“Enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre” es el lema de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), que tiene sus orígenes cimbrados en la Escuela Nacional de Agricultura, fundada en 1854. Es una de las instituciones con más renombre en el campo de la agronomía y se distingue por el trabajo de vinculación que profesores y alumnos realizan con la gente del campo, y por lo tanto reconocen las principales problemáticas por las que el sector atraviesa. De acuerdo con su actual Rector, el doctor José Sergio Barrales Domínguez, los productores nacionales tienen de frente distintas problemáticas: el calentamiento global, la entrada de semillas transgénicas y el olvido gubernamental. Ante esto, la Universidad de Chapingo implementado diversos programas e iniciativas para que el conocimiento generado en las aulas, pueda servir en la práctica. Desde la perspectiva de Barrales Domínguez, leyes e instituciones para apoyar a los agricultores hay, lo único que hace falta es que se activen y se pongan en práctica bajo una óptica de valorar a la gente y entender cada una de las problemáticas que aquejan a todos los productores, grandes, medianos y pequeños, ya que cada uno tiene necesidades y propósitos diferentes. En el caso concreto de los productores de maíz, el 85 por ciento lo hacen en no más de siete hectáreas. Aunado a esto, las políticas gubernamentales asistencialistas y de apoyos económicos sólo sirven para la manutención de las familias y no para invertir en las actividades agrícolas, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Para organizaciones campesinas y de especialistas del sector agropecuario, el abandono deliberado al que están sometidos los pequeños productores proviene de la puesta en marcha de la política neoliberal en México y, concretamente, con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) en 1994, que trajo consigo la focalización del mercado en grandes empresas y el olvido de la base productiva.
El Rector de Chapingo dijo en entrevista para SinEmbargo que los gobiernos deben atender al campo mexicano pensando también en los problemas de salud pública que se han generado a partir del descuido a los pequeños productores, ya que gente de las comunidades que la UACh ha visitado, ha detectado serios problemas de salud, derivado del alto consumo de alimentos chatarra que se venden sin ninguna restricción.
–¿Las estructuras gubernamentales tienen la fortaleza para enfrentar los retos del cambio climático y en consecuencia las modificaciones en los medios de producción de los campesinos?
–El problema no son las estructuras gubernamentales. El modelo que tenemos no es viejo, sólo le hacen algunas modificaciones y actualizaciones. Se han hecho leyes para atacar diversos problemas en el país, pero el problema real es que no se actúa. Tenemos leyes, tenemos instituciones, pero lo que falta es que quienes las liberan, tengan muy claro el papel que cada uno debe desempeñar. No creo que sea una cuestión de estructura, sino más bien es la dependencia que se tiene de las políticas internacionales. Se tiene que analizar realmente lo que está pasando en el país y actuar para resolverla, porque lo que veo es que mucho de lo que se hace viene del exterior: Procampo, son programas que hay en otros países, iguales, sólo con otros nombres. Son programas muy similares y todos los países que hacemos caso de esos ejemplos, compartimos la pobreza, la improductividad y toda una serie de problemas que nos aquejan.
–Ante esto, ¿cuál es la labor de la Universidad de Chapingo? –Chapingo tiene cuatro funciones sustantivas: educación, investigación, servicio y difusión de la cultura. En educación, lo que promovemos es que todas las corrientes de pensamiento se expresen, por lo que son los profesores quienes proponen las materias. Hay estructuras donde todo mundo analiza la propuesta y al final puede aprobarse. No es una política desde rectoría, sino que surge de abajo hacia arriba. En investigación hay algunas líneas estratégicas que van planteadas desde la autoridad, pero también muchas de las investigaciones no están aterrizando en campo, así que ahora identificamos investigaciones que nos puedan ofrecer la solución de algún problema en el campo. En el caso de investigación está muy bien generar conocimiento, pero sobre todo conocimiento que nos lleve a solucionar un problema muy concreto en el campo. Lo que hacemos, en primera instancia es acercarnos con organizaciones campesinas o con campesinos a nivel individual, porque recobramos el papel de que la Universidad de Chapingo debe estar cerca de ellos, para ver de qué manera contribuimos a solucionar los problemas del campo. Ahora ante este problema de que hay muchos pobres, que muchos no alcanzan a alimentarse completamente, que hay problemas de salud pública para los consumidores, nosotros tenemos que ir pensando en cómo vamos a contribuir a que se generen sistemas de producción mucho más efectivos desde el punto de vista agrícola y que nos de mucho más calidad en el alimento, que sean sanos; que si hay excedentes puedan salir al mercado, tengan un ingreso para ellos y que mejore su nivel de vida. A grandes rasgos, es eso a lo que aspiramos. –En este terreno de la práctica, ¿cuáles son las problemáticas más fuertes a las que se han enfrentado? –Cada productor es diferente y la producción puede darse incluso en mil metros cuadrados. Entonces, a un productor ¿podemos pedirle que viva con una producción que salga de esa porción de tierra? Es muy complicado. Al observarlos, uno se da cuenta que tienen esquemas interesantes. A como vamos creciendo, cada productor tiene una diferente empresa. Una agricultura familiar pueden ser hasta 20 hectáreas, ellos ya son una unidad productiva, donde quien la administra es una familia, y así ya puede decidir qué y cuánto puede producir. Es una abanico y cada uno tiene necesidades diferentes. El Rector explicó que la idea es ayudar a los pequeños productores, pero en realidad hasta con los ricos tienen trato, pues también tienen propuestas aunque siempre quieren propuestas para que sus productos y cultivos les reditúen la más alta ganancia. Ese es su enfoque, van sobre la cuestión del mercado y todo lo que exige el nuevo mercado en donde lo que manda es el dinero. –Esta es una crítica muy constante que se le hace a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que el trato que da a los grandes productores, es muy diferente a la que se les da a los pequeños. –La agricultura pequeña no es sujeto de apoyos. Simplemente las reglas gubernamentales los desplazan en automático, sólo con que les pongan como requisito el tener un tractor y que cuenten con el 50 por ciento de la inversión, ¿qué pequeño productor podrá cumplir con eso? Con ese tipo de medidas se van desplazando a las personas. Chapingo también propuso que los pequeños productores deben ser sujetos de apoyos para el campo, porque aunque no generaría una entidad productiva, habría que valorar quién está ayudando a conservar el recurso genético, y aquellos que en sus sistemas de producción tengan la mayor diversidad, habría que darle un apoyo económico para sacarlos adelante. Pero en resumen, eso no sucede y los recursos siguen en manos de las unidades productivas altamente capitalizadas. EL GOBIERNO ANTE TRANSGÉNICOS –En este tema de la siembra de maíz transgénico, cómo considera la postura del gobierno, que por un lado se niega a dar información sobre el caso, pero en el campo las denuncias indican que ya entraron.
–La Unesco considera la comida mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Le da el reconocimiento de alto valor cultural a la comida, pero en el documento se señala que no sólo se reconoce la diversidad de comida, sino que como país está obligado a conservar que la elaboración de la comida se haga de acuerdo a su materia prima y utensilios. Desde ese punto de vista, no se debe estar discutiendo si el maíz transgénico entra o no. [Felipe] Calderón [Hinojosa, ex Presidente de México] se puso contento cuando recibió el reconocimiento. Yo pensé: “¿sabrá lo que está festejando este cuate?”. Porque eso obliga a que no entre ningún maíz de tipo transgénico, al contrario, se debería fomentar la producción de maíces criollos que son los ingredientes de esa comida que la gente ha desarrollado a lo largo de los años.
No puede entrar el transgénico, hay que tenerlo claro. Si se permite la entrada de esos productos, una hectárea que se siempre con ellos, es la pérdida de otra hectárea que tiene maíz criollo. Cubrir la tierra mexicana con maíz transgénico, es destruir al maíz nativo.
Esto es una cuestión de control económico. Si logran meter los transgénicos, van a destruir una enorme cantidad de materiales criollos y cuando se vea que no fue la panacea como se dijo, ¿de dónde se sacarán las semillas? De los bancos internacionales, porque nosotros ya no tenemos. Además, es la destrucción de las áreas agrícolas, no habrá forma de conseguir una semilla criolla y quienes estarán listos serán los transgénicos, así que habrá una dependencia económica y alimentaria , porque habrá que comprar semillas año con año. –Entonces, se trata de un doble discurso en el que se apoya al campo, pero por otro se abre la puerta a estos productos. –Sí, porque es un negociazo. Monsanto ha declarado que ellos necesitan recuperar su inversión, entonces, lo que han gastado en investigación para generar transgénicos, necesitan recuperarlo vendiendo sus semillas. [...] En otros países les están cerrando las puertas, pero aquí parece que deseamos que entren. En Estados Unidos y Argentina, sus maíces transgénicos tronaron, a pesar de que dicen que eran muy resistentes a la sequía. –¿Qué pasa con el factor cultural que tiene para las comunidades mexicanas su modo de producción y su alimento?
–El problema es que muchas de las políticas que actualmente se ejecutan en México son generadas en otros lados. Ellos no ven a los pequeños productores como algo propio del país, incluso quisieran que desaparecieran.
Lo que ha faltado es que el Gobierno federal realmente entienda que la gente de campo vale. La idea de darles dinero para que sobrevivan está muy bien, pero cuando se acabe la fuente de billetes, ellos serán los primeros que van a pagar el plato. Ahorita ya tienen problemas serios con su salud. Los problemas de salud pública ya son muy fuertes, mucha gente joven se está muriendo. Los diabéticos se van de 30 o 40 años; niños con cáncer. Todo esto debido a que la alimentación se ha trastocado. Si el gobierno observara de manera justa la situación, tendría que tomar decisiones como la prohibición de la comida chatarra; no sólo en las escuelas, sino también en las comunidades. Podría promover unidades familiares que produzcan alimentos y buscar la formar de que se distribuyan ahí mismo en el pueblo. El gobierno debe entender que eso incrementa sus costos en salud pública con más hospitales y más enfermos. Es un problema serio. Ojalá valoraran a la gente.
–¿Estamos entonces en un país donde hay muchas leyes, pero ninguna se concreta en la gente? –Así es. Leyes tenemos un chorral. Yo he colaborado en la elaboración de muchas. Con la implementación del derecho a la alimentación en la Constitución, muchos diputados, sobre todo del Partido Acción Nacional (PAN), dijeron que no estaban de acuerdo con darles de comer gratis a las personas. Nosotros les dijimos que no se trataba poner comedores por todos lados y que la gente vaya, sino que se generen fuentes de empleo para que se obtengan buenos ingresos, para que así la gente pueda decidir sobre su alimentación. Pero no pasó. Bueno, ahora se tiene que cumplir la ley y producir alimento suficiente, inocuos y nutritivos. Esa ley está de punta, pero hace falta hacerla. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DANIELA BARRAGÁN. LINK: http://www.sinembargo.mx/06-09-2015/1475134.
México, 6 Sep: El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, pidió al PRI y al gobierno federal estar abiertos a analizar los cambios que ha planteado Acción Nacional sobre la reforma fiscal. “Esperamos un diálogo respetuoso y objetivo; es manifiesta la necesidad de reactivar la economía del país, y para ello consideramos indispensable hacer cambios que permitan la expansión del mercado interno y la creación de más y mejores empleos”, sostuvo. Anaya Cortés planteó que si México quiere ser competitivo, debe restituir 11 por ciento de IVA en la zona fronteriza, a fin de evitar el flujo comercial al exterior, ya que según él, el aumento de 16 por ciento afectó a más de 7.5 millones de ciudadanos que radican en la frontera. Asimismo, el dirigente panista planteó que se deben otorgar mayores incentivos a la iniciativa privada, para fomentar la inversión en bienes de capital y activos fijos, que permitan mejorar sus procesos de producción. Por ello dijo que el Partido Acción Nacional (PAN) insistirá en retomar el tratamiento fiscal de deducción inmediata de inversiones, como una oportunidad de financiamiento para la planeación, el desarrollo y la expansión de actividades comerciales. Entre los planteamientos del PAN también se encuentra la disminución de las tasa de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a personas morales, de 30 a 28 por ciento, y la deducibilidad al 100 por ciento de activos fijos. Anaya Cortés puntualizó que entre las propuestas de cambio a la reforma fiscal están la disminución de la tasa de retención anual del ISR, regresar al Régimen de Pequeños Contribuyentes, reformar la deducción de previsión social y establecer tasa 0 por ciento a las exportaciones temporales. “La prioridad, por el bien de México, debe ser reactivar la economía y la generación de empleos, por eso exigimos al Gobierno apertura y sensibilidad”, subrayó el dirigente nacional panista.
Agregó que ya se pidió a los diputados y senadores de Acción Nacional, trabajar en todos los frentes de la negociación del paquete económico, a fin de atender las urgentes necesidades de la población y defender sus derechos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/06-09-2015/1476670.
Durante un año el gobierno federal ha insistido que el Ejército no tuvo nada que ver con el ataque del 26 de septiembre de 2014 contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Pero esta versión se desmorona con pruebas contundentes, al ser obligada la Procuraduría General de la República a mostrar las declaraciones ministeriales del comandante y otros miembros del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala. Los soldados estuvieron al tanto de lo ocurrido, presenciaron los hechos e incluso hay elementos para deducir que eventualmente participaron en la represión contra los normalistas.
MÉXICO, D.F: Integrantes del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, jugaron un papel crucial la noche del 26 de septiembre de 2014 en el ataque a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, del cual resultaron 10 normalistas heridos, tres muertos y 43 desaparecidos.
Así lo revelan las declaraciones ministeriales del comandante del 27 Batallón, coronel José Rodríguez Pérez; del capitán José Martínez Crespo y 34 militares más, rendidos ante la Procuraduría General de la República (PGR) los días 3 y 4 de diciembre pasados. Copias de dichos testimonios fueron obtenidas mediante la Ley Federal de Transparencia.
Esas declaraciones desmienten la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, que durante casi un año ha sostenido que el Ejército nunca estuvo en el lugar de los hechos y que ninguna instancia federal tuvo conocimiento de lo ocurrido sino hasta varias horas después. Los militares confesaron lo contrario. Admitieron que espiaron a los estudiantes desde su llegada a la caseta de cobro Iguala-Puente de Ixtla a las 19:30. Conocieron en tiempo real todas las agresiones contra los normalistas y esa información también la tuvo en tiempo real la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, Guerrero, cuyo comandante era entonces el general Alejandro Saavedra Hernández, ascendido en diciembre último a la comandancia de la IX Región Militar, también en Guerrero. Aunque nunca admitieron haber tomado parte en el ataque a los normalistas, sus confesiones indican que al menos presenciaron todo. “Civiles” dispararon “Recibimos la orden del (nombre tachado en el expediente por la PGR): ‘Ármense, vamos a salir’. También nos dijo: ‘Pónganse vergas porque hay personal armado que anda matando gente’”, declaró a la PGR uno de los interrogados, a quien se identificará aquí como militar número 13, pues su nombre fue censurado, al igual que el de varias decenas de declarantes más. Un comandante del 27 Batallón de Infantería admitió que presenció el ataque contra el camión 1531 de la línea Estrella de Oro frente al Palacio de Justicia en la carretera Iguala-Chilpancingo. Los estudiantes que viajaban en el vehículo están desaparecidos. Además, Rodríguez Pérez reveló la existencia de un grupo especial del Ejército: los Órganos de Búsqueda de Información (OBI), integrado por militares vestidos de civil; sus miembros permanecieron en las calles de Iguala la noche del pasado 26 de septiembre. Según testimonios de los vecinos y de los estudiantes sobrevivientes del ataque de la Policía Municipal, hubo personas vestidas de civil que les dispararon.
(Fragmento del reportaje principal que se publica en la revista Proceso 2027, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER
MÉXICO, D.F: La organización internacional Human Rights Watch (HRW) urgió al gobierno de Enrique Peña Nieto a abordar inmediatamente las fallas de la PGR en investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes ocurrida en septiembre de 2014, y llevar a los responsables ante la justicia. HRW consideró que la Procuraduría General de la República debería investigar de inmediato las denuncias de graves abusos y obstrucción de justicia planteados por un grupo de expertos internacionales que evaluó la investigación oficial sobre las desapariciones. La organización recordó que este domingo un grupo de expertos internacionales designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundió un informe que refuta la versión oficial sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. La versión oficial, agrega, sostenía que los 43 estudiantes habían sido detenidos por policías municipales y entregados a miembros de una organización delictiva, quienes mataron a las víctimas y quemaron sus cuerpos en un basurero municipal cercano. Según el grupo de expertos, estas conclusiones se basan en declaraciones de testigos que habrían sufrido graves abusos, y que son contradictorias con la evidencia física. “Este informe contiene una evaluación extremadamente crítica sobre la actuación de México ante la atrocidad de derechos humanos más grave de los últimos tiempos”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “A pesar de que el mundo tenía los ojos puestos en México, y de los enormes recursos asignados, las autoridades demostraron ser incapaces o no estar dispuestas a llevar a cabo una investigación seria”. El informe cuestiona aspectos clave de las conclusiones de la PGR, que aseguró haber esclarecido el caso en enero de 2015. Según el grupo de expertos, es “imposible” que 43 cuerpos hayan sido cremados en el basurero, y “no existe ninguna evidencia” que sustente esa hipótesis. La investigación oficial estuvo marcada por el manejo irregular, la pérdida y la posible destrucción de pruebas clave. Las autoridades estatales no aseguraron ni documentaron adecuadamente distintos lugares donde ocurrieron los delitos, y debido a esto hubo elementos de prueba cruciales, como sangre y cabellos, que quedaron expuestos a la contaminación y manipulación. En julio de 2015, a más de nueve meses de iniciada la investigación, el grupo descubrió que numerosas prendas de vestir que pertenecían a las víctimas habían sido recogidas pero nunca habían sido analizadas. Los agentes de la PGR no examinaron grabaciones de cámaras de seguridad hasta que fue solicitado por el grupo de expertos, y en ese momento gran parte del contenido había sido borrado. Por ejemplo, un video con imágenes de un enfrentamiento entre estudiantes y policías fue borrado mientras se encontraba bajo la custodia de agentes del Poder Judicial estatal, señaló el grupo. Las autoridades tampoco allanaron las viviendas u oficinas de policías municipales que estaban entre los principales presuntos responsables. Dos conductores de autobús que presenciaron enfrentamientos entre estudiantes y policías no fueron entrevistados por los agentes del Ministerio Púbico hasta abril de 2015. El grupo de expertos concluyó que numerosos detenidos sufrieron lesiones provocadas por abusos deliberados. Varios presuntos implicados les dijeron a los expertos que fueron torturados por agentes de seguridad. Asimismo, el informe revela que los agentes de la PGR solamente enfocaron sus investigaciones en cuatro autobuses que llevaban a los estudiantes, y no investigaron el posible nexo entre las desapariciones y un quinto autobús, que también trasladaba a estudiantes. Las autoridades federales indicaron al grupo que el quinto autobús había sido destruido por estudiantes antes de los enfrentamientos con miembros de las fuerzas de seguridad, pero, según los expertos internacionales, esta aseveración fue contradicha por numerosos testigos y por la investigación inicial que llevaron a cabo autoridades estatales. La omisión tuvo “serias consecuencias” para la investigación, ya que es probable que este autobús sea un “elemento central del caso”, señalaron los expertos. Las conclusiones del grupo de expertos son el resultado de seis meses de análisis de las evidencias disponibles y el expediente judicial, pericias independientes de los lugares de los hechos y entrevistas con presuntos implicados, autoridades federales, testigos sobrevivientes y familiares de víctimas. El informe insta a las autoridades mexicanas a redoblar sus esfuerzos por llevar ante la justicia a los responsables de las desapariciones forzadas, esclarecer el destino de los estudiantes desaparecidos e investigar exhaustivamente los nexos entre autoridades y la delincuencia organizada. Si bien el mandato del grupo concluyó el 2 de septiembre, el gobierno mexicano está considerando la posibilidad de una extensión. La falta de resolución del caso de Ayotzinapa por las autoridades resulta incluso más inquietante ante la inusual atención que el caso ha recibido del público, y las reiteradas ocasiones en que el gobierno aseguró estar comprometido con su resolución, indicó Human Rights Watch. Las desapariciones forzadas a manos de miembros de las fuerzas de seguridad son generalizadas en México. Decenas de cuerpos fueron exhumados en varias fosas en Iguala durante el transcurso de la investigación de Ayotzinapa. Tan sólo en el municipio de Iguala, hay más de 300 investigaciones abiertas por presuntas desapariciones forzadas, según la PGR. A nivel nacional, se desconoce el paradero de más de 25 mil personas, según un registro nacional oficial. Hasta abril de 2014, ninguna persona había sido condenada por desapariciones forzadas cometidas después de 2006, según estadísticas oficiales. En agosto de 2015, un representante de la PGR indicó a Human Rights Watch que estaban trabajando en la actualización de datos oficiales sobre desapariciones forzadas. “Sin este informe, la magnitud de las fallas en la investigación probablemente nunca hubieran salido a la luz, y el caso de los 43 estudiantes se habría cerrado”, indicó Vivanco.
“El mandato del grupo de expertos debería ahora ser renovado, para que pueda monitorear las investigaciones que se lleven a cabo sobre este y otros casos de derechos humanos. Claramente, las instituciones judiciales del país necesitan de escrutinio externo para evitar que se repita este desempeño lamentable”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: “La verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa dada a conocer el 7 de noviembre del 2014 por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam (quien diez meses después fue desaparecido por el presidente Enrique Peña Nieto de su gabinete), fue refutada por peritos, expertos y testimoniales de pobladores del municipio de Cocula, Guerrero, de manera inmediata. El semanario Proceso, en su edición 1985 del 15 de noviembre publicó en su portada una imagen del basurero en el que de acuerdo con la versión oficial habrían sido incinerados los cuerpos de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos, acompañada de un título contundente: La pira increíble. Y en esa misma edición que da cuenta de testimonios de funcionarios municipales y pepenadores, publicó una entrevista con el experto en incendios y explosivos, Alfonso Palacios Blanco, quien afirmó: “ahí no hubo incineración o no incineraron la cantidad de cuerpos de la que hablan”. Semanas después, en el número 1999 del 21 de febrero de este año, bajo el título Otra losa a la “verdad histórica” de la PGR, el perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Jorge Arturo Talavera aseguró que era falso que en ese lugar se hubiera prendido fuego a los normalistas. El 15 de noviembre, Proceso, en un reportaje firmado por Marcela Turati da cuenta de observaciones realizadas durante una visita a El Papayo, como se conoce al basurero de Cocula. La gente que siempre está allí asegura no haber visto ni escuchado nada, mientras que otros testigos confirman que la noche del 26 de septiembre llovió. Según Murillo Karam nadie vio nada porque es un lugar abandonado, lejos de la vista de todos, y si alguien vio prefirió callar, por miedo. Pero contrario a lo que narró en su momento el defenestrado Murillo, el Papayo está poblado de vacas y es visitado por pepenadores que, entre sus labores de rutina, queman basura. El propio empleado del municipio que maneja el camión asignado a este tiradero, el señor Rosí Millán, confirmó a Proceso que él siguió entrando a la zona hasta dos semanas después de la desaparición de los normalistas; después, personas que él identifica como militares le cerraron el paso. El regidor de Ecología del municipio, el panista Juan Bringas, encargado de los basureros, aseguró a este semanario que los camiones dejaron de subir porque recibieron orden de no hacerlo, pero no supo explicar quién dio esa orden. Y en las redes sociales pronto se difundió que esa noche hubo lluvia, lo que hubiera impedido las llamas. Los datos son de diversos centros que publican información meteorológica e incluso un comunicado del gobierno de Guerrero, que advertía de fuertes lluvias. “Esa noche llovió en Cocula, esa noche y de madrugada estuvo llueve y llueve”, dijo a Proceso un reportero que reside en el municipio. Lo confirmaron periodistas que el 26 en la noche llegaron a reportear a Iguala –donde vieron los cuerpos de dos normalistas muertos, tirados sobre el pavimento–, igual que las fotografías y los videos. En esa misma edición de Proceso, la 1985, el experto en incendios y explosivos, Alfonso Palacios Blanco, entrevistado por la reportera Patricia Dávila, dio su dictamen: “En Cerro Viejo no hubo incineración o no incineraron la cantidad de cuerpos de la que hablan”. Y agregó: “Dice nuestro procurador que los quemaron con llantas, diésel y gasolina a mil 600 grados centígrados de temperatura, pero el acero se funde a 2 mil 500. Por lo tanto, en cantidad considerable, debieron encontrar fibras metálicas de los neumáticos que emplearon, porque para quemar 43 cuerpos debieron utilizar de tres a cuatro neumáticos por persona y una cantidad considerable de gasolina y diésel”. –¿Qué cantidad de gasolina, diésel y neumáticos se requirieron para quemar a 43 personas? –se le pregunta a Palacios. –Tomando en cuenta las característica del cuerpo, creo que tres o cuatro llantas y 25 litros de combustible por persona para que se concentre el calor. Porque, si es una pila –según los testimonios de los sicarios– y está en un espacio abierto, el calor y la energía se disipan. Además, en esos días estuvo lloviendo mucho; eso no facilita la destrucción de los cuerpos. Si esa combustión se hace en un espacio cerrado, es creíble, pero si se esparce al medio ambiente, no es tan simple. ¡Imagínese calcinar por completo 43 cuerpos! Si quemo cinco, puede ser, ¿pero 43? Son demasiados. Y concluye: “Mi dictamen es que ahí no hubo esa cantidad de incineración de cuerpos. Los residuos hubieran dejado las fibras, y el acero se funde a 2 mil 500 grados centígrados. Sin embargo, según el procurador Murillo Karam, la temperatura era de mil 600. Entonces, ese acero debió estar ahí, cuando llegaron los peritos. “Por otro lado, el humo de las llantas y el olor que desprende un cuerpo al quemarse debieron apreciarse en un área de 10 kilómetros a la redonda. Además, el olor debió impregnar el ambiente durante varios días.” Posteriormente, en la entrevista al perito del INAH, publicada en la edición 1999 de Proceso, bajo el título Otra losa a la “verdad histórica” se destacó: “La ciencia se ensaña con las versiones del procurador de Jesús Murillo Karam. ¿Dónde están las hebillas de los normalistas presuntamente incinerados en Cocula? ¿Por qué no se quemaron los victimarios, si mil 600 grados centígrados convertirían toda la zona en un gigantesco horno? ¿Por qué no se incendió el basurero? ¿Dónde están las estructuras metálicas de las llantas usadas para prender el fuego? ¿De qué árboles salió la media tonelada de leña necesaria para la pira? ¿Por qué no hay grasa humana en el suelo? El perito del INAH Jorge Arturo Talavera lo tiene claro: “En el basurero no fueron incinerados los 43 estudiantes”. El experto declaró en ese momento que la falta de certezas científicas puede tumbar jurídicamente el caso Ayotzinapa y dejar en libertad a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala; a su esposa, María de los Ángeles Pineda, y a los policías que supuestamente participaron en la desaparición.
Con 35 años de experiencia en esta materia, el investigador fue contundente: “En el basurero no fueron incinerados los 43 estudiantes. Si así ocurrió, las autoridades deben mostrarnos científicamente que hay grasa humana en el suelo, y de eso la Procuraduría no ha dicho nada. Además, entre las muestras óseas la PGR presentó una corona dental que corresponde a una persona de más de 50 años, no a jóvenes de 18 a 20 años”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu cumplirá este 1 de octubre tres años en la gubernatura de Morelos. En lo que va de su administración, organizaciones y oposición lo han acusado de desvío de recursos, uso indebido de atribuciones y facultades, inseguridad y hostigamiento a periodistas. Sin embargo, esto no ha hecho mella en el mandatario estatal para externar sus aspiraciones presidenciales rumbo a 2018. El pasado 1 de septiembre, el Gobernador afirmó que buscará ser candidato a la Presidencia de México por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y aunque la competencia directa de ese instituto político será Andrés Manuel López Obrador, líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aseguró que el Sol Azteca logrará superarlo en votos. “Sí [buscará la candidatura presidencial], voy a construir un gran polo y vamos a trabajar en este diálogo con muchas personas”, afirmó en entrevista radiofónica. Ramírez Garrido Abreu llegó a la gubernatura el 1 de octubre de 2012 apoyado por la coalición Nueva Visión Progresista por Morelos, que integraron los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC). Aunque fue postulado por la izquierda, e incluso avalado por López Obrador, es un político completamente consecuente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Gobierno de Enrique Peña Nieto, así lo señalan expertos, sociedad civil y detractores de Graco, quienes también lo vinculan con Rosario Robles Berlanga, actual Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). “Graco Ramírez es el mayor representante de la izquierda subordinada al gobierno. Llega al poder gracias a Calderón [Felipe Calderón Hinojosa, ex Presidente de México]. Ha sido el arquitecto de la alianza del PRD con el PAN [Partido Acción Nacional], el gran estratega de estas alianzas es Graco Ramírez, él es el jefe de los Chuchos ahorita, sí, está más arriba de Jesús Ortega”, dijo el fallecido Ignacio Suárez Huape, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) de Morelos el año pasado en entrevista con SinEmbargo. Un ejemplo de su cercanía con el Presidente fue el apoyo incondicional a la Reforma Energética, aún cuando la dirigencia nacional de su partido llamó al rechazo de la iniciativa. Con la promesa de erradicar la delincuencia en los primeros 18 meses de su mandato y aumentar la inversión en programas sociales que beneficiaran a los morelenses, Graco Ramírez se convirtió en el primer mandatario de izquierda en gobernar esa entidad. Su llegada a Morelos fue vista por analistas políticos como un signo positivo para la entidad, la cual se encontraba en crisis por la ola de violencia que se vivió en los últimos años de la gestión de su predecesor panista Marco Antonio Adame Castillo. Sin embargo, a casi tres años de su administración, Graco ha sido acusado de endeudar al estado con más de 5 mil millones de pesos, convertir a Morelos en el último lugar de desarrollo educativo y social, de acuerdo con cifras de la organización México Evalúa y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El pasado 6 de agosto, miembros de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) al Gobernador de Morelos y a diversos funcionarios del Sector Salud Estatal por los delitos de desvío de recursos y uso indebido de atribuciones y facultades. El vocero de la organización civil, Gerardo Becerra Chávez, dijo en conferencia de prensa que Graco Ramírez y diversos funcionarios de Salud desviaron más de 570 millones de pesos que estaban destinados para programas del sector. Ese mismo día, en un comunicado, el Gobierno de Morelos rechazó la acusación de la Coordinadora y negó que la presente administración haya cometido alguna irregularidad con los recursos derivados del financiamiento autorizado por el Congreso del Estado al Poder Ejecutivo. Entre los escándalos de corrupción que envuelven a Graco está el caso Walmart destapado por el diario estadounidense The New York Times. La investigación publicada en diciembre de 2012 da cuenta de la corrupción entre funcionarios de la cadena y personajes públicos en México. En enero de 2013, legisladores estadounidenses revelaron algunos correos electrónicos probatorios de que Mike Duke, presidente ejecutivo de Walmart Stores Inc., estaba informado desde 2005 sobre la corrupción en México. En esos correos se señala al ahora, Gobernador de Morelos y a Sergio Raúl Arroyo García, ex director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), como los funcionarios que recibieron sobornos para que Walmart construyera sin problemas y en corto plazo sus tiendas. INSEGURIDAD Y REPRESIÓN Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubican a Morelos como la cuarta entidad con las tasas más altas de homicidios por cada 100 mil habitantes, con 21.92 por ciento de enero a diciembre de 2014. Esto es, sólo por debajo de Guerrero [42.69], de Sinaloa [33.33] y de Chihuahua [29.59]. En cuanto al delito de secuestro, Morelos fue la segunda entidad con la tasa más alta por cada 100 mil habitantes durante 2014, con 6.06 por ciento, sólo por debajo de Tamaulipas que registró una tasa de 7.48 por ciento. En otro hecho, el pasado 30 de marzo, en un supuesto ataque del crimen organizado, apareció destrozado el memorial por la paz que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) colocó sobre la Avenida Universidad, en Cuernavaca para renombrar un fragmento de la vía como “28 de marzo”, fecha en que esa agrupación civil nació. Otro problema que aqueja a la entidad son los feminicidios, este delito se disparó a 103 en los últimos 20 meses, “debido a las omisiones del Gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu”, denunciaron activistas que forman parte de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de la entidad el pasado 15 de abril durante una conferencia de prensa. La organización documentó 530 feminicidios desde 2000 hasta 2013, para solicitar la alerta de género para Morelos. A la fecha, y con los 103 feminicidios nuevos, suman 633 de 2000 a febrero de 2015. Por ello, el pasado 10 de agosto Morelos se convirtió en el segundo estado donde se decreta la Alerta de Violencia de Género, el Estado de México fue el primero. La Secretaría de Gobernación (Segob) emitió la medida para ocho municipios: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco, Xochitepec, Yautepec y Puente de Ixtla. El tema de la represión no es ajeno a los morelenses en este sexenio perredista como tampoco lo fue en el panista. A tres semanas de haber tomado posesión como Gobernador, cientos de policías estatales arremetieron en contra de un grupo de campesinos de la comunidad de Huexca, municipio de Yecapixtla, que se oponían a la construcción del gasoducto y la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Habitantes de la comunidad de Jantetelco acusaron al Gobernador de utilizar la fuerza pública y encarcelar a sus compañeros Jaime Domínguez de 53 años, Carmelo de la Torre de 57 años, Fidel de 70 años y Urbano de 58 años, quienes lograron su libertad días después gracias al trabajo organizado de la comunidad y la presión de los pueblos. Un año después, el 19 de septiembre de 2013, en la colonia Gabriel Tepepa del municipio de Cuautla, cuando se esperaba el diálogo con los representantes del gobierno estatal y los promotores de la termoeléctrica, el gobierno de Graco Ramírez respondió una vez más con la violencia. Al lugar llegaron alrededor de 50 policías estatales, los cuales agredieron físicamente a los campesinos que se manifestaban en contra de la construcción. El resultado de dicha acción fue la detención de Jaime Domínguez Pérez, quien fue puesto en libertad días después, pues los argumentos que le imputaban carecían de fundamento, documentó en un comunicado el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos-Puebla-Tlaxcala. El conflicto por la construcción de la termoeléctrica continúa, el pasado 11 de abril durante el acto oficial por el 96 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Gobernador y el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, tuvieron que salir huyendo de la ex Hacienda de Chinameca ante la irrupción de decenas de campesinos que llevaron su protesta al lugar. Al Gobernador ni siquiera le dio tiempo de colocar la ofrenda floral y hacer la guardia de honor frente a la estatua de El Caudillo del Sur, citaron reportes de la prensa local. Entre los manifestantes se encontraban el nieto de Emiliano Zapata, Jorge Zapata González, quien encabezó la protesta con consignas como: “¡Gracoducto no!”, “¡Agua sí, termo no!”!, entre otras. La policía llegó hasta ellos y los encapsuló para dejarlos lejos del templete colocado para el Gobernador y sus invitados especiales. POBREZA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN En abril de este año, el hijastro del Gobernador, emanado de un partido de izquierda, hizo alarde de sus riquezas en uno de los municipios más pobres del país. Rodrigo Gayosso Cepeda lucía un reloj marca Rolex modelo GMT Master III Edición Acero 904L valuado en más de 655 mil pesos. Rodrigo andaba en una gira de trabajo por el municipio de Temixco, donde de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 56.8 por ciento de su población es pobre y el 28.6 por ciento vulnerable por carencias sociales. Mientras la familia de Graco Ramírez presume su riqueza, Morelos se va empobreciendo. Datos del Coneval presentados el pasado 23 de julio, revelan que la entidad es junto con Chiapas, Veracruz, Estado de México y Oaxaca, de las que más aumentaron la pobreza. La entidad morelense tuvo el crecimiento más grande de población en pobreza con 6.8 por ciento; es decir, el 52 por ciento de su población, con 842 mil personas viviendo con carencias. El gremio periodístico también se ha visto afectado en lo que va de la administración de Graco Ramírez, en marzo pasado, la organización Artículo 19 documentó las agresiones contra la prensa por entidad durante el 2014. En el informe “Estado de censura” detalló que en Morelos se registraron siete agresiones el año pasado. El pasado 4 de agosto, del Gobernador causó polémica en la red social Twitter por publicar un mensaje que hacía alusión a los periodistas que aceptaban dinero a cambio de manejar una línea favorable al gobierno. “Las plumas a modo sólo basta que estén en la nómina para que aplaudan como focas. Cuando no hay nómina fabrican todos los días calumnias”, escribió. Tras la publicación, ciudadanos y comunicadores arremetieron en contra el mandatario por considerar ofensivo su comentario. Ante las críticas, Ramírez Abreu escribió otro tuit en el que aseguró que en Morelos se respeta la libertad de expresión y rechazó que su gobierno soborna periodistas. En medio de este cúmulo de señalamientos y a casi la mitad de su mandato, Graco Ramírez anunció que abandonará a los cientos de morelenses que votaron por él para perseguir una de sus ambiciones políticas: ser Presidente de la República. Graco dejará a un Morelos pobre, inseguro y endeudado, igual o peor que como se lo entregó su predecesor, el panista Marco Adame.
“Graco Ramírez tiene ahorita endeudado al estado de Morelos con más de 5 mil millones de pesos, de los cuales 2 mil 806 millones no los quiere comprobar, porque no puede. Porque se los está robando o los está guardando para las próximas elecciones. Para comprar las voluntades de las personas humildes, de las personas pobres que están esperando siempre con cierta alegría estos momentos; para hacerse de una despensa, de una lámina de cartón para su casa y prostituir su voluntad. Entonces el estado en que está ya ahorita Morelos es terrible: último lugar de desarrollo económico, educativo, social, estamos en primer lugar en criminalidad. Yo tengo muchos años en esto y el Gobierno de [Jorge] Carillo Olea fue mucho mejor; el de Sergio Estrada Cajigal, fue mucho mejor; el del doctor [Armando León] Bejarano, que tuvo que salir huyendo de Morelos, fue mucho mejor; el de don Lauro Ortega [Martínez]. Este es el peor gobierno que hemos tenido en toda la historia política de Morelos”, expresó en marzo de este año Raúl Iragorri Montoya, ex candidato a la Alcaldía de Cuernavaca por Morena. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: GUADALUPE FUENTES LÓPEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/06-09-2015/1473404.
Ciudad de México, 5 de septiembre: El ex Delegado de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, a quien se le señala como integrante de una red de acoso a periodistas y políticos, tendrá fuero a partir del 17 de septiembre cuando tome protesta como Diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). La organización internacional Artículo 19, lanzó una actualización de su petición en Change.Org para que el priista sea requerido por las autoridades antes de esa fecha. El 25 de agosto, la organización lanzó una petición en la plataforma electrónica para exigir a la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, y al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Nájera Herrera, que consignen a los funcionarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) responsables de los ataques contra varios medios de comunicación. Detalla en la petición que los portales informativos Aristegui Noticias, SinEmbargo, y Cuna de Grillos fueron atacados en reiteradas ocasiones, dejándolos inhabilitados durante horas o días enteros. En su actualización, subida a Change.Org este sábado, advierte que “se acaba el tiempo” antes de que Rubalcava goce de inmunidad legislativa. “A pesar de la urgencia y la gravedad de los hechos, la FEADLE –encargada de investigar los delitos cometidos contra periodistas–, a cargo de Ricardo Nájera Herrera, ha mostrado ser incompetente y omisa en beneficio del ex Delegado de Cuajimalpa. De acuerdo con las grabaciones, Jeannette Aguirre, la primera agente del Ministerio Público a cargo del caso, presuntamente recibió dinero de los agresores”, destaca la actualización. “La negligencia de las autoridades fomenta no sólo la impunidad”, dice, “también abona a que funcionarios continúen el acoso y hostigamiento a periodistas, medios de comunicación y voces disidentes”. Investigaciones realizadas por la Unidad Científica de la Policía Federal y difundidas por medios de todo el país –desde Zeta de Tijuana a Proceso, así como Aristegui Noticias y SinEmbargo– exhibieron recientemente la red de agresores de periodistas y medios que paga Rubalcava Suárez.
Las investigaciones también desenmascararon a Juan Carlos Zaragoza Ríos, quien operaba desde Televisa y que el viernes 4 de septiembre pasado fue despedido; a Alejandro Emiliano Zapata Sánchez, ex director de Comunicación Social de Cuajimalpa; y a Danna Vázquez, representante de celebridades, quien está relacionada con el uso de redes sociales de sus clientes para beneficiar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante las pasadas elecciones. MILES DE FIRMAS EXIGEN JUSTICIA Zaragoza Ríos encabezó el equipo técnico que bajo las órdenes del ex Delegado de Cuajimalpa Adrián Ruvalcaba lanzó campañas de desprestigio e intimidación contra SinEmbargo, Aristegui Noticias, Cuna de Grillos, distintos medios del interior del país y periodistas como Francisco Zea, de Cadena 3. La unidad científica de la Policía Federal (PF), por orden de un Juez, realizó escuchas a Zaragoza Ríos, quien también se hace llamar “El Lobo de Wall Street”, o “James Boss”, su madre, Lina Ríos, una supuesta empleada federal, aparece en distintas grabaciones porque a ella va contando varias de las operaciones que encabezó. Aunque la televisora ya despidió a su empleado -quien se ostentaba con cargos que no tenía-, la Procuraduría General de la República (PGR), o la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), no han informado cuándo procederán contra los otros involucrados en la red desenmascarada por la PF. La petición lanzada por la organización lleva recabadas más de 40 mil firmas en la plataforma Change.org. Juan Carlos Zaragoza Ríos fue grabado por la PF cuando ordenaba un video para inventarle, a un político veracruzano que dejó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había engañado y violado a un menor de edad. Otros muchos casos similares quedaron documentados por durante el periodo de escuchas autorizado por un juez federal. La red de acoso recurre a la difamación desde el anonimato. Un audio capturado por la Unidad Científica de la Policía Federal descubrió que además de políticos, periodistas han sido acosados con campañas en redes sociales. Además de SinEmbargo, el periodista Francisco Zea de Cadena 3 fue víctima de una campaña de acoso por cuando denunció un caso de presunto abuso que involucra a un hermano del ex Delegado de Cuajimalpa Adrián Rubalcava.
Se desconoce si las autoridades investigan la red de financiamiento de la cadena de acoso. Rubalcava ha sido relacionado a una organización criminal que se dedica al secuestro y la extorsión, denominada “Los Claudios”.
FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/05-09-2015/1476027
El escritor y periodista publica, ‘Los 43 de Iguala’, volumen donde indaga sobre lo sucedido con los normalista de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014.
El próximo 26 de septiembre se cumplirá un año de la desaparición de 43 normalistas en Iguala. Pese a la “verdad histórica” promovida por el gobierno federal, vía la Procuraduría General de la República, aun quedan muchas dudas sobre lo sucedido aquella noche, varias de estas preguntas son planteadas por el periodista y escritor, Sergio González Rodríguez, en su libro Los 43 de Iguala (Anagrama). A un año de lo sucedido en con los 43 estudiantes en Iguala, ya aparecieron al menos 3 libros y un par de documentales que intentan explicar lo sucedido. ¿Qué representan los hechos de aquella noche de finales de septiembre? Es un episodio que representa una crisis integral de nuestras instituciones; la dificultad de la relación entre sociedad y gobierno, la falta de respuesta adecuada a las inquietudes sociales. Nos reveló las carencias que arrastramos en la reformulación de lo que es el Estado-Nación de cara al nuevo orden global. No solo es un hecho criminal como se ha querido ver, es un ejemplo de la degradación de un partido que se corrompió y permitió que criminales ejercieran tareas de gobernabilidad propias de la policía; es también algo más complejo porque muestra una crisis profunda del país. ¿Se puede abordar lo pasó en Iguala con los estudiantes de una forma despolitizada? Es cuestión de responsabilidad por parte de las autoridades. Debe haber un área de prevención, el Estado y los gobiernos tienen órganos de inteligencia lo suficientemente formalizados como para impedir la degradación de un gobierno municipal donde el crimen organizado se imbricó en una sinergia absolutamente anómala, como sucedió en Iguala. Esa situación vista desde un punto de vista más abstracto, parecería un simple problema para local, sin embargo lo que observamos es la irresponsabilidad del gobierno estatal y federal, la falta de previsión de los órganos de inteligencia del Estado, la falta de participación directa y real, este deseo de no involucrarse quienes por parte de los órganos de seguridad pública, la policía, las fuerzas armadas. El episodio es más que un simple caso para la criminología. También dice que los 43 fueron expuestos por sus propios dirigentes Tenemos la contraparte de dirigentes acostumbrados a enviar a menores de edad o estudiantes en general, que están bajo la tutela del organismo educativo de la Normal Rural de Ayotzinapa a operaciones de confrontación con policías que traen armas de fuego. Es una asimetría de fuerzas que no debe de tolerarse. Los líderes no deben mandar a los muchachos para este tipo de operaciones. No hay responsabilidad absoluta. No estoy de acuerdo con este uso de las personas. En su momento, diversos medios y especialistas celebraron la investigación de la PGR. Sin embargo, hoy vuelve a cuestionarse el trabajo federal y la supuesta “verdad histórica”. Sí, porque en México no tenemos una verdadera cultura de la investigación policial ministerial. La mayor parte de los detenidos por presuntos delitos se dan en flagrancia o flagrancia equiparada, quiere decir que los agarran en el momento de cometer o les atribuyen el delito, más del 90% de las detenciones se dan de esta forma. Cuando se tratan casos en el límite como el de Iguala o el de la colonia Narvarte, la autoridad se ve rebasada ante la presión pública. Y dado que ambos tienen una articulación política, prefieren resolverlo como un problema de gestión política en lugar de hacer una verdadera investigación policiaca ministerial. Por eso sus expedientes resultan absolutamente inconsistentes, llenos de contradicciones, de lagunas que desatan más preguntas que respuestas. que resuelven, que dejan inconforme a la opinión pública, a la familia de las víctimas. Usted incorpora al caso elementos geopolíticos, ¿por qué? Estamos viendo una defensa de los intereses políticos de Estados Unidos. México que es un país soberano e independiente, debería que tener una clase política y una clase dirigente más consciente de lo que representa la responsabilidad de negociar con ellos. El país ha sido desmantelado en su planta productiva para implantar una economía basada en ensambladoras e industrias extranjeras controladas por el mercado norteamericano. Tenemos que ser muy claros para entender que Estados Unidos, integralmente como nación, nunca ha querido a México. Solamente lo anidaba en los rangos de provisión de recursos naturales en provisión minera y mano de obra barata. Debemos tener una relación más equitativa con Estados Unidos en cuestión de drogas o armas por ejemplo. Recordemos que el consumo de drogas es también, un modo de control social. El narcotráfico lava el dinero en los folios de poder bancario-financiero de Estados Unidos y de otras partes. Por eso no comparto la visión de una lucha de policías contra ladrones. Después de su investigación, ¿cuál es su hipótesis sobre lo sucedido esa noche? Fue una operación de limpieza social realizada por expertos en contra-insurgencia, que reprodujo patrones que están completamente estudiados por la Agencia Central de Inteligencia, por ejemplo: la Operación Phoenix. Sus efectos implican terror social, el desollamiento, la extracción de ojos, etc., para enviar una lección a aquellos que quieran oponerse al gobierno. Recordemos que en Guerrero sistemáticamente hemos visto la aniquilación de activistas sociales. Su hipótesis contrasta con la de la confusión o la del ataque por parte de sicarios. La idea de que fueron sicarios forma parte de la ‘verdad histórica’. Pero no nos han explicado que ese tipo de operaciones no pueden ser realizadas por un conjunto de señores drogados, criminales y analfabetas. Fue una operación enteramente ordenada y eso implica una capacitación paramilitar de expertos. Los testimonios son la única prueba del gobierno y fueron obtenidos bajo tortura. Por lo tanto, es insostenible en términos técnicos y científicos como los propios extranjeros lo han dicho. ¿Hay probabilidades de que el caso se reabra? Expertos extranjeros demandan que la ‘verdad histórica’ presumida por las autoridades mexicanas no es sostenible y tiene que hacerse una investigación más amplia. Con el apoyo internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podremos tener una posibilidad de que sí se amplíe su investigación. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: HÉCTOR GONZÁLEZ.
Tras 6 meses de investigación en México, los expertos de la CIDH concluyeron que los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, como lo estableció el gobierno federal.
El siguiente documento, presentado este domingo por los 5 expertos de la CIDH, contiene recomendaciones al Estado mexicano sobre la investigación del caso Ayotzinapa, además de que refuta la “verdad histórica” de los hechos del 26 y 27 de septiembre, que dio a conocer la PGR a inicios de este año, en relación con que los normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula. Informe Completo GIEI-Iguala by Aristegui Noticias
MÉXICO, D.F: El presidente Enrique Peña Nieto ordenó a las dependencias del gobierno federal atender las recomendaciones realizadas este domingo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa. Esta mañana, el GIEI presentó un informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el cual rechaza la versión de la PGR de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Los expertos presentaron una lista de 20 recomendaciones al gobierno federal entre las que destaca investigar como el móvil de la agresión el transporte de estupefacientes en camiones en Guerrero. “He dado indicaciones para que las investigaciones de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos aportados por el GIEI”, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter. En otro mensaje indicó que “También le he dado indicaciones a las dependencias del @Gobmx para que analicen cada una de las recomendaciones que han presentado hoy”.
En la misma red social, Peña Nieto agradeció el trabajo de los expertos independientes y el apoyo de la CIDH para la investigación de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de 2014. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá aprobar, a más tardar en enero de 2016, su Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática 2016-2020, destinada a poner en práctica políticas públicas orientadas a construir ciudadanía. Además de desarrollar e implementar procesos educativos que promuevan el aprecio por lo público, afirmó el consejero electoral José Roberto Ruiz. En entrevista con Notimex, enfatizó que sólo en el proceso electoral federal 2015 del pasado 7 de junio se generó la idea colectiva de que “boicotear” elecciones sirve para exigir otros derechos. Lo anterior fue “el error más grande del mundo, porque suprimir unos derechos no puede ser la vía para exigir otros. Los derechos se deben potenciar y deben ser de todos, hay que buscar otras formas de exigir a los gobernantes”. Interrogado sobre si el binomio pobreza-falta de educación se contrapone a los derechos humanos, opinó que “es cierto que cuando lo fundamental es cubrir los derechos sociales, querer cubrir derechos de tercera generación suena utópico”. Pero, “creo que todavía hay un universo de mexicanos que ya tienen acceso a más información, que ya tienen más forma de asimilar esos contenidos. Entonces yo creo que sobre ellos deberíamos estar trabajando más”. Reconoció que el país no sólo adolece de una cultura política democrática, sino que “tenemos un gran rezago en participación política, en participación electoral, en confianza entre ciudadanos, en confianza en las instituciones, en respeto a la legalidad”. Ruiz Saldaña refirió que la ausencia de estas práctica impide al país contar con una democracia sólida y con procesos electorales en los que impere el respeto a las reglas del juego y la confianza a la autoridad. En su opinión, los programas de educación cívica del INE deberán dirigirse a los niños y los jóvenes, aunque haya quienes opinen que debe incluirse a los grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres e indígenas. “Si pretendemos hacer mucho acabaremos haciendo poco. Esos debates deberán generarse en el seno de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral y la de Educación Cívica, previo a su aprobación en el Consejo General”, dijo. Consideró que los programas de educación cívica coadyuvarán a evitar que se presenten problemas como los suscitados en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán durante los comicios celebrados el 7 de junio. En esos estados, aunque en escala menor en Michoacán, “está la muestra de que hay un México que no sólo no está enamorado, por decirlo así, de este modelo de competencia de construcción de democracia”. Esto es, se puso en evidencia que hay quienes no comparten la idea de una sana competencia electoral, “sino que incluso lo ve como algo ajeno, como algo posible de hacer a un lado, de boicotear”. El consejero electoral dijo no compartir la idea de quienes ven en las elecciones una oportunidad para “secuestrarlas” e imponer intereses ajenos a los que se buscan en una contienda de ese tipo. Yo lo he sostenido: en México no debemos tener ciudadanos que conciban secuestrar las elecciones. Señaló que la ciudadanía debería de explorar otras formas para manifestar su descontento o desaprobación a la actuación de la o las autoridades, como enviar cartas de protesta, pancartas y/o manifestaciones. “Eso es a lo que deberíamos aspirar como mexicanos, a tener hábitos de protesta”, opinó. Y ya, en casos “muy radicales”, clausuras simbólicas de instituciones y bloqueos de calles, pero no negar el ejercicio de derechos como el de acudir a votar. José Roberto Ruiz indicó que si bien se ha avanzado, el INE ha hecho un esfuerzo aislado en materia de educación cívica, dado que “no hay una política de Estado”.
Agregó que no hay una institución del Estado que se encargue, como una atribución constitucional, a generar el hábito de exigir derechos y valorar la democracia. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/06-09-2015/1476968.
Activistas de la organización Greenpeace México formaron esta mañana un mensaje con la leyenda “Paz, justicia, esperanza, 43”, desde La Quebrada, en Acapulco, Guerrero, como un mensaje de solidaridad a todas las personas que en México han sido víctimas de abusos y atropellos al defender una causa justa, ambiental y social.
Un grupo de al menos 20 activistas de Greenpeace México colocaron letras con la leyenda “Paz, justicia, esperanza, 43” sobre los descansos del mirador de la Quebrada, en Acapulco, donde se encuentra su embarcación Esperanza, para protestar por los ataques contra ambientalistas, la violación a los derechos humanos y las desapariciones sin resolver en el país.
“Paz, por la tranquilidad que queremos que pronto puedan tener las familias y amigos de las 25 mil personas que han sido desaparecidas en los últimos años, en particular las de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Justicia, porque aunque su ausencia ha lastimado a la sociedad, los defensores del medio ambiente y los derechos humanos no pararemos hasta que ésta sea restaurada. Y esperanza, porque confiamos en que cada vez habrá más actos de valor de la gente, tan necesarios para el mundo que buscamos un mundo más justo y verde”, explicó la organización a través de un comunicado. Además, Greenpeace México aseguró que la persecución y el acoso a activistas ambientales y políticos, la violencia del Estado y la inequidad son realidades que precisan la atención y la acción de todas las personas, por lo que uno los ideales de esta organización es, desde su fundación hace 44 años, “la oposición a la violencia y a la guerra”.
“Estos principios son una convicción moral que nos impide ignorar actos de injusticia que atenten contra la dignidad de las personas y el equilibrio de los ecosistemas”, dijo la vocera de Greenpeace, Sinaí Guevara.
Greenpeace México aseguró que las miles de desapariciones sin resolver “son una evidencia de la fuerte descomposición en las estructuras del gobierno, en sus instituciones y en los que toman las decisiones”. Recordó que los casos como los de Ayotzinapa “exhiben uno de los peores rostros de la especie humana, pero también uno de los mejores en todos aquellos otros hombres y mujeres que hoy siguen con la frente en alto defendiendo pacíficamente una causa justa”.
Sinaí Guevara hizo un llamado al gobierno mexicano para que se investigue y esclarezcan los actos ocurridos en Ayotzinapa, así como frenar el acoso a los activistas ambientales “que todos los días luchan por un medio ambiente más sano”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/06-09-2015/1476846.
MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio, que realicen un análisis para determinar si en el basurero de Cocula, Guerrero, fueron incinerados los 43 normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre, como lo afirmó está institución en su versión histórica de los hechos. El anuncio lo realizó la procuradora Arely Gómez González, horas después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe sobre el caso, en el que determinaron que los normalistas no fueron incinerados en Cocula. En la edición 1985 de Proceso, el experto en incendios y explosivos, Alfonso Palacios Blanco, entrevistado por la reportera Patricia Dávila, dio su dictamen: “En Cerro Viejo no hubo incineración o no incineraron la cantidad de cuerpos de la que hablan”. Y agregó: “Dice nuestro procurador que los quemaron con llantas, diésel y gasolina a mil 600 grados centígrados de temperatura, pero el acero se funde a 2 mil 500. Por lo tanto, en cantidad considerable, debieron encontrar fibras metálicas de los neumáticos que emplearon, porque para quemar 43 cuerpos debieron utilizar de tres a cuatro neumáticos por persona y una cantidad considerable de gasolina y diésel”. Semanas después, en el número 1999 del 21 de febrero de este año, bajo el título Otra losa a la “verdad histórica” de la PGR, el perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Jorge Arturo Talavera aseguró que era falso que en ese lugar se hubiera prendido fuego a los normalistas. “La ciencia se ensaña con las versiones del procurador de Jesús Murillo Karam. ¿Dónde están las hebillas de los normalistas presuntamente incinerados en Cocula? ¿Por qué no se quemaron los victimarios, si mil 600 grados centígrados convertirían toda la zona en un gigantesco horno? ¿Por qué no se incendió el basurero? ¿Dónde están las estructuras metálicas de las llantas usadas para prender el fuego? ¿De qué árboles salió la media tonelada de leña necesaria para la pira? ¿Por qué no hay grasa humana en el suelo? El perito del INAH Jorge Arturo Talavera lo tiene claro: “En el basurero no fueron incinerados los 43 estudiantes”. Trastabillante, en una conferencia de prensa en la que no admitió preguntas, la procuradora Arely Gómez se pronunció respecto a la información relativa al peritaje sobre los hechos específicos de la incineración en el basurero de Cocula: “He instruido se atienda la propuesta contenida en el anexo Informe Pericial aspectos relacionados al fuego, la PGR valorará su incorporación a la averiguación previa. En atención a ello, he ordenado a las diversas áreas de la PGR para que a partir del momento en que fue recibido, se lleve a cabo su estudio y análisis detallado del contenido y que se incorpore a la investigación que lleva esta institución”. Respecto a la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel, con peritos de una formación y experiencia consistentes con la magnitud del problema, se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio. Afirmó que las investigaciones continuarán hasta sus últimas consecuencias. Explicó que con el objetivo de determinar los hechos ocurridos y para fortalecer las investigaciones, el 13 de octubre de 2014, el Estado mexicano solicitó la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual se materializó con la conformación del GIEI. “El día de hoy el grupo de expertos presentó un informe que es fundamental para la investigación, como lo han reconocido los miembros de este grupo, se brindaron todas las facilidades para sus actividades, pues el gobierno de la República ha sido el primer interesado en que la asistencia de la CIDH nos permita dar mayor certeza sobre estos hechos”, señaló la funcionaria. Los resultados y conclusiones de las entrevistas del trabajo de campo y de los estudios que los expertos llevaron a cabo, desde el día de hoy se analizarán y en su momento, la PGR valorará su incorporación a la averiguación previa. Reiteró que la PGR continúa y continuará con su labor, hasta que el último responsable sea consignado. Informó que derivado de la investigación ministerial, se ha ejercido acción penal en contra de 131 personas, de las cuales han sido aprehendidas 110, las cuales enfrentan un proceso penal para responder por estos hechos que tanto indignan a los mexicanos. Respecto a la información relativa al peritaje sobre los hechos específicos de la incineración en el basurero de Cocula, la procuradora ordenó que se atienda la propuesta contenida en el anexo Informe Pericial aspectos relacionados al fuego, referente a la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel, con peritos con una formación y experiencia consistentes con la magnitud del problema, por tal motivo, se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio”. En lo que respecta a la autoría de estos hechos, las conclusiones del grupo de expertos confirman las líneas de investigación de esta Procuraduría, en el sentido de que las policías de Iguala y Cocula participaron en la comisión de estos delitos. Dichas corporaciones policiales fueron cooptadas por la delincuencia organizada como se ha podido acreditar de las actuaciones que obran en el expediente. El grupo de expertos también refieren que la delincuencia organizada infiltró la administración municipal del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y destacadamente a la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio. José Luis Abarca se encuentra detenido y está sujeto a diversos procesos penales. Arely Gómez anunció que el Estado mexicano solicitará la prórroga del mandato para que el grupo de expertos pueda concluir sus trabajos en torno a estos hechos en los términos y modalidades que serán acordadas por todas las partes.
En cuanto a la averiguación previa, ésta será llevada por el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y se ha solicitado la acumulación de los procesos penales abiertos contra los probables responsables de la desaparición de los normalistas, para que estos sean resueltos por el mismo juez federal. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
