes proyectos de obra en el Distrito Federal tiene un largo historial y no precisamente de buenos resultados.

Basta recordar que la paraestatal ha sido depositaria de millones de pesos del erario capitalino y se le asignaron proyectos escandalosos, como la renta de los trenes para la Línea 12 del Metro Tláhuac-Mixcoac, la Supervía Poniente, el estacionamiento de Plaza de la República, un Reclusorio vanguardista y la transformación de cuatro Centros de Transferencia Modal (cetrams).

En el 2013 una auditoría externa que le practicó el despacho privado “Prieto, Ruiz de Velasco y Asociados SC” concluyó que la empresa creada desde el 2007 reportaba números rojos, cuando la intención era acarrear inversiones a la capital.

De acuerdo con el despacho privado, la paraestatal reportaba pérdidas por poco más de 25 millones de pesos en 2013.

Más allá de los números rojos, la participación de Calidad de Vida en dichos proyectos ha sido por demás desastroza.

Por ejemplo, en el 2009, Calidad de Vida inició la licitación de los trenes que circulan en la Línea Dorada, que hoy se mantiene suspendida en once de las 20 estaciones.

Por aquellos años la parestatal que encabeza Agustín Quintanilla Ochoa proyectó la renta de los trenes de rodadura férrea bajo un esquema de coinversión, a partir del cual se planteó la celebración de un contrato de arrendamiento puro, incluyendo el mantenimiento integral sobre el material rodante.

Pero se le acusó de realizar un “sondeo” en lo oscurito (vía correo electrónico) entre las empresas Norinco, Bombardier, CAF, Siemens y Alstom.

Derivado de los métodos poco convencionales empleados por Calidad de Vida en aquel proceso, la firma española CAF interpuso un recurso de inconformidad ante la Contraloría General del DF, a fin de que las autoridades respetaran la Ley de Adquisiciones para el DF y dejaran de enviar a las empresas comunicaciones no oficiales.

En el caso del estacionamiento de la Plaza de la República, la obra se entregó después de cuatro años de que se comenzó su construcción. 


Igual que ahora con el corredor Chapultepec, Levy Dabbah argumentó que el Gobierno del DF no invirtió nada y que sólo entregó la concesión del subsuelo de la plancha para que se construyera el estacionamiento, que tuvo una inversión de 172 millones de pesos.

Transformada en su nombre, PROCDMX refiere en su página de Internet que ha logrado materializar con alrededor de 75 millones de pesos de presupuesto público desde su creación en 2007, ingresos a favor del Gobierno capitalino por el orden de los 218 millones pesos en tan solo tres proyectos.

Éstos son: el estacionamiento Plaza de la República, el Centro de Transferencia Modal “El Rosario” y los Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria, logrando una inversión cercana a los mil 300 millones de pesos.


Tan sólo la inversión del corredor Chapultepec-Zona Rosa va por mil millones de pesos.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.