“Alarmante” desfalco millonario en Guadalajara, denuncia Enrique Alfaro

MÉXICO, D.F: El alcalde electo de Guadalajara, Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, reveló que en el proceso de entrega-recepción ha encontrado un desfalco “alarmante”, de “cientos de millones de pesos”, donde estarían presumiblemente involucrados funcionarios estatales, municipales y judiciales.

De acuerdo con Alfaro, ya se están integrando las averiguaciones y las investigaciones internas para saber quiénes son los “cínicos” que, dijo, han desfalcado a la ciudad con la complicidad de las autoridades, y en breve se darán a conocer sus nombres.

“Es una vergüenza lo que yo me he encontrado ahí (en el Ayuntamiento). Vamos a hacer públicos varios de ellos, porque son verdaderamente escandalosos. Encontramos personajes… no crean que son trabajadores peleando por sus derechos, no, acá son unos ladrones, vivales, cínicos, queriendo desfalcar a la ciudad con la complicidad de las autoridades judiciales. A ellos los vamos a evidenciar”.

Añadió: “Hay una mezcla y un modus operandi… pero lo vamos a hacer público. Eso sí, vamos a poner, literalmente, en la Plaza Liberación, los nombres de quienes están desfalcando a la ciudad. Desde el primer día vamos a hacerlo público, son muchos casos, pero también me he enterado de casos de gente, y me entero de lo que quieren cobrar… da coraje tanto cinismo”.

Según información difundida por ‘El Informador’, la Sindicatura de la próxima administración tendrá un área especializada en juicios laborales, con el fin de evitar más quebrantos financieros a la comuna tapatía.

El pasado 17 de agosto se dio a conocer una nueva lista de 39 personas beneficiadas por sus laudos y que recibieron 28 millones 318 mil pesos de la comuna. Dichos recursos salieron de la venta de un predio municipal donde se edificaría el nuevo Recinto Ferial.


Sólo en los primeros cuatro meses de este año, la alcaldía tapatía entregó 49 millones 864 mil 209 pesos al perder demandas laborales, cantidad que se repartió únicamente en 15 laudos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La tragedia de Iguala, las 10 mentiras de Peña

MÉXICO, D.F: El informe de los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constituyó no un “elemento más” en la investigación sobre la tragedia de Iguala sino el golpe central a una operación política, jurídica y policiaca para darle “carpetazo” a uno de los expedientes de desaparición forzada más escalofriantes de los últimos años.

La persistencia de los familiares, abogados y sobrevivientes de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, así como una movilización intensa de la opinión pública en contra de la malograda “verdad histórica” que intentó plantar el gobierno de Enrique Peña Nieto explican la dimensión nacional e internacional que ha cobrado este informe del pasado 6 de septiembre.

Ya está en marcha una contraofensiva mediática del gobierno de Peña Nieto para desestimar este informe. Como la “verdad histórica”, la “respuesta histérica” de los medios y columnistas afines a la línea gubernamental sólo agravan la herida que ha producido este caso.

De manera contundente este informe devela, al menos, 10 mentiras en torno al manejo del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa:

1.-La incineración en Cocula.- “Con base en estas evidencias, el GIEI descarta las declaraciones de la cremación en Cocula como veraces”. Esta frase, respaldada en las investigaciones de seis meses, en los peritajes y en la evaluación de las evidencias prácticamente echó por tierra el thriller relatado por Jesús Murillo Karam en su fatídica conferencia de prensa del viernes 7 de noviembre de 2014.

Murillo Karam reiteró el 27 de enero de 2015 que, a partir de las 386 declaraciones, “esta es la verdad histórica: los normalistas fueron calcinados, están muertos”.

No le corresponde al GIEI decir qué fue lo que sucedió sino recomendar una investigación más apegada a la realidad, al sentido común y a las evidencias.

2.-El “carpetazo”.- Los expertos del GIEI insistieron en todo su informe que al no existir certezas sobre la incineración de los 43 normalistas y graves contradicciones sobre los responsables materiales e intelectuales, así como el móvil del ataque a los normalistas, no se puede dar “carpetazo” a un expediente abierto.
Ahora, el gobierno de Enrique Peña Nieto y la PGR han insistido que el caso sigue abierto, pero olvidan mencionar que durante más de siete meses el propio primer mandatario le ha insistido al país y a los familiares de las víctimas que “superen” y acepten lo sucedido.

3.-La no protección de los normalistas.- No se trató de un ataque fortuito, resultado del temor de las autoridades de Iguala de la irrupción de los normalistas en la fiesta de la “pareja imperial”. El informe del GIEI subraya que desde su salida de la Escuela Normal hasta su llegada a Iguala, los estudiantes de Ayotzinapa fueron vigilados y seguidos por el Ejército, la Policía Federal, la Policía Estatal y elementos de la Policía Municipal.

4.-Sí hay evidencias de la participación del Ejército.- En sus conferencias del 7 de noviembre de 2014 y del 27 de enero de este año, Murillo Karam insistió que “no hay ni una sola evidencia” de la participación del Ejército en la tragedia de Iguala.
Ahora sabemos que sí hay evidencias de su participación en los escenarios de vigilancia, de persecución y de agresión a los normalistas. Quizá no sean los responsables de su desaparición, pero integrantes del 27 Batallón de Iguala estuvieron enterados y hubo, al menos, omisión y negligencia.

5.-Sí hubo un quinto autobús.- Los normalistas y otros testigos mencionaron una y otra vez la existencia de un quinto autobús. La PGR y la Procuraduría estatal negaron y destruyeron evidencias de la existencia de este autobús. La existencia de este autobús es clave para conocer no sólo el móvil sino la mecánica de los hechos.

Los expertos del GIEI han sugerido que este quinto autobús tuviera goma de opio. Guerrero produce el 60 por ciento de toda la goma de opio del país, esencial para la heroína. En 56 municipios del norte de Guerrero se siembra goma de opio. Es una industria que, según cálculos de la DEA, genera mil millones de dólares anualmente.

6.-Ataque coordinado por “alguien”.- En el ataque a los normalistas estuvieron involucrados varios cuerpos de seguridad pública, coordinados desde el C4 por “alguien” de aspecto “atlético”, según algunos testimonios recuperados del expediente. La gran incógnita es quién es este personaje. La gran mentira es que no se trató de un ataque por confusión sino deliberadamente planeado.

7.-Evidencias desaparecidas.- Desde el 17 de agosto, los integrantes del GIEI advirtieron como “hecho grave” que las evidencias de ropa de los normalistas desaparecidos no se les haya comunicado a los familiares y señaló su preocupación por “la pérdida de pruebas del caso”. Entre ellas, “la existencia en su momento de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas en el escenario de la salida de Iguala, cerca del Palacio de Justicia”. Parece que tales evidencias fueron destruidas.

Estos hechos demuestran que no hubo rigor ni imparcialidad en las indagatorias realizadas por la procuraduría.

8.-Respeto a los derechos humanos.-En su tercer informe de gobierno, Enrique Peña Nieto mencionó en más de 200 ocasiones el término “derechos humanos” y presumió grandes avances de su administración en esta materia. Tan sólo el caso de los estudiantes de Ayotzinapa demuestra que las más graves violaciones se han cometido con la participación directa o con la franca omisión de las fuerzas armadas y policiales del país.

El GIEI ha confirmado que no se han atendido a los heridos y a los familiares de los jóvenes asesinados.

9.-Agresión y desaparición de los normalistas están conectadas.- En el relato de los sucesos, los expertos del GIEI destacan que no se deben desconectar ni desvincular los dos hechos claves de la larga noche de Iguala del 26 y 27 de septiembre: el de la agresión y el de la desaparición. Hay “enormes contradicciones” entre los peritajes y los testimonios. Además, definir el destino de 43 muchachos no pudo haber sido tan rápido como relató la “verdad histórica” de Murillo Karam.


10.- Investigación no concluida.- Las 20 recomendaciones del GIEI subrayan que no se puede dar por concluida y mucho menos cerrada la investigación de los 43 normalistas. La gran mentira estaba encubierta en una “exhaustiva” investigación que, ahora vemos, fue la construcción de una versión a modo que no encaja ni con la realidad, ni con el más elemental sentido común.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

En Durango, un “narcoalcalde” impone la ley del terror

Tanto autoridades del estado de Durango como la PGR, la Sedena y la Marina han recibido reportes o denuncias de que Santiago Cháidez Jiménez, alcalde de Canelas –localidad situada en el Triángulo Dorado del Narcotráfico–, mantiene a esa región en un ambiente de terror en procura de sus intereses y los de El Mayo Zambada. Incluso le atribuyen la autoría intelectual de al menos una veintena de asesinatos y desapariciones en los dos años que lleva de gestión, y lamentan que ninguna de las instituciones a las que han recurrido haya hecho nada al respecto.

MÉXICO, D.F: Canelas, un municipio de Durango situado en las cumbres de la Sierra Madre Occidental y adscrito al llamado Triángulo Dorado del Narcotráfico, lleva dos años sacudido por hechos de violencia que no cesan y que permanecen en la impunidad.

Su alcalde, Santiago Cháidez Jiménez, quien tomó posesión de su cargo el 31 de agosto de 2013, es acusado de dirigir a un grupo de sicarios que levanta, desaparece y asesina a los lugareños que se niegan a pagar “cuota” o no son afines a sus intereses políticos.

Dos días después de ocupar su puesto, la Fiscalía Estatal recibió la primera de las denuncias que tiene en su contra, las cuales le atribuyen la autoría intelectual de la desaparición y asesinato de una veintena de personas.

Santiago Cháidez es señalado como líder de una célula del Cártel del Pacífico que opera en Durango, y se le atribuye haber estado bajo las órdenes de los hermanos Felipe, El Señor de la Sierra; José Luis El Arqui y Alejandro Cabrera Sarabia. Al primero, quien fue identificado como jefe de plaza en la entidad y como operador de Ismael El Mayo Zambada, se le detuvo en diciembre de 2011, y entonces José Luis asumió el mando hasta ser abatido en enero de 2012. Desde su muerte, Alejandro tomó el control.

La relevancia de los hermanos Cabrera Sarabia dentro del Cártel del Pacífico es de tal magnitud que en marzo de este año el gobierno de Estados Unidos congeló sus bienes. En sus presuntas funciones de lugarteniente de El Mayo Zambada en la entidad, Felipe fue acusado de controlar el cultivo de amapola y mariguana, además de dirigir el transporte de esta droga y de heroína al país del norte.

Desde 2007, el municipio de Canelas atrae la atención mediática por haber sido el escenario del romance entre Joaquín El Chapo Guzmán Loera y Emma Coronel Aispuro, quien en ese tiempo apenas tenía 18 años (Proceso 1609). Ella era sobrina de Ignacio Coronel Villarreal, quien hasta su muerte, en julio de 2010, controló Canelas para el Cártel de Sinaloa. (El 15 de agosto de 2011, en la ciudad estadunidense de Lancaster, condado de Los Ángeles, la joven, actualmente de 26 años, dio a luz a dos mellizas hijas de El Chapo Guzmán.)

En tiempos de Ignacio Coronel, Canelas nunca tuvo el nivel de violencia que se ha producido durante los dos años de administración del alcalde Santiago Cháidez.

Todo empezó en junio de 2013…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2027 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.

Zambrano propone fiscal especial para el caso Ayotzinapa… casi un año después

El presidente de la Cámara de Diputados dijo que la investigación debe llegar hasta sus últimas consecuencias “tope donde tope y caiga quien tenga que caer, sin reserva ninguna de si tiene o no fuero por ser funcionario público o representante popular”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, pidió que la Procuraduría General de la República (PGR) designe un fiscal especial para la investigación del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en año pasado en Iguala, Guerrero.

Es aconsejable que la PGR designe y nombre a un fiscal especial que pueda encargarse de este caso, por lo delicado y todo lo que ha significado para el país en los ámbitos nacional e internacional, indicó en declaraciones a la prensa poco antes de iniciar la sesión de este martes.

Precisó que la designación de este fiscal podría contar con el visto de los padres de familia de los jóvenes estudiantes desaparecidos.

El fiscal –agregó el diputado presidente- debería coadyuvar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el pasado domingo presentó un informe que contradice la versión oficial sobre la presunta incineración de los jóvenes.

“Requerimos saber la verdad completa, no la verdad oficial, sino la verdad real, que corresponda a los acontecimientos”, detalló.

Explicó que las conclusiones del informe que presentó el Grupo Interdisciplinario de la CIDH “son muy delicadas y muy graves … porque prácticamente pone en duda la parte más importante de las conclusiones a las que había llegado la PGR en relación a ese caso”.

Sostuvo que es absolutamente importante y necesario que el gobierno de la República atienda, como ya anunció que lo haría, las recomendaciones de ese grupo, “y que van a tener que llevar a reabrir las investigaciones”.

Expresó su esperanza en que “no se deje ninguna línea de investigación suelta, que todas sean cabos a indagar, a estudiar a fondo, que todas las preguntas, todos los cuestionamientos, todos los señalamientos que hizo el Grupo Interdisciplinario sean atendidos y revisados por la PGR”.

Zambrano Grijalva consideró como atinada la decisión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados para crear una comisión especial que investigue este caso.

Se pronunció porque esta comisión cuente con todos los recursos y apoyos institucionales que requiere y dijo que se debe propiciar lo antes posible una reunión de esta instancia legislativa con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de la CIDH.


Asimismo, recordó que en el Poder Legislativo se tiene la urgencia de “entrar a resolver” las reformas legales relacionadas con tortura y desaparición forzada.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Sáquenme de aquí, no aguanto más”… la intervención del Ejército en Iguala

Militares dijeron, según los normalistas y un maestro, “que así como éramos buenos para hacer destrozos que nos aguantáramos y que tuviéramos pantaloncitos para aguantar lo que viniera”, además de que iban "a llamar a la policía municipal para que se los lleve".

La historia del ataque a los normalistas en Iguala, Guerrero, se cuenta por partes. Lo ocurrido en la clínica Cristina es una de esas piezas. Esta parte revela cómo fue la intervención del Ejército.

El informe de los expertos de la CIDH documenta que “un grupo de 25 normalistas y uno de los maestros se dirigieron en búsqueda de ayuda médica para Edgar y llegaron a la clínica… ubicada en la misma calle donde ocurrieron los hechos. Según los testigos, ningún taxi quiso parar para llevar al herido mientras seguía la balacera, que duró varios minutos“.

“Llegaron aproximadamente a la 1:00 am a la clínica”. Ya era 27 de septiembre. 

“Una enfermera y una encargada se encontraban dentro. Cuando los normalistas y el maestro pedían entrar para recibir atención, les dijeron que no estaba el médico y que no les podían abrir. Los jóvenes finalmente entraron en la clínica. Las empleadas de la clínica se fueron, dejándolos solos en su interior, y quedándose en una casa cercana”, relata el documento.

Antes de su huída, las enfermeras llamaron por teléfono al médico responsable de la clínica.

“Mientras los normalistas se distribuyeron en la azotea, en el segundo piso y en la planta baja, el maestro y algunos estudiantes trataban de buscar un taxi para llevar al herido grave al hospital. Apagaron las luces para no llamar la atención. Varios normalistas reportaron que vieron pasar una patrulla de la policía municipal y un vehículo blanco paró en medio de la calle en actitud de vigilancia. Edgar se encontraba en el segundo piso y estaba perdiendo mucha sangre. Los normalistas y el maestro entrevistados se encontraban aterrorizados”.

Los normalistas señalaron que poco tiempo después llegó un hombre a la clínica. Le preguntaron si era el médico para atender a Edgar, pero “el señor nos dijo que no, que era un velador, un cuidador”. Después se fue de la clínica. Mientras, el maestro seguía buscando taxis para trasladar al herido, accediendo a varios que no los quisieron llevar: “hablé con el taxista, oye échame una mano tenemos que llevar un herido, y me dijo que tenían indicaciones de no llevar a nadie de esta clínica. Pese a explicarle la situación del herido, dijo no, no puedo. Habló con otro taxista, lo consultan y dicen, no, no lo levantes. Me meto en la clínica y yo haciendo llamadas y llamadas y llamadas”.

Todo era angustia. Entonces llegaron los militares.

Como 15-20 minutos después de la llegada de los estudiantes y el maestro a la clínica, llegó una patrulla militar del 27 batallón en dos vehículos al mando del capitán C. Así lo describe el informe de los expertos que investigaron el caso durante 6 meses.

“En ese momento se creó un alivio para mí, como que había llegado ayuda, pero… uno de mis compañeros dijo que hay un herido, pero tuve que bajar igual. Me senté en un sillón y otro compañero me estaba auxiliando. Empezaron a agredirnos verbalmente, groserías, como si nosotros tuviéramos la culpa… “Aguántese porque ustedes se lo buscaron, se creían chingones, afuera hay dos compañeros suyos muertos. Ya no presté más atención”, relata un testigo de los hechos.

“Cuando llegan cortando cartucho y diciendo “ahí están esos cabrones, están allá adentro”, en lo cual empezaron a tocar la puerta y decían, “abran la puerta”, y nosotros no decíamos nada y empezaron a tocar y ya que en ese rato abro la puerta”, le digo necesitamos ayuda, nuestro compañero se está muriendo, nos acaban de matar, nos acaban de balacear”, en lo cual me dijo: “¿ustedes son de los tal ayotzinapos?” Le dije sí, nosotros somos, necesitamos ayuda, nuestros compañeros están heridos, un compañero se está muriendo”, relata otro testigo.

Las versiones de los militares sobre su llegada a la clínica Cristina difieren entre sí y son contradictorias con los testimonios de los normalistas.

Según uno de los soldados entrevistados como parte del expediente de la Fiscalía del estado de Guerrero, a las 12:30 horas recibió la llamada del teniente JG, quien le informó que un ciudadano reportó al C-4 la presencia de hombres armados en el hospital Cristina. En el trayecto para verificar, los militares vieron dos cuerpos en la calle Juan N. Álvarez con Periférico norte pero no se detuvieron.

En otra versión, el teniente G refirió que fue más tarde, a la 1 am, cuando recibió una llamada del sargento C del centro de control, quien le informó que había hombres armados en hospital Cristina, que sacaron a las enfermeras, por lo que informó al comandante JR y a la Zona Militar 35. El comandante ordena vía telefónica a EM y C ir a la clínica. También el capitán C señaló que a la 1:07 horas se produce una llamada del teniente JG a EM para que acudan al hospital, debido a que supuestamente se encontraban personas con armas.

Según EM, poco después, cuando se encontraban en la clínica, escuchó de C: “No se preocupen, ya llamé a la ambulancia”. Mientras, el soldado RMS refiere que fue EM, quien informó al capitán, cuando estaban en la puerta del hospital, de que en el interior había gente armada: “Yo me fui al frente de la camioneta dando seguridad perimetral, cuando se aproximó a mi uno de mis compañeros de apellido M, quien me dijo que informara al capitán C que en el interior del hospital había gente armada según una denuncia anónima, por lo que le informé a mi Capitán…”.

En los reportes militares, algunos señalaron que los normalistas iban armados, lo cual no era cierto.

Los normalistas cuentan que los militares los hicieron formarse, alzar sus playeras y poner sus pertenencias encima de una mesa y subieron a buscar al resto de los normalistas, por los pisos de la clínica.

Los normalistas entrevistados informan que les dijeron “que así como éramos buenos para hacer destrozos que nos aguantáramos y que tuviéramos pantaloncitos para aguantar lo que viniera”. Según otro normalista que estaba a la entrada de la clínica, les dijeron: “así como tienen huevos para andar haciendo sus desmadres, así tengan los huevos suficientes para enfrentarse a esa gente”.

En su declaración ante la PGJ, el soldado EM refirió que tomó 3 fotos a la persona herida y que las entregó al teniente JG. Los militares se dirigieron al maestro para que se identificase. El maestro explicó que tras enterarse del ataque había ido a ayudar a los jóvenes. Los militares dijeron que habían pedido una ambulancia en varias ocasiones, ante la insistencia del maestro.

Numerosos normalistas entrevistados que se encontraban en la clínica coinciden en que el comandante los regañó. Entre sus expresiones están: “tengan los huevos suficientes”, “se toparon con la mera verga”. Estos testimonios forman parte de las declaraciones ante la PGJ194.

Mientras se encontraban ahí sonó uno de los teléfonos de los normalistas y el comandante le dijo que respondiera poniendo el teléfono en altavoz. El normalista saludó a la persona que llamó y dijo que se encontraban en la clínica y que estaban los militares. Los normalistas fueron obligados a sentarse y uno de ellos apuntó el nombre de cada uno. Según los estudiantes, el comandante les dijo: “den el nombre real, si no, no los van a encontrar”. Dicha versión fue confirmada por el maestro que estaba en la clínica.

“Me preguntó: ¿usté a qué se dedica? y yo le dije, soy maestro. Y me dijo: ¿y esto les enseña? Yo le dije: he venido a apoyar a los muchachos porque les agredieron con armas de fuego. Le dice a uno (de los militares) tómales nombres, y de nuevo dijo: denme los nombres verdaderos, si me dan nombres falsos nadie los va a encontrar. Después nos dijo: lo que ustedes hicieron se llama allanamiento de morada, se metieron a una propiedad privada porque es un delito. Vamos a llamar a la policía municipal para que se los lleve. Los muchachos no hablaban, estaban estupefactos del miedo. Cuando dicen eso, me sentí con la obligación moral y le digo al oficial: si llaman a la policía municipal nos van a matar porque ellos son los que nos dispararon”, refiere el maestro.

La declaración del capitán C es totalmente opuesta a lo dicho por los estudiantes y el maestro de forma unánime. Según el capitán esto ocurrió: “Hablé con los jóvenes, que estábamos para darles seguridad, no les pedí los nombres ni les hicimos revisión alguna”. Según él, habló con el teniente coronel C, quien le ordenó que respetase los derechos de los estudiantes y que se trasladara a calle Álvarez y Periférico. Mientras, el coronel R señaló en su declaración que le informó el capitán C del buen trato a los estudiantes y que no tomó nombres.

Los militares tomaron varias fotos: una general a todos los normalistas juntos y varias a Edgar (el herido). Una más amplia y otra con detalle de la herida en la cara y la boca. Esa noche-madrugada, Edgar, que no podía hablar, escribió un mensaje: “sáquenme de aquí, no aguanto más”. La sangre lo ahogaba.

Pese a las heridas del estudiante, el capitán C refirió en su declaración ante la PGJ que el herido en el labio sangraba leve-moderado. Tanto el normalista herido como otros testigos señalan que cuando le tomaron las fotos le dijeron que eran para enviar al hospital para que tuvieran conocimiento y se prepararan para cuando llegara la ambulancia por el herido.

Según los normalistas, nunca les dejaron de apuntar con las armas, cosa que el capitán C en su declaración ante la PGJ negó totalmente. Los normalistas refieren que les decía frases como: “si se mueven les disparamos”, “sigan secuestrando autobuses”, “tengan los huevos suficientes para afrontar las cosas”.

El médico de la Clínica Cristina declaró que había llegado poco tiempo después. Según su testimonio, al tratar de ingresar en las instalaciones le fue impedido el paso por los militares que estaban ahí, hasta que habló con el capitán que dirigía el operativo.

En su declaración ante la PGJ, el médico refirió que el herido “estaba muy inquieto y caminaba de lado a lado, lo que llevó a que existiera sangre en todo el pasillo, en la escalera en los cuartos y le dije que se dejara atender aunque sea poner una compresa y el herido se negó rotundamente. Ya encontrándome en el interior observé que se encontraba un señor de unos 40 años, quien se identificó como maestro sin decir de dónde. Comentó que venía sustituyendo a una maestra que no pudo acompañar a los muchachos. Le insistieron el maestro, el capitán C y el médico de que se dejara atender y no quiso”.

Pero este relato es totalmente contradictorio con el de los normalistas, quienes afirman que el médico no llegó antes de que los militares y ellos mismos salieran de la clínica. También el maestro señala que el médico llegó después de que los militares se fueron, cuando él se había quedado con el normalista herido. Lo mismo dice el joven herido.

De acuerdo con el testimonio de los normalistas, el herido no se movió en ningún momento, estaba sentado, gravemente herido. Tampoco en las declaraciones de los militares se hace ninguna referencia a que el joven se negara a ser atendido. Había sido llevado a la clínica precisamente para buscar atención médica.

Respecto a sus heridas, estas sólo fueron apreciadas en su gravedad por los propios estudiantes, el herido y el maestro. El reporte militar desclasificado dice que la herida era superficial en el labio (herida en sedal). El médico también dice que “observó que la herida no era letal y que se encontraba neurológicamente íntegro”. Sin embargo, tiempo después Edgar fue ingresado en el Hospital general de Iguala con un diagnóstico de trauma facial con fractura de maxilar superior y pérdida de tejidos blandos del piso labial suelo palatino y labio superior.

Por la gravedad de su situación, le practicaron una gastrostomía y una traqueotomía. Edgar fue operado en el Hospital de Iguala, donde estuvo 15 días, y posteriormente fue trasladado al hospital Egea de Ciudad de México, donde permaneció 22 días hospitalizado. Desde entonces ha tenido sucesivas operaciones. En el hospital le indicaron que necesitaría posteriormente 3 o más cirugías reconstructivas, proceso en el que aún se encuentra un año después de los hechos.

“Ve a Edgar y le dice: híjole cuate, te dieron duro, vas a necesitar una cirugía. Doctor, le dije, écheme una mano para trasladarlo, si viene un taxi ¿usté me echa una mano? Sí, me dijo. Pero se fue hacia la parte de arriba a revisar su hospital”, relata el maestro.

Los normalistas salieron de la clínica poco tiempo después de que se fueran los militares, y refirieron que nunca vieron llegar al médico a la clínica. El maestro, el normalista herido y otro normalista que se quedó con ellos, refieren que el médico llegó después de que se fueran los militares, no cuando éstos estaban en la clínica como él afirma en su declaración.

Ninguna ambulancia llegó durante 1 hora 15 minutos que Edgar estuvo en la clínica. En su declaración, el capitán C refirió que el teniente coronel C ya había pedido una ambulancia, pero dicha ambulancia no llegó en el tiempo en que los militares estuvieron en la clínica. En una ampliación contenida en el documento desclasificado 22636 de la misma fecha se dice: permítome informar a esa superioridad lo siguiente: A. Los 25 estudiantes localizados en el interior del Hospital “Cristina” agradecieron al cap. 2/o José Martínez Crespo el apoyo brindado, manifestándole que no deseaban permanecer más en ese lugar, que se retirarían y que ellos por sus propios medios le brindarían atención médica a su compañero herido”.

Los normalistas salieron de la clínica unos 3 minutos después que los militares. Al salir, algunos se escondieron en una casa cercana donde se habían refugiado otros normalistas que huyeron del ataque en Juan N. Álvarez. Un normalista, el maestro y el herido se quedaron en la clínica. Después de la salida de los militares de la clínica, el maestro empezó a comunicarse para que viniera una ambulancia o un taxi.


Como a las 3:00 de la mañana del 27 de septiembre, los normalistas volvieron al lugar de los hechos, donde se encontraban los autobuses. Ya estaba el subprocurador Víctor León y había otra conferencia de prensa. Había presencia de unos 10 militares. Los propios estudiantes reconocieron a Daniel Solís y Julio César Ramírez, dos de los seis asesinados. Sin embargo, uno de los cuerpos no pudo ser reconocido y fue confundido con un normalista que se encuentra aún desaparecido. Posteriormente fueron a la fiscalía de Iguala, donde llamaron por teléfono a otros compañeros, hasta las 8:00 de la mañana del 27 de septiembre. Amanecía.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

AMLO, candidato puntero rumbo a 2018, según encuesta de El Universal

MÉXICO, D.F: El líder del Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, es el candidato mejor posicionado para la elección presidencial de 2018, según la encuesta nacional de El Universal/Buendía & Laredo.

El ejercicio realizado entre el 14 y 19 de agosto se centró en preguntar a los encuestados que dijeran, de manera espontánea, quién le gustaría que fuera el próximo presidente de la República; el 11% contestó que el tabasqueño.

Si bien, la calificación no es contundente, es la más alta obtenida entre los posibles candidatos nombrados por los entrevistados: los priistas, Eruviel Ávila Villegas, Miguel Ángel Osorio Gong, Luis Videgaray Caso y Manlio Fabio Beltrones.


Del PAN, Rafael Moreno Valle, Margarita Zavala Gómez del Campo, Gustavo Madero y Ricardo Anaya; del PRD, Miguel Ángel Mancera.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exhiben en video a agentes del MP de Jalisco que humillan y abofetean a 2 menores

MÉXICO, D.F: Dos funcionarios de la Fiscalía General de Jalisco fueron cesados luego de la difusión en redes sociales de un video en el que interrogan con groserías y golpes a dos adolescentes detenidos presuntamente por robar un teléfono celular.

“He instruido a la Dir. de Visitaduría para que cese de inmediato al personal de @fiscaliaJal involucrados en golpear a los jóvenes detenidos”, expuso en su cuenta de Twitter el titular de la Fiscalía, Eduardo Almaguer.

De acuerdo con la información difundida, el video fue grabado en las instalaciones de la dependencia ubicadas en la calle 14.

El funcionario dijo que estará trabajando contra los servidores públicos que se alejen del respeto a los derechos humanos. Agregó que aplicará “cero tolerancia” en las acciones de corrupción y prácticas de tortura en la dependencia.

Las imágenes fueron subidas este martes por la mañana a la página de Facebook de Leonardo Schwebel. En 1.43 minutos se observa a dos adolescentes de entre 14 y 16 años parados contra la pared. Uno de ellos solloza y lleva manchas de sangre en la playera.

Un hombre que viste camisa de cuadros azules y blancos le da una cachetada y le dice: “Contesta, ¿qué hiciste?”.

Un segundo sujeto del que sólo se escucha su voz y que sostiene el aparato con el que se graban las imágenes, le dice: “Te hablan cabrón” y le da otra cachetada.

El primer hombre sigue el interrogatorio: “Es pregunta y se contesta”. Enseguida le propina dos golpes más.

La persona que graba lo azuza: “Y ¿por qué aquél te ve tan bravo?”, refiriéndose al otro adolescente.

El primer agresor voltea con éste y le pega. El joven agacha la cabeza, pero el adulto se la levanta y le pega dos veces más haciendo que la cabeza le rebote en la pared. “¿Por qué me ves así hijo de tu perra madre?”, le reprocha.

La cámara regresa con el primer interrogado y el de la voz le pregunta: “¿por qué lloras?, cuéntale a la cámara, ¿qué, te da sentimiento?”. Sin parar de sollozar, el adolescente argumenta que él no quería cometer el delito: “yo ni siquiera se lo quería robar, yo se lo iba a entregar” y enseguida inculpa a su compañero.

-¿Tú se lo robaste wey?, le pregunta el hombre de la camisa cuadrada.

-Yo no, es que, yo…, tartamudea.

-¿Por qué tan puto tu compa te está aventando wey?, insiste el de la cámara.

En el video se escucha ruido de oficina, se ve una persona al fondo que observa el violento interrogatorio, pero nadie interviene. El hombre de camisa azul insiste:

-Cuando le quitaste el celular, ¿qué hiciste tú y qué hiciste tú?, les pregunta señalándolos con el dedo que parece sumir en la clavícula de los adolescentes.

El de la playera verde intenta contestar: “pues yo no hice nada yo…” La frase es interrumpida por un fuerte golpe en el lado derecho de su pecho que le quita el aire.

-“No ponga las manos hijo de su puta madre”, le dice.

El joven hace tres esfuerzos para recuperar la respiración, mientras que el hombre que sostiene el teléfono le dice: “agarra, agarra aire porque ahorita se te va a ir otra vez, agarra” y le sopla tres veces.

Hasta aquí termina el video que fue subido a Facebook con el título “Justicia a la mexicana al estilo Jalisco. Área de detenidos Calle 14”, y que después de siete horas ha sido compartido más de 10 mil 860 veces.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

Posterga el PRI debate por Ayotzinapa en San Lázaro

MÉXICO, D.F: En el arranque de la 63 Legislatura, el PAN “arrinconó” al PRI en la Cámara de Diputados al pretender el reconocimiento de que en el país existe la desaparición forzada; los priistas reaccionaron a la embestida pero sólo lograron postergar por dos días la discusión del caso.

En una maniobra que pareció un sencillo cambio a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales, el liderazgo panista envió a tribuna a su diputada por Guerrero, Guadalupe González Suástegui.

A nombre de su compañero Federico Doring, la legisladora fustigó: “La iniciativa que hoy se presenta duele no sólo a los mexicanos sino a todas y cada una de las instituciones del Estado. Es un reconocimiento a las víctimas del delito de desaparición forzada y un recordatorio para que estos hechos delictivos no se repitan jamás”.

Las palabras de la panista sorprendieron al coordinador del PRI, César Camacho Quiroz quien, azorado, escuchaba la definición por parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

“Esto es lo que está pasando en México y nosotros debemos legislar en su prevención y sanción, pero sobre todo para reconocer a las víctimas que lo han padecido y que, en al menos en 43 casos, lo están padeciendo”.

González Suástegui se refería a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

El tema se tenía programado para discusión en agenda política, al final de la glosa del tercer informe presidencial y luego de que se presentara el paquete económico; es decir, ya con el hartazgo y cansancio de los legisladores para que el caso terminara en el olvido.

La panista hizo un recuento de lo ocurrido contra los estudiantes el 26 de septiembre de 2014, e hizo referencia a la “verdad histórica” que el 7 de noviembre pasado propaló el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, versión con la que pretendió “dar por concluido el tema de los 43”.

La diputada del PAN advirtió que “hoy sabemos que los hechos no ocurrieron como lo sostuvo Murillo Karam, sembrando incertidumbre” con esa versión. Enseguida vaticinó que en su momento la PGR deberá rendir cuenta “sobre uno de los varios casos de desaparición forzada en México”, pero “mientras sigan sin aparecer, mientras sigamos sin conocer la verdad de lo ocurrido en Iguala, el caso de la desaparición de los 43 jóvenes seguirá siendo una herida abierta para México”.

En atención a ello, argumentó, el PAN propone que se declare el 26 de septiembre como el “Día nacional de condena a la desaparición forzada de personas”.

Es “indispensable” declararlo así, sostuvo.

En respuesta, el presidente de la mesa directiva, Jesús Zambrano, pretendió turnar el asunto a la Comisión de Gobernación, por cierto inexistente pues aún no se integran éstas. Pero en ese momento, una maniobra de Miguel Ángel Yunes Linares, expriista y ahora de Acción Nacional, sorprendió a los priistas.

Desde su curul pidió que no se turnara el asunto, pues aún no se conformaba esa comisión, y en su lugar propuso que se votara en ese momento por el pleno la sugerencia; enseguida los priistas comenzaron a moverse en sus curules, inquietos.

Yunes pidió que se resolviera como un tema de “urgente y obvia resolución”, lo que permite a toda iniciativa votarse en ese momento sin pasar por comisiones.

Camacho Quiroz envió entonces a su más experimentado orador, el vicecoordinador Jorge Carlos Ramírez Marín.

“¡Oportunismo!”, soltó desde su curul el priista yucateco al objetar la propuesta panista.

Luego expuso “nuestra objeción a un trámite que sería absolutamente indebido… favoreciendo este oportunismo francamente insultante para estas víctimas”, aleó al recordar que el artículo 61 del reglamento de la Cámara no permite alterar el orden del día a menos que sea acordado por la Junta de Coordinación Política (donde el PRI tiene mayoría).

“Insultante es lo que acabamos de saber el domingo pasado (que la PGR mintió sobre la desaparición de los 43 jóvenes); insultante es que el Estado siga mintiendo; insultante es que quieran verle la cara a los mexicanos. ¡Eso es insultante!”, reclamó el perredista Daniel Ordóñez para luego insistir en que el tema se votara por urgente y obvia resolución.

El pleno es soberano y puede resolver, reclamó.

El priista Ramírez Marín volvió a la cargada alegando que no se podía alterar el orden del día.

“El orden del día no es una herramienta jurídica inamovible”, objetó Doring.

Otro perredista, Omar Ortega Álvarez, respaldó al panista al sostener que el pleno “es la máxima autoridad para determinar el contenido” del orden del día.

Los priistas seguían nerviosos pero Ramírez Marín, hábil en el manejo de la reglamentación parlamentaria, reviró que eso era justo lo que el PRI alegaba, “que se puede modificar el orden del día pero con acuerdo de la Jucopo”.

“¡No con sorpresas y vivacidades que pretendan alterar los contenido de la sesión!”, arremetió.

Yunes ya no intervino pero sí Morena, partido que a través del diputado Juan Romero Tenorio respaldó la posición de PAN y PRD:

“No hay mucho que discutir sobre el tema, el pleno es soberano, el pleno decide el contenido de su orden del día, debemos atender a un principio constitucional de máxima protección de derechos humanos.

“Es un tema importante, tan importante que el propio presidente accedió a reunirse con los padres de familia de las víctimas”, sostuvo.

Siguió otro perredista, Arturo Santa Alfaro, quien se manifestó a favor de votar la propuesta panista y con la cual se estaría aceptando por parte del Poder Legislativo que en México hay desaparición forzada.

Le siguió el diputado del Verde, Jesús Sesma Suárez, que sugirió regresar el tema a la Jucopo y ahí se incluyera en un nuevo orden del día como de “urgente y obvia resolución”.

Ramírez Marín salió nuevamente a zanjar el diferendo y salvar a su partido, el PRI. Propuso que el PAN retirara su propuesta de “urgente y obvia resolución”, se regresara a la Jucopo y se “discutiera” ahí este miércoles 9 “para integrarla lo más pronto posible al orden del día, en el momento inmediato”, aunque nunca aceptó que se discutiría el jueves ese tema.

Pero el PAN se dobló. Se fue con la idea de que se discutiría el jueves 10 y aceptó retirar su propuesta.

Antes, Ramírez Marín justificó: “No es una evasiva” del PRI a discutir el tema, “al contrario, el interés es que sea un acuerdo y un consenso”.

El coordinador del PAN, Marko Cortés, dijo que aceptaba siempre y cuando se vote el tema el próximo jueves. Así lo dijo el presidente de la Mesa Directiva y el coordinador del PRI confirmó asintiendo con la cabeza, sin embargo, el acuerdo nunca quedó plasmado en el Diario de los Debates ni el PRI se comprometió a votarlo el jueves tal cual, pues Ramírez María evadió hábilmente con un “integrarlo lo más pronto posible”.


El PAN perdió así el ‘albazo’ que había aplicado a los priistas para regresar a la esencia de un verdadero Parlamento: que los temas se discutan en el pleno y no en acuerdo cupulares de la Jucopo como sucedió en la Legislatura pasada.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

“Mamá, me puede poner una recarga, me urge”, el último mensaje de un normalista

Las llamadas y los mensajes siguieron entrando a su celular, hasta el 20 de octubre pasado.

El Grupo de Expertos Independientes de la CIDH reveló un último mensaje de uno de los 43 normalistas desaparecidos.

Se trata de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, a quien describen como “joven de 19 años de edad, Estudiante de Primero C de Primaria de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos”.

“Su teléfono registra una llamada a las 22:16 h del 26 de septiembre desde una antena cercana al Palacio de Justicia de la ciudad de Iguala de la Independencia con coordenadas 18o19 ́44” N, 99o30 ́27” W lugar donde se encontraba en el bus Estrella de Oro 1531, entre otras”, señala.

“Recibió un mensaje a las 22:23:20 horas. Posteriormente, esa noche a la 01:16 h del día 27 de septiembre, su madre recibió este mensaje: “mamá me puede poner una recarga me urge” sin que se tenga conocimiento de la coordenada”, señala.

El informe de los expertos apunta que “después del 28 de septiembre al 20 de octubre diversas llamadas y mensajes entraron al celular de Jorge Aníbal”. 


Para el grupo de la CIDH  no ha sido posible “determinar si hay razones técnicas que expliquen estos hechos (la utilización del celular hasta el 20 de octubre), pero ha solicitado la investigación de estos mensajes”, pues contrasta con las declaraciones de inculpados por las desapariciones, quienes dijeron que “los teléfonos habrían sido destruidos inmediatamente”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Proponen declarar el 26 de septiembre como Día Nacional contra la Desaparición Forzada

En caso de que diputados lo aprueben, se añadiría a la lista de fechas y conmemoraciones en que la Bandera Nacional debe izarse a media asta.

Diputados del PAN -a los que se sumaron legisladores del PRD y Morena- propusieron que el 26 de septiembre -día del ataque y desaparición de normalistas de Ayotzinapa-, sea declarado como Día Nacional contra la Desaparición Forzada de personas. 

La iniciativa fue presentada este martes en San Lázaro y había sido enviada a una comisión para que fuera dictaminada; sin embargo, tras una discusión de varios minutos, se decidió que la misma sea discutida el miércoles en la reunión de la Junta de Coordinación Política, donde acuden sólo los representantes de todos los partidos políticos.

Guadalupe González, diputada del PAN, subió a tribuna a presentar la iniciativa, y consideró que “el caso (de los normalistas desaparecidos) seguirá siendo una herida abierta para México”.

Tras ser presentada, el diputado panista Miguel Ángel Yunes propuso que la iniciativa no fuera turnada a comisiones sino que la resolvieran en la sesión del pleno este mismo martes.

Lo anterior provocó la intervención de los diputados del PRI. Jorge Carlos Ramírez Marín se levantó de su curul  y pidió la palabra. El priista aseguró que no se debía resolver este día en el pleno, pues en el orden del día no fue inscrita como de urgente resolución. Y consideró que se podría tratar de un “oportunismo francamente insultante para estas víctimas”.

Marín, además del coordinador del Verde, Jesús Sesma, propusieron que se turnara a la Junta de Coordinación Política y que ella resolviera el destino de la iniciativa. El PAN lo aceptó, siempre y cuando la propuesta se analizara el próximo jueves, tras la reunión de Jucopo.

Diputados como Daniel Ordóñez (PRD) argumentaron que la iniciativa no debía ser enviada a comisiones pues éstas no estarían conformadas antes del 26 de septiembre. Legisladores perredistas, del PAN y Morena consideraron que el pleno podía decidir hoy si el asunto era de urgente resolución y, por ende, votarlo este mismo día. Pero no quisieron reventar la discusión y terminaron aceptando la propuesta del PRI-Verde, por lo que el asunto se revisará el miércoles en privado y el jueves nuevamente llegaría al pleno.

El proyecto de decreto plantea adicionar la fecha del 26 de septiembre, como el Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas, a la lista de fechas y conmemoraciones en que la Bandera Nacional debe izarse a media asta. Le antecedería el 13 de septiembre, aniversario del sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec, en 1847, y le seguiría el 2 de octubre, aniversario de los caídos en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en 1968.

El grupo parlamentario del PAN plantea que “el pasado 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales de Iguala y Cocula, bajo órdenes del alcalde de Iguala José Luis Abarca; 43 fueron detenidos y posteriormente entregados a integrantes del grupo delictivo “Guerreros Unidos”. A partir de ese momento, nada se sabe de los normalistas”.

“Bajo toda falta de credibilidad y descontento social, después de la versión oficial de un cansado procurador las líneas de investigación se cerraron y el caso se fue a la línea del olvido por parte del Ejecutivo Federal”, refiere sobre la “verdad histórica” que dio el exprocurador Jesús Murillo Karam.

La iniciativa también retoma el informe presentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que “pone en evidencia el ocultamiento de información o negligencia del entonces Procurador General de la República y en su caso del Ejecutivo Federal para dar respuestas contundentes sobre uno de los tantos casos más de desapariciones forzadas en México”.


“Hoy más que nunca, al saber el engaño del cual fuimos objeto (…) nos solidarizamos con los padres de familia y con la sociedad mexicana para que estos hechos no ocurran de nuevo y que esté en la conciencia de la nación que es un hecho que no puede ocurrir en un estado de derecho”, dice la iniciativa panista.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El SME renuncia a pasivo laboral y ganan infraestructura para explotar 30 años

Los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas renunciaron a un pasivo laboral de 80 mil millones de pesos al lograr un primer acuerdo con el gobierno federal.

A seis años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el gobierno federal e integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) lograron un acuerdo: los trabajadores renunciaron a un pasivo laboral de 80 mil mdp a cambio de infraestructura que podrán explotar durante 30 años.

De acuerdo con un reporte del diario Reforma, los activos que recibirán los extrabajadores –que hace poco menos de un mes anunciaron su resurgimiento como una cooperativa– consisten en un parque de generación eléctrica. 


Al renunciar a su pasivo laboral, los trabajadores que no aceptaron su liquidación ganaron el derecho de operar 14 plantas hidroeléctricas y 4 plantas de ciclo combinado ubicadas en el Edomex, el DF, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El IMSS entrega 20 contratos a empresa investigada por malas prácticas en México y Guatemala

La empresa jalisciense es acusada en México de haber vendido insulina humana a un sobrecosto de 57% entre 2003 y 2005 –al coludirse con otras compañías–.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entregó 20 contratos para servicio de hemodiálisis a una empresa que es investigada en Guatemala por corrupción, y en México por haber incurrido en prácticas monopólicas que derivaron en la venta a sobrecosto de insulina humana a esa institución de salud.

De acuerdo con un comunicado del IMMS, el viernes pasado se contrataron los servicios para dar el servicio de hemodiálisis a más de 25 mil derechohabientes durante cuatro años. “Se obtendrán ahorros de cerca de 1,360 millones de pesos por año respecto de los precios vigentes”, indicó el instituto.

La compañía contratada es la jalisciense Prisa que, según un reporte del diario Reforma, es investigada en Guatemala por corrupción. Funcionarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fueron sobornados por directivos de Pisa para otorgar un contrato –en octubre de 2014– por 116 millones de quetzales (unos 250 millones de pesos), para el servicio de diálisis peritoneal, indicó el 20 de mayo pasado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

“A través de intercepciones telefónicas se determinó que presuntamente se cobró a PISA entre el 15 por ciento y el 16 por ciento de comisión por el otorgamiento de dicho contrato”, detalló la CICIG.

La empresa mexicana subcontrató el servicio con un hospital guatemalteco, lo cual derivó en la muerte de al menos 17 pacientes y un centenar más enfermó de peritonitis por la mala calidad del servicio, reportó el diario Reforma. El contrato se canceló en mayo pasado.

México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en abril pasado que Prisa incurrió en prácticas monopólicas al coludirse con otras empresas –Eli Lilly, Baxter, Fresenius– para participar en los concursos para ganar las licitaciones de insulina humana, soluciones electrolíticas y sueros en el IMSS. 

“Esto tuvo por consecuencia un incremento artificial de los precios de la insulina y sueros”, informó en ese momento la Comisión Federal de Competencia Económica.


El IMSS terminó pagando un sobreprecio de 2.9% en compras de sueros y de 57.6% de insulina humana, lo que equivale (a precios de 2014) a 622.7 millones de pesos, los cuales hubieran permitido comprar 727 ambulancias o 2,168 incubadoras, detalló.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Duarte niega deuda con la Universidad Veracruzana; dice que sus aportaciones son “generosas”

La rectora de la universidad acusó que el gobierno estatal debe al menos 1,800 millones de pesos.

Luego de que la rectora de la Universidad Veracruzana (UV) acusara que el gobierno de Javier Duarte le debe a esa institución educativa al menos 1,800 millones de pesos, el mandatario estatal lo negó este martes 8 de septiembre.

“¿Cuánto le debe el gobierno de Veracruz a la Universidad Veracruzana? La respuesta es: Nada (…) Nosotros contribuimos de manera generosa y solidaria subsidiando a la Universidad Veracruzana (…) y lo vamos a seguir haciendo, porque creemos que nuestra máxima casa de estudios merece todo el apoyo y todo el respaldo”, dijo Duarte Ochoa en una conferencia de prensa.

Sin embargo, una solicitud de acceso a la información dirigida a la UV –marcada con el numero 405/2015– muestra que hasta el 18 de mayo de 2015 los recursos retenidos eran por 1,695 millones 736 mil 364 pesos.

El 17 de agosto pasado, la rectora Sara Ladrón de Guevara dijo en una reunión con diputados federales que el gobierno de Veracruz debe a la institución 1,800 millones de pesos.

La Constitución de Veracruz establece en su artículo 10 que el patrimonio de la UV se integrará –entre otros elementos– con las aportaciones federales y estatales. De hecho, como reconoció el gobernador, cada año se firma un convenio por escrito entre el gobierno federal, el de Veracruz y la Universidad Veracruzana para fijar los recursos que se aportarán a esta institución educativa.

La respuesta a la solicitud de información detalló que de los recursos retenidos hasta el 18 de mayo, 1,256 millones eran parte del subsidio estatal y casi 440 millones correspondían al subsidio federal.

En “la causa del adeudo” en la misma solicitud se respondía “la falta de administración de dichos recursos”.


El rezago viene desde el año 2008 y cada año ha ido creciendo, al grado de que en lo correspondiente a este 2015, al 18 de mayo faltaban por entregarse 807 millones 552 mil pesos.

En su mensaje de este martes, previo al informe de labores de Ladrón de Guevara, el funcionario estatal dijo que se le ha dado al “organismo autónomo” de la Universidad Veracruzana más de 10,164.9 millones de pesos como subsidio, y que el gobierno federal durante este mismo lapso le otorgó 10,157.7 millones de pesos.

Insistió en que el gobierno del estado aporta el 52% del subsidio que recibe la Universidad Veracruzana cada año, conforme al convenio existente, y mencionó que durante el presente año se le entregaron ya 1,460.9 millones de pesos.

“Lo hacemos porque sabemos que todo peso destinado a la educación es un peso bien invertido, y representa un futuro promisorio para las próximas generaciones”, expresó.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: SANDRA ISABEL JIMÉNEZ.

PGR debe evaluar qué otros destinos pudieron haber tenido los normalistas: expertos

Carlos Beristain y Claudia Paz y Paz fueron entrevistados la noche del lunes en Aristegui CNN. El quinto autobús, uno de los asuntos que debe ser revisado con urgencia, señalaron.

El informe sobre los hechos ocurridos en septiembre del año pasado, en Iguala, Guerrero, es una ”oportunidad para cambiar las cosas, fortalecer la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad”, aseguró Carlos Beristain, uno de los cinco expertos de la CIDH que participó en su elaboración.

En entrevista para Aristegui CNN, asegura que las autoridades “deben replantear la investigación” del caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, luego de que el informe concluyera que no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula.

Además, el documento “plantea herramientas que pueden ayudar a restablecer la confianza con las víctimas y la sociedad”. “Lo importante es cómo se replantean las cosas, no tanto el análisis, hay numerosas propuestas y recomendaciones de qué es lo que hay que transformar“, apuntó.

“El caso que tocó la conciencia del mundo puede convertirse en el caso que ayude a transformar y tener nuevas herramientas en México en la lucha contra la impunidad”, subrayó.

Por ahora, los expertos no saben cuánto tiempo más estarán en México investigando este caso, pero lo conversarán con las autoridades.

Beristain expuso que “una parte de los descubrimientos que hemos hecho se basa ya en información que ya estaba en el expediente de la PGR. Hay otra parte de diligencias que nosotros hemos realizado, las investigaciones, tomas de testimonios, pero una buena parte de lo que hemos realizado estaba en el expediente, yo diría que en el expediente había información que no había sido suficientemente procesada y que no se habían sacado las conclusiones del contraste de esas informaciones, eso es parte de lo que hemos tratado de hacer”.

“Por otra parte la investigación ha mostrado algunas hipótesis que hay que revaluar respecto del caso, el caso no parecía sustentado en una sola hipótesis, no solamente del destino de los normalistas, sino también es una especie de desconexión entre los hechos, que sucedieron en la primera parte de la noche, porque los normalistas llegan a la ciudad, a las afueras, luego a la central de buses, salen, y la estructura de la acción orientada a no dejar salir los buses de Iguala, y lo que sucedió después, el término del posible destino de los normalistas, y la historia sobre los miembros de Guerreros Unidos”, abundó.

El experto sostuvo que “había una desconexión de estas dos historias que nosotros hemos tratado de unir, porque una buena parte de lo que podemos entender de la segunda parte de la historia, está contenida en esa primera parte como fenómeno de desaparición forzada”.

Sobre la quema de los cuerpos, comentó que “lo que nosotros evaluamos es si se había producido en el basurero de Cocula o no, y eso es lo que muestra el peritaje de José Torero”.

Reconoció que “aparecieron restos óseos, no cenizas propiamente, sino restos óseos, algunos de ellos calcinados y uno de ellos no calcinado, que fue el resto óseo de Alexander Mora, con el cual se pudo identificar que pertenecía a este joven de los normalistas de Ayotzinapa”. Pero de los demás restos no se han podido hacer pruebas de ADN, que es lo que ha sucedido con las muestras enviadas a Innsbruck.

En cuanto a los restos de Alexander Mora, apuntó que “ese muchacho fue asesinado y los restos fueron quemados, no hasta el punto de la calcinación, otros restos tienen otro nivel de calcinación y lo que hay que averiguar es ese conjunto de restos, hay que rebobinar hacia atrás, nosotros no hicimos un análisis antropológico-forense, eso correspondía al equipo de peritos argentino o a la PGR, pero sí creemos que hay que rebobinar esa historia hacia atrás para poder saber qué ha pasado con los normalistas“.

Ante la confirmación de que uno de los restos pertenece a Mora, “lo que hemos pedido es que se haga un análisis de las incineradoras (hornos crematorios) que hay en la zona, a las que pudo haber sido llevado algún normalista, no lo sabemos pero creemos que hay que explorar todas las posibilidades, no hay que dejar ningún área de hipótesis sin explorar“.

El experto consideró que lo negativo en este caso es “la consideración solamente de una hipótesis como elemento central de investigación, que lleva a veces a no evaluar otras pruebas que tienes al lado y que si las evalúas de una manera más objetiva, te pueden llevar a otros escenarios, eso es lo que nosotros hemos planteado a la PGR con las sugerencias, que se revalúe la investigación también en términos del destino de los desaparecidos, para tener más claridad sobre no solamente la parte testimonial y confesiones, sino también las diferentes pruebas que nos pueden ayudar a evaluar qué otros destinos pudieron haber tenido los normalistas”. 

Respecto a la presunta tortura de los detenidos, incidó que “hicimos un análisis, pedimos un peritaje sobre las lesiones que muestran numerosos inculpados, una buena parte de ellos tienen lesiones físicas que fueron evaluadas por médicos de la PGR en las que se muestran esas lesiones, pero no hay un análisis de la posible causa de esas lesiones en los informes médicos, lo que hay es una determinación de la tipología de las lesiones, no hay un registro fotográfico de las lesiones que nos permita tener una evaluación más ponderada de ellas, no hay una evaluación de qué relación hay entre las lesiones que muestra el detenido y la historia que cuenta sobre cómo se produjeron esas lesiones, eso impide una investigación adecuada sobre la posible existencia de tortura”.

Pero señaló que hay que hacer una evaluación caso por caso, y corresponde a la CNDH o a los propios jueces investigar las denuncias al respecto.

Entre lo que se debe revisar de forma urgente, precisó que “investigar el quinto autobús puede generar una hipótesis consistente, que no se ha tenido en cuenta en la investigación”, en referencia a que presuntamente dicho autobús transportaba droga.

“Ese bus no existía en el expediente, inconsistencias en declaraciones del chofer, otra es la diferencia entre el autobús que aparece en el registro videográfico de la central de buses de Iguala con el estudio fotográfico que se hizo del bus quinto que se nos presentó, inconsistencias, esa es una hipótesis que hay que considerar”, explicó.

Además, ”hay que determinar cuál es el lugar al que fue llevado otro chofer de uno de los buses, con una persona que aparentemente dirigía el operativo, quién es esa persona, esta persona fue llevada allá por una patrulla de la policía estatal”.

Beristain sostuvo que “la investigación y la búsqueda (de los estudiantes) son dos procesos que van de la mano”, por lo que se debe robustecer la primera de ellas.

Por su parte, la experta Claudia Paz y Paz dijo en CNN: “Nosotros examinamos las declaraciones de los presuntos perpetradores que se encontraban en el expediente y en realidad no hay una sola versión, hay 4 versiones“.

“Hay una versión que señala La Parota, otra versión que señala que los llevaron a la casa de seguridad, otra versión que señala que iban a atacar un car-wash Los Peques, y esta versión del basurero de Cocula, que se construye con las declaraciones de 5 presuntos responsables. Estas declaraciones tenían incongruencias con las otras versiones que se encontraban en el expediente y también entre sí, algunos de estos 5 señalaban por ejemplo que habían recibido a los jóvenes en Loma del Coyote y los habían llevado directamente al basurero, otra que los habían llevado a una casa de seguridad, otra que los habían llevado a un lugar indeterminado, y por eso es que nosotros determinamos que era imprescindible un peritaje de fuego. Y el perito efectivamente lo que señala es que de acuerdo con el análisis del lugar, con el análisis de todos los peritajes que obran dentro del expediente, no es posible qu ese hubiera incinerado a los 43 estudiantes en este lugar”, aseveró. 

Sobre lo que debe ser revisado con urgencia, señaló:

-Identificar plenamente este quinto autobús, determinar cuál de las versiones brindadas por el chofer de este autobús es la que corresponde con la realidad, “porque como explicábamos en la presentación del informe, tenemos una versión del chofer que no coincide con la historia narrada por los estudiantes, ni con información del C4 (Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo), y otra declaración manuscrita que sí coincide con las declaraciones de los estudiantes. Una de nuestras recomendaciones es que se identifique el autobús, porque el que nos fue presentado tiene inconsistencias con el autobús que aparece en el video que recién vimos, y que se esclarezca si el piloto mintió, por qué dio dos declaraciones, etcétera”.

-¿Qué conexión podría tener este autobús con un contexto que existe en Iguala de transporte de drogas, específicamente de heroína hacia la ciudad de Chicago? “Nosotros tuvimos acceso a un expediente que es público, una investigación de la fiscalía en Chicago, en contra de una parte de Guerreros Unidos, ya están 5 miembros me parece consignados en Estados Unidos  y precisamente se habla de la utilización de autobuses para el transporte de heroína desde Iguala hasta Estados Unidos”.

Paz y Paz refirió que el C4 de Iguala da cuenta de llamadas aún antes de que estudiantes llegaran a Iguala, cuando ya eran monitoreados, y después de que llegan a la central, cuando se registran incidentes en las calles.

Les llamó la atención que “así como había intensidad de llamadas había momentos de silencio, hubo más o menos una hora de silencio”, pero sí está registrado el ataque a uno de los autobuses perteneciente a un equipo de futbol local.

“En un momento, Sedena tomó control de las comunicaciones”, reveló. Y después hay “periodos de silencio”.


El informe de los expertos precisa que los estudiantes no boicotearon ningún acto político en Iguala, como lo había dicho la PGR. Al respecto, Paz y Paz refirió una entrevista con el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, la ex presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda Villa, quienes desde la cárcel, niegan su participación en los hechos; “indican que estuvieron en el evento del DIF, luego fueron a cenar y después a su casa, eso es lo que nos indicaron”, comentó la experta.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.