Ciudad de México, 29 de agosto: La Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores convocó a una reunión extraordinaria con las comisiones unidas de justicia y de estudios legislativos, para éste lunes 31 de agosto a las 9:30 horas, con la intención de discutir y aprobar el dictamen de la minuta que expide la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica y una reforma al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tema que no tuvo discusión previa entre los legisladores.
La minuta que se busca aprobar menciona que desde el 2007, con la reforma constitucional en materia electoral, se estableció que “el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”, pero a la fecha no se han hecho las adecuaciones necesarias para regular este derecho humano.
En febrero de 2013, el experto en derechos de audiencias, Gabriel Sosa Plata, en su papel de Ombudsman de Noticias MVS, emitió un posicionamiento en el que señalaba cuatro inconvenientes en el proyecto.
El primero se refiere a que cuando el medio de comunicación se opone a cederle espacio al replicante, éste podrá acudir al juez. Sin embargo, pese a que el Dictamen dice que el procedimiento “busca ser expedito y confiable”, es todo lo contrario, ya que el procedimiento judicial exige al afectado llenar un “farragoso” formulario, por ejemplo, en su Artículo 25, además de requerir una “relación sucinta de los hechos que fundamenten su petición”, también demanda “pruebas que acrediten la existencia de la información que hubiera sido difundida por un medio de comunicación (…), que demuestre la falsedad o inexactitud de la información publicada”, o que “demuestre el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado”.
Mientras que en otros países, como España, basta con que la persona considere que la información es inexacta o que puede causarle un agravio.
Otra exigencia al afectado que resulta inviable, dice Sosa Plata, es la de pedirle una copia de la emisión o publicación a la que alude en su reclamo de réplica. Ello implicaría solicitársela al medio en el caso particular de radio y televisión.
“Llama poderosamente la atención la cantidad de opciones [ocho] que el Artículo 19 del dictamen concede a los sujetos obligados para negarse a llevar a cabo la difusión de la réplica”, según el pronunciamiento de Sosa Plata.
Una cuarta es que los plazos en que pueda desarrollarse el juicio para elaborar la sentencia podrían ser tan largos que, cuando el juez falle a favor del promovente, su derecho de réplica haya perdido su objetivo de reparar el agravio a la honra y el buen nombre causado con la publicación, considera el experto.
FALTAN AJUSTES: CORRAL
Por su parte, en un comunicado, el Senador panista Javier Corral Jurado señaló que este tema no debe ser entendido sólo en lo individual, sino en sociedad para que se contrasten las distintas opiniones o versiones sobre un suceso público.
Sugirió también cambiar el concepto de agraviado por aludido, ya que el concepto agravio supone la existencia de un daño, cuando el derecho de réplica se concede a una persona por información falsa o inexacta. Además modificar definiciones como: réplica, medios de comunicación y productor independiente, al considerar que son insuficientes las referidas en el proyecto
En relación al artículo 3° propone que toda persona que haya sido mencionado en forma directa pueda ejercer el derecho de réplica cuando considere inexacta o falsa la información publicada en el medio de comunicación de que se trate. Además sugiere la eliminación de los dos últimos párrafos del artículo 3 que se refieren a la réplica en los medios de comunicación indígena y cuando lo ejercen los partidos políticos, los precandidatos y candidatos, pues este derecho se ejercitará sin perjuicio del medio del que se trate o de las personas aludidas.
Otra observación relevante, a juicio de Corral, consiste en que todos los medios de comunicación que difundan información falsa que hayan retomado de otro medio o agencia, también tendrán la obligación de difundir la réplica que corresponda
La minuta prevé un plazo de cinco días hábiles para solicitar la réplica pues los diputados consideraron que es un tiempo razonable, sin embargo tomando en cuenta la Ley de Imprenta que contempla un plazo de ocho días, el legislador chihuahuense considera que debiera mantenerse dicho plazo.
Corral consideró que la autoridad que conozca dichos casos sea un juez civil por ser más próximo a la persona aludida ya que la réplica no es de naturaleza administrativa. Dejar la minuta como se encuentra podría interpretarse que se trata de los jueces especializados en materia de radiodifusión y telecomunicaciones (sólo hay dos) en el Poder Judicial de la Federación con residencia en el Distrito Federal, lo que dificultaría la defensa de este derecho para los ciudadanos quienes tendrían que acudir a la capital a defender sus intereses.
En la minuta, señala el panista, no se aclara si el procedimiento judicial sólo se detonará cuando haya controversia por la respuesta que otorgue un medio de comunicación o si existe posibilidad de acudir a una instancia judicial sin pasar por el trámite administrativo ante el medio de comunicación, lo cual podría resultar violatorio del principio de acceso a la justicia si se impide al ciudadano acudir directamente ante la instancia judicial cuando estratégicamente así lo considere más conveniente.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Ciudad de México, 29 de agosto: El mal desempeño económico, un pacto de impunidad y la corrupción política son las características que definen a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto en estos tres años que lleva de gobierno en México, consideró Edgardo Buscaglia, director del International Law and Economic Development Center e investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, en entrevista para la televisión internacional alemana Deutsche Welle (DW).
“El sistema judicial mexicano se cierra, se paraliza automáticamente cuando existen investigaciones contra políticos en ejercicio. No se investiga, y se asedia a los periodistas que sí lo hacen y hasta se los asesina. Ese es el caldo de cultivo por el cual la delincuencia organizada sigue prosperando y expandiéndose en México a través de múltiples tipos de delitos”, advirtió el experto.
Buscaglia compartió junto con el politólogo Javier Corrales, del Amherst College, de Massachusetts, su opinión acerca de la popularidad de los presidentes latinoamericanos.
El manejo de los recursos públicos, la impartición de justicia y el combate a la corrupción determina el sube y baja en la popularidad de los mandatarios, como se ve en el caso de México, coincidieron los expertos entrevistados por la periodista Eva Usi.
Edgardo Buscaglia destacó que la única forma de combatir la corrupción, que existe en todas partes del mundo, es con sistemas judiciales que funcionen adecuadamente, recordó el caso de Brasil, donde la Presidenta Dilma Rousseff se encuentra inmersa en una serie de escándalos de este tipo.
“Los sistemas judiciales de Brasil funcionan, investigan, encarcelan a los empresarios y ya hay sentencias judiciales en el caso de Petrobras. Ya se tienen políticos al más alto nivel acusados. En la medida en la que los sistemas judiciales reaccionan y generan sentencias la corrupción no es tan preocupante”, aseguró el investigador a DW.
También lamentó que ese no sea el caso de México, en donde los políticos en ejercicio se protegen entre sí para intercambiar favores y traficar influencias, y advirtió que el “club de impunes” no romperá con su situación privilegiada. “La presión tiene que venir de la ciudadanía, de los empresarios y de la comunidad internacional”, advirtió Buscaglia a la televisora.
Desde noviembre del año pasado, la admnistración federal en México ha sido fuertemente cuestionada luego de descubrirse que la Primera Dama, Angélica Rivera Hurtado, el Presidente, Enrique Peña Nieto, y el Secteario de Hacienda, Luis Videgaray Caso habían comprado casas a contratistas del gobierno bajo condiciones poco claras. Esta semana, la agencia de noticias Bloomberg reveló que en el caso de Luis Videgaray, la constructora Higa cobró el cheque con el que se hizo la transacción de una casa de descanso en Malinalco, lo que pone en entredicho la investigación que sobre el tema realizó la Secretaría de la Función Pública (SPF) y que exoneró a los tres de cualquier conflicto de interés.
La popularidad del Presidente mexicano Enrique Peña Nieto, refiere Deutsche Welle, cayó siete puntos en los últimos 12 meses, del 51 por ciento al 44 por ciento, según una encuesta publicada por el Pew Research Center.
“El sondeo, que coincide con una reestructuración del gabinete de Peña Nieto, asegura que el 72 por ciento de los mexicanos está insatisfecho con el manejo en cuestiones como educación, seguridad, economía y combate a la corrupción. Los escándalos en torno a un presunto conflicto de interés que salpicaron al entorno cercano de Peña Nieto en 2014, así como la fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán el pasado 11 de julio, influyeron en la percepción de los ciudadanos”, destacó el medio alemán.
NICOLÁS MADURO Y EVO MORALES
Otro caso que menciona Deutsche Welle es el del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a quien la recesión económica, la alta inflación y el desabastecimiento de productos básicos, aunados a los menores ingresos que percibe ese país por sus exportaciones de petróleo, han provocado una caída en picada en la popularidad del mandatario.
“Es probablemente uno de los niveles de popularidad más bajos entre los presidentes venezolanos”, afirmó el politólogo Javier Corrales a la periodista Eva Usi.
Además de la crisis económica, la crisis de gobernabilidad y la inseguridad, el experto subrayó la peligrosa combinación de control de cambios con la caída de los precios del petróleo y el gasto desenfrenado del sector público.
“El gobierno está racionando los dólares a muchos sectores. Sin dólares no puede haber importaciones y eso paraliza la actividad productiva del país. La gente trata de cambiar sus bolívares por dólares baratos y tan pronto puede, los saca, eso está provocando una fuga de capitales del país”, planteó Corrales.
En el caso del Presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, detalló que hasta el momento ha tenido una buena gestión económica en comparación con sus homólogos de América Latina.
“Al igual que Venezuela, este país depende de la explotación y exportación de recursos naturales, en este caso, de gas natural. Tiene también un gobierno anti-imperialista, socialista y chavista. Sin embargo, Bolivia no está sufriendo un desplome económico como el de Venezuela. Por el contrario, está registrando altos niveles de crecimiento económico”, expuso el politólogo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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MÉXICO, D.F: Hombres armados atacaron esta mañana una barricada de autodefensas ubicada en la carretera Nuevo San Juan Parangaricutiro-Tancítaro en el municipio de Tancítaro, Michoacán, lo que dejó un saldo de dos muertos.
El ataque ocurrió cuando civiles armados estaban en un puesto de vigilancia sobre dicha vía, según los primeros reportes de la Procuraduría General de Justicia del estado.
La agresión fue repelida por los autodefensas y se suscitó un enfrentamiento.
Autoridades reportaron que en el lugar quedaron dos cuerpos cuyas identidades aún son desconocidas, aunque se presume que son autodefensas.
Supuestamente uno de los fallecidos tenía relación con Jesús Blanco, líder de autodefensas en Tancítaro.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La indolencia de Enrique Peña Nieto y todo su equipo de seguridad nacional no tiene límites. Insensibilidad o componenda pero a fin de cuentas un único resultado: impunidad que abona a desapariciones forzadas, asesinatos, levantones, persecución y abusos, por decir lo menos.
Desde hace seis meses, justo el 29 de octubre, el presidente de México, Peña Nieto; el titular de Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, y el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, sabían que en Chilapa, Guerrero, iban a desaparecer jóvenes en contra de su voluntad.
Lo supieron cuando don Clemente Rodríguez Moreno, padre del estudiante de 19 años, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, les informó, primero, y reclamo después, que algunos de los desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa habían sido vistos por los rumbos de Chilapa.
Y debió pasar un mes de la desaparición forzada de los 43 estudiantes para que Peña Nieto se dignara a recibir a los padres en Los Pinos. Ahí, don Clemente Rodríguez le narró lo que apenas tres días antes le comentó una vieja conocida de la familia.
“Nosotros pensamos que ya había regresado tu hijo porque el otro día pasó una camioneta por acá, por Tuxtla, rumbo a Chilapa, una camioneta de redilas, y su hijo me dijo adiós”. “¿Lo vio solo o con quién?”, preguntó enseguida don Clemente.
La mujer aclaró: “No, iba llena de muchachos, y atrás de ellos iba otro carro grande”.
Don Clemente no pudo explicar en aquellas cinco horas de su encuentro con Peña Nieto quién pudo haber trasladado a los jóvenes hacia Chilapa, pero sí le exigió que buscaran por ahí, y lanzó como hipótesis la participación del grupo delictivo de Los Rojos, según publicó Proceso en su edición 1983, de noviembre pasado.
Transcurría apenas el primer mes de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El gobierno federal y su comandante en jefe, Enrique Peña Nieto, no hicieron nada al respecto. Por lo menos oficialmente nada se supo de alguna búsqueda por la zona. Sí, en cambio, una semana después, el 7 de noviembre, el gobierno federal priista intentó convencer a padres y sociedad en general que los muchachos habían sido “quemados en una pila” con llantas y diesel.
En aquella ocasión nadie le creyó a Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República y quien lo mismo tiene la capacidad de indagar la desaparición de jóvenes que de presentar un análisis sobre las nuevas viviendas que recibirán los afectados por el tornado en Ciudad Acuña, Coahuila.
Seis meses después de que los padres de Ayotzinapa alertaran a Peña Nieto y al equipo de seguridad nacional que algo grave sucedía en Chilapa, vino otro evento llenando nuevamente de indignación a los mexicanos: la desaparición de 30 jóvenes de entre 25 y 30 años en el municipio de Chilapa.
Durante cinco días, a partir del sábado 9 de mayo, un grupo delictivo local se dedicó a catear casas y levantar jóvenes, ante la mirada de elementos de Seguridad Pública, aparte de mofarse de los militares, quienes tienen retenes ahí, y todo ello como parte de la lucha que mantienen las bandas delictivas de Los Rojos y Los Ardillos por el control de la zona por ser un lugar de paso para el trasiego de la droga.
Lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 se pudo evitar lo mismo que lo sucedido el 9 de mayo en Chilapa. Sin embargo, la complicidad, inacción, omisión, indolencia e insensibilidad de algunas autoridades federales, estatales y/o municipales no hace sino abonar a que ello siga ocurriendo.
A Peña Nieto –un hombre que gusta de jugar golf tres veces por semana, que se levanta pasadas las diez de la mañana y que ahora, ante el temor de un ataque, ya no sólo tiene al edecán militar a sus espaldas en cada acto público, sino que además incluye a un elemento castrense camuflado en los presídium– no parece importarle lo que le suceda a los jóvenes. Su único fin parece ser el disfrute, actuar como un sibarita bien protegido.
Saber de su acceso a lo más caro mientras otros no pueden tener caso nada, parece ser el deleite de Peña Nieto y su equipo, incluyendo, por supuesto, el lujo de la seguridad y la evasión a la muerte.
Al sibarita de Peña Nieto don Clemente le narró ese 29 de octubre en Los Pinos cómo fue que ante su incredulidad por el dicho de su amiga, todavía le preguntó: “A lo mejor se equivocó”.
La mujer le respondió, “cómo cree, si yo conozco rebien a su hijo y él a mí, pues hasta me dijo adiós”.
Ese día don Clemente dijo en Los Pinos que termino creyéndole a su amiga. Y también expresó: “A mí me hace pensar que se lo llevaron por Chilapa porque allá hay muchos pueblos, y creo que por allá han de estar, porque ahí en Chilapa esta la mera plaza de Los Rojos. Es la base de ellos; como en Iguala, la de Guerreros Unidos. Los rumores de la gente que va para Chilapa es que ven gente armada y los militares a un lado, o sea, con ellos, haciéndose como que no ven. Yo no sé si están involucrados o están recibiendo dinero o alguna cuota”.
El 26 de octubre pasado, la amiga de don Clemente le dijo que hacía “dos semanas” había visto a su hijo camino a Chilapa, custodiado por otros vehículos. Es decir, 15 días después del 26 de septiembre.
Todo esto se narró a Peña Nieto, e incluso el padre de familia le reclamó: “¿Cómo es posible que no puedan entrar y que el Ejército está a un lado y los delincuentes, Los Rojos, estén ahí. ¡Voy a creer que no se den cuenta de que está el enemigo ahí!”.
A Peña Nieto le recriminaron, le pidieron que fueran a Chilapa pero no actuó. Sólo seis meses después, cuando de nueva cuenta desapareció una treintena de jóvenes de los cuales se sabe el nombre de 16, el sibarita del presidente decidió actuar… demasiado tarde.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES (ANÁLISIS).
MÉXICO, D.F: Fiel representante de la clase política mexicana, el presidente Enrique Peña Nieto es de los que creen que con más leyes se construye el estado de derecho.
Urgido por la presión social ante la crisis humanitaria que evidenció la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, responde con un catálogo legislativo como si con eso se fuera a “mejorar” el estado de derecho y la seguridad en el país.
Cuando más se necesita que se desmonten las estructuras políticas, económicas y sociales que sostienen a la delincuencia y que han permitido que sea ésta la que determine los niveles de violencia en el país, la receta del gobierno federal es hacer más leyes.
No basta con la existencia de las normas y que éstas sean legítimas; es decir, sancionadas por el Congreso. Se necesita que estén legitimadas. Una norma se legitima cuando es obedecida por los ciudadanos y aplicada por la autoridad. De nada valen más leyes si los primeros en no aplicarlas son los gobernantes.
Quitarles el control de la policía a los presidentes municipales para dárselo a los gobernadores no resuelve nada. Muchos municipios del país que tienen apenas un puñado de policías agradecerán que les quiten esa responsabilidad ahora establecida en los artículos 21 y 115 constitucional.
Las reformas constitucionales anunciadas por Peña Nieto no harán ninguna diferencia entre un presidente municipal coludido con la delincuencia y un gobernador o jefe de policía estatal que puedan tener las mismas ligas.
Suponer que un mando único policial en manos de los gobernadores garantizará más seguridad es un engaño. Son incontables los casos de policías estatales que hace lustros forman parte de las estructuras delictivas.
Darles a los gobernadores el control único de las policías es abonar a sus feudos y a sus presupuestos. Si algo caracteriza a los mandatarios estatales del país es su profundo sentido antidemocrático y su lejanía del estado de derecho.
Erigidos en verdaderos señores feudales, simulan la democracia, compran cuanto haya que comprar con tal de anular los contrapesos, se adueñan de los entes “autónomos”, promueven a jueces y magistrados, reducen al Congreso a meros testigos o comparsas. Son los primeros en anular el estado de derecho.
No es la única simulación de Peña Nieto. Con el pretexto de que la delincuencia organizada es una tarea federal, muchos gobiernos han cedido el control de sus policías al Ejército o a la Marina. Desde los años noventa, soldados y marinos vestidos de civil han sido designados jefes de la policía estatal o municipal, sin que tampoco hayan marcado ninguna diferencia.
Con la modalidad ahora de “fuerzas civiles” estatales con control castrense, además de los militares como secretarios de Seguridad Pública, el mando único policial sólo reforzará la tendencia hacia la centralización de la seguridad, como lo ha perfilado Peña Nieto desde que asumió el gobierno al desaparecer la Secretaría de Seguridad de los panistas y transferir sus funciones policiales a Gobernación.
Con su decálogo normativo para “mejorar” el estado de derecho, en materia policial Peña Nieto termina por declararse heredero del mando único que no pudo echar a andar Felipe Calderón y a la par reivindica a Genaro García Luna, el promotor del control policial centralizado que tanto ambicionó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
Ciudad de México, 29 de agosto: En el marco de su XXI aniversario, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinollan, presentó su informe: “Desde las trincheras de Ayotzinapa: la defensa por la educación y la vida de los hijos del pueblo”, en el que denuncian los mecanismos de impunidad de la justicia mexicana para encontrar a los 43 normalistas desparecidos el 26 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero.
El documento de más de 400 páginas registra el trabajo que a lo largo de los últimos 11 meses han realizado activistas como Abel Barrera, el abogado Vidulfo Rosales, los padres de los estudiantes desaparecidos, pobladores de la región de La Montaña y organizaciones para buscar a los estudiantes.
“Nunca imaginamos cuán cruenta y riesgosa sería esta búsqueda. Compartir desde el primer día que llegaron a la Normal la angustia y sufrimiento de los padres y madres que día y noche luchan por encontrar a sus hijos, ha sido el mayor desafío que hemos enfrentado como defensores y defensoras de los derechos humanos en este tramo por la justicia y la verdad”, señala la organización.
El informe tiene como objetivo dar voz a la comunidad normalista rural y a la de las familias víctimas de la impunidad y la colusión estatal.
“En México, hoy nos faltan 43 estudiantes de Ayotzinapa y decenas de miles de desaparecidos más. Todos los dolores y todas las lágrimas de los más de 26 mil desaparecidos y las más de 100 mil ejecuciones en México, han encontrado cauce en este movimiento inédito de las 43 madres y padres de familia”, refiere el texto.
Añade que las graves violaciones a derechos humanos cometidas el 26 de septiembre en Iguala se perfilan a convertirse en uno de los más graves eventos singulares de violaciones ocurridas en México durante las últimas décadas.
“Lo ocurrido en Iguala mostró con brutal crudeza la persistencia de condiciones que favorecen la comisión de graves violaciones a derechos humanos y la profundidad de los circuitos de connivencia entre las autoridades instituidas y los carteles del narcotráfico”, detalla el documento.
En estados como Guerrero, acusan, las mismas instituciones de justicia que protegen a los responsables de los más deleznables crímenes, son expeditas y severas cuando se trata de perseguir a luchadores sociales o de criminalizar a quienes careciendo de los más elemental se atreven a reivindicar sus derechos.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña refiere en su informe que revisar la actuación de las autoridades en la investigación del caso Ayotzinapa permite entender el carácter sistémico de la impunidad en México, las familias de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, dicen “han experimentado los mismos patrones de zozobra y revictimización que hoy lastima a los familiares de los más de 26 mil desaparecidos que se buscan en México”.
A partir de la noche del 26 de septiembre las autoridades de los tres niveles de gobierno se mostraron omisas en sus responsabilidades frente a estos hechos, denuncia el informe, añade que las acciones gubernamentales a nivel estatal y federal distaron de ser coordinadas o acordes a la urgencia de la situación.
Tlalchinollan recuerda que la indiferencia federal frente a las atrocidades ocurridas en Guerrero y su complacencia ante la incapacidad de las autoridades guerrerenses no es novedosa. De hecho, dice, “si las desapariciones forzadas que veían ocurriendo en Iguala se hubiesen investigado oportuna y diligentemente, seguramente la desaparición de 43 jóvenes se habría evitado”.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! es el clamor generalizado que cimbra hoy en México a un mes de que se cumpla un año de los acontecimientos del 26 de septiembre, por ello, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Centro de Derechos Humanos de la Montaña con el apoyo de la sociedad, advierte que continuará con la búsqueda de los normalistas.
“Seguiremos denunciando nuestro hartazgo ante tanta violencia e impunidad y caminaremos bajo la guía de las 43 familias que hoy son la luz de esperanza, para que nuestro país cambie y sea en el futuro un país sin víctimas”, finaliza el informe.
Los 43 jóvenes desaparecieron el 26 de septiembre en el municipio de Iguala, Guerrero, después de haber sido atacados a tiros por policías municipales, en un hecho que además dejó seis muertos, tres de ellos estudiantes.
De acuerdo con la PGR, los estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron entregados por los policías al grupo criminal Guerreros Unidos, que los mató e incineró. Sin embargo, hasta ahora sólo se han identificado restos calcinados de uno de los jóvenes con análisis de ADN.
El 6 de septiembre expertos del grupo interdisciplinario de peritos designados para investigar la desaparición de los alumnos presentarán el informe final de los seis meses de trabajo que realizaron. En un informe anterior expresaron su preocupación por la pérdida de pruebas, como grabaciones, por el ocultamiento de prendas de los estudiantes y por no poder entrevistar a militares de un batallón asentado en Iguala.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Ciudad de México, 29 de agosto: Las denuncias por hostigamiento, acoso y censura que sufren algunos trabajadores del Canal 22 cobró el despido de cuatro periodistas más, se trata de Guadalupe Pereyra, subdirectora de Información, Marcos Daniel Aguilar, editor de la agencia noticiosa, y las reporteras Alejandra Flores e Irma Gallo, esta última aún no ha sido notificada.
Este viernes, personal de la Dirección General de la televisora entregaron a Marcos Daniel, Alejandra y Guadalupe, un documento donde se les informó de la rescisión de su contrato, situación que inconformó a los comunicadores porque su compromiso con la empresa finaliza hasta diciembre.
“A mi me mandaron llamar para entregarme el mismo papel y yo les respondí que yo no iba a recibir ninguna notificación sin un abogado presente”, señaló Irma Gallo, reportera de la televisora en entrevista con SinEmbargo.
El pasado 22 de junio, miembros del equipo editorial de la Dirección de Noticias del Canal 22 denunciaron que habían sido víctimas de acoso y censura por parte de Raúl Cremoux López, director general de la televisora, por informar de manera crítica sobre temas relevantes de política, entre ellos el conflicto que mantiene la periodista Carmen Aristegui Flores con la empresa MVS.
Los periodistas despedidos pertenecían al grupo de los 33 trabajadores del canal que firmaron una misiva en la que denunciaban intentos por parte de la Dirección de frenar su libertad de expresión.
Este conflicto se remonta al año 2013 cuando Cremoux entró a la Dirección General, aseguraron otros trabajadores del canal que pidieron omitir sus nombres, sin embargo, este año el problema escaló a raíz de una nota que se transmitió en Noticias 22: el tema era la decisión de MVS de sacar del aire el programa de Carmen Aristegui.
“Nosotros hicimos una nota meramente informativa, Cremoux dijo que no podíamos estar manejando esa información porque Canal 22 era sólo cultural y ese tipo de noticias no nos importaban, pero en el fondo sabemos que lo que no le gustó fue el motivo por el cual MVS cesó a Carmen: denunciar ella y su equipo lo de la ‘Casa Blanca’”, explicó Gallo.
Esa fue la primera advertencia de censura para los periodistas de la televisora, señalaron, a partir de ahí, la Dirección General solicitó a Juan Jacinto Silva, ahora, ex director de Noticias 22, la escaleta [guión] del programa todos los días antes de las 15:00 horas para supervisar el contenido que se transmitiría al aire.
“Yo llevo 14 años en el canal, me han tocado Enrique Krauze, Jorge Volpi, Magdalena Acosta, Irma Pía González Luna y nunca nadie había pedido revisar el contenido del programa antes de transmitirlo”, detalló la periodista.
En esa ocasión, Juan Jacinto Silva recibió un acta administrativa por desobedecer la orden de no tocar el tema de Carmen y el tema de los normalistas de Ayotzinapa.
El Director General de Canal 22 también se inconformó por un tuit de la reportera María Idalia Gómez, en el que denunció la censura que se vivía en la televisora, debido a un programa que había hecho sobre las consecuencias de la violencia en la sociedad mexicana, y que se estaba aplazando su salida al aire.
“Eso provocó el enojo del Director y le dijo a Juan Jacinto Silva: ‘que no puedes controlar a tu gente’, obviamente él respondió que somos libres de usar las redes sociales, a partir de ahí se rompió el entendimiento”, describió Irma Gallo.
Juan Jacinto Silva es otro de los despedidos por Cremoux, él nunca firmó un papel, un día regresó de desayunar a las instalaciones de la televisora y los policías no lo dejaron entrar. Su lugar lo ocupa actualmente Rafael García Villegas, nombrado como director interino de “Noticias 22″, cargo que lo limita a tomar decisiones.
No sólo los periodistas de Canal 22 están inconformes con la administración de Raúl Cremoux, también camarógrafos, personal de producción, videoteca y canal internacional, el descontento es general.
Los cuatro periodistas que fueron despedidos adelantaron que este lunes denunciarán lo ocurrido en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Hasta el momento suman nueve los destituidos, los primeros cinco por rescisión de contrato y los últimos por un supuesto recorte de personal, sin embargo, aseguran, esto es imposible porque si hubiera recorte como afirma la Dirección del Canal 22, los despidos serían en todas las áreas y no sólo en Noticias.
Entre las demandas de los periodistas se encuentran que pare la censura y el hostigamiento laboral por parte de Cremoux; que vuelva la legalidad a Canal 22, pues señalan que un servidor público no puede usar el espacio para justificarse como ocurrió el 23 de junio cuando el Director apareció en distintos programas de la televisora para descalificar las protestas en su contra.
En un hecho inusitado, el 23 de junio Cremoux López apareció en “Noticias 22″, la barra noticiosa nocturna de la televisora, para defenderse personalmente y no para rendir cuentas a los trabajadores y al público televidente.
Por este hecho, los periodistas exigieron el derecho de réplica en los términos precisos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GUEDALUPE FUENTES LÓPEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-08-2015/1467779.
MÉXICO, D.F: Como reflejo de la crisis de violencia e inseguridad que vive el país, el área encargada de la seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha convertido en la más inestable de su sexenio. Por tercera vez en tres años, el presidente designa a un nuevo titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
Renato Sales Heredia, un abogado con experiencia en la investigación policial y la procuración de justicia estatal y nacional, es, a partir de este día, el responsable de operar la pesada estructura de la CNS, que no es otra cosa que la Secretaría de Seguridad Pública de los gobiernos panistas insertada en la Secretaría de Gobernación.
El primer comisionado nacional de seguridad de Peña Nieto fue Manuel Mondragón y Kalb, exjefe de la policía del Distrito Federal, que además de sorprender al perredismo cuando se sumó al gabinete presidencial, fue incapaz de echar a andar una de las promesas de campaña de Peña Nieto: la creación de una Gendarmería Nacional.
Mondragón y Kalb, a quien se le recuerda por las decenas de escoltas de la Policía Federal (PF) que ocupaba, no pasó de la etapa de reclutamiento de quienes estaban llamados a reemplazar a los militares en las funciones de seguridad pública.
Tampoco pudo articular una nueva estrategia de seguridad. A lo más que llegó fue a anunciar la división territorial del país en cinco regiones. Pero esa era una idea que había salido del gabinete de seguridad, por lo que la propuesta no era de su entera exclusividad.
Peña apenas lo mantuvo poco más de un año, aunque en octubre pasado lo nombró encargado de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Mondragón salió de la CNS en marzo de 2014, reemplazado por el experimentado Monte Alejando Rubido García, un hombre hecho en los servicios de inteligencia civil y de espionaje. Inició su carrera a principios de los años ochenta en la desaparecida y temida Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Rubido vio nacer al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), donde hizo su trayectoria y fincó las relaciones que lo mantuvieron hasta ahora al frente de la CNS. Las más importantes, las que tejió en el sexenio pasado con el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Aunque terminó por darle forma a un menguado cuerpo de Gendarmería como un apéndice de la PF, muy lejos de lo propuesto por Peña Nieto, su salida de la CNS era esperada desde el 11 de julio pasado. Su destino burocrático quedó marcado ese día, cuando el narcotraficante sinaloense Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, se escapó del penal de máxima seguridad del Altiplano.
Peña tardó mes y medio en reemplazarlo, a pesar de que la responsabilidad de la fuga cayó directamente en Rubido, como responsable del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, encargado de la administración y vigilancia de los penales federales, y por su cercanía con Ramón Pequeño, el entonces responsable de la División de Inteligencia de la Policía Federal y quien tenía la tarea de monitorear las celdas de los penales federales.
Por su experiencia, y sobre todo por la información, no sería raro que Rubido se mantuviera en el servicio público. No faltará un gobernador, como el poblano Rafael Moreno Valle, que lo quiera tener a su lado, como lo ha hecho con otros exfuncionarios cercanos a García Luna.
Renato Sales Heredia, hasta ayer el titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro, otro de los órganos desconcentrados de la secretaría de Gobernación, tiene por principio la tarea de desmontar la estructura de control policial que viene desde el sexenio pasado y que el gobierno de Peña Nieto ha mantenido hasta ahora.
De lo que su jefe, el inamovible secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo deje hacer, dependerá su permanencia en la CNS; además, claro, de sus propias acciones y omisiones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
MÉXICO, D.F: Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno, sus operadores políticos y hasta sus aliados.
El 25 de julio, arropado por su partido en las instalaciones de insurgentes norte, Enrique Peña Nieto alertó sobre el “populismo” que pretende destruir en días lo que ha costado décadas construir. No dijo nombres, pero fue claro que el mensaje era para avisparse ante cualquier avance del líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Casi un mes después, el 20 de agosto, Manlio Fabio Beltrones Rivera centró sus ataques en el tabasqueño llamándolo “político amargado”, “obsesionado con el poder” y de un “pragmatismo locuaz”.
En la carrera presidencial para 2018 ya está apuntado López Obrador, pero también Beltrones Rivera desde el momento en que Peña Nieto lo apapachó en el CEN del PRI, aquel 25 de julio, y lo convirtió en presidente nacional de esa fuerza política el 21 de agosto.
Pero en el Revolucionario Institucional hay otros aspirantes, entre ellos el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, consternado desde que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán se fugó del penal del Altiplano, el pasado 11 de julio, y con él sus puntos rumbo a la presidencia.
Uno más es, por supuesto, el impávido Luis Videgaray, quien desde que se reveló la compra de su casa de Malinalco al contratista favorito del gobierno federal, Juan José Hinojosa, ha entrado en un tobogán, como si fuera el peso mexicano deslizándose por la desgracia.
Y el propio Peña Nieto puso a uno más en la carrera priista: Aurelio Nuño, su hombre de confianza y recién nombrado secretario de Educación Pública.
Cada uno de estos priistas son enemigos políticos entre sí, pero cuando de supervivencia se trata no pierden el tiempo y se alían. Ello sucedió esta semana cuando Osorio Chong y Aurelio Nuño se confabularon para prevenirse y aniquilar cualquier escaparate político que pudiera utilizar López Obrador en 2018.
Así como Peña y Beltrones se ocuparon del exjefe de Gobierno del Distrito Federal, la dupla Osorio-Nuño decidió entrar al quite y frenar el ascenso de López Obrador y Morena en la Cámara de Diputados.
Para lograr su cometido, la dupla recurrió al perredista y líder de la vapuleada corriente de los “chuchos”, Jesús Zambrano. Esta semana, Nuño y Osorio fraguaron su estrategia: subir al PRD a la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro.
Estar en dicha posición tiene grandes ventajas, entre ellas la de recibir miles de pesos mensuales, con un gran porcentaje que no debe justificarse. Es dinero fresco.
Si se toma en cuenta que la fracción de 61 diputados del PRD está partida en tres –30% la tienen los chuchos; otro 30% la tiene Alternativa Democrática Nacional (ADN), de donde surgió el coordinador de los legisladores, Francisco Martínez Nery, y el resto la conforman Foro Nuevo Sol y Vanguardia Progresista–, entonces es claro que los “chuchos” requerirán de posiciones claves para mantener a sus integrantes dentro del partido.
El temor de la dupla Osorio-Nuño es que algunos desilusionados por la falta de juego político den la espalda al PRD y volteen hacia Morena, que con sus 35 diputados podría subir a una tercera fuerza y desplazar al sol azteca. Amén de que el PT podría sumarse a los morenitos en caso de perder su registro como partido político.
Si Morena se convierte en tercera fuerza dentro de la Cámara de Diputados, entonces tendría derecho a presidir durante un año, el tercero, justamente cuando inicia el proceso electoral rumbo a la presidencia de 2018.
Esta sola posibilidad llevó a Osorio y Nuño a ocuparse de Morena en San Lázaro ofreciendo a Jesús Zambrano, es decir, al PRD, el primer año de la Mesa Directiva. Así, en caso de ser desplazados por Morena, “la tercera fuerza” no tendría con qué reclamar su año en Mesa.
La versión que corre es que la dupla priista pidió a Zambrano no pelearse, no competir por la coordinación de la fracción y dejar al aliado natural de los “chuchos”, ADN, la posición, pues para él y su menguada corriente, Nueva Izquierda, tiene otros planes: darle un aire y poder que pueda frenar a los morenitos y, por consiguiente, a López Obrador.
Temor electoral, le llaman algunos. Previsión, dirán otros.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
MÉXICO, D.F: Con un historial cuestionable que incluye señalamientos públicos de corrupción, denuncias por nexos con el crimen organizado y acusaciones de enriquecimiento ilícito, entre otras, 129 legisladores de los 500 que conforman la Cámara de Diputados llegarán a San Lázaro a partir del próximo 1 de septiembre.
Una revisión hecha por el diario Reforma a los perfiles de los integrantes de la LXIII Legislatura, arrojó que 15 nuevos diputados han estado involucrados en procesos penales, 12 han sido señalados por corrupción y ocho tienen denuncias por presuntos nexos con el crimen.
Además, ocho fueron acusados de presunto enriquecimiento ilícito y a 21 se les ha señalado de uso indebido del cargo.
Once más han sido acusados de nepotismo en tanto que 14 más han tenido gestiones polémicas en cargos anteriores.
Por si fuera poco, seis han sido calificados como improductivos en cargos anteriores, 16 son hijos de políticos prominentes, 14 han cambiado de un partido a otro en busca de un cargo público y cuatro más que tienen relación, han laborado en alguna de las televisoras: Televisión Azteca y Televisa.
El listado incluye a David Sánchez Guevara, diputado electo por la coalición PRI-PVEM, detenido el jueves pasado acusado de peculado por el presunto desvío de recursos cuando fue alcalde de Naucalpan.
Una legisladora involucrada en procesos penales es Guillermina de la Torre, acusada por lesionar a pepenadores; también Jesús Valencia, exdelegado de Iztapalapa acusado de tráfico de influencias al recibir vehículos de empresas contratistas en su demarcación.
Según los datos que publica el diario, 70 de los 129 legisladores con señalamientos ocuparán una curul por asignación directa de sus partidos políticos.
A principios de este año, los tres principales partidos políticos indicaron que para garantizar que en las elecciones del 7 de junio competirían con sus mejores cuadros, aplicarían a sus candidatos pruebas de control de confianza como el antidoping y el polígrafo.
Sin embargo, a dos meses de los comicios dicha promesa se incumplió pues al menos 25 por ciento de los legisladores que conformarán la Cámara de Diputados tiene antecedentes cuestionables.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
En una comparecencia ante el Senado mexicano, el secretario de Hacienda dijo que la única variable que no cambiará para el diseño del paquete económico del año próximo será la de la reducción del déficit fiscal.
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, descartó que el gobierno federal contemple proponer en el Paquete Económico 2016 nuevos impuestos o algún incremento a los ya existentes.
En su exposición ante senadores del PRI y PVEM que analizan su agenda legislativa, reiteró que el presidente Enrique Peña ha dejado en claro que a pesar de la caída de los ingresos petroleros, no habrá nuevos impuestos ni habrá incrementos en los gravámenes existentes.
“Y esto lo quiero reiterar porque ya empiezan a aparecer algunas voces que dicen: ahí viene un nuevo impuesto. Incluso hay quien habla de que podría haber IVA en alimentos y medicinas. Nada más falso, nada más engañoso. Por supuesto que no, el presidente de la República no habrá de proponer un solo incremento a los impuestos existentes ni tampoco un nuevo impuesto”, enfatizó.
Videgaray Caso reiteró que le corresponde al gobierno federal “apretarse el cinturón” y enfrentar la caída de los ingresos del gobierno con menor gasto del gobierno, “para no afectar a las familias mexicanas.”
Admitió que a pesar del entorno internacional complejo, la economía mexicana crece más que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que las economías de América Latina.
Subrayó que la única variable que no cambiará para el diseño del paquete económico del año próximo será la de la reducción del déficit fiscal.
Afirmó que a pesar de la apreciación del dólar frente al peso, no se advierte una burbuja inflacionaria y prueba de ello es que los consumidores tienen una mayor capacidad de compra.
“Una consideración importante también es evitar que la depreciación cambiaria llegue a tal punto que implique que se contagien los precios en la economía. Hasta ahora no lo hemos visto, no advertimos ninguna evidencia de una posible burbuja inflacionaria, todo lo contrario”, aseveró.
Pero aclaró que al haber pasado, hace 20 años, de un tipo de cambio fijo a uno flexible, le permite hoy al país tener una inflación de 2.64 por ciento, en tanto que la implementación de las reformas estructurales ha llevado a reducir el costo de la vida de los mexicanos, al disminuir las tarifas de telefonías fija y móvil y las domésticas e industriales de electricidad, así como abaratar el crédito, que actualmente se encuentra a tasas de dos dígitos.
Aseguró que la reforma hacendaria ha cumplido con sus objetivos primordiales de elevar la recaudación fiscal, despetrolizar las finanzas públicas, aumentar la base de contribuyentes hasta en 21 por ciento y combatir la informalidad.
Anunció que en breve, el presidente Enrique Peña Nieto enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para crear Zonas Económicas exclusivas, figura que permitirá impulsar el desarrollo de regiones de Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
"Si en el de Mixcoac se mejoró con una propuesta ciudadana, no veo por qué no en esta se pueda mejorar con esta propuesta ciudadana, de urbanistas, especialistas, hay que ver por el bien de la ciudad y yo estoy en esa línea" dijo el Jefe de Gobierno.
El Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, insistió en que el Gobierno del Distrito Federal permanece abierto al diálogo y a propuestas ciudadana para la construcción del Corredor Cultural Chapultepec, y aseguró que como en la construcción del Deprimido de Mixcoac, las negociaciones vecinales pueden enriquecer las obras.
“Si en el de Mixcoac se mejoró con una propuesta ciudadana, no veo por qué no en esta se pueda mejorar con esta propuesta ciudadana, de urbanistas, especialistas, hay que ver por el bien de la ciudad y yo estoy en esa línea” dijo Mancera, al referirse a las obras modificadas del Deprimido de Mixcoac gracias a la presión ejercida por vecinos, así como la reducción de la tala de árboles en la zona.
La convocatoria de participación ciudadana para el enriquecimiento del Corredor Chapultepec se realizará hasta el próximo sábado 26 de septiembre para decidir qué se tomará en cuenta para la construcción del proyecto y los resultados se darán a conocer el lunes 28 de septiembre de acuerdo con un comunicado del Gobierno del Distrito Federal.
Las disposiciones generales indican que sólo podrán quienes habiten en la Delegación Cuauhtémoc, y que se presenten con credencial para votar vigente o identificación oficial con fotografía, acompañada de un comprobante de domicilio —con antigüedad no mayor a 3 meses—, verificando para ello que coincida su domicilio con las Colonias que se ubiquen en dicha delegación.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La próxima legislatura federal, que se instalará el sábado 29, tiene mayoría de diputados del PRI y sus aliados, muchos de ellos con negro historial. Su misión será afianzar las reformas peñanietistas y avanzar en otras, como la propuesta privatización del agua. Para oponerse a esa maquinaria implacable, la oposición presenta cuadros flojos, medianos o de plano complacientes. Y también novatos, como los representantes de Morena, organización que se estrenará en San Lázaro.
MÉXICO, D.F: La próxima legislatura federal, la LXIII, estará compuesta, por la parte del PRI, de políticos de viejo cuño, algunos de ellos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, otros por su habilidad para desviar recursos y unos más que llegarán a San Lázaro por pago de favores.
Del lado del PAN, los diputados entrantes con experiencia legislativa son los menos, pero también controvertidos en su actuar político, como Miguel Ángel Yunes Linares o Ulises Ramírez Núñez. En el PRD, con una disminuida fracción de 56 curules, destaca la división entre las dos corrientes mayoritarias –Nueva Izquierda (Los Chuchos) y Alternativa Democrática Nacional– por coordinar las futuras alianzas con PRI y PAN.
El Partido Verde elevó sustancialmente su fracción: 47 diputados contra los 27 de la legislatura saliente. Arropó a priistas desconocidos pero cercanos al poder federal, como Jesús Izquierdo Rojas, hasta hace poco secretario particular del subsecretario de Gobernación, Luis Miranda; Javier Herrera Borunda, hijo del exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera; o Cirilo Vázquez Parissi, hijo del cacique veracruzano Cirilo Vázquez, ultimado por un grupo armado en 2006.
Y fiel a su actuar de las últimas dos legislaturas, se convirtió una vez más en el promotor de la telebancada, con cuando menos cuatro diputados vinculados con las grandes televisoras.
La novedad, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con 35 legisladores, buscará detener las reformas pendientes de Enrique Peña Nieto.
La LXIII Legislatura federal se distinguirá por tener en su pleno a los promotores y firmantes del Pacto por México: los dirigentes nacionales de PRI, PAN y PRD.
Todo esto se desprende de una revisión de las trayectorias de los próximos 498 diputados federales, de los 500 que deberían formar la Cámara de Diputados.
La modificación a la Ley General de Aguas, para permitir su privatización, así como la elaboración del presupuesto “base cero”, que incluya una miscelánea fiscal para matizar los efectos nocivos de la pasada reforma fiscal, son los dos primeros temas que abordará la LXIII Legislatura.
Por tratarse de reformas no constitucionales, el PRI sólo necesitará mayoría simple para avalarlas. En abril pasado, días antes de concluir el periodo ordinario de la legislatura saliente, la iniciativa llamada Ley Korenfeld fue frenada gracias a la movilización de investigadores y defensores del agua. Hoy es uno de los temas prioritarios de la agenda priista.
Pero la fracción que coordinará César Camacho Quiroz arrancará con dos diputados menos. El jueves 20 el TEPJF anuló la elección del distrito federal 01, de Aguascalientes, al considerar que el triunfador, Gregorio Zamarripa, recibió de manera ilegal apoyo del gobernador Carlos Lozano.
Ese mismo día, la fracción de Camacho sufrió otro revés: la Policía Federal detuvo a David Sánchez Guevara, edil con licencia de Naucalpan y ganador del distrito 24 en el Estado de México, acusado de peculado por 60 millones de pesos cometido durante su gestión municipal.
Bancada cuestionable
De la LXIII Legislatura podrían surgir los aspirantes a las 12 gubernaturas que estarán en juego en 2016: Aguascalientes, Zacatecas, Sinaloa, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz y Durango. En su estrategia, los operadores del presidente Enrique Peña Nieto recurrieron a los mismos legisladores que impulsaron su candidatura presidencial en 2012, desde la LXI Legislatura.
Entre ellos: su primo Alfredo del Mazo Maza, Raúl Domínguez Rex, Ignacio Pichardo Lechuga –hijo del exgobernador mexiquense Ignacio Pichardo Pagaza–, la antorchista Maricela Serrano Hernández, Rosalina Mazari Espín, Óscar García Barrón, Julián Nazar Morales, Carolina Viggiano Austria y Fidel Grajales Kury. Ahora habrá además diputados inexpertos. Uno de ellos, político cercano a Peña Nieto: su exdirector de Comunicación Social, David López. Además, Sylvana Beltrones, hija del presidente nacional priista.
Los priistas de mayor experiencia legislativa son Camacho Quiroz y los “beatricistas” Jorge Carlos Ramírez Marín, Georgina Trujillo Zentella y Enrique Jackson. Este último fue quien denunció la campaña ilegal de la agrupación Amigos de Fox, en las últimas sesiones de la legislatura 1997-2000.
Entre los “pagos de favores” están María Guadalupe Alcántara Rojas –hermana de quien le vendió la casa de Manzanos 333, Bosques de las Lomas, a Miguel Ángel Osorio Chong– y el transportista y beneficiario de la licitación de la tarjeta IAVE, Roberto Alcántara Rojas.
Los priistas también tendrán a expertos en el desvío de recursos. Destaca, además del recién encarcelado diputado por Naucalpan, la exdirectora del DIF de León: Maricela Etcheverry Aranda, hijastra del conocido priista y aspirante a la gubernatura de Guanajuato, Juan Ignacio Torres Landa.
Durante la gestión de Bárbara Botello, la contraloría leonesa detectó un desvío de 1 millón 800 mil pesos, facturados a empresas fantasmas, durante el paso de Etcheverry por la dirección del DIF. En su defensa, la entonces funcionaria dijo que ella era presidenta honoraria del organismo y nunca manejó dinero.
Pero quien es considerado un mago en el manejo de los recursos es el extesorero del PRI nacional, Jorge Estefan Chidiac, quien en 1997 participó en la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro; en 2006 fue impulsor del llamado “gasolinazo” y recientemente fue expuesto como quien desviaba recursos del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) para diversas campañas políticas.
El pasado 25 de mayo se dio a conocer la grabación de una plática entre Estefan y Juan José Lecanda, secretario particular del senador Emilio Gamboa Patrón. En ella, el primero pide ayuda para que tanto Peña Nieto como Luis Videgaray hablen con el gobernador Rafael Moreno Valle y se impulse su candidatura a diputado federal y no se pierda la elección, pues sus encuestas lo empataban con los aspirantes del PAN y de Morena.
En la amplia conversación, al referirse a quien lo sustituirá en la dirección del Bansefi, Estefan le aclara a su interlocutor que no se preocupe por el cambio: “Vamos a continuar con lo de la maleta. No te preocupes”.
Aunque nunca se aclaró de qué se trataba “lo de la maleta”, algunos medios sugirieron que se trataba de entrega de recursos. Chidiac aceptó que la de la grabación sí era su voz, pero aclaró que no hizo nada ilegal.
Algunos funcionarios, que pidieron el anonimato, revelan a este semanario que el apoyo a campañas mediante desvío de recursos suele hacerse mediante el Bansefi.
Los “rudos”
Entre los “rudos” de la bancada del PRI destaca el exsecretario de Gobierno de Javier Duarte en Veracruz, el también expresidente del PRI estatal en tiempos de Fidel Herrera: Erick Lagos Hernández.
Mussio Cárdenas Arellano, reputado periodista veracruzano, escribió de él: “Alumno predilecto de Fidel Herrera. Es quien pastorea, somete, apalea y amaga a los enemigos. Es quien suplanta a Javier Duarte de Ochoa en la tarea de desgobernar. Es quien vende candidaturas… nadie como Erick Lagos para la tenebra, la ruindad partidista, la creación de conflictos donde no los hay para luego sofocarlos y lucrar con ellos”.
Pero de todos, los más temibles de la bancada priista son los exsubsecretarios de la Defensa, general Virgilio Daniel Méndez Bazán, y de Marina, almirante Carlos Quinto Guillén. Ambos, cercanos a Peña Nieto.
El primero fue enviado a Chiapas en 1995 para realizar operaciones de contrainsurgencia en las comunidades de Las Tacitas y Monte Líbano, por donde solía desplazarse el subcomandante Marcos. Antes de ello, el general –en retiro desde el año pasado– estuvo a cargo del sector Tamazula, Durango, aledaño a la zona serrana de mayor producción de heroína y mariguana.
Pero el considerado verdaderamente rudo es Quinto Guillén, a quien el narcotraficante Carlos Campos Hernández, El Comando, implicó con el crimen organizado en un video difundido por internet el 20 de octubre de 2014.
El video muestra el interrogatorio al Comando; éste sostiene que trabajaba para Mario Salgado Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, y para el Cártel Independiente de Acapulco, y que ambos grupos criminales eran protegidos por Quinto Guillén. También refirió pagos millonarios en dólares a ese personaje para permitir desembarcos de cocaína en las costas del Pacífico y deshacerse de enemigos, mediante ejecuciones o aprehensiones de capos famosos, como Arturo Beltrán Leyva. No hay constancia de un desmentido a esos señalamientos por parte del almirante.
Otro presunto implicado con el crimen organizado y que ocupará una curul es Baltazar Hinojosa Ochoa, alcalde de Matamoros, Tamaulipas, de 2004 a 2007. El señalamiento lo hizo el diario Reforma el 22 de agosto de 2012 y como prueba aludió a la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009.
En el expediente, según Reforma, un policía ministerial declaró ante la Procuraduría General de la República que fue conducto para enviar dinero del narcotráfico a alcaldes de Reynosa, entre ellos a Hinojosa Ochoa.
El 23 de agosto de 2012 el aludido desmintió la nota. “Mi trayectoria profesional, así como mis lazos familiares y personales, están limpios y a la vista de todos. Me he conducido siempre con apego a la ley”, sostuvo. Desde el inicio de la administración de Peña Nieto y hasta antes de las elecciones del pasado junio, fue director de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, la comercializadora federal para los productos del campo.
Y el resto…
En la fracción del PAN –108 diputados– está uno de los firmantes del Pacto por México, el expresidente nacional blanquiazul, Gustavo Madero.
Con él, unos cuantos gozan de experiencia legislativa, entre ellos Cecilia Romero, Federico Doring, Ricardo Sheffield Padilla, Marko Cortés Mendoza (quien le disputa la coordinación del grupo a Madero) y Ulises Ramírez Núñez.
Éste fue presidente municipal de Tlalnepantla y senador. Pero también ha sido cuestionado por el súbito enriquecimiento que vivió. En el libro Los señores del narco, de Anabel Hernández, se le vincula con el Cártel de Sinaloa.
Sostiene Hernández: “Quizá por eso El Chapo le reveló al general X, en tono de queja, que el propio Juan Camilo Mouriño y su entonces coordinador de asesores en la Segob les vendieron a los Beltrán Leyva la plaza del Estado de México en 10 millones de dólares (…) Mouriño habría hecho la transacción, persuadido por el expresidente municipal panista de Tlalnepantla y actual senador del Estado de México, Ulises Ramírez, a quien El Chapo describió como ‘un pillo’”.
Ramírez negó lo anterior el 4 de diciembre de 2010.
El PVEM ha sido prolijo en diputaciones para la llamada “telebancada”. De hecho el término se acuñó en la LXI Legislatura, cuando este partido arropó a varios priistas y algunos exempleados de las televisoras. Hoy, esos mismos diputados formarán la bancada verde.
Se trata de Lorena Corona Valdés, quien fuera directora jurídica de Radiópolis, de Televisa; Adriana Sarur de la Torre, exconductora del Canal 40, de TV Azteca; Paloma Canales Suárez, exencargada de Enlace de la entonces llamada Comisión Federal de Telecomunicaciones; Sofía González Torres, quien fuera secretaria de Ninfa Salinas, hija del dueño de TV Azteca; y Gerardo Soria Gutiérrez, exasesor jurídico de la CIRT y defensor de la llamada Ley Televisa.
Antes, el PVEM había arropado a Tristán Canales Najar, exvicepresidente de Noticias de TV Azteca, pero que ahora ocupará la curul en representación del PRI.
La sorpresa será la fracción de Morena, formada por 35 diputados. Su coordinadora, Rocío Nahle García, y el vicecoordinador, el periodista Virgilio Caballero, tendrán el respaldo de los únicos expertos en materia legislativa –Vidal Llerenas Morales y Cuitláhuac García Jiménez– y el trabajo de Guadalupe Hernández Correa, hija del exlíder petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina; y de la escritora Laura Esquivel.
El dirigente nacional de Morena, Martí Batres, dice a este semanario que su prioridad es frenar la ley que privatizaría el agua, revertir la reforma fiscal e impulsar un plan de austeridad gubernamental mediante el cual se ahorrarían, según sus cálculos, 300 mil millones de pesos.
En el PRD, Hortensia Aragón, de Foro Nuevo Sol; Guadalupe Acosta Naranjo y Jesús Zambrano, de Nueva Izquierda; y José Antonio Estefan Garfias, de Alternativa Democrática Nacional, se disputan la coordinación de los 56 legisladores.
La nueva cámara asumió su cargo el sábado 29.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El general retirado Virgilio Méndez Bazán, quien persiguió por Monte Líbano y Las Tacitas al Subcomandante Marcos del EZLN en 1995 se instaló en su curul, en el mismo entorno de la legisladora Paloma Guillén, hermana del sub, ambos como parte del PRI en la LXIII Legislatura que hoy arrancó.
Desde sus asientos los nuevos diputados federales votaron siguiendo la línea de sus coordinadores: todos por el perredista miembro de la corriente de Los Chuchos, Jesús Zambrano.
Al asumir el cargo, que no recibió respaldo unánime pues 12 diputados votaron en contra y 32 se abstuvieron, el firmante del Pacto Por México, Zambrano Grijalva, adelantó que llevará una relación “de respeto y colaboración” respecto al Ejecutivo federal y el Judicial, pero nada dijo sobre el impulso y designios de dos miembros del gabinete que lo llevaron a dicha posición.
Destacó en su discurso el trabajo de las diputadas mujeres, lo que le valió un aplauso espontáneo; se comprometió además a ser “respetuoso” de la pluralidad del Congreso.
Pasadas las 11 de la mañana, César Camacho Quiroz, coordinador de los 202 diputados, arribó al salón de plenos acompañado por Ivón Ortega, quien se quedó en el camino para presidir la Cámara de Diputados. La dupla de Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño le cerraron el paso en pos de la sobrevivencia legislativa.
A la una de la mañana de hoy, Ortega aún pugnaba por cuando menos una vicepresidencia. Pero la orden que la tarde del viernes dio el presidente de la República a César Camacho fue: en la vicepresidencia va Bárbara Botello.
La guanajuatense comentó después de ello: “soy de la corriente del Edomex”, y se fue a tomar su lugar en donde no figura diputado alguno de dicha entidad.
Los más de 40 legisladores del Edomex, encabezados por Alfredo del Mazo, primo del presidente de la República, pasaron casi inadvertidos; caso contrario fue el de Jorge Carlos Ramírez Marín, quien aunque pocas veces fue visitado en su curul, no pasó desapercibido y menos aún su distanciamiento con Ivón Ortega.
La más solicitada por los reporteros fue la actriz Carmen Salinas que no dejaba de repetir lo nerviosa que estaba. Con mucho ánimo para apoyar a sus paisanos de Coahuila. Y ya empezó. Contó que durante la visita a Los Pinos pidió a Aurelio Nuño, nuevo titular de la SEP, que le dé una manita de gato a la escuela donde estudió, la primaria Alfonso Rodríguez. La respuesta fue inmediata: “La vamos a arreglar y ahí estará usted”, le dijo Nuño.
Y mientras unas legisladoras no dejaron de placear, otras actuaron discretas y prudentes, fue el caso de Sylvana Beltrones, hija del presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien como Nuño entró en el carril de la carrera presidencial.
La primera vez que Sylvana Beltrones pisó el recinto fue hace 10 años, cuando recién terminaba la carrera de Derecho y su padre asumía la presidencia de la Mesa Directiva, “¿de qué se trata esto?”, comentó en aquella ocasión. Y hoy de las gradas, la hija discreta de Beltrones pasó a ocupar una curul.
La legisladora que sí se hizo sentir fue Mariana Tiburcio, exsubprocuradora de PGR, afín a Jesús Murillo Karam y fuerte aspirante a la gubernatura de Oaxaca. “Voy a trabajar por las zonas estratégicas donde se incluye a Oaxaca”, dijo.
Y un priista que se vio muy entusiasta fue Baltazar Hinojosa, quien peleará a Paloma Guillén la candidatura para el gobierno de Tamaulipas. Pero antes deberá vencer a Estefan Chidiac (el exfuncionario de la maleta y exdirector de Bansefi) y a Alfredo del Mazo en su búsqueda por la presidencia de la codiciada comisión de presupuesto.
De los legisladores panistas Cecilia Romero fue la más buscada mientras que el vencedor de los partidos fue Jesús Manuel Clouthier, diputado independiente.
Y para aminorar un poco el descrédito de partidos y diputados, por vez primera algunos legisladores renunciaron al seguro de gastos médicos a que tienen derecho. Se trata de 121; 35 de Morena, 25 de MC y 61 del PRD.
Al parecer consciente del rechazo natural de la ciudadanía a los legisladores, Zambrano destacó en su toma de protesta como presidente del Congreso que la sociedad espera un buen desempeño de los diputados y con capacidad para responder “a los graves momentos del país”.
Por ello, afirmó, se atenderán los cuatro grandes males: pobreza, desigualdad, corrupción e inseguridad.
Los diputados recibirán el tercer informe presidencial y el vencedor de los partidos, Jesús Clouthier, fijará posición como el primer diputado independiente que gana una elección en la historia mexicana.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
MÉXICO, D.F: Con la abstención de Morena y el respaldo del resto de los partidos, la Cámara de Diputados concretó el nombramiento del perredista Jesús Zambrano como presidente de la primera Mesa Directiva de la 63 Legislatura federal que inició sesiones este sábado sábado.
Como adelantó este medio, Zambrano, uno de los integrantes de la firma del Pacto por México, asumió la presidencia luego del acuerdo político impulsado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ching y el nuevo titular de la SEP, Aurelio Nuño, quienes sacrificaron a la exsecretaria general del PRI, Ivonne Ortega y al extitular de la Sedatu, Jorge Carlo Ramírez Marín en dicha posición.
Por primera vez en la historia de San Lázaro, el PRD ocupará la primera Mesa Directiva en el arranque de una legislatura federal.
El acuerdo entre los partidos no recibió el respaldo de la coordinadora del partido Movimiento Regeneración Nacional, Rocío Nahle, y sí el del PRI, César Camacho, Francisco Martínez Neri, del PRD; Jorge Maese, del Verde; Marco Cortés, del PAN; Jorge Clemente Castañeda, de MC y Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social.
A su vez, el PRI con César Camacho Quiroz se quedó con la presidencia de la Junta de Coordinación Política.
El próximo martes la nueva legislatura recibirá el tercer informe presidencial de Enrique Peña Nieto.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
