Especialistas en derecho estiman que el hijo de Fausto Vallejo ha recibido trato preferencial, pues parte de su sentencia ya la ha pagado con la prisión preventiva y podría darle la posibilidad de finiquitar sus asuntos con la ley antes de que termine este año.
La sentencia irrisoria aplicada a Rodrigo Vallejo Mora, hijo del gobernador priista con licencia médica Fausto Vallejo Figueroa, por encubrir al jefe del cártel de los Caballeros Templarios, más allá de polarizar a la opinión pública de Michoacán, ha puesto en evidencia la facciosa aplicación de la justicia en México. Mientras para un juez no es de gravedad que el hijo del que fuera en su momento gobernador de Michoacán se haya reunido con el jefe de los Templarios, para otros jueces federales reuniones más breves y menos documentadas que esa han servido de base para dictar sentencias condenatorias de hasta 20 años de prisión. Solo en las cárceles federales de Almoloya y Puente Grande, al menos 82 presos recibieron sentencia condenatoria en los últimos cinco años, con penas que van desde los 10 a los 20 años de prisión, luego que el agente del Ministerio Público de la federación pudo demostrar y documentar la reunión de los sentenciados con quienes en su momento fueron jefes de cártel. En la mayoría de los sentenciados, por haberse reunido con ‘El Chapo Guzmán’, Heriberto Lazcano, Osiel Cárdenas Guillen, Sergio Enrique Villareal o el mismo Servando Gómez Martínez, las reuniones fueron demostradas ante el juez mediante testimonios y concatenación de hechos, en ningún caso se demostró una reunión tan fehacientemente como con una videograbación. En el caso del hijo del gobernador con licencia de Michoacán, el agente del Ministerio Público demostró ante el juez como un hecho histórico real la reunión entre Rodrigo Vallejo Mora y el jefe de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, en por lo menos tres ocasiones distintas. Los encuentros fueron con firmados por el propio jefe del cártel michoacano, de acuerdo a lo deposado en su declaración ministerial. Por el delito de delincuencia organizada, que se fincó en base a reuniones con Servando Gómez Martínez, argumentadas por el agente del Ministerio Público de la PGR, actualmente existen por lo menos 125 procesos penales abiertos, cuyos acusados se encuentran en cárceles del sistema penitenciario federal. La mayoría de esos presos están en riesgo de ser sentenciados a por lo menos 10 años de prisión. A Rodrigo Vallejo Mora se le sentenció a 11 meses y siete días de cárcel, pese a que se demostró y documentó la reunión con Servando Gómez Martínez ‘La Tuta’. Aun así el juez que conoció del caso no encontró elementos para fincar responsabilidad al hijo del gobernador con licencia de Michoacán, sobre el delito grave de delincuencia organizada. En contraparte resaltan los casos del ex gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna García y el ex diputado local priista, José Trinidad Martínez Pasalagua, quienes están presos en la cárcel federal de Almoloya, acusados del delito grave de delincuencia organizada, por reunirse con ‘La Tuta’. El señalamiento que pesa sobre Reyna García y Martínez Pasalagua se finca en una acusación, en donde la prueba que ha aportado el agente del Ministerio Público de la federación son videograbaciones poco nítidas de lo que parecen ser sendas reuniones entre los que fueron funcionarios estatales y el jefe del cártel de los caballeros Templarios. La sentencia dictada a Rodrigo Vallejo Mora, de la que ya ha pagado una parte con la prisión preventiva que compurgó antes de alcanzar la libertad bajo caución, podría darle la posibilidad de finiquitar sus asuntos con la ley antes de que termine el presente año, toda vez que no está impedido para solicitar beneficios de ley. Especialistas en derecho estiman, de acuerdo al trato preferencial que se le ha dado al proceso de Rodrigo Vallejo, que posiblemente el hijo el gobernador con licencia de Michoacán podría estar de regreso en su casa en los días previos a la navidad, toda vez que no está impedido para alcanzar beneficios de ley, en donde se encuentra la conmutación de la pena. Se caen los casos de importancia La sentencia de 11 meses y 7 días que un juez federal consideró como sanción contra Rodrigo Vallejo Mora, por no haber “colaborado” para –en su momento- dar con la captura de Servando Gómez Martínez, luego de acreditarse al menos dos reuniones entre ambos, representa un revés para el programa de restauración del estado de derecho que pretende la federación desde el 16 de enero del 2014 en el estado de Michoacán. Salvo el encarcelamiento del jefe fundador de los grupos de autodefensa, José Manuel Mireles Valverde, que sigue preso en la cárcel federal de Hermosillo, ninguna de las acciones emblemáticas y de impacto mediático que el gobierno federal ha pretendido en Michoacán en los últimos 20 meses se ha consolidado en los tribunales. El primer caso en donde el estado fue derrotado fue el encarcelamiento de Hipólito Mora Chávez, jefe de los grupos de autodefensa, el que en primera instancia fue llevado a proceso penal acusado de la muerte de dos autodefensas. El procesamiento de Hipólito Mora fue una acción impulsada por quien fuera el comisionado Alfredo Castillo Cervantes. Tampoco prosperó la intención del gobierno federal de someter a proceso penal a otro jefe de las autodefensas: Luis Antonio Torres ‘El Americano’, al que se le acusó de haber participado en una refriega en donde perdieron la vida al menos media docena de autodefensas, todos ellos miembros del grupo de Hipólito Mora Chávez.
De la misma forma, Mora fue absuelto por segunda ocasión, luego de ser señalado por el Ministerio Público como responsable de la muerte de por lo menos cuatro autodefensas del grupo de Luis Antonio Torres ‘El Americano’. Igualmente se destaca el caso de la matanza del 6 de enero del 2015, la ocurrida en calles del centro de la ciudad de Apatzingán, en donde fuerzas federales dispararon contra la población civil, y posteriormente existió la versión de un enfrentamiento entre miembros de dos grupos de autodefensas. Los acusados y procesados fueron puesto en libertad sin reservas de ley. Actualmente, bajo acusaciones endebles, el Gobierno estatal –con la instrucción de la federación- mantiene bajo proceso penal a por lo menos tres jefes de autodefensas, a los que acusa de portar armas de uso exclusivo de las fuerzas federales, cuando esas armas fueron entregadas por los propios funcionarios de la federación encargados de la pacificación de la entidad. Mireles, ni para cuando Como una “incongruencia de la justicia” es visto el caso de la ligera sentencia otorgada a Rodrigo Vallejo Mora, según las palabras del jefe de los grupos de autodefensa de la zona de Aguililla, el Comandante Felipe, quien dice que no entiende la razón por la que un juez le ha dado tan reducida sentencia a un hombre que hizo tanto daño a Michoacán. “No entiendo –trata de explicar el jefe de las autodefensas- por qué razón ‘El Gerber’ (Rodrigo Vallejo) podrá terminar sus asuntos pendientes con la justicia en unos cuantos meses, y sin embargo el comandante (José Manuel) Mireles todavía se mantiene en prisión, cuando su único delito fue denunciar la corrupción de funcionarios estatales y miembros del cartel de los Templarios. ”Por lo que se ve, se trata de meter a la cárcel al que se defiende de los delincuentes, y a los delincuentes se trata de dejarlos en libertad. La prueba está no solo en el encarcelamiento del doctor Mireles, sino también en el de Semeí (Verdía). Pobre, lo están acusando de homicidio y lo único que ha hecho es tratar de defender su vida, la que se la han querido quitar en por lo menos tres veces”.
La libertad del doctor Mireles, dijo el jefe de las autodefensas, aunque no se ve para cuando, “va a tener que ocurrir pronto a menos que el gobierno federal quiera que esta revolución se haga más grande, porque la gente no va a aguantar ver que los delincuentes estén saliendo de la cárcel y los autodefensas estén quedándose adentro. Solo falta que la Tuta salga libre por falta de pruebas”. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF.
El asesinato del líder Audiel Martínez González comprobó que en Michoacán existen conflictos por disputas territoriales. El crimen organizado y empresas chinas son señalados como responsables de la explotación ilegal de madera y de las muertes de comuneros.
Mientras el gobernador sustituto Salvador Jara Guerrero aseguró durante la lectura de su informe de gobierno que el próximo primero de octubre entregará un Michoacán en paz, el asesinato del líder comunero Audiel Martínez González descubrió que en Michoacán a la fecha existen 87 conflictos rurales por disputas territoriales, posesión de bosques o uso de recursos hídricos. La defensa de los bosques es la que más muertes ha propiciado. De acuerdo al conteo que lleva a cabo la organización Nación Purépecha, por evitar la tala ilegal e inmoderada los pueblos indígenas de Michoacán han tenido que pagar con la suma de 286 muertes de líderes comunales, en los últimos cinco años. Existen voces que aseguran que la explotación ilegal de los bosques, y en consecuencia las muertes de cientos de comuneros, es el resultado del interés de algunas empresas chinas, que desde hace dos décadas llegaron Michoacán con el fin de alcanzar, de manera subrepticia, la explotación de los recursos naturales más abundantes: mineral y maderas. La mayoría de los asesinados defensores de bosques han caído ejecutados por células del crimen organizado, que desde hace más de 20 años se dedican en forma alterna de su actividad criminal a la explotación ilegal de la madera. Solo en los últimos tres años, esa red criminal logró asentarse en la zona maderera de La Meseta Purépecha, donde tuvo bajo su control el 80 por ciento de la explotación boscosa. A los Caballeros Templarios y luego al cártel de La Familia, ambos en activo en diversos puntos del estado, se les atribuyen la mayor parte de los atentados que han sufrido los comuneros defensores de los bosques. El ataque bajo el cual murió el líder comunero Audiel Martínez González, de Ciudad Hidalgo, tiene como principal línea de investigación la confrontación que sostuvo con las células de cártel Templario en la zona del Oriente del estado. La mayor parte de los conflictos por la defensa del bosque se registran en la zona centro y oriente del estado de Michoacán en donde se estima que son más de 37 mil las hectáreas que se disputan las células del crimen organizado y los comuneros que han decidido hacer valer el derecho ancestral de propiedad sobre esos recursos naturales. Pese a la existencia de estos conflictos, en las últimas administraciones estatales no se ha podido instrumentar una política que permita atender de raíz la violencia generada por la disputa de los bosques, pese a que también se han registrado casos en donde comunidades indígenas completas se mantienen confrontadas. Pero en la mayoría de los casos es el crimen organizado el que se cierne sobre el control de los bosques. Tanto el gobierno federal como el de Michoacán, no han hecho nada por buscar una solución a esos conflictos. Lo más que se ha avanzado sobre el tema es elevar a la clasificación de “focos rojos” los puntos geográficos en donde en los últimos años se han dado ejecuciones y asesinatos de defensores de la tierra. La documentación de los casos es el tema que ocupa a las autoridades, en tanto el índice de comuneros asesinados sigue a la alza. Lo más que se ha intentado hacer por parte del Gobierno federal para frenar la violencia derivada por la defensa de los bosques, ha sido la instrumentación de un programa que busca entregar recursos a los comuneros, para que no dependan de la explotación maderera, y en consecuencia la dejen de pelear; más allá de la entrega tácita de los bosques al crimen organizado, los fondos federales no han llegado a los comuneros. La mano china Comuneros integrados a la organización Nación Purépecha han denunciado con insistencia la presencia de intereses trasnacionales en la explotación ilegal de los bosques michoacanos. Se han entregado al Gobierno estatal pruebas confesionales de taladores ilegales detenidos, que han revelado la estructura criminal bajo la que se están explotando más de 11 mil hectáreas del bosque michoacano. Las pruebas presentadas por comuneros han sido desestimadas. El Gobierno estatal duda que detrás de la tala clandestina se encuentren algunas empresas chinas asentadas en la zona del puerto de Lázaro Cárdenas -que en apariencia su giro es el minero-, a las que se les atribuyen actos de organización, financiamiento y armamento de las células criminales que se han extendido por toda la zona boscosa del estado. Los chinos, de acuerdo a la denuncia de comuneros, no han roto su alianza comercial con el cártel de los Caballeros Templarios. Siguen trabajando en la explotación minera y maderera de Michoacán. Eso explicaría la razón por la que el cártel de los Caballeros Templarios ha resurgido de la nada, luego de haber sido desarticulado por las fuerzas federales, tras la detención de Servando Gómez Martínez, ‘La Tuta’. De acuerdo a documentos que obran en la Secretaría de Gobierno del estado de Michoacán, en por lo menos 10 ocasiones, en los últimos cinco años, los comuneros víctimas de la violencia por la defensa de sus bosques, han denunciado ante autoridades estatales que algunas empresas mineras chinas no solo organizan a células criminales y roban maderas preciosas de los bosques locales, sino que también han extraído pies de árboles poco comunes.
El Gobierno estatal ha negado la posibilidad de una investigación a fondo sobre la presencia china detrás de la explotación madera de Michoacán, en tanto que la federación no tiene conocimiento formal de las denuncias presentadas por los comuneros. Uno de esos denunciantes fue en su momento el hoy fallecido Audiel Martínez González, defensor de los bosques de la zona oriente de Michoacán. La presencia de intereses chinos detrás de la explotación minera y boscosa de Michoacán, también fue denunciada por el líder del PT en la entidad, Reginaldo Sandoval Flores, quien recriminó al comisionado Alfredo Castillo Cervantes la protección de los intereses de algunas empresas asiáticas que mantenían actividades sospechosas en la entidad. Impunidad global Aun cuando la mayor parte de los asesinatos de comuneros defensores de los bosques han agraviado en forma directa a las comunidades indígenas, el Gobierno estatal se niega a la creación de una fiscalía especializada para atender la averiguación de esos crímenes, en donde las propias comunidades indígenas se han dicho dispuestas a coadyuvar con el agente del Ministerio Público del fuero común. El gobierno estatal de Michoacán, desde el periodo de gobierno de Leonel Godoy Rangel, pasando por la administración de Fausto Vallejo Figueroa y Jesús Reyna García, se ha negado sistemáticamente a brindar recursos para aclarar la muerte de los 286 comuneros abatidos, y en la mayoría de los casos, las comunidades indígenas que exigen esclarecer esos asesinatos señalan a funcionarios del Gobierno estatal como participantes en los homicidios, en grado de omisión.
El miedo a que funcionarios estatales estén relacionados con los asesinatos de comuneros es lo que ha hecho esas averiguaciones se mantengan congeladas, pese a la existencia de nombres y datos que la propia comunidad y otros líderes indígenas han aportado de manera puntual. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
MÉXICO, D.F: Superada la oposición inicial de los diputados del PRI, la Cámara de Diputados aprobó hoy por unanimidad (463 votos) el establecimiento del 26 de septiembre como el Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas. En votación nominal, realizada esta tarde en el pleno de San Lázaro, cada uno de los legisladores cantó su voto a favor con su toque partidista. Los perredistas votaban y añadían: “Verdad y justicia porque vivos se los llevaron vivos los queremos”. El PAN arengaba: “justicia para todos los desaparecidos en México” Y el PRI cantaba a favor de la justicia “pero sin lucro político”. Durante la discusión, Morena pidió una adhesión al decreto para crear una Comisión Bicamaral que investigue todas las desapariciones forzadas, pero fue rechazada por todos los partidos políticos alegando que se tendría que discutir por separado.
Al final, Morena aprobó la conmemoración del día de los desaparecidos pero aclarando que lo hacía “con sus reservas”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESUSA CERVANTES.
MÉXICO, D.F: Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, dijo que no creen en los dichos de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la identificación de Jhosivani Guerrero, porque los peritos argentinos les explicaron que es muy baja la probabilidad de que se trate del estudiante desaparecido hace casi un año, junto con otros 42 compañeros. “No, no le creemos porque a nosotros nos explicaron concienzudamente los forenses argentinos la realidad de los códigos y de lo que dice el informe en Innsbruck, que hay indicios nada más de que pudiera ser Jhosivani, no hay la seguridad al 100% de que sea Jhosivani, porque el método utilizado no fue el nuclear, sino fue el mitocondrial”, destacó De la Cruz en entrevista con Radio Fórmula. Añadió: “Nosotros tenemos que esperar a que termine el proceso de investigación, y mientras no sea de esa manera, para nosotros no son los restos de Jhosivani”. Asimismo, explicó que la identificación de Alexander Mora, el primer normalista identificado, se dio con mil 201 puntos, y la de Jhosivani con sólo 72 puntos, por lo que no hay la certeza de que se trate de él. Mo obstante, dijo, “no lo descartamos ni lo aceptamos”, porque el margen de diferencia que existe en los resultados de Alexander con los de Jhosivani “es tremendo”. Ayer la PGR dio a conocer que los resultados del análisis de ADN mitocondrial de una de las muestras óseas de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron enviadas al laboratorio de la Universidad de Innsbruck, en Austria, arrojó “evidencia moderada” –o sea “72 veces mayor”– con las muestras obtenidas de la madre del estudiante Jhosivani Guerrero de la Cruz. En rueda de prensa, la procuradora Arely Gómez González hizo la lectura íntegra del documento enviado por la Universidad de Innsbruck, y destacó, entre otros puntos, que la muestra ósea de Guerrero de la Cruz fue entregada a ese laboratorio para realizar análisis de ADN mitocondrial. “La muestra ósea 16- 29102014 arrojó resultados de ADN mitocondrial susceptibles de ser interpretados (…) Los datos del ADN mitocondrial obtenidos para la muestra ósea, 16-29102014, proporciona evidencia moderada de perfil de la víctima de 16-29102014, coincidente con la señora Martina de la Cruz de la Cruz, madre de la persona desaparecida Jhosivani Guerrero de la Cruz”, según la Universidad de Innsbruck. Los resultados de ADN mitocondrial de este elemento, agregó, fueron únicos entre las muestras de referencia de la familia investigada y ninguna otra muestra coincidió con los resultados del ADN mitocondrial. El reporte también indica que con base en los datos de la población de ADN mitocondrial para la población mexicana proporcionada por Empop (base de datos de población ADNmt forense), y la literatura confiable, “existe una posibilidad 72 veces mayor de que los datos de ADN mitocondrial sean observados en la situación hipotética de que los restos no identificados de 16-29102014 se originaron de un individuo relacionado por vía materna de la madre de la persona desaparecida de Jhosivani Guerrero de la Cruz”, sostuvo la funcionaria federal.
El resultado, según la procuradora, implica que existen indicios que establecen la posible correspondencia entre las muestras de Jhosivani recuperadas y las de su madre. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
PGR insiste en que normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, pese a que no existe evidencia de ello, según peritos argentinos y expertos de CIDH.
El Equipo Argentino de Antropología Forense lo puso en duda, mientras expertos de la CIDH negaron que en el basurero de Cocula hayan sido incinerados los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El miércoles, al dar a conocer que fueron identificados los restos de un segundo normalista, la titular de la PGR, Arely Gómez, sostuvo que “más de 63 mil fragmentos óseos” fueron recolectados del Río San Juan y del basurero de Cocula.
Estudiantes de la normal rural "Benito Juárez" de Panotla, adscrita a la Federación de estudiantes campesinos socialistas de México (FECSM), solicitan apoyo ante la posibilidad de un nuevo embate de las fuerzas de seguridad pública, quienes se presume pretenden desalojar a la llegada de estudiantes de otros estados que acuden en apoyo, por las agreciones de que fueron objeto el día miércoles. En tanto mediante un audio, reportan tensa calma, luego de que las patrullas mantienen cercada la institución escolar "la situación es tranquila, hasta el momento", informan.
Sus restos fueron identificados en Innsbruck; la PGR insistió en que se trata de los recolectados en el Río San Juan y el basurero de Cocula.
El cuerpo de Jhosivani Guerrero de la Cruz -uno de los 43 normalistas desaparecidos- fue identificado gracias a que su muestra ósea arrojó resultados de ADN mitocondrial susceptibles de ser interpretados, por lo que pudieron ser comparados con los de su madre. Ambas muestras fueron enviadas a la Universidad de Innsbruck, quien determinó que “con base en los datos de la población de ADN mitocondrial… existe una posibilidad 72 veces mayor de que los datos del ADN mitocondrial sean observados en la situación hipotética de que los restos… se originaron de un individuo relacionado por vía materna”, según informó el miércoles la PGR. “Estos resultados de la Universidad de Innsbruck, serán incorporados a la averiguación previa en la cual seguimos con la investigación de estos hechos, e informaremos al juez de la causa, para que sea esa autoridad jurisdiccional quien determine legalmente lo conducente”, adelantó la procuradora Arely Gómez. Gómez insistió en que el año pasado fueron recolectados más de 63 mil fragmentos óseos en el Río San Juan y del basurero de Cocula, los cuales han buscado identificar. Hasta ahora han logrado identificar a Guerrero de la Cruz y a Alexander Mora, dos de los 43. Jhosivani era originario de la comunidad de Omeapa, ubicada a unos 15 minutos de la cabecera municipal de Tixtla. Era el menor de siete hermanos de una pareja de campesinos. Para ir a la secundaria y a la preparatoria, caminaba cuatro kilómetros hasta la carretera para poder tomar el transporte. Guerrero de la Cruz consideraba que los maestros que asistían en la comunidad no tenían interés en los niños; por ello deseaba ser maestro en Omeapa.
La PGR informó de la identificación de los restos de Jhosivani Guerrero, uno de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que otros restos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa fueron identificados. La procuradora Arely Gómez informó que la identificación del normalista Jhosivani Guerrero de la Cruz, de 21 años, fue notificada a sus familiares. La PGR indicó que la identificación corrió a cargo de los peritos de la Universidad de Inssbruck. Además, la Procuraduría corroboró la identidad de la otra víctima. “Con estos resultados se confirma nuevamente la identificación de los restos del estudiante Alexander Mora Venancio”, indicó la PGR en Twitter. “La PGR no descansará hasta identificar y poner a disposición de la justicia a todos los involucrados y probables responsables”, añadió. Proponen instituto La senadora panista Pilar Ortega Martínez alista una iniciativa de reforma constitucional para crear un instituto nacional de servicios forenses.
Con ello, se busca dar mayor certeza a las investigaciones de procuración de justicia. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF
El procurador Rodolfo Ríos Garza explicó que los tres detenidos –Daniel Pacheco, Abraham Tranquilino y Omar Martínez- declararon que nunca dispararon.
El procurador del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, dijo que tienen la evidencia de que únicamente tres personas –que ya están detenidas- estuvieron presentes en el edificio en la colonia Narvarte donde cinco personas fueron asesinadas el pasado 31 de julio. Sin embargo, las autoridades capitalinas aún no pueden determinar con exactitud qué pasó ese día. En entrevista con Denise Maerker en Radio Fórmula, Ríos Garza explicó que los tres detenidos –Daniel Pacheco, Abraham Tranquilino y Omar Martínez- declararon que no dispararon. “Hay dictámenes de reconstrucción de los hechos, pero no hay hasta ahorita alguien que nos pueda decir lo que pasó exactamente, toda vez que dos (Daniel y Abraham) señalan que estaban afuera del departamento y uno (Omar) que no estuvo presente ese día”, explicó Ríos Garza, quien admitió que no se ha encontrado el arma utilizada en el crimen. El procurador del DF explicó a grandes rasgos en qué consisten las declaraciones de cada uno de los detenidos: *Daniel Pacheco, el primer detenido, dice que los tres entraron al departamento, que él salió con una maleta (con droga), y que Abraham y Omar se quedaron. *Abraham Tranquilino, el segundo detenido, explica que los tres llegaron al departamento, que él contactó a una de las víctimas (Mile Martin), pero que se quedó afuera. Daniel y Omar entraron, y Daniel salió con la maleta.
*Omar Martínez, el tercer detenido, asegura que él sólo conoce a Abraham, no a Daniel, y que ese día no estuvo en dicho departamento. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
La semana pasada, la PGR cateó las oficinas de Infraiber y retuvo al abogado Paulo Díez por la denuncia interpuesta por OHL.
Paulo Díez, el abogado que ha denunciado irregularidades de la empresa OHL y que la semana pasada fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR), denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la presunta sustracción ilegal de comunicaciones privadas de su teléfono, el cual sigue en poder de las autoridades federales. La información que presuntamente fue extraída, según la denuncia, serían conversaciones de whatsapp que fueron enviadas a una dirección particular de correo electrónico. En la ampliación de la queja presentada hoy ante la CNDH, de la que Animal Político tiene copia, Díez señala que si bien fue liberado de lo que calificó como una “detención irregular” desde el pasado 9 de septiembre, hasta ahora la Procuraduría no le ha regresado su teléfono celular pese a la insistencia de sus abogados. “El día de hoy consulté mi correo electrónico de manera remota y me di cuenta que el 9 de septiembre de 2015 a las 19:51 horas alguien envió desde mi teléfono celular un correo electrónico a la dirección andresfuentes201282@gmail.com”, indica la queja presentada.
Díez agregó que no conoce al destinatario de ese correo y que canceló hasta el jueves 10 de septiembre la línea y datos del celular que sigue en poder de la PGR. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
La Estancia del Migrante González y Martínez señala que los guardias que custodian el ferrocarril "amenazan a los migrantes, los encañonan y hacen disparos al aire para amedrentarlos”. Una situación similar fue reportada el pasado mes de abril por otro albergue en Apizaco, estado de Tlaxcala.
Custodios privados del ferrocarril conocido como La Bestia agredieron a personas migrantes al paso del convoy por la comunidad de La Fuente, en el municipio queretano de Tequisquiapan. La denuncia fue realizada por la Estancia del Migrante González y Martínez, la cual señaló que tanto los migrantes como el personal que labora en el albergue han sido objeto en los últimos dos meses de amenazas y agresiones por parte del ‘Cuerpo de Guardias de Seguridad Valle de Toluca’; un cuerpo auxiliar de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México que vigila las instalaciones y convoyes de Ferromex. Martín Martínez, fundador de la Estancia, explicó en una entrevista con Animal Político que el último ataque de los custodios privados a los migrantes se produjo el pasado domingo 6 de septiembre en las cercanías de la comunidad de La Fuente, cuando los indocumentados caminaban cerca de las vías del tren. “Lo que sucedió el pasado domingo es sólo una agresión más”, puntualizó el activista, quien refirió que para impedir a los indocumentados subir al tren los agentes realizaron disparos contra ellos, aunque no se reportó ningún herido. “Estos elementos llegaron a Querétaro desde hace un par de meses. Su trabajo es vigilar el ferrocarril y bajar a las personas que quieran subir para migrar hacia el Norte. Pero lo que hemos visto es que hacen su trabajo de manera muy violenta. Amenazan a los migrantes, los encañonan y hacen disparos al aire para amedrentarlos”, apuntó Martínez. Asimismo, el activista denunció que los custodios, quienes “portan armas de grueso calibre y están equipados como si fueran policías antimotines”, también lo amenazaron de manera directa, cuando en el altercado del domingo le gritaron que lo tienen “ubicado”, por lo que responsabilizó de lo que pueda sucederle a los custodios que vigilan los vagones del tren. Ante esta denuncia de la Estancia del Migrante, Animal Político contactó a la oficina que el ‘Cuerpo de Guardias de Seguridad Valle de Toluca’ tiene en la Ciudad de México para conocer su versión de los hechos y su postura sobre los señalamientos. Sin embargo, al momento de publicar esta nota nadie de la corporación ha ofrecido respuesta alguna. Por su parte, Miguel Ángel Nava, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, confirmó que su oficina acompañará el caso para demandar a las autoridades queretanas que “brinden mayor seguridad y vigilancia” en las zonas por las que transita el tren entre los municipios de Tequisquiapan y Colón, “lugares donde se han dado más las agresiones contra migrantes”.
Por el momento, la Defensoría informó que el próximo viernes 18 de septiembre tendrá lugar una nueva reunión –la primera se llevó a cabo el pasado viernes- en la que participarán los directores de seguridad pública de Tequisquiapan y Colón, autoridades de la Procuraduría estatal, y también el jefe de inspectores y seguridad de la empresa Ferromex, en la que analizarán la problemática expuesta por la Estancia del Migrante González y Martínez.
Albergue en Apizaco también denuncia agresiones de custodios Cabe resaltar que señalamientos muy similares se dieron meses atrás en Apizaco, Tlaxcala. En el especial que Animal Político publicó el pasado 28 de abril –Programa Frontera Sur: Una cacería de migrantes-, activistas del albergue La Sagrada Familia dijeron que recibieron casos en los que los indocumentados denunciaron que custodios privados de Ferrosur –empresa que, junto con Ferromex, forma parte de Grupo México- los amenazaban con armas de grueso calibre, y que incluso los tiraban del ferrocarril en marcha. “A partir del 2015, comenzamos a ver en Apizaco la presencia de custodios que regulan que las personas migrantes no suban al tren. Y decimos que regulan el acceso porque en esta zona del albergue algunos custodios sí permiten a los migrantes subir en un tramo y más adelante los amenazan con armas de fuego para que se avienten del tren en marcha”, explicó Carla Juárez, voluntaria del albergue La Sagrada Familia. “La policía del tren está bien agresiva con nosotros. Si les dices que esperen un poco para bajarte, porque el tren viene muy duro, no les importa. Te tiran del ferrocarril en marcha”, denunció por su parte Robert, un migrante hondureño de la etnia garífuna.
Checa aquí el video ‘Migrantes denuncian que custodios los arrojan del tren’, que formó parte del especial Programa Frontera Sur: Una cacería de migrantes.
Los recursos públicos son ejercidos a través de un "órgano de apoyo", denominado Coordinación de Enlace Interinstitucional, el cual goza de "autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestal".
Según documentación fiscal emitida por la Secretaría de Hacienda del gobierno de Chiapas, el DIF estatal otorgó este año 44.5 millones de pesos a Leticia Coello –la mamá del gobernador Manuel Velasco Coello–, para repartir “ayudas” entre “grupos vulnerables”. Estos recursos públicos son ejercidos a través de un “órgano de apoyo” creado expresamente para atender las necesidades de la señora Coello, denominado Coordinación de Enlace Interinstitucional, el cual goza de “autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestal”, por lo que el uso de este dinero no pasa por la aprobación de la Junta de Gobierno del DIF estatal, máximo órgano directivo de la institución. Tal como consta en el informe denominado “Analítico calendarizado por clasificación administrativa. Presupuesto de Egresos 2015, Sistema Integral para la Familia del Estado de Chiapas”, a través de este “órgano de apoyo” al servicio de la mamá del gobernador chiapaneco, la señora Coello Garrido dispondrá este año con 14 millones 117 mil 594 pesos para repartir de propia mano “ayudas sociales a personas”, así como otros 24 millones 300 mil pesos para entregar “ayudas” a instituciones privadas. De esos 24 millones 300 mil pesos destinados a apoyar instituciones privadas, 98.7% son para la Fundación Teletón México, cuyos eventos de recaudación son producidos y apoyados por la empresa Televisa. Este presupuesto asignado al órgano de apoyo al servicio de Leticia Coello es ejercido de forma discrecional, ya que son recursos que no están adscritos a algún programa concreto del DIF chiapaneco y, por lo tanto, no existen reglas de operación definidas para el uso de este dinero. Se trata, pues, de fondos públicos cuyo destino es libremente decidido por la mamá del gobernador, y se ejecutan sin que existan sistemas para evaluar el impacto social que dicha inversión pública genera. Del presupuesto con que cuenta este órgano de apoyo a la señora Coello, además, se desprenden otros 3.9 millones de pesos que no son para “ayudas” a grupos vulnerables, sino que se usan directamente como “apoyo” a las “actividades” de la mamá del gobernador. El “órgano de apoyo” Desde que Manuel Velasco asumió la gubernatura de Chiapas, a finales de 2012, su mamá tomó el cargo de presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF estatal, puesto “honorífico” cuyas actividades asignadas son las de emitir “opiniones y recomendaciones sobre las políticas del DIF-Chiapas”, así como “proponer acciones tendientes a lograr la integración familiar”, según dicta el Decreto estatal 209, mediante el cual fue creado este organismo público. Tal como establece este ordenamiento, para el desarrollo de dichas labores consultivas, la presidenta del Consejo Consultivo del DIF chiapaneco cuenta con un “órgano administrativo”, denominado Coordinación de Enlace Interinstitucional, que presta “apoyo” no al pleno del Consejo, sino exclusivamente a su titular, Leticia Coello. Aún cuando, por ley, tanto Coello como su “órgano de apoyo” cumplen sólo funciones consultivas en el DIF estatal, la administración que encabeza su hijo, Manuel Velasco, les asignó este año 44.5 millones de pesos. Además, en 2014, el gobernador de Chiapas le dio 44.3 millones al órgano de apoyo al servicio de su mamá; y en 2013 el presupuesto para este rubro fue de 41.1 millones. En total, las labores “consultivas” realizadas por Leticia Coello a través de su “órgano de apoyo”, y los actos públicos organizados para que pueda vérsele repartiendo ayudas, han costado 129 millones 960 mil pesos al DIF estatal, sólo en los primeros tres años de gobierno de Manuel Velasco. “Ayudas” y favoritismos Tal como consta en documentación oficial del DIF Chiapas –obtenida por Animal Político a través de solicitudes de acceso a la información pública–, de los 129.9 millones asignados a la mamá del gobernador durante los tres años en los que ha ocupado su cargo “honorífico”, 55% ha terminado en las cuentas bancarias de la Fundación Teletón. La generosidad de la mamá del gobernador en beneficio de esta fundación, sin embargo, es manejada con reserva e, incluso, maquillada. En 2014, por ejemplo, el gobierno de Chiapas se encargó de difundir un boletín de prensa en el que se destaca la donación en favor del Teletón que, a nombre del gobierno estatal, hizo la mamá del gobernador, por un monto de 500 mil pesos. No obstante, el verdadero monto de los recursos públicos que Coello entregó en 2014 a la fundación ascendió a 24 millones de pesos. Según los reportes del DIF estatal, entre enero de 2013 y agosto de 2015, la Fundación Teletón ha recibido de la mamá del gobernador chiapaneco 2 millones de pesos cada mes, para sumar 64 millones de pesos –a los que se añadirán otros 8 millones de pesos, correspondientes al último cuatrimestre de este año–. En total, entre enero de 2013 y diciembre de 2015, la Fundación Teletón habrá recibido 72 millones de pesos del DIF estatal, por intermediación de Leticia Coello. La segunda institución de asistencia privada que más “ayuda” ha recibido de Leticia Coello es la asociación civil Unidos Pro-Down, aunque la preocupación mostrada por esta otra organización privada queda muy por debajo de aquella otorgada a la Fundación Teletón, ya que entre enero de 2013 y junio de 2015, la mamá del gobernador sólo ha otorgado 835 mil pesos a esta escuela especializada en atención a personas con “discapacidad intelectual”. Aún más abajo quedan otras instituciones de asistencia que apenas y han sido apoyadas por el DIF chiapaneco, como el Albergue Infantil Salesiano AC, que atiende a niños en situación de riesgo, y al que sólo se le han otorgado 250 mil pesos pesos desde que Coello funge como “presidenta” del DIF. La institución de asistencia privada que menos apoyo ha recibido de Leticia Coello es la Cruz Roja Mexicana IAP, que desde que Coello llegó al DIF-Chiapas sólo ha recibido 25 mil pesos para apoyar su labor, según los reportes titulados “Montos pagados por ayudas y subsidios”, emitidos por la institución. Más dinero a la mamá del gobernador: PAN Luego de que, el 5 de agosto pasado, Animal Político diera a conocer que Leticia Coello cuenta este año con un presupuesto de 3 millones 990 mil pesos, sólo como “apoyo” a sus actividades, la diputada panista Gloria Luna Ruiz –presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chiapas– consideró que esta información fue divulgada de forma “dolosa”, con el objetivo de desvirtuar “el trabajo tan importante y esmerado” de la mamá del gobernador. El mismo día en que dicha información fue divulgada, la panista aseguró a la presta chiapaneca que dicha nota periodística es “dolosa y desvirtúa el trabajo tan importante que ella (Leticia Coello) y cada una de las presidentas de los DIF de todo el país realizan”. La legisladora panista fue consultada por la prensa local el 5 de agosto, en torno al “apoyo” económico etiquetado para la mamá del gobernador Manuel Velasco, ya que una semana antes de que fuera dada a conocer esta información, Luna había promovido un punto de acuerdo con el que pedía dotar al DIF estatal de “mayores recursos adicionales” en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2016. Según la diputada panista, cuyo periodo legislativo concluye en octubre, Leticia Coello y las presidentas del DIF a nivel municipal “tienen que hacer esfuerzos mayores para tocar puertas de la sociedad y diferentes entes, para poder responder a las necesidades que hay en materia de personas con discapacidad, madres solteras, personas con alguna enermedad, y que desafortunadamente no han encontrado la respuesta en alguna otra institución”. Por ello, remarcó que la próxima legislatura chiapaneca debe otorgar aún más dinero a la mamá de Manuel Velasco.
México, DF. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, inició este lunes un recorrido por escuelas del país con el fin “de conocer de cerca” las inquietudes, necesidades y retos del magisterio nacional. En la escuela primaria “España”, en el Distrito Federal, el funcionario federal anunció que desde hoy todos los lunes recorrerá los centros educativos del país para dialogar con profesores, directivos, supervisores, estudiantes y padres de familia. Entrevistado al final del recorrido, Nuño fue cuestionado sobre el emplazamiento a un debate público que ayer le hizo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para discutir la viabilidad de la reforma educativa. “Estamos abiertos a un diálogo, pero es un diálogo sobre la base de cómo implementar la reforma educativa, un diálogo sobre las bases de la ley y un diálogo totalmente público y transparente. Esas son las premisas que tiene que tener el diálogo, y no es para ningún otro tema. El diálogo es, en todo caso para saber cómo avanzar en la reforma educativa en Oaxaca y en otros estados, es para saber cómo vamos a aplicar la ley”. Sobre el paro nacional que el magisterio disidente acordó realizar el próximo 12 de octubre, el titular de la SEP dijo que se debe respetar la ley y el respeto de la ley es fundamental para seguir avanzando en la reforma educativa. En punto de las 8 de la mañana el funcionario atestiguó la ceremonia de honores a la bandera en esta escuela ubicada en el Centro Histórico de la ciudad de México. Ahí remarcó que esa ceremonia se hace en honor del país, de su pasado, su presente y sobre todo de su futuro. En ese sentido, aprovechó para asegurar que la reforma educativa tiene como fin último brindar a los estudiantes una educación de calidad que les permita en su vida futura “ser mexicanos más libres y construir un país más justo”. Dijo que esta normativa pone en el centro de la atención del sistema educativo a los alumnos y las escuelas, y descartó que la evaluación sea “punitiva”, como lo ha denunciado el magisterio disidente. En ese sentido, hizo énfasis en tres puntos: el primero, dijo, que la evaluación no está hecha para castigar a los profesores, sino por el contrario, para apoyarlos y darse cuenta en qué se debe mejorar; dos, que contrario a lo que se dice, la evaluación sí hace un análisis de la diversidad en el país y de los contextos nacionales y socioculturales que hay en cada zona; y tres, a los docentes que tengan un buen desempeño en los procesos evaluatorios, tendrán acceso a mayores estímulos que en principio podrían incrementar sus ingresos en 35 por ciento y podrían alcanzar hasta un 180 por ciento, y en las regiones más lejanas un incremento de hasta 220 por ciento.
Durante el diálogo con el funcionario, varios profesores expusieron alguna de las necesidades en este plantel, particularmente en la carga de trabajo administrativo, lo que les impide dedicarse al 100 por ciento a su labor docente. Nuño se comprometió a atender las peticiones, tanto de profesores como de padres de familia y prometió que en el futuro regresará a la escuela para presenciar los avances en este sentido. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: EMIR OLIVARES ALONSO.
En un video de una cámara de seguridad, al que tuvo acceso Aristegui Noticias, se observan los hechos ocurridos el pasado 7 de septiembre al Sur de la Ciudad de México, donde fue detenido el abogado de Infraiber, Paulo Díez Gargari.
Un agente de la Procuraduría General de la República (PGR) sembró una pistola dentro del automóvil de Paulo Díez, abogado de la compañía Infraiber, al momento de su detención concretada el pasado lunes 7 de septiembre, de acuerdo con un video presentado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al cual tuvo acceso Aristegui Noticias.
En el video de casi 14 minutos, apareció un hombre vestido de mezclilla, con chamarra y una gorra negra –acompañado de otros policías- a quien se le notó la empuñadura de una pistola saliéndole de entre el pantalón.
A lo largo del video se observó cómo este hombre caminó alrededor y entre las cuatro camionetas utilizadas por los policías hasta que, justamente en el minuto 2:15, se metió al automóvil BMW del litigante.
En ese momento, Paulo Díez estuvo rodeado de siete policías vestidos de corbatas y camisas de manga larga quienes le impidieron ver lo que sucedió dentro de su auto.
Segundos más tarde, en el minuto 2:32, se vio al mismo hombre apartarse, sigilosamente, del lugar de la detención sin que se observara más la empuñadora de la pistola.
A partir de ese momento, los policías revisaron al litigante y luego le pidieron abrir la cajuela de su auto y las portezuelas; primero una de las traseras y luego la del conductor. En ese momento -según lo dijo Paulo Díez durante una entrevista en Aristegui CNN- uno de los agentes le comentó a boca jarro: “¿y esa pistola?” ”Le dije eso no es mío alguien de ustedes lo puso ahí y me parece una barbaridad. Entonces me respondieron: su situación ya cambió, ahora ya no es testigo sino inculpado, nos va tener que acompañar y su vehículo queda retenido”, comentó el abogado en la entrevista con Aristegui CNN realizada el pasado miércoles 9 de septiembre, unas horas después de ser liberado.
Una mujer policía, vestida de negro, quien había grabado parte del operativo con su teléfono móvil, fue la encargada de sacar el arma del auto. Los agentes le habían mostrado al litigante una orden de localización y presentación como testigo, sin explicarle de qué investigación se trataba. Este lunes OHL México publicó un desplegado en diarios editados en la ciudad de México en el cual reconocieron haber presentado una denuncia penal contra la firma Infraiber ante la PGR por la difusión de desplegados, comunicados y “grabaciones ilícitas y manipuladas en las cuales se pretende extorsionar a la compañía”. La última de ellas apareció en la red social Youtube la noche del lunes 7 de septiembre mientras Paulo Díez estaba detenido. En ella sus autores presumieron que el presidente Enrique Peña Nieto habría recibido el pasado 6 de abril a directivos de OHL y éstos le hablaron del sistema de verificación de aforos que Infraiber pretendía instalar en carreteras operadas por la primera. Los directivos de OHL le habrían solicitado ayuda para que Infraiber no auditara el tráfico de obras, según una nota que acompaña al audio. Un mes después, coincidentemente, el gobierno del Estado de México encabezado por Eruviel Ávila, canceló en definitiva el contrato con Infraiber. Por separado, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, reconoció que su voz apareció en esos audios pero editada, según el diario Reforma. El video fue grabado por una cámara de seguridad perteneciente a uno de los negocios ubicados la calle Canoa, cerca de Periférico Sur, sitio de la aprehensión. En ese operativo, tanto el sujeto vestido de chamarra y gorra negras como otros agentes bajan de una camioneta blanca sin placas con vidrios polarizados. El pasado viernes 11 de septiembre, la PGR cateó las oficinas de de la empresa Infraiber ubicadas en Campos Elíseos 223 piso 9 durante más de siete horas, como parte de la denuncia referida presentada por OHL México. Algunos de los agentes llegaron a bordo de una camioneta blanca, sin placas, con vidrios polarizados, de similares características a la utilizada en la detención de Paulo Díez –cuatro días antes- .
Aquí una comparación entre ambos vehículos: a la izquierda, la usada durante la aprehensión – de ahí bajó el sujeto que sembró el arma- y a la derecha, la empleada durante el cateo.
Al tratarse de una pistola calibre 38 super, la PGR liberó a Paulo Díez bajo una fianza de 60 mil pesos. El abogado aseguró que la PGR nunca le notificó de esa orden de presentación antes de su captura, como marca la ley.
En Infraiber ni en el despacho del abogado hay información de que, previamente, las autoridades buscaran al litigante. VÍDEO:
El columnista Raymundo Riva Palacio publicó este lunes en El Financiero que la detención del abogado de Infraiber pudo ser un acuerdo entre directivos de OHL y el presidente Enrique Peña Nieto. El periodista escribió lo siguiente: “Fuentes con acceso a esos niveles de información dijeron que lo que soltaron los ejecutivos de la empresa constructora fue que la PGR detendría al abogado Díez Gargari para “asustarlo” e inhibirlo. El abogado es la cara de Infraiber, propiedad del empresario tapatío Luis Topete, y ha sido tenaz en denunciar irregularidades en la relación de OHL con las autoridades en perjuicio de su cliente. El hecho de sugerir una complicidad con funcionarios del gobierno federal capaces de detonar una acción judicial en sí mismo es grave, pero más lo que agregaron en su indiscreción: que el plan lo platicaron con el presidente Enrique Peña Nieto, Juan Miguel Villar, presidente de la empresa, y José Andrés de Oteyza, presidente de OHL en México. De haber sido así, tendrían que haber tomado en cuenta que de lo que hablaron es de un delito.
“Esta reunión no es la que se reveló hace unos días sobre un encuentro en Los Pinos con el presidente Peña Nieto el 6 de abril, donde hablaron del sistema de verificación de aforos carreteros de Infraiber, cuya cancelación de un contrato otorgado por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Auxiliares durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, detonó la indignación de la empresa, y la petición de Villar y Oteyza para seguir bloqueándola. La reunión a la que aludieron los ejecutivos de OHL se dio a finales de agosto, días antes del Tercer Informe de Gobierno, al cual fueron invitados por Peña Nieto”. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://aristeguinoticias.com/1409/mexico/pgr-siembra-pistola-a-abogado-de-infraiber-en-disputa-con-ohl/
MÉXICO, D.F: Omar García, normalista que sobrevivió a los ataques registrados en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del año pasado, convocó a los mexicanos a unirse un “grito alternativo” como parte de la Acción Global por Ayotzinapa.
A través de un video publicado el domingo pasado en YouTube, cuestionó: “México no vive, México está muriendo. ¿Cómo vamos a hacer un grito este 15 de septiembre diciendo que tenemos independencia? ¿Independencia de qué? ¿Cómo vamos a decir que vive México? Eso no es posible”. En lugar de apoyar el acto oficial, pidió a la #Eurocaravana y a los mexicanos unirse a la Acción Global por Ayotzinpa, a acciones como el “grito alternativo” que se realizará en Suiza para protestar por la desaparición de sus compañeros.
Así lo dijo ante la ONU el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría mexicana de Gobernación, Roberto Campa.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría mexicana de Gobernación, Roberto Campa, presentó este lunes 14 de septiembre en la sede europea de Naciones Unidas los avances de México en materia de derechos humanos. Tras hablar acerca de la propuesta de Ley General contra la Desaparición Forzada –que incluye elementos en materia de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, registros y bases de datos, tipo penal y sanciones, y por supuesto, atención a víctimas y sus familiares–, Campa dijo que ese proyecto tomará en cuenta las recomendaciones del Comité de Desaparición Forzada, así como las del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En relación con este grupo, Campa detalló que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto “solicitará la prórroga del mandato por seis meses, para que el Grupo de Expertos pueda concluir sus trabajos” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. “El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la citada Comisión presentó su informe el pasado 6 de septiembre, el cual integra nuevos elementos y una serie de recomendaciones que coadyuvarán al esclarecimiento de estos lamentables hechos”, dijo. Agregó que el presidente Enrique Peña Nieto “instruyó a todas las dependencias competentes a tomar en cuenta los elementos aportados por el informe de este Grupo, así como analizar cada una de las recomendaciones formuladas por ellos”. Campa adelantó que el gobierno incorporará el contenido del informe a la investigación que actualmente está llevando a cabo la Procuraduría General de la República.
Esta mañana, el titular del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad Al Hussein, quien visitará México en el mes de octubre, celebró al informe realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH sobre los 43 estudiantes desaparecidos hace un año. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
Acusa a la empresa Infraiber de difundir "grabaciones ilícitas y manipuladas", con las cuales, según OHL, la pretenden extorsionar.
A través de desplegados en periódicos de circulación nacional, OHL confirmó la denuncia “por extorsión” contra la empresa Infraiber, que anunció la semana pasada. En su comunicación, OHL asegura que ha sido objeto de una “campaña de difamación promovida por Infraiber“, para que se deje sin efecto la revocación de un convenio que había celebrado ésta con el gobierno del Estado de México, el cual establecía que verificaría el aforo vehicular en todas las autopistas concesionadas de la entidad, durante 20 años. OHL defendió la decidión del gobierno del estado porque “sería abusivo para los usuarios de las autopistas, al triplicarles la tarifa que por ese servicio se cobra”.
En su desplegado, la empresa informó que interpuso una denuncia ante la PGR contra Infraiber por la difusión de desplegados, comunicados y grabaciones ilícitas y manipuladas, “mediante las cuales se pretende extorsionar a la compañía“, aunque esto último no ha sido comprobado. El comunicado de la empresa, que aparece este lunes en diferentes diarios: RNAC20150914-003 by Aristegui Noticias:
MÉXICO, D.F: Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán detuvieron a un presunto escolta del gobernador Salvador Jara Guerrero por realizar disparos al aire desde un vehículo en movimiento. De acuerdo con una denuncia de los vecinos, al menos dos sujetos que circulaban sobre la avenida Camelinas, a bordo de una camioneta Chevrolet Suburban negra, efectuaron varios disparos al aire. De inmediato los policías instrumentaron un operativo de búsqueda y localizaron la unidad a la altura del bar Pecatto, donde marcaron el alto al conductor, pero éste hizo caso omiso y aceleró la marcha. Los sujetos enfilaron rumbo a la avenida Solidaridad, y al llegar a la calzada Ventura Puente, uno de ellos descendió del vehículo para darse a la fuga, pero los uniformados lo detuvieron casi enseguida. El conductor de la camioneta logró escapar.
El detenido se identificó como escolta del gobernador Salvador Jara y presentó documentos de la Dirección de Ayudantía. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El grupo criminal La Unión Tepito extorsiona a comerciantes del Centro, La Lagunilla y Tepito. El 4 de agosto pasado, 25 sujetos armados recorrieron puestos de la zona para exigir el pago de entre 800 y mil pesos semanales. El periódico Reforma publica este lunes que desde 2010, el grupo criminal se dedica a extorsionar a comerciantes de la zona. De acuerdo con la averiguación previa FCUH/CUH-4/T1/512/15-08, el pasado cinco de agosto fue asesinado el comerciante impresor Armando Ramírez. “El 6 de agosto, durante el funeral de Ramírez Beltrán, en la calle Corea, Colonia Romero Rubio, varios sujetos abrieron fuego y mataron a Víctor Manuel y Fabián, comerciantes de Santo Domingo que también se opusieron a las extorsiones. “El 17 de agosto, frente al 149-A de Pedro Moreno, Colonia Guerrero, fue ultimado a tiros José Juan Segura, comerciante de Santo Domingo.
“Según el expediente FCUH/CUH-2/T1/01317/15-08, el hombre iba saliendo de su domicilio cuando fue atacado por al menos tres individuos”, añade el diario. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La empresa OHL interpuso una denuncia penal por extorsión ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra la compañía Infraiber, a la que acusa de hacer grabaciones “ilícitas y manipuladas”. En un desplegado, la empresa de capital español afirma que OHL “ha sido objeto de una campaña de difamación promovida por Infraiber, cuyo objeto es extorsionar para que se deje sin efecto la revocación de un ‘Convenio Marco” que había celebrado con el Estado de México”. Dicho convenio, agrega OHL, tiene por objeto que Infraiber verifique el aforo vehicular en todas las autopistas concesionadas del Estado de México durante 20 años, lo que le generaría cuatro mil millones de pesos.
Según OHL, Infraiber no tenía la tecnología ni la experiencia para esa verificación, debido a que se constituyó tres meses antes de la firma del “Convenio Marco” y con el “capital ridículo” de 50 mil pesos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
