La deuda representará 47.8% del PIB en 2016, advierten economistas

México, DF. El año próximo la deuda representará 47.8 por ciento del producto interno bruto del país (PIB), pese a que el gobierno federal se propone reducirla 3.2 puntos porcentuales a partir de conseguir más recaudación con los impuestos sobre la renta (ISR) y el especial sobre producción y servicios (IEPS), advirtió el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), creado desde 2010 por especialistas en economía y finanzas públicas.

Esa meta oficial de reducir la deuda no se puede cumplir ya que el CIEP explicó que "los saldos históricos de los requerimientos financieros continúan en aumento, sin concretar los compromisos adquiridos de reducirlos en el mediano plazo. Es así que para 2016, la deuda alcanzará 47.8 por ciento del PIB, a pesar de que la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación se comprometía a una deuda de 43.3 por ciento".

El CIEP sentenció que el presupuesto proyectado para 2015 dista de ser base cero porque únicamente pudo modificarse lo administrado por el Poder Ejecutivo y se dejaron de lado reformas que reducirían las presiones al gasto.

En los ingresos petroleros, destacó, habrá una reducción de 30 por ciento, pero que aún así estos representarán la quinta parte (20.29 por ciento) del total de los ingresos, calculados a partir de un precio de 50 dólares por barril de petróleo que por sí solo representa 36.7 por ciento menos al previsto para 2015.

Cae 3.9 por ciento presupuesto para educación superior

Educación y Salud son rubros que tendrán reducciones en su presupuesto, aseveró el CIEP. A la educación en general se destinarán 685 mil 218.2 millones de pesos, lo que implica una reducción de 1.9 por ciento respecto a los que tuvo este año.

Sin embargo, si sólo se toma en cuenta el gasto para educación superior la caída es de 3.9 por ciento y "fue el mayor decremento del presupuesto asignado entre los niveles educativos". En contraste, los recursos federales para la educación básica, sigue teniendo la misma estructura y clasificación económica que en 2015 y los destinados a la nómina educativa concentran el 80 por ciento del total.

El CIEP detalló que para los nuevos programas anunciados por el Ejecutivo Federal, como el Programa Nacional de Inglés se le asigna 0.18 por ciento del presupuesto total de educación básica.

En cuanto a salud, la reducción será de 1.2 por ciento en su presupueto, en contraste con el aumento de 3.5 por ciento que registró en promedio entre 2013 y 2015. Sólo en infraestructura sanitaria el recorte presupuestal será de 23.8 por ciento en contraste con el aumento de 7.8 por ciento que habrá en ciertos gastos corrientes.

Precisó que el rubro sobre 'Protección Social a la Salud', del que depende el Seguro Popular, aumentará 69.5 por ciento pero habrá una reducción de 14.3 por ciento en los recursos para IMSS e ISSSTE, que en conjunto atienden al 60 por ciento de los mexicanos.

Para el 'Programa para Adultos Mayores' el recorte será de 9.9 por ciento, pero en pensiones contributivas, es decir las del IMSS, ISSSTE, Pemex y otros organismos, los recursos subirán 9 por ciento a pesar de que el número de su número de pensionados crece apenas 0.05 por ciento cada año.

"Las caídas en pensiones no contributivas y en el gasto en salud indican que la seguridad social universal no es prioritaria en el paquete económico 2016", sentenció el CIEP.


Por último, sobre la recaudación federal participable señaló que podría ascender a 2 billones 431 mil 465 millones de pesos, lo que representa un aumento de 1.98 por ciento y si bien indicó que también aumentará en 8.5 por ciento el total de las participaciones federales, advirtió que 18 estados recibirán menos recursos en 2016.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SUSANA GUNZÁLEZ.

Televisa y medios afines, en campaña contra la CIDH

MÉXICO, D.F: Encabezados por los noticiarios de Televisa y por grupos como Milenio, los medios oficialistas han tenido dos distintas reacciones frente al Informe Ayotzinapa, elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI): por un lado, buscan destacar las “coincidencias” entre la versión gubernamental y la de los especialistas de la CIDH y, por otro, la descalificación absoluta frente a la tesis de que no existe evidencia de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero.

Durante dos días consecutivos, El Noticiero de Canal 2, de Televisa, ha difundido imágenes inéditas de la llegada de los normalistas a la estación de autobuses de Iguala y de los ataques que sufrieron el 26 y 27 de septiembre de 2014, pero excluyendo la información sobre la participación de elementos militares, de la Policía Federal y de la policía estatal, tal como se detalla en el informe.

Por su parte, Milenio y varios columnistas han descalificado las cuatro hipótesis sobre el paradero de los 43 normalistas y, en especial, al peritaje de incendios de José Torero, doctor de la Universidad de Berkeley, quien determinó por las pruebas, evidencias y por la inspección en el basurero de Cocula que los jóvenes estudiantes no pudieron haber sido incinerados allí, tal como relató la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam.

Citando analistas y “fuentes” de la PGR, algunos medios han inventado una “quinta hipótesis”, distinta a las que se expresan en el Informe Ayotzinapa del GIEI: que una parte de los 43 normalistas fue incinerada en Cocula y otra en un lugar diferente.

Dos de los cuatro expertos del GIEI, Carlos Martín Berinstain y Francisco Cox Vial, rechazan tajantemente lo que ellos llaman “la quinta versión” que ha surgido en los medios cercanos al gobierno federal. Ni en el expediente de 115 tomos del caso, ni a través de los testimonios que ellos recabaron se menciona la posibilidad de que sólo “algunos” hayan sido incinerados en Cocula.

“El evento de la incineración de los 43 normalistas no ocurrió en Cocula”, sentenció ante los senadores Francisco Cox, y Carlos Martín Berinstain. Abundaron: “tampoco sabemos, hasta ahora, qué sucedió exactamente con sus ellos”.

Lo que sí se sabe es que el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa fue “masivo, indiscriminado y fuera de toda proporción” en Iguala, Guerrero; que hubo una coordinación de los cuerpos policiacos y militares en este ataque y que se minimizaron algunos testimonios y evidencias importantes como las que señalaban al “quinto autobús”, destacaron los especialistas en sus encuentros con legisladores, periodistas e integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Las Cuatro Versiones del Destino de los Normalistas

En las páginas 127-144 del Informe Ayotzinapa los expertos del GIEI sintetizan las cuatro versiones distintas sobre el destino de los 43 normalistas.

En primer lugar, destacan que “las declaraciones de los acusados no son lineales ni congruentes” sobre la versión oficial de que los normalistas fueron entregados a un grupo de Guerreros Unidos, quienes habrían asesinado y quemado los cuerpos de los 43 jóvenes, tal como lo afirmó la PGR en su versión pública de noviembre de 2014 y enero de 2015.

Existen cuatro versiones de lo ocurrido, de acuerdo con las declaraciones de los acusados: 1) que los estudiantes fueron llevados a Pueblo Viejo; 2) que fueron llevados a una casa de seguridad en Las Lomas, de Iguala; 3) el basurero de Cocula; y 4) no hace referencia exactamente al sitio donde los llevaron sino al motivo que los condujo hacia Iguala.

1.-Pueblo Viejo. La versión de la colonia Pueblo Viejo es sostenida por un sicario que habría participado en los hechos y dos presuntos criminales a quienes se las contaron de segunda mano. Hay contradicción entre esas versiones, ya que uno dice haberlos matado el mismo 27 de septiembre en la madrugada, mientras otro afirma que fueron secuestrados el 29 de septiembre.

2.-Casa de Seguridad de las Lomas.-Esta versión fue contada por Martín Alejandro Macedo Barrera, el 4 de octubre de 2014. Según este presunto implicado, Guerreros Unidos se enteró de la entrada de los estudiantes a Iguala y “aseguraron a 17 estudiantes sin indicar dónde”, a quienes trasladaron a una casa de seguridad de las Lomas donde les habrían dado muerte. El responsable de ese operativo fue “El Choky”, quien habría ordenado matarlos con el tiro de gracia en la cabeza y a otros a golpes. A 7 de ellos “los quemaron por instrucciones del Choky”.

3.-Basurero de Cocula.-Esta versión constituye la “verdad histórica” de la PGR de Jesús Murillo Karam, a partir de las declaraciones de cinco procesados. En estas cinco versiones hay algunas contradicciones porque algunos de los integrantes de Guerreros Unidos señalan que fueron llevados a una casa de seguridad ubicada en el Barrio de la Barranca de la Plata y otros a una casa de seguridad en Loma Coyote.

“Todas estas cuatro versiones muestran contradicciones sobre las supuestas respuestas dadas por algunos normalistas en el contexto de amenaza vital y tortura, y se focalizan sobre quién los envió y por qué”, afirman los expertos del GIEI en el informe.

De los cinco, tres declaran el momento en que habrían sido asesinados los estudiantes. Hay contradicciones y no coinciden sobre la forma de darles muerte, ni el lugar donde les habrían quitado la vida.

El GIEI hizo una inspección al basurero de Cocula en junio de 2015 y anotó que “el basurero se encuentra aproximadamente 45 a 50 minutos de cualquier casa de Cocula. Desde el punto de vista del ocultamiento de un hecho así, resulta contrario a la lógica de encubrimiento de un delito que se acerque a un poblado la evidencia, en lugar de alejarla de donde pueda ser descubierta”.

4.-Cuarta versión.-Se basa en las declaraciones de Sidronio Casarrubias “El Chino”, y de José Javier Brito Catalán, quienes afirman en el expediente que los estudiantes acudieron a Iguala a “matar a los hermanos Benítez Palacios”, dueños del auto lavado “Los Peques”, pero todo lo relatado difiere de las constancias procesales, ya que los hechos ocurrieron a varias cuadras del auto lavado, los estudiantes no llevaban armas y “no hay ninguna constancia, en ninguna de las fuentes y testigos, que hubieran tirado cuerpos en la estación”.

En esta cuarta versión, unos 17 de los 43 habrían “ido al agua o sea que ya los quemaron, que las cenizas las botaron agua yo me imagino que es el río Cocula”, afirmó Sidronio Casarrubias.


El GIEI mantiene estas cuatro versiones, pero subraya que ninguna es coherente con los otros testimonios. Sobre todo, desestiman la versión de que un grupo de 17 de los 43 estudiantes habrían sido asesinados y otros golpeados, pero dejados vivos, y otra versión que señala que un grupo de 15 estudiantes ya habrían llegado muertos al basurero de Cocula.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Designan a Gustavo Salas como nuevo titular de la Seido

México, DF. Gustavo Salas Chávez quien se desempeñó en 2010 como titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR), fue designado como nuevo titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

Por designación presidencial y a propuesta de la procuradora Arely Gómez, Gustavo Salas despacha desde este viernes en la Seido, luego de que su anterior titular, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, fuera designado como nuevo secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública.

La PGR informó que durante la toma de protesta de González Chávez, Arely Gómez le señaló los “cuatro ejes rectores que marcan el rumbo de esa institución, una procuración de justicia eficaz y eficiente, pleno respeto a los derechos humanos, implementación del nuevo sistema de justicia penal, y un marco de estricta transparencia”.

Asimismo llamó a Salas Chávez a ofrecer un compromiso decisivo para realizar investigaciones apegadas a derecho, rigurosas y eficaces.

Gustavo Salas Chávez se desempeñaba hasta la mañana de este viernes como director del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: GUSTAVO CASTILLO.

La historia de un capo inventado

El caso de Martín González Moreno, detenido por agentes estatales de Jalisco como sospechoso de pertenecer a la delincuencia organizada y traficar con crystal, muestra los métodos de la cuestionada Fuerza Única Regional. A falta de resultados reales en las tareas de seguridad, sus efectivos recurren a la tortura y a falsos testimonios para convertir a un comerciante en un reo de alta peligrosidad e incluso en un connotado jefe de plaza.

GUADALAJARA (Proceso Jalisco).- En su afán de encontrar culpables ante el aumento desmedido de la delincuencia en algunas regiones de Jalisco, integrantes de la Fuerza Única Regional (FUR) convierten a comerciantes o ciudadanos en “peligrosos delincuentes” en menos de 24 horas, como ocurre en la región Valles.

Luego de ser torturados con golpes, toques eléctricos en los genitales y con intentos de asfixia, los presuntos culpables son obligados a confesar hasta lo que no hicieron, según denuncian familiares de personas afectadas (Proceso Jalisco 527 y 557).

Los testimonios sobre las 128 inconformidades presentadas contra la FUR ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) coinciden en denunciar detenciones y cateos sin las correspondientes órdenes judiciales, así como los falsos testimonios de policías involucrados en esas capturas.

Destaca el caso de Martín González Moreno, un comerciante de 43 años, oriundo de Tala, detenido el 18 de septiembre de 2014 bajo el cargo de ser el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en ese municipio.

Su esposa, Edna Lizette Vega Ramos, es contadora en una empresa de alimentos enlatados y afirma que en menos de 72 horas los agentes de la FUR convirtieron a González Moreno en un delincuente peligroso y “desbarataron” la vida de ambos.

“A Martín se lo llevaron como a las 8:30 de la noche del 18 de septiembre del año pasado. Yo llegué cerca de las 10 a la casa y lo busqué, pero no estaba.

“Yo estaba embarazada. Observé que había algo extraño en la vivienda, pero mi esposo nunca apareció. Entré en shock al presentir que algo grave había ocurrido con él y empecé a sentir cómo la bebé se me movía mucho en el vientre. Me puse como loca y unos familiares le hablaron a la policía; me dijeron que revisara todo. Luego llegaron mi cuñado y mis primos, que trataron de calmarme.”

Añade que, como no se sentía segura en su casa se fue a la de sus padres. Tres días después supo que Martín estaba detenido en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México.

“Él me habló hasta el domingo en la madrugada –recuerda– y me pidió que en forma urgente buscara a un abogado para que lo defendiera.”

Al día siguiente, prosigue, “llegamos a la SEIDO y me lo negaron, dijeron que no estaba en ese lugar y que volviéramos después. Les mencioné que él me había hablado para decirme que ahí estaba y el abogado metió un escrito para que no me pudieran negar el poderlo ver, pero luego me aclararon que ya no estaba en esas instalaciones, que lo habían trasladado a la cárcel de alta seguridad de Perote, en Veracruz”.

Ya lo habían internado en el Centro Federal de Readaptación (Cefereso) número 5, ubicado en Perote, sin permitirle defenderse ni llamar a su abogado. La señora Vega Ramos puntualiza:

“Les reclamé y pregunté por qué lo trasladaron. Les exigí que me dijeran de qué lo acusaban y me informaron que para conocer esos detalles tenía que regresar a Guadalajara y buscar su expediente en uno de los juzgados penales del núcleo penitenciario de Puente Grande.”

Entonces fue a esa prisión a buscar el documento, y así se enteró que Martín estaba acusado de delincuencia organizada, robo de combustible y narcotráfico. Los cargos se fueron diluyendo, excepto el de portación de droga para la venta. “Supuestamente se le encontraron varios gramos de crystal para fines de venta, o sea narcotráfico, pero es mentira”, sostiene la señora.

Relata que, “cuando Martín ve a los agentes que llegaron a la casa, él estaba a punto de guardar los carros que tenía a la venta y refiere que observó varias patrullas. Él salió y les dijo a los policías de la FUR en qué les podía servir y ellos le preguntaron si ya sabía a qué iban”.

González Moreno respondió que no. Entonces, de una de las patrullas bajaron a un joven que traían todo golpeado y descalzo. Los policías señalaron a Martín y le preguntaron al otro si era él. Ese hombre les dijo que sí, “pero en realidad ni siquiera conocía a mi esposo”.

De todas formas los agentes “entraron por la fuerza a la casa, voltearon todo, buscaron en todos los rincones y no encontraron absolutamente nada relacionado con actividades ilícitas y menos de los asuntos por los que lo acusaban”.

Martín le reclamó al joven que lo señalara, sin conocerlo. Incluso le pidió que dijera su nombre y el muchacho golpeado callaba, pues no lo identificaba. Todo fue en vano.

“A mi esposo lo torturaron en la calle 14 (integrantes de la Fiscalía General del Estado) y (policías federales) en la SEIDO, en la Ciudad de México. Me contó que le aplicaban toques eléctricos en los testículos y le echaban agua mineral en la nariz; le decían que en la SEIDO ya tenían una tablita para hacerlo hablar y que tenía que firmar las declaraciones de todo lo que le estaban imputando, pero Martín nunca firmó.”

Y reitera: “Mi esposo no está relacionado con ningún grupo de delincuentes, trabaja de manera honrada: tiene un negocio de celulares desde hace más de 15 años en Tala y se dedicaba a la compraventa de carros que traía desde California; él mismo los legalizaba para venderlos”.

Falsedad y tortura

González Moreno está a punto de cumplir su primer año de encierro en una cárcel de alta seguridad (expediente 193/2014-III del Juzgado Sexto Penal), dentro de una averiguación abierta por el Ministerio Público Federal y derivada de acusaciones de policías de la FUR.

En las declaraciones ministeriales de los agentes estatales que lo detuvieron hay varias contradicciones. Por ejemplo, tres de ellos dicen que lo aprehendieron cuando iba con otros sujetos en un convoy sobre la carretera Guadalajara-Teuchitlán.

Vega Ramos comenta que en la versión de los policías, “los detenidos viajaban en varios vehículos y les parecieron sospechosos cuando avanzaban en varias camionetas… notaron nerviosismo y les marcaron el alto. Cuando los revisaron y les pidieron que abrieran la puerta de la camioneta (BMW) en la que supuestamente viajaba Martín, vieron que llevaba una pistola en la cintura y que en la parte de atrás del vehículo iba una mujer. Argumentaron que en la camioneta encontraron decenas de envoltorios que contenían mariguana, que llevaba armas”.

Pero ella sostiene que eso es falso: “La camioneta BMW es de mi propiedad y el día de los hechos estaba estacionada en mi casa, es la que yo uso. No es cierto que iba en un convoy, es más, estaba cargada con piso que acabábamos de comprar en Guadalajara para la construcción de una casa. Esa mercancía se la robaron los policías porque no volvimos a ver esas cajas”.

Otra contradicción es que uno de los agentes asegura que la detención de Martín se realizó en la carretera a Cuisillos, en un rumbo opuesto a donde supuestamente interceptaron el convoy.

Cárcel en la niebla

Vega Ramos describe el Cefereso: “Es un penal gris. Desde que llegas te das cuenta de que ingresas a un lugar perdido en la niebla, alejado de todo. Hace mucho frío y ahí muy pocas veces sale el sol, siempre hay niebla”.

De Xalapa, la ciudad más cercana, toma 35 minutos llegar en autobús a la cárcel de Perote. La gente conoce el tramo como “la ruta de la niebla”, pues a veces sólo se ve a menos de un metro. Una vez ahí, hay que soportar el trato despótico de los custodios.

Para ver a su esposo, la señora debía presentar tres cartas de recomendación y le rechazaron una. Cuando le dijo al burócrata que iba desde Guadalajara y no podía conseguir otra misiva al momento, aquél le contestó: “Eso a mí no me importa”.

Además, comprobó que la comida es escasa, sin sal, y las tortillas se sirven frías. “Mi esposo bajó 18 kilos mientras estuvo ahí: pesaba 90 kilos y llegó a 72”, comenta.

Para colmo, prohíben usar prendas abrigadoras, incluidos guantes y gorros. “A pesar del frío que hace en la zona, a los familiares sólo se les permite portar una chamarra. Y si la prenda no cumple las especificaciones que ellos marcan, te la quitan si quieres entrar. Pero parece que ellos están en el Polo Norte: siempre andan bien cubiertos”.

En enero la familia logró que Martín fuera trasladado a Guadalajara, con lo que mejoró su condición, en especial por el clima. Comenta que ese cambio es sólo una parte de la lucha por la libertad del comerciante.

Región controlada por el narco

Desde hace tres años, las autoridades del estado reconocen que la delincuencia organizada se salió de control en la región Valles, a raíz de los constantes enfrentamientos entre miembros del CJNG, el Cártel de Sinaloa y el del Golfo por el control de la plaza.

En los últimos cinco años de la administración del gobernador panista Emilio González Márquez se hablaba de al menos seis enfrentamientos entre policías y bandas de criminales en los municipios de Etzatlán, Magdalena, Hostotipaquillo, Amatitán y San Juanito Escobedo.

En 2012, la Policía Rural reconocía un saldo de 25 detenidos, decenas de muertos y el decomiso de 22 armas y mil 886 cartuchos, además de la incautación de 10 vehículos, uno de ellos blindado.

En la región Valles se han realizado los mayores aseguramientos de cultivos de enervantes en el estado. Entre 2007 y 2012 se destruyeron 2 mil 92 plantíos de droga, es decir, 10 millones de plantas de mariguana, que pesaban 24 toneladas.

Esa región incluye los municipios de Amatitán, Ameca, Ahualulco del Mercado, El Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magdalena, San Juanito de Escobedo, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán y Villa Corona.

Las autoridades estatales consideran que no se puede tener bajo vigilancia permanente esa región montañosa, lo que han aprovechado los traficantes para cultivar droga y transportarla a Nayarit y Zacatecas.

También en el sexenio de González Márquez se decomisaron más de 285 armas; más de 13 mil 700 cartuchos; 11 granadas de fragmentación; 34 metros de cordón detonante y 18 vehículos usados por el crimen organizado.

Esa zona es muy peligrosa para los mandos y efectivos policiacos: el 30 de octubre de 2012 un comando asesinó al director de la Policía de San Martín Hidalgo, Casimiro Zárate. Semanas antes, en Magdalena, fueron asesinados el jefe de la policía, Raúl Hinojosa, y dos agentes municipales (Proceso Jalisco 417).

A finales de enero de 2013, un grupo de pistoleros acribilló al jefe de la Policía de Hostotipaquillo, Lucio González Astorga.

Habitantes de la región señalan que la situación se tranquilizó un poco en los dos últimos años, pero los narcotraficantes controlan Valles a tal punto que a veces se estacionan junto a la carretera y ostentan sus armas o hacen como que las limpian, sin que la autoridad los detenga.


En cambio, los pobladores evitan transitar ciertas carreteras de noche o en la madrugada para evitar ser agredidos o desaparecidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALBERTO OSORIO MÉNDEZ.

“El abismo entre la gente y su Presidente nunca había sido tan grande”: NYT sobre México

La respuesta del gobierno al informe sobre Ayotzinapa fue tan reveladora como el reporte mismo, un signo de que la administración de Peña Nieto podría estar comenzando a reconocer su baja popularidad, de acuerdo con el diario estadounidense.

La publicación del informe sobre Ayotzinapa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), provocó la división del grupo más cercano al presidente Enrique Peña Nieto en torno a la manera de responder a las recomendaciones y se impuso el que optaba por aceptarlas y reconocer que se puede hacer más, informó el New York Times.

Altos funcionarios, cuyo nombre no son citados, hablaron con el diario estadounidense y dejaron ver que en la administración de Peña Nieto comienza a surgir la conciencia de que es necesario cambiar la forma de hacer las cosas, pues el abismo entre el mandatario y la gente nunca había sido tan grande.

“La publicación de un reporte internacional contradiciendo la versión del gobierno de lo que pasó con los 43 estudiantes desaparecidos, ha traído nueva vida a las esperanzas de los padres, escepticismo en la percepción de la opinión pública y posiblemente una nueva conciencia al interior del gobierno, de que necesitan cambiar sus tácticas“, publicó el New York Times.

El reportaje firmado por  Azam Ahmed indica que “el reporte detonó un debate al interior de la oficina del presidente Enrique Peña Nieto sobre cómo responder a él.

“De acuerdo con un alto funcionario involucrado en las discusiones, una parte quería pelear y retar a las fulminantes críticas del informe. Pero la otra parte en la oficina de la Presidencia argumentó un acercamiento más cauto, dijo el funcionario: aceptar los hallazgos del grupo independiente, enviados por la CIDH y reconocer que se podía hacer más dentro de la investigación”, escribió.

“En un sorprendente giro de eventos, especialmente para una administración marcada por una tendencia a evadir, negar mantenerse al margen en crisis previas, el segundo grupo ganó”, se lee en el medio.

De acuerdo con el New York Times, “en algunos aspectos, la respuesta del gobierno fue tan reveladora como el reporte mismo, un signo de que la administración de Peña Nieto podría estar comenzando a reconocer que el abismo entre la gente y su presidente nunca había sido tan grande”.

“En una reunión de gabinete la semana pasada, Peña Nieto fue lejos al decir a su círculo más cercano que “necesitamos hacer las cosas diferente”, de acuerdo con un alto funcionario que conversó con el diario.

El reportaje concluye diciendo que no se puede saber si la conciencia de cambio al interior del gobierno rendirá frutos y se reflejará en acciones, sobre todo porque los buenos resultados que obtuvo el PRI durante las elecciones intermedias de junio pasado son interpretadas por algunos como señal de que se están haciendo bien las cosas.


Un reporte renueva la esperanza y la duda en torno a los estudiantes desaparecidos en México: New York Times, reportaje íntegro en inglés.

“El Bronco” anunciará a ICA, de por sí en crisis, la cancelación del proyecto Monterrey VI: Bloomberg

El Gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, notificará a la constructora más grande del país ICA que está cancelado el proyecto del Acueducto Independencia, de 17 mil 700 millones de pesos, según lo confirmó un miembro de su equipo de transición a Bloomberg.

La agencia publica esta noche, de acuerdo con Enrique Torres, quien está ayudando al próximo Gobernador de Nuevo León en la transición, que la fecha límite para que las empresa ICA SAB, y sus socios, comiencen a trabajar en el proyecto expirará a finales de septiembre, y la administración de Jaime “El Bronco” Rodríguez no tiene ninguna intención de éste se lleve a cabo.

Torres dijo a Bloomberg, vía telefónica, que la empresa será notifica “tan pronto como nos sea posible, una vez en el cargo”.

Esta cancelación, detalla la agencia, se produce en un momento en que ICA está luchando para reducir su carga de deuda mediante la venta de activos. La compañía celebró al final del segundo trimestre del año ingresos por 7.18 millones de pesos. En comparación con una deuda neta total de 47.8 millones de pesos. Aunado a que ante un peso más débil ha habido también estragos en los pagos de bonos de ICA en dólares con vencimiento en 2012 y 2014, haciéndolos más caros.

En tanto las acciones de la empresa han caído un 60 por ciento este año.

Bloomberg detalla que el consorcio, que incluye una unidad de Grupo Higa propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa, quien ha sido criticado por sus estrechos vínculos con el Presidente Enrique Peña Nieto, se adjudicó un contrato para suministrar agua a Monterrey.

Las empresas han dejado de presionar a Rodríguez Calderón para salvar el contrato, dijo Fernando Elizondo, quien se desempeñará como Jefe de Gabinete cuando Rodríguez asuma el cargo de Gobernador.

La agencia detalla que ICA, quien tiene una participación del 38 por ciento en el proyecto Monterrey VI, vio hundirse sus bonos durante este año luego de que “El Bronco” fue elegido en las elecciones de junio pasado, con la promesa de que iba a cancelar la obra.

Las notas cayeron de nuevo el mes pasado tras la venta de una participación de ICA en su operador de aeropuertos, lo que algunos inversores interpretaron como una señal de que el constructor con sede en la Ciudad de México se enfrenta a una crisis de liquidez, detalla Bloomberg.

Rodríguez Calderón adelantó a la prensa el mes pasado la cancelación definitiva del proyecto y que su gobierno, carente de dinero, tendría que encontrar una manera más barata de aumentar el suministro de agua en la entidad.

El pasado 7 de julio,  Patricio Kalife del Valle, coordinador de la unidad jurídica de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) dijo que la decisión de cancelar el contrato para la construcción del acueducto Monterrey VI costaría 14 millones de pesos al gobierno de Nuevo León.

Organizaciones sociales y ciudadanos han mostrado su desagrado por la construcción del acueducto, que han recalcado que existen documentos oficiales de que hay suficiente abasto de agua potable para la ciudad de Monterrey. Han denunciado que las autoridades estatales han ignorado y despreciado las opiniones, estudios y protestas de expertos y académicos.


La construcción de Monterrey VI fue una de las promesas que Peña Nieto hizo el pasado 22 de abril de 2012 en el marco de su campaña presidencial.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-09-2015/1483586.

Posponen una semana reunión entre padres de Ayotzinapa, expertos independientes y Peña Nieto

Reunirse con el mandatario federal fue una de las exigencias de los padres luego de la presentación del Informe Ayotzinapa, realizado por expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que reveló omisiones y contradijo la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR).

La reunión entre los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el presidente Enrique Peña Nieto se pospuso una semana.

Según el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa, la reunión no se llevará a cabo la próxima semana como se había programado porque dos de los cinco expertos del GIEI volvieron a sus países, pero regresarán en unos días más.

Radio Fórmula reporta que Campa aseguró que la idea es que en la reunión estén presentes los cinco miembros del GIEI, los familiares de los estudiantes, representantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, abogados y funcionarios federales encargados de continuar con la investigación de la desaparición de los normalistas.

Reunirse con el mandatario federal fue una de las exigencias de los padres luego de la presentación del Informe Ayotzinapa, realizado por expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que reveló omisiones y contradijo la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR).

Ayer jueves 10 de septiembre, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de Ayotzinapa, dijo que “los expertos manifestaron su disposición de permanecer aquí, no todos en su totalidad, los que están aquí todavía extenderían su estancia para principios de la semana que viene”.


El abogado agregó que pedirán a Peña Nieto comprometerse en “reestructurar completamente las investigaciones y que el informe de los expertos va a ser incorporado tal cual a la averiguación previa”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Pese a críticas por su historial, Arturo Escobar defiende su “premio” en la Segob

El político del Partido Verde se refirió a su nombramiento en la subsecretaría de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación como un "premio".

Pese a las críticas de políticos y de la sociedad civil, Arturo Escobar dijo que su nombramiento en la subsecretaría de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación es un “premio” que acepta con orgullo; además defendió que tiene la experiencia para ejercer su nuevo cargo.

“Este premio (…) este nombramiento tiene que ver más bien con una invitación que me hace el Presidente de la República, que me llena de orgullo poder aceptarla”, dijo Escobar, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, nombró este miércoles 9 de septiembre a Arturo Escobar como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob.

De inmediato, organizaciones de la sociedad civil criticaron la decisión del presidente Enrique Peña Nieto. “Iniciativas como ésta no solamente reflejan un tratamiento superficial del tema, sino que ponen en duda que sus promotores consideren como prioridad la atención de las causas y facilitadores del delito y la violencia. En pocas palabras, el perfil del autor de dicha propuesta resulta claramente incompatible con el del titular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana”, indicaron en un comunicado.

En 2009, cuando era senador del Partido Verde Ecologista de México, Escobar apoyó y promovió la pena de muerte para los secuestradores que mataran a sus víctimas.


En el mismo año, Escobar y otros miembros del Verde fueron detenidos en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llevando consigo un millón de pesos, mismos que supuestamente serían usados para la compra de una casa.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Rector de la UAEM denuncia que la FGE planeaba asesinar a una de sus hijas

MÉXICO, D.F: Alejandro Vera, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) planeaba asesinar a una de sus tres hijas.

El rector de la UAEM reveló que desde marzo pasado comenzó a sufrir amenazas de muerte contra él y su familia.

En rueda de prensa, Vera detalló que las amenazas iniciaron cuando ofreció el respaldo de la UAEM a organizaciones que se oponen a los proyectos de infraestructura que promueve el gobernador Graco Ramírez.

El rector relató que el pasado 9 de agosto, agentes de la FGE le detallaron que existía un plan para asesinar al día siguiente a una de sus hijas.

“Hace tres semanas recibimos información de una persona cercana a la procuraduría (la fiscalía), a quien le hicieron saber que había ya toda una operación montada para ejecutar a una de mis hijas en la mismas condiciones en que habían ejecutado al hijo de Javier Sicilia”, añadió.


Esta mañana, el gobernador Graco Ramírez pidió la intervención del Secretario de Gobierno federal, Miguel Ángel Osorio Chong, y de la titular de la Procuraduría General de la Republica (PGR), Arely Gómez González, para investigar las amenazas que sufrió el rector de la UAEM.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La OEA respalda propuesta para crear fiscalía internacional contra la impunidad en México

GUANAJUATO, Gto: La Organización de Estados Americanos (OEA) está en la mejor disposición de recibir la solicitud del Senado para reforzar la investigación del caso Ayotzinapa con una fiscalía especial, a la par del trabajo que realiza el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó el secretaria general del organismo, Luis Almagro Lemes.

En entrevista, después de asistir a la clausura de la Asamblea de la Confederación Parlamentaria de las Américas, COPA, añadió que “hay un compromiso con la verdad y para contribuir contra la impunidad”.

No obstante, aclaró que “una vez recibida (la solicitud) lo analizaremos y se tendrá qué conversar con el gobierno mexicano”.

El pasado martes 8 senadores de Acción Nacional anunciaron que promoverán ante la ONU y la OEA la creación de una comisión internacional contra la impunidad que llegue al esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Esta comisión sería similar a la que investigó las denuncias de corrupción aduanal en Guatemala y que implicaron al expresidente Otto Pérez, entre otros altos funcionarios de ese país.

El secretario general de la OEA no quiso adelantarse a la decisión que el organismo pueda tomar, pero se dijo abierto a recibir la propuesta de los senadores del PAN y analizarla, aunque aclaró que el organismo “está trabajando” a través del grupo de expertos y de la CIDH.

“Hemos trabajado de una manera muy profesional, muy técnica, con mucho compromiso con la verdad y en la contribución contra la impunidad, y esa es la contribución que tenemos hoy por delante, del mandato, esa es la línea de trabajo vigente”, ratificó el diplomático uruguayo.

Recordó que el grupo de expertos solicitó una extensión del mandato para continuar con la investigación, “eso significa que todavía les queda trabajo por delante”.

Interrogado sobre la disposición de los países latinoamericanos para recibir a refugiados sirios ante la crisis humanitaria en ese país, el secretario de la OEA pidió reconocer todos los derechos de los migrantes de todo el mundo, de Siria y de los propios países latinoamericanos.

“La migración siempre tiene componentes importantes como es el agrandamiento cultural de un país, la posibilidad de asimilar otras formas de vida, y acá hay una dimensión humana también”.

El año pasado, una comisión de la OEA visitó un campamento de refugiados en Jordania. “Lo más impactante fue el encuentro con los niños, una población menor de 8 años que era una gran mayoría del campo. Fue una experiencia para nosotros”, contó.

Pero insistió en que cada país puede recibir a los refugiados sirios, y también a la migración latinoamericana:


“Que tenga los brazos abiertos; lo que pedimos es el respeto al derechos humanos de los migrantes, cada migrante tiene los mismos derechos humanos, políticos, culturales, económicos, civiles y eso es lo que se debe respetar en la persona”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.

Gobierno corruptor y prensa a modo provocaron la crisis en Veracruz: estudio académico

Ciudad de México, 10 de septiembre: La violencia no es el único enemigo de los periodistas en el estado de Veracruz. Antes que ésta, indica uno de los pocos estudios académicos que analiza el problema de la prensa en aquella entidad, operaba ya el “clientelismo” que, como en todo el país, permite a los dueños de los medios de comunicación acceder a los recursos públicos a cambio de ceder a los Gobiernos control sobre sus contenidos editoriales.


De acuerdo con el estudio “Relaciones Prensa-Poder en Veracruz. Del modelo clientelar-autoritario a la nueva estrategia de negocios en un entorno violento”, publicado en una revista de historia en España, es esta “estrategia de negocios” extensiva a casi toda la prensa mexicana la que, en aquel estado hoy convertido en el más peligroso para el periodismo en México, ha precarizado aún más las condiciones de los reporteros.

“De manera creciente las relaciones entre medios y Gobierno del Estado han venido definiéndose como una estrategia de negocio en donde el Gobierno es el cliente que contrata un servicio a los medios. Los actores de este tipo de negociación son, por una parte los encargados de las oficinas gubernamentales de comunicación social, y los dueños de las empresas mediáticas por la otra. Esta operación de negocios no resulta clara, ya que las cantidades en juego son absolutamente secretas, como ya se dijo, y los términos de la negociación son igualmente oscuros”, dice el estudio, publicado en 2014 por la Revista de Historia Jerónimo Zurita, de una editorial científica aragonesa.

“Esta estrategia ha tenido como resultado la precarización aún mayor de los periodistas, quienes no tienen ninguna incidencia en dichas negociaciones. Ejercen entonces como simples ‘obreros’ al servicio del patrón que, a su vez, debe complacer a su cliente que, si no encuentra la información de su agrado, puede pedir al dueño del medio que despida al periodista o que lo cambie de fuente de información. Y en lo que se refiere a la información publicada, ésta debe ser manejada a ‘modo’ y ‘gusto’ del cliente, por lo que pueden ‘bajarse’ notas que hagan quedar mal al Gobierno de los portales informativos o simplemente no ser publicadas. Todo ello tiene como resultado una información estandarizada y sobre todo, silencio sobre asuntos concernientes a la seguridad pública y la violencia”, agrega.

La investigación fue escrita por la historiadora Celia del Palacio Montiel, una de las pocas académicas dedicadas a analizar la situación de la prensa en Veracruz y donde, hasta el momento del artículo, contabilizó 11 asesinatos de periodistas, cuatro desapariciones, 12 ataques a instalaciones de medios –físicos o digitales- varios despedidos por “su enfoque” informativo y otras seis decenas de reporteros agredidos.

“La impunidad prevalece en el estado en lo que se refiere a la resolución de estas agresiones, en particular en lo que se refiere a los asesinatos de los periodistas. (…) Se recurrió a la criminalización y el desprestigio de las víctimas. Esto ocurrió claramente en el caso de Regina Martínez, de la que se hicieron correr calumnias diversas, publicitándose incluso supuestos detalles de su vida íntima a fin de culpabilizarla de su propia muerte. La resolución del caso ha quedado en entredicho, ya que las autoridades rehusaron relacionar el trabajo periodístico de Martínez con su muerte. El proceso judicial adolece de fallas graves, incluida la fabricación de culpables y tortura”, agrega.


DEL CLIENTELISMO A LA VIOLENCIA

La autora plantea en el texto que, al clientelismo en el que regularmente operan las relaciones de dueños de medios con gobiernos de diferentes niveles, se sumó la irrupción de la violencia atribuida al crimen organizado “que deseaban visibilidad pública de sus actividades para infundir temor”.

En ese contexto, el estudio identifica una modificación en la “estrategia de control” sobre los medios que, ante la también creciente deuda del estado y un interés del Gobierno estatal por no difundir los hechos de violencia, llevó a éste a dejar la política de cooptación a través de regalos por el empleo de un sistema de “castigos y recompensas”.

Este cambio en la política de control de los medios, dice el análisis, ocurrió a partir de que llegó Javier Duarte al Gobierno del Estado en 2010.


“Hasta antes de diciembre de 2010 –en particular durante el sexenio del Gobernador Fidel Herrera (2004-2010)–, las dádivas en especie a los periodistas como estrategia se delinearon con especial claridad: el mandatario regaló a los periodistas automóviles y tarjetas de tiendas departamentales, y prodigó otros favores como créditos para viviendas, facilitando a su vez becas a los que quisieron hacer cursos relámpago de periodismo en el extranjero. Se dice que el Gobernador creó una falsa élite. Florecieron entonces los periódicos y las páginas electrónicas que glorificaron al régimen”, dice.

“Sin embargo, a partir de que Javier Duarte de Ochoa asumió la gobernación del estado, las condiciones cambiaron lo suficiente como para tomar visos alarmantes. La gran estratega de la comunicación en el estado fue, desde diciembre de 2010 hasta el 20 de febrero de 2014, Georgina Domínguez, quien antes de ocupar el importante cargo de directora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, había ocupado esa misma posición en el sureño estado de Quintana Roo con el Gobernador Mario Villanueva. Ella se convirtió en el todopoderoso personaje que estableció un sistema de control de los medios de comunicación basado en castigos y recompensas”, agrega.

Los factores que incidieron en la modificación de la estrategia de control de los medios, dice, fueron “por una parte a la crisis global (y nacional) del periodismo, que obliga a redefinir normas y prácticas periodísticas, y por otra debido a la creciente deuda pública del Gobierno del estado de Veracruz que impide ofrecer las mismas prebendas e incentivos económicos a los periodistas como se había hecho en el sexenio anterior”.

Al describir las características de la relación “clientelar” entre Gobierno y dueños de medios, Del Palacio menciona que éstas se dan en un entorno político “pluralista polarizado” en el que no hay separación clara entre los medios y los grupos políticos, hay un desarrollo histórico débil de los medios comerciales o privados y una fuerte incidencia del Gobierno sobre los medios.

“En una organización social como esta florece el clientelismo político, caracterizado por el hecho de que el acceso a los recursos sociales está controlado por patrones que los facilitan a los clientes a cambio de favores, deferencias y diferentes formas de apoyo. En este tipo de organización, las reglas formales son menos importantes que las relaciones personales y el compromiso con un interés particular es más importante que el bien común o el interés público. Así, en este tipo de organización prevalece la instrumentalización de los medios de comunicación por parte de los grupos políticos”, plantea.

También a manera de contexto menciona que Veracruz es un estado en donde no ha habido alternancia, sólo el PRI ha gobernado desde hace más de siete décadas y vive el resultado del empoderamiento de los Gobernadores que dejó el debilitamiento presidencial en 2000.

“Por este ejercicio discrecional del poder, que llegó a términos escandalosos en el ejercicio de Fidel Herrera Beltrán (2004-2010), Veracruz se ha considerado uno de los regímenes subnacionales más autoritarios del país”, explica.


“En este contexto, la escalada de violencia que se vivió en la entidad a partir de 2011 sería el detonador que llevaría a ejercer diversas formas de violencia contra los periodistas (por parte de diferentes actores, tanto miembros del crimen organizado como servidores públicos o una combinación de ambos) y al silenciamiento de la información referente a seguridad pública”, expone.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-09-2015/1480170.

PGR catea oficinas de Infraiber; empleados llevan más de seis horas retenidos

La PGR catea las oficinas de Infraiber como parte de la averiguación previa iniciada tras la denuncia por extorsión interpuesta por la compañía OHL.

El cateo que la Procuraduría General de la República (PGR) realiza a las oficinas de la empresa Infraiber en Polanco lleva ya más de siete horas.

Abogados de la compañía reportan que cuatro empleados están retenidos en el noveno piso del edificio: el director financiero, Ricardo Gómez Bravo; el jefe de Operaciones, Francisco Pérez Solís; el director de operaciones, Héctor Camargo; y el director jurídico, Luis Felipe Díaz Lazcano.


La PGR catea las oficinas de Infraiber como parte de la averiguación previa iniciada tras la denuncia por extorsión interpuesta por la compañía OHL. La diligencia, de acuerdo con lo informado por el equipo jurídico de Infraiber, inició poco después de las 13 horas de este viernes 11 de septiembre en las oficinas ubicadas en el número 223 de Campos Elíseos, en Polanco.

Abogados de Infraiber reportaron que personal de la PGR llegó al lugar e impidió la salida de todos los empleados. Poco antes de las 15 horas, los mismos abogados informaron a Animal Político que los trabajadores de Infraiber ya habían salido, con excepción de los cuatro mencionados anteriormente.

De acuerdo con uno de los empleados que ya pudo salir, los agentes están revisando computadoras, memorias USB, teléfonos celulares y toda la papelería de la oficina y esperan terminar alrededor de la media noche.

“El Ministerio Público nos dice que es para tener un mejor control de la diligencia pero es algo totalmente irregular porque la orden judicial no contempla eso. Se trata de una privación ilegal de la libertad”, dijo a Animal Político uno de los abogados del equipo jurídico.

De hecho, los abogados señalaron que tampoco se les ha permitido el acceso al interior de las oficinas para asistir jurídicamente a los empleados.

El equipo de PGR es de casi 30 personas, entre agentes del Ministerio Público y Policías Federales Ministeriales; además hay ocho vehículos afuera, algunos mal estacionados. Federales impidieron que una grúa se llevara una de las camionetas.


Además de los ministerios públicos, hay peritos en criminalística, fotografía, informática y comunicaciones.

En estos momentos, unos siete agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR permanecen afuera del edificio donde están las oficinas de Infraiber. Además hay dos camionetas que son del equipo de la dependencia, una no trae la placa trasera y la otra no tiene ninguna identificación. Ninguna porta logotipos de la PGR.

Cabe señalar que esto ocurre luego de que OHL confirmó que interpuso  ante la PGR una denuncia en contra de Infraiber  por una supuesta extorsión derivada de una disputa por un contrato cancelado en el Circuito Exterior Mexiquense. Según OHL, la empresa Infraiber es probable responsable de audios filtrados ilegalmente y de desplegados que buscan desprestigiar a la empresa.

Esta semana el abogado de Infraiber, Paulo Díez, fue detenido por la PGR para que rindiera declaración en torno a este mismo caso, pero luego se le retuvo por una supuesta arma de fuego que el litigante dijo que le fue sembrada. Este miércoles fue liberado tras pagar una fianza.


De acuerdo con los abogados consultados el equipo que realiza el cateo es el mismo que detuvo a Paulo Díez.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.

La PGJDF detiene a presunto tercer implicado en el multihomicidio en la Narvarte

Fuentes cercanas al caso confirmaron a Animal Político que se trata de la persona que los otros dos detenidos y procesados identifican con el seudónimo de “Omar” y que también habría estado presente en el departamento donde fueron asesinados Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Mile Martin y Rubén Espinosa.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) detuvo a un hombre identificado como el presunto tercer implicado en el multihomicidio ocurrido el 31 de julio en la colonia Narvarte.

Fuentes cercanas al caso confirmaron a Animal Político que se trata de la persona que los otros dos detenidos y procesados identifican con el seudónimo de “Omar”, quien también habría estado presente en el departamento donde fueron asesinados Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Mile Martin y Rubén Espinosa.

En conferencia de prensa sin posibilidad para preguntas de los medios, el procurador de justicia del DF, Rodolfo Ríos Garza, precisó que el detenido se llama César Omar Martínez, tiene 32 años, es residente de la ciudad de México y fue aprehendido en las inmediaciones de la delegación Coyoacán. El funcionario precisó que dentro de 48 horas se determinará la situación jurídica del detenido.

Hasta el momento hay dos procesados por este caso, Daniel Pacheco y el expolicía Abraham Tranquilino, quienes han rendido declaraciones contradictorias en torno a lo ocurrido en el departamento, pero coinciden en que asistieron al mismo con otra persona de nombre “Omar.

Ayer jueves 10 de septiembre se dio a conocer que al menos tres personas más estarían vinculadas con el caso Narvarte. Esta información deriva de un nuevo video que ya fue anexado al expediente de esta investigación, según el diario Reforma.

El encuentro habría tenido lugar en Taxqueña y habría durado solo unos minutos.

Investigadores que analizaron el video obtuvieron información sobre quiénes podrían ser los nuevos implicados, esto sin haber interrogado nuevamente a Torres ni a Pacheco. El encuentro no fue parte de la declaración de los detenidos ni se informó de la participación de más personas.


La grabación fue obtenida de cámaras de seguridad y registró el encuentro poco después de que Abraham, Daniel y Omar dejaran el departamento de la Narvarte.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.

Caso Ayotzinapa, herida nacional que debe ser atendida: obispos de Guerrero

MÉXICO, D.F: Los cuatro obispos del estado de Guerrero afirmaron que las deficiencias en la investigación sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa –halladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)– “parecen repetirse” en las otras 25 mil desapariciones reportadas en México.

A través de un pronunciamiento público dado a conocer hoy, los obispos aseguran:

“Las deficiencias que han sido señaladas en esta investigación (del GIEI) parecen repetirse en otros casos, como los 25 mil desaparecidos que hay en el país y que están a la espera de ser esclarecidos como condición para la justicia y para la reparación del daño”.

Consideran los prelados que el caso Ayotzinapa “es una herida nacional que tiene que ser atendida y curada, pues el país no se puede reconstruir sin verdad y justicia”.

Carlos Garfias, arzobispo de Acapulco; Salvador Rangel, obispo de Chilpancingo; Dagoberto Sosa, de Tlapa; y Maximino Martínez, de Ciudad Altamirano, suscriben el pronunciamiento en el que piden que se aclare el paradero de los normalistas desaparecidos, puesto que “la verdad” es fundamental “para avanzar hacia la reconciliación, el progreso y la paz”.

De lo contrario, alertaron, se corre “el riesgo de un crecimiento de las tensiones sociales”.

Respecto al informe recientemente presentado por GIEI, señalaron los obispos que “urge a una renovada exigencia de la verdad”.

Por último, hicieron el siguiente exhorto:


“Llamamos a las autoridades a que den respuesta cabal a estas demandas sociales en todo lo que tienen de legítimas. La exigencia de la verdad en el caso y la justicia para las víctimas es una exigencia social que no puede postergarse más, como una condición básica para el desarrollo y la democracia”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODRIGO VERA.

Pese a escándalos, abre Peña a empresarios megaplan de infraestructura

TOLUCA, Edomex: Para que los recortes presupuestales del año próximo no afecten los avances en infraestructura, el presidente Enrique Peña anunció la puesta en marcha de un ‘megaplan’ en la materia, incluso “con más participación del sector privado”.

Una mayor intervención de la iniciativa privada en este sector, indicó, permitirá que el gobierno destine más recursos a otras áreas, y garantizará más infraestructura, a pesar de que 2016 será un ejercicio complicado.

En presencia de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones, y cuando todavía prevalecen dudas sobre presuntos actos de corrupción de autoridades federales y mexiquenses con la empresa española OHL, Peña Nieto no aclaró esquemas de participación de particulares ni las obras programadas en este ramo.

Hace unos días, recordó el mandatario, se entregó el Presupuesto 2016, que obliga al gobierno del República a “apretarse el cinturón” y a la “austeridad” en el ejercicio del gasto público.

Estas medidas, explicó, fueron motivadas por la gran volatilidad financiera mundial que genera incertidumbre, en virtud de que las economías de los países, incluso los considerados motores de desarrollo, no han crecido, lo que repercute en el precio del petróleo y el tipo de cambio.

Por estas razones, argumentó, la autoridad federal presentó un paquete que incluye ajuste en el gasto, dejando a salvo áreas prioritarias como la seguridad pública, “en donde tenemos que seguir invirtiendo, redoblar el paso para construir instituciones más sólidas, más robustas, mejor preparadas, mejor equipadas y más profesionales”.

En 2016, adelantó, también se priorizará la edificación de infraestructura, como el par de puentes Centenario de la Constitución inaugurados este viernes 11 sobre la carretera Toluca-Palmillas.

En 2017, recordó Peña Nieto, se conmemorará el centenario de la Constitución, fecha en la que se inscriben, aseguró, las “reformas transformadoras” impulsadas en su administración.

“Hay quienes ponen en duda los resultados, que son pesimistas, pero los avances y logros existen”, presumió.

México, destacó, mantiene un paso creciente en la economía, y prueba de ello, destacó, son tres cifras alentadoras:

En la actualidad, refirió, el país registra la tasa de inflación más baja de la historia, ya que el INEGI destacó que la de agosto fue de 2.59%, lo que significa que el incremento de precios a productos y servicios es menor a otros años.

“Es la más baja desde hace más de 40 años, lo que permite estabilidad en los precios”, expuso.

También, dijo, hay más empleos; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó en agosto la creación de 72 mil 359 nuevos empleos, que se traducen en 25.4% más que los de agosto del año pasado, para llegar a un millón 496 mil empleos en lo que va de la actual administración.

“Hace 12 años, de 2000-2006, en México se habían perdido 500 mil empleos. Hace seis años, en la última administración, había menos de 62 mil empleos”, contrastó.

La economía interna, confió, “se mueve, hay más consumo”. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales informó que el consumo o ventas en agosto, comparado con el mismo mes del año pasado, aumentó 7.8%, superior a lo que crece la economía mexicana.


“Estos indicadores dan señales claras de que nuestra economía se está moviendo, a pesar de que en el mundo tenemos un escenario adverso; de que el gobierno actúa con responsabilidad para cuidar la estabilidad económica de nuestro país, que he decidido ajustarnos y apretarnos el cinturón, generar ahorros internos y mantener nuestras prioridades de inversión en seguridad pública, combate a la pobreza y desarrollo de más infraestructura”, concluyó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.

Expertos y PGR acuerdan nuevo peritaje en Cocula

México, D.F. Los integrantes del grupo Internacional de Especialistas Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acordaron el plan de trabajo que realizarán de manera conjunta con la Procuraduría General de la República (PGR) en torno a la desaparición de los 43 estudiantes, y adelantaron que participarán en la realización de un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, donde las autoridades mexicanas aseguran que fueron incinerados los normalistas de Ayotzinapa.

Entre las acciones que se realizarán está la profundización en la línea de investigación relacionada con lo que se ha denominado el quinto autobús, en el cual presuntamente integrantes del cártel Guerreros Unidos transportaban heroína o dinero, y sin saberlo, los estudiantes trataron de apoderarse de él, y ello habría ocasionado que los desaparecieran.

Carlos Marín Beristáin y Francisco Cox, integrantes del GIEI se reunieron con la procuradora general de la República (PGR), Arely Gómez González y el subprocurador de Derechos Humanos de esa dependencia, Eber Omar Betanzos, y acordaron el plan trabajo.

“Hemos tenido un helaron muy estrecha, y esperamos que esto redunde en la resolución del caso”, dijo Beristáin.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: GUSTAVO CASTILLO GARCÍA.

PGR se compromete dar información sobre el caso Iguala

México, DF. La procuradora general de la República, Arely Gómez González, se comprometió a actuar con transparencia y dar acceso a la información a quienes han solicitado la documentación relacionada con “los lamentables hechos ocurridos en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero”, durante una reunión con los integrantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).

Gómez González revisó con Ximena Puente de la Mora, presidenta del INAI, los avances de la versión pública de la averiguación previa del caso Iguala, en cumplimiento a una resolución del instituto.

La procuradora, comentó que la realización de la versión pública del expediente implicó un esfuerzo sin precedente en la institución, que contó con la participación de 85 servidores públicos de diferentes áreas que se dedicaron a generar la información que se pondrá a disposición de los solicitantes próximamente, una vez que sean atendidas las observaciones realizadas por el INAI.

Aseguró que para la realización de la versión pública ha sido necesario revisar la información contenida de 85 tomos y 13 anexos; en total 52 mil hojas que fueron revisadas con el propósito de salvaguardar la información confidencial de víctimas, ofendidos, testigos e inculpados, garantizando el derecho a la privacidad, la protección de datos personales y el debido proceso.

La titular de la PGR estuvo acompañada por los integrantes del Comité de Información de la institución, el Presidente y titular de la Unidad de Apertura Gubernamental, Dante Preisser Rentería; El titular del Órgano Interno de Control, Luis Grijalva Torrero; La titular de la Unidad de Enlace Adriana Campos López, así como por la secretaria técnica, Marlene Magallanes López.


En la reunión, la presidenta del INAI, las comisionadas Areli Cano, Patricia Kurczyn, y los comisionados Francisco Acuña, Óscar Guerra Ford y Eugenio Monterrey reconocieron el compromiso y la labor de la Procuraduría General de la República para avanzar en la elaboración de la versión pública de la averiguación previa de este caso.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO.