Ciudad de México, 9 de septiembre: La ex Subprocuradora General de la República de México, Mariana Benítez, mintió al anunciar el pasado enero que esa dependencia había destituido a un delegado federal por una conducta irregular en relación con la muerte de un grupo de civiles en Apatzingán, según documentos obtenidos por Univision Investiga.
El funcionario, Alfredo Becerril, no fue destituido sino que renunció con un saludo de agradecimiento a la Procuraduría General de la República (PGR). Luego fue nombrado en Michoacán el nuevo fiscal para los delitos de alto impacto. En teoría, estos son los crímenes que más afectan a la población y más preocupan a las autoridades. Él se negó a hablar con Univision.
Benítez, quien hoy es Diputada federal por el PRI, hizo el anuncio de la falsa destitución en una comparecencia ante el Congreso.
“Cometió una grave falta. Mentir es algo grave y mentirle al Congreso yo diría que es todavía más grave’’, dijo el ex Diputado de oposición Fernando Belaunzarán.
Benítez respondió a Univision que no puede comentar sobre su intervención porque ya no trabaja en la PGR.
El gobierno mexicano no investigó ni sancionó a Becerril y tardó dos meses en responder a Univisión que no existía la destitución.
UNA FALSA DESTITUCIÓN
Habían pasado apenas 24 horas de que ocho civiles fueran abatidos a tiros en el municipio de Apatzingán, en el occidente de México. Las muertes violentas sucedieron poco antes de las ocho, en la mañana del Día de Reyes, una fiesta católica en México que congrega a los niños en cada casa alrededor del árbol de Navidad, en espera de recibir juguetes.
Varios de los vecinos de Apatzingán estaban entregando los regalos, cuando escucharon disparos y gritos. Luego vieron cuerpos tendidos en las calles. Los charcos de sangre cubrían el suelo debajo de varias camionetas. Había cabezas destruidas por las balas, cuerpos hasta con 20 heridas, enormes boquetes por los que las víctimas se desangraban en el suelo.
El entonces Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, convocó en la mañana del 7 de enero a una conferencia urgente. A su lado estaba el representante del mismo cuerpo de seguridad que ya cuestionaban las primeras versiones de la prensa, el mando local Fausto Arenas, de la Policía Federal.
Castillo presentó videos, diagramas, explicaciones, que condujeron a una conclusión: “La Policía Federal fueron a darles alcance, fueron e inclusive una emboscada y en este caso la Policía Federal lo que hizo fue repeler la agresión”.
En los propios videos de seguridad que mostraron, se observa cómo los civiles corren en sentido contrario al lugar donde se ubican los policías. En la conferencia, Castillo afirma que en ese momento es cuando comienza “el enfrentamiento”.
El saldo oficial fue de ocho civiles muertos, uno más “atropellado” y 44 detenidos, de los cuales 43 salieron de prisión 10 días más tarde, por falta de pruebas. Ninguno de los uniformados fue detenido en ese momento, ni lo ha sido durante los ocho meses que han transcurrido desde el suceso.
El 20 de enero, Mariana Benitez, quien entonces ocupaba el cargo de Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, compareció ante la Comisión Permanente del Congreso. Allí dijo que los legisladores debían comprender que la Procuraduría no había tenido “mucho tiempo para armar la investigación”.
Añadió un anuncio, como muestra de la eficacia de la PGR: “Se detectó que hubo irregularidades en la actuación del Ministerio Público y el día de hoy el Procurador General ha destituido del cargo al delegado de la PGR en el estado de Michoacán, precisamente por una conducta irregular en el caso de Apatzingán”.
Ese delegado era Alfredo Becerril, un maestro en Derecho con experiencia en instituciones de procuración de justicia. Había llegado al cargo en febrero de 2014, menos de un mes después de que Castillo, uno de los colaboradores más cercanos al Presidente Enrique Peña Nieto, fuera nombrado el Comisionado del Gobierno federal para Michoacán.
El delegado había sido subordinado de Castillo en sus últimos tres puestos. Estuvo bajo su mando como subprocurador en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México mientras Peña Nieto era Gobernador y Castillo era Procurador.
Cuando Peña llegó a la presidencia, Castillo se convirtió en el Procurador Federal del Consumidor y Becerril en su director general adjunto. A Michoacán, Becerrril llegó como el enlace de Castillo con la PGR.
A pesar de esta cercanía, Benítez anunciaba que el Procurador, entonces Jesús Murillo Karam, había destituido a Becerril.
Univision Investiga solicitó a la PGR, mediante los mecanismos mexicanos de acceso a la información pública, la destitución y las comunicaciones oficiales que se hubieran marcado con copia a Benítez.
Después de meses de litigio ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la PGR confirmó que no existe en sus archivos tal destitución ni alguna comunicación oficial dirigida a Benítez al respecto.
El comisionado del INAI Francisco Javier Acuña, ponente en la resolución del caso de acceso a la información, consideró: “no cuadra que habiendo ido a una comparecencia pública ante el Congreso diga: lo destituimos y luego aparezca el sujeto obligado (PGR), ya no ella, el área de transparencia, nos contesta a través del jurídico cuando nos responde: Mire, lo que hay es una renuncia de este señor, coincide el señor, es la misma persona y bueno, hay una renuncia”.
La diferencia entre una renuncia y un cese no es menor. La ley laboral en México señala que una renuncia voluntaria significa para un trabajador cobrar sus pagos pendientes y retirarse del puesto sin ninguna consecuencia.
Pero los protocolos de otra ley, que aplica para los servidores públicos, marcan que una destitución habría estado seguida por aviso a la contraloría interna de la PGR, a la que seguiría el inicio de una investigación contra Becerril por las irregularidades. La resolución del INAI determinó que la PGR tampoco tiene algún documento de que este aviso haya existido.
La renuncia ocurrió varias horas después de la comparecencia de Benítez ante el Congreso. Tiene un sello de recibido a las 11:55 de esa noche. En el documento, Becerril agradece “el alto honor concedido del encargo” y deseaba a sus compañeros “el mejor de los éxitos en la larga y difícil tarea de procurar justicia por nuestro país”.
Los ocho meses que han transcurrido desde los hechos en Apatzingán, engrosaron dos averiguaciones previas, pero no afectaron la carrera política de Benítez. Un mes después de la comparecencia, ella renunció a su puesto en la PGR y se dedicó a hacer campaña.
Realmente no lo necesitaba. Fue incluida como candidata a diputada del PRI, por la región de Oaxaca, en los primeros lugares de una lista de candidatos plurinominales, un esquema del sistema político mexicano que permite a algunos candidatos llegar a puestos de elección popular sin ser electos, únicamente como parte de una cuota por los votos globales que obtiene su partido.
En esta posición, Benítez tomó posesión como Diputada del PRI en la Cámara baja el 29 de agosto, lo cual le garantiza un fuero constitucional de tres años. El Código Penal Federal mexicano indica que mentir en informes dados a una autoridad podría acarrear una pena “de cuatro a ocho años de prisión.
“No hubo tal destitución y por lo tanto no hubo investigación y entonces quedó en la impunidad. Un mal funcionario que hizo mal su trabajo sobre la masacre en Apatzingán es premiado, fue primero protegido y después premiado” agregó el Diputado Belaunzarán.
En efecto, Becerril fue nombrado recientemente como en nuevo Fiscal de Delitos de Alto Impacto, que incluyen el secuestro, el homicidio, el robo con violencia y la extorsión, precisamente en Michoacán, donde la investigación sobre las muertes de los civiles el 6 de enero continúa abierta.
El director ejecutivo para México de Amnistía Internacional, Perseo Quiroz, considera que este nombramiento es grave: “Si los delitos de alto impacto son los que más le importan al Estado mexicano y en donde en teoría está poniendo más la lupa, tendrías que poner a las personas más capacitadas y que tuvieran un perfil plenamente confiable.
FUENTE: SIN EMBARGO/UNIVISIÓN.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/09-09-2015/1479969.
MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó que todas las investigaciones que se realicen sobre el caso Ayotzinapa “se desahoguen de manera objetiva, coherente, integral y exhaustiva, con apoyo en evidencias y criterios científicos rigurosos”.
En un comunicado, dijo que la relevancia y trascendencia del caso exigen que los pronunciamientos que de él deriven “permitan conocer la verdad, propiciar que los responsables respondan de sus actos, sean sancionados y se haga justicia conforme a derecho, evitando que exista impunidad y que los derechos de las víctimas sean violentados”.
Y fue clara: “Las pruebas y las evidencias que sustenten las conclusiones de las investigaciones serán las únicas vías para conocer la verdad sobre este caso”.
Tres días después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el “Informe Ayotzinapa: investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”, la CNDH le dio la “bienvenida” y aseguró que “presenta muchas coincidencias” con el estudio “Estado de la investigación del caso Iguala”, que ésta presentó en julio pasado.
De hecho, dijo que ya agregó la versión pública de dicho informe a su estudio y se encuentra en la etapa de análisis del mismo.
El informe, aseguró, hace patente “la necesidad de que en este asunto se hagan efectivos los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral del daño a las víctimas y a la no repetición”, premisas que, añadió, han orientado la investigación que sobre el caso ha hecho la CNDH.
Además, resaltó la necesidad de que las autoridades tomen en consideración las propuestas, observaciones y comentarios que se plantean en el informe presentado por el GIEI y el informe que difundió la CNDH en julio pasado.
La Comisión detalló que en “días recientes” la Procuraduría General de la República (PGR) le entregó un documento sobre los avances de su investigación, mismo que tiene en etapa de análisis.
La CNDH aclaró que para el organismo la investigación del caso Iguala “no está cerrada y 42 normalistas están en calidad de desaparecidos”.
Reiteró que las investigaciones que realicen las instancias competentes “no deben descartar ninguna línea de investigación, incluida la del narcotráfico, la cual fue señalada en los puntos 23 y 24 del capítulo de Observaciones y Propuestas, del informe presentado por este organismo nacional”.
Por conducto de la Oficina Especial para el “Caso Iguala”, dijo, la CNDH seguirá interactuando con el GIEI, “con fines de diálogo e intercambio de información y puntos de vista sobre la atención del caso”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MORELIA, Mich: Luego de que Arnulfo Torres Delgado, juez Primero de lo Penal del distrito judicial de Morelia dictara la formal prisión contra el líder de las autodefensas en Aquila, Cemeí Verdía Zepeda, éste denunció que su detención es un “capricho del gobernador Salvador Jara”.
Alrededor de las nueve de la mañana, el juez Torres Delgado resolvió la situación jurídica del imputado después de concluir la duplicidad del plazo constitucional solicitada por la defensa.
Cemeí Verdía fue acusado de homicidio calificado por hechos ocurridos en mayo pasado, cuando integrantes de la Fuerza Rural se enfrentaron con un grupo delictivo en el que perdieron la vida cuatro personas. Sin embargo, ya la juez cuarto había desechado esa acusación por falta de elementos probatorios.
Esta mañana, el Juzgado Primero de lo Penal destacó en un comunicado que de acuerdo con “declaraciones de testigos, inspecciones, dictámenes periciales y constancias revisadas por el juzgador, se resuelve que con base en circunstancias probadas se cuenta –hasta este momento procesal– con elementos para acreditar el cuerpo del delito de homicidio, así como la probable responsabilidad del imputado Cemeí en la comisión de dicho ilícito”.
Por tratarse de un delito considerado grave, el imputado no puede enfrentar el proceso en libertad.
En entrevista concedida vía telefónica desde el penal Mil Cumbres, Cemeí Verdía aseguró que la “opacidad e inconsistencias” que se han presentado en su proceso son una muestra de que Jara Guerrero pretende retenerlo en prisión mientras continúe al frente del Ejecutivo estatal.
Sin embargo, aseguró que una vez que se consume el cambio de administración y Silvano Aureoles arribe al gobierno del estado, podrá gozar de su libertad.
Pese al par de autos de formal prisión que se le dictaron este miércoles, Cemeí manifestó su confianza en que su defensa jurídica podrá revertir esta situación, a fin de que se compruebe su inocencia, por lo que su abogado Ignacio Mendoza ya apeló el fallo del juez.
De manera reiterativa, el líder de las autodefensas en la Sierra-Costa Nahua aseguró que las autoridades no cuentan con pruebas contundentes para demostrar su culpabilidad, por lo que confió en que en las próximas horas los cargos que le fueron imputados podrán ser descartados.
El 28 de julio pasado, tras permanecer 40 días en prisión, Cemeí Verdía salió libre del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 4, de Tepic, Nayarit, luego de ser absuelto del delito de posesión de armas, pero fue reaprehendido minutos después y trasladado a la cárcel de Mil Cumbres.
En aquella ocasión, su abogado Ignacio Mendoza Jiménez consideró que un juez del estado de Michoacán “aceleró dolosamente” los trámites para que fueran liberadas dos nuevas órdenes de aprehensión por delitos del fuero común, robo y homicidio, como lo quería la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Las autoridades michoacanas atribuyen a Cemeí Verdía al menos cuatro asesinatos ocurridos el pasado 26 de mayo en el poblado de Barranca del Seco, municipio de Aquila, así como el hurto de alambre de púas del ayuntamiento.
Mendoza Jiménez, abogado de Cemeí Verdía, apeló el auto de formal prisión dictado por el delito de homicidio calificado la mañana de este miércoles.
En entrevista telefónica, indicó que la formal prisión es por las mismas causas y pruebas por las que ya dejaron en libertad previamente al líder de las autodefensas, motivo por el que de inmediato presentó la apelación correspondiente.
También dio a conocer que la orden de aprehensión por delitos electorales fue cumplimentada a la una de la mañana de este día y a partir de ese momento inició el periodo de 72 horas para resolver su situación jurídica en cuanto ese ilícito.
Además, dio a conocer que el viernes pasado el procurador Martín Godoy Castro visitó a Cemeí Verdía en la prisión en que se encuentra, y le adelantó el fallo en su contra, aunque también le pidió que “ya se calme”.
“Cuando hay razones de Estado es difícil que los argumentos de la defensa prosperen”, lamentó el defensor, quien consideró que el asunto está “muy politizado”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
GUANAJUATO, Gto: “De ninguna manera, no lo veo con simpatía”, atajó el presidente del Senado, el priista Emilio Gamboa Patrón, al rechazar la propuesta del PAN para convocar a una comisión internacional que investigue la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa a través de una fiscalía especial.
“¿Qué, los mexicanos no podemos resolver nuestros problemas? Yo preguntaría eso a ellos (los senadores panistas)”, reviró el también líder de la bancada del PRI en el Senado.
Al asistir a la 14 asamblea de la Confederación Parlamentaria de las Américas (Copa) en esta ciudad, Gamboa Patrón dijo que el trabajo por parte de las instituciones mexicanas y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (CIEI) “se ha hecho y no ha terminado; la investigación no ha concluido. Aquí nosotros debemos resolver en nuestro país nuestros problemas; sin duda alguna tenemos que llegar a la verdad”.
Así respondió Emilio Gamboa a la propuesta hecha ayer por senadores de Acción Nacional para convocar a la Organización de Estados Americanos (OEA) a que se integre una comisión internacional contra la impunidad en el caso Ayotzinapa.
Al ser interrogado sobre la petición para llevar a juicio político a Jesús Murillo Karam, el senador priista dijo que “el primer esfuerzo” efectuado por la PGR con Murillo “fue serio y profesional” y tiene su aval, a pesar de que reconoció que todavía falta para llegar al esclarecimiento de lo ocurrido en el ataque a los normalistas en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.
A pesar de ello, se negó a admitir la posibilidad de apelar a una comisión internacional, y más bien anunció que el seguimiento a los trabajos de la PGR y del GIEI se analizará en el Senado, donde se integrarán comisiones, lo mismo que en San Lázaro.
“Lo que presentó el Grupo Interdisciplinario es algo que tenemos que considerar; mi respeto absoluto a los miembros de ese equipo de trabajo”, admitió.
Luego recordó que con la intervención de la UNAM, del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y otros organismos se efectuaron 640 peritajes de expertos del exterior. “Hemos hecho nuestro trabajo… faltan cosas (pero) tenemos todos que hacerle frente como mexicanos a lo que nos hemos enfrentado (sic)”, justificó.
Incluso, Gamboa Patrón pidió no olvidar que Iguala es un municipio gobernado por el PRD y que Guerrero era gobernado por el mismo partido cuando se cometió la agresión a los normalistas y éstos fueron desaparecidos, “y no le hemos echado culpas a nadie, pues de lo que se trata es que salga la verdad”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VÉRONICA ESPINOSA.
Una investigación preliminar de las muertes de ocho civiles en un supuesto enfrentamiento con policías federales el 6 de enero en Apatzingán, Michoacán, muestra que las autoridades dieron explicaciones que contradicen la versión oficial de un fuego amigo o una confrontación.
Una ficha inédita de la averiguación previa de la Procuraduría General de la República (PGR), obtenida por Univision Investiga, presenta nuevas evidencias de que las víctimas pudieron ser abatidas por los cuerpos de seguridad del gobierno mientras huían de la escena o ya estaban en el suelo.
“Son demasiados disparos y son disparos en regiones [del cuerpo] no muy comunes de un enfrentamiento”, sostuvo el perito Fernando Elzaurdia, quien analizó el documento a solicitud de Univision.
Las actuaciones de la autoridad se concentraron en desmentir versiones periodísticas sobre el caso, que han apuntado a que los civiles fueron ejecutados por los policías mientras estaban armados solo con piedras y palos.
LAS VÍCTIMAS DE ESPALDAS Y ACOSTADAS
Parte del cuestionamiento alrededor de la versión del enfrentamiento surge del reporte de la necropsia de uno de los seis hombres y dos mujeres que fallecieron esa mañana. Él presentó 20 heridas por arma de alto poder y los otros promediaron siete lesiones cada uno.
El hombre de 25 años identificado por la PGR como Miguel Ángel Madrigal Marmolejo y/o Guillermo Gallegos Madrigal, tenía 20 heridas, la mayoría en el lado derecho de su cuerpo. En la fotografía que le fue tomada ese día, aparece precisamente acostado sobre ese lado.
Elzaurdia explica que esto sucede porque “ya en esa posición fue agredido. No es tan normal que en un enfrentamiento como tal, dos personas disparándose, una persona reciba tantos disparos, esto más bien me habla que esta persona estaba recibiendo disparos sin repeler agresión alguna’’.
Las pruebas están contenidas en una “ficha de seguimiento de asunto relevante” de la PGR, fechada el 28 de abril. Una copia de este documento se remitió a la oficina de la titular de esa institución, Arely Gómez, según confió a Univision una fuente interna con acceso al documento.
Seis días después de que la noticia de estas muertes en Apatzingán se convirtiera en un tema de interés para la prensa mexicana, el excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, Alfredo Castillo, declaró: “Prácticamente todas las personas fallecidas pudieron haber sido ultimadas por sus propios compañeros”.
Otros de los fallecidos presentaron disparos en la espalda, la parte posterior de la cabeza y los glúteos. El perito considera que las víctimas “no estaban de frente” a que les disparan “sino que estaban de espaldas”.
Los videos de las cámaras de seguridad cercanas y otro de un celular que grabó una de las sobrevivientes coinciden con esta explicación. En ellos se ve a un grupo de personas que baja de unas camionetas, armados con piedras y palos. En pocos segundos regresan corriendo a cubrirse, cuando los tiros comienzan a sonar.
PRUEBAS NO CONCLUYENTES
En la averiguación previa no hay indicios de que las autoridades hayan realizado pruebas periciales encaminadas a probar la versión que descarta el enfrentamiento y plantea una posible masacre.
El perito en criminalística consultado por Univision Investiga considera que “hay una disociación de las armas que se encuentran con el tipo de casquillos que se encuentran. No coinciden, y tampoco coinciden el número de armas con el número de participantes en el hecho, hay muchas cosas que están muy vagas en los documentos oficiales”.
Así se aprecia en los números que consigna el documento, los cuales no cuadran: participaron 43 policías federales, de los cuales 28 declararon haber disparado. A todos se les hizo pruebas de pólvora y solo 12 dieron positivo.
Cuatro armas de los civiles y 20 fusiles de alto poder de los policías federales fueron disparados, pero en la escena solo hallaron 15 casquillos, cuyos modelos no coinciden con las armas encontradas. En el documento, no aparecen otras pruebas periciales que aclaren ninguna de las divergencias.
También hay dudas respecto a otras pruebas. A los federales les analizaron para comprobar si tenían restos de pólvora el 8 de enero, más de dos días después de los hechos.
Elzaurdia explicó que una prueba de pólvora, en un ser humano vivo, no tiene valor después de ocho horas. Añadió que “no es una prueba confirmativa de que hayan disparado. Es más, es una prueba que se puede amañar, tan solo con frotar la mano con una superficie, una tela, un pantalón, se puede borrar el indicio”.
Todas las víctimas dieron positivo a restos de pólvora en su manos, pero ninguno en su ropa. El perito considera que si verdaderamente la persona disparó “sí tendría que salir positiva esa prueba de Walker en sus ropas”. Con esta evidencia, el especialista no descarta que también esa prueba en los fallecidos haya estado falseada.
Los dos sobrevivientes del caso fueron entrevistados por las autoridades en un hospital local. Dijeron que no habían disparado, que solo llevaban palos y que los policías los habían atacado. Ellos resultaron negativos en sus pruebas de pólvora.
“Algunas de las víctimas están siendo perseguidas, ellas hablan de elementos policiacos estatales y de la policía federal, y hablan también de casos de detención, tortura y encarcelamiento de algunos de los familiares de las víctimas”, contó a Univision la periodista Laura Castellano, quien más ha seguido el caso.
En abril, Univision publicó un reportaje de Castellanos que ya arrojaba dudas sobre la versión del enfrentamiento, basado en decenas de testimonios de sobrevivientes y testigos. Varias de las diligencias de la investigación de la PGR después de la publicación estuvieron encaminadas a desmentir fragmentos de este trabajo periodístico.
Con el análisis conjunto de la investigación, el especialista consideró que “sería adecuado hablar de que hay ciertas cifras y ciertos datos que no nos coinciden, que no son claros y habría que pedirle algún resultado más concreto y más apegado a la realidad a nuestras autoridades. Esos datos que se tienen hasta este momento no hablan de un enfrentamiento sino más bien de una ejecución”.
FUENTE: SIN EMBARGO/UNIVISIÓN.
AUTOR: REDACCIÓN/ PENILEY RAMÍREZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-09-2015/1481124.
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) tendrá que desclasificar y hacer públicos los documentos sobre el crédito de 2 mil 775 millones de pesos, que otorgó a Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V., subsidiaria de Constructora Teya, filial de Grupo Higa, para la construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan, y para la que se expropiaron 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México.
La resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), notificada a Banobras el pasado lunes 7 de septiembre, destaca que cuentan con 10 días hábiles para hacer públicos los documentos que le fueron negados a un solicitante bajo el argumento de que la información estaba clasificada como reservada por “secreto bancario”, y de que no existían los datos relacionados con el banco que otorgó el crédito.
En entrevista para SinEmbargo, Joel Salas Suárez, Comisionado del Inai, explicó que tras el recurso de revisión del solicitante, la resolución fue encaminada bajo la noción de que al tratarse de recursos públicos, el argumento de secreto bancario no es válido.
Salas Suárez descartó la aprobación de un periodo de prórroga en caso de que la entidad lo solicitara, ya que la única información que puede y debe reservar es la del nombre de la persona que formó parte del Comité Ejecutivo de Crédito de Banobras.
“Los documentos se pueden abrir y no requiere mayor carga”, comentó el Comisionado.
De acuerdo con Salas Suárez, fue al momento de entrar al estudio del caso que el Inai cayó en cuenta de que se trataba de una obra a cargo de una filial de Grupo Higa, empresa propiedad de Armando Hinojosa Cantú, y que recientemente fue investigada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por la sospecha de conflictos de intereses con el Presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
José Antonio Lara Duque, Coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), detalló que la resolución del Inai sienta un importante precedente al poner el tema en debate público y lo mínimo que esperan es que Autopistas de Vanguardia pare de forma definitiva la construcción de la autopista.
“Ese dinero ya no debe moverse, porque si no la idea de que los grandes actos de corrupción en México se solapan, continuará creciendo [...] porque se sigue descubriendo esta delicada y aberrante red de corrupción que existe sobre todo en las tierras mexiquenses”, afirmó.
Con base en los 456 documentos que conforman la investigación de la SFP se concluyó que ni el Presidente ni el titular de la Secretaría de Hacienda “actuaron bajo conflicto de interés” con la empresa de Armando Hinojosa Cantú, aunque de 2013 a la fecha Higa y sus filiales se han adjudicado contratos por mil 037 millones 563 mil 737 pesos.
El hecho de que el documento del crédito otorgado para el financiamiento del diseño, construcción, operación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan, no figurara dentro de la investigación podría deberse a que éste tiene fecha del 26 de octubre de 2012; sin embargo, el Comisionado detalló que por parte del Inai hubo una advertencia sobre lo oportuno de hacer públicos todos los documentos de los organismos federales que tuvieran relación con Grupo Higa.
“Después de atraer la problemática, analizamos todos los contratos que Banobras reportó a la Secretaría de la Función Pública y nos dimos cuenta que esta obra no está dentro lo que se analizó (…) Nosotros nos permitimos hacer la sugerencia de que se liberaran todos los contratos con Higa y sus filiales, que valdría la pena eso, ya que así se generaría suspicacia. Llama mucho la atención que la investigación no haya hecho públicos los contratos con la empresa”, explicó.
Lara Duque, defensor de derechos humanos del Estado de México, calificó como aberrante la intención de Banobras de ocultar información y evidencia que en el país están arraigadas las prácticas antidemocráticas en los ejercicios de transparencia.
Los resultados de la investigación de la SFP muestran contratos de Banobras, pero con Eolo Plus, la empresa de viajes aéreos y de helicópteros de Higa. Sólo en 2013 se registraron seis vuelos de entre una y dos horas de duración, con un costo total de 46 mil 295 dólares.
Los pasajeros de estos viajes fueron Alfredo del Mazo Maza, primo del Presidente Enrique Peña Nieto y quien fungía como director General de Banobras en la fecha en que fue otorgado el crédito en cuestión, y Luis Dosal, el director de Proyectos.
En el documento de contratos de Banobras hay otra liberación de pago del 26 de diciembre de 2013, en el que se expiden ocho pagos de mayo a diciembre de ese mismo año, que suman 135 mil 798 dólares.
En 2014, los viajes tuvieron un costo de hasta 849 mil 227 pesos, y para 2015 los pagos registrados van desde los 899 mil 455 hasta los 221 mil 332 pesos.
“Queda claro que las investigaciones entre compadrazgos y familiares, mantienen la impunidad y la opacidad en el manejo de las finanzas públicas. Este gobierno de la República, originario del Estado de México, se ha caracterizado por profundizar este ejercicio de gobierno en el que compadres y allegados políticos se distribuyen todas las autorizaciones, la riqueza y cometen actos de corrupción”, consideró Lara Duque.
La autopista fue concesionada desde 2007 y desde entonces se ha encontrado con el rechazo de comunidades que se verán afectadas por su construcción. Al día de hoy, el proyecto tiene ya un alto porcentaje de avance, pero uno de los factores que ha impedido que continúe la construcción, es la resistencia de los pueblos indígenas de la región.
De acuerdo con información publicada por la Secretaría de Comunicaciones mexiquense, la autopista conectará con la otra la autopista La Venta-Chamapa-Lechería y canalizará el tránsito vehicular procedente del poniente de la entidad, el Valle de Toluca y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca al área norponiente de la Zona Metropolitana del Valle de México. La construcción de la vialidad, cuya longitud será de 39 kilómetros, implicará un gasto de 7 mil 200 millones de pesos, según la misma dependencia.
La obra abarcará los municipios de Toluca, Lerma, Huixquilucan y Naucalpan y atravesaría las áreas naturales protegidas estatales Parque Ecológico, Turístico y Recreativo “Parque Otomí-Mixteca” y Santuario del Agua y Forestal Sub Cuenca Tributaria del Río San Lorenzo, además de comunidades otomíes de la zona de la montaña, entre ellas San Francisco Xochicuautla, San Lorenzo Huitzizilapan, Santa María Tlalmilolpan, Jajalpa, Santa María Atarasquillo, San Nicolás Peralta y Santa Cruz Ayotuxco.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-09-2015/1480120.
MÉXICO, D.F: A casi un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la percepción de que el gobierno federal es el responsable de la tragedia va en aumento, igual que la creencia de que los estudiantes están muertos.
Así lo revela una encuesta nacional publicada hoy por El Universal que indica que 34% de la población atribuye al gobierno federal la responsabilidad de la desaparición de los estudiantes, cifra 19% mayor a la que registró en su sondeo de noviembre último.
Un 47% cree que los autores materiales del hecho son una banda del crimen organizado y 46% que fue la policía municipal de Iguala.
El 54% dice que la tristeza es la emoción que mejor describe su estado de ánimo cuando piensa en el caso y 80% cree que los estudiantes ya están muertos. Esta percepción subió 12% con respecto a la encuesta de noviembre.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La Cámara de Diputados no aprobará cambios a la ley para establecer “el 26 de septiembre como el día nacional de condena a la desaparición forzada de personas” -como propuso el PAN- y en su lugar sólo avalará “un decreto” del que el PRI aún discute su redacción.
Luego de que el PAN sorprendiera al PRI en la sesión del martes pasado al presentar una modificación menor a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que llevaría a declarar el 26 de septiembre como el día contra la desaparición forzada y donde los priistas reaccionaron postergando su discusión, finalmente este miércoles dieron marcha atrás al albazo panista.
El PRI, a través Jorge Carlos Ramírez Marín, pidió postergar aún más la discusión sobre Ayotzinapa y la desaparición de los 43 normalistas y llevarla hasta el martes de la próxima semana.
En el marco de la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde se elaboraría el orden del día para incluir como punto a discusión de la sesión del jueves 10 la aprobación de la modificación propuesta por el PAN, el PRI dijo que siempre no.
Ramírez Marín argumentó que el 30 de agosto es el Día Internacional contra Desaparición Forzada, por lo que propuso abordar en forma distinta el tema y pidió trasladar la discusión para el próximo martes, sugerencia que el PAN aceptó.
El coordinador del PAN, Marko Cortés, aceptó el día de ayer “bajar” la propuesta de su partido a cambio de que hoy miércoles el tema se discutiera e incluyera para su discusión este jueves 10.
En la sesión del martes el coordinador del PRI, César Camacho Quiroz, asintió con la cabeza que así se haría, según confirmó al micrófono el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Zambrano; sin embargo, desde su curul el vicecoordinador priista, Jorge Carlos Ramírez Marín, expresó que el tema se abordaría en la reunión de este miércoles “para integrarlo lo más pronto posible al orden de día, en el momento inmediato”.
Es por ello que el PRI nunca aceptó públicamente ni quedó asentado en el Diario de los Debates que se comprometería a una discusión del tema para el jueves próximo.
Así, con el voto ponderado y donde el PRI y sus dos aliados, PVEM (47) más Panal (11) suman 260 sufragios, sin problemas ganarían la votación para emitir sólo “un decreto”; repensar la “redacción del mismo” y trasladar el debate parlamentario hasta el martes de la semana que entra.
Luego de ello PAN y el resto de los partidos se sumaron al PRI debido a que solos no hacen mayoría.
Ya en público, el panista Marko Cortés justificó la postergación de la discusión con el alegato de que se busca alcanzar un acuerdo que “permita que todas las fuerzas lo podamos construir y que sea en un proceso parlamentario. Todos coincidimos en conmemorar ese día… Estamos buscando cuál será el nombre más correcto para que todos los mexicanos lo recordamos para que sea conmemorado”.
Lo anterior implicaría que el término “desaparición forzada” sea suprimido del “decreto” que busca conmemorar los hechos del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
CANCÚN, Q. Roo: A un año de que concluya su administración, el gobernador del estado, Roberto Borge, suma un historial de excesos y abusos, aumento de la deuda, actos de corrupción y violaciones a libertades y a los derechos humanos.
Este 9 de septiembre, Roberto Borge rinde su cuarto informe de gobierno. Al inicio de su administración, cuando presentó su Plan de Desarrollo 2011-2016, ofreció la construcción de un puente de 22 kilómetros en la bahía de Chetumal y otros dos en Punta Cancún y en la laguna Nichupté.
Sin embargo, ninguna de estas obras ha iniciado, y sí, en cambio, la deuda pública se ha duplicado. Con Borge, Quintana Roo se convirtió en el estado con la mayor deuda per cápita del país.
La deuda total de largo plazo de Quintana Roo alcanzó los 19 mil 621 millones de pesos con 13 préstamos, frente a los 10 mil 500 millones de pesos que dejó el exgobernador Félix González Canto, de acuerdo con el último reporte de calificadora financiera Standard & Poor’s publicado el pasado 15 de julio y con corte al 31 de marzo de 2015.
Ante la elevada deuda de la entidad, los bancos acreedores establecieron una serie de condicionantes para aceptar la restructuración de los pasivos bancarios de la entidad, que se concretó en 2014.
Entre otros puntos, obligó a un plan de austeridad, que implicó el despido de tres mil burócratas, en su mayoría de Chetumal, la capital del estado, y limitar la deuda a largo plazo hasta 20 mil millones de pesos.
La calificadora señala que el gobierno de Quintana Roo tiene una deuda con proveedores por dos mil 286 millones, que “sigue siendo alta y podría presionar la liquidez del estado en los próximos años”.
La calificadora evaluó diferentes indicadores económicos del estado y, de entrada, establece que la administración financiera de Quintana Roo es “débil”.
Standard & Poor’s considera que la economía de la entidad es “relativamente débil” por la elevada concentración en el sector turístico.
Más de la mitad de la deuda que ha contraído Borge fue en 2013, año electoral para Quintana Roo, cuando el PRI ganó en los 10 municipios y obtuvo el control absoluto del Poder Legislativo.
De acuerdo con la calificadora Fitch Ratings, del 31 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2013, la deuda pública del estado se incrementó en cinco mil 006 millones de pesos.
Fitch Ratings precisó que en diciembre 2013 la deuda estatal ascendía a 10 mil 871 millones de pesos y al 31 de diciembre de 2013 subió a 15 mil 977 millones de pesos, con lo que en un año se incrementó en 45.6 por ciento.
El recurso de Roberto Borge de recurrir a créditos bancarios se ha replicado en casi todos los ayuntamientos del estado.
En Cozumel, el actual alcalde, Fredy Marrufo, incrementó la deuda de esta demarcación a 691 millones de pesos y en Solidaridad (Playa del Carmen), el Edil Mauricio Góngora, también del PRI, a 817 millones.
Municipios que jamás habían recurrido a créditos bancarios también pidieron préstamos , entre ellos Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, donde se ubica la isla de Holbox, por 10 millones 500 mil pesos y ocho millones, respectivamente.
Frente a la crisis económica, el gobernador Roberto Borge no escatima en los gastos de sus servicios personales y difusión de su imagen.
En el Presupuesto de Egresos de 2015, con el apoyo del PRI, PVEM y Panal, el gobernador determinó aumentar de 75 millones 100 mil pesos a 80 millones 644 mil pesos el presupuesto de los Órganos Administrativos Desconcentrados del Despacho del Ejecutivo.
Dentro de estos Órganos del Ejecutivo, la Unidad del Vocero pasó 33 millones 083 mil pesos a 34 millones 496 mil pesos.
La Secretaría de Gobierno tuvo un aumento de casi 41 millones de pesos, al pasar 115 millones 133 mil pesos a 155 millones 836 mil pesos.
En contraste, la Secretaria de Infraestructura y Transporte (Sintra) tuvo una reducción de 16 millones de pesos, al pasar de 119 millones 232 mil a 102 millones 982 mil pesos.
En el mismo tono, La Universidad del Caribe, que se ubica en Cancún, enfrenta recortes por segundo año consecutivo, y pasará de 108 millones a 105 millones 032 mil pesos.
Autoritarismo
Amén de la quiebra financiera que deja Roberto Borge, su administración se ha caracterizado por la persecución política.
“Quintana Roo es una dictadura”, señala la exdiputada perredista Graciela Saldaña.
Y precisa: “Roberto Borge tiene muchas similitudes con Javier Duarte, de Veracruz, a los que la ley que más les gusta es la ‘Ley de del Garrote’”.
A partir de que PRI, PAN y Panal tienen 19 de los 25 diputados, Borge Angulo impuso leyes para impedir las marchas y manifestaciones en las calles y para restringir la labor de los periodistas.
Ha reprimido violetamente y perseguido maestros e indígenas mayas que se atrevieron a protestar en las calles.
El 14 de octubre de 2013, Granaderos arrestaron a 58 maestros durante un operativo para dispersar a docentes que protestaban frente al palacio municipal de Benito Juárez (Cancún) contra la reforma educativa.
Días después, la tarde del 19 de octubre, Granaderos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) arremetieron contra padres de familia y maestros que bloquearon la carretera Chetumal-Escárcega (Campeche), a la altura de la comunidad de Nicolás Bravo, a 71 kilómetros de la capital del estado, con un saldo de seis lesionados y 10 detenidos.
Un año después, el 19 de agosto de 2014, granaderos desalojaron violentamente a unas 150 personas que se manifestaban frente a las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), tras dos semanas de protestas por el incremento de tarifas de la paraestatal y la colocación de medidores.
En el operativo fueron detenidos alrededor de 40 manifestantes, incluidas personas ajenas a la protesta que sólo tomaron fotos y videos de la ofensiva de los granaderos contra los activistas.
Días antes, los líderes de ese movimiento, Alfredo Esquivel y Cab y Teresita Brito Piña, dirigentes del Consejo de Colonias Populares (Cocopo) de Felipe Carrillo Puerto, fueron detenidos bajo cargos de sabotaje por el bloqueo de las oficinas administrativas de CAPA, y salieron libres el pasado 5 de mayo, mediante un amparo.
Esta represión fue cubierta y documentada por el periodista y activista maya, Pedro Canché Herrera, quien tras el desalojo violento del parque principal de Felipe Carrillo Puerto, divulgó un video en el que cuestionó el actuar del gobernador.
Días después, el 30 de agosto, Pedro Canché fue detenido frente a la gasolinería del centro de Felipe Carrillo, bajo cargos de sabotaje.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos documentaron la tortura de la que fue víctima Pedro Canché en los primeros días que estivo en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto.
Mediante un amparo de un tribunal colegiado, Canché obtuvo su libertad nueve mes más tarde; la Comisión Nacional de Derechos Humamos emitió recomendaciones al gobernador Roberto Borge, al presidente del tribunal Superior de Justicia, Fidel Villanueva y al Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto por violaciones a la libertad de expresión, a la seguridad jurídica y a la integridad personal cometidas en agravio del comunicador maya.
Sin embargo, los abusos del gobernador contra opositores políticos, líderes sociales y periodistas independientes se refuerzan con campañas de desprestigio en medios bajo el control de la administración estatal.
“A través de ejércitos de ‘troles’ y ‘bots’, el gobernador ha emprendido campañas de difamación contra quienes opinamos diferente”, acusa la exdiputada Saldaña.
Lamenta que a pesar de que los excesos del gobernador han sido denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR), la CNDH y hasta en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el presidente Enrique Peña Nieto “sigue solapando” a Roberto Borge.
El expresidente municipal de Benito Juárez (Cancún), Julián Ricalde Magaña, señala que el gobernador se apoderó también del PRD, que había sido el principal partido de oposición.
El experredista afirmó que el gobernador carece de contrapesos y ha convertido la infamia en una forma de hacer política.
“No hay ninguna obra relevante. Su tan repetido discurso del turismo no se ha traducido en desarrollo”, sostiene.
La exdiputada Saldaña señala que Borge ha cooptado a la oposición local, hasta a Morena, partido en el que impuso como su candidato a gobernador a José Luis Pech Varguez, que forma parte de su grupo político.
“Su única preocupación es quién va ser sucesor. Está preocupado quien le cuida sus espaldas”, afirma la perredista.
El pasado 19 de agosto, en su cuenta de Twitter, Borge promocionó a sus seis candidatos a sucederlo. En su lista no incluyó el subsecretario de Turismo, Carlos Joaquín González, hermano del actual secretario de Energía del gobierno federal, Pedro Joaquín Coldwell, ni al senador con licencia del PVEM Jorge Emilio González Martínez “El Niño Verde”.
Los precandidatos que promovió en una fotografía son: el diputado federal, José Luis ‘Chanito’ Toledo Medina, el alcalde de Chetumal, Eduardo Espinosa Abuxpaqui; el secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría; el presidente municipal de Playa del Carmen, Mauricio Góngora Escalante; el edil de Cancún, Paul Carrillo de Cáceres, y el presidente estatal del PRI, Raymundo King de la Rosa.
Para el senador panista Daniel Ávila Ruiz, el principal acto de corrupción en que Borge está implicado es el proyecto Dragon Mart, al extremo de que La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se vio obligado a clausurarlo.
Otro escándalo en el que Borge estuvo involucrado fue el otorgamiento de manera directa de las concesiones del servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC)-Aguakán hasta el año 2053, en las ciudades de Playa del Carmen, Isla Mujeres y Cancún.
El senador Ávila Ruiz resume al gobierno de Borge: “Es una calamidad para todos los quintanarroenses. Lo digo con conocimiento de causa”. Y subraya: “Bendito Dios que ya sólo le falta un año”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
A propósito de la investigación ministerial que desde la Procuraduría General de la República se ha conducido para conocer el destino de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 de Ayotzinapa, Iguala, Guerrero, y encontrar, detener, procesar y consignar a los culpables, se antoja traer de vuelta la propuesta de independizar el Ministerio Público, que tuvo entre uno de sus más importantes exponentes al doctor Jorge Carpizo McGregor.
Carpizo, fallecido el 30 de marzo de 2012, ha sido uno de los constitucionalistas más célebres de México. Ocupó cuatro de las posiciones más importantes en la vida política, social, académica y de justicia, al hacer sido Secretario de Gobernación, Procurador General de la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y Rector de la Universidad Autónoma de México.
Sabía pues don Jorge Carpizo de qué hablaba cuando propuso una reforma constitucional que le diera independencia al Ministerio Pública –particularmente del Poder Ejecutivo- para acabar con la impunidad en México.
Actualmente el Ministerio Público destaca por su ineficacia, su incapacidad, su falta de preparación y los muchos intereses que tiene con quienes encabezan el Poder Ejecutivo, los cuales mueven la procuración de justicia con intereses ajenos al ejercicio de la justicia y cercanos a la política y los partidos.
El Ministerio Público Federal dentro de la Procuraduría General de la República, y el Ministerio Público Común en las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados, dependen, el primero de la Presidencia de la República y el segundo de los Gobiernos de los Estados. Esa estrechísima liga de la dependencia que concentra el ejercicio de la acción penal con los políticos que encabezan el Poder Ejecutivo es tan grave como delicada al momento de procurar justicia, pues en lugar de imperar la Ley, imperan los modos de Presidente y Gobernador.
Jorge Carpízo justificó –y el texto lo retomo de la bibliografía de José Ovalle Favela, de la biblioteca jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM- las razones que encontraba para una “reforma institucional al ministerio público”: “…fortalecería nuestro Estado de derecho, acercándolo a las concepciones más modernas, en las cuales se aseguraría la imparcialidad y la objetividad en función tan delicada para la persona”.
Además, “…se aseguraría que las averiguaciones previas no correrían el peligro de determinarse por influencias, factores políticos y partidistas, sino solo por la Ley…”.
El trabajo del Ministerio Público dependiente del Poder Ejecutivo, y su labor de complacencia hacia Presidentes o Gobernadores para solucionar casos de manera expedita sin cumplir cabalmente con la Ley, acuñó el término “chivo expiatorio”. La persona que es investigada ministerialmente de la comisión de un delito para dar la impresión a la sociedad, que se está cumpliendo con la procuración de justicia. Sustentada en la acción de concentrar en la estructura del Poder Ejecutivo el monopolio del ejercicio de la acción penal.
Tal actuar del Ministerio Público en razón de los intereses de Presidentes y Gobernadores, ha contribuido al alto nivel de impunidad que tenemos en México.
Por otro lado, la ineficiencia e incapacidad que han distinguido al Ministerio Público nos lleva a tener criminales, narcotraficantes, políticos, asesinos, secuestradores, corruptores, lavadores de dinero, acopiadores de armas, entre otros, viviendo libres de delito.
Ante la incapacidad científica, ministerial y de preparación del Ministerio Público para integrar de manera correcta, eficiente y apegados a la Ley, las Averiguaciones Previas, cuando los casos llegan a la administración de la justicia en el Poder Judicial, un Juzgado común o de Distrito, los indiciados salen libres por falta de pruebas o incluso por falta de elementos para probar la culpabilidad.
Entonces no se genera una orden de aprehensión o simplemente se les deja libres. Hay una enorme lista de estos casos, entre narcotraficantes y políticos, que se han salvado de la prisión por un deficiente actuar del Ministerio Público que recae en titulares de gobiernos, provenientes de partidos con intereses.
Carpizo señaló los casos de estados como España y Francia que aun el Ministerio Público dentro del Poder Ejecutivo, conservaba grados de independencia, y el caso de otros países donde el Ministerio Púbico depende del Poder Judicial, y el ejemplo de Italia donde el Ministerio Público es independiente.
México, en estos momentos de inseguridad, violencia e impunidad, requiere de manera urgente, poner en el debate público el proyecto de un Ministerio Público independiente. Como el Instituto Nacional Electoral o la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Con un cuerpo ejecutivo autónomo, un consejo, un instituto académico, una estructura integral, la carrera ministerial, los exámenes de oposición, la capacitación y presupuesto propio que le permita desarrollarse, crecer, hasta alcanzar la excelencia que los lleve a combatir la impunidad con el ejercicio pleno de la Ley.
En el caso Ayotzinapa, hace unos días se dio a conocer el análisis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de los derechos Humanos, donde basados en estudios forenses específicos realizados por peritos, académicos y expertos en siniestros, en terrenos, en fuego, en cuerpos, en materias especializadas para el estudio de escenas del crimen, con precisión científica, y con el respaldo internacional de la experiencia y la credibilidad, llegaron a la conclusión que investigadores de la UNAM y mexicanos muchos ya habían supuesto: a los 43 no los incineraron en un basurero. Además, develaron nuevos elementos que no fueron de manera adecuada abordados en la investigación ministerial, o fueron datos minimizados o manipulados.
En resumen, la Procuraduría General de la República actuó de manera deficiente en la integración de la Averiguación Previa, a partir de peritos y ministerios públicos faltos de experiencia, de preparación y de compromiso con la Ley.
El estudio se basó en las indagaciones que el Ministerio Público encabezado por el Procurador Jesús Murillo Karam hizo de los hechos, y –ciertamente- con la complacencia del Presidente de la República, jefe del Procurador quien es jefe del Ministerio Público. Pero ahora Enrique Peña Nieto, con una nueva Procuradora, Arely Gómez, quien sustituyó a Murillo, ha ordenado que la PGR realice nuevos peritajes, nuevas investigaciones que lleven a nuevas indagaciones que se acerquen más al análisis del Grupo Interdisciplinario.
Con ello el Presidente quiere impresionar a los mexicanos, con quienes dice comparte su dolor por los hechos, su coraje por la falta de justicia y su compromiso por investigar de manera adecuada este violento acto que sorprendió al mundo y empezó por acabar con el prestigio renovador de Enrique Peña Nieto en el extranjero y en nuestro País.
La realidad es que los nuevos peritajes y las nuevas investigaciones ordenadas por Peña y Gómez, las hará el mismo Ministerio Público que realizó las ordenadas por Murillo, quizá otros investigadores, pero del mismo techo, la misma estructura y el mismo Ministerio Público.
Si el Presidente quiere cambiar la situación de violencia, inseguridad, impunidad y ausencia del ejercicio del Estado de Derecho necesita iniciar el debate público de un Ministerio Público independiente y autónomo.
Ahora, con un MP fuera de las manos del Poder Ejecutivo incluso quedaría la puerta abierta para indagar ahora sí, a fondo, lo que hoy sigue siendo la opacidad de los bienes y raíces de Peña, de la Primera Dama y del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Sólo así al Presidente, a los Gobernadores, a la política y a los partidos se les quitaría la facultad de investigarse a sí mismos, como ha sucedido en este país a través de una histórica y vergonzosa falta de procuración de justicia, donde siempre resaltará en la memoria de los mexicanos, lo sucedido en tiempos de Díaz Ordaz cuando le correspondió primero a su ministerio público y después al de Luis Echeverría averiguar qué sucedió un 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco que tanto se recuerda a propósito de Ayotzinapa.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/09-09-2015/39004.
Integrantes del Comité de Padres de Familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa aseguraron que los resultados dados a conocer por el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reforzaron la esperanza de encontrar con vida a Alexander Mora Venancio, de quien se encontró un resto óseo en el tiradero de Cocula, Guerrero.
Los familiares expusieron que no dejarán de confiar en los expertos argentinos, quienes confirmaron la coincidencia genética en el hueso encontrado, pero opinaron que se pudo haber cortado un dedo del muchacho y se pudo haber “sembrado” en la fosa.
Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Fernández, dijo que con la información del informe surgen nuevas preguntas: ¿De dónde sacaron el hueso? y ¿Por qué lo pusieron en Cocula?
“¿Dónde está Alexander? ¿De dónde lo agarraron [el hueso]? ¿De dónde lo sacó la Procuraduría General de la República [PGR]?”, comentó don Mario.
Por su parte, Rodríguez Moreno, padre de Cristian Alfonso Rodríguez, contó a este medio que los padres de Alexander Mora dejaron el movimiento luego que en diciembre de 2014 la PGR informara que oficialmente su hijo estaba muerto. No obstante, con las nuevas luces en la investigación que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, se reintegraron a la “lucha”.
–¿Tras darse a conocer el informe cuál es la postura del movimiento respecto a Alexander? –se le preguntó.
–Ahora hay una probabilidad que pueda estar vivo. Cabe la posibilidad que el policía o el federal o quien haya participado le haya cortado un dedo, no sé, y hayan ido a dejar el fragmento óseo ahí. Pudo haber pasado así –externó Clemente.
–¿Los padres de Alexander siguen con ustedes?
–El Gobierno federal le sembró la espinita a los padres del compañero Alexander Mora que su hijo estaba muerto, por eso se fueron a su casa. Por eso estaban desanimados. Pero ya volvió, ahorita están en actividad en Ayotzinapa, y están más fortalecidos.
–¿De encontrar que sí hubo ocultamiento e irregularidades pedirán castigo para los funcionarios?
–Ahorita queremos concentrarnos en la búsqueda y aparición con vida de nuestros 43. Una vez que los encontremos, no nos vamos a ir a nuestras casas, pediremos justicia para los desaparecidos que faltan y exigiremos castigo para los culpables.
El 7 de diciembre de 2014, el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, confirmó que de acuerdo con el análisis de ADN, uno de los 43 estudiantes normalistas secuestrados el 26 de septiembre de ese año pasó de estar desaparecido a estar oficialmente muerto.
Como se dio a conocer, los peritos argentinos responsables de analizar los restos del basurero de Cocula confirmaron a los familiares de Alexander Mora Venancio la coincidencia del ADN con un hueso hallado allí. Alexander, un joven huérfano de madre e hijo de un taxista.
“Con base a los datos establecidos por la Universidad de Innsbruck se determinó que dicha muestra corresponde a un varón que, leo textual, es al menos un billón de veces más probable que se trate del hijo biológico de Ezequiel Mora Chávez, así como hermano biológico de Omar Mora Venancio y de Hugo Mora Venancio en comparación con los de cualquier otro individuo no relacionado”, así lo confirmó Murillo Karam.
El ex Procurador detalló que se determinó de acuerdo al análisis de una de las 17 muestras que mandaron a la Universidad de Innsbruck, Austria, la cual fue sometida a procedimientos de extracción de ADN nuclear, y con los procedimientos comparativos que se realizaron.
Murillo Karam indicó que la muestra fue sometida con otras 16 a esta prueba, sin embargo fue la única que arrojó un resultado positivo.
“Esta prueba científica confirma que los restos encontrados en una de las escenas coincide con la evidencia de la investigación y con la declaración ministerial de los detenidos, en el sentido de que en dicho lugar y forma se privó al grupo de personas en los términos y señalamientos que se dan en la averiguación”, agregó.
Sin embargo, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) dudó que los restos hallados en Cocula pertenecieran a los estudiantes de Ayotzinapa.
El grupo expresó sus sospechas porque el fragmento que permitió la identificación de Alexander Mora Venancio, el alumno de 21 años originario de Tecoanapa, no coincide con ningún otro hallado en el basurero de Cocula. Recordó que desde que se entregaron los resultados para la identificación por ADN, los argentinos aclararon que ellos no constataron la procedencia de esa pieza, que ya estaba sobre una mesa cuando llegaron al lugar.
Tras la información las familias sostuvieron que los restos de Alexander Mora Venancio fueron sembrados por el gobierno para sostener la versión de los tres sicarios.
“Los peritos argentinos no avalan que los restos sean de Cocula, porque ellos no estuvieron en el levantamiento y dicen que las bolsas negras con restos, estaban abiertas”, dijo José Félix Rosas, vecino de Tecoanapa.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes, integrado por cinco representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aportó el domingo pasado al menos dos nuevas líneas de investigación que echan a la basura “la verdad histórica” oficial sobre la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hace casi un año.
Hay un camión desaparecido que podría ser clave para conocer el destino de los normalistas, no existe evidencia de que los jóvenes fueron quemados en un basurero del municipio de Cocula, como lo afirmó el 27 de enero de 2015 la PGR.
El informe del GIEI también revela que en todo momento, elementos de la Policía Federal, el Ejército y corporaciones municipales tuvieron conocimiento de la ruta que siguieron los cinco camiones tomados por los normalistas en los que viajarían a la Ciudad de México para asistir a la marcha del 2 de octubre.
“Los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”, dijo Francisco Cox, uno de los expertos de la CIDH.
Cox destacó también que hay inconsistencias entre declaraciones de presuntos responsables, por lo que se pidió la opinión de un experto en manejo de fuegos.
José Torero, el experto contratado por la CIDH, demostró que en esas condiciones el tiempo requerido para incinerar a un cuerpo, es entre 90 a 120 minutos.
El especialista internacional estableció que son necesarios 30 mil 100 kilos de madera 13 mil 330 kilos de neumáticos y 60 horas para incinerar los 43 cuerpos.
“Los habitantes de Cocula hubieran visto la columna de humo de 200 metros de alto”, explicó Francisco Cox del GIEI.
El perito independiente tampoco encontró evidencia en la vegetación adyacente al basurero de los estragos que científicamente generaría una incineración de ese tipo.
La quema de 43 cuerpos en la condiciones necesarias, hubiera desatado un incendio forestal desde el basurero de Cocula, dijo.
La PGR anunció en enero pasado que había llegado a “la verdad histórica” de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre a partir de numerosas pruebas científicas y los testimonios de los supuestos autores materiales.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-09-2015/1480293.
