(1 de Septiembre 2015) Ayer dejé (31 de Agosto) de ser Ombudsman o Defensor de la Audiencia de Noticias MVS. No fue un despido, como lo entendieron algunos colegas, sino el término de un compromiso que asumí por dos años en 2013. Pude haberme postulado para la renovación en el cargo, pero los planes de la empresa y míos eran otros.
La empresa optó por utilizar los servicios de la Defensoría de las Audiencias de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y desaparecer su figura autorregulatoria, para evitar un doble gasto. Los concesionarios afiliados a dicha Cámara, entre éstos MVS Radio, pagan una cuota –supongo obligatoria- para sostener la Defensoría de toda la industria, lo que inhibe los intentos de tener un Ombudsman propio por grupo o estación de radio o televisión.
Lamento esta decisión porque tener una Defensoría exclusiva hubiese sido una muestra contundente del interés del grupo radiofónico hacia sus audiencias, más aún ante lo ocurrido en torno de la periodista Carmen Aristegui. Sin embargo, la empresa también estaba en todo su derecho de aprovechar la instalación de una Defensoría nacional, a la que debemos exigir cuentas sobre lo que ha hecho y hará por los derechos de las audiencias.
MVS Radio hizo historia en la radio comercial al contar, por primera vez, con un mecanismo de autorregulación, que incluyó la creación de una Defensoría de la Audiencia, un Código de ética, un Comité Editorial (integrado por periodistas y directivos de la emisora) y la firma de un contrato modelo –y al parecer único- en el periodismo, que dejó en manos de la periodista Carmen Aristegui la línea editorial del noticiario que encabezaba.
La Defensoría se creó cuando Aristegui regresó a MVS en febrero de 2011, dos semanas después que fuera despedida por solicitar que se explicara el estado de salud de Felipe Calderón. El comentario se generó al día siguiente de que el entonces diputado Gerardo Fernández Noroña exhibiera una manta sobre el supuesto alcoholismo del presidente. Posteriormente, en agosto de 2012, el presidente de MVS Comunicaciones, Joaquín Vargas, reveló que fue presionado por el gobierno para que no recontratara a la periodista porque eso pondría en riesgo su proyecto de nuevos negocios en la banda de 2.5 GHz.
Fui elegido Ombudsman por decisión del presidente de MVS Radio, Alejandro Vargas, a partir de una terna que propusieron conductores de la estación. En su momento, el director de Información, Gilberto Molina, a quien mucho extrañamos, fue quien me invitó y me informó de la propuesta. Me entrevisté con Alejandro Vargas y comencé el primero de septiembre de 2013.
Mi nombre apareció en esa terna quizás por estar involucrado en los temas de radio y televisión, por mi experiencia como Mediador del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), porque me ubicaban los conductores titulares al ser entrevistado por ellos en diversas ocasiones y por ser comentarista durante tres años en el noticiario de Ezra Shabot y co-conductor de un programa sobre telecomunicaciones en Noticias MVS, con Irene Levy y Jorge Fernando Negrete.
Evidentemente conocía, de tiempo atrás, a Joaquín Vargas, presidente de MVS Comunicaciones, a Alejandro Vargas, y algunos directivos, como Felipe Chao, vicepresidente de Relaciones Institucionales de MVS, con quien me une una amistad y respaldó los proyectos que propuse en la estación.
No obstante estas relaciones, cuando me convertí en Ombudsman asumí con plena independencia mis obligaciones y así procuré actuar en los meses siguientes. No podía ser de otra manera porque hubiese sido un fraude a las audiencias y a la aparente decisión de periodistas y directivos por autorregularse a través de sus documentos deontológicos y la Defensoría.
Desde el principio, mis recomendaciones y opiniones no fueron bienvenidas. Por ejemplo, cuando emití un comentario sobre los desequilibrios en la cobertura de la reforma energética, en diciembre de 2013, fui cuestionado porque les parecía que me excedí en mis atribuciones. Luego vinieron otros casos periodísticos más controvertidos (como la difusión de una grabación ilegal del periodista Pedro Ferriz de Con y la denuncia de una supuesta corrupción de la empresa Alstom, junto con una campaña de spots pagados en su contra), que me llevaron a actuar con nuevas recomendaciones, también ignoradas.
Durante el análisis y aprobación del proyecto del Código de ética también mi posición fue siempre a favor de la independencia editorial de los periodistas y los derechos de las audiencias. Este documento –es necesaria la precisión- se basó en el Código incorporado en el contrato de Aristegui con MVS, mismo que continúa vigente, debido a que aún no hay una resolución judicial que diga lo contrario.
Como informé la semana pasada, el Código de ética fue aprobado en más del 90 por ciento de sus artículos. Sin embargo, desde el año pasado se interrumpió su discusión cuando era inminente entrar en la aprobación de un artículo central, uno de los más importantes, que privilegiaba el periodismo por encima de los intereses corporativos de MVS. Dicho artículo establece lo siguiente:
4.2 Noticias MVS privilegiará el interés público de la información por sobre intereses comerciales y corporativos extraperiodísticos. En consecuencia, rechazará toda presión política, económica y de cualquier otra índole que pretenda influir ilegítimamente en los criterios editoriales de los titulares de las emisiones, los periodistas y los analistas de Noticias MVS, así como todo intento de censura o de vulneración de los derechos profesionales y laborales de cualquiera de sus periodistas o que menoscaben su integridad profesional por motivo de sus coberturas informativas, sus investigaciones periodísticas, sus análisis de coyuntura y sus comentarios editoriales
La posición de directivos de MVS y de uno de los periodistas es que el artículo debía modificarse porque era confuso y que los intereses de la empresa sí debían ser tomados en cuenta en decisiones editoriales. La posición de Carmen, con el respaldo mío, es que se mantuviera el artículo tal cual porque de lo contrario se pondría en riesgo la libertad de expresión de los periodistas y el derecho a la información de las audiencias. El artículo se “encorchetó” para su discusión hasta al final para evitar un evidente choque de posturas, que no llegó por obvias razones.
La gota que derramó el vaso fue mi actuación durante el conflicto entre Carmen Aristegui y MVS. Si la comunicación entre la empresa y el Ombudsman ya no era fluida, mucho menos a partir de mi primer posicionamiento sobre la campaña mediática de la empresa en contra de su propia conductora. Desde entonces no fui recibido por Alejandro Vargas para la entrega de las miles firmas, vía change.org, que solicitaban la reinstalación de Aristegui ni para algunos acuerdos básicos ante la culminación de mi responsabilidad en MVS. La comunicación fue sólo con José Antonio Vega, director de la emisora.
Lo entendí, pero sigo sin saber cuál fue el motor para que la familia Vargas actuara de esa manera con todo lo que tuviese una relación con el despido de Carmen, desde su equipo de trabajo hasta su audiencia, incluido el Defensor.
Quienes conocemos a la familia Vargas coincidimos que son empresarios honestos, emprendedores, que han llevado a cabo desde hace años una larga e intensa batalla a favor de la competencia en el sector y en contra de los monopolios mediáticos. Por si fuera poco son personas amables, sensibles, con un “don de gente” que no encontramos en la mayoría de los empresarios de los medios de comunicación en México.
Por eso, coincido con Carmen Aristegui que, por ejemplo, los calificativos utilizados en la campaña en contra de ella por el supuesto uso ilegal de la marca y la realización de convenios sin el aval de la empresa, fueron desmedidos y en ellos no se podía creer que estuviese la mano de la familia Vargas. Me consta el buen trato de Joaquín y Alejandro Vargas con sus colaboradores. Me consta la comunicación fluida y respetuosa de Alejandro durante las juntas de los lunes en el Comité Editorial. Pero algo muy fuerte sucedió (la “casa blanca”, la publicidad oficial, algún tema de concesiones, no sé) y la situación cambió.
Una anécdota. Varias semanas después del conflicto por la salida de Aristegui, acudí a MVS Radio para una reunión. Durante años, como comentarista y como Ombudsman, tuve acceso libre a las instalaciones. Esta vez no. No obstante que cuento con gafete de la empresa, los guardias de seguridad –que me conocen de sobra- pidieron mi registro y que entregara una credencial para permitirme entrar. Sí, la situación cambió.
Ante la “cacería” en contra de Carmen y su equipo, el Defensor de la Audiencia no podía quedarse con los brazos cruzados. Por supuesto yo nunca vi un conflicto entre particulares, sino un acto que amenazó la libertad de expresión de los periodistas involucrados y que al mismo tiempo afectaba los derechos de las audiencias.
Se me señaló de ser parcial, de actuar a favor de Aristegui y sus colegas. Por supuesto fui parcial. No podía ser de otra manera ante lo que estuvimos: un conflicto artificial que fue escalando en pocas horas hasta lo jurídico para expulsar de la estación a los periodistas y la imposición de lineamientos editoriales que eran contrarios al contrato que Carmen tenía firmado con la empresa y al proyecto del Código de Ética que se estaba aprobando en el Comité Editorial. El 12 de marzo exhorté a un diálogo entre las partes para encontrar la solución a un diferendo poco relevante, pero fue una voz en el desierto ante una decisión tomada por la familia Vargas.
También se me calificó de activista y mi respuesta fue que soy y continuaré siendo activista de los derechos de las audiencias y de la libertad de expresión con responsabilidad de los periodistas. Que así como defendí la posición de los periodistas en el 2015, lo hice a favor de la empresa y la familia Vargas en 2011 ante la “cacería” del gobierno calderonista en su contra.
Haber sido Defensor de la Audiencia fue un privilegio. Pero es una función un tanto ingrata porque muchas veces no se satisfacen las expectativas de la audiencia ni tampoco el medio y los periodistas están muchas veces dispuestos a aceptar que posiblemente se equivocaron, que no actuaron con ética o pudieron haber violado derechos de las audiencias. Por eso, muchas recomendaciones y seguimiento de quejas de los radioescuchas se quedaron en al aire ante la falta de respuestas o acciones correctivas de la emisora, lo que colocó la figura en una vulnerabilidad, y para colmo, a doble fuego.
La ausencia de un compromiso firme por la autorregulación y la autocrítica puede echar por la borda las buenas intenciones de la creación de las defensorías de las audiencias, en MVS y en toda la industria de la radiodifusión. De ahí la importancia de fortalecer mucho más el proyecto del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre los lineamientos de los derechos de las audiencias para que no se conviertan en letra muerta.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GABRIEL SOSA PLATAS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/01-09-2015/38696.
La policía federal y estatal ataca y desaloja a los pobladores de la comunidad de Tequisistlán, Tezoyuca, en el Estado de México, haciendo valido el decreto de expropiación de sus tierras y casas para la ampliación de una carretera. Esto es en las inmediaciones de lo que será el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. La población está resistiendo.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
MÉXICO, D.F: En cinco años, el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y México condujeron a la deportación de más 840 mil migrantes originarios de los países del Triángulo Norte de Centroamérica –Guatemala, El Salvador y Honduras–, entre los cuales había más de 40 mil niños, según un informe publicado este jueves por el Grupo de Estudios sobre la Migración Regional, que forma parte del Instituto de Políticas Migratorias de Washington.
“La administración de Barack Obama continuó y profundizó la tendencia a la protección más dura de la frontera que empezó en los 90”, analizaron los académicos Rodrigo Domínguez y Victoria Rietig –autores del estudio–, y “México, por su parte, despliega una estrategia agresiva que incluye el incremento de la vigilancia fronteriza, retenes internos y operativos en lugares que frecuentan los migrantes centroamericanos, como terminales de autobuses, hoteles y restaurantes”.
A consecuencia de lo anterior, las detenciones de migrantes centroamericanos se triplicaron de 2010 a 2014 al pasar de más de 100 mil é a más de 340 mil, mientras que la cifra de deportaciones se incrementó de 142 mil a 213 mil en el mismo periodo.
Y en 2015, por primera vez, se espera que las autoridades mexicanas detengan a un número mucho mayor de migrantes en tránsito por el país que sus homólogos estadunidenses: 173 mil, contra 110 mil, entre ellos 29 mil niños, 7 mil más que los vecinos del norte.
Según el estudio, el número de aprehensiones en México se disparó en un 70% en comparación con el año anterior; este incremento brutal, dice, resulta “de la implementación en México, en parte bajo la presión de Estados Unidos, del Programa Frontera Sur”.
De acuerdo con los datos del estudio, la aplastante mayoría de los migrantes centroamericanos deportados son hombres, menores de 29 años, con bajo perfil educativo. Un dato: 80% de los deportados guatemaltecos y hondureños sólo han cursado la secundaria, en cambio, 35% de los salvadoreños terminó la preparatoria.
En 2013, 40% de los deportados reportó que, seis meses antes de salir de sus países, se encontraba desempleado. El 25% laboraba en trabajos agrícolas y el 14% desempeñaba en el sector de la construcción.
“Los factores que empujan a la migración desde Centroamérica –violencia, pobreza endémica, gobernanza débil, falta de oportunidades económicas y vínculos familiares en Estados Unidos–, permanecen”, destaca el informe.
Niños, expuestos
A partir de 2011 empezó a dispararse el número de niños centroamericanos que cruzaron la frontera sur de Estados Unidos, huyendo la pobreza crónica, el desempleo y la violencia, moviéndose con la esperanza de juntarse con sus familiares radicados en el país.
Así, en 2014 las autoridades migratorias estadunidenses detuvieron a 52 mil niños centroamericanos, 20 mil de ellos durante los meses de mayo y junio, lo que desbordó a los centros de detención y atrajo la atención de los medios de comunicación.
Si bien desde 2010 las autoridades estadunidenses deportaron a un promedio de mil niños cada año, el Instituto Nacional de Migración (INM) expulsó a 34 mil niños en total desde hace cinco años. La tendencia va al alza.
Estados Unidos deportó en 2014 a tres de cada 100 niños no acompañados, mientras México deportó a 77 de cada 100 niños que detuvo”, plantea el informe.
Explica que en Estados Unidos, después de su detención los niños migrantes entran en un proceso judicial que puede tardar bastante tiempo, con el fin de determinar si enfrentarían riesgos al volver su país.
En México, pese que las leyes estipulen un proceso similar, las autoridades proceden “a la deportación prácticamente inmediata de la mayoría de los niños aprehendidos”, lo que “limita el estudio humanitario”.
Las estadísticas del 2013 demuestran que en su mayoría, los migrantes menores de edad no acompañados que terminaron en los centros de detención tuvieron entre 12 y 17 años y eran varones; sin embargo en 2014 la proporción de niños menores de 12 años entre la parte de menores de edad detenidos aumentó de manera preocupante.
Lo anterior “es un resultado inmediato del incremento del número de familias que huyen de sus países” debido a “la deterioración de las condiciones de seguridad –las mujeres y los niños están particularmente vulnerables ante la violencia doméstica y de las pandillas—y el incremento de los servicios puerta-a-puerta que ofrecen las redes de traficantes al prometer una disminución de los riesgos en la travesía de México”, estima el informe.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
MÉXICO, DF: El Partido del Trabajo llegó a la 63 Legislatura de la mano del PRD con seis diputados, sin embargo, no fue a su aliado a quien hoy recurrió el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, para buscar apoyo e impedir la disolución del organismo, sino al PRI.
Desde mediodía, Anaya ingresó al salón de plenos de San Lázaro y buscó afanosamente al coordinador de la fracción mayoritaria y partido en el gobierno, el priista César Camacho Quiroz.
Poco más de una hora, el también exdiputado federal y exsenador del PT, partido que este jueves el Instituto Nacional de Elecciones decretó la cancelación de su registro por no haber logrado el 3% de la votación nacional el pasado 7 de junio, dialogó con la “burbuja” priista.
César Camacho, sentado en su curul; a su lado Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de la bancada priista y, atrás de ellos, Enrique Jackson Ramírez, otro de los 16 vicecoordinadores del PRI, escuchaban a Alberto Anaya. A lo largo de una hora, Camacho Quiroz ni siquiera se dignó a ponerse de pie, y atendía a Anaya desde su cómoda curul de gastada piel.
Anaya, quien en 2006 y 2012 impulsó la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, y en 2012 formó el Frente Amplio Progresista junto con PRD y MC, pronto olvidó el distanciamiento que hubo con el partido en el gobierno desde que arrancó la pasada legislatura y de la cual él mismo formó parte.
El dirigente del partido que nació hace 25 años, el 8 de diciembre de 1990, con el lema “Unidad popular ¡todo el poder al pueblo!”, y cuya fracción parlamentaria desde que tuvo representación en la Cámara se ubicó en el piso uno del edificio B de San Lázaro custodiado siempre por las imágenes de Lenin, Mao Tse Tung, Carlos Marx y Federico Engels, se armó de paciencia y esperó y esperó.
Alberto Anaya mostraba varios documentos que traía en un sobre amarillo y hablaba con Camacho Quiroz, aunque más atento parecía Ramírez Marín. Luego, el coordinador priista se levantó de su curul y condescendiente atendió al petista.
Pasada la hora, Camacho Quiroz –acompañado de Ramírez Marín– se dirigió a la zona del PAN y algo consultó con su contraparte, Marko Cortés. Luego regresó a su lugar y Anaya se fue tras banderas para ahí hacer entrega de la documentación que lo acreditaba como usufructuario de una parte de las oficinas del piso 1 del salón B.
El secretario general de Cámara, Mauricio Farah, recibió los documentos y los 15 espacios, junto con una cocina y sala de juntas, pasarán a partir de esta Legislatura a ser ocupados por los 35 diputados que hoy tiene la quinta fuerza electoral de San Lázaro: Morenal, el partido forjado por el tabasqueño López Obrador.
Alberto Anaya prefirió no acercarse al palco de prensa, de donde salían gritos y gritos de los reporteros clamando su presencia.
Uno de los priistas de la “burbuja” reveló al final de la sesión: “Se acercó a pedir apoyo. Extraño, ¿no? Antes nosotros se los pedíamos y ahora son ellos quienes recurren a uno ante la pérdida definitiva de su registro”.
La petición del petista hacia los priistas fue que durante el recurso de inconformidad que presenten ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el PRI les “eche la mano”. Por lo pronto, los poco más de 300 millones de pesos que el PT recibirá de aquí a diciembre de parte del Instituto Nacional de Elecciones se quedarán en resguardo en el organismo para que de ahí, en caso de cancelación definitiva, se salden las deudas que tiene el partido para luego hacer suyos todos los bienes en su poder, incluyendo vehículos, edificios y muebles.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
MÉXICO, D.F: La apertura de la industria petrolera al capital privado se concretó hoy tras la firma de los dos primeros contratos de producción compartida para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas someras, correspondientes a la primera convocatoria de la Ronda Uno.
Concluido el proceso licitatorio, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y los representantes legales del consorcio formado entre Sierra Oil, Talos Energy y Premier Oil, firmaron los primeros contratos que formalizan la participación de capital privado en actividades que desde hace 78 años estaban reservadas para Petróleos Mexicanos (Pemex).
El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que con esta firma, “México se sincroniza con los países avanzados” e insistió en que los recursos no se entregan a manos privadas.
Con la firma de los primeros contratos, precisó, se hace realidad, después de ocho décadas, la participación de empresas privadas que aportarán “experiencia y capacidad” para la extracción de crudo y gas “en mejores condiciones” para México.
“Con esta firma, México se sincroniza en materia de energía con los países más avanzados en materia de políticas públicas energéticas y da un enorme paso hacia un futuro, donde los hidrocarburos del subsuelo se aprovecharán de manera más eficiente en beneficio de la nación”, afirmó.
Además, sostuvo que la firma de los contratos es muestra de la “cero discrecionalidad” en el proceso de asignación.
“En México existe transparencia, certidumbre y cero discrecionalidad en la asignación de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos; invito a las demás empresas y consorcios a que sean partícipes de esta gran cambio de era que estamos viviendo en el sector energético nacional”, pidió.
Los contratos fueron suscritos por el comisionado presidente de la CNH, Juan Carlos Zepeda, por parte del gobierno, y del sector privado por John Ashland Shepherd y Bill Moss, de la firma Talos Energy; Timothy Lloyd, de Premier Oil, y Salvador Beltrán del Río e Iván Sandrea de Sierra Oil & Gas.
En julio pasado el gobierno adjudicó dos de los 14 bloques ofrecidos en la primera fase de la ronda.
El bloque dos comprende un área de 194 kilómetros cuadrados, contiene aceite ligero, y se encuentra frente a las costas de Veracruz.
El bloque siete, el más competido en la licitación y en el que se recibieron ofertas de Statoil, Hunt Overseas y Eni, está ubicado frente a la costa de Tabasco y tiene una extensión de 465 kilómetros cuadrados.
De 24 empresas y consorcios precalificados, sólo nueve presentaron ofertas para participar en la primera fase de la Ronda Uno.
Los contratos signados tienen una vigencia de 30 años, y son prorrogables dos veces por cinco años más e incluyen una fase de exploración de cuatro años, con posibilidad de ampliarlos dos más.
Las empresas ganadoras deberán pagar al Estado un porcentaje de utilidad operativa —sujeto a un mecanismo de ajuste progresivo—, cuota contractual por kilómetro cuadrado, regalías sobre ingresos brutos, impuesto de actividad de exploración y extracción por kilómetro cuadrado e impuesto sobre la renta.
Zepeda Molina informó que, tras la firma, el consorcio ganador tendrá un plazo de 90 días para realizar la evaluación de condiciones ambientales y 120 para presentar su plan de exploración.
En representación del consorcio privado, Iván Sandrea, representante de Sierra Oil and Gas, expresó su beneplácito por la suscripción de los contratos y el interés del consorcio de seguir participando en la “apertura de México”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: KARINA TERÁN.
La iniciativa de reforma fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales para su análisis, y a la de Gobernación para opinión.
Con el fin de destinar más recursos para atender los asuntos prioritarios del país, la diputada María Eloísa Talavera Hernández, presentó una iniciativa para reducir el financiamiento público destinado a los partidos políticos nacionales.
La propuesta, que reforma los artículos 41 y 115 constitucionales, y el 51 de la Ley General de Partidos Políticos, traería como resultado una disminución aproximada de 50 por ciento del monto del financiamiento público que actualmente reciben los partidos políticos.
“La voz ciudadana es clara, los partidos políticos salen muy caros, gastan mucho y todo a costa del erario público”, expuso la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), durante la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.
Lo anterior, explicó, se lograría con la modificación de la fórmula que establece la Constitución para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos, disminuyendo de 65 a 35 por ciento la proporción del salario mínimo vigente en Distrito Federal, multiplicado por los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
“Consideramos como una acción justa recortar el presupuesto destinado al financiamiento público de los partidos políticos, así como fortalecer la fiscalización y la vigilancia de los recursos públicos que se les otorgan para sus actividades”, sostuvo.
Talavera Hernández señaló que también es necesario eliminar el financiamiento que las autoridades locales otorgan a los partidos políticos, en el entendido de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya destina recursos para este concepto.
“Por lo que se duplica el financiamiento público para las actividades ordinarias de los partidos políticos, es decir, reciben dinero por partida doble”, lamentó.
La legisladora panista calificó como un despilfarro “el gasto desproporcionado de los partidos políticos, mientras que la mayoría de la población, vive en la pobreza y en condiciones adversas que le impiden tener un nivel de vida digno”.
En la gaceta parlamentaria del jueves 3, se puede encontrar la iniciativa de la panista.
Uno de los artículos que cambia dice: “El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior”.
Otro marca: “El consejo general, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el organismo público local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el treinta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos locales”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El texto propone diferenciar entre la desaparición forzada, que involucra al Estado, y la desaparición de personas cometida por particulares.
Diversas organizaciones sociales entregaron este jueves en el Senado de la República una ley sobre desaparición forzada, que castigaría el delito con penas de entre 50 y 80 años de prisión, y que fue recibida por los legisladores del PRD, Angélica de la Peña y Luis Sánchez.
Integrantes del Comité Hasta Encontrarlos y el Comité Cerezo, se manifestaron pacíficamente frente al recinto legislativo la mañana de este jueves antes de entregar el proyecto de ley, con pancartas y mantas referentes a personas víctimas de desaparición forzada.
Los familiares de personas desaparecidas “se han convertido en una especie de ministerios públicos, en policías investigadores, porque quieren saber dónde están sus seres queridos, su padre o madre, hermanos o hijos; es muy lamentable”, dijo De la Peña después de recibir la iniciativa, de acuerdo con La Jornada.
El texto entregado por organizaciones propone castigar a quien cometa el delito de desaparición forzada de personas con una pena de 50 a 80 años de prisión y una multa de 40 mil a 70 mil días de salario mínimo, además de la destitución e inhabilitación de por vida para ejercer un cargo o empleo en la administración pública.
También precisa la diferencia entre el delito de desaparición forzada, cometida por agentes del Estado o por individuos que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia, y el delito de desaparición de personas cometido por particulares, que no involucra al Estado.
Iniciativa que expide una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, texto íntegro.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
TOLUCA, Edomex: El Movimiento “Metrobús Toluca Ya” responsabilizó al exdiputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Jesús Rangel Espinoza y a su chofer de atropellar a dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
El incidente ocurrió la tarde de ayer, cuando Itzel Pacheco Cruz, de 18 años de edad y estudiante de Contaduría, y Ely Cruz, alumna de Derecho, de 17, intentaron atravesar los carriles centrales del Paseo Tollocan, a la altura de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
El chofer del diputado conducía una camioneta Pick Up color verde, marca Chevrolet, con placas NRO1418 y circulaba a exceso de velocidad.
Testigos de los hechos refieren que los acusados tenían aliento alcohólico y se encontraban en presunto estado de ebriedad.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) informó que el único detenido por el incidente fue Gilberto Jiménez López, de 34 años, trasladado a la Agencia Especializada de Hechos de Tránsito.
“Ahora el diputado asegura que no iba en la camioneta. La responsabilidad es clara. Exigimos que el proceso sea conforme a derecho y sin amañamientos derivado de la influencia de este señor”, demandó la organización.
Con traumatismo craneoncefálico, Itzel fue trasladada a la clínica 220 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se reporta grave; Ely presentaba golpes en el tórax y piernas, por lo que fue trasladada al mismo nosocomio.
En tanto, la UAEM anunció que se mantendrá atenta del estado de salud de las universitarias y proporcionará asesoría legal a las familias.
“Es una realidad que en Tollocan los automovilistas no respetan la señalización, hay reductores de velocidad unos metros antes de donde fue el accidente y es prioritario que se respeten, pues es una zona escolar”, indicó, por su parte, el abogado de la UAEM, José Benjamín Bernal Suárez.
En 2013, el entonces diputado federal fue exhibido por el panista Juan Pablo Adame, quien en su cuenta de Twitter publicó una fotografía del automóvil Mercedes Benz del priísta que en lugar de placas utilizaba ‘charola’.
Entonces, el legislador justificó que el auto era propiedad de su hijo, Juan José Ríos, quien lo adquirió con el objetivo de coleccionarlo, debido a que estaba imposibilitado para conducir.
Explicó que el vehículo no tenía placas oficiales porque no circulaba, que las que portaba fueron un obsequio de la empresa que organizó su campaña.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
MÉXICO, D.F: A raíz del descubrimiento de una fosa clandestina con restos óseos de 31 personas, Amnistía Internacional exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto proteger las pruebas para identificar a las víctimas.
En un comunicado, la organización con sede en Londres, consideró que este nuevo hallazgo en Nuevo León, “pone de manifiesto la urgente necesidad de emprender acciones enérgicas para hacer frente a la crisis de derechos humanos”.
Luego de que el gobierno mexicano confirmara la persistencia de más de 25 mil personas desaparecidas, Ericka Guevara Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional, alertó sobre la pérdida “estrepitosamente” de la batalla contra las desapariciones de personas desde 2007, luego de que el presidente Felipe Calderón declarara la guerra contra el narcotráfico.
Para Guevara Rosas, el “último descubrimiento debe servir de alarma a las autoridades mexicanas y llevarlas a emprender acciones reales para detener lo que parece ser una lista interminable de horrores que están teniendo lugar en todo el país”.
Tras el descubrimiento de restos humanos en Nuevo León, la representante de la organización internacional declaró que el gobierno mexicano debe “emprender investigaciones forenses y periciales sobre este espantoso descubrimiento”, así como llevar a cabo una investigación que “proteja todas las pruebas y las conduzca a la identificación de los restos y la justicia para los familiares de las víctimas”.
En el comunicado la directiva de Amnistía Internacional señaló que el descubrimiento de restos por autoridades locales pone de manifiesto la urgente necesidad de emprender acciones enérgicas para hacer frente a la crisis de derechos humanos, que se deteriora rápidamente”.
La organización internacional resaltó que autoridades de Nuevo León, confirmaron este martes que localizaron una fosa común en un rancho local, fosa en la que se encontraban los restos de al menos 31 personas de los que están realizando pruebas.
Amnistía Internacional recordó que en Nuevo León han sido localizadas varias fosas comunes, zona donde hay una fuerte presencia de bandas delictivas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
MÉXICO, D.F: El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene la virtud de que siempre puede sorprender al país con una decisión, conducta o acción peor que la anterior. Ahora el Congreso ha aprobado y está en marcha un seguro para que aproximadamente 35 altos funcionarios de las secretarías de Hacienda y Energía sean protegidos por el Estado y la sociedad con cargo a los bolsillos de los gobernados. Veamos.
Primero. Es no sólo una cuestión de sentido común, sino un mandato de la ley, que los perfiles adecuados, el conocimiento, el mérito, deben reunir los servidores públicos, particularmente aquellos que forman parte de los denominados mandos superiores del gobierno federal, en virtud de las atribuciones que les imponen la Constitución y la ley para conducir los asuntos del país de la mejor manera posible.
En efecto, el artículo 7, numeral 1, incisos a) y b) de la Convención de las Naciones Unidos contra la Corrupción dispone que el nombramiento de servidores públicos estará basado “en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos, como el mérito, la equidad y la aptitud”, e incluirá “procedimientos adecuados de selección y formación de los titulares de cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupción”.
La convención de referencia forma parte del sistema legal mexicano habida cuenta que fue aprobada en los términos del artículo 133 constitucional y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de diciembre de 2005.
Con la reforma constitucional de noviembre de 2011, el artículo 1 de la Constitución eleva la jerarquía normativa de las convenciones y tratados a rango de norma constitucional. De manera complementaria, el artículo 8, fracción I de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece como una obligación básica de quien trabaja para la Administración Pública Federal: “Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.
De ahí, por tanto, que la publicación de los currículos de los servidores públicos constituye una obligación de transparencia, conforme al artículo 70, fracción XVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para conocer la idoneidad entre la función y el funcionario.
Segundo. La falta de aptitud, la negligencia y otras conductas que menoscaben o afecten el interés de los gobernados representan un acto de corrupción. En prácticamente todos los países democráticos la aptitud es un requisito para ingresar al servicio público. En Australia, el mérito es primordial (The Government Sector Employment Act). Lo mismo en Canadá (Public Service Employment Act) y en Estados Unidos (http://www.mspb.gov/meritsystemsprinciples.htm). Y así podría hacerse una lista enorme de países donde el conocimiento, la aptitud y el mérito son elementos básicos para el servicio público.
La Organización de Estados Americanos pondera el Código de Ética de la Función de Argentina, el cual prescribe en el artículo 12: “La idoneidad, entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública”. En suma, nadie en su sano juicio podría invocar la premisa contraria: la incapacidad, el desconocimiento y la falta de atención como valores del servicio público, salvo el gobierno de Enrique Peña Nieto en colusión con el Congreso de la Unión y Luis Videgaray, el hombre detrás de esta singular medida para proteger la estulticia.
Lo anterior es inaudito, pero está en la ley. En efecto, el artículo 62 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece: “Los servidores públicos de la Secretaría responsables de determinar y verificar las condiciones económicas relativas a los términos fiscales, así como los servidores públicos de la Secretaría de Energía responsables de adjudicar las asignaciones, o del diseño técnico de los contratos, así como de los lineamientos técnicos que deberán observarse en el proceso de licitación de dichos contratos, contarán, en términos de los lineamientos que emita la Secretaría, con seguros, fianzas o cauciones que cubran el monto de la indemnización por los daños que cause su actuación en el ejercicio de sus atribuciones (cursivas mías)…”.
Tercero. ¿Qué significa el seguro para 35 altos funcionarios de Hacienda y Energía? De entrada, es una aportación inédita de Peña Nieto al universo de la impunidad que no tiene precedente en el mundo. Hay algunos seguros mucho más acotados en el sector privado según la experiencia comparada. Pero el alcance y forma de este seguro rebasa todo. Peor aún, se toma tal medida ahora que, se supone, la austeridad financiera será una realidad presupuestal, salvo para Hacienda, donde el gobierno federal predica pero no practica. En el acuerdo con los lineamientos para poner en marcha este seguro publicado en el DOF el 6 de julio de 2015 se indica: a) Los beneficiarios del seguro son quienes ocupen “un puesto comprendido en los Grupos H, J, K y L, M, N del Tabulador…”; es decir, los mejor remunerados y con mayor jerarquía para la toma de decisiones; b) La prima del seguro será cubierta al 100% por el pueblo de México; c) La cobertura abarca daño patrimonial al Estado, impericia y negligencia en el ejercicio de las atribuciones de estos altos servidores públicos, y d) El monto será de al menos 100 millones de pesos por servidor público.
Dicho seguro es contrario a lo previsto en la Constitución. Aquí procede una demanda de amparo por interés legítimo dado lo inconstitucional, burdo y excesivo de esta disposición. Y es que no es para menos: a) Premia la “impericia”; de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia, este vocablo significa “(falta de) sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte”; b) Premia la negligencia, que significa: “descuido, falta de cuidado”; c) Protege al servidor público de la rendición de cuentas y sanciones en daño patrimonial que prevén los artículos 31 y 32 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Por un lado, la ley sanciona económicamente al servidor público irresponsable en su acepción coloquial, y por otro, una disposición legal distinta otorga a los presuntos responsables un seguro pagado por el pueblo para su defensa contra los agravios cometidos en contra del mismo pueblo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA.
Reconoce que "afectó y lastimó evidentemente el ánimo social y también lastimó internamente a la familia". Lo califica como "un tema de enorme desgaste".
El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la compra de la casa en Lomas de Chapultepec, que su esposa Angélica Rivera adquirió con un contratista del gobierno, “es un tema que sin duda vino a abonar al clima de desconfianza que yo he apuntado se fue generando a lo largo de este último año”.
En entrevista con Adela Micha, transmitida en Televisa, la conductora le preguntó si “fue un golpe al corazón de su gobierno”, a lo que el mandatario respondió:
“Pero déjame poner en claro contexto este tema, no obstante que lo he abordado ya en otro momento.
“Primero yo tengo que reconocer que me parece que de forma muy legítima mi esposa había adquirido una propiedad o estaba en ese proceso como lo ha acreditado.
“Como la propia Secretaría de la Función Pública hiciera su investigación, con todos los documentos que se aportaron, esta fue una operación que se hizo de forma legal, de forma lícita, pero también tuve que reconocer… que sin duda en la forma en que se había hecho, y quizá sí deba reconocer un error, despertó suspicacias de un eventual conflicto de interés, lo cual también se ha logrado esclarecer y por eso también dije: el presidente de la República y los servidores públicos no sólo están obligados a observar puntualmente la ley sino también realmente a evitar que en cualquier acto se den eventos que despierten alguna suspicacia por alguna eventual irregularidad si es que la hubiera.
“Aquí claramente no la hubo, sin embargo fue algo que sí afectó y lastimó evidentemente el ánimo social y también lastimó internamente a la familia. Yo reconozco el valor que mi esposa tuvo de salir públicamente a explicar por qué ella como mujer, que había trabajado durante 25 años como actriz, pues estaba en su legítimo derecho de adquirir una propiedad, estaba en ese proceso, estaba apenas pagando esa propiedad y decidió dar la cara, explicarlo y no obstante, no dejó de ser esto un tema que lamentablemente señalara, estigmatizara, generara desconfianza, de tal suerte que sí fue un tema de desgaste, de enorme desgaste y sobre todo que abonó a la falta de confianza en las instituciones”.
“¿Hubo corrupción?, le preguntó la conductora.
“No lo hubo (corrupción) claramente señalado, no lo hubo… Fue una percepción que llevó a este escenario y por eso reconozco que si bien algo legalmente hecho, lícitamente hecho, algo que no advertimos como familia mi esposa ni yo es que esto pudiera generar la impresión de que había un conflicto de interés, que fue lo que despertó, por eso había que esclarecerlo, había que aportar todas las pruebas correspondientes”, sostuvo.
Al ser interrogado sobre si le pidió a su esposa aparecer en la televisión para aclarar la compra de la casa, Peña dijo que “al contrario, yo soy el primero en agradecerle a mi esposa y reconocerle el valor y la valentía y el coraje que tuvo de salir a explicar este tema”.
Expuso que después de que fuera revelada la compra del inmueble ubicado en Lomas de Chapultepec, ordenó abrir su declaración patrimonial y pidió a la Secretaría de la Función Pública investigarlo, lo cual finalmente concluyó el mes pasado, cuando determinó que no existió conflicto de interés.
“La Secretaría de la Función Pública, después de revisar toda la documentación y haber recogido no sé cuántos testimoniales, queda claro que se trató de un acto legal, que no hubo conflicto de interés”, indicó. Sin embargo, dijo, ofreció una disculpa porque “no puedo dejar de reconocer que ese tema en particular afectó la credibilidad y la confianza en las instituciones, lastimó la imagen de las instituciones del Estado mexicano y eso me llevó a ofrecer una disculpa pública, porque este evento, aislado y en su contexto, lamentablemente había afectado la confianza en las instituciones del Estado mexicano”.
-Presidente, nadie cree el resultado que hizo la SFP porque no hay confianza en las instituciones-, le comentó la entrevistadora.
Ante ello, Peña mencionó que ”no ha habido un escrutinio tan amplio sobre un acto como ha sido la adquisición de esta casa, de esta propiedad que finalmente canceló mi esposa. Estaba en un proceso pactado para irse pagando en cierto tiempo y finalmente mi esposa, ante todo esto, dijo ‘no quiero ya comprar la casa’, se decide cancelar la compraventa, convenir la terminación del contrato de compra-venta con la empresa que lo había vendido y queda ahí concluida la operación”.
Refirió que la SFP abrió el expediente completo y lo sometió al escrutinio público, “está completamente abierta la investigación” en la página de internet de la SFP.
“Yo ofrecí una disculpa por lo que había significado el hecho; si bien, legal, si bien, ajeno al conflicto de interés, no puedo dejar de reconocer que fue algo que lastimó a la sociedad, que indignó y sobre todo abonó a la desconfianza en las instituciones”, concluyó.
En la entrevista, el mandatario también descartó una mala relación con su esposa, y la calificó de una “bonita relación”, en tanto que consideró “sacado de contexto” un video que se viralizó en las redes sociales, donde él intenta tomarla de la mano, sin que lo logre, por un aparente desaire de Angélica Rivera.
COMPLEMENTO:
El dueño de Grupo Higa fue invitado especial en el tercer informe de Peña Nieto
El empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del polémico Gupo Higa, que construyó la casa blanca de Enrique Peña Nieto, estuvo presente en el tercer informe del presidente, muy cerca de integrantes del Ejército Mexicano. Mientras Peña Nieto hablaba del primer punto de su decálogo sobre las leyes secundarias para combatir a la corrupción, Hinojosa Cantú, con una corbata lila y saco azul, aplaudía.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La Policía Federal y la Procuraduría General de la República encontraron el cargamento procedente de Bogotá, que simulaba el traslado de óxido de zinc.
Elementos de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República aseguraron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una tonelada de una sustancia con las características propias de la droga conocida como “cocaína negra”.
El hallazgo fue en la Terminal 1, donde los agentes federales tuvieron conocimiento previo de la llegada de un cargamento de droga procedente de Bogotá, Colombia, de acuerdo con lo informado este jueves en un comunicado.
Con la información obtenida, se implementó un dispositivo de seguridad en el área de aduana, donde fue localizada una tarima con 40 costales de 25 kilos cada uno, identificados con una etiqueta que amparaba el traslado de óxido de zinc, los cuales no fueron reclamados.
Con el apoyo de peritos en la materia se realizaron las pruebas químicas, resultando positivo para clorhidrato de cocaína y cocaína base, adicionada de un compuesto inorgánico aún no determinado.
Ante la probable comisión de un delito, elementos de la Policía Federal y personal del Sistema de Administración Tributaria (SAT) trasladaron los costales a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde quedaron a su disposición para verificar el tipo y peso exacto de la sustancia asegurada.
Reforma informó que desde 2007 las autoridades no habían incautado ese volumen de cocaína cuando la Policía Federal aseguró 25 maletas en el aeropuerto capitalino que contenían una tonelada de cocaína, atribuidas a Reynaldo “Rey” Zambada García, operador del Cártel de Sinaloa.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El Juez noveno de Distrito en Materia Penal avaló un amparo, promovido por la familia del fotoperiodista Rubén Espinosa y la organización internacional Artículo 19, con el que se le ordena a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no filtrar información sobre el multihomicidio de la colonia Narvarte ocurrido el pasado 31 de julio.
Esta medida cautelar tiene el efecto de obligar a los Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y la Responsable del Turno, ambos pertenecientes a la Fiscalía Central de Homicidios, “al debido resguardo de información sobre la averiguación previa integrada con motivo del multihomicidio ocurrido el 31 de julio pasado”.
El “caso Narvarte”, como se le conoce, ha sido marcado por una constante filtración de información que ha incluido incluso fotografías ofensivas para las víctimas y sus familias. Ayer, sin ir más lejos, se filtró que “Los Zetas” estaban detrás del crimen. Los boletines oficiales no abundan pero sí detalles de la investigación que buscan confirmar, de acuerdo con distintas organizaciones, la hipótesis oficial.
Miguel Ángel Mancera ha negado, desde que era Procurador, que “Los Zetas” y otras organizaciones criminales operen en la capital del país. La filtración de ayer, sin embargo, lo puso en evidencia. “Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la información en relación a este caso. Yo diría en términos generales, no me voy a referir al caso en particular”, dijo en un intento por evadir el tema.
Artículo 19 informó a través de un comunicado difundido hoy, que dicha suspensión se negó con lo que respecta al Procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, al Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo Porfirio Garrido Osorio, el Fiscal Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidios, Marco Enrique Reyes Peña, del Coordinador General de Servicios Periciales y a María Elena Cárdenas Rodríguez, directora de Comunicación Social de la Procuraduría.
Harta de filtraciones y conferencias para divulgar información de un caso en proceso, la familia de Espinosa, asesinado junto a la activista Nadia Vera y Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martín, se amparó para que la PGJDF no haga pronunciamientos públicos y dé detalles en boletines sobre la investigación del multihomicidio.
El recurso de amparo fue activado para evitar que se continúe filtrando información sobre el caso como se ha venido haciendo con diversos medios de comunicación, y tiene como objetivo “evitar interpretaciones sesgadas y parciales de la orden judicial”.
Pues con ello, denunció Artículo 19, “se han causado daños psíquicos y morales a los familiares de las víctimas debido a la intención de criminalizar y estigmatizar a las personas que fueron asesinadas. Dichas fugas de datos sensibles, violentan al derecho a la privacidad de las víctimas y sus familiares y pueden causar un daño real, demostrable e identificable a la persecución de los delitos”.
Precisó que la Procuraduría, a través de las autoridades responsables que forman parte de su estructura, y que quedaron señalada de manera específica en el escrito de la demanda de amparo promovido por Artículo 19 y la familia de Rubén Espinosa, “tienen la obligación de resguardar la información sensible” que se encuentre en la averiguación FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 del multihomcidio.
Sin embargo, alertó, “la autoridad ha sido omisa”.
Denunció además que se está realizando un manejo arbitrario e ilegal de la información de la averiguación, lo cual se encuentra materializado en la serie de filtraciones que se han llevado a cabo y continúan presentándose a diversos medios de comunicación impresos, digitales, de radio y televisión, de distintos datos, documentos, declaraciones, constancias, videos y fotografías que forman parte de la indagatoria en referencia. Incluso, en los mismos medios se señala expresamente que han tenido acceso al expediente o se les han proporcionado copias de documentos o constancias, tal como ha quedado demostrado en las pruebas presentadas en la demanda de amparo.
Lo anterior, “se ha traducido en una constante revictimización en contra de la familia Esiponsa como víctimas indirectas, así como del fotoperiodista Rubén Manuel Espinosa Becerril, como víctima directa de los hechos delictivos que se investigan, lo cual trasciende e impacta en otros derechos humanos que transversalmente tienen como víctimas. Lo mismo ha sucedido respecto a Nadia Vera, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia y sus familias”.
Estas filtraciones, agrega Artículo 19, “han derivado en en violaciones a sus derechos a la dignidad, intimidad, honor y vida privada; derivado de la publicación de información que busca generar en la sociedad una percepción parcial, tendenciosa y sesgada, lo que ha generado estigmatizaciones y criminalización de las víctimas directas, como de sus familiares (en tanto víctimas indirectas)”.
Además han resultado en la construcción continúa de un juicio paralelo de tipo mediático, que busca dirigir de manera dolosa la atención pública hacia otras direcciones y objetivos, que no abonan a los derechos de las víctimas directas e indirectas y de la sociedad a la verdad, por lo tanto, “lejos de garantizar el derecho a la verdad de la sociedad y las víctimas, lo violenta y restringe de manera indebida”.
En este contexto, la PGJDF ha señalado que no puede dar información pública a través de conferencias de prensa, pues hace unos días canceló una conferencia de prensa acerca de la detención de Abraham Torres Tranquilino.
“Dicha autocensura no proviene de la orden judicial, sino de una incorrecta y equivocada interpretación de la misma”, criticó la organización.
Por ello, Artículo 19 reitera su exigencia de “que debe presentarse de manera seria y objetiva información de interés público a la sociedad que no ponga en peligro a las víctimas y el éxito de la investigación”.
Ayer diversos diarios nacionales publicaron nuevas filtraciones referentes a las declaraciones del segundo detenido Abraham Torres Tranquilino, que buscan reforzar la hipótesis de la PGJDF.
La información difundida ayer por el diario refiere que Torres Tranquilino negó haber disparado a las cinco víctimas, y aseguró que el asunto por el que acudieron al departamento localizado en la calle Luz Saviñón fue por drogas. Los encargados de la investigación dijeron al medio que en un inicio el detenido se negó a rendir su declaración y se mostró agresivo contra el agente del Ministerio Público.
Horas después, publicaron que Abraham Torres Tranquilino, el ex Policía detenido por el multihomicidio, dijo durante la audiencia celebrada en el juzgado 25 del Reclusorio Oriente que la organización criminal de “Los Zetas” estaría detrás del asesinato de las cinco personas.
De acuerdo con la información difundida, Torres Tranquilino aseguró en su declaración preparatoria que Daniel Pacheco, la primer persona detenida por este crimen, le dijo que el tercer involucrado en el caso, a quien identificó como Omar, pertenecía a esta agrupación.
Refirieron que Virginia Mile Martin, a quien nombró como Nicole, estuvo en Europa donde tuvo problemas de drogas por lo que viajó a México. Mencionó que Omar fue al departamento donde vivía Mile Martin, de nacionalidad colombiana, para robarle “un ladrillo de perico [cocaína]“.
Esta información reafirma la hipótesis de la Procuraduría capitalina, y deja de lado la línea de investigación sobre la labor de Rubén Espinosa y Nadia Vera que tanto los familiares de ambos como instancias internacionales han pedido que sea tomada en cuenta.
La PGJDF ha sido duramente criticada por organizaciones internacionales debido a que ha intentado, por medio de filtraciones a distintos medios, fortalecer una hipótesis que exculpa al Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y hace ver a las víctimas como delincuentes: vinculadas a prostitución, a consumo de alcohol y drogas e incluso a narcotráfico.
Dos de los asesinados, Nadia y Rubén, habían alertado sobre el riesgo que corría su vida por las críticas lanzadas a Duarte. La hipótesis que filtra la PGJDF los desacredita y los hace ver como delincuentes.
Por otra parte, Artículo 19 recordó que toda información en manos de las autoridades o personas que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos de autoridad, es pública. Sin embargo, tanto la Constitución Política, como la Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia del Distrito Federal señalan que existen excepciones a la publicidad de información cuando se trata de proteger la privacidad de las personas y cuando la publicidad pueda causar un daño real, inminente e identificable al interés público o a la seguridad nacional.
De esta manera, ambas legislaciones señalan “que toda la información que identifique a una persona o la haga identificable es confidencial por tiempo indefinido y que la información que pueda obstruir la persecución de los delitos es reservada por ser una causa de interés público, por lo que se debe mantener temporalmente resguardada. En estos supuestos se encuentra la información contenida en las averiguaciones previas en trámite”.
La organización explica que las autoridades deben dar acceso a partes del documento de la investigación y restringir el acceso a aquella que pueda causar un daño a la privacidad de las personas o al interés público. Para ello las autoridades deben hacer una prueba de daño, caso por caso, en la que se determine si el daño que causa la publicidad de la información es mayor a aquel que causa su secrecía. Después, se tiene que especificar el tiempo en que la información permanecerá reservada y, en el momento en el que se extingan las causas que le dieron origen a la reserva, se desclasificará.
“Lo anterior no entra en conflicto con el derecho a la sociedad de mantenerse informada mediante mecanismos de comunicación social. Las autoridades ministeriales deberán valorar –previa prueba de daño- que información es de interés público, salvaguardando datos personales y diligencias por desahogar que sean necesarias para garantizar el éxito de la investigación”, agrega.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-09-2015/1473844.
A partir de la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República tanto el priismo como él prometieron un cambio. En la retórica presidencial eso fue el “Mover a México”, la alusión es clara en términos políticos: antes México estuvo estancado, por tanto la manera de cambiar, es moviéndole hacia adelante, avanzando, porque resulta difícil creer que se nos estaba advirtiendo desde entonces, que habría un retroceso.
Pero los cambios que han sufrido el País, el propio Presidente, su equipo y su partido, no han sido precisamente para beneficio de los mexicanos todos. Las necesidades son las mismas pero el nivel de urgencia se ha recrudecido.
La economía no atraviesa su mejor momento y las predicciones de crecimiento van a la baja para lo que resta del año. En materia política si bien es cierto que la composición de los triunfos electores varió un poco, la crisis de credibilidad en partidos, instituciones y gobierno, también se ha agudizado.
Hay también, un mayor nivel de percepción de corrupción, de impunidad, por parte de la sociedad. No es de gratis. El cambio se da a partir del descubrimiento del equipo de reporteros de Carmen Aristegui sobre la adquisición de la “Casa Blanca” por parte de la esposa del Presidente a una filial de la constructora Grupo Higa, favorecida en el pasado y en el presente, con contratos de construcción por parte de los Gobiernos que ha encabezado Peña Nieto.
Y por supuesto la sospecha permanece luego que un colaborador del propio Enrique Peña determinó que ni él, ni su esposa, ni el Secretario de Hacienda –también compró su casa al mismo constructor- cometieron delito alguno o cayeron en tráfico de influencias.
Otro cambio: Los pobres han aumentado. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de Política en Desarrollo Social, hay dos millones más de mexicanos que han pasado a esa categoría en los últimos tres años.
La devaluación del peso desde el 3 de diciembre de 2012 a finales de agosto de 2015, fue de 25 por ciento. El peso a más de 17 por un dólar habla de una política económica débil, basada en un producto que cada vez tiene menor demanda en el mundo: el petróleo, cuyos costos en lo que va del año han llegado a los 33 dólares por barril, pero el Gobierno basa su presupuesto en 50 dólares por barril (adquieren un seguro para llegar a esa cantidad irreal). Y a la falta de inversión en el País.
Aparte de las rigurosas leyes fiscales, los muchos impuestos y el incremento en normas internacionales y aranceles de importación y exportación, el clima de la inseguridad en México, provocado por docenas de organizaciones criminales que no han sido ni erradicadas ni controladas, es un factor que inhibe la inversión. Tanto la extranjera como la local.
La impunidad y la corrupción en corporaciones policíacas e instituciones de Gobierno, tuvieron su momento de éxtasis cuando Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, se fugó de LA prisión de máxima seguridad en México, ubicada en Almoloya de Juárez, Estado de México. De la investigación para deslindar responsabilidades el Gobierno de la República no ha informado plenamente a los mexicanos, y ha sacrificado a funcionarios de cuarto y quinto nivel, a quienes intentan procesar con poco resultado.
El más alto funcionario en salir del Gobierno –sin ser investigado- fue Monte Alejandro Rubido. Su posición como Comisionado Nacional de Seguridad fue el hilo más delgado para romper y pretender enviar una señal de rigor que no ha alcanzado al director de la prisión, al director del Cisen, ni al Secretario de Gobernación ante la imperdonable fuga del capo que encabeza el cártel de Sinaloa.
La política contra la inseguridad y el combate al narcotráfico de Enrique Peña Nieto tampoco cambiaron para bien. En los primeros 32 meses de gobierno del priísta, los ejecutados producto de venganzas, enfrentamientos, ajusticiamientos y guerras entre cárteles, alcanzaron la cifra record de 57 mil 410, de acuerdo a la estadística publicada en el semanario ZETA, y que es obtenida en una investigación que incluye los números de Procuradurías de los Estados, medios de comunicación y entidades de seguridad en Municipios y otras instancias nacionales.
El cambio principal que ofreció y cumplió Enrique Peña Nieto fue la aprobación de sus reformas estructurales, pero los beneficios que prometió no se han visto reflejados en un mejor nivel de la vida para los mexicanos, ni en una mayor credibilidad en el mercado internacional, ni en un México en paz, próspero, tranquilo, en desarrollo y a la vanguardia.
Al análisis de su tercer informe, el Presidente realizó enroques políticos en su gabinete, pues fueron pocos los que quedaron fuera del sistema de gobierno y más los que fueron reacomodados en áreas donde, es evidente, carecen de experiencia o preparación.
En la generación de todólogos que está formando Peña llaman la atención dos casos. Claudia Ruiz Massieu. Egresada de ciencia política y con algún postgrado en derecho aún pendiente, es sobrina del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari. Sorprendió cuando fue nombrada Secretaria de Turismo luego de haber perdido la elección de 2012 al Senado de la República en Guerrero, uno de los principales estados –al menos lo fue en el pasado antes de la inseguridad- en materia turística del País.
Pero más sorprendió cuando hace unos días fue nombrada –por su buen desempeño en el sector turístico- Secretaria de Relaciones Exteriores. Tal parece que el nombramiento de Claudia Ruiz le da a la diplomacia un nivel turistero. La sobrina de Salinas es el cuarto titular al hilo, de Relaciones Exteriores, que no cuenta ni con experiencia, ni con educación en la materia, y por supuesto sin carrera en el servicio exterior.
El otro cambio llamativo fue el de Aurelio Nuño Mayer, cuya carrera política o en el servicio público tiene apenas 15 años, siempre con cargos alternos, sea como coordinador de algo en la Cámara de Diputados con Luis Videgaray, o de asesor de algo con Enrique Peña Nieto como Gobernador del Estado de México, o coordinador de algo con Eruviel Ávila también en el Estado de México, hasta llegar a la jefatura de la Oficina de la Presidencia con Enrique Peña Nieto.
Es decir los cuatro trabajos que ha tenido Nuño Mayer de 2000 a 2015, se los han dado Videgaray, Ávila y Peña. No más. Ni preparación ni experiencia en gobiernos municipales, estatales o de subsecretario, pero ya es Secretario de Educación. La posición más importante y más sensible de la administración pública, como lo es la encargada de la educación, se la dio el Presidente a un novato de la política y el servicio público.
Los cambios pues, en los últimos tres años a propósito del tercer informe no han beneficiado a los mexicanos para tener una mejor calidad de vida. Han beneficiado, eso sí, a la clase política en detrimento de la sociedad mexicana que tan mal gobierna.
Es cierto, el país se ha movido, pero hacia los lados, sin rumbo, cada vez más lejos del progreso que desde Los Pinos siempre se promete y nunca termina de cumplirse.
FUENTE:SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/02-09-2015/38733.
