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Gobernación se lanza contra la revista Cáñamo México, por burlar “las buenas costumbres”

La Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas dio parte de la situación a la PGR.

A tres meses de que comenzara a circular la revista Cáñamo México, cuya temática se centra en la “cultura del cannabis”, la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), concluyó a principios de agosto que esta edición fomenta hechos contrarios a la “moral” y a las “buenas costumbres”, por lo cual, notificó de estos hechos a la Procuraduría General de la República (PGR), para que dictamine si se trata de una revista “ilícita”.

La revista Cáñamo, que aborda información relacionada con la mariguana desde una óptica no prohibicionista, comenzó a circular en México el pasado 4 de mayo, y emula la edición española que en 2015 cumplió 18 años de existencia.

Tal como señala el editorial de su primera entrega, Cáñamo México busca “aportar una visión nueva del cannabis, una que aborde la ciencia, la historia, el arte y la cultura detrás de esta magnífica planta compañera de la humanidad desde tiempos inmemoriales”, todo esto “sin soslayar la cruenta realidad que vive nuestro país”, derivada de la guerra contra el crimen organizado.

Sin embargo, desde la óptica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, Cáñamo difunde “textos en los que indirectamente se hace apología del consumo de cannabis con fines recreativos“, tal como señala el dictamen elaborado por esta área de la Segob.

Además, señaló la Comisión Calificadora, en esta revista “se hacen recomendaciones respecto a la edad adecuada para empezar a consumir” mariguana, esto, luego de que en el primer número de Cáñamo se presentara una entrevista con Tito Fuentes, integrante de la banda de rock Molotov, en la cual el músico asegura que, desde su punto de vista, los 21 años son una buena edad para probar la cannabis.


Textualmente, Tito Fuentes asegura durante la entrevista: “(Mi opinión) es que, si van a empezar a fumar, lo hagan medio tarde… como a los 21 o veintitantos (años)”.

Asimismo, el dictamen de la Comisión Calificadora de Gobernación concluye que “la edición analizada de la publicación (Cáñamo, número 1) pudiera proporcionar enseñanza de los procedimientos utilizados para la ejecución de hechos contrarios a las leyes, la moral o las buenas conductas. Lo anterior, ya que presenta varios textos con información técnica referente a la producción y autocultivo de cannabis”, por lo cual, Gobernación anunció a los editores que dio parte de esta situación a la PGR, ya que “es necesario determinar si los textos (…) presentan violaciones al marco jurídico”.

De forma paralela, anunció Gobernación, también notificó de esta revista a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), para que analice la licitud de sus contenidos, ya que Cáñamo presenta textos que versan sobre las “aplicaciones (de la mariguana) en el tratamiento de diversos padecimientos”.

Tras la emisión de este dictamen, la Comisión Calificadora de Publicaciones dirigió un oficio a los representantes de Cáñamo, en el que los instaba a presentar alegatos en su defensa, en una “audiencia reglamentaria”, cuya fecha está por definirse.

—¿Qué sintieron cuando conocieron el dictamen de Gobernación? –se pregunta a Leopoldo Rivera, activista promotor de lo que denomina la “liberación” de la cannabis, y editor de Cáñamo México, junto a Julio Zenil y Carlos Martínez Rentería.

—Nos desconcertó, porque la revista es una respuesta al llamado que ha hecho el mismo gobierno a participar en el debate sobre la legalización de la mariguana. Entonces, vienen con el dictamen y nos dicen que la revista podría ser considerada ilícita, dado que va en contra del Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas.

Este reglamento –tal como sus mismos considerandos destacan– busca garantizar que todas las publicaciones que se distribuyan en el país sirvan “como vehículos que defiendan de modo positivo la cultura y la educación en beneficio de la sociedad en general, evitando las publicaciones que socaven o destruyan la base moral de la familia”.

Según este reglamento, “se considerarán contrarios a la moral pública” aquellas publicaciones que contengan “escritos, dibujos, grabados, pinturas, impresos, imágenes, anuncios, emblemas, fotografías y todo aquello que directa o indirectamente induzca o fomente vicios o constituya por sí mismo delito”, o que proporcionen “enseñanza de los procedimientos utilizados para la ejecución de hechos contrarios a las leyes, la moral o las buenas costumbres”.

Este ordenamiento, cabe destacar, data del año 1951.


Al respecto, el editor de Cáñamo abunda: “A mí me parece sorprendente que, a estas alturas, sigamos con ese reglamento que, si se aplicara en serio, sacaría de circulación a la mayoría de las publicaciones”.

—¿Qué tipo de contenido encuentra el lector en la revista Cáñamo?

–La revista es un intento por aportar al debate que existe en nuestro país sobre la cannabis. Lo que pretendemos es que exista una fuente de información equilibrada, porque la oficial intenta más asustar que informar, y nosotros queremos que se conozcan todos los usos del cannabis, como el industrial y el medicinal. Y queremos informar también de la situación que vive el consumidor en México: el consumidor es una figura legal, no penada. La ley hace la diferencia entre traficantes y consumidores, y supuestamente la ley no persigue a estos últimos. Sin embargo, la realidad es que todo lo que define a alguien como consumidor sí es ilegal: si alguien siembra su propia cannabis, comete un delito; si la compra, comete un delito; si la porta, comete un delito, y esa es una realidad que nosotros queremos presentar.

—¿Cómo fue recibida la revista, por los lectores?

—La revista se distribuye a través del sistema de voceadores, en 10 mil puntos de venta de revistas y periódicos dentro del DF, y otros 14 mil en el resto de la República. Y nosotros lo quisimos así, porque nuestra intención es que la revista fuera exhibida al lado de la Bochomanía, al lado de TVNotas, es decir, queremos que la gente se dé cuenta de que el tema de la cannabis no es un tema morboso, que no debe ser extraño al resto de los temas. Es un tema del que podemos dialogar todos los ciudadanos. No es una revista sólo para consumidores, sino para todo público interesado en el tema, informamos cómo se vive la legalidad del cannabis en los países donde es legal, cómo puede ser aprovechada por la industria y por la ciencia médica, y queremos informarle a la gente que se puede convivir con la cannabis de manera sana, sin que haya violencia de por medio, como sucede actualmente en nuestro país, dada su situación de ilegalidad.

Luego de que Gobernación presentara su dictamen contra la revista Cáñamo, dos legisladores federales promovieron el pasado 20 de agosto un punto de acuerdo ante la Comisión Permantente del Congreso de la Unión, en el cual se exhorta a la Secretaría de Gobernación a privilegiar el respeto a los derechos humanos, específicamente a la libertad de expresión, al analizar la licitud de los contenidos editoriales.

Según esta propuesta de punto de acuerdo, que fue turnada para su análisis a la Cámara de Diputados, la revista Cáñamo no busca hacer “propaganda del consumo de drogas, sino la contribución al debate nacional que, en estos momentos, se lleva a cabo en nuestro país”, y se subraya que Cáñamo “hace públicas opiniones de expertos que este mismo Congreso ha convocado para aportar a dicho debate. Si esas voces pueden enriquecer desde este foro legislativo, ¿por qué habríamos de limitar su divulgación en un medio impreso?”.

El punto de acuerdo advierte que el dictamen contra la revista Cáñamo “amenaza con una eventual sanción penal”, lo cual “produce un efecto inhibidor sobre el ejercicio de la libertad de expresión”.


Además, el punto de acuerdo le recuerda a Gobernación que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “todas las formas de discurso están protegidos por el derecho a la libertad de expresión, independientemente de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal con la que cuenten”.

—¿Qué pasará ahora con Cáñamo? –se consulta, por último, a su editor.

—Estamos esperando que PGR y Cofepris presenten sus conclusiones, y en función de eso construiremos nuestra argumentación y nuestra defensa. Seguiremos trabajando en la siguiente entrega de la revista, aunque con un poco de temor de que al final las autoridades determinen, bajo su lógica, que estamos cometiendo un delito. Y mientras no sea así, nosotros seguiremos con la misma línea editorial.

—Y si Gobernación concluye que Cáñamo es una revista “ilícita”, ¿qué harían?


—Llamaríamos a la ciudadanía a que opine. Provenimos de un movimiento que tiene 15 años luchando por la liberación del cannabis, y creemos que nos apoyarían. Pero también llamaríamos a quienes simpatizan con la libertad de expresión a que se manifestaran, porque es increíble que este tipo de publicaciones sean legales en todos los países del mundo democrático, pero no en México: en Estados Unidos existen publicaciones similares desde hace más de 40 años, existen en Chile, en Brasil, en España, en Alemania, en fin. Este es un debate en el que han participado todas las personalidades de seguridad, de la salud, los políticos, pero a los usuarios no se nos toma en cuenta, y no se debe silenciar nuestra voz.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

La CNDH da entrada a queja contra el gobernador de Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio entrada a una queja contra el gobernador César Horacio Duarte Jáquez y el alcalde de esta capital, Javier Garfio Pacheco, por presunta violación a las garantías individuales de integrantes del movimiento Unión Ciudadana.

De acuerdo con la organización, el pasado 28 de febrero un grupo de “porros” comandado por la lideresa Tomasa Rojo, ‘La Negra Tomasa’, apoyado por funcionarios públicos municipales y estatales, golpeó, amenazó y lanzó gases lacrimógenos a manifestantes que se habían congregado afuera de palacio de Gobierno para informar sobre los avances de la denuncia promovida contra Duarte Jáquez y otros funcionarios por la presunta desviación de recursos públicos para capitalizar a la Unión de Crédito Progreso.

A raíz de esos hechos, Unión Ciudadana promovió una queja ante la CNDH, al considerar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no actuaría con imparcialidad por la dependencia que tiene del gobierno estatal.

En un comunicado, la agrupación informó que el expediente quedó radicado en la Segunda Visitaduría de la CNDH, a cargo de Claudia Isabel Conde Sánchez.

“Es importante que la sociedad esté enterada que a este momento se han dictado acuerdos tendientes a que se rindan los informes de ley que estarán a cargo de los funcionarios públicos contra los cuales se presentó la queja”, añadió.

Precisó que en un primer momento interpusieron la queja en la CEDH, el pasado 10 de abril, pero luego pidieron “que declinara de conocer del asunto por su dependencia de los dictados del gobierno del estado, y por tanto carente de la imparcialidad debida para una adecuada indagatoria y eventual recomendación responsable, en un asunto de la mayor gravedad”.

Los dirigentes de Unión Ciudadana, junto con las personas que resultaron lesionadas, presentaron pruebas documentadas en material fotográfico, videográfico e instrumentos públicos “inobjetables”.


“La queja se inscribe en una apuesta por el Derecho y éste asiste a Unión Ciudadana, y tarde que temprano se llegará a buen puerto”, se lee en el comunicado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.

El IMSS deberá entregar informe sobre medidas de seguridad a personal expuesto a radiación

MÉXICO, D.F: El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá entregar la documentación que acredite las medidas de seguridad y protección del personal expuesto a radiación por Rayos X en el Hospital General de Zona y Medicina Familiar 32 de Guasave, Sinaloa.

Así lo ordenó el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) al resolver un recurso de revisión interpuesto por un particular a quien el IMSS le respondió de manera parcial.

El IMSS informó al requirente el nombre de la empresa contratada para aplicar periódicamente las dosimetrías al personal de dicha área y dio a conocer los resultados de éstas, de junio a noviembre de 2014.

También indicó que el personal “cuenta con el equipo de protección adecuado” e informó el monto presupuestal asignado y el número de estudios realizados a cada persona del área.

Sin embargo, el particular consideró que la información estaba incompleta e interpuso un recurso de revisión ante el INAI que fue turnado al comisionado Joel Salas Suárez.

Durante los alegatos el IMSS amplió su respuesta y aclaró que los contratos para servicios de mantenimiento del área de Rayos X y tomografía se hacen desde sus oficinas centrales.

Asimismo, puso a disposición los documentos que comprueban los servicios de 2014, así como los contratos y montos asignados al hospital para este ejercicio fiscal.

Y en un alcance, el IMSS ofreció la agenda de citas de los pacientes atendidos por el personal del área Rayos X.

Al analizar el caso el comisionado advirtió que si bien el IMSS amplió su respuesta, no hay constancia de que haya entregado la información al particular.

Además indicó que luego de revisar la normatividad aplicable, encontró que el IMSS cuenta con documentos adicionales que dan respuesta a la solicitud, entre ellos el Formato de Control Dosimétrico y el documento que sustenta la entrega del equipo de protección como mandiles, guantes, collarín, anteojos y mamparas para el personal ocupacionalmente expuesto.

Por ello, a propuesta del comisionado, el pleno del Inai modificó la respuesta del IMSS y le pidió hacer una nueva búsqueda en todas sus unidades administrativas competentes a fin de entregar al particular la información que puso a su disposición en alegatos. También le pidió entregar la versión pública de la agenda de citas referida.


En su resolución, el Inai resolvió además dar vista al Órgano Interno de Control del IMSS debido a que la institución entregó, a un tercero, información sobre el estado de salud de particulares, misma que se considera confidencial y por tanto no puede ser divulgada sin el consentimiento expreso de la persona.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“¿Cuándo vas a arreglar las porquerías de tu Procuraduría?”, increpan a Mancera

MÉXICO, D.F: El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, fue increpado por un ciudadano que le reclamó por el multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte.

“¿Cuándo vas a arreglar las porquerías de tu procuraduría?”, cuestionó el ciudadano a Mancera cuando éste salía del Senado de la República después de asistir a la Séptima plenaria de los senadores del Partido de la Revolución Democrática.

Mancera respondió trastabillante: “No te vimos con los medios”. Posteriormente se subió a su automóvil.

El pasado 31 de julio fueron asesinados en la colonia Narvarte el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera Pérez, Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés y la ciudadana colombiana Mile Virginia Martínez.


La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha sido cuestionada por líderes y organizaciones civiles por filtrar a medios de comunicación el expediente del caso.



FUENTE: PROCESO.
AUTRO: REDACCIÓN.

EPN prometió un plan para evitar inundaciones y desastres; su gobierno lo ignoró

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no ha realizado el Plan de Ordenamiento territorial enfocado en evitar la construcción en zonas susceptibles de inundación.

El Plan que el presidente Enrique Peña Nieto encargó en enero de 2013 a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) como parte de la estrategia para prevenir inundaciones en el país no existe.

Tampoco hay registros de reuniones entre Sedatu y gobiernos estatales para identificar asentamientos irregulares y reubicar a las personas que actualmente viven en zonas susceptibles a inundaciones, según respondió esa secretaría tras una solicitud de información pública.

Un mes después de tomar posesión a su cargo, Peña Nieto presentó en Tabasco –el 14 de enero de 2013– el Programa Nacional de Prevención contra Contingencias Hidráulicas. En ese entonces ordenó a Sedatu, como parte fundamental de la estrategia, realizar un Plan de Ordenamiento Territorial para la Cuenca de la Frontera Sur e iniciar reuniones con los estados para intercambiar información sobre áreas proclives a inundarse durante temporada de lluvias.

Según el presidente, ese documento y la comunicación entre gobierno federal y estatales serviría para evitar la construcción de vivienda en zonas susceptibles de inundación y para reubicar a quiénes habitan en asentamientos irregulares.

Casi tres años después, la Sedatu respondió que ese Plan no existe ni cuenta con minutas de reuniones con los estados para identificar áreas o asentamientos.

A ello se suma la falta de otra parte de la estrategia que Peña Nieto presentó en enero de 2013, cuando dijo que tanto Petróleos Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad retirarían “toda aquella infraestructura que han construido o desarrollado que ponga en riesgo a la población, por futuras inundaciones”, por lo que ordenó a esas dos instancias crear un plan para retirar la infraestructura que obstaculice cauces naturales.

En diferentes solicitudes de información, Pemex y CFE rechazaron tener algún tipo de información vinculada y negaron haber retirado, a la fecha, algún tipo de infraestructura para liberar cauces.

El Programa Nacional de Prevención contra Contingencias Hidráulicas se incluye en el Programa Nacional Hídrico que la Comisión Nacional del Agua presentó en abril de 2014 como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.


En su momento, la estrategia se presentó como el tercer plan contra inundaciones que el país ha tenido en 10 años.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.

Contribuyentes salvaron las finanzas públicas: SAT

México, DF. Los más de 40 millones de contribuyentes que se tienen registrados en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) han salvado las finanzas públicas de la caída de ingresos por la baja de precios del petróleo; “ellos han dado la cara por México”, afirmó el jefe del organismo recaudador, Aristóteles Núñez Sánchez, quien puntualizó que hasta julio pasado la recaudación de los causantes fue de 247 mil millones de pesos por arriba de lo estimado.

Luego de inaugurar el Segundo Foro Internacional de Tributación Digital 2015, el funcionario se manifestó esperanzado por que para 2016 la situación se mantenga, es decir, que no baje la recaudación pese al difícil entorno económico mundial.

“No obstante que el crecimiento no ha sido conforme a lo esperado, traemos poco más de 20 por ciento en el caso de la recaudación tributaria. Eso representa 247 mil millones de pesos más de lo que se había programado en la propia Ley de Ingresos de la Federación al mes de julio de 2015. Eso, hay que reconocerlo, es porque los contribuyentes mexicanos están pagando sus impuestos y están permitiendo aminorar la caída de los ingresos petroleros. Afortunadamente los contribuyentes están dando la cara por México”, dijo Núñez Sánchez.

Al preguntarle sobre las modificaciones fiscales que podrían aplicarse el año entrante para apoyar a la planta productiva del país, el funcionario dijo que todavía se encuentra en análisis como parte del paquete económico que se presentará al Congreso de la Unión a más tardar el próximo 8 de septiembre.

Sin negar que se busque aplicar apoyos o estímulos fiscales, el jefe del SAT señaló que en caso de llegarse a proponer se haría sobre la base de mantener finanzas públicas sanas:

“Tenemos la premisa de cuidar las finanzas públicas ante un entorno económico mundial muy complicado y lo primero que tenemos que hacer es asegurar que los ingresos del país permitan mantener unas finanzas públicas sanas que no se pueda poner en riesgo la estabiidad macroeconómica y que tampoco afecte la economía de las familias. El ejercicio que se está haciendo es no afectar la fuente de ingresos del país porque eso afectaría la economía de las familias”.

En otro orden Núñez Sánchez comentó que a partir de septiembre próximo el organismo a su cargo comenzará a intercambiar información sobre cuentas o inversiones de ciudadanos de Estados Unidos y México con el fin de determinar si han cumplido correctamente con el pago de los impuestos generados por rendimientos de esos recursos, que en el caso estadunidense sería a partir de 50 dólares anuales acumulados en promedio y desde 10 dólares en el caso de los mexicanos con inversiones o cuentas en aquel país.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR CARDOSO.

EL EMPLEADO DE TELEVISA BARRIÓ CON MEDIOS PARA “LIMPIAR” LA IMAGEN DE HERRERA Y RUBALCAVA

En el periodo autorizado por un juez federal para que la Unidad Científica de la Policía Federal realizara intervenciones telefónicas y de correos electrónicos se pudieron documentar ataques a distintos medios nacionales y regionales por parte del equipo de Juan Carlos Zaragoza Ríos.

El empleado de Televisa tuvo encargos para defender al menos a dos políticos: Adrián Rubalcava Suárez y Fidel Herrera Beltrán. Las autoridades no tienen una llamada entre Herrera y Zaragoza, hasta donde se sabe, como sí hay varias con el ex Delegado de Cuajimalpa.

Se desconoce si el acosador tuvo contacto directo con el ex Gobernador o con alguien de su equipo. Lo que queda claro es que literalmente recorrió un número amplio de medios en Veracruz y Tamaulipas para limpiar el nombre de Herrera Beltrán y borrar de Internet las fotos que lo vinculan con Francisco “Pancho” Colorado, un hombre vinculado por las autoridades norteamericanas con el crimen organizado.

En esa labor de “limpia”, dio con el equipo de la periodista Carmen Aristegui, y con su sitio Aristegui Noticias. El entonces Jefe de Redacción y la misma comunicadora decidieron no retiran la imagen que, en tono amenazante, le exigía Zaragoza Ríos con el nombre de “Alejandro Rojo”.

Hay evidencia de al menos una decena de medios de Veracruz, el Distrito Federal y Tamaulipas que fueron atacados o acosados o engañados por el equipo de Zapata para defender a Herrera Beltrán.

Pero se desconoce cuántos medios más estuvieron bajo este acoso sistemático, y cuántos políticos más recurrieron a este empleado de la televisora para “limpiar” su imagen o para difamar a rivales.

“Soy el dueño de las fotografías y tengo los registros. ¿QUIERES QUE TE BAJE TU PÁGINA?”.

La frase puede leerse en el correo electrónico que recibió el Jefe de Redacción del sitio digital Aristegui Noticias cuando se negó a retirar una fotografía publicada meses atrás. Eran palabras atropelladas por faltas de ortografía y entre surcos formados por la anarquía de mayúsculas y minúsculas, como muchas veces se escriben las amenazas anónimas.

Antes difundida por el diario Reforma, en la imagen reclamada aparecen el ex Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, y Francisco “Pancho” Colorado Cessa, un empresario originario de Veracruz. Ahí están los dos, de sombrero, integrando una cuadrilla cabalgante. La actitud que puede observarse entre ellos es fraternal y gozosa.

Pero el ex mandatario de Veracruz, entidad que siempre ha sido gobernada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se resistía a pasar a la memoria cibernética en esa circunstancia. El empresario es el mismo que en 2013 fue acusado de conspirar para lavar dinero de Los Zetas y que fue declarado culpable por una corte de Houston, Texas. El mismo que a través de su empresa ADT Petroservicios amasó más de dos mil millones de pesos con contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Y esa foto –la de Fidel Herrera y el controvertido empresario– resultaba en particular muy molesta –para él o para los que intervinieron por él ante Zaragoza Ríos– si se considera la insistencia reflejada en el número de correos electrónicos que envió Juan Carlos Zaragoza Ríos a medios nacionales, de Veracruz y de Tamaulipas, para que fuera retirada.

Fidel Herrera Beltrán es un antiguo cliente suyo. Está documentado que Zaragoza trabajó en la creación de dos páginas web oficiales del ex mandatario veracruzano, de acuerdo con los propios registros en la web.

Al mismo tiempo que labora en Televisa, Zaragoza Ríos le brinda “servicios” a políticos con un equipo (varias mujeres, de acuerdo con los videos producidos por él) que realiza campañas completas de acoso y denostación: se fabrican memes, se registran cuentas falsas en Twitter (bots), se enajenan cuentas, se lanzan amenazas por redes sociales, se generan videos con contenido falso y ofensivo, se envían correos electrónicos con amenazas “legales” o se utiliza una falsa identidad jurídica de Google.

Las víctimas de Zaragoza Ríos son, casi siempre, medios de comunicación y periodistas que resultan incómodos para el grupo político que paga. Pero también políticos.

En algún momento del año pasado, quitar la imagen del ex Gobernador veracruzano con un hombre vinculado al narcotráfico se volvió prioritario para esta red. El problema fue que algunos medios no le hicieron caso. Como Aristegui Noticias. Y entonces tuvieron que resistir a las amenazas.

Carmen Aristegui debió enfrentar, además, que le enajenaran una cuenta de las que abrió para la plataforma MéxicoLeaks. Esta afrenta fue pagada, ahora, por Adrián Rubalcava.


Decenas de correos y llamadas telefónicas intervenidas por la Unidad Científica de la Policía Federal para el expediente 074/2015, fincado en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), después de una denuncia de periodistas de SinEmbargo, dan cuenta de campañas de acoso realizadas por Juan Carlos Zaragoza Ríos por encargo de políticos.

Las escuchas autorizadas por el juez documentaron que en los pasados meses, Zaragoza Ríos hostigó, sólo para que la fotografía de Fidel Herrera Beltán fuera retirada, a medios tan distantes como Aristegui Noticias, Cuna de Grillos, De Interés Público, Tribuna Diario, Alza la Voz en Veracruz, Historias del Narco y Tamulipas.com.

No ejerció amenaza en contra de todos porque algunos hicieron caso de quitar las fotografías; pero los que no, fueron objeto de un flujo de misivas cuya redacción a veces se vuelve incomprensible; empieza amable y progresa a la agresión.

Un columnista de Notiver de Veracruz se vio orillado a recurrir a su abogado. El intercambio de seis correos en el mismo día bastó para pasar de la petición amable a los términos legales. Zaragoza Ríos le insistía al periodista que de su correo había salido la foto de Fidel Herrera donde va a caballo al lado de “Pancho” Colorado y que lo demandaría. El periodista le respondió: “Si gusta, mi abogado se puede comunicar con usted. Si tiene alguna duda, y ayudaría mucho me diga quién asegura que salió de mi cuenta esa foto para que sea investigado (por la PGR)”.

Otro receptor de las misivas de Zaragoza Ríos para que esa foto de Herrera Beltrán fuera retirada fue el Diario Tribuna de Veracruz, cuyo director general, el periodista Martín Serrano mantiene desde 2013, una denuncia por el delito de amenaza en la mesa 01 de la FEADLE. Después de su declaración, el comunicador salió de Veracruz para salvaguardarse.

Detrás del reclamo de las fotos, realizado por Juan Carlos Zaragoza Ríos, hay un modus operandi que puede ser identificado en los documentos obtenidos por la PF. Varias personas de su confianza son instruidas para que registren imágenes a su nombre ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR) y después procede a exigir su remoción. En nombre de Jonathan Torres Chavero, Efraín Solorio González o Héctor Dither Villa, hace los reclamos a los medios de comunicación.

Por ejemplo, la foto del ex Gobernador Fidel Herrera Beltrán fue registrada bajo el nombre tanto de Jonathan Torres Chavero como de Efraín Solorio González, según los certificados de registro en el INDAUTOR a los que SinEmbargo tuvo acceso. El supuesto abogado “Alejandro Rojo” la reclamó bajo el amparo del primer nombre a medios como Notiver y con el segundo a Aristegui Noticias.

La bandeja de entrada del correo alejandrorojo07@gmail.com da muestra de órdenes de trabajo relacionadas con esta mecánica para retirar imágenes negativas de Internet. Zaragoza Ríos le escribe desde la cuenta guccizr@gmail.com con el pseudónimo de “James Boss”. “Me urge esta foto”, “Remoción de fotografía”, “Chamba”, “Más chamba” son las indicaciones que pone en el espacio que deja el correo electrónico para “asunto”.

Algunos de los empleados de Zaragoza Ríos pueden ser parte de su familia. Al menos uno fue empleado en el puesto 339 del Mercado Río Blanco –un negocio de comida llamada “Barbacoa Rufo ‘El Güero’”–, ubicado en la colonia del mismo nombre. Es un puesto que le pertenece a la madre, Lina Ríos Acíbar. Ahí trabajó Alejandro Gutiérrez Torres, uno de los individuos utilizados para acosar –como supuesto abogado- en los domicilios de las empresas editoriales donde había negativa para retirar fotos. Ese fue el caso de SinEmbargo.

En los videos y audios producidos por Zaragoza para atacar a periodistas y medios, hay varias voces femeninas. En un post de Facebook de él, es posible apreciar que en su oficina de Televisa trabajan varias mujeres, pero la investigación de la Unidad Científica de la PF no logró identificar si alguna de ellas está coludida en los ataques.

En el diseño y ejecución de estas estrategias, Lina Ríos Acíbar –la madre- resulta clave. A ella le consulta o le pide consejo. Su voz aparece en varias de las llamadas intervenidas por la PF, ya sea para darle una advertencia o un consejo de cautela.

La investigación de la PF no alcanza a identificar quiénes son todos los miembros de este equipo que conformó una red delictiva. El empleado de Televisa siempre habla de “los morros” o “los chavos” por quienes aboga para que reciban su pago.

Adrián Rubalcava Suárez es, por lo menos hasta donde alcanzó a llegar la investigación, el principal proveedor de la máquina de acoso de Zaragoza. Da dinero y da contratos. A SinEmbargo se le solicitó, con el mismo método descrito antes, que “bajara” una imagen en la que el ex Delegado de Cuajimalpa aparece armado y disfrazado de marine estadunidense.

La siguiente conversación turnada a la FEADLE por la PF ocurre entre Juan Carlos Zaragoza Ríos y Alejandro Emiliano Zapata Sánchez, ex director de Comunicación Social y ex coordinador de asesores del Delegado de Cuajimalpa.

Da cuenta de cómo desde esa demarcación se ordena el retiro de imágenes en medios.

Ocurrió el 16 de marzo pasado a las 13:58:03 horas y duró tres minutos. Se respeta en gran parte la ortografía y redacción con la que fueron bajados los audios a texto por peritos especializados.

Juan [Carlos Zaragoza Ríos]: ¿Qué onda, mi Álex?

Álex [Alejandro Emiliano Zapata Sánchez]: ¿Qué pasó Juan?

Juan: ¿Cómo estás?

Álex: ¿Bien y tú?

Juan: Acá en chinga loca, cuénteme.

Álex: Ocupadón.

Juan: Sí güey, ando con un pinche demo de una telenovela andamos aquí en chinga todavía güey grabando y todo el pedo, ¿qué pachuca?

Álex: Es que el Delegado me está chingando cabrón.

Juan: Este, ¿qué necesitan güey?

Álex: Lo que ya te había pedido, cabrón. No fuiste a la junta.

Juan: No, pues, sí, de eso sí tengo, de hecho me está trabajando mi carnal, güey, yo me voy a regresar a México como a las siete, más o menos, entonces ya lo veo a él y te mando lo que tenga de este güey.

Álex: Que hay un video que también le subieron a él, es lo que me está diciendo.

Juan: ¿De Adrián?

Álex: Mmjummmm

Juan: De weeli, wellico algo.

Juan: De wekli.

Álex: No, welii, algo, una mamada así me dijo.

Juan: El pedo es que mira, el pedo para bajarlo güey, necesitamos registrar contenido, este es el pedo, aquí es que necesitamos registrarlo güey, entonces no es tan rápido en lo que registramos y nos dan el pinche certificado. Tarda entre dos a tres días, entonces sí se pueden bajar, güey. O sea, el plan b es atacar a quien esté chingando, güey; subirle igual las mismas mamadas ¿no?. O sea, si quieres con esa parte sí le puedo avanzar ahí no tengo ningún problema por la parte de limpieza; pero la uno es un poco tardadita.


No sólo son medios. Una conversación que mantuvo Juan Carlos Zaragoza Ríos con el propio ex Delegado arroja luces sobre una campaña con bots, vía Twitter, en contra de un periodista de Excélsior.

En esa ocasión, quien ocupaba la autoridad de la delegación en la que se ubica uno de los mayores poderes adquisitivos de la Ciudad de México, detuvo el impulso a Zaragoza. El ejercicio le parecía, en ese momento, “excesivo”.

Pero con una frase, dejó claro que en el pasado sí había contratado los servicios del empleado de Televisa en contra de periodistas:

–Yo creo que hay que esperarse ahí –le dice el ex Delegado a Zaragoza Ríos–. Al rato van a decir que a cada rato que me maltratan a mí les hacemos eso a los periodistas.

Eran los días entre el 20 y 25 de junio. Y en el diario Excélsior y el noticiario nocturno Cadena Tres Noticias del Grupo Imagen, fue difundida la historia de Valentina, la hija que tuvo la pareja formada por Juan Manuel Rubalcava Suárez –hermano del ex Delegado- y Fernanda Fosado Briseño.

El 21 de enero de 2014, con cuatro años de edad, Valentina Rubalcava Fosado fue presentada ante el Ministerio Público en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) porque supuestamente su madre la había agredido. Pero la madre, entrevistada en el noticiario de Cadena Tres Noticias no reconoció esa versión. Más bien, expuso que Juan Carlos Rubalcaba se había llevado a la menor mediante un proceso plagado de irregularidades y afectado por tráfico de influencias debido al parentesco con el ex gobernante de Cuajimalpa.

Ella se ha quedado hasta meses sin ver a la pequeña. Y hasta ahora, no ha parado en su batalla por recuperarla. En su discurso, siempre exhorta a los jueces del ámbito familiar que emitan un fallo apegado a la justicia. En Facebook existe un grupo denominado “Ayúdanos a recuperar a Valentina”, con más de siete mil 500 seguidores.

Lo que parecería una historia periodística para apelar a la justicia, se convirtió en material suficiente para que Juan Carlos Zaragoza Ríos reaccionara para atacar a los informadores que reprodujeron la historia.

El periodista Francisco Zea hizo una editorial en el noticiario de Cadena 3 sobre el caso. Además de exponer los vínculos que hay en el caso de Valentina con el grupo de poder del ex Delegado, Adrián Rubalcava Suárez, Zea dijo que también había sido acosado mediante bots en Twitter, un estilo identificado en los audios del expediente 074/2015. “En este momento, sus redes sociales y sus bots nos están atacando, cosa que nos tiene sin cuidado”, dijo el periodista (segundo 54).



Un vínculo con la historia de Valentina, el periodista Francisco Zea y el aparato para operar de Juan Carlos Zaragoza Ríos puede identificarse en el siguiente audio del 24 de junio de 2015, con una duración de cuatro minutos con 46 segundos.

Conversan Juan Carlos Zaragoza Ríos y el ex Delegado de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez:

Juan: Ahora sí, ¿qué ondón?

Adrián: Ya te oigo chingón.

Juan: (se ríe) ¿Qué pasó?

Adrián: ¿Qué onda? Hermanito, ¿cómo estás?

Juan: Aquí dándole con algo de tu hermano.

Adrián: ¿Dando qué?

Juan: Aquí dándole con algo de tu hermano.

Adrián: ¿Qué está molestando otra vez?

Juan: Ehhhh, alguien le sacó una nota del Excélsior, un periodista.

Adrián: Esa sí la vi, que me madrea a mí también, ¿no?

Juan: Sí, sí, sí.

Adrián: Que se siente muy chingón el güey.

Juan: Ándale y aquí andaba haciendo unos memes.

Adrián: ¿A este güey? ¿O qué?

Juan: Sí, al periodista.

Adrián: Yo creo que hay que esperarse ahí.

Juan: O.K.

Adrián: ¿Por qué?

Juan: Mira, de hecho …

Adrián: Porque sabes que están ligados después, puta, es que no te quiero decir por aquí pero…

Juan: O.K., ah, no te preocupes.

Adrián: Al rato van a decir que cada rato que me maltratan a mí les hacemos eso a los periodistas.

Juan: O:K. O.K. O.K.

Adrián: ¿Pero qué te lo pidió Juan?

Juan: Sí, sí, sí, sí, tú tienes chance ahí como de echar una llamadita y decirle no hay bronca, de todos modos yo aquí tengo contenido preparado por cualquier cosa pus lo lanzamos.

Adrián: Pero mejor nos esperamos tantito güey.

Juan: Órale va ya vas.


En el caso de la periodista Carmen Aristegui, crítica del gobierno y quien en fechas recientes mantuvo una demanda por despido injustificado para ser restituida en el espacio radiofónico que tuvo en la emisora MVS Radio, no se alcanza a conocer si el acoso del que es víctima en forma constante proviene de Zaragoza Ríos.

Pero en los audios intervenidos por la Unidad Científica de la PF consta que Aristegui no sólo fue objeto de las estrategias de este empleado de Televisa para que retirara fotos en el medio que tiene en Internet. También le fue enajenada una cuenta para enviar mensajes difamatorios o intimidantes que ella había abierto para la pataforma informativa MéxicoLeaks.

Y la táctica fue conocida por el ex Delegado Adrián Rubalcava Suárez, según el audio de fecha de 12 de mayo de 2015, a las siete de la noche y con una duración de seis minutos con 37 segundos.

Juan: ¿Qué onda mi Uli?

Ulises: ¿Qué onda mi Juanito? ¿Andas ocupado?

Juan: No, no, no, dime…

Ulises: Te comunico al jefe, amigo.

Juan: Órale.

Ulises: Vale, bye.

Juan: Bye. Bueno, bueno, bueno.

Adrián: Bueno.

Juan: ¿Cómo estás Adrián?

Adrián: ¿Cómo vamos Juanito?

Juan: Muy bien, muy bien, muy bien, ahora sí con presupuesto güey se puede hacer lo que quiera (se ríe).

Adrián: ¿Cómo te fue güey? ¿Cómo va el tema?

Juan: Muy bien, de hecho cuando vi a este Uli, llevábamos un millón doscientas este… views de reproducciones de un video en Facebook y ahora, con el dinero que me mandaste es el que vamos a pagar para Youtube.

Adrián: O.K.

Juan: Así es, pero ahora, ¿sabes qué pasa? Que no sé por qué razón mi pinche Internet está como fallando y no te, no te, o sea te mando las imágenes de los testigos, peros me los rebotas, entonces ya no tardo en llegar ahorita a mi casa y te las reenvío con el refresh de las reproducciones para que tú las puedas ver, incluso con los comentarios.

Adrián: ¿Qué dice la gente güey?

Juan: Pues mira, la neta es que hay de los dos, o sea sí está como que, qué perro este cabrón que haya pagado los 300 mil a la gente y la otra que haya convocado como para que [no se entiende], pero también está el tema de pues, no voten, pinches políticos todos son iguales y demás.

Adrián: ¿Pero no en contra mía?

Juan: No, no, no, o sea hablan, hablan en general como de la política y …

Adrián: A la mierda, ¿no?

Juan: Exactamente, pero como sí nos estamos enajenando pues sí se van a en contra de este güey y no nada más de él, si no del PRD en general, algunos dicen, no pus es que estaba en el PRD y se pasan a Morena.

Adrián: Mmmm.

Juan: Pero si te interesa, pues te hago un filtro de los mensajes para que tú también los veas.

Adrián: No, no no, no es tan importante, lo que quiero es que el güey esté cagado, güey. Que vea su pinche video todo el punto día y que la gente le esté diciendo de mamadas todo el pinche día y que todos los destinos vean quién se pasó de verga, güey.

Juan: Sí, exactamente, ahora hice las dos estrategias, saqué la de a todo México e hice la que es, para las delegaciones, eso lo saqué de una cuenta que se llama MéxicoLeaks que la neta está muy buena, porque la agarramos cuando salió esta Carmen Aristegui

Adrián: Sí.

El periodo de escuchas no alcanza a ver cuántos medios informativos han estado bajo las campañas de acoso de Juan Carlos Zaragoza Ríos ni a cuántos más planeaba poner bajo sus estrategias. Pero sí dan cuenta de su actividad en los pasados meses en contra de medios que le resultaron adversos a uno de sus clientes principales: Adrián Rubalcava Suárez.

Esta conversación duró nueve minutos con 46 segundos el siete de abril de 2015. Zaragoza Ríos habló con el hombre identificado como “Serch”, quien lo asesora en asuntos legales.

Serch: Sí, bueno.

Juan: ¿Qué onda, mi Serch?

Serch: ¿Qué pachó Juan?

Juan: Ah, ya me acordé de cómo está este tema, ¿tienes chance de que te explique?

Serch: Sí, sí, ¿qué pasó?

Juan: Ah, mira, en septiembre, del año pasado, registramos unas fotos.

Serch: ¿Registraron qué?

Juan: Registramos unas fotos, bueno.

Serch: Sí, sí ¿Y luego?

Juan: Y bueno, esas fotos traían un copyright y las registramos en INDAUTOR ¿No?

Serch: Ajá.

Juan: Ehh, en INDAUTOR pidieron los datos de este chavo.

Serch: Ajá.

Juan: ¿Entonces las fotos eran de delegado de Cuajimalpa?

Serch: Ajá.

Juan: Y tenía, estaba vestido de Marina.

Serch: Ajá.

Juan: Estaba este, había dos medios de comunicación que le estaban tirando perro, un medio que se llama SinEmbargo.

Serch: Ajá.

Juan: Y este otro medio, ah pues la Carmen Aristegui.

Serch: Y a SinEmbargo sí, ya sé cuál es.

Juan: Ajá, entonces los dos le tiraban al Delegado que porque él usaba armas y la chingada.

Serch: Ajá.

Juan: Entonces para bajar las fotos registramos el contenido para que tuviera un copyright.

Serch: Sí, de hecho el autor.

Juan: Las fotos están en Facebook.

Serch: Sí, exactamente es lo que estoy pensando.

Juan: Ajá.

Serch: Pero del Delegado, sí, sí, sí.

Juan: Ajá, bueno entonces el Delegado este, se le vino muy perro ese tema y los de SinEmbargo, güey, se le fueron al cuello, entonces yo me aventé una guerrita con los de SinEmbargo digital, haz de cuenta que el director este de la editorial empezó (empecé) a tirar que un “era un violador”, este lo había no sé que lo había agarrado, luego que salió una fianza y la chingada, entonces le hice muy mala fama al director…

[Este ataque en particular fue operado desde la página de Facebook de la cantante Belinda, cliente de Danna Vázquez.]

La operación la realiza desde la clandestinidad, pero sus servicios son conocidos por personas que están relacionadas o trabajan para Televisa.

El 11 de marzo de 2015, Zaragoza Ríos recibió una llamada de un nuevo cliente, una persona con aspiraciones políticas. Ese día, se inició lo que pudo convertirse en una cadena de amenazas a medios o políticos.

Era el empresario Giovanni Medina, pareja sentimental de la cantante y actriz Ninel Conde, quien había recibido una oferta “de algo político” y deseaba retirar contenido negativo de la red.

¿Quién le habló a este hombre más vinculado con los espectáculos que con las política de Zaragoza Ríos? La intervención de la llamada indica que fue Danna (se asume que se trata de Danna Vázquez, publirrelacionista de actores de programas de Televisa).

En las pasadas elecciones del 7 de junio, algunos actores mandaron tweets a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en una operación que violó la Ley General Electoral porque lo hicieron el mismo día de las votaciones. Y Danna Vázquez quedó bajo la sospecha de haber sido quien abrió las cuentas de redes sociales dado que es dueña de las claves de sus representados en la agencia Prensa Danna.

Esta es parte de la llamada realizada el 11 de marzo de 2015, con una duración de un minuto con 43 segundos y que exhibe la recomendación que hace Danna de Juan Carlos Zaragoza Ríos al empresario Giovani Medina, como en el inicio de lo que puede ser toda una estrategia.

Giovanni Medina: ¿Cómo estás, Juan Carlos? Habla Giovanni Medina. Me dio tu número Danna.

Juan: Ahhh, ya, ya, qué bueno, bien, bien, Juan. Gracias, ¿Y tú?

Giovanni Medina: Bien, hermano, pues aquí que te andaba localizando ya desde hace unos días.

Juan: Sí.

Giovanni Medina: Este, porque me dice Dannita y también me comentó Ninel.

Juan: Sí.

Giovanni Medina: Que, este, que nos puedes echar la mano con quitar unas cosas de Internet, ¿no?

Juan: O.K. Es, mira, está muriendo mi pila por si se me corta, de una vez, nada más para avisarte. Si quieres, tú dime cuándo nos podríamos ver y te explico más o menos cómo es la forma de trabajar.

Giovanni Medina: Mira, este, si puedes hoy mismo en la noche o mañana. Me urge. Lo que pasa es que mira, me ofrecieron algo político…

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LINALOE R. FLORES/ HUMBERTO PADGETT.

Defensa de Gordillo interpondrá queja ante la CIDH

MÉXICO, D.F: Marco Antonio del Toro, abogado de Elba Esther Gordillo, promovió un recurso de apelación en contra del fallo del juez sexto de Distrito de Procesos Penales Federales del Distrito Federal que negó la prisión domiciliaria a la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.

Además, interpondrá una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El litigante argumentó que hubo “mano negra” en la resolución del juez que negó la prisión domiciliar a su cliente quien –dijo—está cerca de convertirse en presa política porque no hay forma de acreditar pericialmente el intento de fuga que alegan las autoridades.

El domingo pasado el juez Alejandro Caballero resolvió negar a la exlíder magisterial el beneficio de la prisión domiciliar “debido a que “las partes no aportaron dictámenes periciales idóneos tendientes a establecer si la indiciada, al concedérsele tal beneficio, pudiera optar o no por sustraerse de la acción de la justicia”, es decir, fugarse.

Según del Toro, la resolución es “absolutamente ilegal” porque “ninguna parte puede acreditar pericialmente semejante situación, no existen ningún tipo de peritos o expertos que pueda constituir un riesgo de fuga”, afirmó el abogado.

“Consideramos que esta es una resolución sui generis y que por siguiente puede estar siendo objeto de injerencias ajenas al Derecho (…), injerencias que podrían ser de carácter político”, señaló en entrevista con Radio Fórmula.

Lo peor, dijo, es que en su resolución el juez no dice que Gordillo Morales se puede fugar sino que no sabe si se puede fugar porque no se presentaros peritajes que acreditaran ese aspecto, peritajes que –insistió—no existen y por eso consideró que se trata de una decisión ilegal.

Del Toro comentó que la maestra está muy tranquila, aunque “está consciente de que es una resolución tan desapegada a Derecho que resulta ilustrativa respecto del panorama general de su caso.

Y explicó:

“Estamos convencidos de que hubo un poquito de mano negra en esta resolución, y esa mano negra el Derecho tendrá que enderezarla y sacarla de los expedientes judiciales para que tengamos un México donde todos tengamos certeza de que las resoluciones se dictan adecuadamente”.

El juez Alejandro Caballero Vértiz titular del juzgado, determinó que “no hay pruebas suficientes” de que la exlideresa del SNTE no evadirá la acción de la justicia si se le otorga dicho beneficio.

Dentro de la causa penal 11/2013, resolvió negar la solicitud de prisión preventiva domiciliaria solicitada por Gordillo Morales, debido a que “las partes no aportaron dictámenes periciales idóneos tendientes a establecer si la indiciada, al concedérsele tal beneficio, pudiera optar o no por sustraerse de la acción de la justicia”.

Además, en su resolución la autoridad jurisdiccional señala que la indiciada es mayor de 70 años, tal como se requiere en el primer párrafo del artículo 55 del Código Penal Federal, sin embargo la defensa se desistió del incidente respecto a lo relacionado con el estado de salud, aspecto que inicialmente constituía la base de la petición solicitada.


Gordillo enfrenta cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal que la tienen presa en la cárcel femenil de Tepepan desde hace dos años y medio.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

En boda de Velasco y Anahí, invitados firman acuerdo de confidencialidad y les quitan celulares

MÉXICO, D.F: El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco y la cantante Anahí celebraron su matrimonio civil tras haberse casado por la Iglesia hace cuatro meses.

El diario Reforma, que cita fuentes cercanas a la actriz de Televisa, afirma que los detalles de la ceremonia fueron vendidos en exclusiva a una revista de circulación internacional.

La boda civil, agrega el periódico, se realizó la tarde del pasado sábado en una ceremonia privada realizada en el Club de Golf Bosques de Santa Fe.

Un informante dijo al diario que los invitados al evento fueron obligados a firmar un contrato de confidencialidad, despojarse de sus teléfonos celulares y dispositivos electrónicos y se comprometieron a no subir nada a las redes sociales.

Otros medios aseguraron que Velasco aprovechó su visita a la Ciudad de México para realizar reuniones de corte político.

En su página de Internet el Club de Golf Bosques de Santa Fe se define como “el desarrollo más exclusivo al poniente de la ciudad de México”. Cuenta con un campo de nueve hoyos diseñado por el golfista Jack Nicklaus, un terreno de casi 500 hectáreas, canchas de pádel, tenis, dos piscinas y un sistema inteligente de iluminación.

La unión de Velasco y Anahí se celebró en el salón de festejos de una de las torres del complejo y asistieron unos 200 invitados.

“Ella lloró de la emoción y él estaba muy sonriente… fue una unión muy emotiva”, indicó la fuente a Reforma.


La pareja se unió en matrimonio religioso el pasado 1 de abril en una boda sorpresa a las 8 de la mañana, sin recepción y rodeados de mujeres indígenas que posaron junto a ellos. El obispo Felipe Arizmendi Esquivel ofició la misa.

FUENTE: PROCESO.
AUTRO: REDACCIÓN.

Violencia armada en México deja 80 mil muertos en cinco años: ONG

Cancún. En México, la violencia armada ha causado más de 80 mil muertes en los últimos cinco años, advirtieron organizaciones de la sociedad civil que participan en la Primera Conferencia de los Estados Parte del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA por sus siglas en inglés) tras demandar al gobierno federal a proporcionar todos los datos del usuario final a los exportadores, "con lo que podrían impedir que las armas y municiones importadas legalmente se desvíen a las manos de los criminales".

Paulina Arriaga, de Desarma México, dijo que "en los últimos nueve años, las fuerzas policiales mexicanas han informado de más de 17 mil armas de fuego que han sido reportadas como perdidas o robadas. Se trata de armas de fuego que entraron al país de manera legal, y ahora nadie sabe dónde están, por no hablar de la forma en que se están utilizando".

A su vez Sara San Martín, del Centro de Estudios Ecuménicos dijo que "en México, la proliferación de armas pequeñas y armas ligeras ha tenido consecuencias devastadoras y cobrado miles de vidas en los últimos años. Una mayor transparencia en la presentación de informes en el momento en armas y municiones que son importados, ayudará al gobierno a hacer un mejor seguimiento de los mismos, evitando que se desvíe y caiga en las manos equivocadas, con consecuencias terribles".

Al continuar los trabajos de esta primera conferencia, los representantes de 121 países pretenden alcanzar acuerdos que aseguren un proceso eficaz de toma de decisiones por mayoría para todos los asuntos de procedimientos, de fondo y relativos a cuestiones económicas, sin que haya mecanismos de aplazamiento.

Garantizar la presentación de información completa, periódica y transparente que permita alcanzar la norma más alta posible, no el mínimo común denominador. Asegurar que las organizaciones no gubernamentales que trabajan para asegurar la efectiva ejecución del TCA puedan participar plenamente en calidad de observadoras.

Establecer un Secretariado del TCA activo e independiente, dotado de recursos suficientes que permitan apoyar eficientemente el TCA, y que se nombre a su personal sobre la base del mérito y aplicar de manera consistente y sólida las disposiciones del TCA para evitar el sufrimiento humano causado por las transferencias irresponsables de armas.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CIRO PÉREZ SILVA.

Impensable reducir pobreza si economía no creció en 20 años: Coneval

México, DF. El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, destacó en el Senado que “es impensable reducir la pobreza si no tenemos crecimiento en la actividad económica, y ello no ha ocurrido por lo menos en los últimos 20 años”.

Al comparecer ante senadores y diputados, subrayó que la evolución del ingreso corriente per cápita 1992-2014 (a precios de 1992) se ha mantenido prácticamente igual: en 1992 las familias tenían 3 mil 500 pesos al mes y en 2014, 3 mil 600 pesos.

Explicó además que de 1990 al 2014, casi cinco lustros, prácticamente todas las carencias sociales de la población en pobreza “han tenido reducciones”.

Hernández Licona fue citado a comparecer para que explicara al Congreso el aumento de la población en pobreza a pesar de los miles de millones de pesos que se destinan para combatirla. Sobre todo se le citó por el incremento en la pobreza en general, de acuerdo con el último informe que presentó.

Hernández Licona dijo que el ingreso familiar “no ha crecido lo suficiente en 25 años. En estos dos últimos años 2012-2014, vemos un cambio en las carencias de rezago educativo que pasó de 19.2 a 18.7; carencias por acceso a los servicios de salud que pasó de 21.5 a 18.2; carencia por acceso a seguridad social de 61.2 a 58.5; carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda no tuvo cambios en los últimos dos años; la carencia por acceso a la alimentación se incrementó una décima y la población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo aumentó de 20.0 a 20.6”.

Lo que más destaca en los últimos dos años es que la población con ingreso inferior a la línea de bienestar se incrementó en el gobierno de Enrique Peña Nieto al pasar de 51.6 a 53.2.

El secretario ejecutivo insistió que lo que podemos ver es que por la crisis mundial, la desaceleración económica mundial y el crecimiento de los precios ha generado mayor pobreza desde 2008.

El informe del Inegi, resaltó, nos dice que en dos años se redujeron en 3.2 por ciento los ingresos de la población, ello explica el aumento de la pobreza.

Refirió que en los últimos dos años la población con menores ingresos aumentó 2.1 por ciento sus recursos y ello se debió fundamentalmente al incremento de transferencias gubernamentales (programas sociales). Esto quiere decir que el Estado mexicano ha apoyado a la población con menos ingresos. “Hemos tenido programas que buscan fortalecer a la población con menores ingresos”.

Al explicar el aumento de la población pobre en este sexenio, Hernández Licona destacó que ello se debe a que los ingresos familiares no han crecido lo suficiente en 25 años. Hizo notar que la economía mundial sigue siendo un reto.

Señaló que la población con ingresos bajos aumentó en general, la pobreza extrema disminuyó, pero hubo un aumento general de la pobreza en general. Sin embargo hizo notar que “desde siempre se dijo que cualquier esfuerzo para mejorar a la población más pobre tendría que verse con un complemento en el crecimiento de la actividad económica, sin embargo ésta no ha crecido y ello ha dado como consecuencia un aumento de la pobreza”.


Tras la intervención de Hernández Licona siguió una sesión de preguntas y respuestas. Más tarde también comparecerá ante la Segunda Comisión de la Permanente la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, para que explique el incremente de la población en pobreza de acuerdo con el informe del Coneval y del Inegi.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR BALLINAS/ ANDREA BECERRIL.

Relator de la ONU cuestiona Ley de Movilidad del DF ante la Corte

MÉXICO, D.F. (apro).- A un año de su aprobación, la Ley de Movilidad del Gobierno de Distrito Federal continúa bajo cuestionamientos hasta a escala internacional.

El relator especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de la Organización de las Naciones Unidas, Maina Kiai, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso para argumentar que tres de sus artículos vulneran el derecho a la manifestación pacífica de los ciudadanos.

El pasado 21 de agosto, el funcionario internacional envió un recurso legal amicus curiae (amigo de la Corte) para argumentar las acciones de inconstitucionalidad de los artículos 212, 213 y 214 de la normativa aprobada en julio del 2015 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

“Tienen un impacto en el derecho a la reunión pacífica” tal como está estipulado en los tratados internacionales, dijo Maina Kiai a través de un comunicado.

Según su análisis, el artículo 212 de la Ley de Movilidad del DF exige a los organizadores que notifiquen a las autoridades con 48 horas de anticipación sobre la manifestación que realizarán y que digan “la finalidad perfectamente legítima” de la misma.

Al respecto, consideró que aunque el plazo es “aceptable bajo la ley internacional”, el hecho de fijar un “objetivo legítimo” no lo es, pues las autoridades pueden generar una interpretación discrecional. Esa orden, agregó, crea confusión.

Sobre ese mismo artículo –que pide avisar a las autoridades de las manifestaciones cuando puedan perturbar el tránsito, la paz y la tranquilidad de los habitantes– el relator consideró que esas son nociones “vagas y subjetivas” y no dan una orientación clara a los organizadores.

Los artículos 213 y 214 se refieren al uso de calles para realizar asambleas públicas y la prohibición de usar vías principales con circulación continua, excepto para cruzar o cuando sea la única manera de llegar al destino; además faculta a las autoridades para tomar las medidas necesarias para evitar el bloqueo de estas.

Kiai advirtió que la Ley de Movilidad no incluye la definición de vías primarias con circulación continua. Ello, agregó, puede dar generar una interpretación discrecional pues todas en esa categoría podrían estar casi todas las calles de la capital.

La Ley de Movilidad del DF fue aprobada por los legisladores locales en julio del año pasado. Sin embargo, un mes después las comisiones de Derechos Humanos nacional y del DF interpusieron acciones de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal de justicia del país para pedirle que la analizara bajo la perspectiva de los derechos humanos. Según su argumento, dicha legislación viola los derechos de libre asociación y manifestación.


No sólo estos organismos cuestionaron la legislación. Organizaciones civiles formadas por defensoras de derechos humanos, académicos, sindicatos, miembros de movimientos sociales, activistas y periodistas, con apoyo del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, promovieron 20 amparos en contra de esta Ley por considerarla anticonstitucional.

FUENTE: PROCESO.
AUTRO: REDACCIÓN.

Presos del Altiplano denuncian represalias tras fuga de “El Chapo”

MÉXICO, D.F: Los narcotraficantes Óscar Omar Treviño, “El Z-42”; los hermanos García Simental, Teodoro, “El Teo”, y Marco Antonio, “El Cris” y Servando Gómez Martínez “La Tuta” denunciaron violaciones a sus derechos humanos por declarar en contra de funcionarios de alto nivel después de la fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán del penal federal del Altiplano, Estado de México, el pasado 11 de julio.

En un desplegado publicado en el diario Reforma, los reos que se encuentran en área de tratamientos especiales del penal acusan en particular a Leonor García García, Directora Jurídica del Centro de Readaptación Social No. 1, así como al secretario Técnico y representante legal del Consejo, y a la directora Técnica –a quienes no identifican– de dar la orden de cambiarlos a “estancias insalubres que carecen de los lineamientos esenciales de una celda”. Aseguran que comen junto al baño al no existir un área de comedor.

Además, dijeron que son hostigados por elementos de la Policía Federal que no tienen nada que hacer en ese lugar porque no están en estado de emergencia.

También acusan al encargado de despacho de la Dirección General del Cefereso por tener “oídos sordos” y encerrase en su oficina sin atender las exigencias de los reos y sus familiares, vulnerando con ello sus derechos humanos.

Según los quejosos, el hostigamiento empezó después de la fuga de ‘El Chapo’ y la visita del director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, quien les pidió su cooperación para declarar todo lo que sabían y se comprometió a guardar en secreto la averiguación previa y a evitar represalias contra los que declararan.

Pero la promesa, denuncian en su desplegado, no se cumplió.

“Declararon todo lo que sabían y de lo que se dieron cuenta días previos a la fuga, así como lo que sabían de los funcionarios que ayudaron a que aconteciera la evasión del reo; funcionaros de alto nivel que sus nombres constan en la referida averiguación, y solo dieron a conocer lo que manipularon, cuestión que no fue así, toda vez que en diversos medios se publicaron las declaraciones ante la PGR de los internos, incumpliendo con su palabra el funcionario y no guardó el secreto que necesitaba la indagatoria”.

A partir de entonces, inició el hostigamiento, afirman los quejosos, exlíderes de los principales cárteles del país.

Lo más denigrante, dicen, es que los obligan a desvestirse cuando van a los juzgados, locutorios, baños o servicio médico y, ya desnudos, a hacer sentadillas mientras los observan para mirarles “la parte posterior”.

Igual sucede, añaden, con las personas que asisten a la visita familiar e íntima, a las mujeres les hacen quitarse incluso la toalla íntima y a los niños el pañal.

“Lo más grave de todo es que las esposas las desvisten en la habitación donde tienen su visita íntima, dejándolas sin nada, aduciendo cuestiones de seguridad”, afirman y consideran que la intención es llevarlos al límite para que “caigan en falta” al reglamento del penal.

Según los reos quejosos también les racionan la comida y les sirven alimentos en estado de descomposición, lo que les ha acarreado enfermedades gastrointestinales y el servicio médico que les brindan “es pésimo” y no va de acuerdo a la urgencia de su estado de salud.

Les dan, dicen, medicamentos caducos y si se niegan a ingerirlos les levantan reportes y los sancionan quitándoles artículos de uso personal, encerándolos por más de 36 horas obligándolos a deambular en su celda, retirándoles la televisión, que está permitida en el reglamento y es un derecho a la información, o de plano impidiendo la entrada de su visita familiar o intima.

Esto último es lo que consideran más grave pues “transgreden los lineamientos otorgados por los derechos humanos, así como nuestra carta magna y los tratados internacionales”.

Y afirman que además de ser excesivos los días que los dejan sin visitas, les causan “agravios de difícil reparación, con daños y perjuicios, pues con ello interrumpen el tratamiento individualizado para la reinserción de los internos, lo que sí afectaría al interés social y el orden público”, advierten, además de que generan desintegración familiar.

Todo ello, afirman contraviene el artículo 18 constitucional que establece que la finalidad de las penas privativas de la libertad es la readaptación social del interno sobre la base del trabajo, la educación y la capacitación para el mismo.

Además, dicen, al tenerlos incomunicados se vulnera el artículo 22 por lo que afirman que ya declararon contra Leonor García García, la única que sigue laborando en el penal y quien era la funcionaria de más alto nivel el día de la fuga.

“Ella de forma visceral ha hecho este abuso de autoridad y ha tomado partido, hostigando a los internos, con el fin de que si la Procuraduría General de la República pretendiera ampliar las declaraciones de los internos los tenga controlados”, acusan.

Ante el “embate” de las autoridades los capos afirman que han promovido amparos ante los juzgados cuarto y quinto en materia de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México

A la fecha, concluyen, sólo se ha procedido contra custodios y personal que vigilaba las cámaras y “no se ha abierto ningún procedimiento a un funcionario del Órgano Administrativo Desconcentrado, y es importante hacer mención al comandante Juan Carlos Ortiz Caldero, funcionario que ya ha sido movido por los fuertes vínculos que tenía con ‘El Chapo’” ya que fue quien lo recibió y de nueva cuenta lo designan como Director de Seguridad y Custodia para evitar que declaren en forma libre y espontánea los reos, quienes fueron testigos presenciales de la evasión”, denuncian.

Finalmente y ante la situación, solicitan la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


El responsable de la publicación es Rogelio Cristian Soto Guzmán, “autorizado de los quejosos”, además de los mencionados: Sigfredo Nájera Talamantes, Erick Omar Ochoa Flores, Salvador Alfonso Martínez Escobedo, Fernando Sánchez Arellano, George Khory Layon, Mario Cárdenas Guillén, Mario Casarubias Salgado, Mario Armando Ramírez Treviño y Lucio Hernández Lechuga.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Encarcelan por supuesto robo a egresada del IPN que creó robot para invidentes

MÉXICO, D.F: Alumnos de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional (IPN) exigieron a través de una petición en la plataforma change.org la “inmediata liberación” de su compañera Jessica Sarahí Espinosa López, creadora del robot perro lazarillo, acusada injustamente de un presunto robo de mercancía valuado en 94 millones de pesos.

La joven de 25 años, quien saltó a la luz pública en junio pasado por el invento que desarrolló con otros compañeros, fue incriminada según los politécnicos por la única razón de vivir en un cuarto aledaño a unas bodegas en las que otros arrendatarios guardaban mercancía robada a la empresa cigarrera Philip Morris México.

De acuerdo con César Espinosa López, hermano de Jessica, ella administraba una bodega de refrescos y vendía el producto en eventos masivos los fines de semana para solventar sus estudios. Su patrona la apoyaba desde hace año y medio pagándole la renta de uno de los cuartos donde guardaba las bebidas en una bodega ubicada en Ferrocarriles Nacionales 820, en Azcapotzalco.

A Jessica le convenía porque vive en Mixquic y los domingos concluía su jornada laboral muy tarde, a veces ya entrada la madrugada del lunes.

Como agradecimiento a su patrona comenzó a ayudarle con la facturación e inventarios de la mercancía que también vendía. Sin embargo, en el mismo terreno arrendatarios de otras bodegas escondieron la mercancía robada valuada en 94 millones de pesos.

El pasado 15 de agosto, agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que investigaban el asalto cometido el 8 de agosto a un camión de Philip Morris México, realizaron un cateo a las bodegas que se encuentran en el mismo predio donde vive la joven.

Sin mostrar una orden que avalara la acción, los agentes se introdujeron al predio, acompañados de un sujeto que condujo la unidad robada a la bodega. A Jessica le pidieron acreditar la legalidad de la mercancía hallada en la bodega donde vive. Así lo hizo, mostró las facturas y luego accedió a ir voluntariamente al Ministerio Público como testigo.

Ahí de repente todo cambió porque, de testigo, Jessica pasó a ser presunta responsable de robo agravado en pandilla.

La única prueba que la incrimina, según la denuncia de los politécnicos en change.org, es un video del atraco que presentó la empresa en el que aparecen dos hombres y una mujer que supuestamente es Jessica.

Sin embargo, familiares de la joven afirman que la mujer que aparece en la grabación es más esbelta, alta y tiene más busto que ella y, aunque los peritos no han comparado los rasgos de Jessica con los de la mujer del video, la madrugada de este lunes fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla.

Por ello los alumnos politécnicos solicitaron al procurador Rodolfo Ríos Garza, y al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, la inmediata liberación de Jessica, en tanto que a la empresa Philip Morris México le pidieron retirar los cargos y exigir a las autoridades que detengan a los verdaderos culpables del millonario robo.

“Es irrisoria la imputación de un robo de 94 millones de pesos a una recién egresada del IPN, empleada de Inbursa y creadora del proyecto ‘robot perro lazarillo’ difundido en medios nacionales, que acude de buena fe al MP a deslindar responsabilidades en calidad de testigo y de pronto esté recluida en Santa Martha sin derecho a fianza”, acusan los jóvenes en la petición que, desde su lanzamiento el pasado sábado, ya acumula casi mil 700 firmas.

Los compañeros de Jessica la describen como una alumna de excelencia y señalan que eso es también un punto importante a considerar.


“No es posible más presuntos culpables, no es posible que el sistema de justicia vaya a declarar culpable a Jessica, por favor autoridades LIBEREN INMEDIATAMENTE a Jessica Espinosa, alumna de excelencia del IPN, y encuentren a los culpables del robo”, piden los estudiantes a través del sitio web.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.