MÉXICO, D.F: Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigieron una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto para esclarecer su desaparición.
Además, pidieron que el grupo de expertos de la CIDH permanezca indefinidamente hasta que se dé con el paradero de los jóvenes.
En conferencia de prensa en el Centro Prodh exigieron castigo y juicio contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien al estar al frente de la PGR informó que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, versión que hoy fue refutada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Además, los padres de los normalistas exigen las renuncias de Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal; y de Enrique Galindo Ceballos, titular de la Policía federak.
Asimismo demandaron que el gobierno entregue con vida a los 43 normalistas porque según ellos quedó demostrado que no fueron quemados en el basurero de Cocula.
También piden que se reabran las investigaciones para que se incluya al Ejército, la Policía Federal y elementos de seguridad estatal.
El próximo 23 de septiembre los familiares de los normalistas iniciarán un ayuno y el día 26 harán una marcha en la Ciudad de México.
“Llegaremos hasta las últimas consecuencias”, dijo Felipe de la Cruz.
De la Cruz consideró que es necesario que Peña Nieto se reúna con los padres de los normalistas y con el grupo de expertos de la CIDH para que se comprometa a cumplir las recomendaciones del informe y se continúe con la búsqueda de los estudiantes.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, gritaron los padres y familiares de los normalistas reunidos en el Centro Prodh.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) echó abajo la “versión histórica” sobre la desaparecida forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en su sexto informe de actividades presentado este domingo ante funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto
En un evento realizado también frente a los padres de los jóvenes desaparecidos, el relator de México de la Comisión de Derechos Humanos, James Cavallaro, así como organizaciones sociales, los cinco expertos rechazaron que la versión oficial de que los 43 estudiantes fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula y sus restos tirados en el río San Juan.
Con base a un peritaje de un experto peruano José Toledo, quien acudió al basurero de Cocula, el abogado chileno Francisco Cox descartó “científicamente” no sólo que los 43 jóvenes hayan sido quemados en ese lugar, ni siquiera un solo cuerpo pudo ser calcinado.
“Con base a la evidencia podemos decir que no hubo incendio ni siquiera para incinerar a una persona”, detalló en conferencia de prensa posterior el abogado chileno.
De acuerdo a un estudio científico realizado por Toledo, dijo, “la carga necesaria para incinerar a una persona requiere de 700 kilos de kilos de maderera”, material que no se encontraba en el sitio de la presunta pira.
Apuntó que la versión de la PGR es sólo sostenida por los perpetradores que refieren haber calcinado a 43, en tanto que ni de manera científica “ni por medio de testimonios hay pruebas de que ahí se realizó un incendio ese día, lo que se constata al examinar el basurero que ha habido otros incendios pero de menor significación como para calcinar a una persona”.
Sobre los restos presentados por las autoridades, uno de ellos correspondiente a Alexander Mora, Francisco Cox puntualizó que las características del hueso “corresponden a las que se alcanzan los restos por incineración”, es decir en un horno crematorio.
Después de seis meses de indagatorias, en el expediente judicial, en información desclasificada del Ejército, así como a partir de entrevistas con estudiantes sobrevivientes e implicados procesados, los expertos sostuvieron que no hay claridad en cuál fue el móvil de la desaparición ni tienen certeza de dónde pueden estar.
Carlos Beristáin resaltó que por las evidencias obtenidas, se trató de un operativo con un incremento paulatino del nivel de violencia contra los jóvenes, hechos que fueron atestiguados por integrantes de diversas corporaciones policiacas y miembros de 27 Batallón de Infantería de Iguala, sin que actuaran para protegerlos.
Al detallar que los hechos dejaron 180 víctimas directas, 6 ejecuciones, 40 heridos, 43 desaparecidos y 700 víctimas indirectas, Beristain detalló que en los nueve escenarios en los que ocurrieron los hechos, estuvieron presentes miembros del 27 Batallón, de la Policía Federal, Policía Ministerial, Policía Estatal y agentes municipales de Iguala y Cocula.
El médico español resaltó que por peritajes externos, ubicaron que de los 110 detenidos, al menos 80 tenían huellas de lesiones, “pero compete a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a los jueces determinar si fueron producto de tortura”.
Ángela Buitrago confirmó que “desde que los jóvenes salieron de Chilpancingo”, autoridades estatales y federales así como el Ejército, dieron seguimiento a la movilización de los estudiantes, el boteo y la toma de autobuses, y de que dirigían a Iguala.
La abogada colombiana, dijo que incluso por órdenes militares es que el C4 dejó de registrar llamadas de auxilio o de comunicación entre las autoridades, durante el tiempo en que ocurrieron los ataques a los estudiantes y que la última notificación se refiere a la balacera al camión en el que viajaban integrantes del equipo de futbol Avispones.
La abogada Claudia Paz y Paz habló de la existencia de un personaje de “bigote blanco”, que no ha sido plenamente identificado por las autoridades, quien habría dado instrucciones la en el operativo del 26 y 27 de septiembre del año pasado.
Paz y Paz narró que uno de los choferes de los autobuses en los que viajaban los estudiantes, fue detenido por policías estatales, llevado a una “casa de seguridad en el centro de Iguala”, y dio indicaciones para que el operador del autobús fuera liberado y fue luego de ser trasladado a instalaciones de la Policía Estatal.
La abogada también dio indicios sobre la existencia de un autobús, Estrella Roja, que fue “desaparecido” en las indagatorias y que había sido mencionado inicialmente por los estudiantes como uno de los cinco vehículos que tomaron el 26 de septiembre.
La guatemalteca contó que el grupo de expertos GIEI consideró sospechoso que al inicio de la averiguación se mencionara el vehículo y que en las últimas actuaciones no se hablara más de él, aún cuando en un video de la central camionera de Iguala, se observa que fue abordado por los jóvenes.
Los jóvenes, expuso, contaron al GIEI que fueron bajados del vehículo y atacados por policías ministeriales y ministeriales a balazos, y que diez jóvenes fueron refugiados por una familia en tanto que otros cuatro huyeron al cerro.
Al pedir la declaración del chofer, agregó, éste negó los hechos, dijo que el camión se descompuso y que los jóvenes abandonaron el vehículo, “sin embargo, después localizamos un escrito, en la indagatoria al parecer narrado por la misma persona, en el que se confirman los dichos de los estudiantes”.
El abogado Alejandro Valencia dijo que de la revisión de la investigación así como de las condiciones nacionales sobre las desapariciones, el GIEI emitió 20 recomendaciones, entre las que destacan la insistencia por continuar con los operativos de búsqueda y fincar responsabilidades a funcionarios que “crearon obstáculos durante la integración de la averiguación previa”.
Valencia reconoció que el mandato del GIEI pudo ser ejercido por la voluntad del gobierno de Peña Nieto, pero admitió que están “en espera de que el Estado confirme los dos meses de prórroga del mandato que dio la CIDH o de lo contrario que informe quiénes se harán cargo del seguimiento de las recomendaciones”.
Al término de la presentación, el documento fue entregado a los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Juan Manuel Gómez Robledo, así como al subprocurador de Derechos Humanos Eber Betazos; a los padres de familia de los desaparecidos, así como al representante de la CIDH, James Cavallaro.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
MÉXICO, D.F: En un video enviado desde la cárcel de Hermosillo, Sonora, José Manuel Mireles manifestó su preocupación por los recientes asesinatos de autodefensas de varias regiones de Michoacán a manos del “crimen autorizado”.
Tras 14 meses de estar preso en el penal de alta seguridad de Sonora, acusado de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y posesión de drogas, el exlíder de las autodefensas se declaró “preso político” por defender a su pueblo y acusó a las autoridades judiciales de jugar con su caso al alargar el tiempo del juicio.
En un mensaje fechado este viernes 4, Mireles externó su tristeza por la detención del autodefensa Cemeí Verdía y los asesinatos de otros líderes de este movimiento de autodefensas en varios pueblos de Yurécuaro, Churumuco, Nueva Italia y Huetamo.
“Veo con tristeza que los pueblos son acribillados por el crimen organizado que yo llamo crimen autorizado”, acusó el médico de Tepalcatepec, quien dijo que es una desgracia que haya pueblos sin que nadie los defienda, a pesar de que policías y miliares “andan de paseo” en esas zonas y, detrás de ellos, los criminales secuestrando y asesinando a la gente.
Mireles destacó la importancia de fortalecer la “sociedad civil” y limpiarla de la presencia del crimen organizado. Además, criticó a los partidos políticos por su nula representatividad social.
En su mensaje grabado, el exlíder de las autodefensas de Michoacán precisó que lo único que han buscado desde su aparición en 2013 es vivir con dignidad y no estar pagando 40 mil pesos al mes para poder trabajar tranquilamente.
Luego indicó que “desgraciadamente son pocos los que protestamos, muchos los que quisieran defenderse”. Advirtió que la situación en Michoacán está peor de cuando fue preso.
“Estoy injustamente preso”, insistió Mireles al pedir que haya paz en Michoacán.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
MONTERREY, N.L: El Congreso Nacional Ciudadano (CNC) emprendió la recolección de firmas a nivel nacional para presentar una denuncia colectiva contra el presidente de México, Enrique Peña Nieto, e integrantes de su gabinete por enriquecimiento ilícito.
Gilberto Lozano, coordinador de la agrupación con presencia en todo el país, señaló que la convocatoria inició el pasado 29 de agosto y continuará todos los domingos de septiembre.
En la demanda se incluyó, además del ejecutivo federal, a los secretarios Virgilio Andrade, de la Función Pública; Miguel Osorio, de Gobernación; Gerardo Ruiz, de Comunicaciones y Transportes; Luis Videgaray, de Hacienda y Crédito Público; y hasta la esposa del mandatario, Angélica Rivera.
Los ciudadanos y el CNC buscan que todos sean procesados por actos de corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, abuso de la función pública y hasta lavado de dinero porque “no nos suman los ingresos del mandatario para tener los bienes que exhibe”.
La solicitud implica que sea efectuada una investigación imparcial, no una simulación, como la que presentó el secretario de la Función Pública, dijo.
“Esto nace de la exoneración que hizo Virgilio Andrade del presidente y la compra de la Casa Blanca. Consideramos que hay hechos suficientes para que el asunto sea investigado a fondo no por una secretaría de la Función Pública, sino por una procuraduría o llegar hasta la Suprema Corte de Justicia”, agregó.
La colecta de firmas inició el pasado fin de semana a nivel nacional. En el arranque de la iniciativa se recabaron unas 23 mil, comentó el activista regiomontano.
También se abrieron módulos en Estados Unidos, en las ciudades de Tucson, Washington y Nueva York, donde los paisanos han expresado su respaldo firmando el listado.
En Nuevo León el ejercicio empezó el pasado sábado 29 de agosto, pero se decidió continuar la campaña todos los domingos de septiembre y hasta la primera de octubre.
De acuerdo con lo planeado, simpatizantes del movimiento colocarán un módulo en el área de la Macroplaza de esta ciudad para solicitar a los ciudadanos respaldar con su rúbrica la demanda que entregarán en octubre en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México.
También habrá mesas receptoras en la Plaza Fátima, de San Pedro, Parroquia Corpus Christi, en el sector Contry, y en la lateral de la carretera nacional, a la altura de la tienda Costco, así como en la plaza principal del municipio Benito Juárez.
En mayo pasado, el CNC recolectó más de 20 mil firmas para denunciar en la Procuraduría de Justicia de Nuevo León al gobernador de la entidad, Rodrigo Medina de la Cruz, y a su padre Humberto Medina Ainslie por enriquecimiento ilícito.
El 4 de junio, el procurador Javier Flores desechó la querella al señalar que no había delito que perseguir. Entonces, Lozano y sus asesores jurídicos recurrieron a un amparo que, dijo, será resuelto el 23 de septiembre próximo.
De esta manera, estimó, le corresponderá al gobierno entrante de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, investigar a los Medina por la instancia del fuero común.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
Juan Carlos Zaragoza Ríos, quien participa en una red que acosa a periodistas, medios y políticos por encargo, fue despedido hoy de Televisa aunque estaba bajo suspensión, informaron fuentes oficiales de la televisora a SinEmbargo.
Zaragoza Ríos encabezó el equipo técnico que bajo las órdenes del ex Delegado de Cuajimalpa Adrián Ruvalcaba lanzó campañas de desprestigio e intimidación contra SinEmbargo, Aristegui Noticias, Cuna de Grillos, distintos medios del interior del país y periodistas como Francisco Zea, de Cadena 3. Otros miembros identificados plenamente en el grupo criminal son Alejandro Emiliano Zapata, asesor de Ruvalcaba, y Danna Vázquez, una representante de artistas a la que se relaciona además con los tuits de apoyo al Partido Verde durante la pasada elección.
La unidad científica de la Policía Federal (PF), por orden de un Juez, realizó escuchas a Zaragoza Ríos, quien también se hace llama “El Lobo de Wall Street”, o “James Boss”, su madre, Lina Ríos, una supuesta empleada federal, aparece en distintas grabaciones porque a ella va contando varias de las operaciones que Zaragoza encabezó.
Aunque la televisora ya despidió a su empleado (quien se ostentaba con cargos que no tenía), la Procuraduría General de la República (PGR), o la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), no han informado cuándo procederán contra los otros involucrados en la red desenmascarada por la PF.
40 MIL FIRMAS IR CONTRA ACOSADORES
La petición lanzada por la organización internacional Artículo 19 que exige a la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, y al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Nájera Herrera, que consignen a una red de acoso a varios medios de comunicación llegó este día a más de 40 mil firmas en la plataforma Change.org.
La petición fue lanzada apenas el 25 de agosto pasado.
Juan Carlos Zaragoza Ríos, ahora ex empleado de Televisa, fue grabado por la PF cuando ordenaba un video para inventarle, a un político veracruzano que dejó el PRI, que había engañado y violado a un menor de edad. Otros muchos casos similares quedaron documentados por durante el periodo de escuchas autorizado por un juez federal.
La red de acoso recurre a la difamación desde el anonimato. Un audio capturado por la Unidad Científica de la Policía Federal descubrió que además de políticos, periodistas han sido acosados con campañas en redes sociales. Además de SinEmbargo, el periodista Francisco Zea de Cadena 3 fue víctima de una campaña de acoso por cuando denunció un caso de presunto abuso que involucra a un hermano del ex Delegado de Cuajimalpa Adrián Rubalcava.
Se desconoce si las autoridades investigan la red de financiamiento de la cadena de acoso. Rubalcava ha sido relacionado a una organización criminal que se dedica al secuestro y la extorsión, denominada “Los Claudios”.
Artículo 19 exige que ahora se integre el expediente con responsabilidad, y se consigne al menos a los principales cuatro involucrados en este caso de ataques a la prensa:
1. Adrián Rubalcava Suárez, un político vinculado, con anterioridad, a un grupo criminal conocido como “Los Claudios”, dedicado al secuestro y la extorsión, de acuerdo con las autoridades capitalinas.
2. Juan Carlos Zaragoza Ríos, un ex empleado de Televisa que trabaja no sólo para Rubalcava sino para otros políticos, como el ex Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.
3. Alejandro Emiliano Zapata Sánchez, ex director de Comunicación Social de Cuajimalpa y operador de Rubalcava.
4. Danna Vázquez, una representante de artistas vinculada al uso de cuentas de sus clientes para favorecer al Partido Verde.
Artículo 19 reclama en la petición: “La Unidad Científica de la PF, con apoyo de un juez federal, ha recabado suficientes elementos de prueba, incluyendo más de 30 intervenciones telefónicas que relacionan directamente a Rubalcava con Zaragoza. También se ha demostrado que el (entonces) empleado de Televisa recibe instrucciones y dinero del funcionario priista desde hace años para coordinar campañas de difamación, desprestigio y extorsiones en contra de medios, periodistas y miembros de otros partidos políticos. Las intervenciones telefónicas, entregadas por la PF a SinEmbargo, muestran el posible uso de recursos públicos para financiar los ataques contra medios y periodistas”.
La organización internacional agrega que a pesar de la urgencia y la gravedad de los hechos, “la FEADLE –encargada de investigar los delitos cometidos contra periodistas–, a cargo de Ricardo Nájera Herrera, ha mostrado ser incompetente y omisa en beneficio del ex delegado de Cuajimalpa. De acuerdo con las grabaciones, Jeannette Aguirre, la primera agente del Ministerio Público a cargo del caso, supuestamente recibió dinero de los agresores. El actual MP ‘está de vacaciones’, postergando la resolución que podría ayudar a sentenciar al próximo legislador capitalino”.
SinEmbargo dijo recientemente, en su columna de casa, que si el trabajo de la Unidad Científica de la PF, que tuvo ayuda de un Juez federal comprometido, está allí, “ahora falta que Ricardo Nájera Herrera haga su trabajo”.
“Después de meses y meses de cooperación con la Fiscalía, el expediente del caso SinEmbargo está lleno, literalmente, de basura. La agente del Ministerio Público hizo declarar una y otra vez al menos a dos decenas de empleados de esta casa editorial; les mandó citatorios y, básicamente, les quitó tiempo. El expediente que armó Jeanette Emelia Aguirre Ramírez era un conjunto de papeles inservibles que conducían, en resumen, a exculpar a Rubalcava, a Zaragoza Ríos, a Zapata Sánchez y a Vázquez”, manifestó en este medio digital.
“Jeanette Emelia Aguirre Ramírez, quien lleva otros casos de periodistas como el de Moisés Sánchez –asesinado en Veracruz–, es mencionada por Zaragoza Ríos en una escucha. Él le presume a su madre que le pagó a la Ministerio Público para que se burlara de los periodistas. Desconocemos qué tanto hay de verdad en eso, pero al ver el expediente podemos decir que, en efecto, a simple vista, la agente parece haber hecho el trabajo que los acosadores de periodistas querían: que todo quedara en nada. Han pasado meses y meses desde que SinEmbargo interpuso su denuncia, el 20 de octubre de 2014. Meses en los que no pasó NADA, hasta que la Policía Federal, con ayuda de un juez sensible, hizo su trabajo”, señaló.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-09-2015/1475509.
La transformación que traerían las reformas estructurales en México, sobre todo la Energética, llevaron al Presidente mexicano Enrique Peña Nieto a los cuernos de la luna en la prensa extranjera. No sólo El País, Time o The Economist publicaron artículos en los que se describía a un político joven, líder y reformador –y una administración salvadora–. También lo hicieron Financial Times o The Wall Street Journal. “Mexican Moment”, lo bautizaron.
Pero antes de llegar a su segundo año de Gobierno, el desplome del mandatario en las encuestas corrió en paralelo con su desplazamiento de las portadas. Y luego su regreso, pero ahora ya no como una promesa sino como el hombre al frente de un país donde las fuerzas del Estado pueden ejecutar (Tlatlaya) o desaparecer (Ayotzinapa); el líder de una administración ligada, de la cabeza a los pies, en escándalos de posible corrupción: la “casa blanca”, Grupo Higa, OHL…
Esta semana, tras la transmisión del Tercer Informe de Gobierno, publicaciones y agencias internacionales reseñaron el discurso presidencial de manera muy distinta a como solía hacerlo apenas dos años atrás. Destacaron el declive del mandatario en las encuestas, que vino después que estallaran casos relacionados con corrupción e impunidad, sumado a la inseguridad. Y como cereza del pastel, la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, un individuo bien conocido en la esfera global.
El miércoles, The Huffington Post publicó en su titular: “El impopular Presidente de México se defiende a sí mismo en mensaje nacional” (Mexico’s Unpopular President Defends Himself In National Speech). La agencia AFP informó: “Con su popularidad hundiéndose, el Presidente de México utilizó su discurso anual de este miércoles para reconocer la ira nacional sobre la violencia y los escándalos que han sacudido el país”.
Reuters destacó: “El índice de aprobación del Presidente de México se hundió a un nuevo mínimo en una encuesta dada a conocer el martes, ya que el asediado líder se enfrenta a una difícil situación económica y una letanía de seguridad y escándalos de conflicto de interés que han socavado su apoyo. La aprobación del Presidente se sitúa en un mínimo del 35 por ciento, por debajo del 40 por ciento en mayo y el 56 por ciento a principios de 2013, poco después de que asumió el cargo, según la encuesta realizada por la firma encuestadora Buendía y Laredo”. Algo similar dijo la nota de la poderosa Associated Press.
Esta reedición del Presidente –al que Time se atrevió a llamar “salvador”– no sólo se replica en los impresos y las páginas web de la prensa tradicional; también es la versión que difunden medios ligados a gobiernos, como Al Jazeera, Telesur o Xinhua.
EL DECLIVE
El doctor Ricardo Espinoza Toledo, investigador del Departamento de Sociología, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Unidad Iztapalapa, aseguró que el Presidente Peña Nieto retrató un país que va en una buena dirección y que registra avances significativos con el fin de mantener una buena imagen a nivel exterior; sin embargo, “los datos oficiales contradicen el discurso”, consideró.
“El propósito del Presidente fue dar una imagen positiva de lo que se está haciendo. Dijo que ha cumplido con los compromisos que fue asumiendo. Pero yo observo un discurso muy autoelogioso. Y veo que hubo elogio porque la percepción y los datos oficiales contradicen en esencia el discurso presidencial. Este país no tiene menos pobres, tiene más pobres, esas es la realidad”, comentó el experto.
La intención del Gobierno mexicano de tratar de tener una buena imagen en el extranjero, comentó Armando Francisco Azúa García, internacionalista e historiador y catedrático de la Universidad Iberoamericana, es de atraer la inversión de capitales y en las bolsas del mundo.
“Si hay problemas de gobernabilidad o de inseguridad impacta en las inversiones y el mercado, por eso es importante”, dijo Azúa García, quien consideró que existe una caída, sobre todo en el último año, en la imagen del Presidente Peña Nieto.
El académico agregó que a pesar de dicho declive, México aún sigue pasando desapercibido en algunas partes del mundo porque hay otros temas como crisis económicas, devaluaciones y migración, pero donde ha cobrado mayor repercusión es en los Estados Unidos.
Respecto a si el Gobierno mexicano ha tomado en cuenta lo que se publica en otros países, Armando Francisco Azúa García opinó: “sí hay un interés y preocupación por lo que se dice en el exterior, pero hay poca capacidad de maniobra. No puede, como se hizo en otras administraciones y en otros contextos, responder tal y como la prensa esperaría que respondiera porque hay una situación económica muy delicada. Considero que hay poco margen de reacción. Creo que hay una prensa internacional que sabe lo que pasa en México pero la respuesta no ha sido la apropiada para generar una mejor imagen del país, y creo que hay un déficit del gobierno al no responder de la mejor manera”.
Enrique Peña Nieto entra a la segunda mitad de su mandato. Durante este año, donde existen reformas aprobadas y miles de pasos recorridos, no ha logrado volver a los elogiosos titulares.
FUGA DEL CHAPO
En junio ocurrió el segundo escape del “señor de las drogas”, el cual despertó sospechas. El País, aquel que diario que en 2013 había colocado a Peña como un personaje influyente, publicó: “Sólo en México. Sólo en México puede ocurrir que a un mismo Presidente [Felipe Calderón Hinojosa] se le maten dos secretarios de Gobernación (Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake) en sendos accidentes aéreos o que el enemigo público número uno, el narcotraficante más buscado de todo el país y de Estados Unidos, se escape dos veces de cárceles de máxima seguridad. La fuga de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo Guzmán, es un durísimo golpe para la imagen del Presidente Enrique Peña Nieto, actualmente de viaje oficial en Francia, cuya popularidad ya estaba a la baja tras la tragedia de Iguala, el escándalo de la mansión de su esposa y el estancamiento de las reformas aprobadas”.
The New York Times destacó la nota como “El señor de las drogas Joaquín “El Chapo” Guzmán escapa”. En la nota refirió que la fuga de Joaquín Guzmán “ha creado un bochorno para el gobierno [de Peña Nieto], que había proclamado su captura como una victoria crucial en la larga y sangrienta guerra contra el narcotráfico”.
PROPIEDAD DE VALLE DE BRAVO
A finales de mayo, la agencia internacional Reuters informó que Enrique Peña Nieto compró “en 1988 de manos de un tercero” un terreno en Valle de Bravo que, dijo el medio, antes había reportado como una donación. En respuesta a esta información, Presidencia explicó que la propiedad de 11 millones 200 mil pesos fue adquirida por el padre del Presidente hace 27 años y “determinó ponerla a nombre de su hijo, Enrique Peña Nieto, de entonces 22 años de edad”.
Tras la publicación, el Presidente tuvo que actualizar su declaración donde se reportó una propiedad de mil metros cuadrados, con el mismo valor y la cual fue una donación del padre del Jefe del Ejecutivo federal.
CASO ARISTEGUI
Reuters, Al Jazeera, AP, The Financial Times, Forbes, Los Ángeles Times, El País y El Mundo, entre muchos más criticaron el despido de la periodista Carmen Aristegui de su espacio radiofónico en MVS Radio, luego que fuera ella y su equipo quienes dieran a conocer la mansión de la primera dama de México, Angélica Rivera.
ELECCIONES 2015
Diversos medios internacionales como Foreign Policy, The Guardian, The New York Times, el Miami Herald, la BBC, el Wall Street Journal, The Economist, Al Jazeera y Bloomberg, así como las agencias Dpa, EFE, AP y Reuters informaron que la corrupción generalizada de la clase política, así como en la violencia mortal, fueron dos factores en las elecciones intermedias de este año. Una parte de la prensa, destacó la participación de los candidatos independientes, que se convirtieron en una “opción” ante una crisis de credibilidad y hartazgo de la ciudadanía.
SUBE Y BAJA
En mayo, Business Insider, medio norteamericano de negocios y tecnología publicó una nota titulada “Nieto… is a Donkey” (Nieto… es un Burro). El artículo hizo un recuento de algunos problemas que enfrenta Peña como la baja aprobación y la inseguridad en el país. La cita era del vocero de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quien se expresó de esa manera al protestar por la indiferencia del Presidente. Tras la reacción de los lectores, el diario bajo el artículo.
“EL CÁRTEL CRECIENTE”
En mayo, el ascenso del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), los 39 bloqueos, las muertes y el derribo de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) puso al estado de Jalisco en los ojos del mundo.
Financial Times informó que el Gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta a un nuevo enemigo llamado Cártel de Jalisco Nueva Generación, que ha tomado fuerza a la par que grandes capos de la mafia han sido arrestados durante los últimos tres años. Además, argumentó el medio, la tasa de homicidios se elevó sumado a que la estrategia para combatir al crimen es “frágil”.
The Economist sugirió que el enfoque del gobierno de Peña Nieto en materia de seguridad, el cual tiene como prioridad eliminar a los “objetivos de alto valor”, sólo está funcionando en algunas partes del país.
VIDEGARAY, HIGA, OHL Y MÁS
The Wall Street Journal se encargó de publicar que el Secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso podría haber estado implicado en un conflicto de interés tras haber adquirido una propiedad con Grupo Higa; sin embargo, el funcionario aseguró que no hubo nada irregular en la transacción. Hace apenas una semana, Bloomberg dio a conocer que el cheque con el que se liquidó la casa de descanso de Malinalco, y que fue expedido cuando ya era funcionario federal, fue cobrado casi un año después de que fue emitido y justo días antes de que el escándalo irrumpió.
Otro escándalo dado a conocer por medios españoles, como El Diario.es fue el de OHL México, donde funcionarios de esa empresa y del gobierno federal y Estado de México habrían sostenido acuerdo para a cambio de contratos, de acuerdo con audios difundidos en Internet.
NO ENTIENDE QUE NO ENTIENDE
En enero, el semanario británico The Economist publicó un artículo titulado “The Mexican morass” (El pantano Mexicano) señaló que ni Enrique Peña Nieto ni Luis Videgaray calibraron los problemas por supuestos conflictos de interés y corrupción por su relación comercial con los empresarios de Grupo Higa.
“El Presidente que no entiende que él no entiende“, publicó The Economist.
Ese mismo mes también dedicó otro artículo donde decía que “México merece algo mejor” y agregó: “El gobierno está manchado por el escándalo”
LOS PRIMEROS AÑOS
Durante los primeros 21 meses de su administración, Peña Nieto se dedicó sólo a atender a medios extranjeros. “Por el momento, el Presidente de la República sólo atenderá a medios del extranjero y una vez concluido el periodo legislativo, elegirá a los periodistas nacionales para explicar los beneficios de las reformas”, dijo en muchas ocasiones un funcionario del área de Comunicación Social de Los Pinos a reporteros de medios nacionales que intentaron solicitar una entrevista con el mandatario.
Sin embargo, para el mes de mayo de 2014 los diarios se veían menos optimistas con los resultados. Algunos de ellos que habían respaldado el proyecto económico de Enrique Peña Nieto durante su primer año de mandato, comenzaban a criticarlo. El semanario inglés The Economist publicó a finales de mayo: “En lo que va del año, el gobierno de México se ha parecido a uno de los muchos devotos de San Judas, santo patrón de las causas perdidas del país. Se ha mantenido obstinadamente en un 3.9 por ciento como previsión de crecimiento para 2014, a pesar de que su principal mercado de exportación, los Estados Unidos, ha ido lento, y a los dos pilares de su economía –comprar y construir– les ha ido aún peor”.
La crítica del semanario surgía después de que a finales de ese mes, en una de las varias reducciones a la proyecciones de crecimiento económico que ha hecho durante este año, gobierno mexicano ajustó de 3.9 a 2.7 por ciento.
Por su parte, el también británico The Financial Times detalló que aún con el aumento de 46 por ciento en el gasto público, especialmente en infraestructura, no ha sido suficiente para cambiar el rumbo de la economía de México que cayó en picada abruptamente el año pasado, lo que llevó al país a su peor tasa de crecimiento anual.
Incluso el diario ibérico El País, se pronunció en ese sentido, y dijo que los “vaivenes” de la economía en México y los recortes en los estimados de crecimiento llevaron a los empresarios aztecas a multiplicar sus inversiones en España, principalmente en sectores como el financiero, industrial, de transportes y alimentos.
Pese a ello, los medios de diferentes partes del mundo continuaron durante los siguientes meses de este año dando cuenta del proceso que el mismo Peña Nieto bautizó como “ciclo reformador”. Luego de la aprobación de la Reforma Energética, el pasado 6 de agosto, el jefe del Ejecutivo Federal comenzó a hablar, e incluso escribir, sobre los beneficios que ésta traería en el país.
En el mes de agosto, le prensa extranjera le abrió sus páginas a Peña Nieto, donde el mandatario aprovechó para defender sus reformas estructurales.
“Todas estas reformas van a crear más puestos de trabajo y aumentar el poder adquisitivo de nuestro pueblo, fortalecer el mercado interno y aumentar el crecimiento económico. Ellos van a generar más confianza en la estabilidad de nuestro país y consolidar su posición entre los mercados más atractivos del mundo para la inversión extranjera”, aseguró en un texto publicado en el Financial Times el pasado 20 de agosto.
Días después, el 24 de agosto, en El País, en la editorial titulada “Un Nuevo México”, Peña Nieto aseguró que las “reformas tienen tres grandes objetivos: elevar la productividad de México para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico; fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos; y afianzar nuestro régimen democrático y de libertades”. Sin embargo, reconoció que “el camino no será fácil, ni los resultados llegarán de inmediato”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-09-2015/1473615.
Vía satélite fue geolocalizada la señal de su línea. Abogados expresaron preocupación tras revisar expediente pues faltan pruebas que soporten los dichos de los detenidos. Juez de amparo autoriza a procurador y fiscal a informar del caso.
Abraham Torres Tranquilino, el expolicía capitalino detenido y consignado por presuntamente haber participado en el multihomicidio de la colonia Narvarte, fue detenido gracias a su teléfono celular rastreado satelitalmente. El exagente seguía con la misma línea un mes después de ocurrido el crimen.
Fue con ese teléfono con el que Torres Tranquilino se puso de acuerdo con Daniel Pacheco Gutiérrez, ya detenido y consignado, y otro hombre para acudir al departamento donde fueron asesinados Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Mile Martin y Rubén Espinosa.
De acuerdo con la descripción de hechos asentada en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07, y que ayer fue revisada por los abogados y representantes de las víctimas, el número de Torres fue descubierto en el celular de Pacheco.
En su agenda telefónica, Pacheco tenía registrado un contacto de nombre “Abraham” el cual fue revisado por la Policía de Investigación. La Fiscalía de homicidios no tenía los apellidos ni otros datos del sospechoso, por lo que solicitó a un juez una orden para proceder con el rastreo y geolocalización del número.
Cabe recordar que el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite a las procuradurías solicitar la localización en tiempo real (geolocalización) de una línea involucrada en una averiguación previa. Los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones obligan a las empresas telefónicas a colaborar con las autoridades
Así, el pasado 20 de agosto, casi un mes después de cometido el crimen, los agentes cerraron el perímetro en torno al expolicía, quien fue asegurado cerca del Reclusorio Preventivo Oriente a donde acudía a firmar su hoja de control, requisito contemplado en su libertad condicional obtenida dos años tras ser condenado por abuso de autoridad. Llevaba, como ocurrió el día del crimen, su teléfono celular.
“Dicho sujeto fue asegurado en las inmediaciones de la delegación Iztapalapa, en cumplimiento a una orden de detención por caso urgente, girada por el agente del Ministerio Público” es lo que refirió el procurador Rodolfo Ríos el día de la captura.
En la declaración que Torres rindió ante el juzgado tras ser consignado, dijo que con su teléfono celular se puso en contacto con el detenido Daniel Pacheco y otro sujeto de nombre “Omar” que no ha sido localizado.
Según la declaración de Torres, que ya fue revisada también por los abogados defensores, la razón por la que se pusieron de acuerdo para acudir al departamento en Iztapalapa era robar un paquete de cocaína que tenía en su poder Mile Virginia Martin , una de las víctimas de nacionalidad colombiana.
Esta versión es diametralmente opuesta a la que dio en su momento Daniel Pacheco, quien no reconoció que se haya cometido algún delito en el departamento de Narvarte ni que ahí se vendiera droga. Dijo que fue invitado por Abraham y que pagó por un encuentro sexual el día de los hechos.
Muchos dichos, pocas pruebas
De acuerdo con los abogados de las víctimas, quienes ayer pudieron revisar nuevas partes de la averiguación previa, el material probatorio aun es “débil” para confirmar alguna línea de investigación, o para dar por válida algunas de las dos versiones de las personas detenidas.
En el caso del supuesto encuentro sexual narrado por Pacheco, los abogados Karla Michel Salas y Leopoldo Maldonado, representantes de Nadia Vera y Rubén Espinosa, señalaron que las pruebas forenses no arrojan que haya existido algún encuentro sexual como el que describe la persona detenida.
Respecto a la línea del robo, aunque en el departamento falta una alcancía en donde había seis mil pesos, no fueron sustraídos la mayoría de los teléfonos ni otros aparatos o computadoras.
“Con respecto a las drogas no hay pruebas tampoco de que en el departamento se almacenen granes cantidades de droga como se infiere de la declaración del ex policía. Y bueno tampoco ha sido localizado hasta el día de hoy la maleta ni la supuesta droga que contenía” dijo Salas en entrevista.
Cabe recordar además que las cinco personas fueron asesinadas con disparos de una sola pistola calibre 9 milímetros que no se ha conseguido identificar. La confronta balística de los casquillos no arrojó algún dato útil para identificar el arma. Tampoco se sabe a ciencia cierta quien disparó la pistola.
“La declaración de este sujeto (Torres Tranquilino) debe tomarse con mucha cautela y cuidado, las inconsistencias de la Procuraduría (capitalina) permanecen (…) Hay cosas en el expediente que realmente nos preocupan” dijo la abogada.
Sobre lo asentado en la declaración de Torres respecto a que el sujeto que sigue prófugo presuntamente pertenece a Los Zetas, los abogados indicaron que por ahora solo es un dicho del ex policía.
Ayer, la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) Perla Gómez Gallardo, pidió “ser muy cautelosos” en cuanto a las declaraciones del expolicía, y subrayó que debe agotarse todas las líneas de investigación.
Juez acota blindaje
El amparo que habían obtenido los familiares de Rubén Espinosa para frenar las filtraciones y difusión de datos que pudieran perjudicar las investigaciones del caso, fue acotado ayer por el juez federal que lo había concedido.
En la denominada “audiencia incidental” para definir si se concede la suspensión definitiva, el juez levantó la restricción al procurador, a los subprocuradores, al fiscal de homicidios y a la Dirección General de Comunicación Social para que puedan difundir avances de la investigación.
En cambio, se mantuvo la prohibición para que los agentes ministeriales o policías involucrados filtren datos.
Ayer el abogado Leopoldo Maldonado insistió en que el amparo que les concedieron inicialmente no impedía informar del caso sino que buscaba limitar las filtraciones que se han presentado casi desde que ocurrió el crimen. Agregó que se analizará si se interpone algún recurso luego de que el juez decidió acotar los alcances de la suspensión.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
MÉXICO, D.F: Agentes de la Fiscalía General de Jalisco encontraron en un rancho de Zapopan restos óseos y dentales en el interior de cinco tinacos que contenían residuos de ácido clorhídrico.
Eduardo Almaguer, titular de la dependencia, confirmó lo anterior y dijo que todavía no se tiene la certeza del número de víctimas que fueron presumiblemente ‘cocinadas’ en ácido.
Según el funcionario, en el rancho también se encontraron armas y cartuchos, así como prendas de vestir, bidones de gasolina, palas, guantes y restos de sangre, lo que los lleva a suponer que la finca pertenecía al crimen organizado y la utilizaban para disolver cuerpos humanos de sus enemigos.
Almaguer explicó que los agentes de la fiscalía llegaron al lugar como parte de una investigación para localizar a una banda dedicada al robo de autos.
Zapopan se encuentra dentro de la zona de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El rancho fue incautado por la FGE.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El presidente Enrique Peña Nieto presentó este viernes a sus colaboradores el nuevo decálogo de acciones que anunció durante el mensaje que dio con motivo del Tercer Informe de Gobierno.
En un comunicado en el que dio cuenta de la reunión del mandatario con el gabinete legal y ampliado, la Presidencia de la República destacó los objetivos de las 10 medidas en las que enfocará la segunda mitad de su administración, supuestamente para fortalecer el estado de derecho, la economía, los derechos humanos y la integridad.
El titular del Ejecutivo habría revisado con sus colaboradores las diferentes acciones comprometidas con el decálogo, además de hacerles un llamado a conducirse conforme a la ley y con integridad.
El pasado miércoles 2, Peña Nieto anunció las medidas, algunas de ellas recicladas de promesas incumplidas, o bien novedades, como la emisión de bonos bursátiles para obtener recursos para la construcción de escuelas o la creación de una secretaría de Cultura.
Los anuncios, comentados en la prensa como decálogo, han sido constantes desde la campaña electoral, y generalmente se han expuesto en medio de crisis que impactan la imagen de Peña Nieto, como ocurrió con el movimiento #yosoy132 o las revelaciones periodísticas de propiedades compradas por él y su círculo cercano, a contratistas gubernamentales.
Según la Presidencia, los diferentes temas del decálogo se habrían abordado durante la encerrona realizada en la residencia oficial de Los Pinos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODÍGUEZ GARCÍA.
Tlapa, Gro. La tragedia del 26 de septiembre del año pasado en Iguala –43 muchachos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, seis civiles ejecutados, entre ellos tres estudiantes– pudo ocurrir porque confluyeron los dos brazos de una pinza que tiene al estado de Guerrero envuelto en una ola delincuencial que ha pactado con caciques, alcaldes, corporaciones policiacas corruptas y militares.
Lo sostiene Abel Barrera, quien al frente del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan desde hace 21 años documenta y litiga miles de casos de desaparición forzada, ejecuciones, violaciones, tortura, despojos agrarios, atropellos diversos. Pregunta: “¿De qué otra manera se puede explicar que se arremetiera con tanta violencia contra estudiantes desarmados y hasta un autobús con deportistas, sin razón aparente? Lo significativo es que es una acción de grandes dimensiones donde actúan en público, juntos, delincuentes y policías, seguros de su impunidad”.
En ese entorno que pesa sobre las diferentes regiones guerrerenses –Montaña, Costa Grande y Costa Chica, Sierra, Tierra Caliente, Zona Norte y ya no se diga Acapulco– los poderes políticos se trenzan con el poder del crimen organizado de tal manera que no se puede distinguir el uno del otro. Ahí, en esas comunidades, no hay mediación alguna entre los pobladores y sus organizaciones y el poder autoritario: “No hay nada que amortigüe el choque entre la violencia y la indefensión ahí donde la única ley que vale es la del sicariato. Es fierro contra fierro”.
Con motivo del próximo aniversario de las desapariciones forzadas de los 43 normalistas –el caso más grave que ha representado Tlachinollan–, Barrera habla en extenso con La Jornada. Explica que un suceso como ese solo pudo suceder por la conjunción de dos procesos paralelos: “Por un lado el brazo represivo del gobierno, con policías que son pistoleros sin control, que extorsionan, que se vinculan con secuestradores. Y por otro lado los grupos del crimen organizado que han adquirido fuerza propia desde el momento que el narcotráfico asienta su plaza en el estado. Esto es lo que detona la tragedia del 26 de septiembre”.
Los de Tlachi, “radicales”,
según el gobernador
El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan –reconocido y respetado a nivel internacional pero tildado por el gobernador Rogelio Ortega como “radical” y ligado con guerrilleros– despliega su trabajo de defensoría en tres frentes caracterizados por su pobreza, aislamiento y conflictividad: la Montaña, desde Tlapa; Costa Chica desde Ayutla y directamente desde la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Ello les ha valido una serie de premios internacionales, entre ellos el de Amnistía Internacional sección Alemania.
Barrera advierte que desde el gobierno federal y estatal “hay un empeño muy claro” de contener el avance de las causas que defienden. “Cada vez que logramos quitar una piedra en el camino nos ponen una roca enfrente, con toda la intención de cerrarnos el paso; de cerrarle el paso a la justicia”.
Antropólogo de formación, nativo de Tlapa, seminarista en su juventud y estudioso de teología, Abel Barrera habla extensamente con La Jornada ante la proximidad del primer aniversario de los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa.
Comenta sobre la forma como abordó el presidente Enrique Peña Nieto la reunión que sostuvo con los familiares en Los Pinos, “desinformado, indiferente”; sobre la investigación con la que el ex procurador Jesús Murillo Karam intentó cerrar la investigación; sobre el papel que jugó esa noche el ejército mexicano: “No estuvieron a margen de esta acción”. Y finalmente, sobre “la luz en la obscuridad” que representa para las madres y padres de los muchachos desaparecidos el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) asignado por la ONU y el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses.
Estaban en la mirilla
–Considerando la historia de Guerrero, desde la guerra sucia, los crímenes nunca resueltos y el deterioro de la seguridad evidente desde hace años ¿Ayotzinapa es un episodio dentro de esta sucesión de hechos?
–No, más bien es un hecho en el que se conjunta el carácter represivo de los gobiernos caciquiles con la ola delincuencias que se ha desbordado en diferentes regiones. No podemos olvidar que la Normal Rural de Ayotzinapa ha sido una piedra en el zapato de los gobiernos caciquiles que son responsables de desapariciones y ejecuciones de activistas, líderes comunitarios y defensores.
La noticia de la noche de Iguala bien hubiera podido pasar desapercibida: algunos jóvenes asesinados por la policía es nota común, local. El problema, el agravio, es que los jóvenes atacados son estudiantes de una institución que ha sido emblema de la educación para los más pobres. Y que desaparecen a 43.
–¿Fueron blanco del ataque por el hecho de ser estudiantes de la Normal “Isidro Burgos”?
–Precisamente. Ahora sabemos que estaban en la mirilla de la policía, que los seguían, sabían dónde estaban, cómo actuaban, a dónde iban. La policía iba con el objetivo de parar a los jóvenes. Y lo hizo de la mano de la delincuencia organizada. Se proyecta claramente la colusión entre autoridades y crimen organizado. Pero ahí llegaron al extremo, a la barbarie.
–¿Qué papel jugó el ejército, que estuvo físicamente en el lugar de los hechos?
–Los soldados intervinieron, como todas las demás autoridades, desde una postura de represión al movimiento estudiantil. Es una posición que los considera de alto riesgo para el status quo. No estuvieron al margen. El hecho mismo que hayan ido a la clínica persiguiendo estudiantes, que los hayan sometido, encañonado, despojado de sus celulares, indica que iban a someterlos, contenerlos, aislarlos, amedrentarlos para hacer el trabajo sucio a la policía y a la delincuencia. Su papel fue cerrar el cerco. Hay información muy clara de cómo ellos sabían cómo estaba operando Guerreros Unidos.
La relación de hechos oficial da cuenta que ellos se acercan cuando hay detonaciones de armas de fuego y que en lugar de irse contra los que estaban atacando se fueron contra los estudiantes desarmados que estaban en una clínica.
Hay que mirar con cuidado el hecho de que haya dos grupos de fuerzas especiales del ejército en la Zona Militar. Desde que el ejército aniquiló a la guerrilla en los setentas quedó controlando esa zona, controlando a las policías ministerial, estatal. Y eso sigue igual.
Y bajo ese control se incubó la delincuencia desde los años ochenta, noventa. El narcotráfico no se desarrolló al margen de esas fuerzas federales. Hay intocables.
–¿Esto explica porque no se intenta esclarecer esa liga entre gobiernos municipales, policías federales y crimen organizado?
–El gobierno no quiere trabajar esa línea. Sabemos que en la zona norte hay grupos caciquiles ligados con el narcotráfico que no son investigados, ni siquiera se mencionan. En el expediente oficial la policía ministerial es invisible, cuando se sabe que ahí están los mandos más sanguinarios. Resulta mucho menos costoso, políticamente, focalizar todo en la policía municipal, concluir que todo se origina en unos 20 ó 30 malos policías, medio locos. Se oculta el tejido bien urdido de complicidades entre negocios, intereses políticos, candidaturas, control territorial.
Por eso es tan urgente lo que los padres insisten que se haga: que la investigación se encamine a las redes de complicidad entre autoridades estatales y federales, ejército, poder político y delincuencia. Si no se hace vamos a seguir arrastrando esta cauda de violencia, porque no hay otra forma de llamar a cuentas a quienes han sido los verdugos.
–Está por cumplirse un año de la noche de Iguala. ¿Cuál es la estrategia de lucha a seguir?
–Para las mamás y papás la fecha no significa nada. Mientras no sepan dónde están sus hijos no van a dejar de exigir saber dónde están.
Para ellos un punto central es el informe del Grupo de Expertos del CIDH. Ellos apuestan que con ese informe podrán contar con información contundente, investigaciones científicas, búsquedas en vida, acciones coordinadas y comprometidas con las víctimas. Y los miembros del Grupo de Expertos han sido los acompañantes ideales, los han sabido escuchar. Y tienen capacidad de emplazar al gobierno para que cumpla.
A los padres, al llegar a este primer año, los encontramos más fortalecidos gracias al trabajo meticuloso y responsable de esta instancia.
Esto, y lo que pueda aportar el EAAF –que todavía no sabemos cuándo estará listo– son una luz en la obscuridad.
–¿Qué significó para las familias de los desaparecidos y los caídos aquella reunión con el presidente Peña Nieto en Los Pinos?
–Ellos llegaron pensando que la palabra del presidente tenía algún valor, que hablar con él abría un horizonte para la verdad. No fue así. Solo fue abrir las válvulas para bajar la presión. Lo que encontraron fue a un mandatario desinformado, indiferente.
–¿Cómo evalúan la actuación del ex procurador Murillo Karam?
–Cuando nos presentó horas antes de dar a conocer públicamente su versión oficial, los papás le pidieron que no la diera, que no era una línea bien cimentada, que les iba a lastimar mucho y que no era suficiente. Él nos dijo que no. Ahí vimos que lo que el gobierno necesitaba era salirle al paso a la presión social, a las grandes marchas. Esa su verdad histórica era lo menos costoso políticamente para ellos.
Guerrero en el declive
Abel Barrera y su equipo, entre el que se encuentra Vidulfo Rosales, que lleva la parte jurídica del caso Ayotzinapa, no solo fueron testigos sino víctimas también de varios casos que marcan el declive que sufren varias regiones del estado.
“Hace más de diez años estamos alertando sobre este proceso de descomposición en Tierra Caliente, zona norte, Costa Grande, por el pacto entre autoridades municipales y delincuencia organizada. Con hechos muy concretos: Uno fue en 2009, el asesinato de dos defensores indígenas mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en Tecuanapa.
Pero es la defensa de las dos mujeres mixtecas violadas por militares, Valentina Ortega y e Inés Fernández, lo que nos pone como defensores en el umbral de alto riesgo. Tuvimos que cerrar durante más de un año la oficina en Ayutla y pedir medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para más de 100 compañeros.
Luego ocurrió la desaparición de Eva Alarcón y Marcial Bautista, de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán. Un retén de militares los señaló en un autobús de Acapulco a México y un segundo retén de delincuentes los secuestró. Ellos habían denunciado los comportamientos opacos del Ejército y sus acuerdos con la delincuencia en la Sierra de Petatlán en una reunión con altos mando en Acapulco.
Eran las mismas denuncias que habían hecho antes los campesinos Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel en 1999, que fueron torturados o el Ejército y presos muchos años ilegalmente. Ellos demostraron que el control del bosque contra la tala inmoderada era contener el negocio de la droga. Y que por eso la delincuencia y los caciques les disputaban a las comunidades el control de los bosques. Y en esa red de complicidades ya estaban los militares coludidos.
Así fue como esa ola delincuencial fue envolviendo a las regiones: La Montaña, Costa Grande, Costa Chica, ya no digamos Acapulco que fue la disputa por el control del mercado; zona norte y Morelos, luego por Tierra Caliente la disputa de Michoacán. De este modo la gobernabilidad quedó en manos de la delincuencia. Ellos venden seguridad a cambio de la cuota para la siembra y el trasiego de amapola.
El sueño de justicia se tornó en pesadilla
–Tlachinollan nació hace 21 años y se ha desarrollado en este entorno. ¿Qué significa su presencia?
–Para nosotros el sueño de justicia con que empezamos nuestro trabajo se ha tornado en una pesadilla. Cuando uno empieza en la lucha de los derechos humanos tiene la esperanza de poder abatir la impunidad, pelear porque la ley funcione, hacer visible la injusticia, darle voz a la gente. Ganamos muchas cosas: pudimos darle voz a la gente, ganar casos en la Corte Interamericana, sentar al ejército en el banquillo de los acusados, hemos ganado juicios agrarios. Como se ganó el caso de La Parota. Pero ganarlo significó castigo para su líder (Marco Antonio Suástegui, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras) encarcelado durante un año).
Hay un empeño de las autoridades de hacer más cruento este caminar. Cada vez que logramos quitar una piedra del camino y nos ponen una roca enfrente.
Trabajamos en medio de la inseguridad, las amenazas, las desapariciones. Así vamos sorteando los caminos en estas montañas, sabiendo que el gobierno tiene minado este territorio con policías sanguinarias y sicarios, con un ejército impune.
Nuestra apuesta es la alianza con la sociedad, caminar acuerpados con los pueblos, con la gente. Aquí los defensores de primera línea son los defensores comunitarios, los que defienden el territorio, organizan las asambleas, las mujeres que cohesionan a la gente para hacer realidad la vida comunitaria.
Sabemos que las autoridades esperan cualquier momento para darnos un zarpazo, para tildarnos de delincuentes y sobre todo para mandar señales funestas a sus aliados de la delincuencia. No sabemos si cuando enfrentamos a una autoridad estamos enfrentándonos a una banda del crimen.
Por ejemplo, en la zona son varios los presidentes municipales apoyados por el crimen organizado. Cuando la comunidad denuncia que el alcalde no cumple con una obra o servicio, sería muy básico. ¿Pero si sus guardaespaldas, sus policías, su equipo trabajan para la delincuencia? Ahora tenemos que contenernos, replegarnos a veces, callar cosas, porque es pelear por la sobrevivencia.
Pero esto comparado con lo que la gente está sufriendo en La Montaña, en la sierra, en las costas, es nada. Ellos siguen llorando la pérdida de sus hijos, la desaparición de sus seres queridos, el desplazamiento, que es la otra parte del drama que no se conoce.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Blanche Petrich.
Abre ISSSTE investigación sobre la atención que recibió Lerdo de Tejada previo a su muerte.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) inició una investigación para revisar el cumplimento de protocolos de atención cuando recibió al ex director de la institución, Sebastián Lerdo de Tejada, el día en que falleció.
En un comunicado, informó que la prestación de servicios médicos en el instituto responde a protocolos generales de atención y su seguimiento es de cumplimiento obligado por quienes están involucrados.
Respecto de la atención de Lerdo de Tejada, quien ingresó la noche del pasado 22 de mayo al Hospital Regional “Adolfo López Mateos”, donde murió a consecuencia de un infarto, dejó en claro que está en marcha una investigación.
El Comité de Quejas Médicas, órgano colegiado y de conformación interdisciplinaria, así como la Comisión de Vigilancia y el Órgano Interno de Control, comenzaron una investigación para revisar el cumplimiento de dichos protocolos durante la atención recibida por el ex funcionario el día de su fallecimiento.
El ISSSTE reiteró su respeto irrestricto al personal médico y de apoyo en materia de salud que diariamente contribuye con su vocación y trabajo al servicio de más de 12 millones de derechohabientes.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Se suspendió por varios segundos el masaje cardiaco debido a la avería de una rueda de la camilla y al llegar al hospital pasaron varios minutos para que lo atendieran.
El pasado 22 de mayo por la noche falleció el entonces director del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada, en un hospital de ese mismo instituto donde, de acuerdo con un video en poder del diario El Universal, no recibió la atención médica adecuada que marcan los protocolos para asistir a un paciente que sufre un infarto.
El video con duración de 3 minutos, muestra su ingreso al Hospital Regional Adolfo López Mateos, y cómo de los tres paramédicos que lo recibieron, uno le da masaje en el corazón. Pero por un momento, se observa que la asistencia se interrumpe porque está averiada una de las llantas de la camilla en la que estaba Lerdo de Tejada.
Quien masajeaba el corazón del director, dejó de hacerlo unos 23 segundos, para ayudar a sus compañeros a reparar la rueda. En tanto, una enfermera sólo carga un tanque de oxígeno.
De acuerdo con las normas oficiales, en una urgencia médica el afectado puede ser atendido en una sala de choque. Sin embargo, en este caso no ocurrió así sino que fue trasladado hasta el área de urgencias. Tampoco se observó el uso del carro rojo con desfibrilador y sólo se le reintentó reanimar, en principio, con una mano.
Otro aspecto relevante es que su hora de ingreso no fueron las 10:20 de la noche -como informó el hospital-, sino a las 10:15 pm.
Hasta esta mañana, el hospital no ha emitido una postura sobre el referido video y la presunta negligencia.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
