MÉXICO, D.F: La organización internacional Human Rights Watch (HRW) urgió al gobierno de Enrique Peña Nieto a abordar inmediatamente las fallas de la PGR en investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes ocurrida en septiembre de 2014, y llevar a los responsables ante la justicia. HRW consideró que la Procuraduría General de la República debería investigar de inmediato las denuncias de graves abusos y obstrucción de justicia planteados por un grupo de expertos internacionales que evaluó la investigación oficial sobre las desapariciones. La organización recordó que este domingo un grupo de expertos internacionales designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundió un informe que refuta la versión oficial sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. La versión oficial, agrega, sostenía que los 43 estudiantes habían sido detenidos por policías municipales y entregados a miembros de una organización delictiva, quienes mataron a las víctimas y quemaron sus cuerpos en un basurero municipal cercano. Según el grupo de expertos, estas conclusiones se basan en declaraciones de testigos que habrían sufrido graves abusos, y que son contradictorias con la evidencia física. “Este informe contiene una evaluación extremadamente crítica sobre la actuación de México ante la atrocidad de derechos humanos más grave de los últimos tiempos”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “A pesar de que el mundo tenía los ojos puestos en México, y de los enormes recursos asignados, las autoridades demostraron ser incapaces o no estar dispuestas a llevar a cabo una investigación seria”. El informe cuestiona aspectos clave de las conclusiones de la PGR, que aseguró haber esclarecido el caso en enero de 2015. Según el grupo de expertos, es “imposible” que 43 cuerpos hayan sido cremados en el basurero, y “no existe ninguna evidencia” que sustente esa hipótesis. La investigación oficial estuvo marcada por el manejo irregular, la pérdida y la posible destrucción de pruebas clave. Las autoridades estatales no aseguraron ni documentaron adecuadamente distintos lugares donde ocurrieron los delitos, y debido a esto hubo elementos de prueba cruciales, como sangre y cabellos, que quedaron expuestos a la contaminación y manipulación. En julio de 2015, a más de nueve meses de iniciada la investigación, el grupo descubrió que numerosas prendas de vestir que pertenecían a las víctimas habían sido recogidas pero nunca habían sido analizadas. Los agentes de la PGR no examinaron grabaciones de cámaras de seguridad hasta que fue solicitado por el grupo de expertos, y en ese momento gran parte del contenido había sido borrado. Por ejemplo, un video con imágenes de un enfrentamiento entre estudiantes y policías fue borrado mientras se encontraba bajo la custodia de agentes del Poder Judicial estatal, señaló el grupo. Las autoridades tampoco allanaron las viviendas u oficinas de policías municipales que estaban entre los principales presuntos responsables. Dos conductores de autobús que presenciaron enfrentamientos entre estudiantes y policías no fueron entrevistados por los agentes del Ministerio Púbico hasta abril de 2015. El grupo de expertos concluyó que numerosos detenidos sufrieron lesiones provocadas por abusos deliberados. Varios presuntos implicados les dijeron a los expertos que fueron torturados por agentes de seguridad. Asimismo, el informe revela que los agentes de la PGR solamente enfocaron sus investigaciones en cuatro autobuses que llevaban a los estudiantes, y no investigaron el posible nexo entre las desapariciones y un quinto autobús, que también trasladaba a estudiantes. Las autoridades federales indicaron al grupo que el quinto autobús había sido destruido por estudiantes antes de los enfrentamientos con miembros de las fuerzas de seguridad, pero, según los expertos internacionales, esta aseveración fue contradicha por numerosos testigos y por la investigación inicial que llevaron a cabo autoridades estatales. La omisión tuvo “serias consecuencias” para la investigación, ya que es probable que este autobús sea un “elemento central del caso”, señalaron los expertos. Las conclusiones del grupo de expertos son el resultado de seis meses de análisis de las evidencias disponibles y el expediente judicial, pericias independientes de los lugares de los hechos y entrevistas con presuntos implicados, autoridades federales, testigos sobrevivientes y familiares de víctimas. El informe insta a las autoridades mexicanas a redoblar sus esfuerzos por llevar ante la justicia a los responsables de las desapariciones forzadas, esclarecer el destino de los estudiantes desaparecidos e investigar exhaustivamente los nexos entre autoridades y la delincuencia organizada. Si bien el mandato del grupo concluyó el 2 de septiembre, el gobierno mexicano está considerando la posibilidad de una extensión. La falta de resolución del caso de Ayotzinapa por las autoridades resulta incluso más inquietante ante la inusual atención que el caso ha recibido del público, y las reiteradas ocasiones en que el gobierno aseguró estar comprometido con su resolución, indicó Human Rights Watch. Las desapariciones forzadas a manos de miembros de las fuerzas de seguridad son generalizadas en México. Decenas de cuerpos fueron exhumados en varias fosas en Iguala durante el transcurso de la investigación de Ayotzinapa. Tan sólo en el municipio de Iguala, hay más de 300 investigaciones abiertas por presuntas desapariciones forzadas, según la PGR. A nivel nacional, se desconoce el paradero de más de 25 mil personas, según un registro nacional oficial. Hasta abril de 2014, ninguna persona había sido condenada por desapariciones forzadas cometidas después de 2006, según estadísticas oficiales. En agosto de 2015, un representante de la PGR indicó a Human Rights Watch que estaban trabajando en la actualización de datos oficiales sobre desapariciones forzadas. “Sin este informe, la magnitud de las fallas en la investigación probablemente nunca hubieran salido a la luz, y el caso de los 43 estudiantes se habría cerrado”, indicó Vivanco.
“El mandato del grupo de expertos debería ahora ser renovado, para que pueda monitorear las investigaciones que se lleven a cabo sobre este y otros casos de derechos humanos. Claramente, las instituciones judiciales del país necesitan de escrutinio externo para evitar que se repita este desempeño lamentable”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: “La verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa dada a conocer el 7 de noviembre del 2014 por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam (quien diez meses después fue desaparecido por el presidente Enrique Peña Nieto de su gabinete), fue refutada por peritos, expertos y testimoniales de pobladores del municipio de Cocula, Guerrero, de manera inmediata. El semanario Proceso, en su edición 1985 del 15 de noviembre publicó en su portada una imagen del basurero en el que de acuerdo con la versión oficial habrían sido incinerados los cuerpos de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos, acompañada de un título contundente: La pira increíble. Y en esa misma edición que da cuenta de testimonios de funcionarios municipales y pepenadores, publicó una entrevista con el experto en incendios y explosivos, Alfonso Palacios Blanco, quien afirmó: “ahí no hubo incineración o no incineraron la cantidad de cuerpos de la que hablan”. Semanas después, en el número 1999 del 21 de febrero de este año, bajo el título Otra losa a la “verdad histórica” de la PGR, el perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Jorge Arturo Talavera aseguró que era falso que en ese lugar se hubiera prendido fuego a los normalistas. El 15 de noviembre, Proceso, en un reportaje firmado por Marcela Turati da cuenta de observaciones realizadas durante una visita a El Papayo, como se conoce al basurero de Cocula. La gente que siempre está allí asegura no haber visto ni escuchado nada, mientras que otros testigos confirman que la noche del 26 de septiembre llovió. Según Murillo Karam nadie vio nada porque es un lugar abandonado, lejos de la vista de todos, y si alguien vio prefirió callar, por miedo. Pero contrario a lo que narró en su momento el defenestrado Murillo, el Papayo está poblado de vacas y es visitado por pepenadores que, entre sus labores de rutina, queman basura. El propio empleado del municipio que maneja el camión asignado a este tiradero, el señor Rosí Millán, confirmó a Proceso que él siguió entrando a la zona hasta dos semanas después de la desaparición de los normalistas; después, personas que él identifica como militares le cerraron el paso. El regidor de Ecología del municipio, el panista Juan Bringas, encargado de los basureros, aseguró a este semanario que los camiones dejaron de subir porque recibieron orden de no hacerlo, pero no supo explicar quién dio esa orden. Y en las redes sociales pronto se difundió que esa noche hubo lluvia, lo que hubiera impedido las llamas. Los datos son de diversos centros que publican información meteorológica e incluso un comunicado del gobierno de Guerrero, que advertía de fuertes lluvias. “Esa noche llovió en Cocula, esa noche y de madrugada estuvo llueve y llueve”, dijo a Proceso un reportero que reside en el municipio. Lo confirmaron periodistas que el 26 en la noche llegaron a reportear a Iguala –donde vieron los cuerpos de dos normalistas muertos, tirados sobre el pavimento–, igual que las fotografías y los videos. En esa misma edición de Proceso, la 1985, el experto en incendios y explosivos, Alfonso Palacios Blanco, entrevistado por la reportera Patricia Dávila, dio su dictamen: “En Cerro Viejo no hubo incineración o no incineraron la cantidad de cuerpos de la que hablan”. Y agregó: “Dice nuestro procurador que los quemaron con llantas, diésel y gasolina a mil 600 grados centígrados de temperatura, pero el acero se funde a 2 mil 500. Por lo tanto, en cantidad considerable, debieron encontrar fibras metálicas de los neumáticos que emplearon, porque para quemar 43 cuerpos debieron utilizar de tres a cuatro neumáticos por persona y una cantidad considerable de gasolina y diésel”. –¿Qué cantidad de gasolina, diésel y neumáticos se requirieron para quemar a 43 personas? –se le pregunta a Palacios. –Tomando en cuenta las característica del cuerpo, creo que tres o cuatro llantas y 25 litros de combustible por persona para que se concentre el calor. Porque, si es una pila –según los testimonios de los sicarios– y está en un espacio abierto, el calor y la energía se disipan. Además, en esos días estuvo lloviendo mucho; eso no facilita la destrucción de los cuerpos. Si esa combustión se hace en un espacio cerrado, es creíble, pero si se esparce al medio ambiente, no es tan simple. ¡Imagínese calcinar por completo 43 cuerpos! Si quemo cinco, puede ser, ¿pero 43? Son demasiados. Y concluye: “Mi dictamen es que ahí no hubo esa cantidad de incineración de cuerpos. Los residuos hubieran dejado las fibras, y el acero se funde a 2 mil 500 grados centígrados. Sin embargo, según el procurador Murillo Karam, la temperatura era de mil 600. Entonces, ese acero debió estar ahí, cuando llegaron los peritos. “Por otro lado, el humo de las llantas y el olor que desprende un cuerpo al quemarse debieron apreciarse en un área de 10 kilómetros a la redonda. Además, el olor debió impregnar el ambiente durante varios días.” Posteriormente, en la entrevista al perito del INAH, publicada en la edición 1999 de Proceso, bajo el título Otra losa a la “verdad histórica” se destacó: “La ciencia se ensaña con las versiones del procurador de Jesús Murillo Karam. ¿Dónde están las hebillas de los normalistas presuntamente incinerados en Cocula? ¿Por qué no se quemaron los victimarios, si mil 600 grados centígrados convertirían toda la zona en un gigantesco horno? ¿Por qué no se incendió el basurero? ¿Dónde están las estructuras metálicas de las llantas usadas para prender el fuego? ¿De qué árboles salió la media tonelada de leña necesaria para la pira? ¿Por qué no hay grasa humana en el suelo? El perito del INAH Jorge Arturo Talavera lo tiene claro: “En el basurero no fueron incinerados los 43 estudiantes”. El experto declaró en ese momento que la falta de certezas científicas puede tumbar jurídicamente el caso Ayotzinapa y dejar en libertad a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala; a su esposa, María de los Ángeles Pineda, y a los policías que supuestamente participaron en la desaparición.
Con 35 años de experiencia en esta materia, el investigador fue contundente: “En el basurero no fueron incinerados los 43 estudiantes. Si así ocurrió, las autoridades deben mostrarnos científicamente que hay grasa humana en el suelo, y de eso la Procuraduría no ha dicho nada. Además, entre las muestras óseas la PGR presentó una corona dental que corresponde a una persona de más de 50 años, no a jóvenes de 18 a 20 años”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu cumplirá este 1 de octubre tres años en la gubernatura de Morelos. En lo que va de su administración, organizaciones y oposición lo han acusado de desvío de recursos, uso indebido de atribuciones y facultades, inseguridad y hostigamiento a periodistas. Sin embargo, esto no ha hecho mella en el mandatario estatal para externar sus aspiraciones presidenciales rumbo a 2018. El pasado 1 de septiembre, el Gobernador afirmó que buscará ser candidato a la Presidencia de México por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y aunque la competencia directa de ese instituto político será Andrés Manuel López Obrador, líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aseguró que el Sol Azteca logrará superarlo en votos. “Sí [buscará la candidatura presidencial], voy a construir un gran polo y vamos a trabajar en este diálogo con muchas personas”, afirmó en entrevista radiofónica. Ramírez Garrido Abreu llegó a la gubernatura el 1 de octubre de 2012 apoyado por la coalición Nueva Visión Progresista por Morelos, que integraron los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC). Aunque fue postulado por la izquierda, e incluso avalado por López Obrador, es un político completamente consecuente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Gobierno de Enrique Peña Nieto, así lo señalan expertos, sociedad civil y detractores de Graco, quienes también lo vinculan con Rosario Robles Berlanga, actual Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). “Graco Ramírez es el mayor representante de la izquierda subordinada al gobierno. Llega al poder gracias a Calderón [Felipe Calderón Hinojosa, ex Presidente de México]. Ha sido el arquitecto de la alianza del PRD con el PAN [Partido Acción Nacional], el gran estratega de estas alianzas es Graco Ramírez, él es el jefe de los Chuchos ahorita, sí, está más arriba de Jesús Ortega”, dijo el fallecido Ignacio Suárez Huape, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) de Morelos el año pasado en entrevista con SinEmbargo. Un ejemplo de su cercanía con el Presidente fue el apoyo incondicional a la Reforma Energética, aún cuando la dirigencia nacional de su partido llamó al rechazo de la iniciativa. Con la promesa de erradicar la delincuencia en los primeros 18 meses de su mandato y aumentar la inversión en programas sociales que beneficiaran a los morelenses, Graco Ramírez se convirtió en el primer mandatario de izquierda en gobernar esa entidad. Su llegada a Morelos fue vista por analistas políticos como un signo positivo para la entidad, la cual se encontraba en crisis por la ola de violencia que se vivió en los últimos años de la gestión de su predecesor panista Marco Antonio Adame Castillo. Sin embargo, a casi tres años de su administración, Graco ha sido acusado de endeudar al estado con más de 5 mil millones de pesos, convertir a Morelos en el último lugar de desarrollo educativo y social, de acuerdo con cifras de la organización México Evalúa y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El pasado 6 de agosto, miembros de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) al Gobernador de Morelos y a diversos funcionarios del Sector Salud Estatal por los delitos de desvío de recursos y uso indebido de atribuciones y facultades. El vocero de la organización civil, Gerardo Becerra Chávez, dijo en conferencia de prensa que Graco Ramírez y diversos funcionarios de Salud desviaron más de 570 millones de pesos que estaban destinados para programas del sector. Ese mismo día, en un comunicado, el Gobierno de Morelos rechazó la acusación de la Coordinadora y negó que la presente administración haya cometido alguna irregularidad con los recursos derivados del financiamiento autorizado por el Congreso del Estado al Poder Ejecutivo. Entre los escándalos de corrupción que envuelven a Graco está el caso Walmart destapado por el diario estadounidense The New York Times. La investigación publicada en diciembre de 2012 da cuenta de la corrupción entre funcionarios de la cadena y personajes públicos en México. En enero de 2013, legisladores estadounidenses revelaron algunos correos electrónicos probatorios de que Mike Duke, presidente ejecutivo de Walmart Stores Inc., estaba informado desde 2005 sobre la corrupción en México. En esos correos se señala al ahora, Gobernador de Morelos y a Sergio Raúl Arroyo García, ex director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), como los funcionarios que recibieron sobornos para que Walmart construyera sin problemas y en corto plazo sus tiendas. INSEGURIDAD Y REPRESIÓN Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubican a Morelos como la cuarta entidad con las tasas más altas de homicidios por cada 100 mil habitantes, con 21.92 por ciento de enero a diciembre de 2014. Esto es, sólo por debajo de Guerrero [42.69], de Sinaloa [33.33] y de Chihuahua [29.59]. En cuanto al delito de secuestro, Morelos fue la segunda entidad con la tasa más alta por cada 100 mil habitantes durante 2014, con 6.06 por ciento, sólo por debajo de Tamaulipas que registró una tasa de 7.48 por ciento. En otro hecho, el pasado 30 de marzo, en un supuesto ataque del crimen organizado, apareció destrozado el memorial por la paz que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) colocó sobre la Avenida Universidad, en Cuernavaca para renombrar un fragmento de la vía como “28 de marzo”, fecha en que esa agrupación civil nació. Otro problema que aqueja a la entidad son los feminicidios, este delito se disparó a 103 en los últimos 20 meses, “debido a las omisiones del Gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu”, denunciaron activistas que forman parte de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de la entidad el pasado 15 de abril durante una conferencia de prensa. La organización documentó 530 feminicidios desde 2000 hasta 2013, para solicitar la alerta de género para Morelos. A la fecha, y con los 103 feminicidios nuevos, suman 633 de 2000 a febrero de 2015. Por ello, el pasado 10 de agosto Morelos se convirtió en el segundo estado donde se decreta la Alerta de Violencia de Género, el Estado de México fue el primero. La Secretaría de Gobernación (Segob) emitió la medida para ocho municipios: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco, Xochitepec, Yautepec y Puente de Ixtla. El tema de la represión no es ajeno a los morelenses en este sexenio perredista como tampoco lo fue en el panista. A tres semanas de haber tomado posesión como Gobernador, cientos de policías estatales arremetieron en contra de un grupo de campesinos de la comunidad de Huexca, municipio de Yecapixtla, que se oponían a la construcción del gasoducto y la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Habitantes de la comunidad de Jantetelco acusaron al Gobernador de utilizar la fuerza pública y encarcelar a sus compañeros Jaime Domínguez de 53 años, Carmelo de la Torre de 57 años, Fidel de 70 años y Urbano de 58 años, quienes lograron su libertad días después gracias al trabajo organizado de la comunidad y la presión de los pueblos. Un año después, el 19 de septiembre de 2013, en la colonia Gabriel Tepepa del municipio de Cuautla, cuando se esperaba el diálogo con los representantes del gobierno estatal y los promotores de la termoeléctrica, el gobierno de Graco Ramírez respondió una vez más con la violencia. Al lugar llegaron alrededor de 50 policías estatales, los cuales agredieron físicamente a los campesinos que se manifestaban en contra de la construcción. El resultado de dicha acción fue la detención de Jaime Domínguez Pérez, quien fue puesto en libertad días después, pues los argumentos que le imputaban carecían de fundamento, documentó en un comunicado el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos-Puebla-Tlaxcala. El conflicto por la construcción de la termoeléctrica continúa, el pasado 11 de abril durante el acto oficial por el 96 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Gobernador y el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, tuvieron que salir huyendo de la ex Hacienda de Chinameca ante la irrupción de decenas de campesinos que llevaron su protesta al lugar. Al Gobernador ni siquiera le dio tiempo de colocar la ofrenda floral y hacer la guardia de honor frente a la estatua de El Caudillo del Sur, citaron reportes de la prensa local. Entre los manifestantes se encontraban el nieto de Emiliano Zapata, Jorge Zapata González, quien encabezó la protesta con consignas como: “¡Gracoducto no!”, “¡Agua sí, termo no!”!, entre otras. La policía llegó hasta ellos y los encapsuló para dejarlos lejos del templete colocado para el Gobernador y sus invitados especiales. POBREZA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN En abril de este año, el hijastro del Gobernador, emanado de un partido de izquierda, hizo alarde de sus riquezas en uno de los municipios más pobres del país. Rodrigo Gayosso Cepeda lucía un reloj marca Rolex modelo GMT Master III Edición Acero 904L valuado en más de 655 mil pesos. Rodrigo andaba en una gira de trabajo por el municipio de Temixco, donde de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 56.8 por ciento de su población es pobre y el 28.6 por ciento vulnerable por carencias sociales. Mientras la familia de Graco Ramírez presume su riqueza, Morelos se va empobreciendo. Datos del Coneval presentados el pasado 23 de julio, revelan que la entidad es junto con Chiapas, Veracruz, Estado de México y Oaxaca, de las que más aumentaron la pobreza. La entidad morelense tuvo el crecimiento más grande de población en pobreza con 6.8 por ciento; es decir, el 52 por ciento de su población, con 842 mil personas viviendo con carencias. El gremio periodístico también se ha visto afectado en lo que va de la administración de Graco Ramírez, en marzo pasado, la organización Artículo 19 documentó las agresiones contra la prensa por entidad durante el 2014. En el informe “Estado de censura” detalló que en Morelos se registraron siete agresiones el año pasado. El pasado 4 de agosto, del Gobernador causó polémica en la red social Twitter por publicar un mensaje que hacía alusión a los periodistas que aceptaban dinero a cambio de manejar una línea favorable al gobierno. “Las plumas a modo sólo basta que estén en la nómina para que aplaudan como focas. Cuando no hay nómina fabrican todos los días calumnias”, escribió. Tras la publicación, ciudadanos y comunicadores arremetieron en contra el mandatario por considerar ofensivo su comentario. Ante las críticas, Ramírez Abreu escribió otro tuit en el que aseguró que en Morelos se respeta la libertad de expresión y rechazó que su gobierno soborna periodistas. En medio de este cúmulo de señalamientos y a casi la mitad de su mandato, Graco Ramírez anunció que abandonará a los cientos de morelenses que votaron por él para perseguir una de sus ambiciones políticas: ser Presidente de la República. Graco dejará a un Morelos pobre, inseguro y endeudado, igual o peor que como se lo entregó su predecesor, el panista Marco Adame.
“Graco Ramírez tiene ahorita endeudado al estado de Morelos con más de 5 mil millones de pesos, de los cuales 2 mil 806 millones no los quiere comprobar, porque no puede. Porque se los está robando o los está guardando para las próximas elecciones. Para comprar las voluntades de las personas humildes, de las personas pobres que están esperando siempre con cierta alegría estos momentos; para hacerse de una despensa, de una lámina de cartón para su casa y prostituir su voluntad. Entonces el estado en que está ya ahorita Morelos es terrible: último lugar de desarrollo económico, educativo, social, estamos en primer lugar en criminalidad. Yo tengo muchos años en esto y el Gobierno de [Jorge] Carillo Olea fue mucho mejor; el de Sergio Estrada Cajigal, fue mucho mejor; el del doctor [Armando León] Bejarano, que tuvo que salir huyendo de Morelos, fue mucho mejor; el de don Lauro Ortega [Martínez]. Este es el peor gobierno que hemos tenido en toda la historia política de Morelos”, expresó en marzo de este año Raúl Iragorri Montoya, ex candidato a la Alcaldía de Cuernavaca por Morena. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: GUADALUPE FUENTES LÓPEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/06-09-2015/1473404.
Ciudad de México, 5 de septiembre: El ex Delegado de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, a quien se le señala como integrante de una red de acoso a periodistas y políticos, tendrá fuero a partir del 17 de septiembre cuando tome protesta como Diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). La organización internacional Artículo 19, lanzó una actualización de su petición en Change.Org para que el priista sea requerido por las autoridades antes de esa fecha. El 25 de agosto, la organización lanzó una petición en la plataforma electrónica para exigir a la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, y al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Nájera Herrera, que consignen a los funcionarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) responsables de los ataques contra varios medios de comunicación. Detalla en la petición que los portales informativos Aristegui Noticias, SinEmbargo, y Cuna de Grillos fueron atacados en reiteradas ocasiones, dejándolos inhabilitados durante horas o días enteros. En su actualización, subida a Change.Org este sábado, advierte que “se acaba el tiempo” antes de que Rubalcava goce de inmunidad legislativa. “A pesar de la urgencia y la gravedad de los hechos, la FEADLE –encargada de investigar los delitos cometidos contra periodistas–, a cargo de Ricardo Nájera Herrera, ha mostrado ser incompetente y omisa en beneficio del ex Delegado de Cuajimalpa. De acuerdo con las grabaciones, Jeannette Aguirre, la primera agente del Ministerio Público a cargo del caso, presuntamente recibió dinero de los agresores”, destaca la actualización. “La negligencia de las autoridades fomenta no sólo la impunidad”, dice, “también abona a que funcionarios continúen el acoso y hostigamiento a periodistas, medios de comunicación y voces disidentes”. Investigaciones realizadas por la Unidad Científica de la Policía Federal y difundidas por medios de todo el país –desde Zeta de Tijuana a Proceso, así como Aristegui Noticias y SinEmbargo– exhibieron recientemente la red de agresores de periodistas y medios que paga Rubalcava Suárez.
Las investigaciones también desenmascararon a Juan Carlos Zaragoza Ríos, quien operaba desde Televisa y que el viernes 4 de septiembre pasado fue despedido; a Alejandro Emiliano Zapata Sánchez, ex director de Comunicación Social de Cuajimalpa; y a Danna Vázquez, representante de celebridades, quien está relacionada con el uso de redes sociales de sus clientes para beneficiar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante las pasadas elecciones. MILES DE FIRMAS EXIGEN JUSTICIA Zaragoza Ríos encabezó el equipo técnico que bajo las órdenes del ex Delegado de Cuajimalpa Adrián Ruvalcaba lanzó campañas de desprestigio e intimidación contra SinEmbargo, Aristegui Noticias, Cuna de Grillos, distintos medios del interior del país y periodistas como Francisco Zea, de Cadena 3. La unidad científica de la Policía Federal (PF), por orden de un Juez, realizó escuchas a Zaragoza Ríos, quien también se hace llamar “El Lobo de Wall Street”, o “James Boss”, su madre, Lina Ríos, una supuesta empleada federal, aparece en distintas grabaciones porque a ella va contando varias de las operaciones que encabezó. Aunque la televisora ya despidió a su empleado -quien se ostentaba con cargos que no tenía-, la Procuraduría General de la República (PGR), o la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), no han informado cuándo procederán contra los otros involucrados en la red desenmascarada por la PF. La petición lanzada por la organización lleva recabadas más de 40 mil firmas en la plataforma Change.org. Juan Carlos Zaragoza Ríos fue grabado por la PF cuando ordenaba un video para inventarle, a un político veracruzano que dejó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había engañado y violado a un menor de edad. Otros muchos casos similares quedaron documentados por durante el periodo de escuchas autorizado por un juez federal. La red de acoso recurre a la difamación desde el anonimato. Un audio capturado por la Unidad Científica de la Policía Federal descubrió que además de políticos, periodistas han sido acosados con campañas en redes sociales. Además de SinEmbargo, el periodista Francisco Zea de Cadena 3 fue víctima de una campaña de acoso por cuando denunció un caso de presunto abuso que involucra a un hermano del ex Delegado de Cuajimalpa Adrián Rubalcava.
Se desconoce si las autoridades investigan la red de financiamiento de la cadena de acoso. Rubalcava ha sido relacionado a una organización criminal que se dedica al secuestro y la extorsión, denominada “Los Claudios”.
FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/05-09-2015/1476027
El escritor y periodista publica, ‘Los 43 de Iguala’, volumen donde indaga sobre lo sucedido con los normalista de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014.
El próximo 26 de septiembre se cumplirá un año de la desaparición de 43 normalistas en Iguala. Pese a la “verdad histórica” promovida por el gobierno federal, vía la Procuraduría General de la República, aun quedan muchas dudas sobre lo sucedido aquella noche, varias de estas preguntas son planteadas por el periodista y escritor, Sergio González Rodríguez, en su libro Los 43 de Iguala (Anagrama). A un año de lo sucedido en con los 43 estudiantes en Iguala, ya aparecieron al menos 3 libros y un par de documentales que intentan explicar lo sucedido. ¿Qué representan los hechos de aquella noche de finales de septiembre? Es un episodio que representa una crisis integral de nuestras instituciones; la dificultad de la relación entre sociedad y gobierno, la falta de respuesta adecuada a las inquietudes sociales. Nos reveló las carencias que arrastramos en la reformulación de lo que es el Estado-Nación de cara al nuevo orden global. No solo es un hecho criminal como se ha querido ver, es un ejemplo de la degradación de un partido que se corrompió y permitió que criminales ejercieran tareas de gobernabilidad propias de la policía; es también algo más complejo porque muestra una crisis profunda del país. ¿Se puede abordar lo pasó en Iguala con los estudiantes de una forma despolitizada? Es cuestión de responsabilidad por parte de las autoridades. Debe haber un área de prevención, el Estado y los gobiernos tienen órganos de inteligencia lo suficientemente formalizados como para impedir la degradación de un gobierno municipal donde el crimen organizado se imbricó en una sinergia absolutamente anómala, como sucedió en Iguala. Esa situación vista desde un punto de vista más abstracto, parecería un simple problema para local, sin embargo lo que observamos es la irresponsabilidad del gobierno estatal y federal, la falta de previsión de los órganos de inteligencia del Estado, la falta de participación directa y real, este deseo de no involucrarse quienes por parte de los órganos de seguridad pública, la policía, las fuerzas armadas. El episodio es más que un simple caso para la criminología. También dice que los 43 fueron expuestos por sus propios dirigentes Tenemos la contraparte de dirigentes acostumbrados a enviar a menores de edad o estudiantes en general, que están bajo la tutela del organismo educativo de la Normal Rural de Ayotzinapa a operaciones de confrontación con policías que traen armas de fuego. Es una asimetría de fuerzas que no debe de tolerarse. Los líderes no deben mandar a los muchachos para este tipo de operaciones. No hay responsabilidad absoluta. No estoy de acuerdo con este uso de las personas. En su momento, diversos medios y especialistas celebraron la investigación de la PGR. Sin embargo, hoy vuelve a cuestionarse el trabajo federal y la supuesta “verdad histórica”. Sí, porque en México no tenemos una verdadera cultura de la investigación policial ministerial. La mayor parte de los detenidos por presuntos delitos se dan en flagrancia o flagrancia equiparada, quiere decir que los agarran en el momento de cometer o les atribuyen el delito, más del 90% de las detenciones se dan de esta forma. Cuando se tratan casos en el límite como el de Iguala o el de la colonia Narvarte, la autoridad se ve rebasada ante la presión pública. Y dado que ambos tienen una articulación política, prefieren resolverlo como un problema de gestión política en lugar de hacer una verdadera investigación policiaca ministerial. Por eso sus expedientes resultan absolutamente inconsistentes, llenos de contradicciones, de lagunas que desatan más preguntas que respuestas. que resuelven, que dejan inconforme a la opinión pública, a la familia de las víctimas. Usted incorpora al caso elementos geopolíticos, ¿por qué? Estamos viendo una defensa de los intereses políticos de Estados Unidos. México que es un país soberano e independiente, debería que tener una clase política y una clase dirigente más consciente de lo que representa la responsabilidad de negociar con ellos. El país ha sido desmantelado en su planta productiva para implantar una economía basada en ensambladoras e industrias extranjeras controladas por el mercado norteamericano. Tenemos que ser muy claros para entender que Estados Unidos, integralmente como nación, nunca ha querido a México. Solamente lo anidaba en los rangos de provisión de recursos naturales en provisión minera y mano de obra barata. Debemos tener una relación más equitativa con Estados Unidos en cuestión de drogas o armas por ejemplo. Recordemos que el consumo de drogas es también, un modo de control social. El narcotráfico lava el dinero en los folios de poder bancario-financiero de Estados Unidos y de otras partes. Por eso no comparto la visión de una lucha de policías contra ladrones. Después de su investigación, ¿cuál es su hipótesis sobre lo sucedido esa noche? Fue una operación de limpieza social realizada por expertos en contra-insurgencia, que reprodujo patrones que están completamente estudiados por la Agencia Central de Inteligencia, por ejemplo: la Operación Phoenix. Sus efectos implican terror social, el desollamiento, la extracción de ojos, etc., para enviar una lección a aquellos que quieran oponerse al gobierno. Recordemos que en Guerrero sistemáticamente hemos visto la aniquilación de activistas sociales. Su hipótesis contrasta con la de la confusión o la del ataque por parte de sicarios. La idea de que fueron sicarios forma parte de la ‘verdad histórica’. Pero no nos han explicado que ese tipo de operaciones no pueden ser realizadas por un conjunto de señores drogados, criminales y analfabetas. Fue una operación enteramente ordenada y eso implica una capacitación paramilitar de expertos. Los testimonios son la única prueba del gobierno y fueron obtenidos bajo tortura. Por lo tanto, es insostenible en términos técnicos y científicos como los propios extranjeros lo han dicho. ¿Hay probabilidades de que el caso se reabra? Expertos extranjeros demandan que la ‘verdad histórica’ presumida por las autoridades mexicanas no es sostenible y tiene que hacerse una investigación más amplia. Con el apoyo internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podremos tener una posibilidad de que sí se amplíe su investigación. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: HÉCTOR GONZÁLEZ.
Tras 6 meses de investigación en México, los expertos de la CIDH concluyeron que los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, como lo estableció el gobierno federal.
El siguiente documento, presentado este domingo por los 5 expertos de la CIDH, contiene recomendaciones al Estado mexicano sobre la investigación del caso Ayotzinapa, además de que refuta la “verdad histórica” de los hechos del 26 y 27 de septiembre, que dio a conocer la PGR a inicios de este año, en relación con que los normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula. Informe Completo GIEI-Iguala by Aristegui Noticias
MÉXICO, D.F: El presidente Enrique Peña Nieto ordenó a las dependencias del gobierno federal atender las recomendaciones realizadas este domingo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa. Esta mañana, el GIEI presentó un informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el cual rechaza la versión de la PGR de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Los expertos presentaron una lista de 20 recomendaciones al gobierno federal entre las que destaca investigar como el móvil de la agresión el transporte de estupefacientes en camiones en Guerrero. “He dado indicaciones para que las investigaciones de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos aportados por el GIEI”, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter. En otro mensaje indicó que “También le he dado indicaciones a las dependencias del @Gobmx para que analicen cada una de las recomendaciones que han presentado hoy”.
En la misma red social, Peña Nieto agradeció el trabajo de los expertos independientes y el apoyo de la CIDH para la investigación de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de 2014. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá aprobar, a más tardar en enero de 2016, su Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática 2016-2020, destinada a poner en práctica políticas públicas orientadas a construir ciudadanía. Además de desarrollar e implementar procesos educativos que promuevan el aprecio por lo público, afirmó el consejero electoral José Roberto Ruiz. En entrevista con Notimex, enfatizó que sólo en el proceso electoral federal 2015 del pasado 7 de junio se generó la idea colectiva de que “boicotear” elecciones sirve para exigir otros derechos. Lo anterior fue “el error más grande del mundo, porque suprimir unos derechos no puede ser la vía para exigir otros. Los derechos se deben potenciar y deben ser de todos, hay que buscar otras formas de exigir a los gobernantes”. Interrogado sobre si el binomio pobreza-falta de educación se contrapone a los derechos humanos, opinó que “es cierto que cuando lo fundamental es cubrir los derechos sociales, querer cubrir derechos de tercera generación suena utópico”. Pero, “creo que todavía hay un universo de mexicanos que ya tienen acceso a más información, que ya tienen más forma de asimilar esos contenidos. Entonces yo creo que sobre ellos deberíamos estar trabajando más”. Reconoció que el país no sólo adolece de una cultura política democrática, sino que “tenemos un gran rezago en participación política, en participación electoral, en confianza entre ciudadanos, en confianza en las instituciones, en respeto a la legalidad”. Ruiz Saldaña refirió que la ausencia de estas práctica impide al país contar con una democracia sólida y con procesos electorales en los que impere el respeto a las reglas del juego y la confianza a la autoridad. En su opinión, los programas de educación cívica del INE deberán dirigirse a los niños y los jóvenes, aunque haya quienes opinen que debe incluirse a los grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres e indígenas. “Si pretendemos hacer mucho acabaremos haciendo poco. Esos debates deberán generarse en el seno de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral y la de Educación Cívica, previo a su aprobación en el Consejo General”, dijo. Consideró que los programas de educación cívica coadyuvarán a evitar que se presenten problemas como los suscitados en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán durante los comicios celebrados el 7 de junio. En esos estados, aunque en escala menor en Michoacán, “está la muestra de que hay un México que no sólo no está enamorado, por decirlo así, de este modelo de competencia de construcción de democracia”. Esto es, se puso en evidencia que hay quienes no comparten la idea de una sana competencia electoral, “sino que incluso lo ve como algo ajeno, como algo posible de hacer a un lado, de boicotear”. El consejero electoral dijo no compartir la idea de quienes ven en las elecciones una oportunidad para “secuestrarlas” e imponer intereses ajenos a los que se buscan en una contienda de ese tipo. Yo lo he sostenido: en México no debemos tener ciudadanos que conciban secuestrar las elecciones. Señaló que la ciudadanía debería de explorar otras formas para manifestar su descontento o desaprobación a la actuación de la o las autoridades, como enviar cartas de protesta, pancartas y/o manifestaciones. “Eso es a lo que deberíamos aspirar como mexicanos, a tener hábitos de protesta”, opinó. Y ya, en casos “muy radicales”, clausuras simbólicas de instituciones y bloqueos de calles, pero no negar el ejercicio de derechos como el de acudir a votar. José Roberto Ruiz indicó que si bien se ha avanzado, el INE ha hecho un esfuerzo aislado en materia de educación cívica, dado que “no hay una política de Estado”.
Agregó que no hay una institución del Estado que se encargue, como una atribución constitucional, a generar el hábito de exigir derechos y valorar la democracia. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/06-09-2015/1476968.
Activistas de la organización Greenpeace México formaron esta mañana un mensaje con la leyenda “Paz, justicia, esperanza, 43”, desde La Quebrada, en Acapulco, Guerrero, como un mensaje de solidaridad a todas las personas que en México han sido víctimas de abusos y atropellos al defender una causa justa, ambiental y social.
Un grupo de al menos 20 activistas de Greenpeace México colocaron letras con la leyenda “Paz, justicia, esperanza, 43” sobre los descansos del mirador de la Quebrada, en Acapulco, donde se encuentra su embarcación Esperanza, para protestar por los ataques contra ambientalistas, la violación a los derechos humanos y las desapariciones sin resolver en el país.
“Paz, por la tranquilidad que queremos que pronto puedan tener las familias y amigos de las 25 mil personas que han sido desaparecidas en los últimos años, en particular las de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Justicia, porque aunque su ausencia ha lastimado a la sociedad, los defensores del medio ambiente y los derechos humanos no pararemos hasta que ésta sea restaurada. Y esperanza, porque confiamos en que cada vez habrá más actos de valor de la gente, tan necesarios para el mundo que buscamos un mundo más justo y verde”, explicó la organización a través de un comunicado. Además, Greenpeace México aseguró que la persecución y el acoso a activistas ambientales y políticos, la violencia del Estado y la inequidad son realidades que precisan la atención y la acción de todas las personas, por lo que uno los ideales de esta organización es, desde su fundación hace 44 años, “la oposición a la violencia y a la guerra”.
“Estos principios son una convicción moral que nos impide ignorar actos de injusticia que atenten contra la dignidad de las personas y el equilibrio de los ecosistemas”, dijo la vocera de Greenpeace, Sinaí Guevara.
Greenpeace México aseguró que las miles de desapariciones sin resolver “son una evidencia de la fuerte descomposición en las estructuras del gobierno, en sus instituciones y en los que toman las decisiones”. Recordó que los casos como los de Ayotzinapa “exhiben uno de los peores rostros de la especie humana, pero también uno de los mejores en todos aquellos otros hombres y mujeres que hoy siguen con la frente en alto defendiendo pacíficamente una causa justa”.
Sinaí Guevara hizo un llamado al gobierno mexicano para que se investigue y esclarezcan los actos ocurridos en Ayotzinapa, así como frenar el acoso a los activistas ambientales “que todos los días luchan por un medio ambiente más sano”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/06-09-2015/1476846.
MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio, que realicen un análisis para determinar si en el basurero de Cocula, Guerrero, fueron incinerados los 43 normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre, como lo afirmó está institución en su versión histórica de los hechos. El anuncio lo realizó la procuradora Arely Gómez González, horas después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe sobre el caso, en el que determinaron que los normalistas no fueron incinerados en Cocula. En la edición 1985 de Proceso, el experto en incendios y explosivos, Alfonso Palacios Blanco, entrevistado por la reportera Patricia Dávila, dio su dictamen: “En Cerro Viejo no hubo incineración o no incineraron la cantidad de cuerpos de la que hablan”. Y agregó: “Dice nuestro procurador que los quemaron con llantas, diésel y gasolina a mil 600 grados centígrados de temperatura, pero el acero se funde a 2 mil 500. Por lo tanto, en cantidad considerable, debieron encontrar fibras metálicas de los neumáticos que emplearon, porque para quemar 43 cuerpos debieron utilizar de tres a cuatro neumáticos por persona y una cantidad considerable de gasolina y diésel”. Semanas después, en el número 1999 del 21 de febrero de este año, bajo el título Otra losa a la “verdad histórica” de la PGR, el perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Jorge Arturo Talavera aseguró que era falso que en ese lugar se hubiera prendido fuego a los normalistas. “La ciencia se ensaña con las versiones del procurador de Jesús Murillo Karam. ¿Dónde están las hebillas de los normalistas presuntamente incinerados en Cocula? ¿Por qué no se quemaron los victimarios, si mil 600 grados centígrados convertirían toda la zona en un gigantesco horno? ¿Por qué no se incendió el basurero? ¿Dónde están las estructuras metálicas de las llantas usadas para prender el fuego? ¿De qué árboles salió la media tonelada de leña necesaria para la pira? ¿Por qué no hay grasa humana en el suelo? El perito del INAH Jorge Arturo Talavera lo tiene claro: “En el basurero no fueron incinerados los 43 estudiantes”. Trastabillante, en una conferencia de prensa en la que no admitió preguntas, la procuradora Arely Gómez se pronunció respecto a la información relativa al peritaje sobre los hechos específicos de la incineración en el basurero de Cocula: “He instruido se atienda la propuesta contenida en el anexo Informe Pericial aspectos relacionados al fuego, la PGR valorará su incorporación a la averiguación previa. En atención a ello, he ordenado a las diversas áreas de la PGR para que a partir del momento en que fue recibido, se lleve a cabo su estudio y análisis detallado del contenido y que se incorpore a la investigación que lleva esta institución”. Respecto a la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel, con peritos de una formación y experiencia consistentes con la magnitud del problema, se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio. Afirmó que las investigaciones continuarán hasta sus últimas consecuencias. Explicó que con el objetivo de determinar los hechos ocurridos y para fortalecer las investigaciones, el 13 de octubre de 2014, el Estado mexicano solicitó la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual se materializó con la conformación del GIEI. “El día de hoy el grupo de expertos presentó un informe que es fundamental para la investigación, como lo han reconocido los miembros de este grupo, se brindaron todas las facilidades para sus actividades, pues el gobierno de la República ha sido el primer interesado en que la asistencia de la CIDH nos permita dar mayor certeza sobre estos hechos”, señaló la funcionaria. Los resultados y conclusiones de las entrevistas del trabajo de campo y de los estudios que los expertos llevaron a cabo, desde el día de hoy se analizarán y en su momento, la PGR valorará su incorporación a la averiguación previa. Reiteró que la PGR continúa y continuará con su labor, hasta que el último responsable sea consignado. Informó que derivado de la investigación ministerial, se ha ejercido acción penal en contra de 131 personas, de las cuales han sido aprehendidas 110, las cuales enfrentan un proceso penal para responder por estos hechos que tanto indignan a los mexicanos. Respecto a la información relativa al peritaje sobre los hechos específicos de la incineración en el basurero de Cocula, la procuradora ordenó que se atienda la propuesta contenida en el anexo Informe Pericial aspectos relacionados al fuego, referente a la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel, con peritos con una formación y experiencia consistentes con la magnitud del problema, por tal motivo, se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio”. En lo que respecta a la autoría de estos hechos, las conclusiones del grupo de expertos confirman las líneas de investigación de esta Procuraduría, en el sentido de que las policías de Iguala y Cocula participaron en la comisión de estos delitos. Dichas corporaciones policiales fueron cooptadas por la delincuencia organizada como se ha podido acreditar de las actuaciones que obran en el expediente. El grupo de expertos también refieren que la delincuencia organizada infiltró la administración municipal del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y destacadamente a la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio. José Luis Abarca se encuentra detenido y está sujeto a diversos procesos penales. Arely Gómez anunció que el Estado mexicano solicitará la prórroga del mandato para que el grupo de expertos pueda concluir sus trabajos en torno a estos hechos en los términos y modalidades que serán acordadas por todas las partes.
En cuanto a la averiguación previa, ésta será llevada por el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y se ha solicitado la acumulación de los procesos penales abiertos contra los probables responsables de la desaparición de los normalistas, para que estos sean resueltos por el mismo juez federal. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
MÉXICO, D.F: Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigieron una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto para esclarecer su desaparición. Además, pidieron que el grupo de expertos de la CIDH permanezca indefinidamente hasta que se dé con el paradero de los jóvenes. En conferencia de prensa en el Centro Prodh exigieron castigo y juicio contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien al estar al frente de la PGR informó que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, versión que hoy fue refutada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Además, los padres de los normalistas exigen las renuncias de Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal; y de Enrique Galindo Ceballos, titular de la Policía federak. Asimismo demandaron que el gobierno entregue con vida a los 43 normalistas porque según ellos quedó demostrado que no fueron quemados en el basurero de Cocula. También piden que se reabran las investigaciones para que se incluya al Ejército, la Policía Federal y elementos de seguridad estatal. El próximo 23 de septiembre los familiares de los normalistas iniciarán un ayuno y el día 26 harán una marcha en la Ciudad de México. “Llegaremos hasta las últimas consecuencias”, dijo Felipe de la Cruz. De la Cruz consideró que es necesario que Peña Nieto se reúna con los padres de los normalistas y con el grupo de expertos de la CIDH para que se comprometa a cumplir las recomendaciones del informe y se continúe con la búsqueda de los estudiantes.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, gritaron los padres y familiares de los normalistas reunidos en el Centro Prodh. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) echó abajo la “versión histórica” sobre la desaparecida forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en su sexto informe de actividades presentado este domingo ante funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto En un evento realizado también frente a los padres de los jóvenes desaparecidos, el relator de México de la Comisión de Derechos Humanos, James Cavallaro, así como organizaciones sociales, los cinco expertos rechazaron que la versión oficial de que los 43 estudiantes fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula y sus restos tirados en el río San Juan. Con base a un peritaje de un experto peruano José Toledo, quien acudió al basurero de Cocula, el abogado chileno Francisco Cox descartó “científicamente” no sólo que los 43 jóvenes hayan sido quemados en ese lugar, ni siquiera un solo cuerpo pudo ser calcinado. “Con base a la evidencia podemos decir que no hubo incendio ni siquiera para incinerar a una persona”, detalló en conferencia de prensa posterior el abogado chileno. De acuerdo a un estudio científico realizado por Toledo, dijo, “la carga necesaria para incinerar a una persona requiere de 700 kilos de kilos de maderera”, material que no se encontraba en el sitio de la presunta pira. Apuntó que la versión de la PGR es sólo sostenida por los perpetradores que refieren haber calcinado a 43, en tanto que ni de manera científica “ni por medio de testimonios hay pruebas de que ahí se realizó un incendio ese día, lo que se constata al examinar el basurero que ha habido otros incendios pero de menor significación como para calcinar a una persona”. Sobre los restos presentados por las autoridades, uno de ellos correspondiente a Alexander Mora, Francisco Cox puntualizó que las características del hueso “corresponden a las que se alcanzan los restos por incineración”, es decir en un horno crematorio. Después de seis meses de indagatorias, en el expediente judicial, en información desclasificada del Ejército, así como a partir de entrevistas con estudiantes sobrevivientes e implicados procesados, los expertos sostuvieron que no hay claridad en cuál fue el móvil de la desaparición ni tienen certeza de dónde pueden estar. Carlos Beristáin resaltó que por las evidencias obtenidas, se trató de un operativo con un incremento paulatino del nivel de violencia contra los jóvenes, hechos que fueron atestiguados por integrantes de diversas corporaciones policiacas y miembros de 27 Batallón de Infantería de Iguala, sin que actuaran para protegerlos. Al detallar que los hechos dejaron 180 víctimas directas, 6 ejecuciones, 40 heridos, 43 desaparecidos y 700 víctimas indirectas, Beristain detalló que en los nueve escenarios en los que ocurrieron los hechos, estuvieron presentes miembros del 27 Batallón, de la Policía Federal, Policía Ministerial, Policía Estatal y agentes municipales de Iguala y Cocula. El médico español resaltó que por peritajes externos, ubicaron que de los 110 detenidos, al menos 80 tenían huellas de lesiones, “pero compete a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a los jueces determinar si fueron producto de tortura”. Ángela Buitrago confirmó que “desde que los jóvenes salieron de Chilpancingo”, autoridades estatales y federales así como el Ejército, dieron seguimiento a la movilización de los estudiantes, el boteo y la toma de autobuses, y de que dirigían a Iguala. La abogada colombiana, dijo que incluso por órdenes militares es que el C4 dejó de registrar llamadas de auxilio o de comunicación entre las autoridades, durante el tiempo en que ocurrieron los ataques a los estudiantes y que la última notificación se refiere a la balacera al camión en el que viajaban integrantes del equipo de futbol Avispones. La abogada Claudia Paz y Paz habló de la existencia de un personaje de “bigote blanco”, que no ha sido plenamente identificado por las autoridades, quien habría dado instrucciones la en el operativo del 26 y 27 de septiembre del año pasado. Paz y Paz narró que uno de los choferes de los autobuses en los que viajaban los estudiantes, fue detenido por policías estatales, llevado a una “casa de seguridad en el centro de Iguala”, y dio indicaciones para que el operador del autobús fuera liberado y fue luego de ser trasladado a instalaciones de la Policía Estatal. La abogada también dio indicios sobre la existencia de un autobús, Estrella Roja, que fue “desaparecido” en las indagatorias y que había sido mencionado inicialmente por los estudiantes como uno de los cinco vehículos que tomaron el 26 de septiembre. La guatemalteca contó que el grupo de expertos GIEI consideró sospechoso que al inicio de la averiguación se mencionara el vehículo y que en las últimas actuaciones no se hablara más de él, aún cuando en un video de la central camionera de Iguala, se observa que fue abordado por los jóvenes. Los jóvenes, expuso, contaron al GIEI que fueron bajados del vehículo y atacados por policías ministeriales y ministeriales a balazos, y que diez jóvenes fueron refugiados por una familia en tanto que otros cuatro huyeron al cerro. Al pedir la declaración del chofer, agregó, éste negó los hechos, dijo que el camión se descompuso y que los jóvenes abandonaron el vehículo, “sin embargo, después localizamos un escrito, en la indagatoria al parecer narrado por la misma persona, en el que se confirman los dichos de los estudiantes”. El abogado Alejandro Valencia dijo que de la revisión de la investigación así como de las condiciones nacionales sobre las desapariciones, el GIEI emitió 20 recomendaciones, entre las que destacan la insistencia por continuar con los operativos de búsqueda y fincar responsabilidades a funcionarios que “crearon obstáculos durante la integración de la averiguación previa”. Valencia reconoció que el mandato del GIEI pudo ser ejercido por la voluntad del gobierno de Peña Nieto, pero admitió que están “en espera de que el Estado confirme los dos meses de prórroga del mandato que dio la CIDH o de lo contrario que informe quiénes se harán cargo del seguimiento de las recomendaciones”.
Al término de la presentación, el documento fue entregado a los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Juan Manuel Gómez Robledo, así como al subprocurador de Derechos Humanos Eber Betazos; a los padres de familia de los desaparecidos, así como al representante de la CIDH, James Cavallaro. FUENTE: PROCESO. AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
MÉXICO, D.F: En un video enviado desde la cárcel de Hermosillo, Sonora, José Manuel Mireles manifestó su preocupación por los recientes asesinatos de autodefensas de varias regiones de Michoacán a manos del “crimen autorizado”. Tras 14 meses de estar preso en el penal de alta seguridad de Sonora, acusado de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y posesión de drogas, el exlíder de las autodefensas se declaró “preso político” por defender a su pueblo y acusó a las autoridades judiciales de jugar con su caso al alargar el tiempo del juicio.
En un mensaje fechado este viernes 4, Mireles externó su tristeza por la detención del autodefensa Cemeí Verdía y los asesinatos de otros líderes de este movimiento de autodefensas en varios pueblos de Yurécuaro, Churumuco, Nueva Italia y Huetamo. “Veo con tristeza que los pueblos son acribillados por el crimen organizado que yo llamo crimen autorizado”, acusó el médico de Tepalcatepec, quien dijo que es una desgracia que haya pueblos sin que nadie los defienda, a pesar de que policías y miliares “andan de paseo” en esas zonas y, detrás de ellos, los criminales secuestrando y asesinando a la gente. Mireles destacó la importancia de fortalecer la “sociedad civil” y limpiarla de la presencia del crimen organizado. Además, criticó a los partidos políticos por su nula representatividad social. En su mensaje grabado, el exlíder de las autodefensas de Michoacán precisó que lo único que han buscado desde su aparición en 2013 es vivir con dignidad y no estar pagando 40 mil pesos al mes para poder trabajar tranquilamente. Luego indicó que “desgraciadamente son pocos los que protestamos, muchos los que quisieran defenderse”. Advirtió que la situación en Michoacán está peor de cuando fue preso.
“Estoy injustamente preso”, insistió Mireles al pedir que haya paz en Michoacán. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
