A un año de lo sucedido en con los 43 estudiantes en Iguala, ya aparecieron al menos 3 libros y un par de documentales que intentan explicar lo sucedido. ¿Qué representan los hechos de aquella noche de finales de septiembre?
Es un episodio que representa una crisis integral de nuestras instituciones; la dificultad de la relación entre sociedad y gobierno, la falta de respuesta adecuada a las inquietudes sociales. Nos reveló las carencias que arrastramos en la reformulación de lo que es el Estado-Nación de cara al nuevo orden global. No solo es un hecho criminal como se ha querido ver, es un ejemplo de la degradación de un partido que se corrompió y permitió que criminales ejercieran tareas de gobernabilidad propias de la policía; es también algo más complejo porque muestra una crisis profunda del país.
¿Se puede abordar lo pasó en Iguala con los estudiantes de una forma despolitizada?
Es cuestión de responsabilidad por parte de las autoridades. Debe haber un área de prevención, el Estado y los gobiernos tienen órganos de inteligencia lo suficientemente formalizados como para impedir la degradación de un gobierno municipal donde el crimen organizado se imbricó en una sinergia absolutamente anómala, como sucedió en Iguala. Esa situación vista desde un punto de vista más abstracto, parecería un simple problema para local, sin embargo lo que observamos es la irresponsabilidad del gobierno estatal y federal, la falta de previsión de los órganos de inteligencia del Estado, la falta de participación directa y real, este deseo de no involucrarse quienes por parte de los órganos de seguridad pública, la policía, las fuerzas armadas. El episodio es más que un simple caso para la criminología.
También dice que los 43 fueron expuestos por sus propios dirigentes
Tenemos la contraparte de dirigentes acostumbrados a enviar a menores de edad o estudiantes en general, que están bajo la tutela del organismo educativo de la Normal Rural de Ayotzinapa a operaciones de confrontación con policías que traen armas de fuego. Es una asimetría de fuerzas que no debe de tolerarse. Los líderes no deben mandar a los muchachos para este tipo de operaciones. No hay responsabilidad absoluta. No estoy de acuerdo con este uso de las personas.
En su momento, diversos medios y especialistas celebraron la investigación de la PGR. Sin embargo, hoy vuelve a cuestionarse el trabajo federal y la supuesta “verdad histórica”.
Sí, porque en México no tenemos una verdadera cultura de la investigación policial ministerial. La mayor parte de los detenidos por presuntos delitos se dan en flagrancia o flagrancia equiparada, quiere decir que los agarran en el momento de cometer o les atribuyen el delito, más del 90% de las detenciones se dan de esta forma. Cuando se tratan casos en el límite como el de Iguala o el de la colonia Narvarte, la autoridad se ve rebasada ante la presión pública. Y dado que ambos tienen una articulación política, prefieren resolverlo como un problema de gestión política en lugar de hacer una verdadera investigación policiaca ministerial. Por eso sus expedientes resultan absolutamente inconsistentes, llenos de contradicciones, de lagunas que desatan más preguntas que respuestas. que resuelven, que dejan inconforme a la opinión pública, a la familia de las víctimas.
Usted incorpora al caso elementos geopolíticos, ¿por qué?
Estamos viendo una defensa de los intereses políticos de Estados Unidos. México que es un país soberano e independiente, debería que tener una clase política y una clase dirigente más consciente de lo que representa la responsabilidad de negociar con ellos. El país ha sido desmantelado en su planta productiva para implantar una economía basada en ensambladoras e industrias extranjeras controladas por el mercado norteamericano. Tenemos que ser muy claros para entender que Estados Unidos, integralmente como nación, nunca ha querido a México. Solamente lo anidaba en los rangos de provisión de recursos naturales en provisión minera y mano de obra barata. Debemos tener una relación más equitativa con Estados Unidos en cuestión de drogas o armas por ejemplo. Recordemos que el consumo de drogas es también, un modo de control social. El narcotráfico lava el dinero en los folios de poder bancario-financiero de Estados Unidos y de otras partes. Por eso no comparto la visión de una lucha de policías contra ladrones.
Después de su investigación, ¿cuál es su hipótesis sobre lo sucedido esa noche?
Fue una operación de limpieza social realizada por expertos en contra-insurgencia, que reprodujo patrones que están completamente estudiados por la Agencia Central de Inteligencia, por ejemplo: la Operación Phoenix. Sus efectos implican terror social, el desollamiento, la extracción de ojos, etc., para enviar una lección a aquellos que quieran oponerse al gobierno. Recordemos que en Guerrero sistemáticamente hemos visto la aniquilación de activistas sociales.
Su hipótesis contrasta con la de la confusión o la del ataque por parte de sicarios.
La idea de que fueron sicarios forma parte de la ‘verdad histórica’. Pero no nos han explicado que ese tipo de operaciones no pueden ser realizadas por un conjunto de señores drogados, criminales y analfabetas. Fue una operación enteramente ordenada y eso implica una capacitación paramilitar de expertos. Los testimonios son la única prueba del gobierno y fueron obtenidos bajo tortura. Por lo tanto, es insostenible en términos técnicos y científicos como los propios extranjeros lo han dicho.
¿Hay probabilidades de que el caso se reabra?
Expertos extranjeros demandan que la ‘verdad histórica’ presumida por las autoridades mexicanas no es sostenible y tiene que hacerse una investigación más amplia. Con el apoyo internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podremos tener una posibilidad de que sí se amplíe su investigación.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: HÉCTOR GONZÁLEZ.