Eric Witte, gerente del proyecto de ensayos nacionales sobre crímenes graves de la organización Open Society Justice Initiative, publicó un análisis titulado “En busca de respuestas, y liderazgo en Guerrero”, en el cual hace énfasis en la desconfianza y el miedo ciudadano hacia las autoridades.
Dice que las desapariciones de Ayotzinapa desenmascararon las “horrendas realidades de atrocidad e injusticia en Guerrero” y que la crisis llevó al estado hasta el borde de la desestabilización. “Pero también hay una ventana de oportunidad”, señaló.
Por su parte, Uta Thofern, directora del departamento para América Latina de Deutsche Welle, opinó en el portal del medio alemán que el reciente informe de los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala revela “no solo el fracaso de las investigaciones oficiales, sino también un completo error de cálculo del Gobierno”, y que además, esta no es la primera vez que Peña Nieto y sus funcionarios se equivocan en sus versiones “inverosímiles” sobre el caso.
“‘La verdad histórica’ del gobierno de Enrique Peña Nieto se vino abajo”, señaló Radio Francia Internacional (RFI) en un reciente reporte.
“Queda claro que el gobierno es responsable” porque “se podían haber salvado vidas y no lo hicieron”, aseguró por otra parte, Santiago Canton, director ejecutivo de derechos humanos en Washington de la fundación Robert F. Kennedy y ex Secretario ejecutivo de la CIDH.
“Los pilares básicos de la versión del gobierno mexicano sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa han sido fuertemente cuestionados”, dijo también la BBC en su versión internacional.
Los expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ponen en cuestión tres elementos básicos de esta versión: la supuesta incineración de los cuerpos, los motivos del crimen y el papel de policías militares y federales en el caso. “Este es un resumen de las principales conclusiones del informe, de 550 páginas”, dice el medio británico.
En respuesta, padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos, exigieron al Presidente Peña Nieto el regreso con vida de sus hijos, o en su defecto, su renuncia al cargo de mandatario nacional.
Andrew Selee, del Centro Woodrow Wilson, le dijo en entrevista a Public National Radio (NPR), que el informe del Grupo de expertos de la CIDH pone en duda lo que ha sido, probablemente, “la investigación de más alto perfil por el gobierno mexicano en los últimos dos años”, lo que hizo que el gobierno mexicano se pusiera “nervioso” e “incómodo”.
INVESTIGACIÓN “SIN PRIVILEGIOS”
La Open Society Justice Initiative visitó Chilpancingo, la capital guerrerense, durante el verano del año pasado “para averiguar por qué ha habido tan poca responsabilidad penal por los asesinatos, desapariciones y torturas ocurridas” en aquella entidad de la República.
“Las estadísticas y la sociedad civil locales atribuyen la situación a fallas sistémicas generalizadas en todos los niveles del sistema de justicia penal. Sin embargo, los funcionarios del gobierno nos aseguraron que se trataba sólo de delincuentes matándose entre sí [la violencia] que no se había perjudicado a inocentes”, escribió Witte.
De acuerdo con el equipo de investigación de la Open Society, los funcionarios locales de procuración de justicia les afirmaron en ese momento, que nadie había sido declarado culpable por desaparición y tortura, simplemente porque “éstas no son problemas en Guerrero”.
Ocho días después, escribió Witte, en Iguala, los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados a balazos. Seis personas murieron y 43 estudiantes desaparecieron.
“El caso escandalizó a la sociedad mexicana, y al mundo entero, y puso en serios aprietos a los políticos”, opinó el gerente de proyecto sobre crímenes graves de la Open Society.
Por su parte, el Instituto de Justicia Procesal Penal dijo que desde hace muchos años diferentes organizaciones de sociedad civil, académicos y actores del sistema de justicia reclaman investigaciones profesionales y científicas.
“Sabemos que la fabricación de casos es común y que la debilidad de la persecución penal es constantemente subsidiada por dicho sistema. Son innumerables los casos fundados en ‘confesiones’ o testigos únicos, mientras que las víctimas siguen esperando la respuesta de las autoridades”, dijo el Instituto a través de un comunicado.
“Demandamos que las instituciones de justicia federal reconozcan la debilidad de la investigación realizada por la PGR”, dijo el Instituto de Justicia Procesal Penal.
“Exigimos verdad, justicia y reparación. Todas y todos somos víctimas cuando las instituciones de los sistemas de justicia y seguridad contribuyen a la impunidad”, finalizó en su comunicado.
También los integrantes del Consejo Ciudadano para la Implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos difundieron una carta dirigida a Enrique Peña Nieto. En ella dijeron que para concluir con bien esta investigación y castigar a los culpables, para saber realmente qué sucedió aquella noche “trágica”, es importante que nadie goce de privilegios ni de impunidad.
“El combate a la corrupción e impunidad ha sido algo central en su discurso el pasado 2 de septiembre en el Tercer Informe de Gobierno, confiamos en que lo lleve a cabo”, dijeron.
AYOTZINAPA NO PODRÁ IR ANTE LA JUSTICIA INTERNACIONAL
Patrick Timmons, investigador de derechos humanos que enseña Historia en El Paso Community College, calificó en una editorial publicada en Counter Punch, como una “victoria pírrica” el informe de los expertos de la CIDH, ya que dijo que todavía no hay justicia para los desaparecidos de Ayotzninapa”.
Dijo también el Estado mexicano sabe que el informe Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre Ayotzinapa, es sólo eso, la expresión de expertos independientes, y que por ello, las víctimas no recibirán el “estándar de oro” de la justicia, prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El investigador estadounidense aseguró también que las recomendaciones emitidas por la CIDH no son entran en la definición estricta de la justicia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos (en concreto la Convención Americana sobre Derechos Humanos), en la cual existe la justicia sólo cuando el Estado reconoce su responsabilidad por las violaciones, ofrece reparación a las víctimas, así como las reformas de sus prácticas y procedimientos para que las violaciones no vuelvan a ocurrir.
“El informe del GIEI no ofrece ninguno de estos objetivos, por lo que sus recomendaciones emitidas no son jurídicamente vinculantes, esto a pesar de que los expertos trabajaron bajo el mandato de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el consentimiento del Estado mexicano”, escribió Timmons.
Además esclareció que la CIDH no puede obligar a un Estado a admitir su responsabilidad, reparar y garantizar la no repetición de violaciones, y la única forma de lograr esto es asegurar un juicio en un tribunal internacional.
“Los Estados que forma parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, rara vez, o nunca, desobedecen explícitamente órdenes judiciales de la Corte. Los Estados partes están más dispuestos a desafiar a la Comisión, por lo que la Corte existe: para forzar que los que los Estados que abusan y cometen graves crímenes contra los derechos humanos cumplan con su responsabilidad de admitir los hechos”.
Timmons dice además que el informe del GIEI presenta obstáculos a los requisitos exigidos por las normas de admisibilidad ante la Comisión y la Corte. El Grupo de la CIDH ha utilizado su experiencia para dar claridad a corto plazo para el caso Ayotzinapa, “algo psicológicamente importante para las familias de las víctimas”, y su informe demuestra que se deben de desestimar las teorías falsas del Estado.
Pero el resultado más probable es que las víctimas de Ayotzinapa no recibirán un juicio de la Corte internacional. “¿Por qué?”, se pregunta el investigador, porque el Estado mexicano ahora afirmará que está agotando los recursos internos necesarios establecidos por la ley, y que por ello ha financiado y permitido que los expertos del GIEI trabajaran en México y emitieran un informe sobre Ayotzinapa, “que ha superado los requisitos en virtud de la propia legislación penal interna mexicana.”
Por lo tanto, asegura Timmones, lo que el GIEI ha hecho es señalar las deficiencias del Estado mexicano en la investigación de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, de una manera que le ayudará al Gobierno mexicano evitar un litigio en un tribunal internacional.
“Lo que el Estado mexicano ahora tiene que hacer es demostrar que ha tomado el informe en serio y trató de poner en práctica sus recomendaciones. Ni la Corte, ni la CIDH, pueden aportar pruebas en base a las recomendaciones del GIEI, porque el informe se ha producido fuera de los procedimientos formales, ya sea en la Comisión o en la Corte”, afirma Timmons.
“No es de extrañar, entonces, que inmediatamente después de la publicación del informe, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, tuiteó que su gabinete debe tener en cuenta los resultados de la investigación del GIEI. Mientras el Estado mexicano pueda decir que se está tratando de cumplir con el informe, más se puede retrasar que las familias de las víctimas pidan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que abra un caso formal”. Y sin una petición ante la CIDH no puede haber ningún caso en la Corte, dice el investigador.
El autor del análisis publicado en el portal de la Open Society recordó que las decenas de fosas clandestinas que se han encontrado en aquella entidad, y que búsqueda de estas representan un gran riesgo para los grupos de autodefensas y las familias de los normalistas, que están motivados por “la indignación y el impulso de las familias del caso Ayotzinapa”, quienes siguen exigiendo sancionar a los responsables y también que las autoridades rindan cuentas.
“A pesar de las afirmaciones poco confiables de los funcionarios federales a cargo de la investigación del caso, los 43 estudiantes desaparecidos aún no han sido encontrados”, escribió el analista.
Witte enfatizó que a sólo unos días del primer aniversario de las desapariciones de Ayotzinapa, algunos funcionarios estatales continúan negando que Guerrero está atravesando una crisis de atrocidad e injusticia.
“Mientras el nuevo Congreso estatal y el Gobernador recién electos se preparan para asumir sus cargos públicos en Guerrero, ¿podrán combatir las causas que subyacen a la impunidad en el estado?”, se preguntó el analista de la Open Society.
Witte también hizo referencia al reporte que fue difundido hace unos días por su organización, realizado en conjunto con con dos organizaciones civiles locales, titulado Justicia Fallida en el Estado de Guerrero, mismo “que es parte de un proyecto más amplio sobre justicia para las atrocidades ocurridas en México”.
“El reporte analiza la información disponible sobre la magnitud de asesinatos, desapariciones y tortura en Guerrero. También analiza las razones subyacentes a la casi total falta de sanción y rendición de cuentas por estos crímenes. Finalmente, identifica los temas más fundamentales a los que el nuevo gobierno debe dar prioridad con el fin de poner fin a la crisis”, dice Witte.
La falta de justicia ante ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas en Guerrero se debe principalmente a que el sistema de justicia ha sido influenciado por un Poder Ejecutivo “autoritario” y sin contrapesos y a que la policía, encargada de investigar y perseguir los delitos, está “profundamente implicada en la perpetración de atrocidades”, dijo la Open Society en su reporte, mismo que fue reseñado por SinEmbargo.
El autor del análisis señaló que a pesar de que Guerrero es uno de los estados más pobres y violentos de México, en dicho estado jamás se ha emitido una condena por estos delitos (guerra sucia, homicidios, desapariciones forzadas y/o involuntarias, además de tortura).
“¿Por qué motivo la falta justicia por atrocidades en Guerrero ha sido casi absoluta?”, se preguntó Witte en su análisis.
El analista dijo que puede haber dos respuestas: la falta de profesionalismo de la Policías y funcionarios del sistema de procuración de justicia, pero que lo más importante es que “los problemas de fondo son políticos”.
“Los gobiernos anteriores han permitido a los funcionarios a cargo de la investigación y persecución del delito y a la policía investigadora el uso de confesiones forzadas obtenidas mediante tortura, y la tortura de sospechosos como forma de castigo extrajudicial. Esto es en sí mismo un delito pero también produce información profundamente débil y poco confiable, además de que permite que los funcionarios públicos implicados no investiguen casos de tortura en contra de ellos mismos”, dijo Witte.
El analista indica que los sistemas de justicia funcionan cuando hay mecanismos de rendición de cuentas adecuados, pero en Guerrero dichos mecanismos son disfuncionales o están bajo ataque. Asegura además, que el Ejecutivo ha interferido en el Poder Judicial, y el Congreso de Guerrero ha fracasado casi absolutamente en detener tales abusos.
Señala que las organizaciones de la sociedad civil han sido quienes más han presionado para que se hagan reformas, pero en respuesta han enfrentado difamaciones, amenazas y violencia por parte de los funcionarios estatales y organizaciones criminales.
Witte otorgó soluciones al final de su análisis: “Los problemas arraigados requieren reformas profundas”, escribió.
Exigió al gobierno estatal crear una vice fiscalía independiente para la investigación y persecución de atrocidades y abusos de derechos humanos, así como establecer equipos integrales y multidisciplinarios para la investigación de los cientos de desapariciones sin resolver. También pidió lanzar un programa masivo –con asistencia nacional e internacional- para localizar, exhumar e investigar fosas comunes y clandestinas.
Witte solicitó al gobierno de Guerrero que los servicios periciales y de protección de testigos sean independientes de las autoridades políticas y de la oficina del Fiscal General del estado, así como modificar la ley de tortura y crear un comité de supervisión de la Comisión de los Derechos Humanos local “que fue debilitada por el Ejecutivo”, además de reestructurar la policía estatal con un nuevo énfasis en la investigación adecuada de delitos.
“Para terminar con la crisis de atrocidad e injusticia de Guerrero, él y el recién electo Congreso tendrán que actuar con firmeza y rapidez”, finalizó Witte.
Uta Thofern, de Deutsche Welle, opinó en el portal del medio alemán que el reciente informe de los expertos independientes de la CIDH sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala, revela, no solo el fracaso de las investigaciones oficiales, sino también un completo error de cálculo del Gobierno, y que además, esta no es la primera vez que Peña Nieto y sus funcionarios se equivocan en sus versiones “inverosímiles”.
“No es ninguna sorpresa que los expertos designados por la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considere inverosímil la explicación oficial de lo ocurrido en Iguala”, escribió Thofern.
“También es conocido el patrón de respuesta: una serenidad burocrática francamente provocadora. En el liberal México todo discurre por un curso socialista. En esta ocasión, el presidente anunció vía Twitter que las conclusiones del grupo de expertos serán tenidas en cuenta en las investigaciones. Al parecer, el tema ni siquiera merece que se celebre una rueda de prensa. No levantar más polvareda parece haberse convertido en el lema del Gobierno federal, presidido por Enrique Peña Nieto”, opinó la directora de la redacción de Latinoamérica en DW.
Thofern dijo además, que lo ocurrido en Iguala “es más que un caso especialmente trágico de desaparecidos entre muchos otros”.
“Ya solo este punto de vista supone un escándalo. Si el crimen se convierte en el día a día de una sociedad y la impunidad en la norma, el Estado de derecho es solo una palabra extraña y la democracia una ilusión, al menos para la mayoría de las personas que no pueden permitirse pagar un guardaespaldas y que no se han corrompido por dinero o por seguridad. O que no han tenido nunca la posibilidad de dejarse sobornar. Eso es lo que Iguala representa”, enfatizó la periodista alemana.
La directora de Deutsche Welle para AL dijo que los 43 estudiantes se han convertido en un símbolo de las casi 25 mil personas desaparecidas y de los incontables crímenes impunes de corrupción, violencia, asesinatos de periodistas, víctimas de la lucha contra la droga del predecesor de Peña Nieto [el panista Felipe Calderón Hinojosa] y de “todas las deficiencias, presuntas y probadas, de su propio Gobierno”.
“Seguramente esto le parezca injusto al presidente, y lo es en parte, pero debe tomarlo en cuenta en toda su dimensión”, escribió Thofern.
La periodista alemana opinó que las reformas económicas y educativas de Peña Nieto sirven de poco en esta crisis y las leyes con las que su Gobierno ha intentado controlarla en los últimos meses, resultan ineficaces si no se cuenta con un sistema de seguridad y judicial dignos de confianza.
“México necesita ayuda, no un lavado de imagen. El orgullo nacional está fuera de lugar en esta situación, el Gobierno debe pedir apoyo a Naciones Unidas. También puede contribuir la prevista asociación en materia de seguridad con Alemania, aunque podría implementarse mejor en el marco de una acción internacional, siguiendo el ejemplo de la Comisión contra la Impunidad de la vecina Guatemala”, dijo Thofern.
“Iguala fue la gota que colmó un enorme vaso. Este caso simboliza todo lo que desde hace décadas discurre rematadamente mal en México. Una gran parte de la sociedad civil se ha levantado contra ello, pero su voz no ha encontrado hasta ahora una vía política”, opinó la periodista alemana.
“Actualmente la credibilidad de la clase política está tan hundida, que no hay ningún partido que se haya ganado la confianza de los desesperados. Iguala también significa esto: con este caso cae la aceptación de la democracia en México. Esa es la verdad que debe afrontar el Gobierno”, finalizó.FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-09-2015/1478671.
