MONTERREY, N.L: Irma Leticia Hidalgo, presidenta de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl), señala que en la entidad puede haber hasta 10 mil víctimas de este delito. La opacidad de la Procuraduría de Justicia del Estado ha obligado a los familiares a hacer sus propias cuentas. A decir de Hidalgo, la organización se basa en el Informe de Misión a México. Grupo de trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. La activista, madre de Roy Rivera –desaparecido por secuestro–, dice que en el citado documento, que se presentó en 2011, se estima que sólo se denuncian dos de cada 10 casos de ese ilícito, es decir, que existe una cifra negra de 80%. Recuerda que en los últimos años el gobierno de Nuevo León ha mencionado, de manera imprecisa, un estimado de mil desaparecidos (aunque a veces se refiere a 900). Si a éstos se añaden los casos que ella conoce y no han sido denunciados, el saldo se acerca a 10 mil. Añade que además de los casos no denunciados, los crímenes y desapariciones cometidos contra los migrantes no figuran en las estadísticas de la autoridad. En consecuencia, los datos que da a conocer el gobierno nuevoleonés al respecto son muy imprecisos y generan dolor entre los familiares de los desaparecidos, así como revictimización. Esto contrasta con las cifras oficiales y de otras organizaciones civiles. Fue en 2011 la primera vez que Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), junto con la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados y Desaparecidos de Nuevo León (Amores), se reunieron con funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Nuevo Lleón, entonces encabezada por Adrián de la Garza Santos, hoy alcalde electo de Monterrey. En los años siguientes hubo encuentros similares para que los familiares aportaran información sobre los casos y los expedientes fueran reactivados. La primera reunión fue pionera a nivel nacional. No había otras con ese formato entre autoridades estatales y allegados a los desaparecidos. El pasado 28 de agosto se realizó la reunión número 23, la última con funcionarios de la administración de Rodrigo Medina de la Cruz. A partir del 4 de octubre inicia el sexenio de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y CADHAC espera que la misma dinámica continúe con el próximo mandatario. Al finalizar esa junta de trabajo, la hermana Consuelo Morales Elizondo, presidenta de CADHAC, dio a conocer cifras recabadas desde 2009: en esos seis años se denunció la desaparición de 967 personas, de las cuales fueron localizadas 142: 60 vivas y las demás identificadas por su perfil genético. Es decir, 825 de esas personas no han sido localizadas. En el mismo periodo, dijo Morales Elizondo, se revisaron 219 expedientes. Como parte de las indagatorias por esos delitos fueron consignadas 63 personas, de las cuales 18 eran policías o agentes de tránsito. Hubo 12 sentencias condenatorias. Asimismo, informó que la procuraduría estatal le había compartido información sobre los hallazgos de desaparecidos en el municipio de Salinas Victoria, 25 kilómetros al norte de Monterrey. Según la activista, desde 2011 la autoridad encontró en el rancho Las Abejas 31 mil restos humanos que habían servido para identificar 31 personas mediante el cruce de información de ADN. La revelación generó revuelo nacional. La procuraduría tuvo que sacar un boletín aclaratorio que varió poco la información: dijo que los restos eran 30 mil, no dio datos más precisos. Al día siguiente, Fundenl emitió un comunicado para señalar que los datos de Las Abejas ya eran antiguos, y reprochó a la procuraduría y a los medios de comunicación la ligereza con que manejaron las cifras. Indicó: “La tragedia humanitaria que vive Nuevo León por la desaparición de personas es enorme y fue ocultada y administrada por el gobierno de Rodrigo Medina y organizaciones afines. Las víctimas pueden llegar a 10 mil personas por los casos no denunciados y si se toma en cuenta a la población migrante. “Una de las prioridades que se le plantearon al nuevo gobierno es que se debe contar con un registro confiable del número de personas desaparecidas en el estado”. La asociación civil recordó que en julio de 2014, cuando la procuraduría nuevoleonesa encontró predios con restos humanos, Fundenl solicitó información y ésta le fue negada por el entonces encargado de la dependencia, De la Garza Santos, con el argumento de que las familias “no tenían interés jurídico”. Pese a esta postura del procurador, los familiares averiguaron que desde 2011 se había trabajado en Salinas Victoria y en Sabinas Hidalgo. En cambio –prosiguió Fundenl– hay decenas de áreas, no tan extensas como las de los municipios mencionados, donde se han ubicado restos humanos sin que la procuraduría los analice, por falta de recursos. Sin recursos La presidenta de Fundenl reconoce, en entrevista, que no llevan la cuenta de los casos que les han dado a conocer de manera aislada las personas que sospechan de la desaparición forzada de algún familiar. La asociación no tiene la infraestructura para ello, pues las 30 familias que la integran realizan todo el trabajo de difusión y los trámites necesarios. “Tendríamos que estar haciendo otras cosas. Pero cuando salió lo de los 31 mil (restos humanos) todo el día tuvimos que estar dedicándole tiempo al asunto. Además tenemos que estar haciendo eventos públicos, luego buscando a nuestros hijos… “No tenemos personal ni fondos de nadie, gastamos nuestro propio dinero en vueltas, llamadas, viajes. Ya nos hicimos asociación civil para tener la personalidad jurídica que muchas veces nos exigen.” Aun así, hasta 2014 Fundenl consiguió registrar unos 100 casos de desaparición forzada. Hidalgo reconoce que el actual procurador, Javier Flores, es más sensible hacia los familiares y a través de él obtuvieron una entrevista con Lourdes Chávez, coordinadora de Genética Forense de la dependencia, para que les diera información directa sobre los hallazgos. En mayo pasado la especialista les reveló que la cifra de restos encontrados en el rancho de Salinas Victoria era de 10 mil y que habían identificado a 16 personas. “Ahora la cifra se está multiplicando: de 10 mil a 30 mil restos y de 16 a 31 personas identificadas. Entonces ya no sé nada. Por eso creemos que desde el momento en que la procuraduría supo esta información de Las Abejas, si actuara con transparencia y se manejara profesionalmente, nada habría causado confusiones, como sucede ahora. Y es información que debe saber toda la sociedad, no sólo los familiares”, dice Hidalgo. Búsqueda permanente Roy Rivera Hidalgo fue secuestrado de su casa el 11 de enero de 2012. Desde entonces, su madre no deja de buscarlo. Junto con familias de otras víctimas, agrupadas en Fundenl, Hidalgo ha presionado a la procuraduría de Nuevo León para que les permitan conocer información relacionada con los desaparecidos. Ellos han localizado lugares donde puede haber restos humanos y han emplazado a las autoridades para que los acompañen, pero han sido ignorados. Finalmente, el procurador Javier Flores accedió a que Hidalgo acompañara al equipo forense que desde 2011 rastrea vestigios humanos en Las Abejas. Pero le advirtieron que fuera por sus propios medios y bajo su riesgo. Ella acudió con la esperanza de conocer información que condujera al paradero de Roy. “Hice valer mi derecho de estar presente en la inspección”, señala la activista, quien acudió con un acompañante. A la diligencia también asistió un agente del Ministerio Público, agentes del Grupo Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Agencia Estatal de Investigaciones y el equipo forense que recabó las muestras. En el lugar, los médicos forenses le explicaron a Hidalgo que no encontraron huesos completos, sino fragmentos. En 2013, cuando era procurador, De la Garza Santos anunció la adquisición de un escáner para detectar restos humanos. Para febrero de 2014 el aparato ya había localizado 4 mil fragmentos de hueso o tejido en predios donde era probable encontrar cadáveres.
Sin embargo, cuando Hidalgo fue a Las Abejas, la autoridad no llevó el escáner. FUENTE: PROCESO. AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
MÉXICO, D.F: Más de 10 mil 800 personas han firmado una petición en la plataforma Change.org para que se le retire la diputación plurinominal a la actriz Carmen Salinas.
La petición fue iniciada por Carlos Portuguez con el fin de recolectar firmantes, a través del siguiente mensaje:
“Si no sientes indignación por el video en el cual Carmen Salinas se burla de todo el pueblo mexicano, haciendo alarde de su corta capacidad como servidor público, enalteciendo ya de por sí decrépita clase política mexicana, no sé qué nos hará despertar y exijamos que el fuero le sea retirado a cada uno de estos parásitos que viven y cobran del trabajo de cada uno de nosotros”. La petición considera que el de Carmen Salinas es un claro ejemplo de cómo la política mexicana sólo está al alcance y pensada para algunos cuantos. “No se trata de cambiar un sistema pero sí no dejar que se vuelva peor, no podemos pasar esto por alto, porque nuestra responsabilidad es el salvaguardar nuestro esfuerzo y dinero, así como nos quejamos de los precios que suben y suben, también debemos de exigir que se haga un buen trabajo en aquellos que permiten que la inflación crezca”. Por último, hace un llamado a no dejar que estos “servidores públicos” hagan realidad el dicho que dice: “el pueblo tiene el gobierno que merece”. Hace unos días, la diputada federal priista utilizó la aplicación Periscope para afirmar que no se durmió durante una sesión de la Cámara de Diputados. “Si hubiera habido coyote me vale gorro, lo digo y lo requete digo, porque ustedes son mis amigos y saben que siempre digo la verdad”, expresó. También admitió que hasta el momento no tiene ninguna iniciativa de ley. “No la hagas de pedo porque ahorita no las tengo (las iniciativas)”, afirmó la actriz.
Y remató: “A mí me vale madre lo que digan. Ahora falta que algún compañero por ahí se aviente un pedo y digan que me lo eché yo. Si me lo voy a echar me lo hecho y bien tronadito”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
El hallazgo de los restos humanos se realizó en el municipio de Alvarado, señaló la Fiscalía de Veracruz; marinos consideran que hay restos de al menos 15 personas.
El Fiscal de Veracruz, Luis Angel Bravo Contreras, confirmó que autoridades de la Marina Armada de México y la Fuerza Civil localizaron nueve cadáveres dentro de una fosa clandestina localizada en el municipio de Alvarado. La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) señaló que tras el hallazgo, un grupo de expertos en materia forense de la Fiscalía llegó al lugar junto con investigadores y elementos de la Policía Ministerial Acreditable. “En estas acciones, la FGE realiza prácticas periciales que cumplen con las normatividades internacionales de protección a los derechos humanos de las víctimas y protocolos de identificación de personas”, indica un comunicado. La Fiscalía agregó que los peritos realizarán pruebas para precisar la identidad de los cuerpos, la mayoría de los cuales presentan tatuajes, lo que pudiera facilitar su identificación. Tras el hallazgo, familiares de personas desaparecidas en las cercanías de Alvarado, provenientes de Potrero y Omealca, poblaciones cercanas a la zona conurbada de Veracruz, llegaron a las instalaciones de la Fiscalía del Estado para ver si se trataba de alguno de sus parientes.
Aunque la Fiscalía ha confirmado sólo el hallazgo de nueve cuerpos, marinos que arribaron al lugar de los hechos consideran que al menos serían 15 cuerpos los que fueron descubiertos. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: VÍCTOR HUGO ARTEAGA. FECHA: 12 SEPTIEMBRE 2015
Durante 2014, se registraron mil 737 incidentes violentos en centros penitenciarios del país, establece el "Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria" de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Durante 2014, se registraron mil 737 incidentes violentos en centros penitenciarios del país, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Cámara de Diputados. En su “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, correspondiente a 2014“, la CNDH señala que del total de incidentes violentos, 993 ocurrieron en Centros de Reinserción Social (Ceresos), 740 en Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) y cuatro en las prisiones militares. El hecho violento con mayor número de incidencia corresponde a las riñas, con un total de mil 435 eventos (700 en Ceresos, 734 en Ceferesos y uno en prisiones militares). Le siguieron los desórdenes, con 126 en Ceresos; los suicidios, con 68 (62 Ceresos y seis en Ceferesos); los abusos, con 51, todos en Ceresos; los homicidios, con 49 en Ceresos, y los motines, con cinco en Ceresos. Respecto a quejas, la CNDH menciona que se presentaron seis mil 121, de las cuales seis mil 118 corresponden a Ceferesos y Ceresos, y tres a prisiones militares. Mientras que las entidades con mayor número de expedientes de quejas son el Distrito Federal (seis mil 10), seguido por el Estado de México (675), Baja California Sur (452), Baja California (443), Puebla (281), Quintana Roo (233) y Sonora (224). En materia de garantías, las más vulneradas fueron a la protección de la salud, a la integridad personal, a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la reinserción social, así como a los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad y a recibir un trato humano y digno. En la mayoría de las quejas se señala como responsables, principalmente, a autoridades penitenciarias estatales y del centro, servicio médico, mandos jurisdiccionales, defensores de oficio, procuradurías generales de justicia de los estados, policías y personal de seguridad y custodia. El total de quejas presentadas ante la CNDH sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, fue de mil 542, y a los estados que se emitieron mayor número de recomendaciones fueron Guanajuato, Puebla y Nuevo León, estableció el documento. Agregó que la autoridad presuntamente señalada como responsable en el mayor número de casos es el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social. El área en la que con mayor frecuencia se suscitaron más riñas es la de dormitorios, y la principal causa fue por diferencias personales, agresión, motivos patrimoniales, estrés, extorsión y por estar bajo el efecto de estupefacientes. Además, los objetos más utilizados como armas para este tipo de incidentes son navajas, cinturones, palos, puntas, tablas, objetos contundentes –piedras o tabiques- barrotes, charolas, cuerdas, tijeras, clavos, latas, pedazo de vidrio, sartenes y platos. En el caso de desórdenes, la mayor incidencia fue en Sonora (69), Nayarit (19), Chiapas (11), San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas (con cuatro cada uno) y Baja California Sur (tres). Sobre los suicidios, las entidades que reportaron más casos fueron: Distrito Federal (18), Sinaloa (ocho), Jalisco (siete), Guerrero (seis) y Chiapas, Durango, Michoacán y San Luis Potosí (con tres cada uno). Mientras que en homicidios el mayor índice lo registró el Distrito Federal (18), seguido de Guerrero (seis), Tamaulipas (cinco), Estado de México (cinco), Sonora (cuatro) y Chihuahua y Sinaloa (con tres cada uno), y el área de más casos también es la de dormitorios. En cuanto a motines, Quintana Roo registró cuatro y Guerrero uno, con cuatro internos fallecidos, y las causas fueron: tres por inconformidad de reubicación del líder de internos y dos por sucesos diversos. Los estados que no tuvieron incidentes fueron Campeche y Yucatán.
Además, la CNDH precisó que en el caso de prisiones militares, durante el mismo periodo solo se reportó una riña y tres quejas que se suscitaron en el penal de la V Región Militar La Mojonera, Jalisco. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
Jesús Murillo Karam justificó las acciones y las omisiones del gobierno de Enrique Peña Nieto desde la toma de posesión de éste, en 2012; le dio carpetazo al estallido de la torre de Pemex en 2013 y quiso hacer lo mismo con la tragedia de Iguala, el año pasado, con una “verdad histórica” que ocultaba más de lo que revelaba. Bastó que un grupo de especialistas independientes analizaran el caso para que se cayera esa versión, fabricada para justificar la indolencia federal y deslindar del crimen al Ejército y a los policías federales.
MÉXICO, D.F: La tarde del 31 de enero de 2013 una detonación cimbró las estructuras de la Torre B2 del complejo de edificios de Pemex. Sobre la avenida Marina Nacional, en la Ciudad de México, se expandieron el pánico, el humo y las inmediatas especulaciones. Fue una detonación similar a un sismo que derrumbó la estructura diseñada por el arquitecto Pedro Moctezuma Díaz Infante y dejó a decenas de personas atrapadas en los escombros. El gobierno de Enrique Peña Nieto apenas cumplía dos meses. Las versiones sobre un atentado proliferaron dentro y fuera de la emblemática paraestatal. La administración federal necesitaba darle un “carpetazo” al episodio, que dejó un saldo oficial de 37 muertos, y para eso utilizó al político de gesto duro, implacable y eficaz en estas tareas: el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam. Cinco días después del accidente, el 4 de febrero, Murillo Karam lanzó su primera y polémica “verdad histórica” en medio de la suspicacia social: la explosión fue causada “por gas acumulable”. Cuando los reporteros le preguntaron en conferencia de prensa por un maletín encontrado en los escombros, el exgobernador de Hidalgo soltó lo que pretendía ser un chiste: “Abren la maleta y se encuentran lo más peligroso para un hombre: cosméticos de mujer… y es lo más peligroso que traía esa maleta”. Ese chiste posicionó a Murillo Karam como uno de los funcionarios del gobierno de Peña Nieto más repudiados en las redes sociales. En menos de cuatro horas, a las 10:20 de la noche, había más de 10 mil comentarios negativos hacia su declaración en Twitter, según el sitio especializado Topsy. Aún no había pronunciado el famoso #YaMeCansé. Ésta la dijo al final de la conferencia de prensa del 7 de noviembre de 2014, cuando en el mismo puesto de procurador fue perfilando su “verdad histórica” sobre el ataque a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 27 de septiembre en Iguala. #YaMeCansé se convirtió en el hashtag más replicado hasta ahora en las redes sociales en México. Entre el 7 y el 20 de noviembre, fue mencionado en más de 10 millones de mensajes de Twitter y más de 15 millones en Facebook. Esas tres palabras se convirtieron en el síntoma de hartazgo, irritación social e incredulidad ante el relato de una especie de holocausto a la mexicana ocurrido en el basurero de Cocula. Como en el caso de la Torre de Pemex, Murillo Karam pretendió darle “carpetazo” a una investigación y a la discusión sobre el paradero de los 43 normalistas.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2028, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL.
La “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, presentada el pasado enero por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, y que concluye que los 43 normalistas fueron incinerados en un basurero de Cocula, se armó al vapor y basándose en párrafos de literatura científica sacados de contexto. Está llena de datos falsos, salpicada de omisiones y suposiciones. Y cuando los testimonios y los estudios serios empiezan a demoler las increíbles hipótesis de la PGR, o cuando algunos indicios apuntan hacia el ámbito militar, se recurre a las amenazas y al hostigamiento de testigos.
MÉXICO, D.F: El gobierno federal hizo cuadrar los hechos que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó como la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa y borró evidencias que incriminaban a instancias federales en la desaparición de los 43 normalistas. Se usaron maniobras como amenazar a testigos clave para que se retractaran de lo dicho inicialmente a Proceso, falseamiento de bitácoras oficiales y manipulación de estudios científicos contenidos en los peritajes. Datos recabados para esta investigación dan cuenta de que distintas dependencias estatales y federales también entregaron a periodistas información oficial falseada o mutilada, cuando no pudieron evadir las leyes de transparencia. Además hubo un intento del Ejército por quedarse con el video que implica a personal del 27 Batallón de Infantería en los hechos de Iguala. Estos datos son independientes al Informe Ayotzinapa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que entre otras cosas encontró: uso generalizado de tortura a los presuntos perpetradores (cuyas versiones de los hechos no concuerdan); borrado de los expedientes de uno de los autobuses atacados esa noche y destrucción de un video con imágenes de ese camión; así también las diligencias no hechas o realizadas hasta que el grupo lo sugirió: toma de declaraciones de importantes testigos, peritajes a los autobuses o estudio de las ropas halladas en esos vehículos, entre otras. Dos testigos a quienes la PGR silenció fueron los empleados del servicio de limpia del municipio de Cocula, Rosí Millán y Wenceslao Rifas, tripulantes del camión recolector que lleva la basura al tiradero municipal donde supuestamente incineraron a los normalistas. Su testimonio apareció en la página de internet de Proceso el 29 de octubre del año pasado; afirmaron que aproximadamente el día 23 –una semana antes de que la PGR anunciara que los 43 podrían haber sido cremados ahí–, militares les impidieron el paso argumentando razones de seguridad. “Dijeron: ‘Procuren no venir aquí, porque tarde o temprano puede haber un tiroteo’… y no vaya a ser la de malas, mejor ya no subimos”, dijo Millán esa vez. Hasta ese momento no habían sido citados a declarar. Ambos aseguraron que siguieron usando el tiradero desde el día de la supuesta quema de los 43 y durante casi un mes, y nunca se percataron de que en ese lugar hubiera habido algún hecho extraordinario. Parte de su trabajo consistía en vigilar de lejos el basurero para detectar cualquier humo. Millán insistía en que la noche del 26 de septiembre no hubo fuego; llovía y él no vio humareda alguna. Sin embargo, en la conferencia de enero de este año, en la cual la PGR presentó su “verdad histórica” sobre el destino de los normalistas, el entonces procurador Jesús Murillo Karam mencionó un testimonio de los recolectores de basura opuesto a esa primera versión: en esta, los dos empleados municipales habrían dicho que narcotraficantes les impidieron el paso y que por miedo habían dejado de usar el basurero. Esta reportera visitó varias veces Cocula para reconfirmar esa nueva versión. Una vez la casa de los Millán estaba cerrada; una segunda vez, la familia entera mintió y negó que Rosí estuviera ahí. Su madre y hermanos se notaban asustados. Él estaba escondido. Cuando se decidió a salir, temblaba. Antes de negarse a dar la entrevista dijo: “No voy a hablar, porque luego me acusan de mentiroso”. Su miedo tiene explicación: el 2 de noviembre, cuatro días después de la publicación de su testimonio, personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) trasladó al Distrito Federal a los dos empleados municipales y los sometió a dos días de interrogatorios sin darles comida. Les preguntaron los hechos, les mostraron un ejemplar de la revista Proceso y los amenazaron. Una persona cercana a ellos revela que en la SEIDO les dijeron que “si no recordaban” y “si no dejaban de decir mentiras” iban a terminar presos en Nayarit con los funcionarios y delincuentes de Guerreros Unidos. Entonces declararon lo contrario. Este dato fue confirmado por dos fuentes. A ambos les hicieron firmar papeles cuyo contenido desconocían. Wences –ayudante de Rosí– no sabe leer. Cuando fue entrevistado por un grupo de reporteros este año, seguía sosteniendo que en el basurero no hubo incineración. De los militares nada dijo. Ese no fue el único operativo para silenciar testigos o borrar evidencias.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2028, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: MARCELA TURATI.
Medios de comunicación, organizaciones y analistas extranjeros han exigido que el Gobierno mexicano, en todos sus niveles, diga la verdad sobre lo sucedido la noche del 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero, cuando 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayoztinapa desaparecieron sin que hasta el momento se conozca su paradero o si continúan con vida. Eric Witte, gerente del proyecto de ensayos nacionales sobre crímenes graves de la organización Open Society Justice Initiative, publicó un análisis titulado “En busca de respuestas, y liderazgo en Guerrero”, en el cual hace énfasis en la desconfianza y el miedo ciudadano hacia las autoridades. Dice que las desapariciones de Ayotzinapa desenmascararon las “horrendas realidades de atrocidad e injusticia en Guerrero” y que la crisis llevó al estado hasta el borde de la desestabilización. “Pero también hay una ventana de oportunidad”, señaló.
Por su parte, Uta Thofern, directora del departamento para América Latina de Deutsche Welle, opinó en el portal del medio alemán que el reciente informe de los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala revela “no solo el fracaso de las investigaciones oficiales, sino también un completo error de cálculo del Gobierno”, y que además, esta no es la primera vez que Peña Nieto y sus funcionarios se equivocan en sus versiones “inverosímiles” sobre el caso.
“‘La verdad histórica’ del gobierno de Enrique Peña Nieto se vino abajo”, señaló Radio Francia Internacional (RFI) en un reciente reporte.
“Queda claro que el gobierno es responsable” porque “se podían haber salvado vidas y no lo hicieron”, aseguró por otra parte, Santiago Canton, director ejecutivo de derechos humanos en Washington de la fundación Robert F. Kennedy y ex Secretario ejecutivo de la CIDH.
“Los pilares básicos de la versión del gobierno mexicano sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa han sido fuertemente cuestionados”, dijo también la BBC en su versión internacional.
Los expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ponen en cuestión tres elementos básicos de esta versión: la supuesta incineración de los cuerpos, los motivos del crimen y el papel de policías militares y federales en el caso. “Este es un resumen de las principales conclusiones del informe, de 550 páginas”, dice el medio británico. En respuesta, padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos, exigieron al Presidente Peña Nieto el regreso con vida de sus hijos, o en su defecto, su renuncia al cargo de mandatario nacional. Andrew Selee, del Centro Woodrow Wilson, le dijo en entrevista a Public National Radio (NPR), que el informe del Grupo de expertos de la CIDH pone en duda lo que ha sido, probablemente, “la investigación de más alto perfil por el gobierno mexicano en los últimos dos años”, lo que hizo que el gobierno mexicano se pusiera “nervioso” e “incómodo”.
INVESTIGACIÓN “SIN PRIVILEGIOS” La Open Society Justice Initiative visitó Chilpancingo, la capital guerrerense, durante el verano del año pasado “para averiguar por qué ha habido tan poca responsabilidad penal por los asesinatos, desapariciones y torturas ocurridas” en aquella entidad de la República.
“Las estadísticas y la sociedad civil locales atribuyen la situación a fallas sistémicas generalizadas en todos los niveles del sistema de justicia penal. Sin embargo, los funcionarios del gobierno nos aseguraron que se trataba sólo de delincuentes matándose entre sí [la violencia] que no se había perjudicado a inocentes”, escribió Witte.
De acuerdo con el equipo de investigación de la Open Society, los funcionarios locales de procuración de justicia les afirmaron en ese momento, que nadie había sido declarado culpable por desaparición y tortura, simplemente porque “éstas no son problemas en Guerrero”. Ocho días después, escribió Witte, en Iguala, los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados a balazos. Seis personas murieron y 43 estudiantes desaparecieron.
“El caso escandalizó a la sociedad mexicana, y al mundo entero, y puso en serios aprietos a los políticos”, opinó el gerente de proyecto sobre crímenes graves de la Open Society.
Por su parte, el Instituto de Justicia Procesal Penal dijo que desde hace muchos años diferentes organizaciones de sociedad civil, académicos y actores del sistema de justicia reclaman investigaciones profesionales y científicas. “Sabemos que la fabricación de casos es común y que la debilidad de la persecución penal es constantemente subsidiada por dicho sistema. Son innumerables los casos fundados en ‘confesiones’ o testigos únicos, mientras que las víctimas siguen esperando la respuesta de las autoridades”, dijo el Instituto a través de un comunicado.
“Demandamos que las instituciones de justicia federal reconozcan la debilidad de la investigación realizada por la PGR”, dijo el Instituto de Justicia Procesal Penal.
“Exigimos verdad, justicia y reparación. Todas y todos somos víctimas cuando las instituciones de los sistemas de justicia y seguridad contribuyen a la impunidad”, finalizó en su comunicado.
También los integrantes del Consejo Ciudadano para la Implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos difundieron una carta dirigida a Enrique Peña Nieto. En ella dijeron que para concluir con bien esta investigación y castigar a los culpables, para saber realmente qué sucedió aquella noche “trágica”, es importante que nadie goce de privilegios ni de impunidad. “El combate a la corrupción e impunidad ha sido algo central en su discurso el pasado 2 de septiembre en el Tercer Informe de Gobierno, confiamos en que lo lleve a cabo”, dijeron.
AYOTZINAPA NO PODRÁ IR ANTE LA JUSTICIA INTERNACIONAL Patrick Timmons, investigador de derechos humanos que enseña Historia en El Paso Community College, calificó en una editorial publicada en Counter Punch, como una “victoria pírrica” el informe de los expertos de la CIDH, ya que dijo que todavía no hay justicia para los desaparecidos de Ayotzninapa”. Dijo también el Estado mexicano sabe que el informe Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre Ayotzinapa, es sólo eso, la expresión de expertos independientes, y que por ello, las víctimas no recibirán el “estándar de oro” de la justicia, prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El investigador estadounidense aseguró también que las recomendaciones emitidas por la CIDH no son entran en la definición estricta de la justicia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos (en concreto la Convención Americana sobre Derechos Humanos), en la cual existe la justicia sólo cuando el Estado reconoce su responsabilidad por las violaciones, ofrece reparación a las víctimas, así como las reformas de sus prácticas y procedimientos para que las violaciones no vuelvan a ocurrir.
“El informe del GIEI no ofrece ninguno de estos objetivos, por lo que sus recomendaciones emitidas no son jurídicamente vinculantes, esto a pesar de que los expertos trabajaron bajo el mandato de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el consentimiento del Estado mexicano”, escribió Timmons.
Además esclareció que la CIDH no puede obligar a un Estado a admitir su responsabilidad, reparar y garantizar la no repetición de violaciones, y la única forma de lograr esto es asegurar un juicio en un tribunal internacional.
“Los Estados que forma parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, rara vez, o nunca, desobedecen explícitamente órdenes judiciales de la Corte. Los Estados partes están más dispuestos a desafiar a la Comisión, por lo que la Corte existe: para forzar que los que los Estados que abusan y cometen graves crímenes contra los derechos humanos cumplan con su responsabilidad de admitir los hechos”.
Timmons dice además que el informe del GIEI presenta obstáculos a los requisitos exigidos por las normas de admisibilidad ante la Comisión y la Corte. El Grupo de la CIDH ha utilizado su experiencia para dar claridad a corto plazo para el caso Ayotzinapa, “algo psicológicamente importante para las familias de las víctimas”, y su informe demuestra que se deben de desestimar las teorías falsas del Estado. Pero el resultado más probable es que las víctimas de Ayotzinapa no recibirán un juicio de la Corte internacional. “¿Por qué?”, se pregunta el investigador, porque el Estado mexicano ahora afirmará que está agotando los recursos internos necesarios establecidos por la ley, y que por ello ha financiado y permitido que los expertos del GIEI trabajaran en México y emitieran un informe sobre Ayotzinapa, “que ha superado los requisitos en virtud de la propia legislación penal interna mexicana.”
Por lo tanto, asegura Timmones, lo que el GIEI ha hecho es señalar las deficiencias del Estado mexicano en la investigación de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, de una manera que le ayudará al Gobierno mexicano evitar un litigio en un tribunal internacional.
“Lo que el Estado mexicano ahora tiene que hacer es demostrar que ha tomado el informe en serio y trató de poner en práctica sus recomendaciones. Ni la Corte, ni la CIDH, pueden aportar pruebas en base a las recomendaciones del GIEI, porque el informe se ha producido fuera de los procedimientos formales, ya sea en la Comisión o en la Corte”, afirma Timmons.
“No es de extrañar, entonces, que inmediatamente después de la publicación del informe, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, tuiteó que su gabinete debe tener en cuenta los resultados de la investigación del GIEI. Mientras el Estado mexicano pueda decir que se está tratando de cumplir con el informe, más se puede retrasar que las familias de las víctimas pidan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que abra un caso formal”. Y sin una petición ante la CIDH no puede haber ningún caso en la Corte, dice el investigador.
EN GUERRERO “NO PASA NADA”, SEGÚN EL GOBIERNO El autor del análisis publicado en el portal de la Open Society recordó que las decenas de fosas clandestinas que se han encontrado en aquella entidad, y que búsqueda de estas representan un gran riesgo para los grupos de autodefensas y las familias de los normalistas, que están motivados por “la indignación y el impulso de las familias del caso Ayotzinapa”, quienes siguen exigiendo sancionar a los responsables y también que las autoridades rindan cuentas.
“A pesar de las afirmaciones poco confiables de los funcionarios federales a cargo de la investigación del caso, los 43 estudiantes desaparecidos aún no han sido encontrados”, escribió el analista.
Witte enfatizó que a sólo unos días del primer aniversario de las desapariciones de Ayotzinapa, algunos funcionarios estatales continúan negando que Guerrero está atravesando una crisis de atrocidad e injusticia. “Mientras el nuevo Congreso estatal y el Gobernador recién electos se preparan para asumir sus cargos públicos en Guerrero, ¿podrán combatir las causas que subyacen a la impunidad en el estado?”, se preguntó el analista de la Open Society.
Witte también hizo referencia al reporte que fue difundido hace unos días por su organización, realizado en conjunto con con dos organizaciones civiles locales, titulado Justicia Fallida en el Estado de Guerrero, mismo “que es parte de un proyecto más amplio sobre justicia para las atrocidades ocurridas en México”.
“El reporte analiza la información disponible sobre la magnitud de asesinatos, desapariciones y tortura en Guerrero. También analiza las razones subyacentes a la casi total falta de sanción y rendición de cuentas por estos crímenes. Finalmente, identifica los temas más fundamentales a los que el nuevo gobierno debe dar prioridad con el fin de poner fin a la crisis”, dice Witte.
La falta de justicia ante ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas en Guerrero se debe principalmente a que el sistema de justicia ha sido influenciado por un Poder Ejecutivo “autoritario” y sin contrapesos y a que la policía, encargada de investigar y perseguir los delitos, está “profundamente implicada en la perpetración de atrocidades”, dijo la Open Society en su reporte, mismo que fue reseñado por SinEmbargo. El autor del análisis señaló que a pesar de que Guerrero es uno de los estados más pobres y violentos de México, en dicho estado jamás se ha emitido una condena por estos delitos (guerra sucia, homicidios, desapariciones forzadas y/o involuntarias, además de tortura).
“¿Por qué motivo la falta justicia por atrocidades en Guerrero ha sido casi absoluta?”, se preguntó Witte en su análisis.
El analista dijo que puede haber dos respuestas: la falta de profesionalismo de la Policías y funcionarios del sistema de procuración de justicia, pero que lo más importante es que “los problemas de fondo son políticos”.
“Los gobiernos anteriores han permitido a los funcionarios a cargo de la investigación y persecución del delito y a la policía investigadora el uso de confesiones forzadas obtenidas mediante tortura, y la tortura de sospechosos como forma de castigo extrajudicial. Esto es en sí mismo un delito pero también produce información profundamente débil y poco confiable, además de que permite que los funcionarios públicos implicados no investiguen casos de tortura en contra de ellos mismos”, dijo Witte.
El analista indica que los sistemas de justicia funcionan cuando hay mecanismos de rendición de cuentas adecuados, pero en Guerrero dichos mecanismos son disfuncionales o están bajo ataque. Asegura además, que el Ejecutivo ha interferido en el Poder Judicial, y el Congreso de Guerrero ha fracasado casi absolutamente en detener tales abusos. Señala que las organizaciones de la sociedad civil han sido quienes más han presionado para que se hagan reformas, pero en respuesta han enfrentado difamaciones, amenazas y violencia por parte de los funcionarios estatales y organizaciones criminales.
Witte otorgó soluciones al final de su análisis: “Los problemas arraigados requieren reformas profundas”, escribió.
Exigió al gobierno estatal crear una vice fiscalía independiente para la investigación y persecución de atrocidades y abusos de derechos humanos, así como establecer equipos integrales y multidisciplinarios para la investigación de los cientos de desapariciones sin resolver. También pidió lanzar un programa masivo –con asistencia nacional e internacional- para localizar, exhumar e investigar fosas comunes y clandestinas. Witte solicitó al gobierno de Guerrero que los servicios periciales y de protección de testigos sean independientes de las autoridades políticas y de la oficina del Fiscal General del estado, así como modificar la ley de tortura y crear un comité de supervisión de la Comisión de los Derechos Humanos local “que fue debilitada por el Ejecutivo”, además de reestructurar la policía estatal con un nuevo énfasis en la investigación adecuada de delitos.
“Para terminar con la crisis de atrocidad e injusticia de Guerrero, él y el recién electo Congreso tendrán que actuar con firmeza y rapidez”, finalizó Witte.
Uta Thofern, de Deutsche Welle, opinó en el portal del medio alemán que el reciente informe de los expertos independientes de la CIDH sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala, revela, no solo el fracaso de las investigaciones oficiales, sino también un completo error de cálculo del Gobierno, y que además, esta no es la primera vez que Peña Nieto y sus funcionarios se equivocan en sus versiones “inverosímiles”. “No es ninguna sorpresa que los expertos designados por la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considere inverosímil la explicación oficial de lo ocurrido en Iguala”, escribió Thofern. “También es conocido el patrón de respuesta: una serenidad burocrática francamente provocadora. En el liberal México todo discurre por un curso socialista. En esta ocasión, el presidente anunció vía Twitter que las conclusiones del grupo de expertos serán tenidas en cuenta en las investigaciones. Al parecer, el tema ni siquiera merece que se celebre una rueda de prensa. No levantar más polvareda parece haberse convertido en el lema del Gobierno federal, presidido por Enrique Peña Nieto”, opinó la directora de la redacción de Latinoamérica en DW.
Thofern dijo además, que lo ocurrido en Iguala “es más que un caso especialmente trágico de desaparecidos entre muchos otros”.
“Ya solo este punto de vista supone un escándalo. Si el crimen se convierte en el día a día de una sociedad y la impunidad en la norma, el Estado de derecho es solo una palabra extraña y la democracia una ilusión, al menos para la mayoría de las personas que no pueden permitirse pagar un guardaespaldas y que no se han corrompido por dinero o por seguridad. O que no han tenido nunca la posibilidad de dejarse sobornar. Eso es lo que Iguala representa”, enfatizó la periodista alemana.
La directora de Deutsche Welle para AL dijo que los 43 estudiantes se han convertido en un símbolo de las casi 25 mil personas desaparecidas y de los incontables crímenes impunes de corrupción, violencia, asesinatos de periodistas, víctimas de la lucha contra la droga del predecesor de Peña Nieto [el panista Felipe Calderón Hinojosa] y de “todas las deficiencias, presuntas y probadas, de su propio Gobierno”. “Seguramente esto le parezca injusto al presidente, y lo es en parte, pero debe tomarlo en cuenta en toda su dimensión”, escribió Thofern.
La periodista alemana opinó que las reformas económicas y educativas de Peña Nieto sirven de poco en esta crisis y las leyes con las que su Gobierno ha intentado controlarla en los últimos meses, resultan ineficaces si no se cuenta con un sistema de seguridad y judicial dignos de confianza.
“México necesita ayuda, no un lavado de imagen. El orgullo nacional está fuera de lugar en esta situación, el Gobierno debe pedir apoyo a Naciones Unidas. También puede contribuir la prevista asociación en materia de seguridad con Alemania, aunque podría implementarse mejor en el marco de una acción internacional, siguiendo el ejemplo de la Comisión contra la Impunidad de la vecina Guatemala”, dijo Thofern.
“Iguala fue la gota que colmó un enorme vaso. Este caso simboliza todo lo que desde hace décadas discurre rematadamente mal en México. Una gran parte de la sociedad civil se ha levantado contra ello, pero su voz no ha encontrado hasta ahora una vía política”, opinó la periodista alemana.
“Actualmente la credibilidad de la clase política está tan hundida, que no hay ningún partido que se haya ganado la confianza de los desesperados. Iguala también significa esto: con este caso cae la aceptación de la democracia en México. Esa es la verdad que debe afrontar el Gobierno”, finalizó.
México también tiene a muchos indignados por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y por el evidente conflicto de interés en la compra de la llamada “casa blanca” a un contratista del gobierno por parte de la pareja presidencial. Entonces ¿por qué en Guatemala sí hubo justicia y en México no? La respuesta es sencilla: porque en Guatemala las investigaciones fueron lideradas por un organismo internacional y en México no, escribe hoy en su columna de Reforma Jorge Ramos Ávalos. El periodista mexicano señala que Guatemala le ha dado una gran lección a México sobre cómo enfrentar la corrupción y la impunidad cuando llega a los más altos niveles del gobierno. “Pero el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha vuelto a esconder y prefiere investigarse a sí mismo. Eso no sirve”, detalla. Iván Velásquez, escribe Ramos, es el hombre que tumbó al Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Él está al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esta comisión se creó gracias a un acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. “¿Y por qué no hacemos lo mismo en México?”, pregunta el periodista mexicano.
Jorge Ramos detalla que en una entrevista Velásquez le dijo que México podría investigar casos específicos de corrupción e impunidad, como la “casa blanca” y la desaparición de los 43 normalistas. En el caso de la investigación de la “Casa Blanca” en México, destaca Ramos, “la realizó un subordinado del Presidente, Virgilio Andrade Martínez. Y como era de esperarse, absolvió al Presidente y a su esposa, Angélica Rivera Hurtado (…) Si de verdad Los Pinos no tiene nada que ocultar, ¿por qué no le piden a Naciones Unidas que haga su propia investigación independiente sobre la ‘casa blanca’ y la del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, en Malinalco?”, inquiere Jorge Ramos en su columna. Añade que la misma sospecha existe sobre la investigación gubernamental por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, la cual sugería que los estudiantes fueron incinerados en un basurero de Cocula, Guerrero, hecho que desmintieron los cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Las investigaciones de la CIDH nos llevan a las siguientes conclusiones: la ‘verdad histórica’ que presentó el gobierno mexicano sobre el caso Ayotzinapa es falsa, el gobierno no se puede investigar a sí mismo y, ante la falta de credibilidad de las autoridades, es necesario que organismos internacionales se involucren. Lo mismo se aplica al caso de la ‘casa Blanca’”, afirma el también conductor de noticias de Univisión.
Si México quiere seguir el gran ejemplo de Guatemala debería permitir que expertos internacionales e independientes investiguen la corrupción y la impunidad. Esa es la única manera de recuperar la confianza de los mexicanos, opina Jorge Ramos, y lanza la pregunta: ¿quién se atreve a invitar a Iván Velásquez a México? FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/12-09-2015/1483767.
Los resultados de la investigación de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –la cual echa por tierra la existencia de la pira funeraria masiva– no es el único golpe a la versión de la PGR sobre el caso Ayotzinapa. Ahora hay otro torpedo disparado a la línea de flotación de la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam: las confesiones de los supuestos sicarios que hablaron de la quema en un basurero de Cocula de los cuerpos de los normalistas… Fue obtenida mediante el recurso de torturar a cuatro albañiles.
MÉXICO, D.F: Según el gobierno federal, uno de los principales operadores del grupo criminal Guerreros Unidos en Cocula, Guerrero, es Patricio Reyes Landa Salgado. La realidad es que se trata de un albañil tan pobre que su familia recibe fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). En noviembre de 2014 este hombre fue señalado por la Procuraduría General de la República (PGR), junto con otros tres trabajadores de la construcción, como responsable del asesinato y cremación de los 43 normalistas de Ayotzinapa –secuestrados en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de ese año– en el basurero del cercano municipio de Cocula. Para cerrar el caso, el pasado 27 de enero el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, presentó a Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortez, Agustín García Reyes y Felipe Rodríguez Salgado como las piezas que resolvían todo. Afirmó que ellos habían confesado el asesinato e incineración de los estudiantes y agregó que todas las pruebas científicas apuntalaban las confesiones. Pero el sábado 5, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que en realidad tal cremación nunca ocurrió. Ahora se sabe, por el examen médico practicado en la PGR a Rodríguez Salgado y los testimonios de sus familiares, que los albañiles fueron torturados. En sus conclusiones, el GIEI, basado en un peritaje forense independiente, concuerda: quienes “confesaron” el asesinato y cremación de estudiantes fueron coaccionados mediante tortura. La PGR afirmó en noviembre de 2014 que Reyes Landa, Osorio y García Reyes confesaron haber triturado los restos de los estudiantes y haber metido sus cenizas en bolsas que dejaron o vertieron en el río San Juan. En realidad ninguno de ellos declaró eso. Según lo prueban sus declaraciones ministeriales –de las cuales se tiene copia–, ese argumento fue inventado por la PGR. Desde diciembre pasado los autores de este reportaje –en colaboración con Proceso y el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley– revelaron la participación del Ejército y la Policía Federal en los ataques contra los normalistas el 26 de septiembre (“La verdadera noche de Iguala”, Proceso 1989); que fueron cinco los autobuses involucrados y no cuatro, como decía la PGR; y que los estudiantes fueron monitoreados en todo momento por los gobiernos federal y estatal. El GIEI confirmó esto en su investigación. Para el presente reportaje se entrevistó a las familias de tres de los albañiles con quienes la PGR fabricó su “verdad histórica”.
(Fragmento del reportaje principal que se publica en la revista Proceso 2028, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER
A pesar de que el líder del PRD capitalino, Raúl Flores, descartó que la alianza “tenga dedicatoria alguna”, ésta ocurre en el contexto en el que Morena se perfila como la primera mayoría en Asamblea del DF.
Los diputados capitalinos de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Nueva Alianza (Panal), y Humanista (PH) en el DF anunciaron este sábado 12 de septiembre la creación de un “frente parlamentario de izquierda” para “beneficiar a la ciudadanía”. A pesar de que el líder del PRD capitalino, Raúl Flores, descartó que la alianza “tenga dedicatoria alguna”, ésta ocurre en el contexto en el que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se perfila como la primera mayoría en Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). “Estamos formando un frente parlamentario de izquierda, progresista y representando un sólo objetivo: la ciudadanía de la Ciudad de México. Este anuncio representa la pluralidad y correlación de fuerzas al interior de la ALDF, es posible ponernos de acuerdo”, dijo Leonel Luna, uno de los participantes en el encuentro.
En tanto, Raúl Flores comentó que los asambleístas de esos cuatro partidos tienen “muchas coincidencias”, por lo que adelantó que impulsarán una agenda común.
"Está coalición parlamentaria tiene un objetivo concreto: beneficiar a la ciudadanía de la #CDMX" @leonel_luna#AgendaComún
La VII Legislatura de la Asamblea Legislativa quedará conformada por 19 asambleístas de Morena, 16 del PRD, 10 del PAN, 8 del PRI, 4 de Encuentro Social, 3 del Partido Verde, 3 de Movimiento Ciudadano y un diputado del Humanista, uno de Nueva Alianza y otro del PT.
Sin embargo esta conformación de la ALDF aún podría ser modificada debido a que Morena y el PRD informaron que impugnarán el fallo ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resolvió quitarle un diputado de representación proporcional a las bancadas de Morena y PRD por considerar que se encontraban “sobrerepresentadas”. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se realizará el próximo 24 de septiembre. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que el Gobierno de la República, representantes de los padres de los normalistas y expertos del Grupo Interdisciplinario acordaron la reunión entre el mandatario y los padres de los 43 normalistas desaparecidos para el próximo 24 de septiembre. “La Presidencia de la República refrendará su compromiso en la atención integral a las víctimas, directas e indirectas y continuará con la investigación hasta llegar al esclarecimiento de los hechos”, indicó la Segob en un comunicado. El pasado domingo 6, los padres exigieron una reunión con el mandatario con el fin de esclarecer el caso. En esa ocasión exigieron castigo y juicio contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien al estar al frente de la PGR informó que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, versión que fue refutada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Además demandaron que el gobierno entregue con vida a los 43 normalistas porque, según ellos, quedó demostrado que no fueron quemados en el basurero de Cocula. Los padres también piden que se reabran las investigaciones para que se incluya al Ejército, la Policía Federal y elementos de seguridad estatal. Un día después de que los familiares de los normalistas manifestaran sus demandas, el presidente Enrique Peña Nieto expresó “su total disposición” de reunirse con los padres de los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. El encuentro, agregó el mandatario, se realizará una vez que estén presentes todos los integrantes del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ese día, Peña Nieto también anunció que ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores convenir con la CIDH la ampliación del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el fin de que concluyan sus labores sobre el caso.
Peña Nieto afirmó que su gobierno no cejaría en trabajar para conocer la verdad de lo que sucedió en Iguala. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Los representantes del PAN y Morena ante el INE, señalan que su nombramiento en Gobernación no debe evitar que lo investigue la Fepade; el panista Francisco Gárate habla de lavado de dinero.
Las críticas y muestras de inconformidad con el nombramiento de Arturo Escobar como subsecretario de Gobernación no cesan. Ahora los partidos Acción Nacional y Morena demandan que se le investigue por delitos electorales, informó este sábado el diario Reforma. El nombramiento de Arturo Escobar como subsecretario de Prevención no debe evitar que sea investigado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), coincidieron representantes de PAN y Morena ante el INE. “Sería una gran sorpresa que la Fepade no estuviera investigando a Arturo Escobar, siendo que es una de las principales figuras del Partido Verde que hoy enfrenta sanciones por más de 600 millones de pesos”, señaló el panista Francisco Gárate. “El hecho de que haya sido nombrado subsecretario, obliga a la Fepade a profundizar y acelerar todas las investigaciones; el fiscal Santiago Nieto tiene la enorme responsabilidad de acreditar su independencia en este encargo”, dijo. Gárate recordó que el hermano del ahora subsecretario, es el socio mayoritario de la compañía Rabokse, encargada de la emisión de los cineminutos del Verde. “En un tema en el que hay una abierta triangulación de recursos desde el PVEM, que hace suponer un esquema de lavado de dinero”, afirmó. El representante de Morena, Horacio Duarte, manifestó que Escobar es la cabeza de la campaña de ilegalidades instrumentadas por su partido.
“La Fepade está obligada a seguir las investigaciones. Arturo Escobar debe responder legalmente por las ilegalidades del PVEM y se debe evitar que su cargo en Segob lo proteja, salvo que haya línea desde Los Pinos para mantener la impunidad en que se ha manejado ese partido”, aseveró. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Cerca de las 2 de la tarde dos mujeres fueron asesinadas a balazos en hechos distintos en esta ciudad. En un primer hecho, una mujer fue asesinada en la calle Altamirano del barrio El Comino, en la colonia Centro. Minutos después se reportó a las autoridades la ejecución de una joven en la calle La Loma de la colonia Cumbres de Figueroa, cerca del colegio La Salle. Además, aproximadamente a la misma hora se informó que un joven fue herido a balazos en un camino de terracería ubicado detrás del centro comercial Plaza Sendero, en la zona de Llano Largo, y una hora antes otro hombre fue baleado cerca del crucero del Cayaco, afuera de un negocio de grúas. ENCUENTRAN 3 CUERPOS EN ATOYAC Cerca de las 8 de la mañana de este sábado, vecinos de la comunidad de La Zuzuca, municipio de Atoyac, reportaron a las autoridades policiacas el hallazgo de tres hombres desconocidos que fueron asesinados, los tres tenían el tiro de gracia. Los primeros reportes indican que el hecho ocurrió en el tramo carretero que conecta la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo con la comunidad ubicada entre los límites de Atoyac, San Jerónimo y Tecpan. Las víctimas son tres jóvenes que vestían shorts, estaban descalzos, y uno no tenía playera.
Los cuerpos fueron llevados a una funeraria para la necropsia correspondiente. En lo que va del año en el municipio suman 603 víctimas de hechos violentos en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada. Mientras que entre el 29 de julio a la fecha van 20 personas ejecutadas a balazos en el municipio de Atoyac, con base a recuentos publicados en El Sur. FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/12-09-2015/1484051
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), afirmó que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no tienen facultades para interrogar a soldados del Ejército, y avaló la “decisión mexicana” de no permitir las entrevistas porque de lo contrario se violarían los “derechos fundamentales de los militares”. En una carta con fecha del jueves 10 de septiembre del 2015, dirigida al director de El Sur, firmada por el jefe de Estado Mayor de la Novena Región Militar, el general de brigada Diplomado Estado Mayor, Arturo Vallarta Tafolla, el documento con número de oficio 030443 titulado Impedimento legal para que el GIEI entreviste a personal militar, se refiere al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH en tres ocasiones como “personas extranjeras”. El pasado martes, durante la visita a la normal rural de Ayotzinapa de los expertos Claudia Paz y Paz, Francisco Cox y Carlos Martín Beristáin, éste precisó que el GIEI no busca un interrogatorio sino una plática con los militares porque obtuvieron información del expediente que dice que los soldados del Ejército vigilaron a los normalistas antes de llegar a la terminal de autobuses el 26 de septiembre, donde comenzó la persecución y los ataques que ocasionaron seis muertos, decenas de heridos y 43 desaparecidos. El Ejército mexicano respondió que no se autorizaron las entrevistas del GIEI a los soldados del 27 batallón de infantería con sede en Iguala, que conocieron del ataque a los normalistas del 26 y 27 de septiembre del año pasado, porque se “excede” en sus funciones. En el documento, el Ejército establece que “la decisión mexicana de no permitir las entrevistas en los términos del GIEI obedeció a que se transgrede el orden jurídico mexicano; se excede el mandato otorgado; y principalmente se violan los principios del debido proceso y por ende los derechos fundamentales de los militares, colocándolos en la incertidumbre y vulnerabilidad jurídica”. En la carta, el Ejército establece que el acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional desde la perspectiva de derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, suscrito el 12 de noviembre de 2014 entre el Gobierno mexicano y la CIDH, se establecieron las atribuciones del GIEI “conformado en su totalidad por personas extranjeras”. Indicó que las facultades del GIEI están “expresamente señaladas” y “consisten en actividades de análisis y de ser el caso, formular recomendaciones de las acciones a implementar, así como la posibilidad de tener acceso a los expedientes de las investigaciones y causas penales, sin que ninguna parte del acuerdo establezca que dicho grupo podrá realizar entrevistas, interrogar, tomar declaraciones directamente a persona alguna o practicar diligencias”. En la carta, el Ejército confirma que el GIEI solicitó que se le permitiera entrevistar a personal militar del 27 batallón de infantería, y sin especificar cuántos informa que los soldados “antes y después (de la solicitud del GIEI) acudieron a declarar al Ministerio Público”. En la carta, el Ejército argumenta que una aprobación del Gobierno a la solicitud del GIEI “supondría una violación a la ley”. “Los artículos 1, 16 y 21 de la Carta Magna, 2 y 73 del Código Federal de Procedimientos Penales, establecen la obligación de la autoridad de respetar, proteger, garantizar los Derechos Humanos y realizar solo aquellos actos que la ley expresamente le faculta, los cuales deben estar fundados y motivados debidamente, por lo que se puede apreciar que el planteamiento carece de fundamento legal”. “En el Estado mexicano la investigación de los delitos compete al Ministerio Público y a las policías, sin que ninguna autoridad pueda autorizar, en esa investigación, a particulares entrevistas a los testigos, como sería el caso por este grupo de extranjeros”. “En México, de acuerdo a sus normas nacionales, es el Ministerio Público o la autoridad judicial, quienes podrían formular a los militares las preguntas conducentes”.
La Sedena señala que la carta fue enviada al director de El Sur “debido a la gran importancia que representa su medio de comunicación, como fuente informativa ante la población civil en esta entidad”, e invita a que “en caso de que quiera realizar una entrevista sobre el particular, tome la citada información como referencia”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/12-09-2015/1483811.
