A LA OPINIÓN PÚBLICA: El día de ayer la Procuradora, Mtra. Arely Gómez González, presentó en conferencia de prensa nuevos resultados obtenidos por el laboratorio de genética forense de Innsbruck a los que el EAAF tuvo acceso vía la Procuraduría General de la República (PGR) un par de horas antes del anuncio público.
SOBRE LOS RESULTADOS GENÉTICOS PRESENTADOS:
El EAAF considera que el trabajo realizado por el laboratorio de Innsbruck desde el inicio de esta investigación es de alta calidad científica.
Sobre las 17 muestras enviadas por PGR y EAAF a dicho laboratorio en noviembre del 2014, Innsbruck intentó inicialmente producir perfiles genéticos de ADN nuclear de cada una de estas muestras ya que, en principio, este ADN es típicamente más poderoso en términos de identificación humana. El laboratorio de Innsbruck no consiguió obtener perfiles genéticos de ADN nuclear de 16 de estas 17 muestras debido al alto grado de deterioro por alteración térmica y fragmentación de las mismas. Sobre la 17° muestra, el laboratorio de Innsbruck obtuvo un perfil completo de ADN nuclear que dio como resultado una coincidencia genética fuerte y clara con la familia del joven Alexander Mora Venancio.
Sobre las 16 muestras restantes, el laboratorio de Innsbruck no pudo producir resultados de ADN mitocondrial por métodos tradicionales e intentó hacerlo a través de un método experimental denominado de Secuenciación Masiva Paralela. Con la utilización de este método, Innsbruck pudo obtener resultados sobre el ADN mitocondrial en 9 de estas 16 muestras. De estas 9 muestras, el laboratorio informó que 7 corresponden a ADN mitocondrial que no es de origen específicamente humano y el laboratorio señaló que continuará analizándolos, tratando de identificar su origen.
Las dos muestras restantes de las que el laboratorio de Innsbruck pudo obtener resultados de ADN mitocondrial, presentaron coincidencias iniciales con familiares maternos (el ADN mitocondrial se hereda por línea materna) de los normalistas Jhosivani Guerrero de la Cruz y nuevamente de Alexander Mora Venancio.
Estas dos muestras provienen de la bolsa que según PGR fue recuperada del Rio San Juan, en las afueras de Cocula. No provienen de restos recuperados en el basurero de Cocula.
A LA LUZ DE LA EXPLICACIÓN TÉCNICA QUE BRINDAREMOS A CONTINUACIÓN, EL EAAF CONSIDERA: 1. La nueva coincidencia genética, esta vez por vía mitocondrial, entre una muestra ósea recuperada de la bolsa que según PGR proviene del Rio San Juan y los familiares de Alexander Mora Venancio es complementaria y refuerza el dictamen de genética emitido en diciembre del 2014 por el laboratorio de Innsbruck. En esa ocasión, la coincidencia genética se obtuvo por ADN nuclear, con un resultado claro y con alta probabilidad de parentesco biológico. Hasta la fecha, es el resultado más importante de esta identificación.
2. La coincidencia genética por vía mitocondrial hallada por el laboratorio de Innsbruck entre la muestra recuperada de la bolsa que según PGR proviene del Rio San Juan y los familiares de Jhosivani Guerrero de la Cruz, es baja en términos estadísticos (una razón de verosimilitud de 73 indica que la coincidencia es 73 contra 1 más probable si se trata de Jhosivani Guerrero de la Cruz que otro individuo de la población general). Sin embargo, en un contexto de caso cerrado (por ejemplo, un accidente de avión con un listado claro de pasajeros que serían los únicos a encontrar en el sitio de recuperación de restos) y considerando que el laboratorio de Innsbruck estableció que cada una de las familias de los 43 normalistas desaparecidos tienen perfiles mitocondriales distintos entre sí, ese resultado podría tener un significado muy importante. No obstante, por el momento, nos encontramos ante un caso abierto, en donde los dos sitios de recuperación de restos (el río San Juan y el Basurero de Cocula) son inciertos y problemáticos por las razones que se describen a continuación: A) SOBRE LA BOLSA QUE SEGÚN PGR FUE RECUPERADA EN EL RIO SAN JUAN: Según los testimonios de los inculpados sobre la desaparición de los estudiantes, luego de haber incinerado a los 43 jóvenes en el Basurero de Cocula la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014, habrían colocado parte de sus restos en bolsas de plástico y las habrían arrojado al Río San Juan, Cocula, Guerrero. Tal como señalamos en el comunicado de prensa del 7 de febrero del 2015, el EAAF no estuvo presente en el momento en que buzos y peritos de PGR mencionan haber recuperado el 29 de octubre del 2014 una de estas bolsas del Río San Juan. El EAAF tampoco participó en el hallazgo del fragmento de hueso que PGR indicó haber recuperado dentro de dicha bolsa, fragmento del cual se obtuvo una identificación positiva con los familiares del joven Alexander Mora Venancio por vía de ADN nuclear. El EAAF fue convocado por la PGR al lugar cuando ya se encontraba la bolsa de restos abierta y la muestra en cuestión ya se encontraba junto con otras sobre un área de limpieza. La muestra que culminó en la identificación mencionada, se distinguía por su tamaño mayor al resto y especialmente por estar muy poco alterada térmicamente. El EAAF sí participó en la limpieza y análisis de estos restos. Los resultados presentados el día de ayer por la Procuradora provienen de dos muestras recuperadas de esa misma bolsa. El EAAF ha solicitado en diversas oportunidades a la PGR la cadena de custodia de la bolsa de restos, que según indica la PGR les fue entregado por buzos de la Marina, sin que por el momento se nos entregara copia.
B) SOBRE EL BASURERO DE COCULA:
Presencia de restos humanos en el Basurero de Cocula no correspondientes a normalistas: El 7 de febrero del 2015, el EAAF emitió un comunicado de prensa en donde mostraba una fotografía sobre una prótesis parcial o puente superior y otra prótesis parcial o puente inferior (ambas realizadas con el mismo material y con coincidencia en la oclusión o mordida), así como una raíz de diente en hueso de mandíbula que se inserta en la prótesis o puente parcial inferior, confirmando como consistente la relación entre todas las piezas mencionadas. El EAAF entrevistó a cada una de las familias de los 43 normalistas desaparecidos, solicitándoles información física, médica y dental de cada uno de ellos. Ninguno de los jóvenes normalistas tiene puentes o prótesis parciales dentarias. Es decir, estas piezas (las prótesis parciales, el diente y el fragmento de mandíbula) confirman la presencia de restos humanos correspondientes al menos a un individuo que no pertenecen a ninguno de los normalistas entre los restos recuperados del Basurero de Cocula. Por lo tanto, estamos ante un caso abierto y no cerrado. Además, se suma a este contexto, el hecho de que existen cerca de 300 denuncias de desapariciones ocurridas en los últimos 4 a 5 años en Iguala. El valor entonces del resultado obtenido sobre la muestra que podría pertenecer al joven Jhosivani Guerrero de la Cruz disminuye significativamente y sólo puede ser considerada como una posibilidad.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de un peritaje en incendios y dinámica de fuego, descarta la versión presentada por PGR a través de los inculpados hasta la fecha, sobre la posibilidad de una incineración de 43 cadáveres en el basurero de Cocula en las condiciones señaladas por los mismos.
Por el momento, aún no se ha podido establecer que en el Basurero de Cocula, existan restos humanos que correspondan a los normalistas.
Como se mencionó anteriormente, en los comunicados del 7 de Diciembre de 2014 y del 7 de febrero del 2015, en opinión del EAAF, por el momento no existen elementos científicos suficientes para vincular los restos hallados en el Basurero de Cocula con aquellos recuperados, según la PGR, en el Río San Juan.
SÍNTESIS: Toda esta información coloca esta investigación en el marco de un caso abierto en donde restos de víctimas de distintos episodios de desaparición pueden encontrarse en los mismos lugares de depositación. Existen además serios interrogantes sobre el origen de las muestras analizadas. Por lo anteriormente mencionado, la coincidencia genética mitocondrial entre la muestra ósea 16-29102014 y la madre del joven Jhosivani Guerrero de la Cruz, no es considerada por el EAAF como un resultado identificatorio definitivo. Finalmente, es fundamental señalar que los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y en particular las dos familias sobre las que PGR presentó resultados en conferencia de prensa, tuvieron sólo unos minutos para enterarse de lo que se iba a anunciar públicamente. El EAAF, junto con los abogados del Centro Prodh y Tlachinollan, quiénes representan legalmente a los familiares de los 43 estudiantes, se reunieron anoche con las familias afectadas para poder explicarles los nuevos resultados del laboratorio de Innsbruck. El riesgo de filtraciones señalado como razón de la urgencia en la comunicación pública de resultados, corre así el riesgo de acabar con el derecho de las víctimas a conocer los hechos sobre sus familiares desaparecidos, con el debido tiempo y asistencia necesaria. El EAAF solicita a PGR que respete los compromisos asumidos en cuanto al trato a los familiares de los normalistas; ninguna familia debería enterarse de este modo de noticias tan delicadas sobre el posible destino de su familiar desaparecido.
Agradecemos la amplia difusión del presente. FUENTE: CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA TLACHINOLLAN.
El Secretario de Salud del estado de Chihuahua, Pedro Hernández Flores, habría depositado a Bertha Olga Gómez, esposa del Gobernador César Duarte Jáquez, un millón 345 mil dólares mediante un cheque y habría emitido otro a nombre de Rosa Isela Gaytán, titular de Servicios Jurídicos en la Secretaría de Salud de Chihuahua, éste por un monto de 645 mil dólares. Hernández Flores es un hombre cercano al Gobernador Duarte. Su carrera ha crecido en los últimos años, tanto dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como en el gobierno estatal. Recientemente, un reportaje de SinEmbargo reveló que cobró dos salarios durante al menos dos años: uno por haber ocupado, hasta 2014, la posición de director general del Régimen Estatal de Protección en Salud, o Seguro Popular, y otro más por el cargo de director administrativo de la Secretaría de Salud del estado. De acuerdo con documentos oficiales, por el primero recibió 64 mil 68 pesos mensuales, y 56 mil 139 por el segundo. A principios de julio, copias de un estado de cuenta a nombre del mismo titular de Salud, con 5.7 millones de dólares, fueron difundidas por correo electrónico a diversos medios de la entidad. En el documento se observa que la cuenta, número 7702197435 de la sucursal en El Paso de Wells Fargo, fue abierta desde 2011, en el primer año de la actual administración. A través de un comunicado, Hernández negó ser poseedor de dichos recursos. “El Secretario de Salud del Gobierno del estado, Pedro Hernández, negó tener una cuenta bancaria en la institución Wells Fargo con sede en El Paso, Texas, según versión que de manera perversa circuló a través de correos electrónicos y redes sociales bajo la autoría de una persona que se identifica como Ricardo Maldonado”. Para el abogado de oposición Jaime García Chávez la postura oficial no es suficiente. “Hicimos casi un peritaje sobre la ficha de depósito, y llegamos a la conclusión de que el depósito es real; con un simple boletín dijeron que era chisme de los medios, pero tanto los sellos como las cantidades, las direcciones, todo lleva a esa observación”, dijo entonces a SinEmbargo. Ahora han sido difundidas imágenes de dos cheques que corresponden a la institución bancaria estadounidense Wells Fargo y que fueron emitidos en una sucursal de El Paso, Texas. Fueron enviadas a medios de comunicación y han sido divulgados profusamente en redes sociales. Los partidos de oposición exigieron que este y otros casos de presunta corrupción sean investigados. Se trata de un cheque con el número de folio 04392155 por la cantidad de un millón 345 mil dólares y que es girado a nombre de Bertha Olga Gómez, esposa del mandatario del Revolucionario Institucional. El otro cheque tiene el folio 04392156, asciende a la cantidad de 645 mil dólares y está emitido para Rosa Isela Gaytán, funcionaria del gobierno de Duarte Jáquez.
Ambos cheques tienen fecha del 9 de julio de 2015 y cuentan con el sello de aprobación del cajero. El dinero proviene de una supuesta cuenta de Pedro Hernández registrada con el número Wells Fargo No. 7702197435. Hasta el momento las personas involucradas en los presuntos pagos no se han pronunciado sobre la difusión de los cheques. No obstante, partidos de oposición en la entidad han exigido una explicación al gobierno de Duarte. El día de ayer, la dirigencia de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Chihuahua exigió al Gobernador la entrega de los cheques. ”Que el Gobierno de Duarte y el propio Secretario de Salud, Pedro Hernández, expliquen los depósitos a favor de la señora del gobernador y de una líder priista. Que no se salgan por la tangente y nos expliquen”, manifestó Víctor Quintana Silveyra, líder estatal de Morena, en declaraciones a El Norte.
Dijo que las imágenes de los cheques refieren autenticidad y la falta de explicaciones de parte de los involucrados hace ver la posible consecución de un delito. ”Queremos que nos digan el porqué un funcionario en ascenso como Pedro Hernández, que ni siquiera tiene profesión ni está en el ramo médico, deposita tanto dinero de cuentas internacionales para la esposa del Gobernador y para una priista”, expresó al medio.
CON SU PROPIO BANCO César Duarte y su esposa fueron relacionados recientemente con el uso de recursos públicos para beneficiar un banco del que son socios. En noviembre de 2012 constituyeron un fideicomiso (contrato 744743) en Banorte, por 65 millones de pesos, por medio del cual adquirieron acciones de Banco Progreso Chihuahua. Luego sacaron millones de pesos del gobierno estatal para alimentar de recursos a su propio banco.
Un equipo de la periodista Denise Maerker obtuvo copia de ese fideicomiso y le preguntó al Gobernador. Respondió:
–Está el fideicomiso, claro, y no lo leí. A lo macho que no lo leí.
“[El fideicomiso] es un listado de asociaciones crediticias que se unieron para respaldar en un momento determinado el riesgo que pudiera tener el Banco Unión Progreso. Y eso se hizo porque hay más de 100 mil ahorradores, más de 3 mil accionistas de una unión que hubiese sido una crisis social muy profunda en el estado”, agregó. En julio 2013, el listado de socios del banco ya incluyó el fideicomiso 744743 de los Duarte. Jaime García Chávez, un abogado y activista social de Chihuahua que ha llevado la cabeza de la denuncia pública, logró comprobarlo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores aprobó en marzo pasado la creación de ese banco. El fideicomiso sirvió de respaldo. Apenas semanas antes de que los Duarte formaran su fideicomiso, el Gobernador contrató como Secretario de Hacienda estatal a Jaime Ramón Herrera Corral, uno de los estrategas financieros del banco chihuahuense. Herrera fue director de Unión de Crédito Progreso, una de las entidades financieras que, junto con una casa de cambio, se fusionarían para dar origen al Banco Unión Progreso. Herrera fue el presentante legal de Unión de Crédito Progreso casi hasta 2014; es decir, aún siendo Secretario de Hacienda estatal. Es socio hasta el día de hoy. –¿No hay un conflicto de interés entre usted como Secretario de Hacienda y a la vez accionista? –preguntó a Jaime Herrera el equipo de la periodista Denise Maerker.
–He sido cuidadoso de justamente no generar un beneficio hacia la Unión o personal de ninguna naturaleza –respondió.
Sin embargo, Jaime Herrera mintió. Entre el 7 de julio de 2012 y el 14 de octubre pasado, es decir, de 2014, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua realizó 342 depósitos de sus propios fondos a la Unión de Crédito Progreso. Es decir, mientras Herrera era a la vez funcionario público y socio. “Cuando se nombró a Jaime Herrera, de cero pesos depositados en Banco Progreso pasamos a una cantidad estratosférica de depósitos que ascienden a la cantidad de 80 mil millones, de acuerdo a una información rendida por transparencia en el estado de Chihuahua”, dijo Jaime García Chávez en una nota publicada por el periodista David Martínez, de SinEmbargo. “Para darnos una idea, el presupuesto de Chihuahua es de 54 mil millones de pesos para el 2014. Para el momento de presentación de la denuncia se habían realizado un conjunto de depósitos por 80 mil millones de pesos”. –¡Es la colocación diaria del dinero! –respondió el Gobernador a los periodistas del equipo de Denise Maerker–. ¡Es un tema en el que… imagínese que a mí me hablaran todos los días para decirme: ‘Oiga, vamos a colocar, vamos a sacar, vamos a llevar, vamos a traer!’ Agregó: –Naturalmente a mí nunca me pidieron autorización para hacerlo, yo no hubiera autorizado hacerlo. Ya lo desautoricé, ¿eh?
En esa misma entrevista que está en Youtube, Duarte explica por qué no transparenta sus ingresos, por qué no rinde declaración patrimonial:
“Compartir el patrimonio públicamente es un agravio para todos. Es un agravio para el que no tiene, y un reto para el que tiene”.
El contrato permite instalar y operar el Sistema Independiente de Verificación de Aforo Vehicular y Nivel de Servicios (SIVA), convenio que fue anulado y que ha provocado una disputa entre esta compañía y la empresa española OHL.
La empresa Infraiber propuso al presidente Enrique Peña Nieto, mediante un comunicado, poner a consulta pública el contrato que permite instalar y operar el Sistema Independiente de Verificación de Aforo Vehicular y Nivel de Servicios (SIVA), convenio que fue anulado y que ha provocado una disputa entre esta compañía y la empresa española OHL. De acuerdo con la empresa, si esta propuesta es aprobada por la mayoría de los legisladores del Congreso de la Unión, “Infraiber aceptaría terminar voluntariamente de manera anticipada el contrato del SIVA (cuya supuesta terminación no ha sido notificada a INFRAIBER hasta la fecha) y ser indemnizado en términos de lo establecido en el contrato y la legislación aplicable”. Pero en caso de no ser aprobado, la compañía anunció que continuaría defendiendo “con firmeza sus derechos ante todas las instancias competentes”. El abogado de Infraiber, Paulo Díez, ha denunciado corrupción y tráfico de influencias de la empresa OHL México para aumentar el cobro de peaje en carreteras, así como la cancelación de un contrato del Circuito Exterior Mexiquense (CEM). Durante 2014, con el aval del gobierno del Estado de México, la empresa OHL elevó un 30% la cuota en las casetas del CEM. El argumento para hacerlo fue la instalación de un sistema de monitoreo de aforo vehicular que nunca existió y continúa pendiente.
En tanto, el secretario de comunicaciones y transporte, Gerardo Ruiz Esparza, quien se ha visto involucrado en audios que negocian una estrategia jurídica a favor de OHL, ha manifestado que tras la suspensión del contrato a Infraiber se generaron “ataques hacia diferentes instancias a través de desplegados, suscritos algunos de ellos por el señor Díez. Al no obtener respuesta por parte de las autoridades del Estado de México, empezó a generarse filtración de audios ilegales y manipulados” detalló el titular de la dependencia el pasado fin de semana en una carta dirigida al diario Reforma. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. REDACCIÓN: REDACCIÓN.
Este jueves llegarán a México los sobrevientes de la tragedia, queda pendiente la repatriación de los mexicanos fallecidos, informó la SRE.
La canciller mexicana Claudia Ruiz Massieu afirmó que seguirán exigiendo en todo momento que la investigación sobre el ataque a mexicanos en Egipto sea pública en sus distintas etapas, exhaustiva, que nos permita conocer con certeza lo sucedido. Este jueves antes de partir rumbo a México con los seis sobrevivientes mexicanos del ataque del domingo en Egipto, afirmó se logró el primer objetivo de su viaje: repatriarlos. Pero añadió que aún queda pendiente estar al tanto de lo que sucede en la investigación.”Sobre todo deslindar responsabilidades que deriven de lo que se vaya encontrando en la investigación”, puntualizó la jefa de la diplomacia mexicana. “Nosotros seguiremos atentos exigiendo que esta investigación sea profunda, sea integral, sea transparente y se nos vayan dando a conocer todos los avances y evoluciones de la misma hasta llegar a los resultados que nos permitan conocer los hechos”, agregó.
Añadió que está pendiente la repatriación de los mexicanos fallecidos “que vamos a seguir llevando desde la embajada de México en Egipto, (y) que vamos a seguir intentando agilizar”, dijo sobre los ocho cadáveres que permanecen en Egipto.
"Fuimos bombardeados como 5 veces con saña" dice Susana Calderón, mexicana sobreviviente.de ataques en Egipto pic.twitter.com/MhXMXkCz0f
La canciller, que pasó dos jornadas en la capital egipcia durante las cuales se entrevistó con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sissi y con su colega egipcio Sameh Shukri, despegó este jueves en el avión presidencial rumbo a México en torno a las 20 horas locales (18:00 GMT). “Queremos conocer lo sucedido y deslindar responsabilidades conforme al derecho de Egipto y del derecho internacional”, reiteró la canciller.
“Al mismo tiempo seguiremos exigiendo que la investigación sea expedita sin que por ello en ningún momento dejemos de exigir que sea profunda y que nos permita conocer lo sucedido”, insistió.
El avión con la Canciller y los 6 mexicanos heridos en un ataque en Egipto partió de El Cairo a la Ciudad de México pic.twitter.com/CsuC0r7CLj
Cuestionada por si México se plantea abrir una investigación paralela comentó: “Vamos a seguir el curso de esta investigación y también brindando asesoría legal y consular a los familiares tanto de los sobrevivientes como de los que fallecieron aquí el domingo en Egipto”. El Tp-01 despegó del aeropuerto internacional de El Cairo en torno a las 20 horas locales (18:00 GMT) rumbo a México, a donde llegará este viernes entre las nueve o 10 de la mañana, de acuerdo a las estimaciones del plan de vuelo.
El avión, en el que también viajan familiares de los ocho fallecidos en el ataque y cuyos cuerpos serán repatriados en una fecha todavía no confirmada, realizará dos escalas en aeropuertos de Irlanda y de Canadá, informaron fuentes diplomáticas mexicanas. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
México es, en realidad, dos Méxicos. Uno en el que la gente tiene empleo y sus hijos son educados; donde las familias se van de vacaciones y toman vino y salen a comer. En el otro, las oportunidades se cierran y la pobreza va a acompañada de una mala calidad en la salud, poca educación, apenas empleos y mucha economía informal. Esos dos Méxicos son revisados ampliamente en un reportaje de The Economist que, como rara vez sucede, ocupa su portada y un amplio análisis en la columna de casa, Leaders. El reportaje habla de cómo esta división entre pobreza y riqueza se puede ver también como un norte-sur, aunque no exclusivamente, porque también puede leerse como el México de las ciudades, donde hay infraestructura, y el otro México, el rural, abandonado y con grandes carencias. Hoy mismo, a la par, otro medio británico habla de lo mismo: The Financial Times reseña en un reportaje cómo el rezago en infraestructura llena de piedras el camino hacia la modernidad mexicana. The Economist dice que sí hay una reticencia cultural a la modernización; hay un México profundo que se opone a abandonar sus formas de vida. Pero también alerta: “Muchos mexicanos siguen siendo personas de pequeñas empresas porque carecen de las habilidades, contactos o posibilidades para ser más emprendedores, o mejor pagados y con un mejor trato –pero con salarios más gravados–. Las nociones románticas del México profundo a menudo las venden grupos de interés que se benefician de este status quo, como los sindicatos y los jefes políticos anticuados con bases de poder en las comunidades campesinas”.
México vivió una larga época de Colonia o Virreinato, de 1521 a 1810. Luego vino un periodo de caudillos y después llegó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó entre 1929 y 2000 y regresó, tras perder 12 años el poder, en 2012.
“En ¿Por qué las Regiones Fallan, un seguimiento de ¿Por qué las Naciones Fallan –un libro que escribió con Daron Acemoglu–, James Robinson, de la Universidad de Harvard, analiza algunos de estos fallos y sesgos políticos y la forma en que afectan a la zona sur de México, el más pobre y más desigual y menos urbanizado que el resto. En el México colonial, grupos indígenas fueron explotados para beneficiar a una pequeña élite; en los dos últimos tercios del siglo 20, el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) controló un partido único de Estado que dejó el sur en manos de los barones locales, dice. [El sur] fue privado de fondos públicos y la infraestructura hasta el punto de que se hizo pobre, lo dejó pobre. ‘Sabemos hoy que el sur tiene sistemas jurídicos menos eficientes que son menos buenos en hacer cumplir las leyes y los estados del sur tienen los gobiernos que son más clientelistas y corruptos en la forma en que interactúan con los ciudadanos’, escribe el Sr. Robinson. Contrasta esto con las instituciones más inclusivas, emergentes en otras partes del país”.
Quizás los más enterados de todo lo anterior sean los mismos mexicanos, que andan en el país con sus propias plantas y tienen ojos para ver un México donde, de los 112 millones 336 mil 538 ciudadanos censados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el 2010, actualmente 53.3 millones viven en situación de pobreza y 11.4 millones en pobreza extrema, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La medición de pobreza la integran dos elementos: la cobertura de servicios básicos (educación, salud, seguridad social, vivienda, alimentación, servicios básicos) y el ingreso de las familias. Se basa en los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) recolectados entre agosto y noviembre del año pasado por el mismo Inegi.
“Gabriel Zaid, un escritor mexicano que primero se centró en los problemas de productividad de México en la década de 1970, dice que las fábricas de hoy en día no pueden proporcionar los empleos que necesitan los 55 millones de mexicanos menores de 25 años. La actividad comercial en pequeña escala, por el contrario, proporciona empleo abundante; sostiene que podrían aumentar la productividad de México con relativamente poca inversión”, reseña The Economist.
“Algunos enlazan esta reticencia cultural para modernizarse a la supervivencia tenaz del México profundo: la parte de la sociedad donde los vínculos culturales a la antigua civilización mesoamericana todavía se sienten fuertemente. David Robichaux, de la Universidad Iberoamericana, dice que esta parte de México no se limita a los 7 millones o menos hablantes de lenguas indígenas. Reconoce que decenas de millones mestizos comparten valores de la familia y de la comunidad que son tan importantes para ellos como las nociones de modernización y progreso, y a veces son hostil a esas ideas y su aplicación. Estas personas no son todos pobres. Muchos operan pequeñas empresas, pero en lugar de reinvertir para mejorar la eficiencia de sus negocios, prefieren gastar en fiestas de pueblo y reuniones familiares”, agrega.
El apego persistente a las granjas y empresas informales desaliñadas puede ser en parte una elección cultural, dice The Economist. “Seguramente es también, sin embargo, una consecuencia de los fallos anteriores. Muchos mexicanos siguen siendo personas de pequeñas empresas porque carecen de las habilidades, contactos o posibilidades para ser más emprendedores, o mejor pagados y con un mejor trato –pero con salarios más gravados–. Las nociones románticas del México profundo a menudo las venden grupos de interés que se benefician de este status quo, como los sindicatos y los jefes políticos anticuados con bases de poder en las comunidades campesinas”. The Economist recuerda que el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció en el discurso inaugural de su gobierno, hace tres años, que la mayor parte de la población mexicana aún vive en una tierra de “atraso y pobreza”. Dice que ese es el México de los changarros, los mercados informales, de los campesinos y las comunidades indígenas, así como de un “submundo vicioso”. “Es [el México] donde la mitad de la población sigue siendo pobre, con base a cifras del gobierno, a pesar de la promesa del TLCAN, que entró en vigor en 1994. Sus habitantes pueden no pagar impuestos, pero extorsionadores, abogados, jueces y funcionarios a menudo les sacan dinero en efectivo”, dice el medio. Refiere que el trabajo, el capital y la tecnología se hicieron cada vez menos eficiente durante casi dos y media décadas y cita lo escrito por Dani Rodrik de Harvard: ”Probablemente no hay país en el mundo que presente un contraste más marcado entre el éxito externo y el fracaso interno”. Dice que en dos ocasiones, con 20 años de diferencia, los problemas de los más pobres han picado a este segundo México; refiere que la región sur ha sacado al país fuera de su curso en el momento en que parecía estar en la cúspide de los grandes avances económicos. “En 1994, el levantamiento indígena ‘zapatista’ de Chiapas, el estado más al sur, golpeó el brillo de la puesta en marcha del TLCAN y ayudó a desencadenar la crisis del peso de menos de un año después. En 2014 la masacre relacionada con las drogas de 43 estudiantes en el estado sureño de Guerrero golpeó la credibilidad del señor Peña, justo cuando él se deleitaba en la realización de 11 reformas económicas y políticas que habían comenzado a ganarle el reconocimiento internacional”, dice el artículo.
Menciona que es un error pensar que la división entre el México moderno y el resto del país es una diferencia entre el norte y el sur. “Como muestra San José Chiapa, la distancia entre estos no sólo se mide en kilómetros; ésta se asigna en términos de formalidad e informalidad, de imperio de la ley y su ausencia, de la raza y de la cultura”, refiere.
DOS MEXICOS El gobierno de México “ha fracasado singularmente para erradicar la pobreza en todo el país” a causa de la incorrecta aplicación de políticas pública específicas, publica The Economist en su edición de esta semana dedicada “a los dos Méxicos“. El reconocido semanario británico analiza en su espacio de opinión, Leaders, cómo la clase media mexicana prospera a lo largo del corredor industrial que va desde la frontera con Estados Unidos hasta la Ciudad de México, mientras que la mitad de la población “está atrapada en la pobreza”. “A pesar de décadas de reformas “a veces poco entusiastas, a veces a toda maquina– México falló en cerrar la brecha entre una minoría globalizada y una mayoría que vive en lo que Enrique Peña Nieto, el Presidente, admitió como ‘atraso y pobreza’”, dice la publicación. Y detalla: “Alrededor de la mitad de la población se mantiene atrapada en la pobreza; otra cuarto corre el riesgo de volver a caer en la miseria. La anarquía, la corrupción y los conflictos de intereses prevalecen entre la policía, los tribunales y los políticos que deberían cuidar a los marginados”. The Economist dice que “la dualidad de México muestra que conseguir una política macroeconómica adecuada es necesaria para el éxito, pero no suficiente”. Dice que las dificultades que aún enfrenta el país son como un cuento con una moraleja, y da tres lecciones para atender. “La primera lección, y más fácil de aprender, es la centralidad de la urbanización. Las ciudades ofrecen las personas oportunidades de prosperar que no se pueden encontrar en el campo [...] Pero los crímenes violentos, relacionados con las drogas acechan a los barrios desaliñados de México, donde viven los habitantes de la ciudad”, refiere. En un segundo aspecto menciona la importancia de la infraestructura, y no sólo en las ciudades. “Muchos de los fundamentos de la economía mexicana moderna fueron colocados hace un siglo, en forma de carreteras y ferrocarriles que atan su corazón industrial con sus puertos y la frontera norte”.
Una tercera lección de México, dice The Economist, es la necesidad de llevar la economía informal a la luz. “Las pequeñas empresas no registradas, proporcionan empleo a la mayoría de la fuerza laboral, pero son rechazados por los bancos y están ansiosos de permanecer por debajo del radar de la recaudación de impuestos. Esto mina la economía nacional. En la última década y media, mientras que la productividad de las empresas más importantes de México creció un 5.8 por ciento al año, la de los más pequeños se sumió en un 6.5 por ciento”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/17-09-2015/1488993.
Diversas organizaciones civiles y ciudadanos exigieron al Presidente Enrique Peña Nieto y al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong que revoquen el nombramiento de Arturo Escobar, ex dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana y anunciaron que rompen el diálogo con el funcionario.
“Arturo Escobar y su Partido Verde Ecologista Mexicano [representan] la cultura de la ilegalidad, la corrupción, el clientelismo, el oportunismo, la simulación y el desprecio por la justicia y la libertad, por ello las organizaciones y personas […] exigimos al Presidente de la República y al Secretario de Gobernación se revoque el nombramiento de Arturo Escobar”.
“Arturo Escobar no conoce de la materia, no es un servidor público confiable, no práctica los principios éticos necesarios para impulsar la prevención social de las violencia y la participación ciudadana”, alertaron en un documento firmado por diversas organizaciones como Espacio Social para el Diálogo Estratégico: Acción para el Bienestar Ciudadano con Derechos Humanos y Democracia, Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C. (ADIVAC), Católicas por el Derecho a Decidir, Cauce Ciudadano, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, Organización Popular Independiente, RIRIKI, Intervención Social S.C., Sin Fronteras IAP, Spatium Libertas, entre otras.
Sostuvieron que once organizaciones rompen el diálogo con el Subsecretario Escobar, “queremos seguir trabajando en la política de prevención, pero no tenemos ningún interés de interlocución con él”, advirtieron durante una conferencia de prensa. “Nos da rabia porque llevamos muchos años diciendo que la violencia no se ataca con fuego, sino que tenemos que trabajar las causas estructurales. Había mucho qué avanzar, qué dialogar, y esto es un retroceso”, criticaron. La organizaciones cuestionaron el por qué a la mitad de la administración de Peña Nieto se designó a una persona que no sabe del tema en dicha Subsecretaria. “¿Por qué supone que una persona del Partido Verde Ecologista Mexicano, que ha hecho gala de conducta ilegales, violando sistemáticamente la ley, pueda hacerse cargo de un programa que promueve la cultura de la legalidad como necesidad para juzgar nuevas relaciones sociales?”, agregaron. Criticaron que Arturo Escobar, quien ha promovido la pena de muerte, la reducción de la edad penal, la cadena perpetua y otras mediad de “corte absolutamente fascista y autoritario”, va a poder entender la complejidad y la delicadeza de lo que significa reconstruir confianza solidaridad, relaciones pacíficas, respeto a la vida y a la dignidad. Cuestionaron además cuáles fueron las organizaciones, que como dijo Osorio Chong, consultó para el nombramiento de Pablo Escobar. “Estamos totalmente indignados”, sostuvieron los representantes de estas organizaciones. Además indicaron que hay otro temor de que Arturo Escobar pueda llegar a hacer uso electoral del programa, “cualquier acción de corrupción cuesta vidas”, dijeron. “Cada acción que quede limitada por la acción o por las posibles manipulaciones electorales de Arturo Escobar frente al programa son las vidas las que le reclamaremos a él y al estado mexicano”, advirtieron. Horas después del anuncio realizado por Miguel Ángel Osorio Chong el pasado 8 de septiembre, organizaciones civiles y activistas dijeron que el nombramiento de un desconocido en el área de seguridad como Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob merma la confianza en las autoridades. Distintos grupos civiles firmaron una carta en la que reclaman que el perfil Arturo Escobar, “claramente [es] incompatible” con el cargo. Al siguiente día Osorio Chong calificó como normales los comentarios en pro y en contra de nuevos funcionarios cada vez que se dan los nombramientos. Sostuvo incluso que el nombramiento de cada uno de ellos fue consultado con organizaciones civiles, sin embargo no dijo cuáles.
“En el tema particular de las dos subsecretarías, yo les diría, dejemos que los hechos hablen, que los resultados se puedan ver y entonces podemos hacer los señalamientos, los planteamientos o las evaluaciones al respecto”, defendió su decisión.
NUEVO LAREDO, Tamps. (apro).- Familiares de Sigifredo Najera Talamantes, ‘El Canicón’, sospechan que el narcotraficante pudo haber muerto por envenenamiento y no a causa de un paro cardiorrespiratorio, como lo dieron a conocer las autoridades. En entrevista con apro, María Dolores Talamantes, madre de ‘El Canicón’, relató que antes de que le fuera entregado el cuerpo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) le hizo firmar un documento donde le prohibieron realizar una segunda autopsia. “Ni siquiera nos permitieron revisar el cadáver”, subrayó la madre de Nájera Talamantes, quien falleció el lunes 7 en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde fue internado desde el 25 de marzo de 2009 en calidad de procesado con la causa 36/2009 del Juzgado 1º de Distrito en el Estado de México por delitos contra la salud (posesión de clorhidrato de cocaína), delincuencia organizada, acopio de armas, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas (con auto de formal prisión firme). “Oficialmente me dijeron que mi hijo murió de bronco aspiración, pero nosotros intentamos que un perito independiente lo revisara y le hiciera una segunda autopsia”. Eso no fue posible, apuntó. María Dolores Talamantes acudió a la ciudad de México para recuperar el cuerpo de su hijo, pero las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo, no lo querían entregar. “En el Semefo (Servicio Médico Forense) nos hicieron esperar muchas horas. A las cinco de la madrugada llegaron muchas personas que continuaron revisando el cadáver”. Destacó que una mujer que se identificó como miembro de la SEIDO les hizo “firmar un papel para que no tocáramos el cuerpo para nada. Mi nuera firmó el documento, porque ya queríamos que nos lo entregaran para enterrarlo”. Según la madre de ‘El Canicón’, su hijo pudo haber sido envenenado, ya que no tenía ningún problema de salud y hacía ejercicio en la cárcel. Incluso sus abogados le dijeron que pronto podría abandonar el Altiplano, debido a que las autoridades no pudieron comprobar algunos crímenes por los que fue acusado. La mujer también denunció que los militares acosaron a la familia e incluso, dijo, filmaron a las personas que acudieron al cementerio para darle el último adiós a Sigifredo Najera Talamantes. “Se metieron a la funeraria. Grabaron con una cámara a todas las personas que me estaban acompañando en el último adiós a mi hijo, no les importó nada, no respetaron nada. No hubo respeto ni para la Iglesia. Los soldados corrieron detrás del cortejo como si fuéramos delincuentes, se metieron hasta el interior del recinto, mientras se desarrollaba la misa de cuerpo presente”. Dolores Talamantes dijo estar consciente de que ‘El Canicón’ fue reclutado por un miembro de la delincuencia organizada, pero lo único que quería, agregó, era “darle el último adiós a mi hijo, quien estaba sano, no sufría ninguna enfermedad”. Sigifredo Nájera Talamantes cursó la primaria en esta ciudad y posteriormente sus hermanos mayores se lo llevaron a Dallas, Texas, donde estudió la secundaria y parte de la preparatoria, que no concluyó porque se regresó a México. A Monterrey arribó en 2006, enviado como jefe de plaza por Miguel Ángel Treviño Morales, ‘Z40, quien lo reclutó para que se sumara a Los Zetas. En enero de 2009 se registró un enfrentamiento en una calle de la exclusiva zona del fraccionamiento Country, donde un grupo de militares intentó detenerlo. En la casa donde vivía localizaron su credencia de elector y por primera vez supieron que se trataba de un joven de unos 28 años de edad. Lo responsabilizaron de lanzar una granada y disparos contra el Consulado de Estados Unidos en Monterrey y contra las instalaciones de Televisa en esta ciudad. También lo acusaron de la muerte de nueve militares, algunos de ellos oficiales de los llamados “Perros de Oreja”, miembros de los Órganos de Información de Región (GIR), de la Sección Segunda del Ejército Mexicano. El 20 de marzo de 2009 ‘El Canicón’ fue detenido en el exclusivo fraccionamiento San Patricio de Saltillo, Coahuila, gracias a información proporcionada por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), según documentos filtrados en el portal de WikiLeaks. En su edición del pasado 28 de febrero, la revista Proceso publicó un reportaje de la periodista Anabel Hernández, en el que dio a conocer que el 25 de ese mes, tres días después del primer aniversario de su reaprehensión, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y 139 presos más del Altiplano sumaron fuerzas y denunciaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presuntos malos tratos y venta de prebendas por parte del director técnico del penal, Librado Carmona García. Entre los quejosos, además del Chapo, estaban su hermano Miguel Ángel Guzmán Loera; Edgar Villarreal, ‘La Barbie’; los viejos capos Miguel Ángel Félix Gallardo y Pedro Díaz Parada; Rogaciano Alba; Ramón Alcides Magaña, ‘El Metro’; Javier Torres Félix, ‘El JT’; así como sus otrora enemigos Héctor Beltrán Leyva; Mario Alberto Cárdenas Guillén, hermano de Osiel, exlíder del Cártel del Golfo; Teodoro García Simental, exlugarteniente de los hermanos Arellano Félix, del Cártel de Tijuana, y Sigifredo Nájera, ‘El Canicón’. Posteriormente, el 24 de agosto, el diario ‘Reforma’ publicó un desplegado firmado por varios narcotraficantes, entre ellos ‘El Canicón’, donde denunciaron diversas violaciones a sus derechos humanos, luego de que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán logró evadirse, el 11 de julio anterior.
Los quejosos señalaron que a iniciativa del director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, declararon todo lo que sabían sobre lo que aconteció días previos a la fuga de Guzmán Loera, señalando a los funcionarios involucrados en el escape. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.
MÉXICO, D.F: Los seis turistas mexicanos que sobrevivieron al ataque de las fuerzas egipcias cuando almorzaban en el Desierto Blanco, fueron dados de alta este jueves y en el transcurso del día serán repatriados a México. Así lo informó en El Cairo personal de la oficina de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a la agencia Notimex. “Estamos en condiciones suficientes para recoger hoy mismo las seis altas de nuestros connacionales que han sobrevivido al desafortunado ataque del domingo pasado. “Regresamos con ellos y en condiciones estables y adecuadas para viajar” a bordo del avión presidencial, estacionado en el aeropuerto internacional de El Cairo, dijo la fuente. Con ellos viajarán también los familiares de los heridos y fallecidos que fueron llevados a El Cairo en el avión oficial con la canciller Claudia Ruiz Massieu. “Regresarán los seis connacionales heridos y sus familias, así como todos los familiares que han venido a ver a sus allegados del ataque, y toda la comitiva” de la cancillería integrada por diplomáticos y médicos, entre otros. No se precisó el horario de despegue del avión, pero es “previsible que este mismo día (jueves) podamos regresar todos a México”, dijo la fuente de la cancillería a Notimex.
Desde el ataque del domingo pasado, en el que murieron ocho turistas mexicanos y cuatro guías egipcios, los sobrevivientes han permanecido en el hospital Dar Al Fouad de El Cairo de donde de espera que sean dados de alta este jueves. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Por mayoría, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para condenar el ataque de las fuerzas militares de Egipto contra ocho mexicanos y reclamar una investigación “oportuna, transparente y a fondo” de los sucesos, y condenó las comparaciones sobre la situación de esa nación árabe y la de México. Sin debate de por medio, las bancadas plantearon su condena a los hechos, pero los legisladores del PRD, Benjamín Robles; del PT, Ana Gabriela Guevara, y del PAN, Gabriela Cuevas, lamentaron la falta de información sobre los riesgos y las alertas para los turistas mexicanos que visitan Egipto y el exterior en general. El senador del Verde, Gerardo Flores, y la legisladora del PRI, Margarita Nay, destacaron el papel de la Cancillería mexicana que, subrayaron, “en todo momento” apoyó a los familiares, y exigieron que el Senado “acompañe” los esfuerzos del gobierno federal en Egipto.
Tras el posicionamiento, los legisladores guardaron un minuto de silencio en memoria de los ocho turistas mexicanos que perdieron la vida en Egipto. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Durante su Tercer Informe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del DF, dijo que no piensa frenar el desarrollo del nuevo AICM.
Durante su Tercer Informe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera presentó ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una “iniciativa construida por la ciudadanía” para reformar la Ley de Desarrollo Urbano en sus artículos 41 y 42, referentes al uso de suelo, con el propósito de evitar que se cometan abusos. Ante la demanda de Morena de evitar que se cierre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para construir el nuevo y que sea Mancera Espinosa quien defienda esta petición, el jefe de gobierno del Distrito Federal señaló que no piensa “frenar el desarrollo”, pero se comprometió “a buscar los mejores alcances y beneficios para la población en ese predio”. Ante 60 de los 66 legisladores locales, gobernadores y representantes de 14 estados, de partidos políticos nacionales y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, el mandatario local hizo un recuento de los logros en lo que va de su administración, así como de los objetivos por alcanzar. Mancera reiteró que ante las voces discordantes con los proyectos del deprimido de Mixcoac y el Corredor Cultural Chapultepec escuchará “el sentir de la población”, y en el caso del predio La Mexicana descartó la construcción de un “megaproyecto inmobiliario”, pues anunció que en 70% de ese espacio se hará un gran parque público.
El jefe de gobierno del DF señaló que con responsabilidad se tomó la decisión del cierre de la Línea 12 del Metro, pero reiteró su compromiso de que en el mes de noviembre se reabrirá, además de agradecer a los involucrados en las obras y asegurar que seguirá el curso legal contra las personas que tuvieron que ver con las fallas en esta línea. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
Un hombre entregó a la Policía una memoria con cuatro videos en donde se aprecia a tres personas más que podrían estar involucradas en el caso.
Cuatro videos –que un “informante desconocido” entregó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)– revelaron que otras tres personas están presuntamente involucradas en el multihomicidio de la colonia Narvarte, ocurrido el 31 de julio pasado. Karla Michel Salas, una abogada de las víctimas, dijo a Animal Político que son cuatro videos en los que aparecen tres hombres platicando con dos de los sujetos que salieron del departamento de Narvarte. Este encuentro ocurrió minutos antes de la siete de la noche del mismo día del crimen. Las tomas no corresponden a las cámaras de la policía capitalina, sino a cámaras de seguridad privada instaladas en la zona de Taxqueña, al sur de la Ciudad de México. El material fue entregado en una memoria USB que le dio un civil a un policía de investigación. “No quiero problemas, pero esto les interesa”, dijo un hombre no identificado a un agente, según la versión de las autoridades acerca de cómo se obtuvo el material que ya fue integrado a la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07. Este ocurre una semana después de que los abogados de las víctimas confirmaran que las autoridades capitalinas buscan a más personas implicadas en el caso, luego de hacer una revisión a los 12 tomos (con más de 4 mil 400 páginas) de la averiguación previa a cargo de la Fiscalía Central para la Investigación de Homicidios. Sin embargo, el procurador del DF, Rodolfo Ríos, ha confirmado públicamente que sólo fueron tres los involucrados. El encuentro con los tres sospechosos En las tomas se ven a tres sujetos que bajan de una camioneta Suburban de color azul placas MGR 7855, quienes intercambian un sobre y un paquete con dos hombres que horas antes habían salido del departamento de Narvarte a bordo de un vehículo Mustang que pertenecía a una de las víctimas. Hasta ahora, pese a contar con las matrículas, las autoridades capitalinas no han conseguido localizar esa camioneta. De acuerdo con la investigación de la Procuraduría, los hombres que viajaban en el Mustang son el expolicía capitalino Abraham Tranquilino y su amigo Omar Martínez, quienes ya se encuentran detenidos y procesados. Los que iban en la suburban Azul, y aún son buscados por las autoridades, no están identificados, de acuerdo con el expediente del caso. Los abogados coadyuvantes señalaron que esta información abre nuevas interrogantes. Primero, ¿cómo se está integrando la averiguación previa del caso? Y segundo, sobre el nivel de organización que pudo existir detrás del crimen ocurrido el pasado 31 de julio. Tres hipótesis, cero conclusiones Aunque las autoridades han considerado un tema de drogas como una de las líneas de investigación del caso y organizaciones han acusado un crimen contra la libertad de expresión, el expediente no tiene evidencia probatoria suficiente para consolidar alguna de ellas, según lo revelado por el análisis de los abogados de la coadyuvancia. La teoría de las drogas parte principalmente de la declaración de uno de los detenidos, el expolicía Abraham Tranquilino, quien dijo que pretendían robarle a una de las víctimas –Mile Virginia– un paquete de cocaína que había recogido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Pero los abogados no encontraron otro elemento en el expediente que consolide esta línea de investigación, ya que las declaraciones de los otros dos detenidos no coinciden con este señalamiento, y tampoco se encontró en el departamento u otro sitio el paquete de droga. Asimismo, la joven no tenía antecendentes por tráfico de drogas. En las diligencias realizadas, los abogados tampoco encontraron una solicitud de apoyo a la Policía federal o al AICM para la identificación supuesto paquete de droga. No se han construido las “redes de vínculos” en torno a Mile Virginia. El señalamiento del expolicía capitalino, acerca de que uno de sus cómplices supuestamente pertenecía a Los Zetas, no está sustentado en ninguna evidencia. En la línea del robo, una de las primeras que se manejó y que es uno de los tres delitos que se imputa a los acusados, la acusación incluida en el expediente de la PGJDF esté sustentada en la sustracción de una maleta del departamento y de una alcancía con 6 mil 600 pesos Pero no se ha podido identificar otros objetos robados, y menos que eso fuera un móvil del multihomicidio. La línea respecto a que pudo ser un homicidio vinculado a un tema de libertad de expresión, luego de que dos de las víctimas –el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera– tuvieron que autoexiliarse de Veracruz, tampoco se ha consolidado ni descartado pese a la toma de declaraciones que se llevó cabo. “Las autoridades de la Procuraduría fueron a tomar una serie de declaraciones allá, pero no ha existido un trabajo posterior o de campo. La petición de los abogados no es que se compruebe esta línea como motivo del crimen pero sí que se haga la investigación seria que permita descartar este por cualquier otro móvil”, dijo Michel Salas. Peritajes pendientes Los abogados coadyuvantes del caso Narvarte solicitaron la semana pasada a la Procuraduría capitalina que se amplíen los peritajes practicados hasta ahora, además de que se descubra ante los representantes de las víctimas nueva evidencia que no ha sido incluida en el expediente. Lo anterior en apego al artículo 20 de la Constitución Política, apartado C, que faculta a las víctimas y sus abogados coadyuvantes para que pidan y se les desahoguen las diligencias que soliciten o que el Ministerio Público fundamente sus razones para no hacerlo. En el tema de los peritajes, explicó Michel Salas, la preocupación de las víctimas y abogados es en torno a los cuestionamientos sobre el modus operandi del homicidio; es decir, cómo fueron asesinadas las víctimas, algo que no queda claro en las más de 4 mil 400 páginas que tiene el expediente. Por ello se han pedido ampliación de dos peritajes, el de mecánica de hechos y el de mecánica de lesiones. “En resumidas cuentas no sabemos ni quien disparó, ni cómo se hicieron los tiros. Las autoridades creen, por ejemplo, que no se usó silenciador en el arma utilizada sino una almohada, pero solo hay una almohada y los disparos fueron cinco. De ese nivel son las lagunas en la investigación”, dijo la abogada. Además, los abogados coadyuvantes han requerido a las autoridades que se entreguen y revelen las grabaciones completas del 31 de julio provenientes de las cámaras de seguridad pública colocadas en la calle Luz Saviñón donde está ubicado el departamento. Hasta ahora solo se ha mostrado un lapso de tiempo posterior a las 13:30 horas. De acuerdo con los abogados, esto es importante para esclarecer si todas las personas que a lo largo de esa mañana ingresaron al edificio eran vecinos o si pudo haber otra persona ajena al sitio.
Se espera que este jueves los abogados tengan un nueva reunión con autoridades de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJDF, con el objetivo de conocer la respuesta a algunas de estas peticiones. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: ARTURO ANGEL.
MÉXICO, D.F: Las presiones para utilizar a las fuerzas armadas mexicanas en funciones policiacas provienen desde los años ochenta. En su libro Ejercicio de las Facultades Presidenciales, Miguel de la Madrid recuerda y reflexiona por qué existían riesgos graves de transformar a los soldados en policías y, aún más, a los efectivos militares incorporarlos a las tareas de combate al crimen organizado. “Fue mi criterio y mi decisión utilizar a las fuerzas armadas como último recurso de aseguramiento del orden público interno”, recuerda De la Madrid, presidente de la República de 1982 a 1988, justo en la etapa germinal de los grandes cárteles que ahora dominan el panorama nacional: el de Sinaloa, los de Jalisco, el Golfo y los distintos grupos en disputa por Michoacán y Guerrero. “Deliberadamente aparté al Ejército de problemas que podía resolver la autoridad civil mediante otros mecanismos, sobre todo, las fuerzas del orden civil y las policías, tanto federales como locales. Reflexioné en que, en el pasado, se había tenido necesidad de recurrir a las fuerzas armadas para imponer el orden público, de manera específica, durante la triste experiencia de 1968 y para sofocar en su momento conflictos estudiantiles o de carácter obrero y campesino”, afirma el exmandatario. De la Madrid subraya que “las fuerzas armadas mismas no deseaban que se usara al Ejército y la Armada para tareas de tipo policiaco, porque estaban conscientes del desgaste institucional y el desprestigio sufridos al haber sido usados como policía. Coincidimos en esta convicción”. El expresidente sentencia en ese libro, editado en 1998, que el uso del Ejército para tareas de combate al narcotráfico, “cuestión que fue y es debatible”, se limitó a las tareas de destrucción de plantíos, decomiso de cargamentos de droga, internos o en tránsito hacia los Estados Unidos, o de apoyo a las fuerzas policiacas para el control de los grupos narcotraficantes en la república. Como sabemos, ese paradigma cambió con la llegada de Felipe Calderón Hinojosa a la presidencia de la República y el despliegue de las fuerzas armadas en labores policiacas para combatir el narcotráfico en la Operación Michoacán, de enero de 2007. Los temores de Miguel de la Madrid y de muchos otros políticos y generales que conocen bien la entraña de las fuerzas armadas y los riesgos de convertir a los soldados –entrenados para matar- en persecutores “del crimen” se han confirmado con creces. Los recientes y trágicos episodios en Tlatlaya, en Iguala, en Apatzingán y en Tanhuato, en donde se presume la participación de efectivos militares o de soldados habilitados como policías federales o grupos de choque, han colocado a las instituciones armadas en una situación de profundo cuestionamiento. No son ellos los responsables de esta situación. Algunos jefes militares son responsables de los delitos cometidos y que se les imputa por omisión, complicidad, negligencia o crueldad contra civiles (como se supone existió en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y los seis jóvenes muertos en esa trágica noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala), pero la responsabilidad esencial es del mando político. De esto, Miguel de la Madrid y otros presidentes de la república con sólida formación en teoría del Estado fueron muy claros: el titular del Ejecutivo federal mexicano tiene la doble función de jefe de gobierno y jefe de Estado, por tanto, es también “el mando supremo de las fuerzas armadas del país”. No sólo eso. Entre las facultades metaconstitucionales del presidente de la república está ser también jefe del partido en el gobierno, como bien destacó Jorge Carpizo en su clásico texto sobre el presidencialismo en México. Por tanto, es un enorme riesgo utilizar a las fuerzas armadas no sólo en funciones policiacas (de gobierno) o de seguridad nacional (de Estado), sino también en labores de combate a la disidencia o la oposición política (de partido). Cuando estas fronteras no están claramente delimitadas ocurren precisamente los crímenes de Estado, como el del 68 y muchos otros que se dieron en la etapa de la “guerra sucia” mexicana de los setenta. Esta es la situación que se ha presentado claramente en Tlatlaya y en Ayotzinapa. Se puede discutir al infinito si fue en el basurero de Cocula donde los jóvenes normalistas fueron incinerados o no. Se puede, incluso, rehacer la investigación con un equipo nuevo en la PGR. Lo que no se puede eludir es el problema de fondo: ya es el momento de revertir la decisión tomada por Calderón y reforzada por Peña Nieto para seguir utilizando a elementos militares en el combate al narcotráfico porque estamos ante el escenario cada vez más peligroso de que el narcopoder haya infiltrado a las propias fuerzas armadas mexicanas.
Esta es la reflexión que urge hacer en días de luto por el primer año de la tragedia de Iguala y cuando un 15 de septiembre recordamos lo importante que es tener el monopolio legítimo de la violencia para defender la soberanía de una nación y no para agredir a sus habitantes más humildes, más vulnerables, más criminalizados. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL (ANÁLISIS).
México, DF. Con el voto en contra del PRD, PT y algunos panistas, el Senado de la República ratificó a Agustín Carstens Carstens por un periodo más de seis años como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Será esta misma junta la que lo ratifique luego como gobernador del Banco de México. La votación final fue de 84 votos a favor, 16 en contra y tres abstenciones, una de éstas últimas del senador panista Javier Corral. En tribuna, legisladores del PRI, PVEM y PAN resaltaron la trayectoria y la eficacia de Carstens y, en contraparte, la oposición de izquierda advirtió que es responsable de un modelo económico que sólo ha beneficiado al capital especulativo. En tribuna, el coordinador del PT, Manuel Bartlett Díaz, advirtió que Carstens “es el representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) para garantizar a los inversionistas extranjeros las mayores ganancias”. Agregó que uno de los aspectos que se ha manejado como una gran virtud del gobernador del Banco de México es la decisión de utilizar las reservas para detener la caída del peso frente al dólar. Sin embargo, recalcó Bartlett, lo que hace es “dilapidar miles de millones de dólares para beneficio de los especuladores”. Igualmente, el senador del PRD, Benjamín Robles Montoya, le recordó que las reservas financieras son para el beneficio de las mayorías. Expuso, asimismo, que su bancada votaría en contra, ya que la economía no ha funcionado bien y hay síntomas de recesión, falta de liquidez, estancamiento de los salarios y no ha crecido la productividad. El PAN, por conducto de José Luis Lavalle, sostuvo que deben separarse las dificultades que enfrenta la economía del manejo que ha hecho Carstens al frente del Banco de México. Sus intervenciones, sostuvo, se han caracterizado por la independencia y el rigor técnico, tanto en esta administración como en la pasada de Felipe Calderón. Su compañero de bancada, Raúl Gracia, anticipó su voto en contra. Dijo que la política inflacionaria de Carstens es “excelsa”, pero “nadie nos dice qué está fallando”. Carstens rindió protesta ante el pleno senatorial.
FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ANDREA BECERRIL/ VÍCTOR BALLINAS.
