Un hombre entregó a la Policía una memoria con cuatro videos en donde se aprecia a tres personas más que podrían estar involucradas en el caso.
Cuatro videos –que un “informante desconocido” entregó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)– revelaron que otras tres personas están presuntamente involucradas en el multihomicidio de la colonia Narvarte, ocurrido el 31 de julio pasado. Karla Michel Salas, una abogada de las víctimas, dijo a Animal Político que son cuatro videos en los que aparecen tres hombres platicando con dos de los sujetos que salieron del departamento de Narvarte. Este encuentro ocurrió minutos antes de la siete de la noche del mismo día del crimen. Las tomas no corresponden a las cámaras de la policía capitalina, sino a cámaras de seguridad privada instaladas en la zona de Taxqueña, al sur de la Ciudad de México. El material fue entregado en una memoria USB que le dio un civil a un policía de investigación. “No quiero problemas, pero esto les interesa”, dijo un hombre no identificado a un agente, según la versión de las autoridades acerca de cómo se obtuvo el material que ya fue integrado a la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07. Este ocurre una semana después de que los abogados de las víctimas confirmaran que las autoridades capitalinas buscan a más personas implicadas en el caso, luego de hacer una revisión a los 12 tomos (con más de 4 mil 400 páginas) de la averiguación previa a cargo de la Fiscalía Central para la Investigación de Homicidios. Sin embargo, el procurador del DF, Rodolfo Ríos, ha confirmado públicamente que sólo fueron tres los involucrados. El encuentro con los tres sospechosos En las tomas se ven a tres sujetos que bajan de una camioneta Suburban de color azul placas MGR 7855, quienes intercambian un sobre y un paquete con dos hombres que horas antes habían salido del departamento de Narvarte a bordo de un vehículo Mustang que pertenecía a una de las víctimas. Hasta ahora, pese a contar con las matrículas, las autoridades capitalinas no han conseguido localizar esa camioneta. De acuerdo con la investigación de la Procuraduría, los hombres que viajaban en el Mustang son el expolicía capitalino Abraham Tranquilino y su amigo Omar Martínez, quienes ya se encuentran detenidos y procesados. Los que iban en la suburban Azul, y aún son buscados por las autoridades, no están identificados, de acuerdo con el expediente del caso. Los abogados coadyuvantes señalaron que esta información abre nuevas interrogantes. Primero, ¿cómo se está integrando la averiguación previa del caso? Y segundo, sobre el nivel de organización que pudo existir detrás del crimen ocurrido el pasado 31 de julio. Tres hipótesis, cero conclusiones Aunque las autoridades han considerado un tema de drogas como una de las líneas de investigación del caso y organizaciones han acusado un crimen contra la libertad de expresión, el expediente no tiene evidencia probatoria suficiente para consolidar alguna de ellas, según lo revelado por el análisis de los abogados de la coadyuvancia. La teoría de las drogas parte principalmente de la declaración de uno de los detenidos, el expolicía Abraham Tranquilino, quien dijo que pretendían robarle a una de las víctimas –Mile Virginia– un paquete de cocaína que había recogido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Pero los abogados no encontraron otro elemento en el expediente que consolide esta línea de investigación, ya que las declaraciones de los otros dos detenidos no coinciden con este señalamiento, y tampoco se encontró en el departamento u otro sitio el paquete de droga. Asimismo, la joven no tenía antecendentes por tráfico de drogas. En las diligencias realizadas, los abogados tampoco encontraron una solicitud de apoyo a la Policía federal o al AICM para la identificación supuesto paquete de droga. No se han construido las “redes de vínculos” en torno a Mile Virginia. El señalamiento del expolicía capitalino, acerca de que uno de sus cómplices supuestamente pertenecía a Los Zetas, no está sustentado en ninguna evidencia. En la línea del robo, una de las primeras que se manejó y que es uno de los tres delitos que se imputa a los acusados, la acusación incluida en el expediente de la PGJDF esté sustentada en la sustracción de una maleta del departamento y de una alcancía con 6 mil 600 pesos Pero no se ha podido identificar otros objetos robados, y menos que eso fuera un móvil del multihomicidio. La línea respecto a que pudo ser un homicidio vinculado a un tema de libertad de expresión, luego de que dos de las víctimas –el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera– tuvieron que autoexiliarse de Veracruz, tampoco se ha consolidado ni descartado pese a la toma de declaraciones que se llevó cabo. “Las autoridades de la Procuraduría fueron a tomar una serie de declaraciones allá, pero no ha existido un trabajo posterior o de campo. La petición de los abogados no es que se compruebe esta línea como motivo del crimen pero sí que se haga la investigación seria que permita descartar este por cualquier otro móvil”, dijo Michel Salas. Peritajes pendientes Los abogados coadyuvantes del caso Narvarte solicitaron la semana pasada a la Procuraduría capitalina que se amplíen los peritajes practicados hasta ahora, además de que se descubra ante los representantes de las víctimas nueva evidencia que no ha sido incluida en el expediente. Lo anterior en apego al artículo 20 de la Constitución Política, apartado C, que faculta a las víctimas y sus abogados coadyuvantes para que pidan y se les desahoguen las diligencias que soliciten o que el Ministerio Público fundamente sus razones para no hacerlo. En el tema de los peritajes, explicó Michel Salas, la preocupación de las víctimas y abogados es en torno a los cuestionamientos sobre el modus operandi del homicidio; es decir, cómo fueron asesinadas las víctimas, algo que no queda claro en las más de 4 mil 400 páginas que tiene el expediente. Por ello se han pedido ampliación de dos peritajes, el de mecánica de hechos y el de mecánica de lesiones. “En resumidas cuentas no sabemos ni quien disparó, ni cómo se hicieron los tiros. Las autoridades creen, por ejemplo, que no se usó silenciador en el arma utilizada sino una almohada, pero solo hay una almohada y los disparos fueron cinco. De ese nivel son las lagunas en la investigación”, dijo la abogada. Además, los abogados coadyuvantes han requerido a las autoridades que se entreguen y revelen las grabaciones completas del 31 de julio provenientes de las cámaras de seguridad pública colocadas en la calle Luz Saviñón donde está ubicado el departamento. Hasta ahora solo se ha mostrado un lapso de tiempo posterior a las 13:30 horas. De acuerdo con los abogados, esto es importante para esclarecer si todas las personas que a lo largo de esa mañana ingresaron al edificio eran vecinos o si pudo haber otra persona ajena al sitio.
Se espera que este jueves los abogados tengan un nueva reunión con autoridades de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJDF, con el objetivo de conocer la respuesta a algunas de estas peticiones. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: ARTURO ANGEL.
MÉXICO, D.F: Las presiones para utilizar a las fuerzas armadas mexicanas en funciones policiacas provienen desde los años ochenta. En su libro Ejercicio de las Facultades Presidenciales, Miguel de la Madrid recuerda y reflexiona por qué existían riesgos graves de transformar a los soldados en policías y, aún más, a los efectivos militares incorporarlos a las tareas de combate al crimen organizado. “Fue mi criterio y mi decisión utilizar a las fuerzas armadas como último recurso de aseguramiento del orden público interno”, recuerda De la Madrid, presidente de la República de 1982 a 1988, justo en la etapa germinal de los grandes cárteles que ahora dominan el panorama nacional: el de Sinaloa, los de Jalisco, el Golfo y los distintos grupos en disputa por Michoacán y Guerrero. “Deliberadamente aparté al Ejército de problemas que podía resolver la autoridad civil mediante otros mecanismos, sobre todo, las fuerzas del orden civil y las policías, tanto federales como locales. Reflexioné en que, en el pasado, se había tenido necesidad de recurrir a las fuerzas armadas para imponer el orden público, de manera específica, durante la triste experiencia de 1968 y para sofocar en su momento conflictos estudiantiles o de carácter obrero y campesino”, afirma el exmandatario. De la Madrid subraya que “las fuerzas armadas mismas no deseaban que se usara al Ejército y la Armada para tareas de tipo policiaco, porque estaban conscientes del desgaste institucional y el desprestigio sufridos al haber sido usados como policía. Coincidimos en esta convicción”. El expresidente sentencia en ese libro, editado en 1998, que el uso del Ejército para tareas de combate al narcotráfico, “cuestión que fue y es debatible”, se limitó a las tareas de destrucción de plantíos, decomiso de cargamentos de droga, internos o en tránsito hacia los Estados Unidos, o de apoyo a las fuerzas policiacas para el control de los grupos narcotraficantes en la república. Como sabemos, ese paradigma cambió con la llegada de Felipe Calderón Hinojosa a la presidencia de la República y el despliegue de las fuerzas armadas en labores policiacas para combatir el narcotráfico en la Operación Michoacán, de enero de 2007. Los temores de Miguel de la Madrid y de muchos otros políticos y generales que conocen bien la entraña de las fuerzas armadas y los riesgos de convertir a los soldados –entrenados para matar- en persecutores “del crimen” se han confirmado con creces. Los recientes y trágicos episodios en Tlatlaya, en Iguala, en Apatzingán y en Tanhuato, en donde se presume la participación de efectivos militares o de soldados habilitados como policías federales o grupos de choque, han colocado a las instituciones armadas en una situación de profundo cuestionamiento. No son ellos los responsables de esta situación. Algunos jefes militares son responsables de los delitos cometidos y que se les imputa por omisión, complicidad, negligencia o crueldad contra civiles (como se supone existió en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y los seis jóvenes muertos en esa trágica noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala), pero la responsabilidad esencial es del mando político. De esto, Miguel de la Madrid y otros presidentes de la república con sólida formación en teoría del Estado fueron muy claros: el titular del Ejecutivo federal mexicano tiene la doble función de jefe de gobierno y jefe de Estado, por tanto, es también “el mando supremo de las fuerzas armadas del país”. No sólo eso. Entre las facultades metaconstitucionales del presidente de la república está ser también jefe del partido en el gobierno, como bien destacó Jorge Carpizo en su clásico texto sobre el presidencialismo en México. Por tanto, es un enorme riesgo utilizar a las fuerzas armadas no sólo en funciones policiacas (de gobierno) o de seguridad nacional (de Estado), sino también en labores de combate a la disidencia o la oposición política (de partido). Cuando estas fronteras no están claramente delimitadas ocurren precisamente los crímenes de Estado, como el del 68 y muchos otros que se dieron en la etapa de la “guerra sucia” mexicana de los setenta. Esta es la situación que se ha presentado claramente en Tlatlaya y en Ayotzinapa. Se puede discutir al infinito si fue en el basurero de Cocula donde los jóvenes normalistas fueron incinerados o no. Se puede, incluso, rehacer la investigación con un equipo nuevo en la PGR. Lo que no se puede eludir es el problema de fondo: ya es el momento de revertir la decisión tomada por Calderón y reforzada por Peña Nieto para seguir utilizando a elementos militares en el combate al narcotráfico porque estamos ante el escenario cada vez más peligroso de que el narcopoder haya infiltrado a las propias fuerzas armadas mexicanas.
Esta es la reflexión que urge hacer en días de luto por el primer año de la tragedia de Iguala y cuando un 15 de septiembre recordamos lo importante que es tener el monopolio legítimo de la violencia para defender la soberanía de una nación y no para agredir a sus habitantes más humildes, más vulnerables, más criminalizados. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL (ANÁLISIS).
México, DF. Con el voto en contra del PRD, PT y algunos panistas, el Senado de la República ratificó a Agustín Carstens Carstens por un periodo más de seis años como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Será esta misma junta la que lo ratifique luego como gobernador del Banco de México. La votación final fue de 84 votos a favor, 16 en contra y tres abstenciones, una de éstas últimas del senador panista Javier Corral. En tribuna, legisladores del PRI, PVEM y PAN resaltaron la trayectoria y la eficacia de Carstens y, en contraparte, la oposición de izquierda advirtió que es responsable de un modelo económico que sólo ha beneficiado al capital especulativo. En tribuna, el coordinador del PT, Manuel Bartlett Díaz, advirtió que Carstens “es el representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) para garantizar a los inversionistas extranjeros las mayores ganancias”. Agregó que uno de los aspectos que se ha manejado como una gran virtud del gobernador del Banco de México es la decisión de utilizar las reservas para detener la caída del peso frente al dólar. Sin embargo, recalcó Bartlett, lo que hace es “dilapidar miles de millones de dólares para beneficio de los especuladores”. Igualmente, el senador del PRD, Benjamín Robles Montoya, le recordó que las reservas financieras son para el beneficio de las mayorías. Expuso, asimismo, que su bancada votaría en contra, ya que la economía no ha funcionado bien y hay síntomas de recesión, falta de liquidez, estancamiento de los salarios y no ha crecido la productividad. El PAN, por conducto de José Luis Lavalle, sostuvo que deben separarse las dificultades que enfrenta la economía del manejo que ha hecho Carstens al frente del Banco de México. Sus intervenciones, sostuvo, se han caracterizado por la independencia y el rigor técnico, tanto en esta administración como en la pasada de Felipe Calderón. Su compañero de bancada, Raúl Gracia, anticipó su voto en contra. Dijo que la política inflacionaria de Carstens es “excelsa”, pero “nadie nos dice qué está fallando”. Carstens rindió protesta ante el pleno senatorial.
FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ANDREA BECERRIL/ VÍCTOR BALLINAS.
Una evaluación de la Sedesol revela que la falta de profesionalización del personal que labora en los municipios entorpece la aplicación de los recursos para combatir la miseria.
De acuerdo a la evaluación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), operados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), una deficiente aplicación de estos recursos no permite reducir los índices de pobreza extrema. Ambos fondos están compuestos de recursos de la Federación que son enviados directamente a los municipios para realizar obras que ayuden a eliminar la pobreza con obras que doten de infraestructura y servicios básicos en las comunidades. Este Fondo es la vía principal para financiar la obra pública local en municipios rurales y semiurbanos. En el 2015, los recursos del FISMDF ascendieron a 51 mil 411 millones 545 mil 750 pesos. En ese caso, las obras que cumplen el perfil del Fondo son de agua potable, drenaje, urbanización, electrificación rural, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de la vivienda, mantenimiento de la infraestructura pública y alimentación. Sin embargo, los municipios utilizan el dinero en obras que muchas veces no sirven para ese fin. En la evaluación, que fue enviada por la Sedesol a la Cámara de Diputados, se establece que la falta de profesionalización del personal que labora en los municipios entorpece la aplicación de los recursos. “La carencia o deficiencia de un archivo municipal con los expedientes de obras requiere de una profesionalización del personal municipal responsable del ejercicio de los recursos del Fondo”, establece el informe de evaluación del FISMDF, realizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Esta deficiencia de preparación incide no solo en la falta de un archivo sobre los proyectos, sino en la hechura de planes a largo plazo. Por regla general, cada vez que cambia una administración municipal, cambia también el personal que labora en los Ayuntamientos, lo que no permite la continuidad en los proyectos y acciones de los gobiernos locales. A esto se suma que, de acuerdo a la normatividad vigente, para la asignación de dinero del FISMDF no se requiere demostrar que se cuenta con los recursos humanos y tecnológicos necesarios, así que en ocasiones, cuando llegan las asignaciones, los gobiernos no tienen la capacidad de llevar a cabo los proyectos. Aunado a ello, la brevedad en la duración de los cargos limita el alcance de los planes de obra que se hagan para el periodo de gobierno. Así, se priorizan obras que sean rápidas de realizar en lugares cercanos a los centros urbanos, en vez de fomentar el desarrollo de partes más marginadas de las localidades. A esto se suma la falta de un plan integral que permita desarrollar todos los sectores de las comunidades donde operan estos Fondos. Por lo regular, las obras se realizan con materiales que no provienen de la región donde se llevan a cabo, lo que limita un desarrollo potencial de toda la zona. “El desarrollo de obra pública también posibilita la creación de empleo temporal empleando fuerza de trabajo y materiales de construcción locales; por tanto, en la autorización de las obras, debe privilegiarse el abastecimiento de recursos y materiales locales y no simplemente de abastecedoras locales, quienes fungen como intermediarios de otras regiones”, establece el informe. Estos programas se encargan de disminuir los índices de rezago en las comunidades. Se calcula, por ejemplo, que en el año 2010, el 28.7 por ciento de las viviendas carecía de drenaje conectado a la red pública; el 29 por ciento no estaba conectada a la red de agua potable. El uso electoral La falta de personal y capacitación no es lo único que detiene la efectividad total de los programas financiados con recursos de estos fondos. La evaluación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), realizada por la consultora Politeia Centro de Estudios en Asuntos Públicos, expone que los políticos se enfocan más en la obtención de beneficios electorales en lugar de atacar el rezago de su población más marginada. “Los resultados de algunas investigaciones sobre la distribución del FAIS sugieren que aunque la fórmula de distribución está basada en los niveles de pobreza y la intención de proveer infraestructura a las comunidades más marginadas, dicha distribución es definida por el tamaño de la localidad, que a su vez puede estar motivada políticamente dado que las poblaciones más grandes son más rentables durante el proceso electoral”, sostiene la consultoría. A esto se suma la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos de este fondo. En enero del 2015, por ejemplo, la Sedesol dio a conocer que 92 municipios del país no habían dejado claro en qué gastaron más de 7 mil millones de pesos que les fueron asignados para obras del FAIS. Otra falla del programa es que los gobiernos locales no trabajan en conjunto con la comunidad. La evaluación de los programas reveló que en la construcción de las obras y los proyectos no participan todos los sectores que podrían hacerlo, lo que limita su alcance. “La participación de actores como asociaciones de empresarios, asociaciones religiosas, comités vecinales, ejidatarios y otras organizaciones no gubernamentales sumarían a la preparación de diagnósticos que reflejaran con una mayor certidumbre las necesidades de la población, así como las posibles soluciones para los problemas de servicios básicos”, sostiene el estudio.
Para el 2015, los recursos asignados al FAIS fueron de 58 mil 502 millones de pesos. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: IMELDA GAARCÍA.
México, DF. Los especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que actúan como coadyuvantes en la defensa de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace un año en Iguala emitirán en las próximas horas un comunicado en respuesta a la información divulgada ayer por la PGR, en el sentido de que uno de los restos óseos presuntamente recolectados en el basurero de Cocula corresponde a uno de los estudiantes, Jhosivani Guerrero de la Cruz. Hasta el momento, ninguna de las organizaciones que acompañan al movimiento de las víctimas de Ayotzinapa se ha pronunciado oficialmente al respecto, aunque el vocero de los padres de familia, Felipe Flores, sí declaró a la prensa, desestimó la información oficial dada a conocer anoche por la PGR porque “no ofrece ninguna certeza”. Los miembros del EAAF, por su parte, se trasladarán a la localidad de Omeapa, cerca de Tixtla, donde viven los padres de Jhosivani, Martina de la Cruz y Margarito Guerrero Tecoapa, para darles una explicación detallada del informe técnico que el instituto forense de Innsbruck, Austria, envió a la PGR y que reporta. Hasta anoche, el grupo de funcionarios que trabaja el caso de Iguala con la procuradora Arely Gómez –quien reportó que según los peritos de Innsbruck “existen indicios que establecen la posible correspondencia entre Jhosivani y las muestras de ADN mitocondrial” que le fueron enviadas— no había hablado personalmente con la familia del joven desaparecido y presuntamente identificado. Desde que los forenses argentinos empezaron a trabajar en Guerrero como peritos de este caso el 5 de octubre del año pasado recomendaron a la PGR que antes de divulgar públicamente información relacionada con los muchachos desaparecidos “priorice la comunicación con las familias”. El pasado 7 de febrero reiteraron esta recomendación, en el extenso informe que emitieron a propósito de la conferencia de prensa que dio el ex procurador Jesús Murillo Karam, donde ratificó la controvertida “verdad histórica” sobre el paradero de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. En esa ocasión, Murillo dio por buenas las declaraciones ministeriales de los presuntos perpetradores de la desaparición y una serie de pericias realizadas por sus propios agentes, según las cuales los estudiantes habrían sido “asesinados, incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas, trituradas, arrojadas en bolsas de plástico al río cercano. Sobre la contundencia de las “resoluciones” de la PGR, el EAAF concluyó que “no existen elementos científicos suficientes por el momento para vincular los restos hallados en el basurero con aquellos recuperados, según la PGR, en el río San Juan”. Entre los elementos con los que controvirtió la versión oficial, sostuvo que el EAAF no fue citado a participar en la diligencia que realizaron los “hombres rana” de la Marina, quienes fueron los que –siempre, según la narración de la PGR— sacaron del río una bolsa con restos óseos calcinados.
Los forenses argentinos no avalaron, por lo tanto, que el pequeño fragmento de hueso esfenoide que fue sacado de una de esas bolsas y enviado posteriormente al instituto especializado de Innsbruck —identificado posteriormente como un resto del estudiante Alexis Mora, según las pruebas del ADN nuclear-— hubiera sido recolectado efectivamente del basurero de Cocula. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: BLANCHE PETRICH
Infraiber propone que el Congreso y el sistema anticorrupción intervengan en el caso OHL.
El Circuito Exterior Mexiquense es una de las concesiones que tiene OHL en el Estado de México. Esa vía corre a lo largo de 113 kilómetros y tuvo una inversión de 24 mil 775 millones de pesos al cierre de 2014, de acuerdo con el reporte anual de OHL México, lo que la convierte en la obra más cara en el estado, inaugurada en 2011, por el entonces gobernador y hoy presidente Enrique Peña Nieto, junto con Gerardo Ruiz Esparza, entonces secretario de Comunicaciones de la entidad, quien hoy encabeza la misma dependencia pero a nivel federal. Pero la recuperación, para la empresa, será mucho mayor. OPCEM, filial de OHL, es la responsable de la Concesionaria Mexiquense (Conmex), que opera el circuito. La megaobra fue concesionada de febrero de 2003 a diciembre de 2051. La empresa Infraiber era la encargada de instalar y operar un Sistema Independiente de Verificación de Aforo Vehicular, Ingresos y Nivel de Servicio (“SIVA”) en el Circuito Exterior Mexiquense. Sin embargo, su contrato fue revocado en mayo de este año. Sin ello no se podrá medir de forma independiente el flujo real de autos en el circuito, calcular la ganancia que obtiene OHL por el peaje y definir el momento en que OHL ya recuperó su inversión junto con su rentabilidad, por lo que debería devolver la concesión de esa vía al gobierno del estado. “En INFRAIBER estamos absolutamente convencidos del enorme (sí, enorme) beneficio social que deriva de la instalación y operación de nuestro Sistema Independiente de Verificación de Aforo Vehicular, Ingresos y Nivel de Servicio (“SIVA”) en el Circuito Exterior Mexiquense”, sostuvo la empresa en un comunicado, aunque reconoció que también lo consideran “un buen negocio”. De acuerdo con Infraiber, “un solo año de concesión en el Circuito Exterior Mexiquense representa un ingreso por cuotas de peaje mayor a los $2,350 millones de pesos”. Es decir, no tendría que llegar el 2051 para que OHL recupere su inversión. Si ésta se revirtiera un año antes de lo previsto, el estado recuperaría esos 2 mil 350 millones de pesos, apuntó Infraiber. Más aún: si se revierte 10 años antes, “el estado recibiría ingresos superiores a los $23,500 millones de pesos”. Por ello, Infraiber defiende que su sistema de verificación sea instalado; sostuvo que el plazo de su contrato no es de 20 años, sino que termina cuando recupera su inversión más el rendimiento. Ante el conflicto que se vive tras la revocación de su contrato, Infraiber propone que el presidente Enrique Peña Nieto someta a consideración del Congreso de la Unión “la no instalación y operación del SIVA en el Circuito Exterior Mexiquense, manifestando las razones que sustentan su propuesta”, y “si la propuesta del Ejecutivo es aprobada por la mayoría de los diputados y senadores… aceptaría terminar voluntariamente de manera anticipada el contrato del SIVA (cuya supuesta terminación no ha sido notificada a INFRAIBER hasta la fecha) y ser indemnizado en términos de lo establecido en el contrato y la legislación aplicable”. En cambio, ”si la propuesta del Ejecutivo no es aprobada por la mayoría referida, INFRAIBER continuará defendiendo con firmeza sus derechos ante todas las instancias competentes, tanto en México como en el extranjero, con lo que estará defendiendo al mismo tiempo el interés general de los mexiquenses, de los mexicanos y de los usuarios del Circuito Exterior Mexiquense”. En su comunicado, la empresa sentenció que el Circuito Mexiquense es “la primera estación del tren llamado Sistema Nacional Anticorrupción”, y que “no debemos perder de vista que el Circuito Exterior Mexiquense es un proyecto realizado parcialmente con cargo a fondos federales”. El pasado 7 de septiembre, al abogado de Infraiber, Paulo Díez, le fue sembrada una pistola por parte de agentes de la PGR -dependencia del gobierno de EPN- mientras era detenido por una orden de presentación girada en su contra. Esta semana, la empresa advirtió que pese a ese hecho, que pudo ser comprobado gracias a una cámara de seguridad, “seguirá adelante con sus numerosas denuncias presentadas ante las autoridades financieras mexicanas y españolas, por la presunta manipulación contable que lleva a cabo la subsidiaria de OHL que es titular de la concesión para construir, operar y mantener el Circuito Exterior Mexiquense. Asimismo informa que seguirá adelante con los procedimientos legales tendientes a anular la ampliación del plazo de esa concesión y de los incrementos extraordinarios a la tarifa, autorizados en 2012, así como con los procedimientos legales en los que se acredita que OHL ya recuperó su inversión en el Circuito Exterior Mexiquense y que, por lo mismo, la concesión debe revertir al Estado”.
OHL, por su parte interpuso, una denuncia acusando a Infraiber de presunta extorsión. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
La constructora OHL volvió a verse envuelta en el escándalo tras la difusión de dos nuevos audios sobre el presunto tráfico de influencias para beneficiar a la empresa española, que ahora implican al propio presidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Enseguida, sin embargo, la PGR y la SCT, junto con el gobernador mexiquense, se lanzaron con toda la fuerza del Estado contra Infraiber, una firma especializada en tecnología aplicada a la que el consorcio español responsabiliza por la filtración de las videograbaciones.
MÉXICO, D.F: Con una celeridad inusitada, la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, se alinearon para operar el contragolpe anunciado desde Madrid el lunes 7 por el presidente de la compañía constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir. Ese día, el empresario hispano advirtió que la compañía estaba “en proceso” de llevar a cabo “las exigencias civiles y penales” contra sus supuestos enemigos que han filtrado más de una decena de audios a través de Youtube. Villar Mir lanzó la amenaza desde Madrid, y en la Ciudad de México, alrededor de las 15 horas del mismo lunes 7, Paulo Díez Gargari, abogado de la empresa de tecnología aplicada Infraiber, fue interceptado por cuatro vehículos de la PGR, cuyos agentes lo detuvieron para presentarlo en calidad de “testigo” por el presunto delito de interferencia ilegal de comunicaciones contra OHL. Los agentes, afirma, le sembraron un arma, después de lo cual lo llevaron a las instalaciones de la PGR en la Colonia Nápoles. Durante más de tres horas lo tuvieron incomunicado. Doce horas después fue trasladado a las instalaciones de la misma dependencia en la calle de López 14, en el Centro Histórico, mientras su abogado Jesús Moreno tramitaba un amparo contra la detención irregular. Díez Gargari salió bajo caución hasta el miércoles 9 a las 18:30 horas, tras pagar 65 mil pesos por presunta posesión ilegal de armas. La cacería contra el abogado y los empleados de Infraiber continuó el viernes 11. Elementos de la PGR realizaron un cateo en las instalaciones de la empresa, ubicada en Campos Elíseos, en la colonia Polanco, y retuvieron ahí durante varias horas a cuatro trabajadores…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2028 de la revista Proceso, actualmente en circulación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL (REPORTAJE ESPECIAL).
MADRID: El poderoso presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir fue interrogado hoy, en el banquillo de los acusados, por su presunta implicación en el concurso amañado para la construcción del hospital Sos Espases, en Palma de Mallorca. Sin embargo, el empresario negó su participación en esa negociación y, por el contrario, afirmó que su empresa fue víctima, porque finalmente la licitación fue concedida a Dragados, una empresa del grupo ACS que preside Florentino Pérez, también presidente del equipo de futbol Real Madrid. Villar Mir fue interrogado por más de 45 minutos por el juez de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, quien también imputó al expresidente del Govern balear, Jaume Matas, por el concurso amañado para la construcción del hospital Sos Espases. El marqués de Villar Mir es miembro del selecto grupo de empresarios a quienes el gobierno presume como activos de la Marca España, convertido ahora en una carga para esa política de promoción del país por las acusaciones en su contra en España y por el escándalo que su grupo constructor escenifica en México, donde audios que suponen diversos ilícitos han tocado incluso al presidente Enrique Peña Nieto. No es la primera vez que el octagenario empresario se sienta en el banquillo por investigaciones de corrupción en España. Lo hizo primero por el caso Bárcenas, la trama de corrupción en las entrañas del gobernante Partido Popular (PP), a quien la justicia presume que es uno de los empresarios que financiaba ilegalmente a esa formación política. En esta otra causa que se lleva en la isla balear es la segunda ocasión que se sienta a declarar por orden del juez Castro, en la que se presume hubo sobornos de por medio para recibir la construcción de dicha obra hospitalaria. En esta ocasión, Villar Mir negó que amañara con el expresidente Matas el concurso para la construcción del hospital a cambio de sobornos. En su declaración el empresario aseguró que si hubo alguna irregularidad en ese proceso de adjudicación, sería en contra de su empresa, porque finalmente perdió el contrato en favor de Dragados. También compareció hoy Luis Piña, asesor jurídico de Global PM, la consultora contratada para valorar las propuestas que se presentaron al concurso, quien también dijo que no tuvo conocimiento ni participación en irregularidades. Villar Mir insistió –como ya lo hizo en el caso Bárcenas— que desde 2006 no posee funciones ejecutivas en OHL, mismas que fueron delegadas en directores de área. El viernes comparecerá en el juzgado para declarar como imputado José Magán, quien en el momento de la licitación ocupaba la función de director del Área de Hospitales de OHL.
En septiembre de 2014, Villar Mir declaró ante el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, a quien dijo que nunca ha estado en el Govern balear y que “jamás” habló con Matas “de este tema ni de ninguna otra contratación” e insistió en que “no me he concertado jamás con nadie”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ALEJANDRO GUTIÉRREZ.
MÉXICO, D.F: La noche del 26 de septiembre del 2014 fue aciaga. En una acción organizada 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron detenidos a la fuerza por policías de los municipios de Iguala, Cocula y Huitzuco para desaparecerlos la madrugada del 27. A partir de entonces los familiares de cada uno de ellos ha peregrinado por el mundo exigiendo que aparezcan vivos y el gobierno de Enrique Peña Nieto, por su parte, únicamente ha dado traspiés en sus investigaciones ahondando su peor crisis de credibilidad cuando apenas está a la mitad de su gobierno.
El 27 de enero, cuatro meses después de la desaparición de los jóvenes normalistas, el procurador Jesús Murillo Karam salió a dar una justificación oficial sobre lo acontecido aquella noche del 26 de septiembre en Iguala. En un escenario prefabricado puso un video con testimonios que después se acusaría fueron arrancados con tortura, expuso peritajes inconclusos de la presunta incineración de los cuerpos, acusó al presidente municipal de Iguala y a su esposa de autores intelectuales y a todo esto le llamó “verdad histórica” ante la incapacidad de ofrecer una versión convincente del destino y paradero de los 43 de Ayotzinapa.
Desde el principio nadie creyó en la versión gubernamental sobre la incineración de los cuerpos de los jóvenes a manos del crimen organizado y también se cuestionó la veracidad de los testimonios presentados y la evasión de indagar la participación del 27 batallón de infantería instalado en el cuartel militar de Iguala, así como de la policía federal. Fue también evidente que ocultó pruebas importantes que ahora han salido a flote con el informe de los peritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras un año de fracasos escandalosos en su intento de justificar lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa como un asunto meramente policiaco y de ajuste de cuentas entre el narcotráfico, la opacidad en las investigaciones del gobierno peñista sólo han evidenciado la colusión y simbiosis entre distintos niveles de gobierno y el crimen organizado.
La confirmación de la existencia del narco Estado o el narcogobierno y la prueba de qué pudiera estar detrás de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa es lo que más preocupa al gobierno de Peña Nieto. Es más que claro que hubo contubernio entre las policías municipales, estatal, federal y el Ejército en la acción coordinada para desaparecer a los 43 jóvenes.
El quinto autobús que tomaron equivocadamente los estudiantes y que presumiblemente estaba cargado de heroína, habría sido una de las causas por las que se ensañaron con los normalistas. Hasta que la comisión de expertos de la CIDH puso acento en la existencia de esa línea de investigación que la PGR quiso hacer a un lado, es que el gobierno mexicano puso atención a este punto que puede explicar mucho de lo acontecido la noche del 26 de septiembre. No se trata, como algunos han dicho y escrito, de la corroboración de que algunos de los estudiantes estaban con un grupo criminal, Los Rojos, y que sus adversarios Los Guerreros Unidos, actuaron violentamente para atacar a sus contrarios. Se trata más bien de la confirmación de que la línea de autobuses de la que lamentablemente tomaron una unidad los estudiantes, es parte de las rutas del tráfico de goma de opio de los carteles de Guerrero hacia los Estados Unidos y que las autoridades mexicanas al parecer no querían que se revelara porque podría haber autoridades políticas y militares metidas en el negocio.
Un año después de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, el grito desesperado de los familiares exigiendo su aparición vivos sigue siendo una demanda incumplida. Ese fue el verdadero grito que se escuchó en el zócalo la pasada noche del 15 de septiembre mientras en el balcón presidencial Enrique Peña Nieto se vestía de oropel ondeando una bandera que le queda muy grande. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (ANÁLISIS).
La procuradora general de la República, Arely Gómez, informó este miércoles sobre la integración de un equipo de médicos, antropólogos y genetistas, que buscarán más muestras susceptibles de ser identificadas en Innsbruck.
La Procuraduría General de la República (PGR) integrará un equipo de especialistas al que podrán sumasre los peritos argentinos y los expertos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para analizar los restos encontrados en el basurero de Cocula y el río San Juan, dentro de las investigaciones del caso Ayotzinapa. Médicos, antropólogos y genetistas a quienes podrán sumarse el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, evaluarán nuevamente los más de 63 mil fragmentos óseos recolectados, con el fin de hallar nuevos restos viables para ser identificados, informó este miércoles la procuradora Arely Gómez en conferencia de prensa. Los fragmentos que fueran viables para su identificación serían enviados en una nueva solicitud a la Universidad de Innsbruck, que ya ha identificado los restos de dos de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Arely Gómez dio a conocer lo anterior en un mensaje a medios de comunicación en el que informó que la Universidad de Innsbruck notificó sobre la identificación de un fragmento óseo perteneciente al estudiante Jhosivani Guerrero de la Cruz. VÍDEO:
La agenda establece encuentros con legisladores, funcionarios judiciales, órganos autónomos de derechos humanos, así como con organizaciones de la sociedad civil de México, conforme al formato que usualmente siguen las visitas de este tipo.
El pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estará en México del 28 de septiembre al 2 de octubre como parte de su mandato de promoción y defensa de las garantías fundamentales, informó la cancillería. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en un comunicado conjunto con la Secretaría de Gobernación (Segob) y otras dependencias, detalló que esta visita responde a la invitación que formuló el gobierno mexicano a ese organismo a principios de este año. La estadía del grupo se enmarca en el mandato de la comisión, establecido en el Artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y “permitirá fortalecer el diálogo con las autoridades tanto federales como locales”, señala el documento. Los integrantes de la comisión también podrán dar seguimiento al tema general de derechos humanos, así como atender casos individuales que se encuentran en trámite ante el organismo interamericano.
Algunos de los casos pendientes, recordó el gobierno mexicano, se tramitan desde los años 90 y por ello la visita ayudará a atenderlos de una manera más eficaz. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) formuló una recomendación (la 30/2015) al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), José Reyes Baeza Terrazas, por la negligencia cometida por médicos de la Clínica Hospital de Uruapan del Progreso, Michoacán, en perjuicio de un derechohabiente de 62 años. De acuerdo con el organismo defensor de los derechos humanos, el hombre murió por “una inadecuada atención médica” y luego de realizar sus investigaciones, acreditó violaciones a los derechos humanos, a la protección de la salud y a la vida en agravio del adulto mayor, atribuibles a médicos de la clínica. El 14 de enero de 2014, el hijo de la víctima llevó a su padre al área de Urgencias de la clínica mencionada porque presentaba tos y calentura, que se sumó a la dificultad respiratoria que presentó durante 12 días antes. Cuando llegó a la clínica fue atendido por un médico, quien le diagnosticó probable bronconeumonía y recomendó que fuera hospitalizado. Se mantuvo estable hasta el 19 del mismo mes. Sin embargo, la CNDH acreditó que el día 20 de enero el paciente permaneció sin vigilancia por parte de los médicos, quienes “le proporcionaron un inadecuado tratamiento farmacológico”. Tampoco le brindaron intubación, ventilación mecánica urgente o solicitaron interconsulta a terapia intensiva, para atender la insuficiencia respiratoria severa que presentaba, además de que no realizaron el traslado del paciente a un hospital de tercer nivel de manera oportuna. Finalmente, y a consecuencia de la inadecuada atención médica el adulto mayor murió el 21 de enero de 2014 por “infarto pulmonar y neumonía de focos múltiples”. El 10 de febrero de 2014, el hijo de la víctima presentó una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos de Michoacán, que a su vez la remitió a la CNDH. De manera adicional, el joven presentó otra ante el organismo nacional misma que se acumuló a la anterior. Tras concluir su investigación, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos, a la protección de la salud y a la vida en agravio del adulto mayor, atribuibles a médicos de la clínica del ISSSTE. Por ello, solicitó a Baeza Terrazas reparar el daño, inscribir al agraviado en el Registro Nacional de Víctimas y que el personal médico del hospital entregue copia de la certificación y recertificación que tramite ante los Consejos de Especialidades Médicas, “que acredite la actualización, experiencia y conocimientos para otorgar un servicio médico adecuado y profesional”. También le pidió diseñar e impartir en los hospitales de la institución, y en particular en el nosocomio mencionado, un curso integral de capacitación sobre el conocimiento, manejo y observancia de las normas oficiales mexicanas y guía de práctica clínica.
Asimismo, le solicitó colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja que presente ante el Órgano Interno de Control del ISSSTE contra los médicos responsables y en la integración de la indagatoria que inicie respecto de la denuncia de hechos que formulará ante la Procuraduría General de la República (PGR). FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
CHILPANCINGO. Gro: Desde el 30 de octubre pasado Apro dio a conocer que Gildardo López Astudillo El Cabo Gil, considerado por el gobierno federal como lugarteniente del grupo delincuencial Guerrero Unidos y pieza clave en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, habría advertido que los estudiantes estaban vivos. También, anunció que estaba dispuesto a entregarse a las autoridades hasta que el gobierno federal detuviera al 80 por ciento de la estructura principal de esta banda criminal conformada presuntamente por alcaldes de la zona norte de Guerrero y el sur de Morelos, así como por el empresario Federico Figueroa, hermano del cantautor fallecido Joan Sebastian. Lo anterior, a través de una manta firmada presuntamente por El Cabo Gil, que fue encontrada el 30 de octubre en la reja principal de la preparatoria 24 de Febrero en la colonia San José, ubicada sobre la carretera federal Iguala-Taxco, entre la comandancia de la Policía Federal (PF) y el cuartel del 41 Batallón de Infantería en la ciudad de Iguala. El mensaje escrito con letras negras fue dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, a quien indican que “de nada sirve” la detención de Sidronio Casarrubias Salgado porque la mayoría de los operadores del grupo Guerreros Unidos siguen libres. Por ello, “El Cabo Gil” pide que se actúe en contra de los alcaldes y directores de Seguridad Pública de los municipios de Taxco de Alarcón, Huitzuco, Tepecoacuilco, Apaxtla, Teloloapan y Cocula. Además, contra un capitán y un teniente del 27 Batallón de Infantería, identificados sólo como Barbosa y Crespo; también señala a Federico Figueroa, al actual diputado local priista, Héctor Vicario, y al resto de los hermanos del capo fundador de la organización, Mario Casarrubias, y los miembros de la banda de Los Peques señalados como uno de los brazos armados de la banda delincuencial. “Señor presidente Peña Nieto, dice que va a dar con los culpables, su policía no hace nada. Dónde están los directores de seguridad que le dimos; los presidentes de los municipios coludidos con Guerreros Unidos siguen operando normalmente en algunos de ellos. Agárrelos y no los suelten hasta ser bien investigados, no son pendejos para hecharse (sic) la soga al cuello ellos solos”, refiere una parte del mensaje de la manta. Luego advierte que “Todos ellos recibían su nómina para desaparecer gente y secuestrar; cheque cómo también en todos los municipios hay fosas; le exigimos que capture a los culpables”. Luego “El Cabo Gil” condiciona su entrega: “Ahí están sus nombres señor presidente de la república, ya que tenga un 80% detenidos de ellos, yo me entregaré; menos no, y les diré tal y como fueron y son las cosas y a lo que nos dedicamos, porque no nada más yo soy el culpable. “Los mandos y jefes son los Casarrubias y Los Tilos (Marranas Negras o Peques). No confundan a la comunidad, digan las cosas como son y los estudiantes están vivos. Atte. Gil”, concluye el mensaje que fue retirado por la PF.
El gobierno federal señala a El Cabo Gil como el enlace directo entre las policías de Iguala y Cocula con el grupo Guerreros Unidos y, de acuerdo con la declaración ministerial de Sidronio Casarrubias, fue quien ordenó la detención de los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
MÉXICO, D.F: Gildardo López Astudillo, “El Cabo Gil”, lugarteniente del grupo delincuencial Guerrero Unidos y pieza clave en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, habría sido detenido la noche de ayer en Taxco, Guerrero, por elementos de la Policía Federal. Autoridades de la PGR estarían interrogando al presunto narcotraficante y cotejando su identidad. Desde el 30 de octubre pasado Apro dio a conocer que López Astudillo, advirtió en manas aparecidas en Guerrero y Morelos que los estudiantes estaban vivos.
También, anunció que estaba dispuesto a entregarse a las autoridades hasta que el gobierno federal detuviera al 80 por ciento de la estructura principal de esta banda criminal conformada presuntamente por alcaldes de la zona norte de Guerrero y el sur de Morelos, así como por el empresario Federico Figueroa, hermano del cantautor fallecido Joan Sebastian. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Especialistas en derecho estiman que el hijo de Fausto Vallejo ha recibido trato preferencial, pues parte de su sentencia ya la ha pagado con la prisión preventiva y podría darle la posibilidad de finiquitar sus asuntos con la ley antes de que termine este año.
La sentencia irrisoria aplicada a Rodrigo Vallejo Mora, hijo del gobernador priista con licencia médica Fausto Vallejo Figueroa, por encubrir al jefe del cártel de los Caballeros Templarios, más allá de polarizar a la opinión pública de Michoacán, ha puesto en evidencia la facciosa aplicación de la justicia en México. Mientras para un juez no es de gravedad que el hijo del que fuera en su momento gobernador de Michoacán se haya reunido con el jefe de los Templarios, para otros jueces federales reuniones más breves y menos documentadas que esa han servido de base para dictar sentencias condenatorias de hasta 20 años de prisión. Solo en las cárceles federales de Almoloya y Puente Grande, al menos 82 presos recibieron sentencia condenatoria en los últimos cinco años, con penas que van desde los 10 a los 20 años de prisión, luego que el agente del Ministerio Público de la federación pudo demostrar y documentar la reunión de los sentenciados con quienes en su momento fueron jefes de cártel. En la mayoría de los sentenciados, por haberse reunido con ‘El Chapo Guzmán’, Heriberto Lazcano, Osiel Cárdenas Guillen, Sergio Enrique Villareal o el mismo Servando Gómez Martínez, las reuniones fueron demostradas ante el juez mediante testimonios y concatenación de hechos, en ningún caso se demostró una reunión tan fehacientemente como con una videograbación. En el caso del hijo del gobernador con licencia de Michoacán, el agente del Ministerio Público demostró ante el juez como un hecho histórico real la reunión entre Rodrigo Vallejo Mora y el jefe de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, en por lo menos tres ocasiones distintas. Los encuentros fueron con firmados por el propio jefe del cártel michoacano, de acuerdo a lo deposado en su declaración ministerial. Por el delito de delincuencia organizada, que se fincó en base a reuniones con Servando Gómez Martínez, argumentadas por el agente del Ministerio Público de la PGR, actualmente existen por lo menos 125 procesos penales abiertos, cuyos acusados se encuentran en cárceles del sistema penitenciario federal. La mayoría de esos presos están en riesgo de ser sentenciados a por lo menos 10 años de prisión. A Rodrigo Vallejo Mora se le sentenció a 11 meses y siete días de cárcel, pese a que se demostró y documentó la reunión con Servando Gómez Martínez ‘La Tuta’. Aun así el juez que conoció del caso no encontró elementos para fincar responsabilidad al hijo del gobernador con licencia de Michoacán, sobre el delito grave de delincuencia organizada. En contraparte resaltan los casos del ex gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna García y el ex diputado local priista, José Trinidad Martínez Pasalagua, quienes están presos en la cárcel federal de Almoloya, acusados del delito grave de delincuencia organizada, por reunirse con ‘La Tuta’. El señalamiento que pesa sobre Reyna García y Martínez Pasalagua se finca en una acusación, en donde la prueba que ha aportado el agente del Ministerio Público de la federación son videograbaciones poco nítidas de lo que parecen ser sendas reuniones entre los que fueron funcionarios estatales y el jefe del cártel de los caballeros Templarios. La sentencia dictada a Rodrigo Vallejo Mora, de la que ya ha pagado una parte con la prisión preventiva que compurgó antes de alcanzar la libertad bajo caución, podría darle la posibilidad de finiquitar sus asuntos con la ley antes de que termine el presente año, toda vez que no está impedido para solicitar beneficios de ley. Especialistas en derecho estiman, de acuerdo al trato preferencial que se le ha dado al proceso de Rodrigo Vallejo, que posiblemente el hijo el gobernador con licencia de Michoacán podría estar de regreso en su casa en los días previos a la navidad, toda vez que no está impedido para alcanzar beneficios de ley, en donde se encuentra la conmutación de la pena. Se caen los casos de importancia La sentencia de 11 meses y 7 días que un juez federal consideró como sanción contra Rodrigo Vallejo Mora, por no haber “colaborado” para –en su momento- dar con la captura de Servando Gómez Martínez, luego de acreditarse al menos dos reuniones entre ambos, representa un revés para el programa de restauración del estado de derecho que pretende la federación desde el 16 de enero del 2014 en el estado de Michoacán. Salvo el encarcelamiento del jefe fundador de los grupos de autodefensa, José Manuel Mireles Valverde, que sigue preso en la cárcel federal de Hermosillo, ninguna de las acciones emblemáticas y de impacto mediático que el gobierno federal ha pretendido en Michoacán en los últimos 20 meses se ha consolidado en los tribunales. El primer caso en donde el estado fue derrotado fue el encarcelamiento de Hipólito Mora Chávez, jefe de los grupos de autodefensa, el que en primera instancia fue llevado a proceso penal acusado de la muerte de dos autodefensas. El procesamiento de Hipólito Mora fue una acción impulsada por quien fuera el comisionado Alfredo Castillo Cervantes. Tampoco prosperó la intención del gobierno federal de someter a proceso penal a otro jefe de las autodefensas: Luis Antonio Torres ‘El Americano’, al que se le acusó de haber participado en una refriega en donde perdieron la vida al menos media docena de autodefensas, todos ellos miembros del grupo de Hipólito Mora Chávez.
De la misma forma, Mora fue absuelto por segunda ocasión, luego de ser señalado por el Ministerio Público como responsable de la muerte de por lo menos cuatro autodefensas del grupo de Luis Antonio Torres ‘El Americano’. Igualmente se destaca el caso de la matanza del 6 de enero del 2015, la ocurrida en calles del centro de la ciudad de Apatzingán, en donde fuerzas federales dispararon contra la población civil, y posteriormente existió la versión de un enfrentamiento entre miembros de dos grupos de autodefensas. Los acusados y procesados fueron puesto en libertad sin reservas de ley. Actualmente, bajo acusaciones endebles, el Gobierno estatal –con la instrucción de la federación- mantiene bajo proceso penal a por lo menos tres jefes de autodefensas, a los que acusa de portar armas de uso exclusivo de las fuerzas federales, cuando esas armas fueron entregadas por los propios funcionarios de la federación encargados de la pacificación de la entidad. Mireles, ni para cuando Como una “incongruencia de la justicia” es visto el caso de la ligera sentencia otorgada a Rodrigo Vallejo Mora, según las palabras del jefe de los grupos de autodefensa de la zona de Aguililla, el Comandante Felipe, quien dice que no entiende la razón por la que un juez le ha dado tan reducida sentencia a un hombre que hizo tanto daño a Michoacán. “No entiendo –trata de explicar el jefe de las autodefensas- por qué razón ‘El Gerber’ (Rodrigo Vallejo) podrá terminar sus asuntos pendientes con la justicia en unos cuantos meses, y sin embargo el comandante (José Manuel) Mireles todavía se mantiene en prisión, cuando su único delito fue denunciar la corrupción de funcionarios estatales y miembros del cartel de los Templarios. ”Por lo que se ve, se trata de meter a la cárcel al que se defiende de los delincuentes, y a los delincuentes se trata de dejarlos en libertad. La prueba está no solo en el encarcelamiento del doctor Mireles, sino también en el de Semeí (Verdía). Pobre, lo están acusando de homicidio y lo único que ha hecho es tratar de defender su vida, la que se la han querido quitar en por lo menos tres veces”.
La libertad del doctor Mireles, dijo el jefe de las autodefensas, aunque no se ve para cuando, “va a tener que ocurrir pronto a menos que el gobierno federal quiera que esta revolución se haga más grande, porque la gente no va a aguantar ver que los delincuentes estén saliendo de la cárcel y los autodefensas estén quedándose adentro. Solo falta que la Tuta salga libre por falta de pruebas”. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF.
El asesinato del líder Audiel Martínez González comprobó que en Michoacán existen conflictos por disputas territoriales. El crimen organizado y empresas chinas son señalados como responsables de la explotación ilegal de madera y de las muertes de comuneros.
Mientras el gobernador sustituto Salvador Jara Guerrero aseguró durante la lectura de su informe de gobierno que el próximo primero de octubre entregará un Michoacán en paz, el asesinato del líder comunero Audiel Martínez González descubrió que en Michoacán a la fecha existen 87 conflictos rurales por disputas territoriales, posesión de bosques o uso de recursos hídricos. La defensa de los bosques es la que más muertes ha propiciado. De acuerdo al conteo que lleva a cabo la organización Nación Purépecha, por evitar la tala ilegal e inmoderada los pueblos indígenas de Michoacán han tenido que pagar con la suma de 286 muertes de líderes comunales, en los últimos cinco años. Existen voces que aseguran que la explotación ilegal de los bosques, y en consecuencia las muertes de cientos de comuneros, es el resultado del interés de algunas empresas chinas, que desde hace dos décadas llegaron Michoacán con el fin de alcanzar, de manera subrepticia, la explotación de los recursos naturales más abundantes: mineral y maderas. La mayoría de los asesinados defensores de bosques han caído ejecutados por células del crimen organizado, que desde hace más de 20 años se dedican en forma alterna de su actividad criminal a la explotación ilegal de la madera. Solo en los últimos tres años, esa red criminal logró asentarse en la zona maderera de La Meseta Purépecha, donde tuvo bajo su control el 80 por ciento de la explotación boscosa. A los Caballeros Templarios y luego al cártel de La Familia, ambos en activo en diversos puntos del estado, se les atribuyen la mayor parte de los atentados que han sufrido los comuneros defensores de los bosques. El ataque bajo el cual murió el líder comunero Audiel Martínez González, de Ciudad Hidalgo, tiene como principal línea de investigación la confrontación que sostuvo con las células de cártel Templario en la zona del Oriente del estado. La mayor parte de los conflictos por la defensa del bosque se registran en la zona centro y oriente del estado de Michoacán en donde se estima que son más de 37 mil las hectáreas que se disputan las células del crimen organizado y los comuneros que han decidido hacer valer el derecho ancestral de propiedad sobre esos recursos naturales. Pese a la existencia de estos conflictos, en las últimas administraciones estatales no se ha podido instrumentar una política que permita atender de raíz la violencia generada por la disputa de los bosques, pese a que también se han registrado casos en donde comunidades indígenas completas se mantienen confrontadas. Pero en la mayoría de los casos es el crimen organizado el que se cierne sobre el control de los bosques. Tanto el gobierno federal como el de Michoacán, no han hecho nada por buscar una solución a esos conflictos. Lo más que se ha avanzado sobre el tema es elevar a la clasificación de “focos rojos” los puntos geográficos en donde en los últimos años se han dado ejecuciones y asesinatos de defensores de la tierra. La documentación de los casos es el tema que ocupa a las autoridades, en tanto el índice de comuneros asesinados sigue a la alza. Lo más que se ha intentado hacer por parte del Gobierno federal para frenar la violencia derivada por la defensa de los bosques, ha sido la instrumentación de un programa que busca entregar recursos a los comuneros, para que no dependan de la explotación maderera, y en consecuencia la dejen de pelear; más allá de la entrega tácita de los bosques al crimen organizado, los fondos federales no han llegado a los comuneros. La mano china Comuneros integrados a la organización Nación Purépecha han denunciado con insistencia la presencia de intereses trasnacionales en la explotación ilegal de los bosques michoacanos. Se han entregado al Gobierno estatal pruebas confesionales de taladores ilegales detenidos, que han revelado la estructura criminal bajo la que se están explotando más de 11 mil hectáreas del bosque michoacano. Las pruebas presentadas por comuneros han sido desestimadas. El Gobierno estatal duda que detrás de la tala clandestina se encuentren algunas empresas chinas asentadas en la zona del puerto de Lázaro Cárdenas -que en apariencia su giro es el minero-, a las que se les atribuyen actos de organización, financiamiento y armamento de las células criminales que se han extendido por toda la zona boscosa del estado. Los chinos, de acuerdo a la denuncia de comuneros, no han roto su alianza comercial con el cártel de los Caballeros Templarios. Siguen trabajando en la explotación minera y maderera de Michoacán. Eso explicaría la razón por la que el cártel de los Caballeros Templarios ha resurgido de la nada, luego de haber sido desarticulado por las fuerzas federales, tras la detención de Servando Gómez Martínez, ‘La Tuta’. De acuerdo a documentos que obran en la Secretaría de Gobierno del estado de Michoacán, en por lo menos 10 ocasiones, en los últimos cinco años, los comuneros víctimas de la violencia por la defensa de sus bosques, han denunciado ante autoridades estatales que algunas empresas mineras chinas no solo organizan a células criminales y roban maderas preciosas de los bosques locales, sino que también han extraído pies de árboles poco comunes.
El Gobierno estatal ha negado la posibilidad de una investigación a fondo sobre la presencia china detrás de la explotación madera de Michoacán, en tanto que la federación no tiene conocimiento formal de las denuncias presentadas por los comuneros. Uno de esos denunciantes fue en su momento el hoy fallecido Audiel Martínez González, defensor de los bosques de la zona oriente de Michoacán. La presencia de intereses chinos detrás de la explotación minera y boscosa de Michoacán, también fue denunciada por el líder del PT en la entidad, Reginaldo Sandoval Flores, quien recriminó al comisionado Alfredo Castillo Cervantes la protección de los intereses de algunas empresas asiáticas que mantenían actividades sospechosas en la entidad. Impunidad global Aun cuando la mayor parte de los asesinatos de comuneros defensores de los bosques han agraviado en forma directa a las comunidades indígenas, el Gobierno estatal se niega a la creación de una fiscalía especializada para atender la averiguación de esos crímenes, en donde las propias comunidades indígenas se han dicho dispuestas a coadyuvar con el agente del Ministerio Público del fuero común. El gobierno estatal de Michoacán, desde el periodo de gobierno de Leonel Godoy Rangel, pasando por la administración de Fausto Vallejo Figueroa y Jesús Reyna García, se ha negado sistemáticamente a brindar recursos para aclarar la muerte de los 286 comuneros abatidos, y en la mayoría de los casos, las comunidades indígenas que exigen esclarecer esos asesinatos señalan a funcionarios del Gobierno estatal como participantes en los homicidios, en grado de omisión.
El miedo a que funcionarios estatales estén relacionados con los asesinatos de comuneros es lo que ha hecho esas averiguaciones se mantengan congeladas, pese a la existencia de nombres y datos que la propia comunidad y otros líderes indígenas han aportado de manera puntual. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
MÉXICO, D.F: Superada la oposición inicial de los diputados del PRI, la Cámara de Diputados aprobó hoy por unanimidad (463 votos) el establecimiento del 26 de septiembre como el Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas. En votación nominal, realizada esta tarde en el pleno de San Lázaro, cada uno de los legisladores cantó su voto a favor con su toque partidista. Los perredistas votaban y añadían: “Verdad y justicia porque vivos se los llevaron vivos los queremos”. El PAN arengaba: “justicia para todos los desaparecidos en México” Y el PRI cantaba a favor de la justicia “pero sin lucro político”. Durante la discusión, Morena pidió una adhesión al decreto para crear una Comisión Bicamaral que investigue todas las desapariciones forzadas, pero fue rechazada por todos los partidos políticos alegando que se tendría que discutir por separado.
Al final, Morena aprobó la conmemoración del día de los desaparecidos pero aclarando que lo hacía “con sus reservas”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESUSA CERVANTES.
