El escritor y periodista publica, ‘Los 43 de Iguala’, volumen donde indaga sobre lo sucedido con los normalista de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014.
El próximo 26 de septiembre se cumplirá un año de la desaparición de 43 normalistas en Iguala. Pese a la “verdad histórica” promovida por el gobierno federal, vía la Procuraduría General de la República, aun quedan muchas dudas sobre lo sucedido aquella noche, varias de estas preguntas son planteadas por el periodista y escritor, Sergio González Rodríguez, en su libro Los 43 de Iguala (Anagrama).
A un año de lo sucedido en con los 43 estudiantes en Iguala, ya aparecieron al menos 3 libros y un par de documentales que intentan explicar lo sucedido. ¿Qué representan los hechos de aquella noche de finales de septiembre?
Es un episodio que representa una crisis integral de nuestras instituciones; la dificultad de la relación entre sociedad y gobierno, la falta de respuesta adecuada a las inquietudes sociales. Nos reveló las carencias que arrastramos en la reformulación de lo que es el Estado-Nación de cara al nuevo orden global. No solo es un hecho criminal como se ha querido ver, es un ejemplo de la degradación de un partido que se corrompió y permitió que criminales ejercieran tareas de gobernabilidad propias de la policía; es también algo más complejo porque muestra una crisis profunda del país.
¿Se puede abordar lo pasó en Iguala con los estudiantes de una forma despolitizada?
Es cuestión de responsabilidad por parte de las autoridades. Debe haber un área de prevención, el Estado y los gobiernos tienen órganos de inteligencia lo suficientemente formalizados como para impedir la degradación de un gobierno municipal donde el crimen organizado se imbricó en una sinergia absolutamente anómala, como sucedió en Iguala. Esa situación vista desde un punto de vista más abstracto, parecería un simple problema para local, sin embargo lo que observamos es la irresponsabilidad del gobierno estatal y federal, la falta de previsión de los órganos de inteligencia del Estado, la falta de participación directa y real, este deseo de no involucrarse quienes por parte de los órganos de seguridad pública, la policía, las fuerzas armadas. El episodio es más que un simple caso para la criminología.
También dice que los 43 fueron expuestos por sus propios dirigentes
Tenemos la contraparte de dirigentes acostumbrados a enviar a menores de edad o estudiantes en general, que están bajo la tutela del organismo educativo de la Normal Rural de Ayotzinapa a operaciones de confrontación con policías que traen armas de fuego. Es una asimetría de fuerzas que no debe de tolerarse. Los líderes no deben mandar a los muchachos para este tipo de operaciones. No hay responsabilidad absoluta. No estoy de acuerdo con este uso de las personas.
En su momento, diversos medios y especialistas celebraron la investigación de la PGR. Sin embargo, hoy vuelve a cuestionarse el trabajo federal y la supuesta “verdad histórica”.
Sí, porque en México no tenemos una verdadera cultura de la investigación policial ministerial. La mayor parte de los detenidos por presuntos delitos se dan en flagrancia o flagrancia equiparada, quiere decir que los agarran en el momento de cometer o les atribuyen el delito, más del 90% de las detenciones se dan de esta forma. Cuando se tratan casos en el límite como el de Iguala o el de la colonia Narvarte, la autoridad se ve rebasada ante la presión pública. Y dado que ambos tienen una articulación política, prefieren resolverlo como un problema de gestión política en lugar de hacer una verdadera investigación policiaca ministerial. Por eso sus expedientes resultan absolutamente inconsistentes, llenos de contradicciones, de lagunas que desatan más preguntas que respuestas. que resuelven, que dejan inconforme a la opinión pública, a la familia de las víctimas.
Usted incorpora al caso elementos geopolíticos, ¿por qué?
Estamos viendo una defensa de los intereses políticos de Estados Unidos. México que es un país soberano e independiente, debería que tener una clase política y una clase dirigente más consciente de lo que representa la responsabilidad de negociar con ellos. El país ha sido desmantelado en su planta productiva para implantar una economía basada en ensambladoras e industrias extranjeras controladas por el mercado norteamericano. Tenemos que ser muy claros para entender que Estados Unidos, integralmente como nación, nunca ha querido a México. Solamente lo anidaba en los rangos de provisión de recursos naturales en provisión minera y mano de obra barata. Debemos tener una relación más equitativa con Estados Unidos en cuestión de drogas o armas por ejemplo. Recordemos que el consumo de drogas es también, un modo de control social. El narcotráfico lava el dinero en los folios de poder bancario-financiero de Estados Unidos y de otras partes. Por eso no comparto la visión de una lucha de policías contra ladrones.
Después de su investigación, ¿cuál es su hipótesis sobre lo sucedido esa noche?
Fue una operación de limpieza social realizada por expertos en contra-insurgencia, que reprodujo patrones que están completamente estudiados por la Agencia Central de Inteligencia, por ejemplo: la Operación Phoenix. Sus efectos implican terror social, el desollamiento, la extracción de ojos, etc., para enviar una lección a aquellos que quieran oponerse al gobierno. Recordemos que en Guerrero sistemáticamente hemos visto la aniquilación de activistas sociales.
Su hipótesis contrasta con la de la confusión o la del ataque por parte de sicarios.
La idea de que fueron sicarios forma parte de la ‘verdad histórica’. Pero no nos han explicado que ese tipo de operaciones no pueden ser realizadas por un conjunto de señores drogados, criminales y analfabetas. Fue una operación enteramente ordenada y eso implica una capacitación paramilitar de expertos. Los testimonios son la única prueba del gobierno y fueron obtenidos bajo tortura. Por lo tanto, es insostenible en términos técnicos y científicos como los propios extranjeros lo han dicho.
¿Hay probabilidades de que el caso se reabra?
Expertos extranjeros demandan que la ‘verdad histórica’ presumida por las autoridades mexicanas no es sostenible y tiene que hacerse una investigación más amplia. Con el apoyo internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podremos tener una posibilidad de que sí se amplíe su investigación.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: HÉCTOR GONZÁLEZ.
Tras 6 meses de investigación en México, los expertos de la CIDH concluyeron que los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, como lo estableció el gobierno federal.
El siguiente documento, presentado este domingo por los 5 expertos de la CIDH, contiene recomendaciones al Estado mexicano sobre la investigación del caso Ayotzinapa, además de que refuta la “verdad histórica” de los hechos del 26 y 27 de septiembre, que dio a conocer la PGR a inicios de este año, en relación con que los normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula.
Informe Completo GIEI-Iguala by Aristegui Noticias
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El presidente Enrique Peña Nieto ordenó a las dependencias del gobierno federal atender las recomendaciones realizadas este domingo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa.
Esta mañana, el GIEI presentó un informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el cual rechaza la versión de la PGR de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Los expertos presentaron una lista de 20 recomendaciones al gobierno federal entre las que destaca investigar como el móvil de la agresión el transporte de estupefacientes en camiones en Guerrero.
“He dado indicaciones para que las investigaciones de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos aportados por el GIEI”, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.
En otro mensaje indicó que “También le he dado indicaciones a las dependencias del @Gobmx para que analicen cada una de las recomendaciones que han presentado hoy”.
En la misma red social, Peña Nieto agradeció el trabajo de los expertos independientes y el apoyo de la CIDH para la investigación de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de 2014.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá aprobar, a más tardar en enero de 2016, su Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática 2016-2020, destinada a poner en práctica políticas públicas orientadas a construir ciudadanía.
Además de desarrollar e implementar procesos educativos que promuevan el aprecio por lo público, afirmó el consejero electoral José Roberto Ruiz.
En entrevista con Notimex, enfatizó que sólo en el proceso electoral federal 2015 del pasado 7 de junio se generó la idea colectiva de que “boicotear” elecciones sirve para exigir otros derechos.
Lo anterior fue “el error más grande del mundo, porque suprimir unos derechos no puede ser la vía para exigir otros. Los derechos se deben potenciar y deben ser de todos, hay que buscar otras formas de exigir a los gobernantes”.
Interrogado sobre si el binomio pobreza-falta de educación se contrapone a los derechos humanos, opinó que “es cierto que cuando lo fundamental es cubrir los derechos sociales, querer cubrir derechos de tercera generación suena utópico”.
Pero, “creo que todavía hay un universo de mexicanos que ya tienen acceso a más información, que ya tienen más forma de asimilar esos contenidos. Entonces yo creo que sobre ellos deberíamos estar trabajando más”.
Reconoció que el país no sólo adolece de una cultura política democrática, sino que “tenemos un gran rezago en participación política, en participación electoral, en confianza entre ciudadanos, en confianza en las instituciones, en respeto a la legalidad”.
Ruiz Saldaña refirió que la ausencia de estas práctica impide al país contar con una democracia sólida y con procesos electorales en los que impere el respeto a las reglas del juego y la confianza a la autoridad.
En su opinión, los programas de educación cívica del INE deberán dirigirse a los niños y los jóvenes, aunque haya quienes opinen que debe incluirse a los grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres e indígenas.
“Si pretendemos hacer mucho acabaremos haciendo poco. Esos debates deberán generarse en el seno de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral y la de Educación Cívica, previo a su aprobación en el Consejo General”, dijo.
Consideró que los programas de educación cívica coadyuvarán a evitar que se presenten problemas como los suscitados en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán durante los comicios celebrados el 7 de junio.
En esos estados, aunque en escala menor en Michoacán, “está la muestra de que hay un México que no sólo no está enamorado, por decirlo así, de este modelo de competencia de construcción de democracia”.
Esto es, se puso en evidencia que hay quienes no comparten la idea de una sana competencia electoral, “sino que incluso lo ve como algo ajeno, como algo posible de hacer a un lado, de boicotear”.
El consejero electoral dijo no compartir la idea de quienes ven en las elecciones una oportunidad para “secuestrarlas” e imponer intereses ajenos a los que se buscan en una contienda de ese tipo.
Yo lo he sostenido: en México no debemos tener ciudadanos que conciban secuestrar las elecciones.
Señaló que la ciudadanía debería de explorar otras formas para manifestar su descontento o desaprobación a la actuación de la o las autoridades, como enviar cartas de protesta, pancartas y/o manifestaciones. “Eso es a lo que deberíamos aspirar como mexicanos, a tener hábitos de protesta”, opinó.
Y ya, en casos “muy radicales”, clausuras simbólicas de instituciones y bloqueos de calles, pero no negar el ejercicio de derechos como el de acudir a votar.
José Roberto Ruiz indicó que si bien se ha avanzado, el INE ha hecho un esfuerzo aislado en materia de educación cívica, dado que “no hay una política de Estado”.
Agregó que no hay una institución del Estado que se encargue, como una atribución constitucional, a generar el hábito de exigir derechos y valorar la democracia.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-09-2015/1476968.
Activistas de la organización Greenpeace México formaron esta mañana un mensaje con la leyenda “Paz, justicia, esperanza, 43”, desde La Quebrada, en Acapulco, Guerrero, como un mensaje de solidaridad a todas las personas que en México han sido víctimas de abusos y atropellos al defender una causa justa, ambiental y social.
Un grupo de al menos 20 activistas de Greenpeace México colocaron letras con la leyenda “Paz, justicia, esperanza, 43” sobre los descansos del mirador de la Quebrada, en Acapulco, donde se encuentra su embarcación Esperanza, para protestar por los ataques contra ambientalistas, la violación a los derechos humanos y las desapariciones sin resolver en el país.
“Paz, por la tranquilidad que queremos que pronto puedan tener las familias y amigos de las 25 mil personas que han sido desaparecidas en los últimos años, en particular las de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Justicia, porque aunque su ausencia ha lastimado a la sociedad, los defensores del medio ambiente y los derechos humanos no pararemos hasta que ésta sea restaurada. Y esperanza, porque confiamos en que cada vez habrá más actos de valor de la gente, tan necesarios para el mundo que buscamos un mundo más justo y verde”, explicó la organización a través de un comunicado.
Además, Greenpeace México aseguró que la persecución y el acoso a activistas ambientales y políticos, la violencia del Estado y la inequidad son realidades que precisan la atención y la acción de todas las personas, por lo que uno los ideales de esta organización es, desde su fundación hace 44 años, “la oposición a la violencia y a la guerra”.
“Estos principios son una convicción moral que nos impide ignorar actos de injusticia que atenten contra la dignidad de las personas y el equilibrio de los ecosistemas”, dijo la vocera de Greenpeace, Sinaí Guevara.
Greenpeace México aseguró que las miles de desapariciones sin resolver “son una evidencia de la fuerte descomposición en las estructuras del gobierno, en sus instituciones y en los que toman las decisiones”. Recordó que los casos como los de Ayotzinapa “exhiben uno de los peores rostros de la especie humana, pero también uno de los mejores en todos aquellos otros hombres y mujeres que hoy siguen con la frente en alto defendiendo pacíficamente una causa justa”.
Sinaí Guevara hizo un llamado al gobierno mexicano para que se investigue y esclarezcan los actos ocurridos en Ayotzinapa, así como frenar el acoso a los activistas ambientales “que todos los días luchan por un medio ambiente más sano”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-09-2015/1476846.
MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio, que realicen un análisis para determinar si en el basurero de Cocula, Guerrero, fueron incinerados los 43 normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre, como lo afirmó está institución en su versión histórica de los hechos.
El anuncio lo realizó la procuradora Arely Gómez González, horas después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe sobre el caso, en el que determinaron que los normalistas no fueron incinerados en Cocula.
En la edición 1985 de Proceso, el experto en incendios y explosivos, Alfonso Palacios Blanco, entrevistado por la reportera Patricia Dávila, dio su dictamen: “En Cerro Viejo no hubo incineración o no incineraron la cantidad de cuerpos de la que hablan”.
Y agregó: “Dice nuestro procurador que los quemaron con llantas, diésel y gasolina a mil 600 grados centígrados de temperatura, pero el acero se funde a 2 mil 500. Por lo tanto, en cantidad considerable, debieron encontrar fibras metálicas de los neumáticos que emplearon, porque para quemar 43 cuerpos debieron utilizar de tres a cuatro neumáticos por persona y una cantidad considerable de gasolina y diésel”.
Semanas después, en el número 1999 del 21 de febrero de este año, bajo el título Otra losa a la “verdad histórica” de la PGR, el perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Jorge Arturo Talavera aseguró que era falso que en ese lugar se hubiera prendido fuego a los normalistas.
“La ciencia se ensaña con las versiones del procurador de Jesús Murillo Karam. ¿Dónde están las hebillas de los normalistas presuntamente incinerados en Cocula? ¿Por qué no se quemaron los victimarios, si mil 600 grados centígrados convertirían toda la zona en un gigantesco horno? ¿Por qué no se incendió el basurero? ¿Dónde están las estructuras metálicas de las llantas usadas para prender el fuego? ¿De qué árboles salió la media tonelada de leña necesaria para la pira? ¿Por qué no hay grasa humana en el suelo? El perito del INAH Jorge Arturo Talavera lo tiene claro: “En el basurero no fueron incinerados los 43 estudiantes”.
Trastabillante, en una conferencia de prensa en la que no admitió preguntas, la procuradora Arely Gómez se pronunció respecto a la información relativa al peritaje sobre los hechos específicos de la incineración en el basurero de Cocula:
“He instruido se atienda la propuesta contenida en el anexo Informe Pericial aspectos relacionados al fuego, la PGR valorará su incorporación a la averiguación previa. En atención a ello, he ordenado a las diversas áreas de la PGR para que a partir del momento en que fue recibido, se lleve a cabo su estudio y análisis detallado del contenido y que se incorpore a la investigación que lleva esta institución”.
Respecto a la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel, con peritos de una formación y experiencia consistentes con la magnitud del problema, se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio.
Afirmó que las investigaciones continuarán hasta sus últimas consecuencias.
Explicó que con el objetivo de determinar los hechos ocurridos y para fortalecer las investigaciones, el 13 de octubre de 2014, el Estado mexicano solicitó la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual se materializó con la conformación del GIEI.
“El día de hoy el grupo de expertos presentó un informe que es fundamental para la investigación, como lo han reconocido los miembros de este grupo, se brindaron todas las facilidades para sus actividades, pues el gobierno de la República ha sido el primer interesado en que la asistencia de la CIDH nos permita dar mayor certeza sobre estos hechos”, señaló la funcionaria.
Los resultados y conclusiones de las entrevistas del trabajo de campo y de los estudios que los expertos llevaron a cabo, desde el día de hoy se analizarán y en su momento, la PGR valorará su incorporación a la averiguación previa.
Reiteró que la PGR continúa y continuará con su labor, hasta que el último responsable sea consignado.
Informó que derivado de la investigación ministerial, se ha ejercido acción penal en contra de 131 personas, de las cuales han sido aprehendidas 110, las cuales enfrentan un proceso penal para responder por estos hechos que tanto indignan a los mexicanos.
Respecto a la información relativa al peritaje sobre los hechos específicos de la incineración en el basurero de Cocula, la procuradora ordenó que se atienda la propuesta contenida en el anexo Informe Pericial aspectos relacionados al fuego, referente a la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel, con peritos con una formación y experiencia consistentes con la magnitud del problema, por tal motivo, se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio”.
En lo que respecta a la autoría de estos hechos, las conclusiones del grupo de expertos confirman las líneas de investigación de esta Procuraduría, en el sentido de que las policías de Iguala y Cocula participaron en la comisión de estos delitos. Dichas corporaciones policiales fueron cooptadas por la delincuencia organizada como se ha podido acreditar de las actuaciones que obran en el expediente.
El grupo de expertos también refieren que la delincuencia organizada infiltró la administración municipal del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y destacadamente a la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio. José Luis Abarca se encuentra detenido y está sujeto a diversos procesos penales.
Arely Gómez anunció que el Estado mexicano solicitará la prórroga del mandato para que el grupo de expertos pueda concluir sus trabajos en torno a estos hechos en los términos y modalidades que serán acordadas por todas las partes.
En cuanto a la averiguación previa, ésta será llevada por el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y se ha solicitado la acumulación de los procesos penales abiertos contra los probables responsables de la desaparición de los normalistas, para que estos sean resueltos por el mismo juez federal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
MÉXICO, D.F: Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigieron una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto para esclarecer su desaparición.
Además, pidieron que el grupo de expertos de la CIDH permanezca indefinidamente hasta que se dé con el paradero de los jóvenes.
En conferencia de prensa en el Centro Prodh exigieron castigo y juicio contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien al estar al frente de la PGR informó que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, versión que hoy fue refutada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Además, los padres de los normalistas exigen las renuncias de Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal; y de Enrique Galindo Ceballos, titular de la Policía federak.
Asimismo demandaron que el gobierno entregue con vida a los 43 normalistas porque según ellos quedó demostrado que no fueron quemados en el basurero de Cocula.
También piden que se reabran las investigaciones para que se incluya al Ejército, la Policía Federal y elementos de seguridad estatal.
El próximo 23 de septiembre los familiares de los normalistas iniciarán un ayuno y el día 26 harán una marcha en la Ciudad de México.
“Llegaremos hasta las últimas consecuencias”, dijo Felipe de la Cruz.
De la Cruz consideró que es necesario que Peña Nieto se reúna con los padres de los normalistas y con el grupo de expertos de la CIDH para que se comprometa a cumplir las recomendaciones del informe y se continúe con la búsqueda de los estudiantes.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, gritaron los padres y familiares de los normalistas reunidos en el Centro Prodh.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) echó abajo la “versión histórica” sobre la desaparecida forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en su sexto informe de actividades presentado este domingo ante funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto
En un evento realizado también frente a los padres de los jóvenes desaparecidos, el relator de México de la Comisión de Derechos Humanos, James Cavallaro, así como organizaciones sociales, los cinco expertos rechazaron que la versión oficial de que los 43 estudiantes fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula y sus restos tirados en el río San Juan.
Con base a un peritaje de un experto peruano José Toledo, quien acudió al basurero de Cocula, el abogado chileno Francisco Cox descartó “científicamente” no sólo que los 43 jóvenes hayan sido quemados en ese lugar, ni siquiera un solo cuerpo pudo ser calcinado.
“Con base a la evidencia podemos decir que no hubo incendio ni siquiera para incinerar a una persona”, detalló en conferencia de prensa posterior el abogado chileno.
De acuerdo a un estudio científico realizado por Toledo, dijo, “la carga necesaria para incinerar a una persona requiere de 700 kilos de kilos de maderera”, material que no se encontraba en el sitio de la presunta pira.
Apuntó que la versión de la PGR es sólo sostenida por los perpetradores que refieren haber calcinado a 43, en tanto que ni de manera científica “ni por medio de testimonios hay pruebas de que ahí se realizó un incendio ese día, lo que se constata al examinar el basurero que ha habido otros incendios pero de menor significación como para calcinar a una persona”.
Sobre los restos presentados por las autoridades, uno de ellos correspondiente a Alexander Mora, Francisco Cox puntualizó que las características del hueso “corresponden a las que se alcanzan los restos por incineración”, es decir en un horno crematorio.
Después de seis meses de indagatorias, en el expediente judicial, en información desclasificada del Ejército, así como a partir de entrevistas con estudiantes sobrevivientes e implicados procesados, los expertos sostuvieron que no hay claridad en cuál fue el móvil de la desaparición ni tienen certeza de dónde pueden estar.
Carlos Beristáin resaltó que por las evidencias obtenidas, se trató de un operativo con un incremento paulatino del nivel de violencia contra los jóvenes, hechos que fueron atestiguados por integrantes de diversas corporaciones policiacas y miembros de 27 Batallón de Infantería de Iguala, sin que actuaran para protegerlos.
Al detallar que los hechos dejaron 180 víctimas directas, 6 ejecuciones, 40 heridos, 43 desaparecidos y 700 víctimas indirectas, Beristain detalló que en los nueve escenarios en los que ocurrieron los hechos, estuvieron presentes miembros del 27 Batallón, de la Policía Federal, Policía Ministerial, Policía Estatal y agentes municipales de Iguala y Cocula.
El médico español resaltó que por peritajes externos, ubicaron que de los 110 detenidos, al menos 80 tenían huellas de lesiones, “pero compete a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a los jueces determinar si fueron producto de tortura”.
Ángela Buitrago confirmó que “desde que los jóvenes salieron de Chilpancingo”, autoridades estatales y federales así como el Ejército, dieron seguimiento a la movilización de los estudiantes, el boteo y la toma de autobuses, y de que dirigían a Iguala.
La abogada colombiana, dijo que incluso por órdenes militares es que el C4 dejó de registrar llamadas de auxilio o de comunicación entre las autoridades, durante el tiempo en que ocurrieron los ataques a los estudiantes y que la última notificación se refiere a la balacera al camión en el que viajaban integrantes del equipo de futbol Avispones.
La abogada Claudia Paz y Paz habló de la existencia de un personaje de “bigote blanco”, que no ha sido plenamente identificado por las autoridades, quien habría dado instrucciones la en el operativo del 26 y 27 de septiembre del año pasado.
Paz y Paz narró que uno de los choferes de los autobuses en los que viajaban los estudiantes, fue detenido por policías estatales, llevado a una “casa de seguridad en el centro de Iguala”, y dio indicaciones para que el operador del autobús fuera liberado y fue luego de ser trasladado a instalaciones de la Policía Estatal.
La abogada también dio indicios sobre la existencia de un autobús, Estrella Roja, que fue “desaparecido” en las indagatorias y que había sido mencionado inicialmente por los estudiantes como uno de los cinco vehículos que tomaron el 26 de septiembre.
La guatemalteca contó que el grupo de expertos GIEI consideró sospechoso que al inicio de la averiguación se mencionara el vehículo y que en las últimas actuaciones no se hablara más de él, aún cuando en un video de la central camionera de Iguala, se observa que fue abordado por los jóvenes.
Los jóvenes, expuso, contaron al GIEI que fueron bajados del vehículo y atacados por policías ministeriales y ministeriales a balazos, y que diez jóvenes fueron refugiados por una familia en tanto que otros cuatro huyeron al cerro.
Al pedir la declaración del chofer, agregó, éste negó los hechos, dijo que el camión se descompuso y que los jóvenes abandonaron el vehículo, “sin embargo, después localizamos un escrito, en la indagatoria al parecer narrado por la misma persona, en el que se confirman los dichos de los estudiantes”.
El abogado Alejandro Valencia dijo que de la revisión de la investigación así como de las condiciones nacionales sobre las desapariciones, el GIEI emitió 20 recomendaciones, entre las que destacan la insistencia por continuar con los operativos de búsqueda y fincar responsabilidades a funcionarios que “crearon obstáculos durante la integración de la averiguación previa”.
Valencia reconoció que el mandato del GIEI pudo ser ejercido por la voluntad del gobierno de Peña Nieto, pero admitió que están “en espera de que el Estado confirme los dos meses de prórroga del mandato que dio la CIDH o de lo contrario que informe quiénes se harán cargo del seguimiento de las recomendaciones”.
Al término de la presentación, el documento fue entregado a los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Juan Manuel Gómez Robledo, así como al subprocurador de Derechos Humanos Eber Betazos; a los padres de familia de los desaparecidos, así como al representante de la CIDH, James Cavallaro.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
MÉXICO, D.F: En un video enviado desde la cárcel de Hermosillo, Sonora, José Manuel Mireles manifestó su preocupación por los recientes asesinatos de autodefensas de varias regiones de Michoacán a manos del “crimen autorizado”.
Tras 14 meses de estar preso en el penal de alta seguridad de Sonora, acusado de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y posesión de drogas, el exlíder de las autodefensas se declaró “preso político” por defender a su pueblo y acusó a las autoridades judiciales de jugar con su caso al alargar el tiempo del juicio.
En un mensaje fechado este viernes 4, Mireles externó su tristeza por la detención del autodefensa Cemeí Verdía y los asesinatos de otros líderes de este movimiento de autodefensas en varios pueblos de Yurécuaro, Churumuco, Nueva Italia y Huetamo.
“Veo con tristeza que los pueblos son acribillados por el crimen organizado que yo llamo crimen autorizado”, acusó el médico de Tepalcatepec, quien dijo que es una desgracia que haya pueblos sin que nadie los defienda, a pesar de que policías y miliares “andan de paseo” en esas zonas y, detrás de ellos, los criminales secuestrando y asesinando a la gente.
Mireles destacó la importancia de fortalecer la “sociedad civil” y limpiarla de la presencia del crimen organizado. Además, criticó a los partidos políticos por su nula representatividad social.
En su mensaje grabado, el exlíder de las autodefensas de Michoacán precisó que lo único que han buscado desde su aparición en 2013 es vivir con dignidad y no estar pagando 40 mil pesos al mes para poder trabajar tranquilamente.
Luego indicó que “desgraciadamente son pocos los que protestamos, muchos los que quisieran defenderse”. Advirtió que la situación en Michoacán está peor de cuando fue preso.
“Estoy injustamente preso”, insistió Mireles al pedir que haya paz en Michoacán.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
MONTERREY, N.L: El Congreso Nacional Ciudadano (CNC) emprendió la recolección de firmas a nivel nacional para presentar una denuncia colectiva contra el presidente de México, Enrique Peña Nieto, e integrantes de su gabinete por enriquecimiento ilícito.
Gilberto Lozano, coordinador de la agrupación con presencia en todo el país, señaló que la convocatoria inició el pasado 29 de agosto y continuará todos los domingos de septiembre.
En la demanda se incluyó, además del ejecutivo federal, a los secretarios Virgilio Andrade, de la Función Pública; Miguel Osorio, de Gobernación; Gerardo Ruiz, de Comunicaciones y Transportes; Luis Videgaray, de Hacienda y Crédito Público; y hasta la esposa del mandatario, Angélica Rivera.
Los ciudadanos y el CNC buscan que todos sean procesados por actos de corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, abuso de la función pública y hasta lavado de dinero porque “no nos suman los ingresos del mandatario para tener los bienes que exhibe”.
La solicitud implica que sea efectuada una investigación imparcial, no una simulación, como la que presentó el secretario de la Función Pública, dijo.
“Esto nace de la exoneración que hizo Virgilio Andrade del presidente y la compra de la Casa Blanca. Consideramos que hay hechos suficientes para que el asunto sea investigado a fondo no por una secretaría de la Función Pública, sino por una procuraduría o llegar hasta la Suprema Corte de Justicia”, agregó.
La colecta de firmas inició el pasado fin de semana a nivel nacional. En el arranque de la iniciativa se recabaron unas 23 mil, comentó el activista regiomontano.
También se abrieron módulos en Estados Unidos, en las ciudades de Tucson, Washington y Nueva York, donde los paisanos han expresado su respaldo firmando el listado.
En Nuevo León el ejercicio empezó el pasado sábado 29 de agosto, pero se decidió continuar la campaña todos los domingos de septiembre y hasta la primera de octubre.
De acuerdo con lo planeado, simpatizantes del movimiento colocarán un módulo en el área de la Macroplaza de esta ciudad para solicitar a los ciudadanos respaldar con su rúbrica la demanda que entregarán en octubre en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México.
También habrá mesas receptoras en la Plaza Fátima, de San Pedro, Parroquia Corpus Christi, en el sector Contry, y en la lateral de la carretera nacional, a la altura de la tienda Costco, así como en la plaza principal del municipio Benito Juárez.
En mayo pasado, el CNC recolectó más de 20 mil firmas para denunciar en la Procuraduría de Justicia de Nuevo León al gobernador de la entidad, Rodrigo Medina de la Cruz, y a su padre Humberto Medina Ainslie por enriquecimiento ilícito.
El 4 de junio, el procurador Javier Flores desechó la querella al señalar que no había delito que perseguir. Entonces, Lozano y sus asesores jurídicos recurrieron a un amparo que, dijo, será resuelto el 23 de septiembre próximo.
De esta manera, estimó, le corresponderá al gobierno entrante de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, investigar a los Medina por la instancia del fuero común.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
Juan Carlos Zaragoza Ríos, quien participa en una red que acosa a periodistas, medios y políticos por encargo, fue despedido hoy de Televisa aunque estaba bajo suspensión, informaron fuentes oficiales de la televisora a SinEmbargo.
Zaragoza Ríos encabezó el equipo técnico que bajo las órdenes del ex Delegado de Cuajimalpa Adrián Ruvalcaba lanzó campañas de desprestigio e intimidación contra SinEmbargo, Aristegui Noticias, Cuna de Grillos, distintos medios del interior del país y periodistas como Francisco Zea, de Cadena 3. Otros miembros identificados plenamente en el grupo criminal son Alejandro Emiliano Zapata, asesor de Ruvalcaba, y Danna Vázquez, una representante de artistas a la que se relaciona además con los tuits de apoyo al Partido Verde durante la pasada elección.
La unidad científica de la Policía Federal (PF), por orden de un Juez, realizó escuchas a Zaragoza Ríos, quien también se hace llama “El Lobo de Wall Street”, o “James Boss”, su madre, Lina Ríos, una supuesta empleada federal, aparece en distintas grabaciones porque a ella va contando varias de las operaciones que Zaragoza encabezó.
Aunque la televisora ya despidió a su empleado (quien se ostentaba con cargos que no tenía), la Procuraduría General de la República (PGR), o la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), no han informado cuándo procederán contra los otros involucrados en la red desenmascarada por la PF.
40 MIL FIRMAS IR CONTRA ACOSADORES
La petición lanzada por la organización internacional Artículo 19 que exige a la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, y al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Nájera Herrera, que consignen a una red de acoso a varios medios de comunicación llegó este día a más de 40 mil firmas en la plataforma Change.org.
La petición fue lanzada apenas el 25 de agosto pasado.
Juan Carlos Zaragoza Ríos, ahora ex empleado de Televisa, fue grabado por la PF cuando ordenaba un video para inventarle, a un político veracruzano que dejó el PRI, que había engañado y violado a un menor de edad. Otros muchos casos similares quedaron documentados por durante el periodo de escuchas autorizado por un juez federal.
La red de acoso recurre a la difamación desde el anonimato. Un audio capturado por la Unidad Científica de la Policía Federal descubrió que además de políticos, periodistas han sido acosados con campañas en redes sociales. Además de SinEmbargo, el periodista Francisco Zea de Cadena 3 fue víctima de una campaña de acoso por cuando denunció un caso de presunto abuso que involucra a un hermano del ex Delegado de Cuajimalpa Adrián Rubalcava.
Se desconoce si las autoridades investigan la red de financiamiento de la cadena de acoso. Rubalcava ha sido relacionado a una organización criminal que se dedica al secuestro y la extorsión, denominada “Los Claudios”.
Artículo 19 exige que ahora se integre el expediente con responsabilidad, y se consigne al menos a los principales cuatro involucrados en este caso de ataques a la prensa:
1. Adrián Rubalcava Suárez, un político vinculado, con anterioridad, a un grupo criminal conocido como “Los Claudios”, dedicado al secuestro y la extorsión, de acuerdo con las autoridades capitalinas.
2. Juan Carlos Zaragoza Ríos, un ex empleado de Televisa que trabaja no sólo para Rubalcava sino para otros políticos, como el ex Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.
3. Alejandro Emiliano Zapata Sánchez, ex director de Comunicación Social de Cuajimalpa y operador de Rubalcava.
4. Danna Vázquez, una representante de artistas vinculada al uso de cuentas de sus clientes para favorecer al Partido Verde.
Artículo 19 reclama en la petición: “La Unidad Científica de la PF, con apoyo de un juez federal, ha recabado suficientes elementos de prueba, incluyendo más de 30 intervenciones telefónicas que relacionan directamente a Rubalcava con Zaragoza. También se ha demostrado que el (entonces) empleado de Televisa recibe instrucciones y dinero del funcionario priista desde hace años para coordinar campañas de difamación, desprestigio y extorsiones en contra de medios, periodistas y miembros de otros partidos políticos. Las intervenciones telefónicas, entregadas por la PF a SinEmbargo, muestran el posible uso de recursos públicos para financiar los ataques contra medios y periodistas”.
La organización internacional agrega que a pesar de la urgencia y la gravedad de los hechos, “la FEADLE –encargada de investigar los delitos cometidos contra periodistas–, a cargo de Ricardo Nájera Herrera, ha mostrado ser incompetente y omisa en beneficio del ex delegado de Cuajimalpa. De acuerdo con las grabaciones, Jeannette Aguirre, la primera agente del Ministerio Público a cargo del caso, supuestamente recibió dinero de los agresores. El actual MP ‘está de vacaciones’, postergando la resolución que podría ayudar a sentenciar al próximo legislador capitalino”.
SinEmbargo dijo recientemente, en su columna de casa, que si el trabajo de la Unidad Científica de la PF, que tuvo ayuda de un Juez federal comprometido, está allí, “ahora falta que Ricardo Nájera Herrera haga su trabajo”.
“Después de meses y meses de cooperación con la Fiscalía, el expediente del caso SinEmbargo está lleno, literalmente, de basura. La agente del Ministerio Público hizo declarar una y otra vez al menos a dos decenas de empleados de esta casa editorial; les mandó citatorios y, básicamente, les quitó tiempo. El expediente que armó Jeanette Emelia Aguirre Ramírez era un conjunto de papeles inservibles que conducían, en resumen, a exculpar a Rubalcava, a Zaragoza Ríos, a Zapata Sánchez y a Vázquez”, manifestó en este medio digital.
“Jeanette Emelia Aguirre Ramírez, quien lleva otros casos de periodistas como el de Moisés Sánchez –asesinado en Veracruz–, es mencionada por Zaragoza Ríos en una escucha. Él le presume a su madre que le pagó a la Ministerio Público para que se burlara de los periodistas. Desconocemos qué tanto hay de verdad en eso, pero al ver el expediente podemos decir que, en efecto, a simple vista, la agente parece haber hecho el trabajo que los acosadores de periodistas querían: que todo quedara en nada. Han pasado meses y meses desde que SinEmbargo interpuso su denuncia, el 20 de octubre de 2014. Meses en los que no pasó NADA, hasta que la Policía Federal, con ayuda de un juez sensible, hizo su trabajo”, señaló.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-09-2015/1475509.
La transformación que traerían las reformas estructurales en México, sobre todo la Energética, llevaron al Presidente mexicano Enrique Peña Nieto a los cuernos de la luna en la prensa extranjera. No sólo El País, Time o The Economist publicaron artículos en los que se describía a un político joven, líder y reformador –y una administración salvadora–. También lo hicieron Financial Times o The Wall Street Journal. “Mexican Moment”, lo bautizaron.
Pero antes de llegar a su segundo año de Gobierno, el desplome del mandatario en las encuestas corrió en paralelo con su desplazamiento de las portadas. Y luego su regreso, pero ahora ya no como una promesa sino como el hombre al frente de un país donde las fuerzas del Estado pueden ejecutar (Tlatlaya) o desaparecer (Ayotzinapa); el líder de una administración ligada, de la cabeza a los pies, en escándalos de posible corrupción: la “casa blanca”, Grupo Higa, OHL…
Esta semana, tras la transmisión del Tercer Informe de Gobierno, publicaciones y agencias internacionales reseñaron el discurso presidencial de manera muy distinta a como solía hacerlo apenas dos años atrás. Destacaron el declive del mandatario en las encuestas, que vino después que estallaran casos relacionados con corrupción e impunidad, sumado a la inseguridad. Y como cereza del pastel, la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, un individuo bien conocido en la esfera global.
El miércoles, The Huffington Post publicó en su titular: “El impopular Presidente de México se defiende a sí mismo en mensaje nacional” (Mexico’s Unpopular President Defends Himself In National Speech). La agencia AFP informó: “Con su popularidad hundiéndose, el Presidente de México utilizó su discurso anual de este miércoles para reconocer la ira nacional sobre la violencia y los escándalos que han sacudido el país”.
Reuters destacó: “El índice de aprobación del Presidente de México se hundió a un nuevo mínimo en una encuesta dada a conocer el martes, ya que el asediado líder se enfrenta a una difícil situación económica y una letanía de seguridad y escándalos de conflicto de interés que han socavado su apoyo. La aprobación del Presidente se sitúa en un mínimo del 35 por ciento, por debajo del 40 por ciento en mayo y el 56 por ciento a principios de 2013, poco después de que asumió el cargo, según la encuesta realizada por la firma encuestadora Buendía y Laredo”. Algo similar dijo la nota de la poderosa Associated Press.
Esta reedición del Presidente –al que Time se atrevió a llamar “salvador”– no sólo se replica en los impresos y las páginas web de la prensa tradicional; también es la versión que difunden medios ligados a gobiernos, como Al Jazeera, Telesur o Xinhua.
EL DECLIVE
El doctor Ricardo Espinoza Toledo, investigador del Departamento de Sociología, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Unidad Iztapalapa, aseguró que el Presidente Peña Nieto retrató un país que va en una buena dirección y que registra avances significativos con el fin de mantener una buena imagen a nivel exterior; sin embargo, “los datos oficiales contradicen el discurso”, consideró.
“El propósito del Presidente fue dar una imagen positiva de lo que se está haciendo. Dijo que ha cumplido con los compromisos que fue asumiendo. Pero yo observo un discurso muy autoelogioso. Y veo que hubo elogio porque la percepción y los datos oficiales contradicen en esencia el discurso presidencial. Este país no tiene menos pobres, tiene más pobres, esas es la realidad”, comentó el experto.
La intención del Gobierno mexicano de tratar de tener una buena imagen en el extranjero, comentó Armando Francisco Azúa García, internacionalista e historiador y catedrático de la Universidad Iberoamericana, es de atraer la inversión de capitales y en las bolsas del mundo.
“Si hay problemas de gobernabilidad o de inseguridad impacta en las inversiones y el mercado, por eso es importante”, dijo Azúa García, quien consideró que existe una caída, sobre todo en el último año, en la imagen del Presidente Peña Nieto.
El académico agregó que a pesar de dicho declive, México aún sigue pasando desapercibido en algunas partes del mundo porque hay otros temas como crisis económicas, devaluaciones y migración, pero donde ha cobrado mayor repercusión es en los Estados Unidos.
Respecto a si el Gobierno mexicano ha tomado en cuenta lo que se publica en otros países, Armando Francisco Azúa García opinó: “sí hay un interés y preocupación por lo que se dice en el exterior, pero hay poca capacidad de maniobra. No puede, como se hizo en otras administraciones y en otros contextos, responder tal y como la prensa esperaría que respondiera porque hay una situación económica muy delicada. Considero que hay poco margen de reacción. Creo que hay una prensa internacional que sabe lo que pasa en México pero la respuesta no ha sido la apropiada para generar una mejor imagen del país, y creo que hay un déficit del gobierno al no responder de la mejor manera”.
Enrique Peña Nieto entra a la segunda mitad de su mandato. Durante este año, donde existen reformas aprobadas y miles de pasos recorridos, no ha logrado volver a los elogiosos titulares.
FUGA DEL CHAPO
En junio ocurrió el segundo escape del “señor de las drogas”, el cual despertó sospechas. El País, aquel que diario que en 2013 había colocado a Peña como un personaje influyente, publicó: “Sólo en México. Sólo en México puede ocurrir que a un mismo Presidente [Felipe Calderón Hinojosa] se le maten dos secretarios de Gobernación (Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake) en sendos accidentes aéreos o que el enemigo público número uno, el narcotraficante más buscado de todo el país y de Estados Unidos, se escape dos veces de cárceles de máxima seguridad. La fuga de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo Guzmán, es un durísimo golpe para la imagen del Presidente Enrique Peña Nieto, actualmente de viaje oficial en Francia, cuya popularidad ya estaba a la baja tras la tragedia de Iguala, el escándalo de la mansión de su esposa y el estancamiento de las reformas aprobadas”.
The New York Times destacó la nota como “El señor de las drogas Joaquín “El Chapo” Guzmán escapa”. En la nota refirió que la fuga de Joaquín Guzmán “ha creado un bochorno para el gobierno [de Peña Nieto], que había proclamado su captura como una victoria crucial en la larga y sangrienta guerra contra el narcotráfico”.
PROPIEDAD DE VALLE DE BRAVO
A finales de mayo, la agencia internacional Reuters informó que Enrique Peña Nieto compró “en 1988 de manos de un tercero” un terreno en Valle de Bravo que, dijo el medio, antes había reportado como una donación. En respuesta a esta información, Presidencia explicó que la propiedad de 11 millones 200 mil pesos fue adquirida por el padre del Presidente hace 27 años y “determinó ponerla a nombre de su hijo, Enrique Peña Nieto, de entonces 22 años de edad”.
Tras la publicación, el Presidente tuvo que actualizar su declaración donde se reportó una propiedad de mil metros cuadrados, con el mismo valor y la cual fue una donación del padre del Jefe del Ejecutivo federal.
CASO ARISTEGUI
Reuters, Al Jazeera, AP, The Financial Times, Forbes, Los Ángeles Times, El País y El Mundo, entre muchos más criticaron el despido de la periodista Carmen Aristegui de su espacio radiofónico en MVS Radio, luego que fuera ella y su equipo quienes dieran a conocer la mansión de la primera dama de México, Angélica Rivera.
ELECCIONES 2015
Diversos medios internacionales como Foreign Policy, The Guardian, The New York Times, el Miami Herald, la BBC, el Wall Street Journal, The Economist, Al Jazeera y Bloomberg, así como las agencias Dpa, EFE, AP y Reuters informaron que la corrupción generalizada de la clase política, así como en la violencia mortal, fueron dos factores en las elecciones intermedias de este año. Una parte de la prensa, destacó la participación de los candidatos independientes, que se convirtieron en una “opción” ante una crisis de credibilidad y hartazgo de la ciudadanía.
SUBE Y BAJA
En mayo, Business Insider, medio norteamericano de negocios y tecnología publicó una nota titulada “Nieto… is a Donkey” (Nieto… es un Burro). El artículo hizo un recuento de algunos problemas que enfrenta Peña como la baja aprobación y la inseguridad en el país. La cita era del vocero de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quien se expresó de esa manera al protestar por la indiferencia del Presidente. Tras la reacción de los lectores, el diario bajo el artículo.
“EL CÁRTEL CRECIENTE”
En mayo, el ascenso del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), los 39 bloqueos, las muertes y el derribo de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) puso al estado de Jalisco en los ojos del mundo.
Financial Times informó que el Gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta a un nuevo enemigo llamado Cártel de Jalisco Nueva Generación, que ha tomado fuerza a la par que grandes capos de la mafia han sido arrestados durante los últimos tres años. Además, argumentó el medio, la tasa de homicidios se elevó sumado a que la estrategia para combatir al crimen es “frágil”.
The Economist sugirió que el enfoque del gobierno de Peña Nieto en materia de seguridad, el cual tiene como prioridad eliminar a los “objetivos de alto valor”, sólo está funcionando en algunas partes del país.
VIDEGARAY, HIGA, OHL Y MÁS
The Wall Street Journal se encargó de publicar que el Secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso podría haber estado implicado en un conflicto de interés tras haber adquirido una propiedad con Grupo Higa; sin embargo, el funcionario aseguró que no hubo nada irregular en la transacción. Hace apenas una semana, Bloomberg dio a conocer que el cheque con el que se liquidó la casa de descanso de Malinalco, y que fue expedido cuando ya era funcionario federal, fue cobrado casi un año después de que fue emitido y justo días antes de que el escándalo irrumpió.
Otro escándalo dado a conocer por medios españoles, como El Diario.es fue el de OHL México, donde funcionarios de esa empresa y del gobierno federal y Estado de México habrían sostenido acuerdo para a cambio de contratos, de acuerdo con audios difundidos en Internet.
NO ENTIENDE QUE NO ENTIENDE
En enero, el semanario británico The Economist publicó un artículo titulado “The Mexican morass” (El pantano Mexicano) señaló que ni Enrique Peña Nieto ni Luis Videgaray calibraron los problemas por supuestos conflictos de interés y corrupción por su relación comercial con los empresarios de Grupo Higa.
“El Presidente que no entiende que él no entiende“, publicó The Economist.
Ese mismo mes también dedicó otro artículo donde decía que “México merece algo mejor” y agregó: “El gobierno está manchado por el escándalo”
LOS PRIMEROS AÑOS
Durante los primeros 21 meses de su administración, Peña Nieto se dedicó sólo a atender a medios extranjeros. “Por el momento, el Presidente de la República sólo atenderá a medios del extranjero y una vez concluido el periodo legislativo, elegirá a los periodistas nacionales para explicar los beneficios de las reformas”, dijo en muchas ocasiones un funcionario del área de Comunicación Social de Los Pinos a reporteros de medios nacionales que intentaron solicitar una entrevista con el mandatario.
Sin embargo, para el mes de mayo de 2014 los diarios se veían menos optimistas con los resultados. Algunos de ellos que habían respaldado el proyecto económico de Enrique Peña Nieto durante su primer año de mandato, comenzaban a criticarlo. El semanario inglés The Economist publicó a finales de mayo: “En lo que va del año, el gobierno de México se ha parecido a uno de los muchos devotos de San Judas, santo patrón de las causas perdidas del país. Se ha mantenido obstinadamente en un 3.9 por ciento como previsión de crecimiento para 2014, a pesar de que su principal mercado de exportación, los Estados Unidos, ha ido lento, y a los dos pilares de su economía –comprar y construir– les ha ido aún peor”.
La crítica del semanario surgía después de que a finales de ese mes, en una de las varias reducciones a la proyecciones de crecimiento económico que ha hecho durante este año, gobierno mexicano ajustó de 3.9 a 2.7 por ciento.
Por su parte, el también británico The Financial Times detalló que aún con el aumento de 46 por ciento en el gasto público, especialmente en infraestructura, no ha sido suficiente para cambiar el rumbo de la economía de México que cayó en picada abruptamente el año pasado, lo que llevó al país a su peor tasa de crecimiento anual.
Incluso el diario ibérico El País, se pronunció en ese sentido, y dijo que los “vaivenes” de la economía en México y los recortes en los estimados de crecimiento llevaron a los empresarios aztecas a multiplicar sus inversiones en España, principalmente en sectores como el financiero, industrial, de transportes y alimentos.
Pese a ello, los medios de diferentes partes del mundo continuaron durante los siguientes meses de este año dando cuenta del proceso que el mismo Peña Nieto bautizó como “ciclo reformador”. Luego de la aprobación de la Reforma Energética, el pasado 6 de agosto, el jefe del Ejecutivo Federal comenzó a hablar, e incluso escribir, sobre los beneficios que ésta traería en el país.
En el mes de agosto, le prensa extranjera le abrió sus páginas a Peña Nieto, donde el mandatario aprovechó para defender sus reformas estructurales.
“Todas estas reformas van a crear más puestos de trabajo y aumentar el poder adquisitivo de nuestro pueblo, fortalecer el mercado interno y aumentar el crecimiento económico. Ellos van a generar más confianza en la estabilidad de nuestro país y consolidar su posición entre los mercados más atractivos del mundo para la inversión extranjera”, aseguró en un texto publicado en el Financial Times el pasado 20 de agosto.
Días después, el 24 de agosto, en El País, en la editorial titulada “Un Nuevo México”, Peña Nieto aseguró que las “reformas tienen tres grandes objetivos: elevar la productividad de México para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico; fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos; y afianzar nuestro régimen democrático y de libertades”. Sin embargo, reconoció que “el camino no será fácil, ni los resultados llegarán de inmediato”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-09-2015/1473615.
Vía satélite fue geolocalizada la señal de su línea. Abogados expresaron preocupación tras revisar expediente pues faltan pruebas que soporten los dichos de los detenidos. Juez de amparo autoriza a procurador y fiscal a informar del caso.
Abraham Torres Tranquilino, el expolicía capitalino detenido y consignado por presuntamente haber participado en el multihomicidio de la colonia Narvarte, fue detenido gracias a su teléfono celular rastreado satelitalmente. El exagente seguía con la misma línea un mes después de ocurrido el crimen.
Fue con ese teléfono con el que Torres Tranquilino se puso de acuerdo con Daniel Pacheco Gutiérrez, ya detenido y consignado, y otro hombre para acudir al departamento donde fueron asesinados Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Mile Martin y Rubén Espinosa.
De acuerdo con la descripción de hechos asentada en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07, y que ayer fue revisada por los abogados y representantes de las víctimas, el número de Torres fue descubierto en el celular de Pacheco.
En su agenda telefónica, Pacheco tenía registrado un contacto de nombre “Abraham” el cual fue revisado por la Policía de Investigación. La Fiscalía de homicidios no tenía los apellidos ni otros datos del sospechoso, por lo que solicitó a un juez una orden para proceder con el rastreo y geolocalización del número.
Cabe recordar que el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite a las procuradurías solicitar la localización en tiempo real (geolocalización) de una línea involucrada en una averiguación previa. Los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones obligan a las empresas telefónicas a colaborar con las autoridades
Así, el pasado 20 de agosto, casi un mes después de cometido el crimen, los agentes cerraron el perímetro en torno al expolicía, quien fue asegurado cerca del Reclusorio Preventivo Oriente a donde acudía a firmar su hoja de control, requisito contemplado en su libertad condicional obtenida dos años tras ser condenado por abuso de autoridad. Llevaba, como ocurrió el día del crimen, su teléfono celular.
“Dicho sujeto fue asegurado en las inmediaciones de la delegación Iztapalapa, en cumplimiento a una orden de detención por caso urgente, girada por el agente del Ministerio Público” es lo que refirió el procurador Rodolfo Ríos el día de la captura.
En la declaración que Torres rindió ante el juzgado tras ser consignado, dijo que con su teléfono celular se puso en contacto con el detenido Daniel Pacheco y otro sujeto de nombre “Omar” que no ha sido localizado.
Según la declaración de Torres, que ya fue revisada también por los abogados defensores, la razón por la que se pusieron de acuerdo para acudir al departamento en Iztapalapa era robar un paquete de cocaína que tenía en su poder Mile Virginia Martin , una de las víctimas de nacionalidad colombiana.
Esta versión es diametralmente opuesta a la que dio en su momento Daniel Pacheco, quien no reconoció que se haya cometido algún delito en el departamento de Narvarte ni que ahí se vendiera droga. Dijo que fue invitado por Abraham y que pagó por un encuentro sexual el día de los hechos.
Muchos dichos, pocas pruebas
De acuerdo con los abogados de las víctimas, quienes ayer pudieron revisar nuevas partes de la averiguación previa, el material probatorio aun es “débil” para confirmar alguna línea de investigación, o para dar por válida algunas de las dos versiones de las personas detenidas.
En el caso del supuesto encuentro sexual narrado por Pacheco, los abogados Karla Michel Salas y Leopoldo Maldonado, representantes de Nadia Vera y Rubén Espinosa, señalaron que las pruebas forenses no arrojan que haya existido algún encuentro sexual como el que describe la persona detenida.
Respecto a la línea del robo, aunque en el departamento falta una alcancía en donde había seis mil pesos, no fueron sustraídos la mayoría de los teléfonos ni otros aparatos o computadoras.
“Con respecto a las drogas no hay pruebas tampoco de que en el departamento se almacenen granes cantidades de droga como se infiere de la declaración del ex policía. Y bueno tampoco ha sido localizado hasta el día de hoy la maleta ni la supuesta droga que contenía” dijo Salas en entrevista.
Cabe recordar además que las cinco personas fueron asesinadas con disparos de una sola pistola calibre 9 milímetros que no se ha conseguido identificar. La confronta balística de los casquillos no arrojó algún dato útil para identificar el arma. Tampoco se sabe a ciencia cierta quien disparó la pistola.
“La declaración de este sujeto (Torres Tranquilino) debe tomarse con mucha cautela y cuidado, las inconsistencias de la Procuraduría (capitalina) permanecen (…) Hay cosas en el expediente que realmente nos preocupan” dijo la abogada.
Sobre lo asentado en la declaración de Torres respecto a que el sujeto que sigue prófugo presuntamente pertenece a Los Zetas, los abogados indicaron que por ahora solo es un dicho del ex policía.
Ayer, la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) Perla Gómez Gallardo, pidió “ser muy cautelosos” en cuanto a las declaraciones del expolicía, y subrayó que debe agotarse todas las líneas de investigación.
Juez acota blindaje
El amparo que habían obtenido los familiares de Rubén Espinosa para frenar las filtraciones y difusión de datos que pudieran perjudicar las investigaciones del caso, fue acotado ayer por el juez federal que lo había concedido.
En la denominada “audiencia incidental” para definir si se concede la suspensión definitiva, el juez levantó la restricción al procurador, a los subprocuradores, al fiscal de homicidios y a la Dirección General de Comunicación Social para que puedan difundir avances de la investigación.
En cambio, se mantuvo la prohibición para que los agentes ministeriales o policías involucrados filtren datos.
Ayer el abogado Leopoldo Maldonado insistió en que el amparo que les concedieron inicialmente no impedía informar del caso sino que buscaba limitar las filtraciones que se han presentado casi desde que ocurrió el crimen. Agregó que se analizará si se interpone algún recurso luego de que el juez decidió acotar los alcances de la suspensión.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
