Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y abogados penalistas mexicanos recomendaron este lunes, luego del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), iniciar de cero la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, y llamar a cuentas al ex Procurador Jesús Murillo Karam, después del fiasco de su “verdad histórica”. Al mismo tiempo, esta noche, el Fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, confirmó la existencia de un quinto autobús, como lo dijo el informe de los Expertos Independientes, y reveló además que Murillo karam fue informado al respecto. “Sí tuvimos conocimiento, participamos dentro de la investigación, hay un expediente el cual se mandó a México”, dijo Godínez Muñoz. En breve entrevista con los medios de comunicación, el Fiscal guerrerense se negó a abundar sobre las indagatorias “porque es un caso delicado”. “Estoy por reunirme con la procuradora General de la República, todavía no hay fecha para ver la estrategia a seguir en el tema, es lo único que te podría decir por que ellos son los que llevan la investigación”, agregó. Por otra parte, los abogados que conforman el Instituto de Justicia Procesal Penal en México destacaron que en la reacción de la Procuraduría General de la República (PGR), “en un comunicado parco” de la Procuradora Arely Gómez y la posterior defensa de la investigación del subprocurador Tomás Zerón, ven “la predecible falta de compromiso institucional con la verdad”.
Hace ya muchos años, plantearon en un comunicado oficial, que diferentes organizaciones de sociedad civil, académicos y actores del sistema de justicia reclaman investigaciones profesionales y científicas.
“Sabemos que la fabricación de casos es común y que la debilidad de la persecución penal es constantemente subsidiada por dicho sistema. Son innumerables los casos fundados en ‘confesiones’ o testigos únicos, mientras que las víctimas siguen esperando la respuesta de las autoridades”.
También refirieron que, año con año, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) confirma la falta de confianza en la policía y el sistema de justicia. “Los legisladores presumen leyes punitivistas que elevan las penas de los delitos y otros funcionarios públicos hacen alarde de prisiones de alta seguridad para los ‘más peligrosos’. Nada de esto ha resultado en un país más seguro ni menos impune”, expusieron. Datos de la más reciente ENVIPE, publicados el 2 de septiembre pasado, muestran que entre los motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar están circunstancias directamente atribuibles a la autoridad, como considerar la denuncia como una pérdida de tiempo y la desconfianza que los ciudadanos tienen en los funcionarios encargados de la impartición de justicia, con 65.6 por ciento. Por ello, el Instituto de Justicia Procesal Penal demandó públicamente que las instituciones de justicia federal “reconozcan la debilidad de la investigación realizada por la PGR; tomen en cuenta el Informe en cuestión para determinar nuevas líneas de investigación, y deslinden responsabilidades de las autoridades que hayan intervenido en la definición de la versión oficial. Todo lo anterior con el más alto respeto por el debido proceso de las personas imputadas y los derechos de las víctimas”. Además exigió “verdad, justicia y reparación”, pues expuso: “Todas y todos somos víctimas cuando las instituciones de los sistemas de justicia y seguridad contribuyen a la impunidad”. La abogada Jazmín Sánchez Estrada, del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirmó que el ex Procurador Jesús Murillo Karam y todo su equipo que participó en la integración del expediente de los 43 normalistas, puede ser investigado de oficio, sin necesidad de una denuncia.
El ex Procurador está sujeto a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y debe responder por la “verdad histórica”.
“Puede ser investigado por cualquier tipo de evidencia, no sólo la del quinto autobús que no está en el expediente, sino toda la que haya sido modificada, desaparecida y alterada es objeto de responsabilidad del funcionarios que haya sido responsable de recabarla”, dijo.
Desde los peritos de la Procuraduría General de la República que sostuvieron la versión de la incineración de 43 cuerpos en el basurero de Cocula, Guerrero, hasta Murillo Karam pueden responder por el caso, afirmó. La pena de encontrarse culpables de algún delito puede ser desde la separación del cargo, que en el caso de Murillo Karam ya no aplica, hasta las inhabilitación por una cantidad determinada de años para ser servidor público, explicó.
“El ex Procurador debió tener la sensibilidad de que era un tema muy delicado, que no podía basar su dicho en declaraciones de los detenidos. Debió primero realizar una serie de peritajes para avalarlo. La PGR queda muy mal, porque el tema no sólo puede ser de corrupción, sino la forma inadecuada en que se hacen las investigaciones, de una manera express”, planteó la abogada.
“Hoy la PGR tiene dos vías para enfrentar la mala investigación del caso: por un lado empezar de cero y asear el desaseo que dejó Karam y fincar responsabilidades al ex Procurador y colaboradores”, afirmó.
En tanto, Gabriel Regino, profesor de Criminología y Sistema Acusatorio en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos devela que es altamente cuestionable el nivel de investigación criminal en México. El abogado penalista afirmó que el impacto más inmediato de las recomendaciones del GIEI es político y mediático, ya que refuerza la falta de credibilidad en la investigación oficial sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes normalistas el pasado 26 y 27 de septiembre del año pasado. Ante esta realidad, la Procuradora Arely Gómez ordenó que se realizara un tercer peritaje para analizar si son fundadas las contradicciones entre lo descubierto por los expertos internacionales y lo informado por el ex procurador Jesús Murillo Karam en enero de este año, cuando anunció la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, el abogado penalista consideró que aunque el resultado del tercer peritaje confirme lo que hoy sólo son sospechas de la sociedad civil, será difícil que fincar responsabilidades a algún servidor o ex servidor público debido a que las recomendaciones del GIEI no tienen efectos jurídicos en los procesos penales que se encuentran en trámite y que la posición de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) persiste en que los 43 estudiantes sí fueron incinerados. “Es muy probable que de ese tercer peritaje podamos empezar a obtener conclusiones si nos mintieron o no nos mintieron. Pero ese tercer peritaje solamente tendrá una vinculación ética hacia la PGR y no una fuerza de prueba porque no estará siendo desahogado ante los jueces que ya llevan los procesos”, explicó Gabriel Regino.
Cuestionado específicamente sobre la posibilidad de que el ex Procurador Murillo Karam rinda cuentas por la posibilidad de haber anunciado la conclusión de una investigación basado en hechos que no ocurrieron, el penalista explicó que el tema de las responsabilidades van a fundamentarse, sólo si se comprueba que la información que Murillo Karam recibió era notoriamente contradictoria y que a pesar de ello las dio como validas.
“Estaríamos frente al delito de ejercicio indebido de ejercicio público, lo que le llevaría a la PGR a retirar los procesos penales que tiene en curso e iniciar una investigación penal contra Murillo Karam y aquellos que crearon esta verdad y a reconducir una investigación sobre que sucedió en estos hechos”.
Sin embargo, el especialista consideró poco probable que se puedan fincar responsabilidades al ex procurador, de quien se dice podría en poco tiempo formar parte del cuerpo diplomático de México como embajador en algún país europeo.
“Es difícil que el ex Procurador alcance una responsabilidad porque él es mero titular del Ministerio Público, pero no es el Ministerio Público que investigó ni mucho menos el que consignó. Su responsabilidad quedaría limitada al aspecto político y mediático”, afirmó.
El académico de la UNAM consideró que lo deseable es que un tercer organismo imparcial determine si hay o no contradicciones entre la investigación de la PGR y las observaciones del GIEI, “porque al final del día, la PGR –que pertenece al Ejecutivo federal–, es la única autoridad la que podrá definir si lo que está diciendo la investigación de expertos tiene o no tiene validez”. Agregó que para poder concluir que la PGR falseó la conducción de la investigación, sería preciso que hubiese una determinación judicial que así lo confirmara. No obstante, hasta ahora, todos los jueces que han recibido consignaciones por el caso Ayotzinapa han validado la teoría de la PGR. “No hay todavía una sentencia firme de un tribunal mexicano que diga ‘todo esto fue mentira’”. Sin embargo, sostuvo que sí existe la percepción en la opinión pública de que se ha mentido o por lo menos de que se desvío la investigación con el ánimo de limitarla a una sola línea de investigación debido a la presión mediática, la urgencia política y el panorama internacional.
El abogado penalista Gabriel Regino consideró que podría haber una trampa en la orden de realizar un nuevo peritaje sobre los hechos ocurrido en Iguala, Guerrero.
“Es decir puede haber los peritajes que usted quiera, pero mientras no se reproduzcan ante los jueces, los jueces no tienen por qué siquiera voltear a mirarlos”, destacó.
Por su parte, el abogado José Antonio Ortega dijo que los integrantes del GIEI que participaron revisando la investigación de la PGR sobre la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa pueden también presentar una denuncia ante el mismo Ministerio Público de la Federación por las irregularidades que hayan encontrado. “Ellos están para hacer una investigación, tienen las más altas facultades para ser coadyuvantes, tienen inmunidad, porque hay ampliación del acuerdo con el que trabajan, si consideran que hay omisión grave, que presenten la acusación, tienen inmunidad política, y en ese contexto político pueden proceder, no pueden interrogar a los soldados, porque no son autoridad, y tienen en todo caso que motivar para que sea el Ministerio Público el que haga las diligencias que ellos creen que faltaron”, indicó. En entrevista, el también director del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal cuestionó el resultado del informe debido, dijo, a que muestra “determinación para que la investigación siga una determinada dirección, independientemente de los hechos verdaderos”. Sobre la afirmación de que no hubo incineración masiva de los normalistas en el basurero de Cocula, y que fue una de las principales conclusiones de los expertos extranjeros que contradijo la versión de la PGR, Ortega comentó los años de la violencia mostraron que, en diversas regiones del país, los criminales han usado diferentes métodos para calcinar cuerpos. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde mi punto de vista, no es un organismo imparcial, íntegro y justo, interesado en la protección de los Derechos Humanos y en alcanzar la verdad”, agregó. Para Gilberto Santa Rita Tamés, investigador y académico de la Universidad Iberoamericana, cuando surge un hecho como el de Ayotzinapa y una reacción como la que tuvieron los tres órdenes de gobierno, lo natural es que la ciudadanía busque a responsables, no en un sentido moral sino penal. Sin embargo, en el caso del ex Procurador Jesús Murillo Karam no puede haber una imputación criminal porque finalmente la PGR tomó la investigación cuando ésta ya había sido iniciada en Guerrero. “Las primeras diligencias, que son las más delicadas en una averiguación previa o investigación ministerial son las más importantes porque son las más vinculadas a la inmediatez y a las pruebas más puras, que van a dar inicio a una averiguación y una posible consignación y después ya poner las pruebas ante un Juez”, detalló el abogado.
Es decir que, ante un escenario donde la Procuraduría General de la República aceptara que hubo ocultamiento de hechos o mintió sobre el basurero de Cocula, Murillo Karam no podrá ser castigado penalmente a menos que se demuestre que el ex Procurador dio la orden o participó directamente en la alteración de la investigación. Si acaso, explicó el experto, podría recibir un castigo administrativo.
“Sólo podríamos ver a Murillo Karam en prisión si se demostrase que alteró con dolo o imprudencia la escena de los hechos, ahí sí surgiría una averiguación previa al proceso principal”, explicó Santa Rita Tamés, quien agregó que la propia Fiscalía local o autoridades federales –dependiendo del momento: antes o después que la PGR atrajera el caso– tendrían que determinar que hubo irregularidades.
Además, dijo, si se determina que hubo irregularidades en funcionarios de la PGR, antes que haya castigo penal a Jesús Murillo Karam se procederá contra sobprocuradores, fiscales, secretarios, peritos, agentes, policías, que son quienes integran la averiguación. El jurista adelantó que si se descubren anomalías en la investigación de Ayotzinapa, antes que penales habrá castigo político debido al perfil del entonces Procurador Jesús Murillo Karam.
WOLA, PREOCUPADA POR MENTIRAS DEL GOBIERNO La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) mostró su preocupación porque la respuesta del Gobierno mexicano “no reconoce los graves errores” cometidos en la investigación inicial, luego de que el Nuevo Informe de los Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que la versión oficial sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa es incorrecta y no tiene evidencia científica.
“El informe de los Expertos deja claro que el Gobierno trató de vender a las familias, a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional una versión de los hechos que, lejos de ser la verdad, no tiene evidencia científica […] El gobierno prefirió la conveniencia sobre la veracidad y tomó varias medidas, incluyendo posiblemente el uso de tortura, para respaldar su versión de los hechos”, sostuvo este lunes en un comunicado Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México de WOLA, organización que promueve los derechos humanos, la democracia y la justicia social por medio del trabajo conjunto con contrapartes locales en Latinoamérica y el Caribe.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), integrado por cinco representantes de la CIDH, aportó ayer al menos dos nuevas líneas de investigación que echan a la basura “la verdad histórica” oficial sobre la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Hay un camión desaparecido que podría ser clave para conocer el destino de los normalistas, no existe evidencia de que los jóvenes fueron quemados en un basurero del municipio de Cocula, como lo afirmó el 27 de enero de 2015, el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, quien mostró extractos de peritajes con los que armó su verdad histórica.
En este sentido, WOLA dijo estar “profundamente preocupada por la gravedad de los errores en la investigación hecha por el gobierno y apoya el llamado del GIEI para que el Gobierno mexicano siga nuevas líneas de investigación para esclarecer lo que sucedió con los estudiantes y ofrecer verdad y justicia a sus familias”.
En un comunicado difundido hoy, la organización internacional detalla que la Procuradora General, Arely Gómez González, quien reemplazó al ex Procurador Jesús Murillo Karam, poco después de que se diera a conocer el Informe el día de ayer, afirmó que su oficina analizara todos los aspectos del informe para determina si incorporarlos en la investigación, sin embargo, criticó, “se abstuvo de hacer declaraciones sobre los graves errores del gobierno en la investigación”.
“En lugar de hacer nuevos peritajes para demostrar una teoría que ya ha sido descartada, el Gobierno mexicano debe trabajar para reestructurar la investigación y llevar a cabo todas las líneas propuestas de investigación”, sostuvo Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa México en WOLA.
Además la organización insta al Gobierno de México a que se cree un nuevo equipo dentro de la PGR para que se haga cargo de la investigación ante los “múltiples errores de los peritos del Gobierno”. “Teniendo en cuenta los múltiples errores de los peritos del Gobierno, se debe crear un nuevo equipo dentro de la Procuraduría General de la República para estar a cargo de esta siguiente etapa de la investigación”, agregó Meyer. El documento destaca que el informe del GIEI también muestra que varias áreas de investigación permanecen sin explorar. En particular, los Expertos sugieren que la extrema violencia que se utilizó en contra de los estudiantes puede estar relacionada con el hecho de que autobuses en Iguala son regularmente utilizados por grupos del crimen organizado para transportar heroína. El informe deja en claro, agrega la organización, que las fuerzas de seguridad estatales y federales sabían que los estudiantes estaban siendo perseguidos y atacados por la Policía Municipal pero no hicieron nada para ayudarlos. “Las familias de las víctimas tienen derecho a saber la verdad sobre lo que pasó –cuándo, dónde, y por qué–. El informe de los Expertos es una base fundamental para seguir adelante con la investigación”, finaliza Meyer. Finalmente, WOLA celebra que el Gobierno mexicano haya aceptado la solicitud de prórroga del mandato del GIEI.
“Esperamos que su trabajo, en colaboración con la PGR, lleve a las familias y estudiantes de Ayotzinapa, la sociedad mexicana y la comunidad internacional un paso más cerca de saber la verdad sobre este grave caso y de llevar a los responsables ante la justicia”, agrega. AI Y HRW EXIGEN AL GOBIERNO ATENDER “DEFICIENCIAS” Ayer, las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) exigieron al Gobierno de México llevar a la justicia a los responsables de las fallas en las investigaciones y abordar de manera “inmediata” las deficiencias descubiertas en la investigación del Grupo de Expertos de la CIDH de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La organización Amnistía Internacional consideró que los resultados del informe del GIEI dejaron al descubierto la “absoluta incompetencia y la falta de voluntad del Gobierno federal para encontrar y castigar a los responsables”. “La revelación del grupo de expertos sobre la incongruencia de la teoría que los normalistas fueron incinerados en un basurero resalta la necesidad de reencaminar las investigaciones de manera urgente,” dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional. En un comunicado, la organización destacó que México vive una de sus peores crisis de derechos humanos de las últimas décadas. “El catálogo de fallas en la búsqueda e investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas que ha denunciado el grupo de expertos es una enorme mancha en la reputación del gobierno mexicano, que sólo podrá comenzar a resarcirse si se encuentran a los responsables”, expuso. En tanto, Human Rights Watch (HRW) urgió a México que aborde “inmediatamente” las deficiencias descubiertas en la investigación de la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero el 26 de septiembre de 2014 y analice las denuncias de abusos y obstrucción de la justicia planteadas por expertos internacionales. “A pesar de que el mundo tenía los ojos puestos en México, y de los enormes recursos asignados, las autoridades demostraron ser incapaces o no estar dispuestas a llevar a cabo una investigación seria”, lamentó en un comunicado el director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco. “Este informe contiene una evaluación extremadamente crítica sobre la actuación de México ante la atrocidad de derechos humanos más grave de los últimos tiempos”, señaló hoy Vivanco. HRW sostuvo que México debe abordar inmediatamente las fallas en su investigación y la PGR debería investigar las denuncias de graves abusos y obstrucción de la Justicia planteadas por los expertos internacionales. Consideró que la investigación oficial estuvo además marcada por el manejo irregular, la pérdida y la posible destrucción de pruebas clave. “Sin este informe, la magnitud de las fallas en la investigación probablemente nunca hubieran salido a la luz, y el caso de los 43 estudiantes se habría cerrado”, indicó Vivanco.
“El mandato del grupo de expertos debería ahora ser renovado, para que pueda monitorear las investigaciones que se lleven a cabo sobre este y otros casos de derechos humanos. Claramente, las instituciones judiciales del país necesitan de escrutinio externo para evitar que se repita este desempeño lamentable”, añadió.
CON PETICIÓN EXIGEN SE INVESTIGUE A MURILLO KARAM La organización Resonar lanzó hoy una petición en la plataforma Change.org dirigida al Presidente Enrique Nieto, en la que se le exige abra una investigación al ex Procurador General Jesús Murillo Karam, así como a todos los servidores públicos implicados, “por sus mentiras sobre Ayotzinapa”. “‘Creyeron que nos podrían engañar pero no pudieron. Hoy la verdad histórica se convirtió en una mentira histórica’. Las familias de los 43 estudiantes sabían que les habían intentado engañar, pero no pudieron”, se lee al inicio de la petición.
En el documento se detalla que las conclusiones presentadas por el Grupo de Expertos de la CIDH fueron claras:
El incendio en Cocula: imposible Los testimonios: contradictorios Autoridades implicadas: los 3 niveles Pruebas: Perdidas o destruidas ¿Y el paradero de los 43? Desconocido
“Adiós a su verdad histórica, que de histórica sólo tiene la mentira. Y el ex Procurador Karam, quien presentó esta mentira, cuenta los días para su nombramiento como Embajador. ¿Y el resto de servidores públicos implicados en este fraude a las familias, a los estudiantes y a todo México? Todavía cobrando sueldos públicos y participando en investigaciones”, recrimina la organización. Finalmente destaca que lo anterior “no puede quedar así”.
“Murillo Karam y los funcionarios implicados deben rendir cuentas de por qué se ocultó información, por qué intentaron engañar a las familias y a todo México. La justicia verdadera para las víctimas y sus familias necesita también que los responsables del engaño rindan cuentas”, finaliza la petición.
MÉXICO, D.F: La Cámara de Diputados creará una segunda comisión Ayotzinapa, anunció el coordinador del PRI, César Camacho Quiroz, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Al tiempo que el PAN advirtió que, de comprobarse los señalamientos de los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “los responsables tendrán que responder por ello”, el PRD anunció la presentación de un juicio político contra Jesús Murillo Karam por haber destruido pruebas y distorsionar los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El priista Camacho Quiroz destacó que, a diferencia de la pasada legislatura que creó por vez primera dicha instancia de investigación, ésta no partirá de cero, pues dará seguimiento al informe que dio el grupo de trabajo de la CIDH, mismo que echó por la borda la “versión histórica” formulada por el gobierno de Enrique Peña Nieto a través del entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. La Jucopo, en donde están representados todos los partidos políticos, elaborará una propuesta de conformación para que sea votada la nueva comisión Ayotzinapa. En tanto ello sucede, en la sesión de este martes 8 se abordará el tema en la llamada “agenda política”. Camacho Quiroz evitó fijar una posición respecto del reporte emitido sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y quienes, según Peña Nieto y Murillo Karam, fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, posición que fue descalificada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Incluso dijo que fue el propio PRI quien presentó la propuesta de crear la segunda comisión luego de que en la reunión de la Jucopo de hoy todos los partidos presentaron puntos de acuerdo sobre el tema. “Se decidió, a través de Jorge Carlos Ramírez Marín, conformar una comisión de investigación”, acotó. “Es un informe, sin agregar juicios de valor ni adjetivos. Es un informe. El presidente Enrique Peña Nieto ha instruido a sus colaboradores, compañeros que trabajan en la Secretaría de Gobernación, en Relaciones Exteriores y en la PGR, a que se hagan cargo del contenido del informe a efecto de darle la atención y canalización correspondiente. Es un asunto que está en curso y es muy temprano para adelantar vísperas”, comentó el priista cuando se le preguntó si no consideraban el reporte un golpe al gobierno de Peña Nieto. Aclaró también que no fue una propuesta del PAN, “lo que ocurrió es que tratándose del mismo tema, construimos la opción de crear una comisión especial cuyos términos precisos fueron propuestos por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, sin que nadie deba adjudicarse la propuesta de creación”. El coordinador de los panistas, Marko Cortés, advirtió que ante el derrumbe de la “verdad histórica” que presentó Murillo Karam sobre los hechos “hay dos posibilidades: una gran falta de capacidad de las autoridades, o complicidad y ocultamiento de información en este tema”. También dijo que México debe saber la verdad y precisó que esta comisión especial deberá ser coadyuvante para que todas las instancias en el país realicen bien su trabajo. Lo que no aclaró fue por qué durante la pasada administración, cuando su partido tuvo la presidencia de la misma comisión, a través de Guillermo Anaya, no se mostraron críticos ante las autoridades ni pudieron exigir un papel real de “coadyuvantes”, pues siempre fueron ignorados por las autoridades. Lo que sí anunció es que su grupo propondrá que el 26 de septiembre sea declarado como Día Nacional contra la Desaparición Forzada, en memoria de los normalistas de Ayotzinapa. Juicio político a Murillo Karam El coordinador de los perredistas, Francisco Nery Martínez, anunció que promoverán la realización de un juicio político contra el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, “por haber falseado la investigación”. El informe del GIEI, añadió, muestra que la “verdad histórica” de Murillo fue un engaño. “Lo que está ocurriendo es gravísimo. Significa que el país está al revés, porque en vez de que la autoridad correspondiente procure justicia, observamos que la PGR distorsionó los hechos, destruyó pruebas y, sobre todo, que es científicamente imposible sostener que los estudiantes hayan sido calcinados en el basurero”, reclamó. “No es suficiente que el gobierno diga que habrá un nuevo peritaje, pues aunque éste es indispensable, también es insuficiente. Lo que está en discusión es que el gobierno mintió a los familiares de las víctimas y a la sociedad, porque los hechos no ocurrieron como lo afirman las autoridades”, acusó el líder perredista. Comisión sin resultados En la 62 Legislatura, la comisión especial de Ayotzinapa la encabezó el panista Guillermo Anaya y participaron por MC, Ricardo Mejía; por PT Lilia Aguilar; del PRD Lisbeth Rosas, y por el PRI, Manuel Añorve. La comisión entregó un “pre-informe” y no aportó nada nuevo al caso. En la sesión de este martes, antes de discutir en la agenda política el tema de Ayotzinapa, los diputados -dos por cada partido- intervendrán en la revisión de la glosa del informe presidencial entregado el 1 de septiembre por Peña Nieto, y será la política interior y la exterior lo primero que se analizará, para el jueves próximo abordar la política social y la económica. También este martes 8 el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, entregará a las 5 de la tarde -en el salón C de Protocolo- el proyecto del paquete económico para el 2016.
Debido a que aún no se conforman las nuevas comisiones legislativas (entre ellas la de presupuesto y la de hacienda) un grupo de trabajo empezará el análisis del paquete económico para el próximo año. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESUSA CERVANTES.
MÉXICO, D.F: Puesta contra la pared por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de echar por tierra la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, echó mano de sus subordinados para defender la versión oficial construida por su predecesor, Jesús Murillo Karam. En entrevistas por separado, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Felipe de Jesús Muñoz, y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, aseguraron que la indagatoria se ha llevado con absoluta seriedad, por lo que descartaron de antemano que Murillo Karam haya falseado la información de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula. “Estamos seguros de lo que pasó, es un gran incendio”, dijo Zerón a Grupo Imagen Multimedia. La hipótesis de la incineración de los estudiantes normalistas en el basurero de Cocula obra en declaraciones y está basada en testimonios y en recreaciones, destacó. Añadió: “Estamos seguros que en Cocula fueron quemados un número importante de estudiantes”. Y aseguró que la PGR valorará la información del GIEI “para ver la incorporación a la averiguación previa lo que sea útil”. Zerón insistió que en el gobierno federal “estamos muy abiertos”, pero dejó claro que “para nosotros los peritajes de la PGR son contundentes”. De su lado, Muñoz Vázquez destacó que “dentro del informe (del GIEI) hay coincidencia en qué fue lo que ocurrió”, y subrayó que hasta ahora tienen “pruebas sólidas que acreditan la responsabilidad” de autoridades policíacas municipales y personas vinculadas al grupo delincuencial Guerreros Unidos. “Es una investigación sólida, un expediente que se ha trabajado con seriedad, con peritajes serios”, insistió. Destacó, asimismo, que la procuradora Arely Gómez ha mantenido reuniones y la investigación no concluirá hasta detener a todos los responsables y hasta que se arribe a la verdad histórica de los hechos ocurridos hace casi un año. En otra entrevista con Primero Noticias, de Televisa, Muñoz puntualizó que todos los datos, hipótesis y líneas de investigación recomendadas por el GIEI serán tomadas en cuenta para un “tercer peritaje” que permita concluir “qué fue lo que pasó”, aunque no hay tiempo estimado para su presentación, advirtió. Enfatizó que la PGR no ha concluido nada sobre este caso y se mantiene como una investigación abierta. De acuerdo con el titular de la SEIDO, el reporte hecho en su momento, cuando la PGR era encabezada por Murillo Karam, marcó el rumbo, pero sólo hasta que se concluya la investigación se sabrá si fue buena o mala. “Nosotros investigaremos y buscaremos la verdad histórica de estos hechos. Si la investigación nos lleva a que los jóvenes están vivos, sería lo deseable. La verdad histórica no está dicha”, afirmó. Ayer, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó los resultados de su investigación del caso Ayotzinapa y concluyó que los estudiantes no fueron incinerados en un basurero, mientras que su trayectoria fue vigilada y monitoreada en tiempo real por la Policía Federal, el 27 Batallón de Infantería del Ejército y las policías estatal, municipal y ministerial. La principal hipótesis oficial de que los estudiantes habrían sido calcinados en un basurero nunca pasó. Ese es un dato “científicamente imposible”, apuntó el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Detalló que los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron objeto de ataques coordinados por policías municipales de Iguala y Cocula ante la inacción o “pasividad” de agentes federales y militares, que tenían conocimiento de lo que sucedía y no intervinieron. Francisco Cox, abogado chileno integrante del GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aseguró que hay inconsistencias entre declaraciones de detenidos en horas y preparación sobre lo establecido por autoridades en expediente en el supuesto incendio en el basurero de Cocula. Por tal motivo, el grupo de expertos llegó a la conclusión de que los cuerpos de los estudiantes de Ayotzinapa no fueron incinerados en el lugar. Por separado, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos, dijo que no quieren que la SEIDO y la AIC sigan investigando la desaparición de los normalistas porque “ellos fueron los artífices que crearon esto” (la incineración de los estudiantes) y “obstruyeron la búsqueda de la verdad”. Destacó que si bien la investigación del GIEI no es tan distinta a la de la PGR, sí sufrió una modificación, por lo que es importante verificar la actuación de los funcionarios de la dependencia que construyeron el caso. “La reflexión de nosotros es que se modifica toda la investigación en su conjunto, no sólo el tema del basurero, que es el que está causando hoy polémica, sino todo el curso de la investigación”, señaló en entrevista con Radio Fórmula.
Rosales destacó que después del próximo jueves 10 los expertos irán del país, por lo que –resaltó– es importante una reunión con el presidente Enrique Peña para exigirle un replanteamiento de la investigación y saber qué fue lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre de 2014 con los normalistas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: “Científicamente imposible”, “numerosas dudas sobre la versión gubernamental”, “inconsistencias”, “contradicciones” son algunos de los encabezados con los que la prensa internacional se refirió al informe dado a conocer ayer por el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), cuyas conclusiones desmoronan la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Los hallazgos del GIEI confirmaron que los estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, como dio a conocer en su momento el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, que tanto los militares como la policía federal sabían de la persecución que sufrieron los estudiantes en el momento de los hechos y que la versión del gobierno se basa en las declaraciones de testigos que presentaron lesiones.
Asimismo, observaron que varios elementos –como la ropa de algunos desaparecidos o videos de vigilancia– no fueron analizados durante la investigación y que las autoridades no hicieron caso a un “elemento clave” de la noche de Iguala, el quinto autobús en el que viajaban normalistas.
Así, para el New York Times las primeras conclusiones del GIEI representan un “regaño severo para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que intentó clasificar el caso” y cuya investigación resultó “aleatoria” e “improvisada”. “La señal más clara que la versión del gobierno no era cierta llegó del basurero”, observó el New York Times, al añadir: “Las evidencias físicas no sólo contradicen la versión del gobierno sobre lo que pasó a los estudiantes, sino también demuestran que la policía federal y militares sabían que los estudiantes estaban siendo atacados por la policía municipal y fallaron en intervenir”. El Washington Post recordó que en febrero pasado, el entonces procurador Jesús Murillo Karam se presentó ante los reporteros y les contó la “historia oficial” –a la que él calificó en su momento de “verdad histórica”–. Los expertos del GIEI “descartaron aspectos claves de esa teoría”, insistió el periódico. Además, el impreso resaltó que “hubo otras aparentes fallas durante las investigaciones: la ropa de las víctimas que encontraron las autoridades no fueron examinadas, y videos (captados por las cámaras) de vigilancia fueron borrados”. La hipótesis según la cual los normalistas capturaron un autobús con heroína, “podría explicar la caza agresiva que llevó a cabo la policía para encontrar a los buses e impedir que salgan de la ciudad”. Para BBC Mundo, a raíz de la publicación del informe la “verdad histórica empieza a tambalearse”. En cuanto a la reacción de funcionarios del gobierno, varios medios reportaron que la conferencia de prensa que “convocó apresuradamente” –dixit Bloomberg– la procuradora Arely Gómez ayer duró apenas una decena de minutos y no dejó espacio para preguntas. Informaron de sus audiencias que el presidente Peña Nieto dio a conocer su postura a través de su cuenta de Twitter. The Guardian, el periódico británico de referencia, afirmó que la tragedia de Iguala destrozó la imagen internacional que Peña Nieto fabricó en los primeros años de su mandato, la de un presidente reformador que relanzaría la economía y combatiría la corrupción. Las protestas que generó la tragedia de Iguala “subrayaron los horrores de la guerra contra las drogas en México que fueron constantemente minimizados por la administración (de Enrique Peña Nieto) y la corrupción política arraigada que proveyó un telón de fondo al terror, así como el manejo torpe e insensible de la investigación por parte del gobierno”, según The Guardian. Por su parte, el periódico francés Le Monde retomó la nota de la AFP, en la que resalta que el informe de los expertos “contradice la versión oficial” del gobierno mexicano, y recuerda que la desaparición forzada de los 43 normalistas “generó una grave crisis política dos años después de la elección del presidente Enrique Peña Nieto”. Desde ayer, organizaciones internacionales se pronunciaron sobre el informe de los expertos en términos muy críticos. Para Amnistía Internacional, el documento “revela la incompetencia total y la falta de voluntad de las autoridades para encontrar a los estudiantes y poner ante la justicia a los responsables”. Desde su sede central en Nueva York, Human Rights Watch se indignó de las omisiones de las autoridades en la investigación; entre ellos el posible vínculo entre la desaparición forzada y el quinto autobús. “Las autoridades federales dijeron al grupo (de expertos) que el quinto autobús fue destruido por los estudiantes antes de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad; afirmación que, de acuerdo con los expertos, fue contradicha por múltiples testigos y la investigación inicial de las autoridades estatales”, subrayó HRW. La Oficina de Washington para América Latina (WOLA) se declaró “profundamente preocupada” ante “la gravedad del mal manejo que hizo el gobierno sobre el caso”.
“El reporte de los expertos expone de manera clara que el gobierno intentó vender a las familias, la sociedad mexicana y la comunidad internacional una versión de los eventos que, lejos de ser la verdad, no está soportada por evidencias científicas”, declaró hoy Maureen Mayer, encargada de la organización para México, al insistir: “el gobierno prefirió el interés propio a la verdad y desplegó grandes esfuerzos, incluso la probable tortura, para respaldar su versión de los eventos”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
Los mexicanos en pobreza extrema por alimentación son actualmente 7.14 millones, es decir, 130 mil más que los afectados hace dos años.
El tipo de pobreza que combate la Cruzada Nacional contra el Hambre aumentó en los últimos dos años. De los 7.01 millones de personas que son objetivo de esta estrategia para superar el hambre, la cifra aumentó a 7.14 millones de personas, es decir, hay 130 mil más que padecen pobreza extrema por alimentación pese a las acciones del gobierno federal. Al iniciar operaciones en 2013, la Cruzada Nacional contra el Hambre consideró como su población objetivo a 7.01 millones de mexicanos en pobreza extrema alimentaria: aquellos que sobreviven con un ingreso mensual inferior al mínimo necesario para adquirir productos que garanticen su bienestar y que además, padecen al menos tres carencias sociales, entre ellas, la de alimentación. La cifra de 7.01 millones de mexicanos se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo como la población que atiende la Cruzada, pero a dos años de que ésta arrancó, en realidad, ya hay más personas en pobreza extrema alimentaria, concluye un análisis de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Los datos de la última Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH) del INEGI muestran que los pobres extremos alimentarios pasaron de 7.01 millones de personas en 2012 a 7.14 millones dos años después. Pese a la operación de la Cruzada Nacional contra el Hambre hay 130 mil mexicanos más con hambre. Este dato, de más mexicanos con pobreza extrema alimentaria, no ha sido dado a conocer por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para ajustar la población objetivo de la Cruzada. El aumento, detalla Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, no sólo muestra cómo los mexicanos en pobreza y con hambre son más pese a la acción de la Cruzada si no cómo los alcances de la estrategia son muy limitados. Los 7.01 millones contemplados como población objetivo es menos del 30% de los 24.6 millones de personas con un ingresos inferior a la línea de bienestar, para adquirir la canasta básica de alimentos; y también representa apenas 61% del total de mexicanos en pobreza. Actualmente, la Cruzada Nacional contra el Hambre sólo tiene presencia en mil 012 municipios, 41% del total en el país.
Mientras no opera ni en la mitad de territorio nacional y el gobierno de Enrique Peña Nieto cumple tres años de gestión, el compromiso de lograr “hambre cero” se mira más lejano mientras la pobreza extrema alimentaria, atendida por la Cruzada, aumenta en 130 mil personas en sólo dos años. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
El recién nombrado secretario de Educación Pública explicó que el objetivo es coordinar los trabajos para la puesta en marcha de la reforma educativa.
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció que propondrá a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) la creación de cinco regiones para coordinar los trabajos y avances de las autoridades estatales y federales en la aplicación de la reforma educativa. Al inaugurar la 14 Reunión Plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), señaló que cada tres meses el titular de la SEP se reuniría con los mandatarios y secretarios de Educación estatales de las cinco regiones, para revisar los avances de reforma en un diálogo integral. “El objetivo es llevar la SEP a los estados”, conocer los problemas, retos y formas de ayudar a resolverlos a niveles local y federal, hacer una agenda de trabajo precisa y cumplir las tareas que cada parte tiene con el fin de elevar la calidad educativa del país. Nuño Mayer detalló que el cambio educativo no puede llevarse a cabo sólo por la Federación o los estados, sino que es indispensable concretar una colaboración estrecha. De ahí la propuesta de dividir al país, en materia educativa, en cinco: la Zona Noroeste, integrada por los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora. La Zona Noreste estaría formada por Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; la Occidente la integrarían los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas. Además la Zona Centro se conformaría por el Distrito Federal y los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala; mientras que Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán estarían unidos en la Sur-Sureste. Explicó que de aprobarse esta estrategia, cada tres meses se reunirían funcionarios de la SEP con los secretarios de Educación y las autoridades de estas cinco regiones para hacer un análisis de los avances logrados en cada estado y cuáles metas han alcanzado. “Quiero que sea un diálogo completo e integral, en donde la autoridad federal puede escuchar de las autoridades locales cuáles son sus problemas y retos a vencer y cómo podemos coadyuvar para resolver dichos problemas”, manifestó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Aurelio Nuño reiteró su intención de ser “un secretario de Educación muy cercano a los maestros, muy cercano a los padres de familia, muy cercano a los alumnos, pero también muy cercano a los gobernadores y a las autoridades educativas estatales”. Para ello anunció que en breve recorrerá todo el país con el fin de platicar con los maestros, padres de familia y alumnos, así como para conversar y coordinarse con mandatarios y las autoridades de los gobiernos estatales.
El secretario señaló que esta propuesta está enfocada a dar sustancia a esta nueva coordinación, la cual será planteada a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores y de la Comisión de Educación de la Conago. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
Las condiciones de un horno crematorio son las más eficientes para incinerar un cuerpo ya que se construyen y diseñan con ese objetivo, señalaron.
Los expertos de la CIDH, que investigaron durante 6 meses la desaparición de 43 estudiantes, no sólo derrumbaron la “verdad histórica” de la PGR, dependencia que afirmó que los normalistas fueron incinerados en un basurero de Cocula, sino que llamaron a investigar el posible uso de hornos crematorios tras los hechos del 26 de septiembre en Iguala. En el apartado de “recomendaciones vinculadas con la investigación y búsqueda del caso de Ayotzinapa”, pidieron al gobierno “examinar otros lugares compatibles con restos cremados”. “En el contexto de evaluar todos los posibles destinos de los normalistas debido al hallazgo de un resto cremado identificado como correspondiente a uno de los normalistas desaparecidos, y a la necesidad de tener en cuenta todos los posibles destinos de los normalistas, investigar la existencia y posible uso de hornos de cremación en entidades públicas y privadas en los municipios de Iguala y Cocula, u otros que pudieran haber sido disponibles para los perpetradores para evaluar todas las circunstancias y una eventual vinculación con los hechos”, indicaron. Para refutar la versión de la incineración en basurero de Cocula, señalaron que “en términos generales los datos muestran que para la incineración legal de un cuerpo adulto, en un horno crematorio, se necesitan entre 800o C- 1000o C por un periodo entre 90-120 minutos… El diseño de un horno crematorio no es simple. Los objetivos de diseño son el mantener una temperatura homogénea, el evacuar rápidamente los productos de degradación (mantener el horno ventilado) y de concentrar la energía de la combustión para obtener una elevada eficiencia. Es importante recalcar que la eficiencia está relacionada a la cantidad de combustible necesario para mantener la temperatura deseada por el periodo determinado. Un cuerpo humano de origen hispano contiene en promedio entre 65%-70% de agua, 20% de materia orgánica (principalmente grasas) y el resto corresponde a los huesos (10%-15%) (Ellis, 1997) por ende el vapor de agua y los productos de combustión tiene un efecto importante en la eficiencia de los quemadores de un horno de incineración. Por lo tanto la ventilación es esencial para mantener una combustión eficiente y homogénea. Los hornos se recubren de ladrillo refractario de baja densidad para que la superficie del ladrillo rápidamente se caliente a la temperatura de los gases convirtiendo toda la energía en radiación. Este material refractario permite entonces proporcionar al cadáver un flujo de calor homogéneo asegurando una cremación completa de la integridad del cuerpo”. “Un cálculo simple para estimar la energía consumida por un horno crematorio durante 90 minutos de operación asumiendo una eficiencia ideal, muestra que es necesario quemar una cantidad de combustible equivalente a aproximadamente entre 200 y 400 kg de madera o entre 90 y 180 kg de neumáticos”, abundan. En cuanto a la supuesta cremación de 43 cuerpos al aire libre, el perito José Torero dictaminó que “(e)n términos generales los datos muestran que para la incineración de un cuerpo de un adulto en un horno crematorio se necesitan entre 800-1000C por un periodo entre de 90 a 120 minutos”. Y señala que resulta claro que las condiciones de un horno crematorio son las más eficientes para incinerar un cuerpo ya que se construyen y diseñan con ese objetivo.
Sobre lo que presuntamente había ocurrido en el basurero de Cocula, expone que “asumiendo que la combustión no se extingue -algo que el perito dice que es muy probable, citando la bibliografía y señalando los restos de neumáticos a medio consumir que fotografió en el mismo basurero de Cocula, así como esas mismas evidencias recogidas por los servicios periciales de PGR y EEAF anteriormente- y una eficiencia del 1%, se puede calcular que, en estas condiciones de quemado, es necesario entre 20.000 y 40.000 Kg de madera o entre 9.000 y 18.000 kg de llantas para consumir un cuerpo”. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS AUTOR: REDACCIÓN.
¿De quién era el dinero incautado en 2007?, una de las dudas del caso, investigado por Gerardo Reyes, de Univisión investiga, y Mónica Cruz, del programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California Berkeley.
“Copelas o cuello’’ fue la expresión que usó el empresario chino mexicano Zhenli Ye Gon para explicar a un reportero de la agencia Associated Press, la manera como un supuesto operador político lo amenazó si se negaba a guardar 205 millones de dólares en su casa de Ciudad México. El dinero en efectivo fue hallado en la mansión de Ye Gon en marzo de 2007. Las imágenes de las columnas de billetes de dólares que llenaron una habitación de la Procuraduría General de la República (PGR), le dieron la vuelta al mundo. El gobierno de México presentó la Operación Dragón como el golpe financiero más demoledor a las arcas del narcotráfico en la historia de ese país. Desde una prisión estatal en Virginia, Ye Gon dio una extensa entrevista a periodistas de Univision sobre los procesos legales tanto en México como en Estados Unidos que no han logrado establecer de quién era el dinero incautado. “Si yo conociera realmente el negocio de las drogas, el de las drogas ilegales, ofrecería [información]’’, afirmó. “Pero no lo soy, así que no tengo nada que ofrecer. Esa es una terrible situación ¿cómo puedo cooperar?’’, se preguntó. “Yo di dinero a los políticos, partido PRI, partido PAN, todos los partidos”, afirmó, en la entrevista que forma parte de la investigación especial de Gerardo Reyes, de Univisión investiga, y Mónica Cruz, del programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California Berkeley. Ye Gon dijo que teme que lo maten si es extraditado a México. En la solicitud de asilo aseguró ser un “miembro activo y un fiel seguidor del PRI’’ que fue “falsamente acusado’’ de narcotráfico para encubrir una “persecución políticamente motivada [dentro del PAN] en medio de un absoluto desorden de la corrupta política partidista mexicana’’. GR: ¿Tiene usted enemigos en México? ZYG: Claro que sí. Tengo muchos. GR: ¿Quiénes son sus enemigos? ZYG: Los políticos, la policía y los competidores comerciales. (…) Yo recibí una carta recientemente. La carta decía: “el gobierno de Estados Unidos no te ayudará. Tu abogado no te ayudará. Solo nosotros podemos ayudarte. Pero tienes que seguir nuestras instrucciones. Si no sigues nuestras instrucciones te quedarás en la cárcel para siempre.Tú no sabes dónde estará tu futuro”. ¿Okey? Me piden que los contacte directamente y ellos encontrarán una vía para resolver mis problemas. Ese tipo de cosas.
Los peritos de PGR no tienen los conocimientos ni la experiencia necesaria para abordar un caso de esta complejidad: uno es ingeniero en electrónica y otro tiene estudios de ingeniería civil y arquitectura.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) descalificó el peritaje de incendios que realizó la Procuraduría General de la República (PGR) en el basurero de Cocula por la desaparición de 43 normalistas, al considerar que falló en la “recolección de evidencia, contiene errores de interpretación y, la falta de entendimiento de la dinámica de fuego y de la bibliografía en este campo invalidan las conclusiones del informe”. El equipo de investigaciones de Aristegui Noticias tuvo acceso a los “Dictámenes Periciales del Basurero de Cocula, Guerrero” gracias a una solicitud de información pública, pero en los documentos se borraron los nombres de los peritos que realizaron los estudios que sirvieron para armar la verdad histórica. Sin embargo, este domingo el GIEI sí publicó los nombres de los funcionarios. Se trata de Marcos Soto Villalobos y Moisés Moreno Gallegos, ambos identificados como “Peritos en Incendios y Explosiones”. De acuerdo al Registro de Servidores Públicos, Marcos Soto Villalobos entró a PGR en diciembre de 1997; su primera declaración patrimonial pública es de 2002, donde se identifica como “Perito C”, pero fue hasta 2006 cuando recibió el título como Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). En tanto, Moisés Moreno Gallegos también entró a PGR en diciembre de 1997. El funcionario tiene dos carreras profesionales truncas: siete semestres de Ingeniería Civil (IPN) y cuatro trimestres en Arquitectura (UAM). En su primera declaración patrimonial aclaró que recibió capacitación como “Perito en incendios, explosiones y explosivos” en el “Instituto de Capacitación” de la PGR, aunque su nombre correcto es Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal. En el reportaje “PGR tergiversó fuentes científicas de Ayotzinapa, revelan peritajes en Cocula”, Aristegui Noticias puso al descubierto que los funcionarios de PGR citaron incorrectamente estudios científicos para afirmar que el fuego alcanzó hasta mil 600 grados centígrados.
Sobre el peritaje de incendios, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes concluyó que: ● Los peritos no respetaron las reglas internacionales de la comunidad forense especializada en fuego. ● Una de las fallas más graves es que se dejó de analizar evidencia crítica. ● El dictamen no tuvo los “objetivos, la profundidad y el rigor necesarios para investigación de este tipo”. ● Las conclusiones son “en su mayoría erradas y en muchos casos no emergen de la evidencia material y su posible interpretación”.
● Los peritos de PGR no tienen los conocimientos ni la experiencia necesaria para abordar un caso de esta complejidad. Los expertos del GIEI solicitaron que el perfil profesional de los peritos de PGR se adecue a la complejidad de los hechos: “la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel, con peritos de un nivel de formación y experiencia consistentes con la magnitud del problema”. El “Análisis de los Aspectos relacionados al fuego…” que presentó el GIEI fue elaborado por José L. Torero, profesor de la Universidad de Queensland (Australia), con doctorado y maestría en la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos; es un experto en incendios, sobre todo en su comportamiento en ambientes complejos, como bosques, edificios, túneles, etc; es miembro de la Real Academia de Ingeniería, la Sociedad Real de Edimburgo y el Building Research Establishment. En su curriculum destacan más de 500 documentos técnicos relacionados con el fuego y la seguridad; como líder del Centro BRE de Ingeniería de Seguridad contra Incendios, de la Universidad de Edimburgo, participó en los estudios del colapso del World Trade Center de Nueva York por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
El 4 de diciembre de 2014, en una visita a Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto pidió a la sociedad ya “superar este momento de dolor” y confiar en el trabajo de las autoridades.
Los peritajes de fuegos y explosivos fueron realizados por funcionarios de PGR, mientras que el estudio de las plantas y larvas fue realizado por académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) El 13 de enero de 2015, Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de PGR y uno de los principales investigadores del caso Ayotzinapa, dijo: “Se han agotado todas las líneas de investigación surgidas durante la indagatoria”. En la conferencia de prensa del 27 de enero, el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, dio a conocer la “verdad histórica” del caso y afirmó que había “certeza legal de que los normalistas fueron muertos en la circunstancias descritas”.
El informe presentado por el GIEI concluye que no hay elementos para suponer que los 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa fueron quemados en un basurero de Cocula, que la PGR dejó de investigar evidencia crucial y que autoridades de los tres niveles de gobierno conocieron los hechos en tiempo real. En palabras de los investigadores: “Los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: SEBASTIÁN BARRAGÁN.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recomendó al Estado Mexicano abordar nuevas líneas de investigación, incluyendo la hipótesis del trasiego de drogas a través de uno de los autobuses que la PGR ocultó en el expediente sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Después de seis meses de trabajo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realizó una serie de recomendaciones al Estado Mexicano sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que incluye replantear hipótesis del caso e investigar como “línea prioritaria” el traslado de estupefacientes, lo que pudo desencadenar el ataque a los estudiantes. En conferencia de prensa, Carlos Beristain, uno de los expertos, explicó que el quinto autobús que la PGR no incluyó en el expediente de investigación porque supuestamente había sido “destruido” por los estudiantes es clave para determinar el móvil del ataque, toda vez que, según reportes de autoridades internacionales, un autobús de pasajeros era utilizado para el trasiego de drogas. “Si tenemos un modus operandi en el que la violencia contra los normalistas fue aumentando, si la operación estaba dirigida a no dejar salir los autobuses de Iguala, eso significará algo dentro del caso”, dijo. Insistió que “es seria” la hipótesis sobre la posible utilización de un autobús para el tráfico de drogas, mismo que fue tomado por los estudiantes para que sirviera de transporte hacia la manifestación del 2 de octubre en la Ciudad de México. Esto debe ser una línea de investigación porque “tiene muchos elementos y antecedentes del tráfico de drogas en la región, (por eso) hemos pedido a la PGR que se ponga en contacto con Estados Unidos para establecer el vínculo o si es que no lo hay”, dijo Beristain. En el informe del GIEI difundido este domingo 6 de septiembre, los cinco expertos recomendaron realizar una investigación a todos los funcionarios públicos involucrados en el expediente, incluyendo a aquellos que hayan “obstruido” la investigación, así como a todos los cuerpos de seguridad cuyos elementos estuvieron presentes en el ataque a los estudiantes: la policía estatal, ministerial, la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional. Los cinco expertos del GIEI, Carlos Beristain, Claudia Paz, Angela Buitrago, Francisco Cox y Alejandro Valencia, insistieron en continuar la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, luego de descartar científicamente que éstos hubieran sido calcinados en el basurero de Cocula como dijo el ex procurador, Jesús Murillo Karam. El informe de 500 páginas fue presentado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y éstas son las recomendaciones más relevantes:
Sobre la investigación de los 43 normalistas
Investigar como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas el móvil del traslado de estupefacientes. Para tal efecto se deben realizar cruces información con autoridades judiciales y gubernamentales a nivel internacional, así como identificar de manera precisa el autobús Estrella Roja.
Mantener los procesos de búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos, siguiendo los acuerdos con la Policía Federal en las acciones operativas y los criterios establecidos de forma conjunta para las mismas.
Replantear algunas de las hipótesis del caso y líneas de investigación en función de los hallazgos proporcionados por la investigación del GIEI.
Investigar a todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación del caso de Ayotzinapa.
Investigar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a derecho y si cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación, especialmente, con la obligación de proteger a los ciudadanos. (Policía municipal, estatal; Policía Federal y Sedena).
(Tras el hallazgo de los restos de Alexander Mora Venancio, identificado por el laboratorio de la Universidad de Innsbruck) investigar la existencia y posible uso de hornos de cremación en entidades públicas y privadas en los municipios de Iguala y Cocula y otros que pudieran haber sido disponibles para los perpetradores, para evaluar todas las circunstancias y una eventual vinculación con los hechos.
Investigar a todos los posibles responsables que podrían haber participado en los hechos de acuerdo con las declaraciones testimoniales y otras evidencias probatorias, así como el patrimonio de los presuntos responsables del caso, su origen lícito, si se corresponde con su perfil de ingresos, si existen o han habido transacciones de bienes entre ellos o con otras personas o si han acudido a testaferros u otras maniobras fraudulentas para ocultar sus haberes y propiedades.
Implementar las recomendaciones para la atención a las víctimas en aspectos legales, sociales, psicosociales, médicos y de protección que fueron presentadas por el GIEI para que fuesen impulsadas por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en coordinación con otras entidades federales y estatales.
Sobre la desaparición de personas en México
Aprobar con carácter de urgente, y con la consulta previa a las víctimas, una legislación integral en materia de desaparición de personas en lo general y de desaparición forzada de personas en particular. Esta legislación deberá estar basada en los estándares internacionales y en la experiencia y trabajo que han venido desarrollando las víctimas, organizaciones de derechos humanos y otros sectores en la materia.
Tener un registro único nacional de personas desaparecidas. Evaluar y revisar la Ley del Registro Nacional de Datos de personas extraviadas o desaparecidas para que la nueva Ley General sobre Desaparición establezca una única herramienta a nivel nacional. Garantizar que dicho registro esté encaminado tanto a la búsqueda de las personas desaparecidas como a la investigación de los hechos.
Diseñar e implementar un procedimiento de búsqueda de personas desaparecidas que sea de oficio implementado por el Estado y se ponga en marcha de forma inmediata y se ejecute sin dilaciones indebidas. Dicho mecanismo debe elaborar las diferentes hipótesis de búsqueda tanto en vida como en muerte, tanto para desapariciones recientes como anteriores en el tiempo y contar con equipos especializados que posibiliten la participación de peritos externos. En los procedimientos de búsqueda se debe permitir el ingreso a cualquier entidad pública, incluyendo las instalaciones militares y policiales.
Derecho a la verdad. Establecer las necesidades de los familiares y víctimas que permitan satisfacer el derecho a la verdad, permitiendo el acceso a la información necesaria y el conocimiento de la situación judicial y evolución del caso.
Concebir la reparación como un instrumento para promover una transformación democrática y lograr mejores condiciones de justicia distributiva para todos. La reparación hace parte del reconocimiento de la responsabilidad del Estado por las violaciones de derechos humanos cometidas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: NAYELI ROLDÁN/ PARIS MARTÍNEZ.
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigieron un encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto porque ya no creen en la Procuraduría General de la República, pues "mintió" con la "verdad histórica".
Desde que el ex procurador Jesús Murillo Karam dijo que los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos habían sido calcinados en el basurero de Cocula –lo que llamó “verdad histórica”– los padres de los jóvenes rechazaron la versión porque sólo creerían en una hipótesis basada en pruebas científicas. Así consiguieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –con la aprobación del Estado Mexicano– enviara a un grupo de expertos para investigar lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014. Este domingo 6 de septiembre, después de que los expertos echaron abajo la teoría de la Procuraduría General de la República, los padres reiteraron que “teníamos razón, siempre la tuvimos. Nuestros hijos no estaban quemados. Su verdad histórica es una mentira histórica”. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que es científicamente imposible que los 43 estudiantes de Ayotzinapa hubieran sido incinerados, como concluyó la investigación encabezada por Murillo Karam, ex titular de la PGR. Por eso, los padres no titubean para decir que el ex procurador “mintió”. Por eso, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, exigió una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto para que se comprometa a que el Estado Mexicano adopte todas las recomendaciones hechas por los expertos en su informe de conclusiones. Los padres rechazaron confiar de nuevo en la PGR, la institución que creó “un teatro” sobre el destino de sus hijos porque “el Estado Mexicano no sólo está engañando a los padres, también al pueblo”, dijo Mario González, padre de César Manuel González. En conferencia de prensa, Felipe de la Cruz, vocero de los padres, aseguró que la exigencia es que “Enrique Peña Nieto abra la puerta de Los Pinos para que podamos poner las cosas en claro. Mintió, mintió su gabinete”. Dijo que, como funcionario público, el presidente tiene la obligación de recibirlos y que sea “antes del 10 (de septiembre). Si no es así, el 26 convocamos a la sociedad entera para que todos participen en la jornada global por Ayotzinapa”. Solicitaron además que el Estado Mexicano permita que el GIEI continúe las investigaciones hasta dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos; es decir, que su mandato sea por tiempo indefinido y no sólo por un plazo de seis meses como aprobó la CIDH y el Estado en un primer acuerdo de colaboración. Anunció que como parte de las acciones del primer aniversario del ataque perpetrado contra los normalistas, los padres realizarán un ayuno del 23 al 25 de septiembre, mientras que el 26 de septiembre encabezarán la 16 acción global por Ayotzinapa. Para Omar García, sobreviviente del ataque, la confirmación del GIEI es una muestra de la actuación del gobierno y de la agresión hacia los movimientos sociales, hacia los estudiantes y periodistas, por eso “este movimiento tiene que continuar con todos los indignados d este país, si en Guatemala lo hicieron, aquí también podríamos hacerlo”. Vidulfo Rosales, abogado de las familias, aseguró que al poner en evidencia que la “verdad histórica” no fue tal, es necesario investigar y procesar a todas las autoridades que participaron en ese expediente, además de Murillo Karam. Para los padres, las conclusiones preliminares de los expertos les da la esperanza de que sus hijos están vivos y los van a encontrar porque “si no fueron quemados ¿donde chingados están? Que el gobierno ya nos digan, porque nos han desgraciado la vida”, dijo Epifanio Álvarez.
En tanto, los familiares de los heridos Aldo Gutiérrez Solano y Edgar Andrés Vargas informaron que se encuentran en estado delicado y demandaron atención médica porque “les destrozaron la vida”. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: NAYELI ROLDÁN/ PARIS MARTÍNEZ.
Refiere que los testimonios de los detenidos "indican eventos que no son posibles dadas las condiciones generadas por lo que tendría que ser el fuego mínimo necesario para la cremación de los cuerpos".
Estas son las conclusiones presentadas por el grupo de expertos de la CIDH, con base en el análisis de un perito independiente, sobre la supuesta incineración de normalistas de Ayotzinapa en un basurero de Cocula, que según la PGR ocurrió el 27 de septiembre. Dicha versión queda derrumbada: 1. No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada, en función a testimonios, que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula. 2. Toda la evidencia recolectada muestra que en el basurero municipal de Cocula solo se han dado fuegos de pequeñas dimensiones cuya temporalidad no puede ser debidamente definida. 3. No hay evidencia que apoye la hipótesis que los cuerpos fueron cremados con un fuego alimentado mayoritariamente por las grasas subcutáneas. 4. Toda la evidencia recolectada muestra que el mínimo incendio necesario para la cremación de estos cuerpos no pudo haberse dado en el basurero municipal de Cocula. De haber existido un fuego de esta magnitud, daños generalizados serian visibles en la vegetación y la basura. Ninguno de estos elementos muestra estos daños. 5. Es imposible establecer si los fuegos ocurridos en el basurero municipal de Cocula fueron de dimensiones suficientes para la incineración de uno o más cuerpos, pero no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un solo cuerpo. 6. No existe ninguna evidencia que muestre que la carga combustible necesaria para la cremación de cuerpos haya estado en algún momento disponible en las cercanías del basurero municipal de Cocula. 7. Los testimonios indican eventos que no son posibles dadas las condiciones generadas por lo que tendría que ser el fuego mínimo necesario para la cremación de los cuerpos. 8. El peritaje relacionado al fuego no fue hecho de acuerdo a las reglas internacionales ampliamente aceptadas por la comunidad forense en fuego. No se le dio la prioridad necesaria al peritaje de fuego, se dispuso de evidencia crítica (vegetación adyacente) sin el análisis necesario, la recolección de evidencia dejo de lado elementos críticos y necesarios y la evidencia no se estructuro de manera adecuada. 9. El Dictamen de Incendios (AP/PGR/SEIDO/UEDMS/871/2014, Folios 80002, 83278, 88350) no tiene los objetivos, la profundidad y el rigor necesarios para una investigación de esta naturaleza. 10. Las conclusiones del Dictamen de Incendios (AP/PGR/SEIDO/UEDMS/871/2014, Folios 80002, 83278, 88350) son en su mayoría erradas y en muchos casos no emergen de la evidencia material y de su posible interpretación.
11. Los peritos de la PGR autores del Dictamen de Incendios (AP/PGR/SEIDO/ UEDMS/871/2014, Folios 80002, 83278, 88350) no tienen los conocimientos ni la experiencia necesaria para abordar un caso de la complejidad de los eventos del 27 de Septiembre del 2014. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
10 mil 300 dólares (unos 178 mil pesos) era el precio inicial del auto de 14 años de antigüedad. Se subastó el pasado 31 de agosto. Aún se desconoce cuál fue la oferta más alta y para qué se utilizará el dinero obtenido.
La página de la Embajada de de México en Bolivia fue utilizada para subastar un automóvil Mercedes Benz E320, año 2001, color azul, con interiores de piel y paneles totalmente eléctricos. Aunque la subasta ya terminó el pasado 31 de agosto, en el sitio web todavía continúa la información al respecto. Se señala que el precio inicial fue de diez mil trescientos dólares estadounidenses y se adjudicará a la mejor oferta. Hasta ahora no se sabe cuál fue la más alta. Vía telefónica, un trabajador de la embajada informó a este medio que se recibieron 4 propuestas en sobre cerrado, las cuales se enviaron a México (la SRE) que informará a quién se le dará el vehículo. Hasta ahora, no existe información sobre para qué será utilizado el dinero obtenido.
Ahora corresponde asimilar las lecciones aprendidas y consolidar los cambios pues, como bien dijo el Presidente, no es momento de improvisación ni de ocurrencias, sino de continuar actuando con enorme responsabilidad, afirma el presidente del PRI.
Para el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones, el presidente Enrique Peña Nieto es un líder con visión de Estado y determinación para superar desafíos. Hay resultados porque existe una ruta clara, y ahora corresponde asimilar las lecciones aprendidas y consolidar los cambios pues, como bien dijo el Presidente, señaló Beltrones, de acuerdo con un comunicado del PRI En el comunicado, el PRI informó: El presidente Enrique Peña Nieto cumplió las expectativas generadas por el Tercer Informe de Gobierno, con lo cual se muestra como un líder con claridad de rumbo, visión de Estado y la determinación necesaria para superar los desafíos y responderle a los mexicanos, afirmó Manlio Fabio Beltrones en una reunión de análisis del documento presentado por el Ejecutivo Federal, con integrantes de su equipo de trabajo. A juicio del presidente del CEN del PRI, el Primer Mandatario realizó un recuento preciso de las distintas etapas de su proyecto de transformación nacional: en los primeros tres años se reformó el marco legal y se crearon instituciones y políticas públicas que encauzan el cambio con rumbo. Ahora, las reformas han empezado a generar beneficios concretos y lo que viene es trasformar positivamente la vida diaria de las familias. Hay resultados porque existe una ruta clara, y ahora corresponde asimilar las lecciones aprendidas y consolidar los cambios pues, como bien dijo el Presidente, no es momento de improvisación ni de ocurrencias, sino de continuar actuando con enorme responsabilidad. A ello responden las 10 medidas anunciadas que giran sobre tres ejes estratégicos del proyecto transformador: fortalecer el Estado de derecho y el combate de la pobreza y la desigualdad e impulsar el crecimiento económico. Igualmente quedó claro que la prioridad son las medidas de beneficio directo para las familias y que toca al gobierno ajustarse el cinturón ante las dificultades económicas impuestas por las circunstancias externas.
Los priistas analizaremos de manera pormenorizada el Informe de Gobierno para transmitir a la población sus puntos medulares y guiar nuestra acción frente a quienes descalifican gratuitamente al gobierno del presidente Peña Nieto. Lo haremos bajo el principio de conducción democrática de su gobierno: avanzar sin dividir, transformar sin destruir y reformar sin la exclusión de nadie que quiera aportar y no se anule a sí mismo, concluyó Manlio Fabio Beltrones. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Se hicieron hemocultivos de ocho recién nacidos, a los que les tomaron muestras de sangre, que resultaron negativas a bacterias, indicó la Seretaría de Salud de Guerrero.
Luego de que madres denunciaron la muerte de seis recién nacidos en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa de Comonfort, la Secretaría de Salud de Guerrero descarto que los fallecimientos se deban a bacterias. “Los resultados de las muestras tomadas de neonatos que son atendidos en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa de Comonfort, resultaron negativas a bacterias”, señaló la Secretaría en un comunicado. Agregó que “desde el inicio de la semana pasada se hicieron hemocultivos de ocho neonatos (recién nacidos), a los que les tomaron muestras de sangre, que resultaron negativas a bacterias”. Explicó que se tomaron medidas preventivas que incluyeron la desinfección de todo el hospital, con una limpieza con antisépticos químicos para evitar cualquier situación. “Se enfatiza que las infecciones nosocomiales ocurren en todos los hospitales del mundo, afectando tanto a países desarrollados, como los más atrasados. “Las bacterias nosocomiales son causas de defunciones y aumento de morbilidades en pacientes, pero en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa no se han detectado situaciones de esa naturaleza en este proceso de investigación, que continuará hasta deslindar responsabilidades”, aseguró la Secretaría en el comunicado.
Añadió que los expedientes de defunciones de neonatos que se hayan registrado en ese nosocomio, serán sometidos a un análisis por un grupo de expertos, con cruce de información de laboratorio y sus patologías. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
WOLA, PREOCUPADA POR MENTIRAS DEL GOBIERNO
