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Comisiones duplicadas y opacidad en el manejo del dinero: el balance del Congreso

De acuerdo con un reporte de Integralia acerca de la evaluación a la LXII Legislatura, la principal recomendación para mejorar el Congreso mexicano es reducir el número de comisiones ordinarias y limitar la creación de comisiones especiales.

La creación de comisiones con un propósito injustificado o que incluso replican las funciones de otra ya existente, así como “un grave problema de opacidad en el manejo” del presupuesto de los grupos parlamentarios, son los principales problemas que enfrenta el Congreso mexicano, indicó este lunes 31 de agosto la consultora Integralia en su evaluación de la LXII Legislatura.

De acuerdo con el resumen ejecutivo del reporte, presentado a sólo un día de que entre en funciones la nueva legislatura, “el Congreso muestra serias deficiencias en el funcionamiento de su sistema de comisiones, un costo presupuestario creciente sin una justificación clara y un grave problema de opacidad en el manejo de las subvenciones de los grupos parlamentarios”.

El Congreso mexicano tiene 56 comisiones en la Cámara de Diputados y 64 en la de Senadores, lo que ubica al país en la cámara alta con más comisiones en el mundo, y la tercera cámara baja con más comisiones. Según Integralia, la creación de estas comisiones no ha respondido a las necesidades legislativas, sino a un “clientelismo legislativo: dar cargos y estructuras burocráticas a legisladores para su promoción política personal con cargo al erario”.

Un ejemplo de las deficiencias al crear las comisiones es la especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad, en el Senado, ya que los temas que ella trata ya están atendidos por varias comisiones ordinarias, como la especial de Zonas Marginadas, de desarrollo social y fomento económico.

Destaca también que en esta legislatura fueron aprobadas el 82.6% de las iniciativas presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto, a diferencia de los casos de Felipe Calderón y Vicente Fox, 79.6% y 74.7% respectivamente.

En ese informe de la LXII Legislatura federal que concluye este lunes, se detalla que este organismo colegiado se destacó al haber aprobado reformas a 90 artículos constitucionales y 33 nuevas leyes generales en diversas materias, entre ellas la de transparencia y anticorrupción.

Sin embargo, tuvo deficiencias en el trabajo de comisiones y en demostrar el uso de las subvenciones que entre la Cámara de Diputados y el Senado en los tres años fueron seis mil 530 millones de pesos, y en ningún caso se hizo transparente en qué fueron utilizados.

El director de Integralia, Luis Carlos Ugalde Ramírez, dijo que muchas de estas comisiones incumplieron con la obligación reglamentaria de reunirse por lo menos una vez por mes, excepto la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, pero hubo algunas que en los tres años sólo se reunieron cuatro veces.

Con respecto a los recursos que recibieron de las subvenciones, en la Cámara de Diputados fueron tres mil 130 millones de pesos, y en el Senado sólo se encontró información de haber recibido este dinero en 2013 y 2014, lo que sumó un total de mil 753 millones de pesos, y no encontró información respecto a 2015.

Con estas cifras se estimó un monto en los tres años de tres mil 400 millones de pesos, lo que sumado representa de ambas cámaras seis mil 530 millones de pesos.

Agregó que la consultoría Integralia hizo cinco recomendaciones a los diputados, entre ellas la reducción el número de comisiones y revisar su funcionamiento, disminuir también el monto de subvenciones y hacer transparente el uso de estos recursos, y llevar a cabo programa de reorganización administrativa.

Diputados se comprometen a rendir cuentas

Los coordinadores de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz, y del PAN, Marko Cortés Mendoza, así como el vicecoordinador del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, se comprometieron a hacer cumplir la ley que los obliga a presentar las cuentas claras de los recursos que reciban las fracciones como subvenciones.

Al participar en la presentación del sexto Reporte Legislativo que hizo la consultoría Integralia, los legisladores plantearon que además revisarán los gastos de las subvenciones de las cuales no se daba cuenta, y analizarán si es conveniente reducirlas, “porque lo primero es determinar si no debilitaría al Congreso.”

Camacho Quiroz y Acosta Naranjo destacaron que se tiene que ver que esos recursos se destinan a asesores, mandar a hacer estudios a universidades y que si se reducen podrían debilitar la labor legislativa.

También se comprometieron a analizar y estudiar las funciones de cada una de las comisiones legislativas para determinar cuáles son las que menos operan o cuáles duplican su labor, para eliminarlas.

Los coordinadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) resaltaron que la LXIII Legislatura iniciará este martes formalmente sus funciones al instalar el Congreso General y el periodo de sesiones ordinarias que concluirá el 15 de diciembre próximo.

A su vez, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, destacó que la LXIII Legislatura será la primera Legislación federal en aplicar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, promulgada el 4 de mayo de este año.

Reiteró el compromiso de su bancada y de Acción Nacional en el combate a la corrupción y en impulsar la rendición de cuentas y transparencia.

Señaló que en cumplimiento de la ley, cada fracción legislativa y sujetos obligados como los partidos políticos, organizaciones civiles que reciban recursos públicos y otros, tendrán que rendir cuentas y especificar en qué ocuparon el dinero de la Federación.


Los coordinadores también coincidieron en plantear la urgencia de recuperar la confianza y credibilidad de las instituciones federales, entre ellas las del Congreso de la Unión, y abundó que eso sólo se logrará a través de la transparencia y rendición de cuentas.

Reporte Legislativo:

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

A 1 mes del multihomicidio en la Narvarte: filtraciones, contradicciones y tortura de un detenido…

El detenido tiene lesiones "en rostro, espalda y hombros, fueron debidamente certificadas por los propios peritos médicos legistas encargados de revisar su estado psicofísico previo a su declaración ante el Ministerio Público".

Violación de protocolos, filtraciones a medios de comunicación, y estigmatización de las víctimas por parte de la PGJDF, han manchado el caso del multihomicidio en la colonia Narvarte, denunció la organización Artículo 19, a un mes de lo ocurrido.

“Las filtraciones en este sentido no son de interés público y solo buscan desviar, manipular la atención pública del caso. Además con la revelación de ciertos datos, lo que se provoca también es entorpecer las investigaciones, lo cual atenta contra el derecho de acceso a la justicia de las víctimas”, sostuvo.

Apuntó además que las autoridades “han sido omisas en investigar a fondo la línea sobre la labor periodística de Rubén Espinosa, fotoperiodista de Veracruz, así como los antecedentes de agresiones, hostigamientos y amenazas que sufrió, relacionándolos con su asesinato”.


La organización manifestó su preocupación porque “una de las pruebas más contundentes para robustecer la hipótesis oficial de la PGJDF, sea la declaración de la única persona detenida Daniel Pacheco Gutiérrez, quien fue presentado ante al Ministerio Público con daños evidentes a su integridad física y quien actualmente ha denunciado tortura por parte de quienes lo detuvieron”.



El informe sobre la investigación en curso:
277094014-Informe-sobre-investigaciones-de-PGJDF-en-el-asesinato-de-Ruben-Espinosa.docx by Aristegui Noticias:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exigen a Peña frenar violencia contra periodistas y esclarecer caso Narvarte

MÉXICO, D.F: Al cumplirse el primer mes del multihomicidio de la colonia Narvarte, organizaciones defensoras de la libertad de prensa y escritores y periodistas nacionales e internacionales reprocharon al presidente Enrique Peña Nieto y al Gobierno del Distrito Federal la violencia contra comunicadores y exigieron el “esclarecimiento inmediato y efectivo” del crimen del fotorreportero Rubén Espinosa y las cuatro mujeres.

En un desplegado a cuatro planas publicado en el diario El Universal, con el título “#NoNosCallarán”, 640 periodistas y más de 700 mil ciudadanos de 192 países del mundo demandaron al Ejecutivo garantizar una “investigación sin contemplaciones de los funcionarios estatales y municipales que, en cada caso, se puedan haber visto involucrados”.

Además, solicitaron realizar una investigación inmediata de los mecanismos para la protección de periodistas y “el compromiso efectivo de su gobierno para garantizar la libertad de expresión en México”.

Firmado desde el pasado 15 de agosto, el desplegado está respaldado por las organizaciones internacionales de defensa de la prensa PEN América y AVAAZ, así como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

En él, los periodistas, escritores, artistas, creativos y ciudadanos de todo el mundo manifestaron a Peña Nieto su “indignación” por los ataques a los reporteros en México porque ello atenta contra el derecho a la información de la sociedad entera.

También consideraron que el asesinato del colaborador de Proceso y la agencia Cuartoscuro, Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, así como de Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Milena Virginia Martín –las víctimas encontradas en el departamento de la colonia Narvarte el pasado 31 de julio– “ha sido un parteaguas”. La razón: la Ciudad de México “era considerada uno de los últimos lugares seguros para el ejercicio periodístico”.

En el texto, los firmantes recordaron al presidente priista que desde el año 2000 “decenas” de reporteros han sido víctimas de homicidio y que otros 20 continúan desaparecidos y que la “abrumadora mayoría” de esos delitos siguen en la impunidad.

Peor aún, destacaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha dicho que en varios de los ataques están involucrados funcionarios públicos, lo que calificaron como “censura a tiros”.

En el desplegado, los firmantes destacaron que Espinosa Becerril huyó al DF tras recibir amenazas graves de parte de funcionarios del gobierno de Veracruz. Y completaron el escenario:

“Desde que el actual gobernador, Javier Duarte, llegó al poder en el 2010, las amenazas, los maltratos, y los asesinos de periodistas han alcanzado cifras sin precedentes en Veracruz: 14 han muerto de manera atroz, y tres han desaparecido. En cada uno de los casos se ha desechado como línea de investigación judicial el ejercicio profesional de las víctimas”.

Añadieron que tras la llegada del priista veracruzano, 37 colegas del fotoperiodista se han autoexiliado en el DF.

Los denunciantes recriminaron a Peña Nieto que en México las estadísticas de impunidad en los casos contra periodistas “son alarmantes”. Según la CNDH, 89% de los asesinatos permanecen sin resolver y las autoridades obstaculizan sus investigaciones.

Por último, los firmantes nacionales e internacionales recriminaron a Peña Nieto que los reporteros mexicanos “viven en peligro mortal. Las organizaciones criminales, los funcionarios de gobierno corruptos, y un sistema de impartición de justicia incapaz siquiera de determinar la responsabilidad de los asesinos son causa de la extrema vulnerabilidad de los reporteros”.


Y fueron contundentes al exigirle que “no debe haber más asesinatos”. El asesinato de Rubén Espinosa y las cuatro mujeres en la colonia Narvarte “debe ser investigado con integridad. Los verdaderos homicidas tienen que recibir juicio justo y condena pronta”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Se queja Javier Duarte de “linchamiento mediático” por caso Narvarte

XALAPA, Ver: Al cumplirse un mes del multihomicidio ocurrido de la colonia Narvarte del Distrito Federal, donde perdieron la vida el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista chiapaneca Nadia Vera, el gobernador Javier Duarte se quejó del “linchamiento mediático” del que ha sido objeto.

En rueda de prensa matutina, el priista lamentó que se haya hecho “un juicio a priori de mi persona”.

Más aún, se desmarcó: “Ni lo hice, ni lo mande a hacer”.

“El avance de las investigaciones que desarrolla la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal PGJDF en el caso Narvarte, ha mostrado que se hizo un juicio a priori de mi persona”, atajó.

Luego Duarte detalló que a raíz de la detención de un expolicía, a quien se investiga en torno a su presunta participación en el crimen, los hechos van esclareciéndose y va saliendo la verdad a la luz pública.

Ayer por la noche, Rodolfo Ríos Garza, titular de la PGJDF, anunció la captura del expolicía capitalino Abraham Torres Tranquilino, de 24 años y uno de los presuntos involucrados en el crimen.

El funcionario agregó que Torres Tranquilino fue sentenciado en 2011 por tortura y ejercicio indebido del servicio público a cuatro años y ocho meses de prisión. Sin embargo, aclaró, salió en libertad condicional el 29 de octubre de 2012.

En su defensa, Duarte comentó que “por más legítimas que sean las causas, por más justas y transparentes que parecieran ser las banderas que algunos enarbolan, cuando no se tiene la razón, simplemente no se tiene”.

El gobernador aseguró que hubo un linchamiento público en contra de su persona en el que participaron escritores e intelectuales, lo que cobró aún mayor resonancia por tratarse de su investidura y no de un ciudadano común.

“Si fuera solamente un ciudadano, que lo soy en lo personal, no tendría mayor agravio, ya que tengo claro en mi conciencia que no tengo nada que ver en este caso, pues ni lo hice ni lo mandé a hacer, como en ninguno de los otros que se relacionan con lamentables incidentes en los que han privado de la vida a trabajadores de medios de comunicación”, se quejó.

Sin embargo, advirtió, “soy el gobernador de Veracruz y represento la honorabilidad de toda una sociedad y eso sí me agravia”.

Por separado, el fiscal general Luis Ángel Bravo aseguró que ya ningún servidor público ha sido llamado a declarar por el multihomicidio de la Narvarte, razón por la que el cuadernillo de colaboración y las distintas declaraciones ya fueron enviados a la Ciudad de México, incluyendo la declaración del mandatario estatal.

En su mensaje matutino Duarte de Ochoa destacó que en su declaración refrendó su disposición personal y la de su gobierno para colaborar y coordinarse con las autoridades del Distrito Federal para el esclarecimiento del caso.

“El gobierno de Veracruz ha entregado toda la información que obraba en su poder relacionada con este tema a la Procuraduría capitalina. Prueba de ello es haber declarado como testigo, situación que me coloca como el primer gobernador que acude a rendir una declaración ministerial ante una autoridad de una administración local”, argumentó.


En seguida, justificó: “Lo hice porque tengo la conciencia limpia, porque no tengo nada que ocultar, porque soy un hombre de bien y que todos los días trabajo con determinación y mucha energía en favor de la sociedad a la que represento”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.

Enjuician a fabricante alemán; introdujo a México arma con la que mataron a Marisela Escobedo

MÉXICO, D.F: Una de las armas 9 mm fabricadas por Sig Sauer y enviadas a México de manera ilegal, fue la que utilizó José Enrique Jiménez Zavala, El Wicked, para quitarle la vida a la activista Marisela Escobedo, el 16 de diciembre de 2010.

De acuerdo con información del servicio de Radiodifusión Internacional de Alemania, Deutsche Welle (DW), por esa exportación ilegal de armamento, Sig Sauer enfrenta cargos criminales en su país.

La empresa alemana, destacó, enfrenta el segundo juicio debido a que el activista antiarmas, Jürgen Grässlin, presentó cargos en su contra después de que Jiménez Zavala –asesinado en su celda el pasado 31 de diciembre– confesó su participación en el asesinato de la defensora de derechos humanos Marisela Escobedo Ortiz, en la capital de Chihuahua.

Al dar a conocer la información, DW precisó que Escobedo, de 52 años, se convirtió en una destacada activista en Chihuahua después de que Sergio Barraza Bocanegra, su yerno, confesó haber asesinado a su hija Marisol Fraire Escobedo, de 16 años, pero fue absuelto por los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudid.

Los jueces argumentaron no haber encontrado elementos de prueba para sentenciar al presunto asesino, miembro de Los Zetas, por lo que ordenaron su libertad.

El 30 de abril del 2010, Marisela Escobedo inició una serie de movilizaciones tras la liberación del asesino de su hija, ejecutada en enero de 2009 en Ciudad Juárez.

Siete meses después, el 16 de diciembre de 2010, la activista mantenía un plantón en la plaza Hidalgo, junto a Palacio de Gobierno. En esa ocasión Jiménez Zavala se le acercó y la amagó con una pistola.

Escobedo logró zafarse y corrió para refugiarse en Palacio de Gobierno, pero fue alcanzada por Jiménez Zavala, que le disparó a corta distancia. El Wiked, aprehendido el 7 de octubre de 2012, confesó su crimen: “Fui responsable de privar de la vida a la señora Escobedo por órdenes que yo tenía de la organización a la que yo pertenezco (La Línea)”.

Posteriormente el hombre fue ejecutado por su compañero de celda cuando se encontraba sujeto a proceso por el homicidio de la activista y había recibido una sentencia de prisión vitalicia por el crimen de 16 personas dentro de un bar de la ciudad de Chihuahua, el 20 de abril del 2012.


El sicario aseguraba ser responsable de la muerte de más de 200 personas en ejecuciones, enfrentamientos, o en sesiones de tortura a miembros de bandas rivales. Por lo menos 12 de esas víctimas fueron asesinadas con armas de Sig Sauer. No obstante, México se ha hecho de la vista gorda para enjuiciar a la empresa alemana.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

EU advirtió al gobierno de Sonora sobre la venta de menores

Sin embargo, el fiscal de Sonora no actuó sino hasta mayo y giró órdenes de aprehensión a finales de agosto.

El Departamento de Seguridad Interna de EU notificó el 26 de marzo pasado al procurador de Sonora, Carlos Navarro Sugich, acerca de la venta de recién nacidos a ciudadanos estadounidenses, a través de adopciones tramitadas por funcionarios estatales.

Sin embargo, la Procuraduría de esa entidad –que supuestamente inició la investigación el 18 de marzo– liberó las órdenes de aprehensión a servidores públicos hasta el 20 de agosto pasado.

“Nuestra oficina recibió información a través de una fuente confidencial acerca de un grupo de personas que se dedican a la venta de recién nacidos (trata de personas) a parejas tanto mexicanas como estadounidenses”, informó Mario Méndez, el Agregado Adjunto de Seguridad Interna del Consulado en Hermosillo, de acuerdo con un documento fechado el 26 de marzo pasado.

En el documento oficial, identificado con el número ICE007/2015, Méndez detalló a Navarro Sugich el modus operandi: “han formado una red compleja para que el resultado final sea como si la pareja ‘adoptante’ son los padres biológicos de los recién nacidos y así puedan llevar a cabo todos los trámites civiles a los que haya lugar”.

Además, el agregado adjunto reveló –de acuerdo con su fuente de información– el nombre de al menos dos implicados en la red de venta de niños, la cual supuestamente operaba desde 2012: José Manuel Hernández López, de 37 años, y Emma Consuelo Falcón, de 36 años. 

Según la información del Departamento de Seguridad Interna, Hernández López –quien actualmente se encuentra en calidad de prófugo– era el encargado de contactar a las parejas interesadas en un bebé y en conseguirlo.

Si embargo, el procurador Carlos Navarro giró hasta el 20 de agosto –cinco meses después de iniciar las pesquisas– las primeras órdenes de aprehensión en contra de 16 personas identificadas como parte de la red criminal, entre ellas Hernández López y Vladimir Aldredo Arzate Carbajal, ambos funcionarios del DIF estatal; en el caso de Arzate Carbajal, era el coordinador de la línea telefónica Protege en Sonora, destinada a combatir el maltrato infantil. 


Asimismo, fue el 9 de mayo pasado cuando la Procuraduría de Sonora requirió a Vladimir Alfredo Arzate Carbajal y José Hernández López,  quienes –según documentos a los que Animal Político tuvo acceso– confesaron la venta y compra de niños, pero fueron puestos en libertad con las reservas de ley. Actualmente se encuentran en calidad de prófugos.



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: VÍCTOR HUGO ARTEAGA.

Segob debe informar sobre mineras vinculadas al crimen en Michoacán

Debe requerir la información a su unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas.

La Secretaría de Gobernación (Segob) deberá informar sobre las empresas mineras que presuntamente están relacionadas con el crimen organizado y que operan en el puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) dio a conocer esa resolución, surgida tras la inconformidad de un particular que solicitó esos datos, pero que la Segob lo orientó a presentar su requerimiento ante las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público.

En alegatos, Gobernación declaró la inexistencia de la información, pero al analizar el caso se determinó que la dependencia no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia.

Esto se dio debido a que no turnó la solicitud a todas las unidades competentes, como la de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas, así como la Oficina del secretario de Gobernación.

De acuerdo con la normatividad, dicha Unidad de Enlace es un área que auxilia al secretario en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los gobiernos de estados y municipios.

Además se encarga de supervisar, coordinar y dar seguimiento a las actividades llevadas a cabo por las representaciones de la Subsecretaría de Gobierno en las entidades federativas, por lo que cuenta con atribuciones para conocer la información requerida.

Por ello el Inai concluyó que la dependencia incumplió con el principio de exhaustividad, el cual garantiza a los particulares que se llevaron a cabo todas las gestiones necesarias para atender las solicitudes de acceso presentadas.


Por esa razón, el Instituto Nacional de Transparencia revocó la respuesta de la Secretaría de Gobernación y le instruyó una búsqueda exhaustiva en las unidades administrativas mencionadas, a fin de que entregue al particular la información de su interés.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN

La Cámara de Diputados gastará casi mil mdp en salarios y bonos de legisladores

MÉXICO, D.F: La Cámara de Diputados desembolsará este año casi mil millones de pesos destinados al salario de sus 500 integrantes.

Cada legislador gana un millón 929 mil 999 pesos, entre sueldos, aguinaldo, seguros de gastos de vida y médico –extensible a familiares– y de separación individualizada, así como despensa.

Aparte, la Cámara de Diputados paga a los legisladores asesores, secretarias, papelería, combustibles, 111 choferes de base, comidas, agua embotellada, café, galletas.

De acuerdo con una investigación publicada hoy en el periódico La Jornada, durante este año la Cámara de Diputados destinó 70 millones 489 mil 574.96 pesos al cumplimiento del contrato con GNP para el pago del seguro de gastos médicos mayores.

Cita el diario:

“Se trata de un beneficio al que renunciarán los 35 nuevos diputados de Morena y 25 de Movimiento Ciudadano, pero no el resto de las bancadas.

“Del presupuesto autorizado para la cámara este año, 4 mil 294 millones se destinan a servicios personales, donde se incluyen los sueldos del personal sindicalizado, de base, asesoría y mandos medios y superiores. Estos últimos también reciben el seguro de gastos médicos mayores”.


Mañana entra en funciones la 63 Legislatura. Antes de dejar su cargo, los diputados salientes recibieron un aguinaldo completo de 140 mil 504 pesos, “así como el equivalente al fondo de ahorro, que consta de dos partes: un descuento hasta de 133 mil 62 pesos por diputado, y una aportación de la cámara por un monto igual”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Derechos humanos: Impunidad eterna

Al unísono, defensores de derechos humanos dicen que México es un país de impunidades, sobre todo en esta materia. Y enumeran los agravios acumulados en los últimos meses: Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Ecuandureo, Ostula, Calera… Frente a este tsunami de sangre, ejecutados, desaparecidos, desplazados por trata de personas e incremento de actos de tortura que dejó Felipe Calderón, el presidente Enrique Peña Nieto está revolcado en esa ola.

MÉXICO, D.F: Alejadas de la agenda de Enrique Peña Nieto durante los dos primeros años de gobierno, las violaciones a los derechos humanos cobraron relevancia a partir del segundo semestre de 2014.

La luna de miel del mandatario con los medios extranjeros durante sus dos primeros años de gestión se agotó cuando salieron a la luz las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.

A esos hechos oprobiosos se sumaron las masacres de Apatzingán y Ecuandureo, en Michoacán este 2015. Luego vinieron las ejecuciones en Calera, Zacatecas, y los actos de represión en Ostula. En todas ellos han participado fuerzas federales de seguridad.

Defensores de derechos humanos y miembros de grupos de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostienen que la figura de Peña Nieto se resquebrajó ante su incapacidad de renovar el modelo de seguridad sostenido por su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, que tiene a las fuerzas castrenses como fundamento de la política de combate al narcotráfico y de control social.

Además, la figura presidencial se resquebrajó aún más con las posiciones reacias al escrutinio internacional ante los informes del Comité contra la Desaparición Forzada y del relator especial contra la tortura, Juan Méndez, expuestas en el último año de gobierno peñanietista.

La tragedia humanitaria no ha parado, comentan a Proceso Santiago Corcuera Cabezut y José Antonio Guevara Bermúdez, integrantes de los grupos de trabajo de la ONU sobre desaparición forzada y sobre detenciones arbitrarias, respectivamente, así como los directivos del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Mario Patrón Sánchez y Fernando Ríos Martínez.

“El baño de sangre y los datos de desaparecidos y de personas desplazadas se han agravado en los últimos tres años”, señala Corcuera. Eso sólo se explica, dice, por la decisión de Felipe Calderón Hinojosa de utilizar a las Fuerzas Armadas en labores de persecución del crimen organizado, que ya tenía el control, o casi, de poblaciones y municipios”. Vicente Fox, aclara, no quiso enfrentar el problema.

“Frente a este tsunami de sangre, de ejecutados, desaparecidos, desplazados de trata de personas e incremento tortura que deja Calderón, el presidente Peña Nieto está revolcado en esa ola, y no ha podido o no ha querido cumplir su promesa de cambiar la estrategia de seguridad”.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2026, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ

Trienio de Peña Nieto, fábrica de pobres

En los primeros tres años de su gestión, Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, han venido esgrimiendo un falso discurso económico sobre una pretendida prosperidad nacional. Lo cierto es que convirtieron el país en una fábrica de pobres, según demuestran las propias cifras de instituciones como el Inegi y el Banco de México. Ante esta lacerante realidad, las pregonadas reformas estructurales –la fiscal y la energética– sólo evidencian un crecimiento torpe y excluyente. Al parecer, lo único que se multiplica en México es la pobreza. Y todo indica que esta situación no cambiará en los últimos años.

MÉXICO, D.F: El lunes 3 de agosto, durante una gira de trabajo por el Estado de México, el presidente Enrique Peña Nieto adelantó el tono del discurso que dará el miércoles 2 de septiembre –al menos en la parte económica– con motivo de su tercer informe de gobierno.

El país no ha registrado un crecimiento económico “en los niveles que quisiéramos”; “en el tamaño de crecimiento que hubiésemos querido llevar a la fecha”, dijo. Pero no estamos tan mal, sugirió, pues “a otras economías del mundo les ha ido peor”.

Y agregó: “En México lo sentimos, lo explicamos, pero para quienes tienen, quizá, un mayor conocimiento en el tema, entienden muy bien que el escenario global es difícil; que lamentablemente nos toca observar cómo diferentes regiones del mundo han enfrentado o están viviendo desaceleración en sus economías, incluso teniendo crecimientos negativos en el desempeño de sus economías”.

Es el discurso recurrente del mandatario, pero sobre todo del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien cotidiana e invariablemente emplea la fórmula, cuando hay un dato malo en la economía, de que otros países están peor que México.

Pero la información oficial en torno al desempeño de la economía en lo que va de la administración de Peña Nieto, en especial los datos y cifras del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) –esas sí, sin adjetivos–, dan cuenta del fracaso en la conducción de la economía nacional, independientemente del entorno internacional.

El 26 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo (Pronafide), en el que se planteaban dos escenarios para el crecimiento económico: uno sin reformas, que es el crecimiento “inercial”, y otro con reformas estructurales.

Sin reformas, la economía crecería 3.8% en 2015; 3.7% en 2016; 3.6% en 2017, y 3.5% en 2018, al término de la administración.

Pero con reformas, según el Pronafide, el ritmo de la economía sería acelerado: 4.7% en 2015; 4.9% en 2016; 5.2% en 2017, y 5.3% en 2018 (Proceso 2005).

A 20 meses de la publicación de ese documento y ya en plena vigencia y operación las reformas, la realidad, cruda, ha sido un palmo de narices para el gobierno.


(Fragmento del reportaje que se publica la revista Proceso 2026, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA.

‘Peñabots’ en Twitter, esquiroles de la protesta en México: experta

Más de 75,000 cuentas automatizadas son utilizadas para "sofocar virtualmente" las críticas al gobierno de México, de acuerdo con Erin Gallagher.

La escritora Erin Gallagher sostiene que los “Peñabots”, las cuentas creadas para apoyar a Enrique Peña Nieto en internet durante las elecciones de 2012, hoy se dedican a bloquear las protestas en redes sociales y eliminar tendencias en México.

De acuerdo con el estudio presentado por la Gallagher en Alemania, en el Chaos Communication Camp in Zehdenick, a mediados de agosto, más de 75,000 cuentas automatizadas en Twitter son utilizadas para combatir las críticas al gobierno de México.

La autora mencionó que obtuvo la información del activista mexicano Alberto Escorcia y el sitio Loquesigue.tv, con lo cual ha analizado el patrón de los “Peñabots” en las protestas del primero de diciembre de 2012 y las marchas por el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

En su ponencia, llamada “La guerra sucia de los bots mexicanos en internet”, señala que durante las elecciones de 2012 las cuentas sólo se dedicaron a difundir propaganda política en favor de la campaña del candidato Enrique Peña Nieto.

Pero ahora, la manipulación de las redes sociales se ha modificado y denuncia que los bots actualmente atacan y son parte de una guerra sucia contra los usuarios de internet y redes sociales.

Análizó los hashtags (etiquetas) #RompeElMiedo y #Yamecanse. Explicó, por ejemplo que el la etiqueta que surgió por la declaración del ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, “Ya me cansé”, es el hashtag más poderoso que se ha manifestado en el ciberespacio en México.

Esa etiqueta duró como tendencia 27 días y cuando llegaban los ataques para bajarlo, se alteraba con una numeración #Yamecanse1 o #Yamecanse2 hasta llegar al #Yamecanse33, en las tendencias de Twitter en México.


Puso como ejemplo además que en febrero de 2015, una protesta de la disidencia magisterial de la CETEG por la reforma educativa en Acapulco, fue reprimida brutalmente por la policía y las fotos se volvieron virales y se generó la tendencia #Acapulco, pero fue “tumbada” poco después.





En respuesta, dijo Gallagher, los “Peñabots” promovieron dos tendencias falsas: #SoyAmanteDe y #DondeFirmoPara con lo cual inundaron Twitter y bajaron la etiqueta #Acapulco entre las más populares.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2908/mexico/penabots-en-twitter-los-nuevos-esquiroles-de-la-protesta-en-mexico-experta/

Expongo “tu modus operandi, tu porquería”: Aramburuzabala a López Dóriga

La disputa entre el comunicador y la empresaria se avivó tras una demanda penal, por varios delitos contra quienes la amenazaron con frenar su desarrollo inmobiliario de la calle Rubén Darío 225, en Polanco, DF.

La empresaria María Asunción Aramburuzabala, una de las mujeres más ricas de México, habló sobre la demanda que interpuso contra quienes presuntamente intentan extorsionarla, especialmente contra Adriana Pérez Romo, esposa del conductor estelar de Televisa, Joaquín López Dóriga.

En entrevista con el periodista Jenaro Villamil en Proceso, detalló las amenazas que le hicieron en el sentido de que podían usar el espacio televisivo controlado por el periodista de la televisora, para difamarla.

López Dóriga intentó amedrentar a Aramburuzabala tras las amenazas de su esposa. Al rememorar la llamada telefónica del comunicador, la empresaria repitió el mensaje que le envió al comunicador: “No te confundas. Yo estoy litigando en tribunales, no en medios. Lo que estoy haciendo es exponer tu modus operandi, tu porquería”.

La heredera del emporio de Grupo Modelo y accionista de Grupo Televisa hasta enero de 2006, separa a los directivos de la televisora de su disputa con López Dóriga. Recordó que tuvo un encuentro con Emilio Azcárraga Jean y éste se comprometió a no tomar parte en el conflicto.

“Esto comenzó con la defensa de un desarrollo inmobiliario, pero se ha convertido en un tema más grande”, apuntó.

“Es un caso de cómo la corrupción puede inhibir la inversión en la Ciudad de México. Yo tengo más de mil millones de dólares de inversión en 14 desarrollos y me tratan como si fuera narcotraficante. Hay un enorme abuso del poder que se le da a un locutor al tener acceso a un medio. Ese poder es utilizado para enriquecerse, para extorsionar”, sostuvo.

Al preguntarle si alguna vez había sufrido un intento de extorsión, dijo que “nunca en 24 años” le había sucedido algo así.

Sobre una alusión que hizo López Dóriga en su columna, respecto a que es una “niña rica” que en su “multimillonaria soledad envidia la felicidad ajena”, respondió: “No me da vergüenza que me diga niña rica porque soy heredera de un gran imperio fundado por mi abuelo. A mí no me dan vegüenza mis orígenes. Soy rica, pero no inútil y mucho menos corrupta. Mi dinero no es mal habido, como el de él”. 

Hasta ahora, López Dóriga sólo ha comentado en su cuenta de Twitter:

“Niego rotundamente la dolosa implicación de Reforma: No he ‘litigado’ el problema vecinal con el negocio de la señora Aramburuzabala en Polanco.


“Quien sí ha litigado en medios la defensa de su negocio ha sido la señora Aramburuzabala: 6 primeras planas en Reforma a favor de su desarrollo”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exigen a la Corte atraer caso de dos desaparecidos del EPR

México, DF. Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil realizan un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir la atracción del caso de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, desaparecidos desde 2007, y puedan ser buscados en los cuarteles militares.

Esto, luego de que desde hace más de un año la Procuraduría General de la República (PGR) no ha cumplido la resolución de un tribunal federal que resolvió que ambas personas fueran buscadas en los instalaciones militares y citados a declarar diversos funcionarios que ejercían sus cargos en el momento de la detención y desaparición de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Nadín Reyes, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, informó que aunque el ministro presidente Luis María Aguilar, desde hace mes y medio presentó dicha solicitud al pleno, todavía no se tiene una respuesta.

Incluso, dijo que esta atracción y su eventual resolución marcaría un importante precedente para otros casos similares.

Los manifestante llegaron a la Corte poco después de las 10 horas, y minutos después debió ser cerrada la circulación en parte de la avenida Pino Suárez, en el Centro Histórico.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.

Dólar inicia la semana en $17.05

MÉXICO, D.F: El dólar se vende esta mañana en $17.05, el mismo precio que el cierre del viernes pasado.

A la compra, el dólar se cotiza en $16.45.

El viernes pasado, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, adelantó la revisión a la baja de las principales variables macroeconómicas con base en las que se diseñará el Presupuesto para el 2016.


“En primer lugar, preveíamos un crecimiento en marzo para el año 2016 de 3.3 a 4.3%. En marzo este rango era muy consistente con las estimaciones del sector privado; ahora, a finales de agosto, si bien las estimaciones del sector privado se mantienen en el rango superior a 3%, es probable que revisemos a la baja”, reconoció en la Séptima Reunión Plenaria de senadores del PRI y del PVEM.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Falla Procuraduría del DF: pide disculpas tras no acreditar culpabilidad de detenidos

MÉXICO, D.F: Durante la administración de Miguel Ángel Mancera, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) acumula al menos 10 casos de personas que tras haber sido acusadas y detenidas han sido dejadas en libertad al no poder acreditarse su culpabilidad.

De acuerdo con un recuento de estos casos –desde diciembre de 2012– realizado por el diario Reforma, hay personas que pasaron de ocho días a siete años en prisión

Según el exombudsman capitalino Luis González Placencia, los errores al acusar a un presunto responsable se deben a los vicios del viejo sistema de justicia, como basar las acusaciones sólo en testimonios y no aportar mayores pruebas periciales para que los jueces puedan valorar si un sospechoso es o no culpable.

Tras siete años presa, en julio pasado fue liberada la exagente federal Lorena González, La Lore, acusada del secuestro y homicidio del menor Fernando Martí.

La PGJDF aseguró que no existían elementos para proceder en su contra. Alejandro Martí, padre de Fernando, había señalado desde 2012 que nada ligaba a la mujer con el plagio.

En abril, la Procuraduría tuvo que pedir disculpas públicas a un hombre –del que se omite su nombre– al que acusó de homicida e incluso fue exhibido como uno de los delincuentes más buscados.

Ese mismo mes, pero de 2014, la Comisión de Derechos Humanos del DF le exigió a la Procuraduría disculparse con Marduk Chimalli, un joven detenido y consignado por robo, tras no haberse comprobado su participación en el ilícito.

En enero de ese año, la PGJDF fue obligada a pagar una indemnización y dar una disculpa pública a Aldo Christopher Rivera, a quien señaló como asesino de una mujer.

En diciembre de 2013 se registró el caso de Yakiri Rubio, acusada de homicidio doloso contra el hombre que la violó. Una Sala Penal corrigió la acusación por homicidio doloso por homicidio en legítima defensa con exceso de violencia, por lo que Rubio quedó en libertad tras pagar una fianza.


Ese año, Mauricio Marichal dejó el arraigo de 28 días pues no hubo elementos para consignarlo por el asesinato de su tía. El Ministerio Público lo había retenido por su actitud nerviosa al ser interrogado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aseguran más de 123 kilos de cocaína; provenían de Colombia: PGR

La droga fue hallada en un contenedor procedente de San Buenaventura, Colombia; la cocaína estaba en unas maletas.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aseguraron más de 123 kilogramos de cocaína en el Puerto de Manzanillo, Colima, procedente de Colombia, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

En un comunicado, la dependencia dio a conocer que la droga fue hallada en un contenedor procedente de San Buenaventura, Colombia, por lo que la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) inició la averiguación previa respectiva.

Refirió que, de acuerdo con la AIC, el probable alcaloide fue descubierto por efectivos de la Policía Federal Ministerial en tres maletas ocultas entre un embarque de copas de cristal, contenidas en cajas de cartón.

Las valijas albergaban 103 envoltorios rectangulares confeccionados con cinta canela, cuyo peso inicial ascendió a poco más de 123 kilogramos; los paquetes contenían polvo blanco, cuyos peritajes iniciales dieron positivo a droga.


La PGR acotó que los paquetes quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo en la Delegación Colima.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Caso Narvarte: Detienen a expolicía como presunto implicado en el multihomicidio

El segundo detenido fue identificado como Abraham Torres Tranquilino, un expolicía del Distrito Federal, quien estuvo preso. Sin embargo, dijo el procurador, salió en libertad condicional el 29 de octubre de 2012.

A casi un mes del multihomicidio ocurrido en un departamento de la colonia Narvarte, el procurador General de Justicia del DF, Rodolfo Ríos Garza, anunció este domingo 30 de agosto la detención de Abraham Torres Tranquilino, uno de los presuntos involucrados en el caso.

El arresto de este expolicía de 24 años de edad ocurrió este mismo domingo en calles de la delegación Iztapalapa, anunció el procurador, quien agregó que Torres Tranquilino fue sentenciado, en 2011, por tortura y ejercicio indebido del servicio público a cuatro años y ocho meses de prisión. Sin embargo, señaló el procurador, salió en libertad condicional el 29 de octubre de 2012.

En las próximas 48 horas, el Ministerio Público determinará su situación jurídica, explicó el procurador. “Una vez concluido el término señalado, estaremos en posibilidades de informar los pormenores que legalmente sean susceptibles de difundirse”, detalló.

Durante la conferencia realizada la noche de este domingo, el procurador capitalino insistió en que las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación.

De acuerdo con la declaración de Daniel Pacheco Gutiérrez, el primer detenido por estos hechos, Abraham Torres Tranquilino fue quien lo invitó al departamento en la colonia Narvarte.

Aceptada la invitación, Daniel se dirigió a su domicilio ubicado en  la colonia Granjas Coapa, y luego a la estación del Metro General Anaya, en donde se encontró a las 13:30 horas con otro de sus amigos de nombre Omar, quien continúa prófugo.

Al llegar al cruce de Doctor Barragán y Luz Saviñón, ya los esperaba Abraham, quien llegó al sitio a bordo de su automóvil Renault tipo Mégane.


Cinco cuerpos fueron encontrados la noche del viernes 31 de julio en un departamento ubicado en la colonia Narvarte, en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México. Las personas asesinadas son Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Mile Martin y Rubén Espinosa.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Marchan en Chihuahua familiares de personas desaparecidas

CHIHUAHUA, Chih: En Cuauhtémoc y Ciudad Juárez familiares de personas desaparecidas en la entidad marcharon para exigir justicia y que se apruebe la Ley de Desaparición Forzada, propuesta por las víctimas.

En el marco del Día de la Persona Desaparecida, en Juárez marcharon las madres de mujeres y hombres desaparecidos, junto con asociaciones civiles.

Además repartieron pesquisas con el rostro de las personas desaparecidas.

En Cuauhtémoc, lugar emblemático por el número de jóvenes desaparecidos -hombres y mujeres-, familiares de personas desaparecidas de la zona y otros municipios acudieron a una misa en la Catedral y posteriormente realizaron una marcha hasta la plaza principal.

Recordaron a la ciudadanía que “un Día Internacional de la Persona Desaparecida no debería existir, esta tragedia no la debemos de vivir ninguna familia”.

En un comunicado de prensa, una decena de organizaciones civiles señalaron que no van a permitir que la trágica práctica sistemática de desaparecer a sus seres queridos se mantenga.

El comunicado dice:

Este día, miles de familiares en diferentes estados de la República y Centroamérica saldremos a las calles a exigir que los y las busquen y encuentren.

Esta tragedia humanitaria que vivimos en México, derivada de la guerra contra la delincuencia organizada y de políticas erróneas de los gobiernos de la región, han posibilitado la más grave crisis de seguridad y de derechos en la que la sociedad civil es la principal afectada; las desapariciones generalizadas en el país están destrozando a nuestros pueblos; a éstas se suma el alarmante aumento de feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, la trata de personas, secuestro, desplazamiento forzado a causa de la violencia, entre otras graves violaciones a los derechos humanos.

Nunca se había vivido esa atroz agresión a la población que reside en México o que va de paso por el país.

El fenómeno de las desapariciones es algo continuado en nuestra historia reciente, cuidar la memoria de quienes nos faltan es responsabilidad de nuestros pueblos para no perdernos en el sin sentido de la violencia institucionalizada. Nuestras desaparecidas y desaparecidos por motivos políticos de las décadas de los 60s y 70s y 80s les buscamos, nuestros hermanos y hermanas indígenas que en el contexto de la guerra de contrainsurgencia que se da desde los 90s en Chiapas, los buscamos.

A las autoridades no les importa saber si no están, ni siquiera saben cuántos desaparecidos y desaparecidas hay en el país, en fechas recientes reconoció oficialmente más 26 mil personas ‘no localizadas’, un gobierno que no protege los derechos de los ciudadanos y niega tragedias sociales y humanas como la desaparición, no es digno de nuestros pueblos, pero aún es responsable por estas graves violaciones a los derechos humanos; nosotras si sabemos que no están, sabemos sus nombres uno a uno, son nuestros hijos e hijas quienes nos faltan, no se fueron por gusto o hartazgo, nos los arrebataron, los y las desaparecieron.

Miles de familias hemos caminado por años en la búsqueda de nuestros seres queridos, hemos aprendido a investigar, a buscar, a interactuar con autoridades de todos los niveles, a interactuar con el Ejército o la Marina y también a redactar leyes y proponer políticas públicas, pero sobre todo hemos aprehendido a recuperar y defender nuestra dignidad y la de nuestros seres queridos desaparecidos. Hoy volvemos a exigir al Congreso de la Unión que apruebe una Ley General para erradicar y prevenir la desaparición de personas, porque  para que esta ley sea legítima debe incorporar imprescindiblemente las aportaciones de las y los familiares de las personas desaparecidas, ya que solo nosotras y nosotros, hemos velado por los Derechos de nuestros seres queridos, reafirmamos ¡No sin las familias!

Las personas desaparecidas y sus familiares somos sujetos de derecho, no de caridad, ni de asistencia pública; una legislación que no respete este Derecho será una Ley ilegítima que sólo perpetuará la impunidad y la violencia.

La Ley General para Erradicar y Prevenir la Desaparición de Personas, que será aprobada en los próximos meses, deberá llamar por su nombre al delito de desaparición de personas y no desvanecerlo en tecnicismos; deberá tener un enfoque central de búsqueda y localización como política de Estado, pero también y no menos importante, deberá garantizar todos los derechos de las personas desaparecidas, es decir, debe reconocer la identidad y personalidad jurídica de las personas desaparecidas para garantizar la vigencia y protección de todos sus Derechos civiles, económicos, laborales, sociales, culturales.

Esta ley también deberá reconocer el interés jurídico de las familias como sujetos de derecho que representamos a nuestros seres queridos. La desaparición de personas es un delito que no prescribe y como tal la ley deberá ser amplia y reconocer a todas y todos los desaparecidos, en este sentido y de manera enunciativa, mas no limitativa, el legislativo deberá hacer todas las reformas necesarias a otras leyes para garantizar la vigencia de los derechos de las personas desaparecidas, de no hacerlo se convertirán también en cómplices responsables de esta tragedia que viven nuestros pueblos.

Este día, de manera articulada decenas de movimientos de familiares con desaparecidos en México nos movilizamos en cada rincón de la República, hemos llegado al punto en el que el Estado Mexicano no puede negar por más tiempo la tragedia humanitaria de las y los desaparecidos y por tanto está forzado a actuar en consecuencia. Durante los últimos meses hemos preparado un documento que contiene las premisas básicas de lo que deberá contener la Ley para garantizar los Derechos de nuestros familiares desaparecidos y desaparecidas; el cual les entregaremos en cada Estado y a legisladores del Congreso de la Unión y les exigimos sea integrado a las mesas de redacción y aprobación de la ley.

Por eso hoy, Día Internacional de la Persona Desaparecida-Detenida, hacemos un llamado enérgico a las autoridades municipales, estatales y federales, para que la palabra de nosotras, familias víctimas de la desaparición, sea la base fundamental de la Ley general para erradicar y prevenir la desaparición de personas.

Porque nos faltan a todas y todos, ¡No pararemos hasta encontrarlas y encontrarlos!.


¡No sin las familias!

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.

Incurrieron en tortura siete policías mexiquenses, confirma la Codhem

TOLUCA, Edomex: Por torturar a seis detenidos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) emitió una recomendación a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC) y solicitó a la Procuraduría Mexiquense (PGJEM) iniciar una investigación por los hechos para deslindar responsabilidades.

De oficio, derivado de una denuncia que apareció en redes sociales, la Codhem determinó que los elementos de la CESC además incurrieron en falta de ética, pues alteraron el reporte de hechos.

“El parte de hechos fue alterado para introducir información conveniente, adaptada para justificar la detención” y disimular la configuración de la tortura y la violación de los derechos humanos” de los detenidos, detalla la carta de recomendación.

En el video de la denuncia se observa a los elementos policiacos interrogar, con el uso de la fuerza, a varios civiles, a quienes mantuvieron atados de manos, vendados, sin ropa en el torso.

También se escucha a los policías dirigirse a los detenidos con insultos, amenazas, golpes y violencia física.

En esta vulneración a la integridad y seguridad de los detenidos, la Codhem contabilizó a siete elementos policiacos que, desde su punto de vista, deberán ser sancionados por el delito de tortura.


Los puntos de la recomendación también incluyen la calendarización de visitas de inspección a las subdirecciones de la Codhem, y capacitación en materia de derechos humanos a los elementos policiacos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.

Declaran improcedente huelga en la Autónoma de Querétaro

Querétaro, Qro. La Junta local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), dependiente del gobierno estatal, declaró improcedente el emplazamiento a huelga que realizó el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro (Steuaq) porque lo exigido por los agremiados es “cosa juzgada”, informó el abogado general de esa casa de estudios, Oscar Guerra Becerra.

La JLCA notificó a la UAQ, a través de su representante Óscar Guerra Becerra,  que decidió archivar el emplazamiento a huelga presentado por el sindicato porque no acreditó su legitimidad, y tampoco cumplió las formalidades establecidas en la Ley Federal del Trabajo para efectuar la huelga programada para hoy a las 12:00 horas.

El Steuaq emplazó a huelga en tres ocasiones entre 2012 y 2015, de los cuales, surgieron dos convenios con la UAQ y el desistimiento del Steuaq, lo que equivale a “cosa juzgada”, por tal motivo era improcedente una nueva huelga.

La secretaria general del Steuaq, Laura Leyva Saavedra denunció que existe un vínculo entre autoridades de la Secretaría del Trabajo y de la UAQ para determinar la improcedencia del emplazamiento a huelga, al señalar, sin precisar, nombres que existe una “relación de parentesco” entre el presidente de la junta y el asesor jurídico de la UAQ, que también es asesor jurídico de gobierno del estado.

Consideró que la UAQ está impidiendo el derecho a huelga y este lunes interpondrá un amparo ante instancias federales. Se dijo preocupada de que autoridades universitarias recuran a la represión de los promotores y participantes del movimiento, pues ya despidieron a 12 sindicalizados.

Señaló que al interior de la UAQ hay acoso hacia algunos trabajadores administrativos, y anunció que buscará reunirse con los directores de las facultades y la comunidad estudiantil para solicitar su apoyo y dar a conocer los motivos del emplazamiento a huelga.


Entre los cinco puntos del pliego petitorio del Steuaq presentado el pasado 18 de agosto, destacan revisar la convocatoria y la forma de admisión de personal administrativo a diferentes áreas, y entregar una bolsa económica de un millón de pesos para la fiesta de fin de año que organiza el Comité Directivo del sindicato.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MARIANA CHÁVEZ.

La PGR debe dar información sobre desapariciones forzadas desde 1960: INAI

La PGR deberá también deberá entregar el número de averiguaciones previas que a la fecha están en integración, en cuántos casos se determinó el ejercicio de la acción penal y en cuántos no, la cifra total de ofendidos y/o víctimas de cada hecho referido; sexo de los ofendidos y/o víctimas.

La Procuraduría General de la República (PGR) debe buscar y entregar información estadística sobre investigaciones iniciadas por el delito de desaparición forzada entre 1960 y febrero de 2015.

Así lo instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego de que un particular solicitó el número de hechos investigados por la PGR.

De acuerdo con la resolución del INAI, La Procuraduría deberá entregar el número de averiguaciones previas que a la fecha se encuentran en integración, en cuántos casos se determinó el ejercicio de la acción penal y en cuántos no, la cifra total de ofendidos y/o víctimas de cada hecho referido; sexo de los ofendidos y/o víctimas.

Asimismo aquellas averiguaciones en las que se ejercitó acción penal, contra cuántas personas, por qué delitos y el estado de los procesos; de las que se determinó el no ejercicio de la acción penal, en cuántos actos se desestimó por razones de prescripción de los delitos;

Además a cuáles dependencias de gobierno federal, estatal o municipal se adscribía cada funcionario público investigado, y el estado de la República en donde sucedieron los hechos investigados en cada averiguación previa abierta.

La resolución del INAI ocurre luego de que un particular solicitó esa información y la PGR proporcionó un cuadro con información estadística del fuero federal, relacionada con el delito de desaparición forzada, de 1960 a 2015; sin embargo, dicho cuadro cataloga como “Información no disponible” aquella correspondiente al periodo comprendido de 1960 a 2000.

Señaló también que en sus bases de datos no existen variables que permitan conocer las razones de prescripción de los delitos, las personas ofendidas y/o víctimas, su sexo, las dependencias de gobierno a las que estaban adscritos los funcionarios investigados, ni el estado procesal de las investigaciones.

Por ese motivo y debido a que el inconforme consideró que la PGR atendió parcialmente su requerimiento, presentó un recurso de revisión ante el INAI que fue turnado a la ponencia del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.

En alegatos, la PGR aseveró que puso a disposición la totalidad de la información estadística con la que cuenta y agregó que, en su caso, los documentos fuente serían las propias averiguaciones previas en cuestión que tienen el carácter de reservadas.

La PGR se declaró incompetente para conocer los procedimientos penales federales y las sentencias emitidas, con el argumento de que la instancia competente es el Poder Judicial de la Federación.

Posteriormente la procuraduría envió un alcance al recurrente que le informaba de un micrositio en su portal de Internet, en el cual podría obtener mayor información a la proporcionada inicialmente.

No obstante, éste corresponde a la base de datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, aunado a que únicamente refiere a las averiguaciones previas iniciadas por esa dependencia a partir de enero de 2014.

Al analizar el caso, el INAI advirtió que la PGR no cumplió el procedimiento de búsqueda establecido en la ley, ya que cuenta con los sistemas Informático de Procuración de Justicia Federal, de Registro de Detenidos y el Institucional de Información Estadística.

Aunado a ello se observó que, en respuesta a solicitudes de información presentadas con anterioridad, la PGR ha entregado información con un nivel de desglose mayor al que obra en sus bases de datos.

En ese sentido se concluyó que la dependencia omitió garantizar el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información del particular, toda vez que cuenta y está en posibilidad de entregar datos adicionales como sexo de las víctimas, órdenes de aprehensión, estado procesal y tipo de sentencias, entre otros.

Por tanto, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales modificó la respuesta de la PGR y le instruyó una búsqueda en todas sus unidades administrativas competentes y en los sistemas de datos con los que cuente, a fin de que entregue al particular la información de su interés.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.