Borge: Cuatro años de endeudamiento y autoritarismo

CANCÚN, Q. Roo: A un año de que concluya su administración, el gobernador del estado, Roberto Borge, suma un historial de excesos y abusos, aumento de la deuda, actos de corrupción y violaciones a libertades y a los derechos humanos.

Este 9 de septiembre, Roberto Borge rinde su cuarto informe de gobierno. Al inicio de su administración, cuando presentó su Plan de Desarrollo 2011-2016, ofreció la construcción de un puente de 22 kilómetros en la bahía de Chetumal y otros dos en Punta Cancún y en la laguna Nichupté.

Sin embargo, ninguna de estas obras ha iniciado, y sí, en cambio, la deuda pública se ha duplicado. Con Borge, Quintana Roo se convirtió en el estado con la mayor deuda per cápita del país.

La deuda total de largo plazo de Quintana Roo alcanzó los 19 mil 621 millones de pesos con 13 préstamos, frente a los 10 mil 500 millones de pesos que dejó el exgobernador Félix González Canto, de acuerdo con el último reporte de calificadora financiera Standard & Poor’s publicado el pasado 15 de julio y con corte al 31 de marzo de 2015.

Ante la elevada deuda de la entidad, los bancos acreedores establecieron una serie de condicionantes para aceptar la restructuración de los pasivos bancarios de la entidad, que se concretó en 2014.

Entre otros puntos, obligó a un plan de austeridad, que implicó el despido de tres mil burócratas, en su mayoría de Chetumal, la capital del estado, y limitar la deuda a largo plazo hasta 20 mil millones de pesos.

La calificadora señala que el gobierno de Quintana Roo tiene una deuda con proveedores por dos mil 286 millones, que “sigue siendo alta y podría presionar la liquidez del estado en los próximos años”.

La calificadora evaluó diferentes indicadores económicos del estado y, de entrada, establece que la administración financiera de Quintana Roo es “débil”.

Standard & Poor’s considera que la economía de la entidad es “relativamente débil” por la elevada concentración en el sector turístico.

Más de la mitad de la deuda que ha contraído Borge fue en 2013, año electoral para Quintana Roo, cuando el PRI ganó en los 10 municipios y obtuvo el control absoluto del Poder Legislativo.

De acuerdo con la calificadora Fitch Ratings, del 31 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2013, la deuda pública del estado se incrementó en cinco mil 006 millones de pesos.

Fitch Ratings precisó que en diciembre 2013 la deuda estatal ascendía a 10 mil 871 millones de pesos y al 31 de diciembre de 2013 subió a 15 mil 977 millones de pesos, con lo que en un año se incrementó en 45.6 por ciento.

El recurso de Roberto Borge de recurrir a créditos bancarios se ha replicado en casi todos los ayuntamientos del estado.
En Cozumel, el actual alcalde, Fredy Marrufo, incrementó la deuda de esta demarcación a 691 millones de pesos y en Solidaridad (Playa del Carmen), el Edil Mauricio Góngora, también del PRI, a 817 millones.

Municipios que jamás habían recurrido a créditos bancarios también pidieron préstamos , entre ellos Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, donde se ubica la isla de Holbox, por 10 millones 500 mil pesos y ocho millones, respectivamente.
Frente a la crisis económica, el gobernador Roberto Borge no escatima en los gastos de sus servicios personales y difusión de su imagen.

En el Presupuesto de Egresos de 2015, con el apoyo del PRI, PVEM y Panal, el gobernador determinó aumentar de 75 millones 100 mil pesos a 80 millones 644 mil pesos el presupuesto de los Órganos Administrativos Desconcentrados del Despacho del Ejecutivo.

Dentro de estos Órganos del Ejecutivo, la Unidad del Vocero pasó 33 millones 083 mil pesos a 34 millones 496 mil pesos.
La Secretaría de Gobierno tuvo un aumento de casi 41 millones de pesos, al pasar 115 millones 133 mil pesos a 155 millones 836 mil pesos.

En contraste, la Secretaria de Infraestructura y Transporte (Sintra) tuvo una reducción de 16 millones de pesos, al pasar de 119 millones 232 mil a 102 millones 982 mil pesos.

En el mismo tono, La Universidad del Caribe, que se ubica en Cancún, enfrenta recortes por segundo año consecutivo, y pasará de 108 millones a 105 millones 032 mil pesos.

Autoritarismo

Amén de la quiebra financiera que deja Roberto Borge, su administración se ha caracterizado por la persecución política.
“Quintana Roo es una dictadura”, señala la exdiputada perredista Graciela Saldaña.

Y precisa: “Roberto Borge tiene muchas similitudes con Javier Duarte, de Veracruz, a los que la ley que más les gusta es la ‘Ley de del Garrote’”.

A partir de que PRI, PAN y Panal tienen 19 de los 25 diputados, Borge Angulo impuso leyes para impedir las marchas y manifestaciones en las calles y para restringir la labor de los periodistas.

Ha reprimido violetamente y perseguido maestros e indígenas mayas que se atrevieron a protestar en las calles.

El 14 de octubre de 2013, Granaderos arrestaron a 58 maestros durante un operativo para dispersar a docentes que protestaban frente al palacio municipal de Benito Juárez (Cancún) contra la reforma educativa.

Días después, la tarde del 19 de octubre, Granaderos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) arremetieron contra padres de familia y maestros que bloquearon la carretera Chetumal-Escárcega (Campeche), a la altura de la comunidad de Nicolás Bravo, a 71 kilómetros de la capital del estado, con un saldo de seis lesionados y 10 detenidos.

Un año después, el 19 de agosto de 2014, granaderos desalojaron violentamente a unas 150 personas que se manifestaban frente a las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), tras dos semanas de protestas por el incremento de tarifas de la paraestatal y la colocación de medidores.

En el operativo fueron detenidos alrededor de 40 manifestantes, incluidas personas ajenas a la protesta que sólo tomaron fotos y videos de la ofensiva de los granaderos contra los activistas.

Días antes, los líderes de ese movimiento, Alfredo Esquivel y Cab y Teresita Brito Piña, dirigentes del Consejo de Colonias Populares (Cocopo) de Felipe Carrillo Puerto, fueron detenidos bajo cargos de sabotaje por el bloqueo de las oficinas administrativas de CAPA, y salieron libres el pasado 5 de mayo, mediante un amparo.

Esta represión fue cubierta y documentada por el periodista y activista maya, Pedro Canché Herrera, quien tras el desalojo violento del parque principal de Felipe Carrillo Puerto, divulgó un video en el que cuestionó el actuar del gobernador.

Días después, el 30 de agosto, Pedro Canché fue detenido frente a la gasolinería del centro de Felipe Carrillo, bajo cargos de sabotaje.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos documentaron la tortura de la que fue víctima Pedro Canché en los primeros días que estivo en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto.

Mediante un amparo de un tribunal colegiado, Canché obtuvo su libertad nueve mes más tarde; la Comisión Nacional de Derechos Humamos emitió recomendaciones al gobernador Roberto Borge, al presidente del tribunal Superior de Justicia, Fidel Villanueva y al Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto por violaciones a la libertad de expresión, a la seguridad jurídica y a la integridad personal cometidas en agravio del comunicador maya.

Sin embargo, los abusos del gobernador contra opositores políticos, líderes sociales y periodistas independientes se refuerzan con campañas de desprestigio en medios bajo el control de la administración estatal.

“A través de ejércitos de ‘troles’ y ‘bots’, el gobernador ha emprendido campañas de difamación contra quienes opinamos diferente”, acusa la exdiputada Saldaña.

Lamenta que a pesar de que los excesos del gobernador han sido denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR), la CNDH y hasta en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el presidente Enrique Peña Nieto “sigue solapando” a Roberto Borge.

El expresidente municipal de Benito Juárez (Cancún), Julián Ricalde Magaña, señala que el gobernador se apoderó también del PRD, que había sido el principal partido de oposición.

El experredista afirmó que el gobernador carece de contrapesos y ha convertido la infamia en una forma de hacer política.
“No hay ninguna obra relevante. Su tan repetido discurso del turismo no se ha traducido en desarrollo”, sostiene.

La exdiputada Saldaña señala que Borge ha cooptado a la oposición local, hasta a Morena, partido en el que impuso como su candidato a gobernador a José Luis Pech Varguez, que forma parte de su grupo político.

“Su única preocupación es quién va ser sucesor. Está preocupado quien le cuida sus espaldas”, afirma la perredista.

El pasado 19 de agosto, en su cuenta de Twitter, Borge promocionó a sus seis candidatos a sucederlo. En su lista no incluyó el subsecretario de Turismo, Carlos Joaquín González, hermano del actual secretario de Energía del gobierno federal, Pedro Joaquín Coldwell, ni al senador con licencia del PVEM Jorge Emilio González Martínez “El Niño Verde”.

Los precandidatos que promovió en una fotografía son: el diputado federal, José Luis ‘Chanito’ Toledo Medina, el alcalde de Chetumal, Eduardo Espinosa Abuxpaqui; el secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría; el presidente municipal de Playa del Carmen, Mauricio Góngora Escalante; el edil de Cancún, Paul Carrillo de Cáceres, y el presidente estatal del PRI, Raymundo King de la Rosa.

Para el senador panista Daniel Ávila Ruiz, el principal acto de corrupción en que Borge está implicado es el proyecto Dragon Mart, al extremo de que La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se vio obligado a clausurarlo.

Otro escándalo en el que Borge estuvo involucrado fue el otorgamiento de manera directa de las concesiones del servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC)-Aguakán hasta el año 2053, en las ciudades de Playa del Carmen, Isla Mujeres y Cancún.


El senador Ávila Ruiz resume al gobierno de Borge: “Es una calamidad para todos los quintanarroenses. Lo digo con conocimiento de causa”. Y subraya: “Bendito Dios que ya sólo le falta un año”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.

Quitarle al Presidente la Procuración de justicia

A propósito de la investigación ministerial que desde la Procuraduría General de la República se ha conducido para conocer el destino de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 de Ayotzinapa, Iguala, Guerrero, y encontrar, detener, procesar y consignar a los culpables, se antoja traer de vuelta la propuesta de independizar el Ministerio Público, que tuvo entre uno de sus más importantes exponentes al doctor Jorge Carpizo McGregor.

Carpizo, fallecido el 30 de marzo de 2012, ha sido uno de los constitucionalistas más célebres de México. Ocupó cuatro de las posiciones más importantes en la vida política, social, académica y de justicia, al hacer sido Secretario de Gobernación, Procurador General de la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y Rector de la Universidad Autónoma de México.

Sabía pues don Jorge Carpizo de qué hablaba cuando propuso una reforma constitucional que le diera independencia al Ministerio Pública –particularmente del Poder Ejecutivo- para acabar con la impunidad en México.

Actualmente el Ministerio Público destaca por su ineficacia, su incapacidad, su falta de preparación y los muchos intereses que tiene con quienes encabezan el Poder Ejecutivo, los cuales mueven la procuración de justicia con intereses ajenos al ejercicio de la justicia y cercanos a la política y los partidos.

El Ministerio Público Federal dentro de la Procuraduría General de la República, y el Ministerio Público Común en las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados, dependen, el primero de la Presidencia de la República y el segundo de los Gobiernos de los Estados. Esa estrechísima liga de la dependencia que concentra el ejercicio de la acción penal con los políticos que encabezan el Poder Ejecutivo es tan grave como delicada al momento de procurar justicia, pues en lugar de imperar la Ley, imperan los modos de Presidente y Gobernador.

Jorge Carpízo justificó –y el texto lo retomo de la bibliografía de José Ovalle Favela, de la biblioteca jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM- las razones que encontraba para una “reforma institucional al ministerio público”: “…fortalecería nuestro Estado de derecho, acercándolo a las concepciones más modernas, en las cuales se aseguraría la imparcialidad y la objetividad en función tan delicada para la persona”.

Además, “…se aseguraría que las averiguaciones previas no correrían el peligro de determinarse por influencias, factores políticos y partidistas, sino solo por la Ley…”.

El trabajo del Ministerio Público dependiente del Poder Ejecutivo, y su labor de complacencia hacia Presidentes o Gobernadores para solucionar casos de manera expedita sin cumplir cabalmente con la Ley, acuñó el término “chivo expiatorio”. La persona que es investigada ministerialmente de la comisión de un delito para dar la impresión a la sociedad, que se está cumpliendo con la procuración de justicia. Sustentada en la acción de concentrar en la estructura del Poder Ejecutivo el monopolio del ejercicio de la acción penal.

Tal actuar del Ministerio Público en razón de los intereses de Presidentes y Gobernadores, ha contribuido al alto nivel de impunidad que tenemos en México.

Por otro lado, la ineficiencia e incapacidad que han distinguido al Ministerio Público nos lleva a tener criminales, narcotraficantes, políticos, asesinos, secuestradores, corruptores, lavadores de dinero, acopiadores de armas, entre otros, viviendo libres de delito.

Ante la incapacidad científica, ministerial y de preparación del Ministerio Público para integrar de manera correcta, eficiente y apegados a la Ley, las Averiguaciones Previas, cuando los casos llegan a la administración de la justicia en el Poder Judicial, un Juzgado común o de Distrito, los indiciados salen libres por falta de pruebas o incluso por falta de elementos para probar la culpabilidad. 

Entonces no se genera una orden de aprehensión o simplemente se les deja libres. Hay una enorme lista de estos casos, entre narcotraficantes y políticos, que se han salvado de la prisión por un deficiente actuar del Ministerio Público que recae en titulares de gobiernos, provenientes de partidos con intereses.

Carpizo señaló los casos de estados como España y Francia que aun el Ministerio Público dentro del Poder Ejecutivo, conservaba grados de independencia, y el caso de otros países donde el Ministerio Púbico depende del Poder Judicial, y el ejemplo de Italia donde el Ministerio Público es independiente.

México, en estos momentos de inseguridad, violencia e impunidad, requiere de manera urgente, poner en el debate público el proyecto de un Ministerio Público independiente. Como el Instituto Nacional Electoral o la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Con un cuerpo ejecutivo autónomo, un consejo, un instituto académico, una estructura integral, la carrera ministerial, los exámenes de oposición, la capacitación y presupuesto propio que le permita desarrollarse, crecer, hasta alcanzar la excelencia que los lleve a combatir la impunidad con el ejercicio pleno de la Ley.

En el caso Ayotzinapa, hace unos días se dio a conocer el análisis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de los derechos Humanos, donde basados en estudios forenses específicos realizados por peritos, académicos y expertos en siniestros, en terrenos, en fuego, en cuerpos, en materias especializadas para el estudio de escenas del crimen, con precisión científica, y con el respaldo internacional de la experiencia y la credibilidad, llegaron a la conclusión que investigadores de la UNAM y mexicanos muchos ya habían supuesto: a los 43 no los incineraron en un basurero. Además, develaron nuevos elementos que no fueron de manera adecuada abordados en la investigación ministerial, o fueron datos minimizados o manipulados.

En resumen, la Procuraduría General de la República actuó de manera deficiente en la integración de la Averiguación Previa, a partir de peritos y ministerios públicos faltos de experiencia, de preparación y de compromiso con la Ley.

El estudio se basó en las indagaciones que el Ministerio Público encabezado por el Procurador Jesús Murillo Karam hizo de los hechos, y –ciertamente- con la complacencia del Presidente de la República, jefe del Procurador quien es jefe del Ministerio Público. Pero ahora Enrique Peña Nieto, con una nueva Procuradora, Arely Gómez, quien sustituyó a Murillo, ha ordenado que la PGR realice nuevos peritajes, nuevas investigaciones que lleven a nuevas indagaciones que se acerquen más al análisis del Grupo Interdisciplinario.

Con ello el Presidente quiere impresionar a los mexicanos, con quienes dice comparte su dolor por los hechos, su coraje por la falta de justicia y su compromiso por investigar de manera adecuada este violento acto que sorprendió al mundo y empezó por acabar con el prestigio renovador de Enrique Peña Nieto en el extranjero y en nuestro País.

La realidad es que los nuevos peritajes y las nuevas investigaciones ordenadas por Peña y Gómez, las hará el mismo Ministerio Público que realizó las ordenadas por Murillo, quizá otros investigadores, pero del mismo techo, la misma estructura y el mismo Ministerio Público.

Si el Presidente quiere cambiar la situación de violencia, inseguridad, impunidad y ausencia del ejercicio del Estado de Derecho necesita iniciar el debate público de un Ministerio Público independiente y autónomo.

Ahora, con un MP fuera de las manos del Poder Ejecutivo incluso quedaría la puerta abierta para indagar ahora sí, a fondo, lo que hoy sigue siendo la opacidad de los bienes y raíces de Peña, de la Primera Dama y del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.


Sólo así al Presidente, a los Gobernadores, a la política y a los partidos se les quitaría la facultad de investigarse a sí mismos, como ha sucedido en este país a través de una histórica y vergonzosa falta de procuración de justicia, donde siempre resaltará en la memoria de los mexicanos, lo sucedido en tiempos de Díaz Ordaz cuando le correspondió primero a su ministerio público y después al de Luis Echeverría averiguar qué sucedió un 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco que tanto se recuerda a propósito de Ayotzinapa.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/09-09-2015/39004.

Padres de Alexander, a quien la PGR dio por muerto, vuelven a la lucha por informe del GIEI

Integrantes del Comité de Padres de Familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa aseguraron que los resultados dados a conocer por el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reforzaron la esperanza de encontrar con vida a Alexander Mora Venancio, de quien se encontró un resto óseo en el tiradero de Cocula, Guerrero.

Los familiares expusieron que no dejarán de confiar en los expertos argentinos, quienes confirmaron la coincidencia genética en el hueso encontrado, pero opinaron que se pudo haber cortado un dedo del muchacho y se pudo haber “sembrado” en la fosa.


Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Fernández, dijo que con la información del informe surgen nuevas preguntas: ¿De dónde sacaron el hueso? y ¿Por qué lo pusieron en Cocula?

“¿Dónde está Alexander? ¿De dónde lo agarraron [el hueso]? ¿De dónde lo sacó la Procuraduría General de la República [PGR]?”, comentó don Mario.

Por su parte, Rodríguez Moreno, padre de Cristian Alfonso Rodríguez, contó a este medio que los padres de Alexander Mora dejaron el movimiento luego que en diciembre de 2014 la PGR informara que oficialmente su hijo estaba muerto. No obstante, con las nuevas luces en la investigación que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, se reintegraron a la “lucha”.

–¿Tras darse a conocer el informe cuál es la postura del movimiento respecto a Alexander? –se le preguntó.

–Ahora hay una probabilidad que pueda estar vivo. Cabe la posibilidad que el policía o el federal o quien haya participado le haya cortado un dedo, no sé, y hayan ido a dejar el fragmento óseo ahí. Pudo haber pasado así –externó Clemente.

–¿Los padres de Alexander siguen con ustedes?

–El Gobierno federal le sembró la espinita a los padres del compañero Alexander Mora que su hijo estaba muerto, por eso se fueron a su casa. Por eso estaban desanimados. Pero ya volvió, ahorita están en actividad en Ayotzinapa, y están más fortalecidos.

–¿De encontrar que sí hubo ocultamiento e irregularidades pedirán castigo para los funcionarios?

–Ahorita queremos concentrarnos en la búsqueda y aparición con vida de nuestros 43. Una vez que los encontremos, no nos vamos a ir a nuestras casas, pediremos justicia para los desaparecidos que faltan y exigiremos castigo para los culpables.

El 7 de diciembre de 2014, el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, confirmó que de acuerdo con el análisis de ADN, uno de los 43 estudiantes normalistas secuestrados el 26 de septiembre de ese año pasó de estar desaparecido a estar oficialmente muerto.


Como se dio a conocer, los peritos argentinos responsables de analizar los restos del basurero de Cocula confirmaron a los familiares de Alexander Mora Venancio la coincidencia del ADN con un hueso hallado allí. Alexander, un joven huérfano de madre e hijo de un taxista.

“Con base a los datos establecidos por la Universidad de Innsbruck se determinó que dicha muestra corresponde a un varón que, leo textual, es al menos un billón de veces más probable que se trate del hijo biológico de Ezequiel Mora Chávez, así como hermano biológico de Omar Mora Venancio y de Hugo Mora Venancio en comparación con los de cualquier otro individuo no relacionado”, así lo confirmó Murillo Karam.

El ex Procurador detalló que se determinó de acuerdo al análisis de una de las 17 muestras que mandaron a la Universidad de Innsbruck, Austria, la cual fue sometida a procedimientos de extracción de ADN nuclear, y con los procedimientos comparativos que se realizaron.

Murillo Karam indicó que la muestra fue sometida con otras 16 a esta prueba, sin embargo fue la única que arrojó un resultado positivo.

“Esta prueba científica confirma que los restos encontrados en una de las escenas coincide con la evidencia de la investigación y con la declaración ministerial de los detenidos, en el sentido de que en dicho lugar y forma se privó al grupo de personas en los términos y señalamientos que se dan en la averiguación”, agregó.

Sin embargo, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) dudó que los restos hallados en Cocula pertenecieran a los estudiantes de Ayotzinapa.

El grupo expresó sus sospechas porque el fragmento que permitió la identificación de Alexander Mora Venancio, el alumno de 21 años originario de Tecoanapa, no coincide con ningún otro hallado en el basurero de Cocula. Recordó que desde que se entregaron los resultados para la identificación por ADN, los argentinos aclararon que ellos no constataron la procedencia de esa pieza, que ya estaba sobre una mesa cuando llegaron al lugar.

Tras la información las familias sostuvieron que los restos de Alexander Mora Venancio fueron sembrados por el gobierno para sostener la versión de los tres sicarios.

“Los peritos argentinos no avalan que los restos sean de Cocula, porque ellos no estuvieron en el levantamiento y dicen que las bolsas negras con restos, estaban abiertas”, dijo José Félix Rosas, vecino de Tecoanapa.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes, integrado por cinco representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aportó el domingo pasado al menos dos nuevas líneas de investigación que echan a la basura “la verdad histórica” oficial sobre la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hace casi un año.

Hay un camión desaparecido que podría ser clave para conocer el destino de los normalistas, no existe evidencia de que los jóvenes fueron quemados en un basurero del municipio de Cocula, como lo afirmó el 27 de enero de 2015 la PGR.

El informe del GIEI también revela que en todo momento, elementos de la Policía Federal, el Ejército y corporaciones municipales tuvieron conocimiento de la ruta que siguieron los cinco camiones tomados por los normalistas en los que viajarían a la Ciudad de México para asistir a la marcha del 2 de octubre.

“Los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”, dijo Francisco Cox, uno de los expertos de la CIDH.

Cox destacó también que hay inconsistencias entre declaraciones de presuntos responsables, por lo que se pidió la opinión de un experto en manejo de fuegos.

José Torero, el experto contratado por la CIDH, demostró que en esas condiciones el tiempo requerido para incinerar a un cuerpo, es entre 90 a 120 minutos.

El especialista internacional estableció que son necesarios 30 mil 100 kilos de madera 13 mil 330 kilos de neumáticos y 60 horas para incinerar los 43 cuerpos.

“Los habitantes de Cocula hubieran visto la columna de humo de 200 metros de alto”, explicó Francisco Cox del GIEI.

El perito independiente tampoco encontró evidencia en la vegetación adyacente al basurero de los estragos que científicamente generaría una incineración de ese tipo.

La quema de 43 cuerpos en la condiciones necesarias, hubiera desatado un incendio forestal desde el basurero de Cocula, dijo.


La PGR anunció en enero pasado que había llegado a “la verdad histórica” de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre a partir de numerosas pruebas científicas y los testimonios de los supuestos autores materiales.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-09-2015/1480293.

“Alarmante” desfalco millonario en Guadalajara, denuncia Enrique Alfaro

MÉXICO, D.F: El alcalde electo de Guadalajara, Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, reveló que en el proceso de entrega-recepción ha encontrado un desfalco “alarmante”, de “cientos de millones de pesos”, donde estarían presumiblemente involucrados funcionarios estatales, municipales y judiciales.

De acuerdo con Alfaro, ya se están integrando las averiguaciones y las investigaciones internas para saber quiénes son los “cínicos” que, dijo, han desfalcado a la ciudad con la complicidad de las autoridades, y en breve se darán a conocer sus nombres.

“Es una vergüenza lo que yo me he encontrado ahí (en el Ayuntamiento). Vamos a hacer públicos varios de ellos, porque son verdaderamente escandalosos. Encontramos personajes… no crean que son trabajadores peleando por sus derechos, no, acá son unos ladrones, vivales, cínicos, queriendo desfalcar a la ciudad con la complicidad de las autoridades judiciales. A ellos los vamos a evidenciar”.

Añadió: “Hay una mezcla y un modus operandi… pero lo vamos a hacer público. Eso sí, vamos a poner, literalmente, en la Plaza Liberación, los nombres de quienes están desfalcando a la ciudad. Desde el primer día vamos a hacerlo público, son muchos casos, pero también me he enterado de casos de gente, y me entero de lo que quieren cobrar… da coraje tanto cinismo”.

Según información difundida por ‘El Informador’, la Sindicatura de la próxima administración tendrá un área especializada en juicios laborales, con el fin de evitar más quebrantos financieros a la comuna tapatía.

El pasado 17 de agosto se dio a conocer una nueva lista de 39 personas beneficiadas por sus laudos y que recibieron 28 millones 318 mil pesos de la comuna. Dichos recursos salieron de la venta de un predio municipal donde se edificaría el nuevo Recinto Ferial.


Sólo en los primeros cuatro meses de este año, la alcaldía tapatía entregó 49 millones 864 mil 209 pesos al perder demandas laborales, cantidad que se repartió únicamente en 15 laudos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La tragedia de Iguala, las 10 mentiras de Peña

MÉXICO, D.F: El informe de los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constituyó no un “elemento más” en la investigación sobre la tragedia de Iguala sino el golpe central a una operación política, jurídica y policiaca para darle “carpetazo” a uno de los expedientes de desaparición forzada más escalofriantes de los últimos años.

La persistencia de los familiares, abogados y sobrevivientes de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, así como una movilización intensa de la opinión pública en contra de la malograda “verdad histórica” que intentó plantar el gobierno de Enrique Peña Nieto explican la dimensión nacional e internacional que ha cobrado este informe del pasado 6 de septiembre.

Ya está en marcha una contraofensiva mediática del gobierno de Peña Nieto para desestimar este informe. Como la “verdad histórica”, la “respuesta histérica” de los medios y columnistas afines a la línea gubernamental sólo agravan la herida que ha producido este caso.

De manera contundente este informe devela, al menos, 10 mentiras en torno al manejo del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa:

1.-La incineración en Cocula.- “Con base en estas evidencias, el GIEI descarta las declaraciones de la cremación en Cocula como veraces”. Esta frase, respaldada en las investigaciones de seis meses, en los peritajes y en la evaluación de las evidencias prácticamente echó por tierra el thriller relatado por Jesús Murillo Karam en su fatídica conferencia de prensa del viernes 7 de noviembre de 2014.

Murillo Karam reiteró el 27 de enero de 2015 que, a partir de las 386 declaraciones, “esta es la verdad histórica: los normalistas fueron calcinados, están muertos”.

No le corresponde al GIEI decir qué fue lo que sucedió sino recomendar una investigación más apegada a la realidad, al sentido común y a las evidencias.

2.-El “carpetazo”.- Los expertos del GIEI insistieron en todo su informe que al no existir certezas sobre la incineración de los 43 normalistas y graves contradicciones sobre los responsables materiales e intelectuales, así como el móvil del ataque a los normalistas, no se puede dar “carpetazo” a un expediente abierto.
Ahora, el gobierno de Enrique Peña Nieto y la PGR han insistido que el caso sigue abierto, pero olvidan mencionar que durante más de siete meses el propio primer mandatario le ha insistido al país y a los familiares de las víctimas que “superen” y acepten lo sucedido.

3.-La no protección de los normalistas.- No se trató de un ataque fortuito, resultado del temor de las autoridades de Iguala de la irrupción de los normalistas en la fiesta de la “pareja imperial”. El informe del GIEI subraya que desde su salida de la Escuela Normal hasta su llegada a Iguala, los estudiantes de Ayotzinapa fueron vigilados y seguidos por el Ejército, la Policía Federal, la Policía Estatal y elementos de la Policía Municipal.

4.-Sí hay evidencias de la participación del Ejército.- En sus conferencias del 7 de noviembre de 2014 y del 27 de enero de este año, Murillo Karam insistió que “no hay ni una sola evidencia” de la participación del Ejército en la tragedia de Iguala.
Ahora sabemos que sí hay evidencias de su participación en los escenarios de vigilancia, de persecución y de agresión a los normalistas. Quizá no sean los responsables de su desaparición, pero integrantes del 27 Batallón de Iguala estuvieron enterados y hubo, al menos, omisión y negligencia.

5.-Sí hubo un quinto autobús.- Los normalistas y otros testigos mencionaron una y otra vez la existencia de un quinto autobús. La PGR y la Procuraduría estatal negaron y destruyeron evidencias de la existencia de este autobús. La existencia de este autobús es clave para conocer no sólo el móvil sino la mecánica de los hechos.

Los expertos del GIEI han sugerido que este quinto autobús tuviera goma de opio. Guerrero produce el 60 por ciento de toda la goma de opio del país, esencial para la heroína. En 56 municipios del norte de Guerrero se siembra goma de opio. Es una industria que, según cálculos de la DEA, genera mil millones de dólares anualmente.

6.-Ataque coordinado por “alguien”.- En el ataque a los normalistas estuvieron involucrados varios cuerpos de seguridad pública, coordinados desde el C4 por “alguien” de aspecto “atlético”, según algunos testimonios recuperados del expediente. La gran incógnita es quién es este personaje. La gran mentira es que no se trató de un ataque por confusión sino deliberadamente planeado.

7.-Evidencias desaparecidas.- Desde el 17 de agosto, los integrantes del GIEI advirtieron como “hecho grave” que las evidencias de ropa de los normalistas desaparecidos no se les haya comunicado a los familiares y señaló su preocupación por “la pérdida de pruebas del caso”. Entre ellas, “la existencia en su momento de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas en el escenario de la salida de Iguala, cerca del Palacio de Justicia”. Parece que tales evidencias fueron destruidas.

Estos hechos demuestran que no hubo rigor ni imparcialidad en las indagatorias realizadas por la procuraduría.

8.-Respeto a los derechos humanos.-En su tercer informe de gobierno, Enrique Peña Nieto mencionó en más de 200 ocasiones el término “derechos humanos” y presumió grandes avances de su administración en esta materia. Tan sólo el caso de los estudiantes de Ayotzinapa demuestra que las más graves violaciones se han cometido con la participación directa o con la franca omisión de las fuerzas armadas y policiales del país.

El GIEI ha confirmado que no se han atendido a los heridos y a los familiares de los jóvenes asesinados.

9.-Agresión y desaparición de los normalistas están conectadas.- En el relato de los sucesos, los expertos del GIEI destacan que no se deben desconectar ni desvincular los dos hechos claves de la larga noche de Iguala del 26 y 27 de septiembre: el de la agresión y el de la desaparición. Hay “enormes contradicciones” entre los peritajes y los testimonios. Además, definir el destino de 43 muchachos no pudo haber sido tan rápido como relató la “verdad histórica” de Murillo Karam.


10.- Investigación no concluida.- Las 20 recomendaciones del GIEI subrayan que no se puede dar por concluida y mucho menos cerrada la investigación de los 43 normalistas. La gran mentira estaba encubierta en una “exhaustiva” investigación que, ahora vemos, fue la construcción de una versión a modo que no encaja ni con la realidad, ni con el más elemental sentido común.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

En Durango, un “narcoalcalde” impone la ley del terror

Tanto autoridades del estado de Durango como la PGR, la Sedena y la Marina han recibido reportes o denuncias de que Santiago Cháidez Jiménez, alcalde de Canelas –localidad situada en el Triángulo Dorado del Narcotráfico–, mantiene a esa región en un ambiente de terror en procura de sus intereses y los de El Mayo Zambada. Incluso le atribuyen la autoría intelectual de al menos una veintena de asesinatos y desapariciones en los dos años que lleva de gestión, y lamentan que ninguna de las instituciones a las que han recurrido haya hecho nada al respecto.

MÉXICO, D.F: Canelas, un municipio de Durango situado en las cumbres de la Sierra Madre Occidental y adscrito al llamado Triángulo Dorado del Narcotráfico, lleva dos años sacudido por hechos de violencia que no cesan y que permanecen en la impunidad.

Su alcalde, Santiago Cháidez Jiménez, quien tomó posesión de su cargo el 31 de agosto de 2013, es acusado de dirigir a un grupo de sicarios que levanta, desaparece y asesina a los lugareños que se niegan a pagar “cuota” o no son afines a sus intereses políticos.

Dos días después de ocupar su puesto, la Fiscalía Estatal recibió la primera de las denuncias que tiene en su contra, las cuales le atribuyen la autoría intelectual de la desaparición y asesinato de una veintena de personas.

Santiago Cháidez es señalado como líder de una célula del Cártel del Pacífico que opera en Durango, y se le atribuye haber estado bajo las órdenes de los hermanos Felipe, El Señor de la Sierra; José Luis El Arqui y Alejandro Cabrera Sarabia. Al primero, quien fue identificado como jefe de plaza en la entidad y como operador de Ismael El Mayo Zambada, se le detuvo en diciembre de 2011, y entonces José Luis asumió el mando hasta ser abatido en enero de 2012. Desde su muerte, Alejandro tomó el control.

La relevancia de los hermanos Cabrera Sarabia dentro del Cártel del Pacífico es de tal magnitud que en marzo de este año el gobierno de Estados Unidos congeló sus bienes. En sus presuntas funciones de lugarteniente de El Mayo Zambada en la entidad, Felipe fue acusado de controlar el cultivo de amapola y mariguana, además de dirigir el transporte de esta droga y de heroína al país del norte.

Desde 2007, el municipio de Canelas atrae la atención mediática por haber sido el escenario del romance entre Joaquín El Chapo Guzmán Loera y Emma Coronel Aispuro, quien en ese tiempo apenas tenía 18 años (Proceso 1609). Ella era sobrina de Ignacio Coronel Villarreal, quien hasta su muerte, en julio de 2010, controló Canelas para el Cártel de Sinaloa. (El 15 de agosto de 2011, en la ciudad estadunidense de Lancaster, condado de Los Ángeles, la joven, actualmente de 26 años, dio a luz a dos mellizas hijas de El Chapo Guzmán.)

En tiempos de Ignacio Coronel, Canelas nunca tuvo el nivel de violencia que se ha producido durante los dos años de administración del alcalde Santiago Cháidez.

Todo empezó en junio de 2013…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2027 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.

Zambrano propone fiscal especial para el caso Ayotzinapa… casi un año después

El presidente de la Cámara de Diputados dijo que la investigación debe llegar hasta sus últimas consecuencias “tope donde tope y caiga quien tenga que caer, sin reserva ninguna de si tiene o no fuero por ser funcionario público o representante popular”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, pidió que la Procuraduría General de la República (PGR) designe un fiscal especial para la investigación del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en año pasado en Iguala, Guerrero.

Es aconsejable que la PGR designe y nombre a un fiscal especial que pueda encargarse de este caso, por lo delicado y todo lo que ha significado para el país en los ámbitos nacional e internacional, indicó en declaraciones a la prensa poco antes de iniciar la sesión de este martes.

Precisó que la designación de este fiscal podría contar con el visto de los padres de familia de los jóvenes estudiantes desaparecidos.

El fiscal –agregó el diputado presidente- debería coadyuvar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el pasado domingo presentó un informe que contradice la versión oficial sobre la presunta incineración de los jóvenes.

“Requerimos saber la verdad completa, no la verdad oficial, sino la verdad real, que corresponda a los acontecimientos”, detalló.

Explicó que las conclusiones del informe que presentó el Grupo Interdisciplinario de la CIDH “son muy delicadas y muy graves … porque prácticamente pone en duda la parte más importante de las conclusiones a las que había llegado la PGR en relación a ese caso”.

Sostuvo que es absolutamente importante y necesario que el gobierno de la República atienda, como ya anunció que lo haría, las recomendaciones de ese grupo, “y que van a tener que llevar a reabrir las investigaciones”.

Expresó su esperanza en que “no se deje ninguna línea de investigación suelta, que todas sean cabos a indagar, a estudiar a fondo, que todas las preguntas, todos los cuestionamientos, todos los señalamientos que hizo el Grupo Interdisciplinario sean atendidos y revisados por la PGR”.

Zambrano Grijalva consideró como atinada la decisión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados para crear una comisión especial que investigue este caso.

Se pronunció porque esta comisión cuente con todos los recursos y apoyos institucionales que requiere y dijo que se debe propiciar lo antes posible una reunión de esta instancia legislativa con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de la CIDH.


Asimismo, recordó que en el Poder Legislativo se tiene la urgencia de “entrar a resolver” las reformas legales relacionadas con tortura y desaparición forzada.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Sáquenme de aquí, no aguanto más”… la intervención del Ejército en Iguala

Militares dijeron, según los normalistas y un maestro, “que así como éramos buenos para hacer destrozos que nos aguantáramos y que tuviéramos pantaloncitos para aguantar lo que viniera”, además de que iban "a llamar a la policía municipal para que se los lleve".

La historia del ataque a los normalistas en Iguala, Guerrero, se cuenta por partes. Lo ocurrido en la clínica Cristina es una de esas piezas. Esta parte revela cómo fue la intervención del Ejército.

El informe de los expertos de la CIDH documenta que “un grupo de 25 normalistas y uno de los maestros se dirigieron en búsqueda de ayuda médica para Edgar y llegaron a la clínica… ubicada en la misma calle donde ocurrieron los hechos. Según los testigos, ningún taxi quiso parar para llevar al herido mientras seguía la balacera, que duró varios minutos“.

“Llegaron aproximadamente a la 1:00 am a la clínica”. Ya era 27 de septiembre. 

“Una enfermera y una encargada se encontraban dentro. Cuando los normalistas y el maestro pedían entrar para recibir atención, les dijeron que no estaba el médico y que no les podían abrir. Los jóvenes finalmente entraron en la clínica. Las empleadas de la clínica se fueron, dejándolos solos en su interior, y quedándose en una casa cercana”, relata el documento.

Antes de su huída, las enfermeras llamaron por teléfono al médico responsable de la clínica.

“Mientras los normalistas se distribuyeron en la azotea, en el segundo piso y en la planta baja, el maestro y algunos estudiantes trataban de buscar un taxi para llevar al herido grave al hospital. Apagaron las luces para no llamar la atención. Varios normalistas reportaron que vieron pasar una patrulla de la policía municipal y un vehículo blanco paró en medio de la calle en actitud de vigilancia. Edgar se encontraba en el segundo piso y estaba perdiendo mucha sangre. Los normalistas y el maestro entrevistados se encontraban aterrorizados”.

Los normalistas señalaron que poco tiempo después llegó un hombre a la clínica. Le preguntaron si era el médico para atender a Edgar, pero “el señor nos dijo que no, que era un velador, un cuidador”. Después se fue de la clínica. Mientras, el maestro seguía buscando taxis para trasladar al herido, accediendo a varios que no los quisieron llevar: “hablé con el taxista, oye échame una mano tenemos que llevar un herido, y me dijo que tenían indicaciones de no llevar a nadie de esta clínica. Pese a explicarle la situación del herido, dijo no, no puedo. Habló con otro taxista, lo consultan y dicen, no, no lo levantes. Me meto en la clínica y yo haciendo llamadas y llamadas y llamadas”.

Todo era angustia. Entonces llegaron los militares.

Como 15-20 minutos después de la llegada de los estudiantes y el maestro a la clínica, llegó una patrulla militar del 27 batallón en dos vehículos al mando del capitán C. Así lo describe el informe de los expertos que investigaron el caso durante 6 meses.

“En ese momento se creó un alivio para mí, como que había llegado ayuda, pero… uno de mis compañeros dijo que hay un herido, pero tuve que bajar igual. Me senté en un sillón y otro compañero me estaba auxiliando. Empezaron a agredirnos verbalmente, groserías, como si nosotros tuviéramos la culpa… “Aguántese porque ustedes se lo buscaron, se creían chingones, afuera hay dos compañeros suyos muertos. Ya no presté más atención”, relata un testigo de los hechos.

“Cuando llegan cortando cartucho y diciendo “ahí están esos cabrones, están allá adentro”, en lo cual empezaron a tocar la puerta y decían, “abran la puerta”, y nosotros no decíamos nada y empezaron a tocar y ya que en ese rato abro la puerta”, le digo necesitamos ayuda, nuestro compañero se está muriendo, nos acaban de matar, nos acaban de balacear”, en lo cual me dijo: “¿ustedes son de los tal ayotzinapos?” Le dije sí, nosotros somos, necesitamos ayuda, nuestros compañeros están heridos, un compañero se está muriendo”, relata otro testigo.

Las versiones de los militares sobre su llegada a la clínica Cristina difieren entre sí y son contradictorias con los testimonios de los normalistas.

Según uno de los soldados entrevistados como parte del expediente de la Fiscalía del estado de Guerrero, a las 12:30 horas recibió la llamada del teniente JG, quien le informó que un ciudadano reportó al C-4 la presencia de hombres armados en el hospital Cristina. En el trayecto para verificar, los militares vieron dos cuerpos en la calle Juan N. Álvarez con Periférico norte pero no se detuvieron.

En otra versión, el teniente G refirió que fue más tarde, a la 1 am, cuando recibió una llamada del sargento C del centro de control, quien le informó que había hombres armados en hospital Cristina, que sacaron a las enfermeras, por lo que informó al comandante JR y a la Zona Militar 35. El comandante ordena vía telefónica a EM y C ir a la clínica. También el capitán C señaló que a la 1:07 horas se produce una llamada del teniente JG a EM para que acudan al hospital, debido a que supuestamente se encontraban personas con armas.

Según EM, poco después, cuando se encontraban en la clínica, escuchó de C: “No se preocupen, ya llamé a la ambulancia”. Mientras, el soldado RMS refiere que fue EM, quien informó al capitán, cuando estaban en la puerta del hospital, de que en el interior había gente armada: “Yo me fui al frente de la camioneta dando seguridad perimetral, cuando se aproximó a mi uno de mis compañeros de apellido M, quien me dijo que informara al capitán C que en el interior del hospital había gente armada según una denuncia anónima, por lo que le informé a mi Capitán…”.

En los reportes militares, algunos señalaron que los normalistas iban armados, lo cual no era cierto.

Los normalistas cuentan que los militares los hicieron formarse, alzar sus playeras y poner sus pertenencias encima de una mesa y subieron a buscar al resto de los normalistas, por los pisos de la clínica.

Los normalistas entrevistados informan que les dijeron “que así como éramos buenos para hacer destrozos que nos aguantáramos y que tuviéramos pantaloncitos para aguantar lo que viniera”. Según otro normalista que estaba a la entrada de la clínica, les dijeron: “así como tienen huevos para andar haciendo sus desmadres, así tengan los huevos suficientes para enfrentarse a esa gente”.

En su declaración ante la PGJ, el soldado EM refirió que tomó 3 fotos a la persona herida y que las entregó al teniente JG. Los militares se dirigieron al maestro para que se identificase. El maestro explicó que tras enterarse del ataque había ido a ayudar a los jóvenes. Los militares dijeron que habían pedido una ambulancia en varias ocasiones, ante la insistencia del maestro.

Numerosos normalistas entrevistados que se encontraban en la clínica coinciden en que el comandante los regañó. Entre sus expresiones están: “tengan los huevos suficientes”, “se toparon con la mera verga”. Estos testimonios forman parte de las declaraciones ante la PGJ194.

Mientras se encontraban ahí sonó uno de los teléfonos de los normalistas y el comandante le dijo que respondiera poniendo el teléfono en altavoz. El normalista saludó a la persona que llamó y dijo que se encontraban en la clínica y que estaban los militares. Los normalistas fueron obligados a sentarse y uno de ellos apuntó el nombre de cada uno. Según los estudiantes, el comandante les dijo: “den el nombre real, si no, no los van a encontrar”. Dicha versión fue confirmada por el maestro que estaba en la clínica.

“Me preguntó: ¿usté a qué se dedica? y yo le dije, soy maestro. Y me dijo: ¿y esto les enseña? Yo le dije: he venido a apoyar a los muchachos porque les agredieron con armas de fuego. Le dice a uno (de los militares) tómales nombres, y de nuevo dijo: denme los nombres verdaderos, si me dan nombres falsos nadie los va a encontrar. Después nos dijo: lo que ustedes hicieron se llama allanamiento de morada, se metieron a una propiedad privada porque es un delito. Vamos a llamar a la policía municipal para que se los lleve. Los muchachos no hablaban, estaban estupefactos del miedo. Cuando dicen eso, me sentí con la obligación moral y le digo al oficial: si llaman a la policía municipal nos van a matar porque ellos son los que nos dispararon”, refiere el maestro.

La declaración del capitán C es totalmente opuesta a lo dicho por los estudiantes y el maestro de forma unánime. Según el capitán esto ocurrió: “Hablé con los jóvenes, que estábamos para darles seguridad, no les pedí los nombres ni les hicimos revisión alguna”. Según él, habló con el teniente coronel C, quien le ordenó que respetase los derechos de los estudiantes y que se trasladara a calle Álvarez y Periférico. Mientras, el coronel R señaló en su declaración que le informó el capitán C del buen trato a los estudiantes y que no tomó nombres.

Los militares tomaron varias fotos: una general a todos los normalistas juntos y varias a Edgar (el herido). Una más amplia y otra con detalle de la herida en la cara y la boca. Esa noche-madrugada, Edgar, que no podía hablar, escribió un mensaje: “sáquenme de aquí, no aguanto más”. La sangre lo ahogaba.

Pese a las heridas del estudiante, el capitán C refirió en su declaración ante la PGJ que el herido en el labio sangraba leve-moderado. Tanto el normalista herido como otros testigos señalan que cuando le tomaron las fotos le dijeron que eran para enviar al hospital para que tuvieran conocimiento y se prepararan para cuando llegara la ambulancia por el herido.

Según los normalistas, nunca les dejaron de apuntar con las armas, cosa que el capitán C en su declaración ante la PGJ negó totalmente. Los normalistas refieren que les decía frases como: “si se mueven les disparamos”, “sigan secuestrando autobuses”, “tengan los huevos suficientes para afrontar las cosas”.

El médico de la Clínica Cristina declaró que había llegado poco tiempo después. Según su testimonio, al tratar de ingresar en las instalaciones le fue impedido el paso por los militares que estaban ahí, hasta que habló con el capitán que dirigía el operativo.

En su declaración ante la PGJ, el médico refirió que el herido “estaba muy inquieto y caminaba de lado a lado, lo que llevó a que existiera sangre en todo el pasillo, en la escalera en los cuartos y le dije que se dejara atender aunque sea poner una compresa y el herido se negó rotundamente. Ya encontrándome en el interior observé que se encontraba un señor de unos 40 años, quien se identificó como maestro sin decir de dónde. Comentó que venía sustituyendo a una maestra que no pudo acompañar a los muchachos. Le insistieron el maestro, el capitán C y el médico de que se dejara atender y no quiso”.

Pero este relato es totalmente contradictorio con el de los normalistas, quienes afirman que el médico no llegó antes de que los militares y ellos mismos salieran de la clínica. También el maestro señala que el médico llegó después de que los militares se fueron, cuando él se había quedado con el normalista herido. Lo mismo dice el joven herido.

De acuerdo con el testimonio de los normalistas, el herido no se movió en ningún momento, estaba sentado, gravemente herido. Tampoco en las declaraciones de los militares se hace ninguna referencia a que el joven se negara a ser atendido. Había sido llevado a la clínica precisamente para buscar atención médica.

Respecto a sus heridas, estas sólo fueron apreciadas en su gravedad por los propios estudiantes, el herido y el maestro. El reporte militar desclasificado dice que la herida era superficial en el labio (herida en sedal). El médico también dice que “observó que la herida no era letal y que se encontraba neurológicamente íntegro”. Sin embargo, tiempo después Edgar fue ingresado en el Hospital general de Iguala con un diagnóstico de trauma facial con fractura de maxilar superior y pérdida de tejidos blandos del piso labial suelo palatino y labio superior.

Por la gravedad de su situación, le practicaron una gastrostomía y una traqueotomía. Edgar fue operado en el Hospital de Iguala, donde estuvo 15 días, y posteriormente fue trasladado al hospital Egea de Ciudad de México, donde permaneció 22 días hospitalizado. Desde entonces ha tenido sucesivas operaciones. En el hospital le indicaron que necesitaría posteriormente 3 o más cirugías reconstructivas, proceso en el que aún se encuentra un año después de los hechos.

“Ve a Edgar y le dice: híjole cuate, te dieron duro, vas a necesitar una cirugía. Doctor, le dije, écheme una mano para trasladarlo, si viene un taxi ¿usté me echa una mano? Sí, me dijo. Pero se fue hacia la parte de arriba a revisar su hospital”, relata el maestro.

Los normalistas salieron de la clínica poco tiempo después de que se fueran los militares, y refirieron que nunca vieron llegar al médico a la clínica. El maestro, el normalista herido y otro normalista que se quedó con ellos, refieren que el médico llegó después de que se fueran los militares, no cuando éstos estaban en la clínica como él afirma en su declaración.

Ninguna ambulancia llegó durante 1 hora 15 minutos que Edgar estuvo en la clínica. En su declaración, el capitán C refirió que el teniente coronel C ya había pedido una ambulancia, pero dicha ambulancia no llegó en el tiempo en que los militares estuvieron en la clínica. En una ampliación contenida en el documento desclasificado 22636 de la misma fecha se dice: permítome informar a esa superioridad lo siguiente: A. Los 25 estudiantes localizados en el interior del Hospital “Cristina” agradecieron al cap. 2/o José Martínez Crespo el apoyo brindado, manifestándole que no deseaban permanecer más en ese lugar, que se retirarían y que ellos por sus propios medios le brindarían atención médica a su compañero herido”.

Los normalistas salieron de la clínica unos 3 minutos después que los militares. Al salir, algunos se escondieron en una casa cercana donde se habían refugiado otros normalistas que huyeron del ataque en Juan N. Álvarez. Un normalista, el maestro y el herido se quedaron en la clínica. Después de la salida de los militares de la clínica, el maestro empezó a comunicarse para que viniera una ambulancia o un taxi.


Como a las 3:00 de la mañana del 27 de septiembre, los normalistas volvieron al lugar de los hechos, donde se encontraban los autobuses. Ya estaba el subprocurador Víctor León y había otra conferencia de prensa. Había presencia de unos 10 militares. Los propios estudiantes reconocieron a Daniel Solís y Julio César Ramírez, dos de los seis asesinados. Sin embargo, uno de los cuerpos no pudo ser reconocido y fue confundido con un normalista que se encuentra aún desaparecido. Posteriormente fueron a la fiscalía de Iguala, donde llamaron por teléfono a otros compañeros, hasta las 8:00 de la mañana del 27 de septiembre. Amanecía.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

AMLO, candidato puntero rumbo a 2018, según encuesta de El Universal

MÉXICO, D.F: El líder del Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, es el candidato mejor posicionado para la elección presidencial de 2018, según la encuesta nacional de El Universal/Buendía & Laredo.

El ejercicio realizado entre el 14 y 19 de agosto se centró en preguntar a los encuestados que dijeran, de manera espontánea, quién le gustaría que fuera el próximo presidente de la República; el 11% contestó que el tabasqueño.

Si bien, la calificación no es contundente, es la más alta obtenida entre los posibles candidatos nombrados por los entrevistados: los priistas, Eruviel Ávila Villegas, Miguel Ángel Osorio Gong, Luis Videgaray Caso y Manlio Fabio Beltrones.


Del PAN, Rafael Moreno Valle, Margarita Zavala Gómez del Campo, Gustavo Madero y Ricardo Anaya; del PRD, Miguel Ángel Mancera.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exhiben en video a agentes del MP de Jalisco que humillan y abofetean a 2 menores

MÉXICO, D.F: Dos funcionarios de la Fiscalía General de Jalisco fueron cesados luego de la difusión en redes sociales de un video en el que interrogan con groserías y golpes a dos adolescentes detenidos presuntamente por robar un teléfono celular.

“He instruido a la Dir. de Visitaduría para que cese de inmediato al personal de @fiscaliaJal involucrados en golpear a los jóvenes detenidos”, expuso en su cuenta de Twitter el titular de la Fiscalía, Eduardo Almaguer.

De acuerdo con la información difundida, el video fue grabado en las instalaciones de la dependencia ubicadas en la calle 14.

El funcionario dijo que estará trabajando contra los servidores públicos que se alejen del respeto a los derechos humanos. Agregó que aplicará “cero tolerancia” en las acciones de corrupción y prácticas de tortura en la dependencia.

Las imágenes fueron subidas este martes por la mañana a la página de Facebook de Leonardo Schwebel. En 1.43 minutos se observa a dos adolescentes de entre 14 y 16 años parados contra la pared. Uno de ellos solloza y lleva manchas de sangre en la playera.

Un hombre que viste camisa de cuadros azules y blancos le da una cachetada y le dice: “Contesta, ¿qué hiciste?”.

Un segundo sujeto del que sólo se escucha su voz y que sostiene el aparato con el que se graban las imágenes, le dice: “Te hablan cabrón” y le da otra cachetada.

El primer hombre sigue el interrogatorio: “Es pregunta y se contesta”. Enseguida le propina dos golpes más.

La persona que graba lo azuza: “Y ¿por qué aquél te ve tan bravo?”, refiriéndose al otro adolescente.

El primer agresor voltea con éste y le pega. El joven agacha la cabeza, pero el adulto se la levanta y le pega dos veces más haciendo que la cabeza le rebote en la pared. “¿Por qué me ves así hijo de tu perra madre?”, le reprocha.

La cámara regresa con el primer interrogado y el de la voz le pregunta: “¿por qué lloras?, cuéntale a la cámara, ¿qué, te da sentimiento?”. Sin parar de sollozar, el adolescente argumenta que él no quería cometer el delito: “yo ni siquiera se lo quería robar, yo se lo iba a entregar” y enseguida inculpa a su compañero.

-¿Tú se lo robaste wey?, le pregunta el hombre de la camisa cuadrada.

-Yo no, es que, yo…, tartamudea.

-¿Por qué tan puto tu compa te está aventando wey?, insiste el de la cámara.

En el video se escucha ruido de oficina, se ve una persona al fondo que observa el violento interrogatorio, pero nadie interviene. El hombre de camisa azul insiste:

-Cuando le quitaste el celular, ¿qué hiciste tú y qué hiciste tú?, les pregunta señalándolos con el dedo que parece sumir en la clavícula de los adolescentes.

El de la playera verde intenta contestar: “pues yo no hice nada yo…” La frase es interrumpida por un fuerte golpe en el lado derecho de su pecho que le quita el aire.

-“No ponga las manos hijo de su puta madre”, le dice.

El joven hace tres esfuerzos para recuperar la respiración, mientras que el hombre que sostiene el teléfono le dice: “agarra, agarra aire porque ahorita se te va a ir otra vez, agarra” y le sopla tres veces.

Hasta aquí termina el video que fue subido a Facebook con el título “Justicia a la mexicana al estilo Jalisco. Área de detenidos Calle 14”, y que después de siete horas ha sido compartido más de 10 mil 860 veces.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

Posterga el PRI debate por Ayotzinapa en San Lázaro

MÉXICO, D.F: En el arranque de la 63 Legislatura, el PAN “arrinconó” al PRI en la Cámara de Diputados al pretender el reconocimiento de que en el país existe la desaparición forzada; los priistas reaccionaron a la embestida pero sólo lograron postergar por dos días la discusión del caso.

En una maniobra que pareció un sencillo cambio a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales, el liderazgo panista envió a tribuna a su diputada por Guerrero, Guadalupe González Suástegui.

A nombre de su compañero Federico Doring, la legisladora fustigó: “La iniciativa que hoy se presenta duele no sólo a los mexicanos sino a todas y cada una de las instituciones del Estado. Es un reconocimiento a las víctimas del delito de desaparición forzada y un recordatorio para que estos hechos delictivos no se repitan jamás”.

Las palabras de la panista sorprendieron al coordinador del PRI, César Camacho Quiroz quien, azorado, escuchaba la definición por parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

“Esto es lo que está pasando en México y nosotros debemos legislar en su prevención y sanción, pero sobre todo para reconocer a las víctimas que lo han padecido y que, en al menos en 43 casos, lo están padeciendo”.

González Suástegui se refería a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

El tema se tenía programado para discusión en agenda política, al final de la glosa del tercer informe presidencial y luego de que se presentara el paquete económico; es decir, ya con el hartazgo y cansancio de los legisladores para que el caso terminara en el olvido.

La panista hizo un recuento de lo ocurrido contra los estudiantes el 26 de septiembre de 2014, e hizo referencia a la “verdad histórica” que el 7 de noviembre pasado propaló el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, versión con la que pretendió “dar por concluido el tema de los 43”.

La diputada del PAN advirtió que “hoy sabemos que los hechos no ocurrieron como lo sostuvo Murillo Karam, sembrando incertidumbre” con esa versión. Enseguida vaticinó que en su momento la PGR deberá rendir cuenta “sobre uno de los varios casos de desaparición forzada en México”, pero “mientras sigan sin aparecer, mientras sigamos sin conocer la verdad de lo ocurrido en Iguala, el caso de la desaparición de los 43 jóvenes seguirá siendo una herida abierta para México”.

En atención a ello, argumentó, el PAN propone que se declare el 26 de septiembre como el “Día nacional de condena a la desaparición forzada de personas”.

Es “indispensable” declararlo así, sostuvo.

En respuesta, el presidente de la mesa directiva, Jesús Zambrano, pretendió turnar el asunto a la Comisión de Gobernación, por cierto inexistente pues aún no se integran éstas. Pero en ese momento, una maniobra de Miguel Ángel Yunes Linares, expriista y ahora de Acción Nacional, sorprendió a los priistas.

Desde su curul pidió que no se turnara el asunto, pues aún no se conformaba esa comisión, y en su lugar propuso que se votara en ese momento por el pleno la sugerencia; enseguida los priistas comenzaron a moverse en sus curules, inquietos.

Yunes pidió que se resolviera como un tema de “urgente y obvia resolución”, lo que permite a toda iniciativa votarse en ese momento sin pasar por comisiones.

Camacho Quiroz envió entonces a su más experimentado orador, el vicecoordinador Jorge Carlos Ramírez Marín.

“¡Oportunismo!”, soltó desde su curul el priista yucateco al objetar la propuesta panista.

Luego expuso “nuestra objeción a un trámite que sería absolutamente indebido… favoreciendo este oportunismo francamente insultante para estas víctimas”, aleó al recordar que el artículo 61 del reglamento de la Cámara no permite alterar el orden del día a menos que sea acordado por la Junta de Coordinación Política (donde el PRI tiene mayoría).

“Insultante es lo que acabamos de saber el domingo pasado (que la PGR mintió sobre la desaparición de los 43 jóvenes); insultante es que el Estado siga mintiendo; insultante es que quieran verle la cara a los mexicanos. ¡Eso es insultante!”, reclamó el perredista Daniel Ordóñez para luego insistir en que el tema se votara por urgente y obvia resolución.

El pleno es soberano y puede resolver, reclamó.

El priista Ramírez Marín volvió a la cargada alegando que no se podía alterar el orden del día.

“El orden del día no es una herramienta jurídica inamovible”, objetó Doring.

Otro perredista, Omar Ortega Álvarez, respaldó al panista al sostener que el pleno “es la máxima autoridad para determinar el contenido” del orden del día.

Los priistas seguían nerviosos pero Ramírez Marín, hábil en el manejo de la reglamentación parlamentaria, reviró que eso era justo lo que el PRI alegaba, “que se puede modificar el orden del día pero con acuerdo de la Jucopo”.

“¡No con sorpresas y vivacidades que pretendan alterar los contenido de la sesión!”, arremetió.

Yunes ya no intervino pero sí Morena, partido que a través del diputado Juan Romero Tenorio respaldó la posición de PAN y PRD:

“No hay mucho que discutir sobre el tema, el pleno es soberano, el pleno decide el contenido de su orden del día, debemos atender a un principio constitucional de máxima protección de derechos humanos.

“Es un tema importante, tan importante que el propio presidente accedió a reunirse con los padres de familia de las víctimas”, sostuvo.

Siguió otro perredista, Arturo Santa Alfaro, quien se manifestó a favor de votar la propuesta panista y con la cual se estaría aceptando por parte del Poder Legislativo que en México hay desaparición forzada.

Le siguió el diputado del Verde, Jesús Sesma Suárez, que sugirió regresar el tema a la Jucopo y ahí se incluyera en un nuevo orden del día como de “urgente y obvia resolución”.

Ramírez Marín salió nuevamente a zanjar el diferendo y salvar a su partido, el PRI. Propuso que el PAN retirara su propuesta de “urgente y obvia resolución”, se regresara a la Jucopo y se “discutiera” ahí este miércoles 9 “para integrarla lo más pronto posible al orden del día, en el momento inmediato”, aunque nunca aceptó que se discutiría el jueves ese tema.

Pero el PAN se dobló. Se fue con la idea de que se discutiría el jueves 10 y aceptó retirar su propuesta.

Antes, Ramírez Marín justificó: “No es una evasiva” del PRI a discutir el tema, “al contrario, el interés es que sea un acuerdo y un consenso”.

El coordinador del PAN, Marko Cortés, dijo que aceptaba siempre y cuando se vote el tema el próximo jueves. Así lo dijo el presidente de la Mesa Directiva y el coordinador del PRI confirmó asintiendo con la cabeza, sin embargo, el acuerdo nunca quedó plasmado en el Diario de los Debates ni el PRI se comprometió a votarlo el jueves tal cual, pues Ramírez María evadió hábilmente con un “integrarlo lo más pronto posible”.


El PAN perdió así el ‘albazo’ que había aplicado a los priistas para regresar a la esencia de un verdadero Parlamento: que los temas se discutan en el pleno y no en acuerdo cupulares de la Jucopo como sucedió en la Legislatura pasada.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

“Mamá, me puede poner una recarga, me urge”, el último mensaje de un normalista

Las llamadas y los mensajes siguieron entrando a su celular, hasta el 20 de octubre pasado.

El Grupo de Expertos Independientes de la CIDH reveló un último mensaje de uno de los 43 normalistas desaparecidos.

Se trata de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, a quien describen como “joven de 19 años de edad, Estudiante de Primero C de Primaria de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos”.

“Su teléfono registra una llamada a las 22:16 h del 26 de septiembre desde una antena cercana al Palacio de Justicia de la ciudad de Iguala de la Independencia con coordenadas 18o19 ́44” N, 99o30 ́27” W lugar donde se encontraba en el bus Estrella de Oro 1531, entre otras”, señala.

“Recibió un mensaje a las 22:23:20 horas. Posteriormente, esa noche a la 01:16 h del día 27 de septiembre, su madre recibió este mensaje: “mamá me puede poner una recarga me urge” sin que se tenga conocimiento de la coordenada”, señala.

El informe de los expertos apunta que “después del 28 de septiembre al 20 de octubre diversas llamadas y mensajes entraron al celular de Jorge Aníbal”. 


Para el grupo de la CIDH  no ha sido posible “determinar si hay razones técnicas que expliquen estos hechos (la utilización del celular hasta el 20 de octubre), pero ha solicitado la investigación de estos mensajes”, pues contrasta con las declaraciones de inculpados por las desapariciones, quienes dijeron que “los teléfonos habrían sido destruidos inmediatamente”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.