Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, es visto como una persona desleal (le dio la espalda a los dos políticos que impulsaron su carrera: Francisco Garrido Patrón y Gustavo Madero), pero ahora, además, ha empezado a llenar los puestos directivos del blanquiazul con personajes de mala fama, señalados por actos de corrupción. La propia reputación del dirigente panista está en entredicho mientras no aclare a satisfacción el uso de los mil millones de pesos del Programa de Acción Comunitaria que manejó en Querétaro.
MÉXICO, D.F: Ricardo Anaya no sólo terminó de mala manera con Gustavo Madero, quien lo encumbró como presidente del Partido Acción Nacional (PAN), sino con el otro impulsor de su vertiginoso ascenso político: Francisco Garrido Patrón, exgobernador de Querétaro. Con Garrido, Anaya vivió una década en la cúspide del poder: fue funcionario juvenil municipal de la capital queretana y luego, durante un sexenio fue el poderoso secretario particular del gobernador; como tal manejó los mil millones de pesos del Programa de Acción Comunitaria (PAC) para repartir entre los pobres los dos años previos a las elecciones. Y aun cuando el PAN perdió el gobierno estatal en 2009, de cuya derrota fue responsable como coordinador general de la campaña, Anaya garantizó su futuro como diputado local plurinominal, coordinador de la bancada y –ya distanciado de Garrido Patrón– presidente estatal de su partido. Lo que sí hizo Anaya fue estrechar su relación con la exesposa de Garrido Patrón, Marcela Torres Peimbert, senadora desde 2012 e integrante del órgano electoral que organizó la elección interna en la cual resultó electo. Pero Anaya no sólo está asociado a la deslealtad, sino a señalamientos de corrupción. Luego de su paso por el gobierno, Anaya acumuló un patrimonio de más de 10 millones de pesos: En enero de 2011 tenía cinco millones 800 mil pesos en cuentas bancarias y valores bursátiles, así como una casa de 521 metros cuadrados valuada, según él mismo, en 4 millones 300 mil pesos. Un dato curioso: Anaya no compró la residencia con su dinero, sino –en un caso parecido al de Enrique Peña Nieto– la recibió en “donación”, en marzo de 2005, según declaración patrimonial que rindió al iniciar el cargo de subsecretario de Turismo, en 2011, y que ocultó al año siguiente. Y es que, desde que manejó los mil millones del PAC –para repartir materiales de construcción, insumos de mejoramiento urbano y hasta tinacos–, ha estado bajo sospecha de haberse beneficiado ilegalmente de esos recursos. El senador con licencia Francisco Domínguez Servién –ahora gobernador electo de Querétaro– aludió a ese tema en 2013, cuando Anaya y el también diputado federal Marcos Aguilar, alcalde electo de Querétaro capital, lo criticaron por el manejo de recursos como tesorero del Senado, en el contexto del choque entre Madero y Ernesto Cordero. “Marcos Aguilar habla de transparencia y Ricardo Anaya que manejó mil millones del PAC, que transparenten los recursos de diputados federales (sic)”, escribió Domínguez en su cuenta de Twitter. Otro ejemplo: la exdiputada federal Raquel Jiménez Cerrillo, compañera de bancada de Anaya, declaró públicamente que éste se fue de Querétaro “huyendo de unos periodicazos” sobre el manejo supuestamente irregular de los mil millones del PAC. La sospecha se robusteció cuando, en 2011, fue detenido el defraudador Javier Bosque Urquiza, quien aseguró que Anaya, siendo secretario particular de Garrido, “me prestó 8 millones de pesos, parte en cheque y parte en efectivo”, pero sólo le devolvió “como 800 mil”. Anaya publicó un desplegado para decir que sólo le entregó 800 mil pesos para invertir y que esa cantidad le fue devuelta en diferentes fechas. Apenas en enero de este año, cuando como presidente interino usó los tiempos oficiales del PAN para promoverse con la bandera de la anticorrupción, un grupo de prominentes panistas de Querétaro emitió un comunicado para contradecirlo. “Ricardo Anaya se autopromueve como paladín de la lucha anticorrupción, pero quienes lo conocemos sabemos que es sólo un discurso muy lejano de actos concretos de congruencia. Su proceder, por el contrario, es testimonio del uso de las instituciones para beneficiarse a sí mismo”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2029, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
Durante 11 meses de investigación sobre los hechos del 26 de septiembre de 2014 –con apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley–, se han obtenido decenas de testimonios, videos, fotografías, audios y miles de fojas de expedientes de la Fiscalía General de Guerrero y de la PGR. Con esta información se han reconstruido hechos, como los que aquí se narran, que hasta ahora ninguna instancia ha tomado en cuenta, como el tiroteo de media hora contra uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas de Ayotzinapa o la presunta participación de agentes encubiertos del Cisen en una de las muchas agresiones de esa trágica noche.
MÉXICO, D.F: Fernando Marín estaba en el suelo, junto al autobús Estrella de Oro, bañado en su propia sangre, sometido como sus compañeros de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. El disparo que recibió minutos antes le destrozó el antebrazo derecho. La herida aún estaba caliente y todavía no dolía tanto. “¿Sabes qué? ¡Te vas a la chingada!”, le espetó un policía estatal. “¡Mátalo de una vez!”, lo alentó en el anonimato de la calle desolada otro uniformado. En ese momento Carrillas, como lo apodan en la Normal de Ayotzinapa, sintió el metal del arma en la sien izquierda. Eran casi las 22:30 horas del 26 de septiembre de 2014 y en ese punto, la calle Juan N. Álvarez, a pocas cuadras del centro de Iguala, estaba desierta. Policías estatales y municipales, así como civiles armados, tenían acorralados a tres autobuses en los que viajaban estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en esa calle casi esquina con Periférico. Unas cuadras atrás, la Policía Federal (PF) desviaba el tránsito y a los curiosos. El policía estatal quitó el arma de la cabeza de Carrillas y llamó a una ambulancia. Lo último que vio el normalista antes de que lo llevaran al hospital, dice en entrevista, fue a sus compañeros del camión Estrella de Oro, el número 1568, sometidos, en el suelo. No los ha vuelto a ver. Todos están desaparecidos. Hasta las 23:00 horas el trato a los estudiantes fue uno: la policía envió a los heridos al hospital, dice a los reporteros Vidulfo Rosales, abogado de los normalistas y de los padres de los 43 desaparecidos. Pero después “hubo una decisión, que no sé de dónde vino, de borrar toda huella que hubiera de los estudiantes. Y a partir de ahí vienen la segunda agresión y la cacería”. 17:59. Salida de Ayotzinapa La tarde del 26 de septiembre de 2014, Fernando Marín se encontró en las canchas de la escuela a su amigo Bernardo Flores Alcaraz, Cochiloco, quien lo invitó a ir a un “boteo” y por unos camiones para acudir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. Desde que salieron de la escuela en los autobuses Estrella de Oro números 1568 y 1531, todos los niveles de gobierno fueron notificados por el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo, según la tarjeta informativa 02370 de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. La maquinaria del Estado se echó a andar. El autobús 1531 paró en la comunidad Rancho del Cura, y el 1568, donde iban Carrillas y Cochiloco, continuó hasta la caseta Iguala-Puente de Ixtla. Ahí llegaron patrullas de la PF y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y también una motocicleta roja con un tripulante. El coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería, reveló ante la Procuraduría General de la República (PGR) que hay un grupo –el Órgano de Búsqueda de Información– cuyos integrantes visten de civil (Proceso 2027). Dijo que esa noche mandó uno a la caseta. Cuando Carrillas vio las patrullas pensó que ya no iban a conseguir más camiones. Estaban a punto de darse por vencidos y regresar a Ayotzinapa, cuando recibieron la llamada de los estudiantes del autobús 1531 para avisar que algunos compañeros estaban atrapados en la central camionera.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2029, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO. AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ/ STEVE FISHER.
Los males cardiovasculares son la tercera causa de muerte en el país. Pese a que telmisartán y glargina están en el cuadro básico, se dejan de comprar: presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos. Consecuencias: habrá más amputaciones y daños visuales.
Xochitepec, Mor. En México las medicinas se dan con base en la existencia; con lo que hay, que no siempre es lo mejor, y menos cuando las autoridades deciden dejar de comprar productos fundamentales para el control de enfermedades como diabetes e hipertensión arterial. Eso pasó en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde los médicos ya no recetan insulina glargina y telmisartán, a pesar de que son los más importantes y efectivos, afirmó José Manuel Enciso Muñoz, presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. El especialista participó en el seminario Ferrer, con el corazón abierto a la prevención, donde Enrique Gómez Álvarez, jefe de la división de cardiocirugía del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), advirtió que entre los países de América Latina, México reporta el mayor crecimiento de enfermedades cardiovasculares. Al año ocurren alrededor de 300 mil infartos, de los cuales 30 por ciento deriva en muerte antes de que el afectado llegue al hospital y 14 por ciento durante el internamiento. Males asociados Los males cardiovasculares representan una tercera parte de la mortalidad a nivel nacional, y se prevé que para 2050 sean 50 por ciento. La mayoría de los enfermos de diabetes fallece por alguna afección del corazón y/o de los vasos sanguíneos. Por eso es relevante que cuenten con los mejores fármacos como el telmisartán, para el control de la hipertensión arterial que la mayoría también padece y es el principal factor de riesgo para un infarto agudo al miocardio, dijo Enciso Muñoz.
Reconoció que existen otras opciones, pero esta es mejor y ya es parte del cuadro institucional del Seguro Social. No se comprende una visión de contención del gasto a costa de la calidad de la atención, comentó. Respecto de la insulina, dijo que todos los enfermos de diabetes que siguen este tratamiento requieren la de tipo glargina, que ha demostrado efectividad para prevenir complicaciones a mediano y largo plazos. La decisión de no surtir este fármaco tendrá como consecuencia más enfermos de falla renal, amputaciones y pérdida de la vista por neuropatía diabética, sostuvo. De por sí existen deficiencias en la prevención y control de las enfermedades cardiovasculares. En México 30 por ciento de la población vive con hipertensión arterial, pero sólo la mitad lo sabe y de quienes toman medicamentos únicamente entre tres y cuatro por ciento tiene control del padecimiento, dijo Enciso. Además, ser hipertenso aumenta 1.5 veces el riesgo de sufrir un infarto al miocardio o en el cerebro. El otro mal que provoca este tipo de complicaciones cardiovasculares es la diabetes. Según las cifras oficiales, 9 por ciento de la población tiene esta alteración metabólica, con lo que aumenta en 1.8 veces el riesgo de una complicación cardiovascular. El problema es que el control efectivo de la diabetes, medido por el nivel de hemoglobina glucosilada, sólo lo alcanza 5.4 por ciento de los enfermos, señaló Enciso Muñoz con base en datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Los individuos que viven con diabetes e hipertensión arterial y que adicionalmente tienen elevados niveles de colesterol multiplican 6.2 veces su probabilidad de un evento cardiovascular, advirtió el médico.
Este es otro de los asuntos pendientes para el sistema nacional de salud, lo que incluye la atención médica integral que requieren los individuos que ya han sufrido un infarto y deben prevenir un segundo evento que les puede costar la vida. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ.
México, DF. En el último día de actividades del Congreso Nacional del PRD, el grito de ¡justicia! se escuchó en el domo del deportivo Plan Sexenal en donde por unanimidad se aprobó un resolutivo especial sobre el caso Iguala en el que se determinó llamar a cuentas a “los dirigentes del partido” que promovieron la afiliación de José Luis Abarca y que lo llevaron a ocupar la alcaldía de Iguala. Sin embargo, dicho resolutivo excluyó la propuesta inicial de que se investigara directamente a integrantes de Nueva Izquierda y de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), como responsables de haber llevado al poder al ex munícipe acusado de estar involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También exigieron que el presidente Enrique Peña reabra el caso relacionado con los hechos de la desaparición de los normalistas. Previo a la votación se demandó que se incluyera la exigencia de que el partido pugne para que se someta “a juicio político al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam”, a quien también responsabilizaron de ocultar información respecto al número de autobuses que estuvieron involucrados en los hechos de septiembre del año pasado.
Propusieron la creación de una fiscalía especializada para que se vuelva a llevar a cabo la investigación del caso de los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos. Demandaron a la dirigencia del PRD en Guerrero se “acerque a los padres de familia de los normalistas “. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: MATILDE PÉREZ/ ALMA MUÑOZ
A casi un año del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, las autoridades finalmente detuvieron en Taxco al Cabo Gil, presuntamente implicado en los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. En su captura no hubo gran despliegue de fuerza, no hubo violencia, no hubo disparos, lo que hace pensar a algunos analistas que se trató de una entrega pactada; sobre todo porque él mismo ya había ofrecido entregarse una vez que estuviera capturada la mayor parte de su banda criminal.
TAXCO, Gro: La captura de Gildardo López Astudillo, El Gil o El Cabo Gil, acusado de ser lugarteniente del grupo criminal Guerreros Unidos y principal implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sacudió al empresario Federico Figueroa y a la clase política, así como a mandos militares y jefes policiacos que constantemente han sido vinculados con la delincuencia organizada que opera impunemente en el norte de Guerrero. El jueves 17, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, anunció que un día antes la Policía Federal y agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional habían atrapado al Gil, quien se escondía en un inmueble del exclusivo fraccionamiento Lomas de Taxco. El lugar se ubica sobre el cerro donde está el emblemático hotel Monte Taxco. Ahí, en villas de estilo colonial, habitan políticos locales como el delegado federal de Economía y exalcalde taxqueño Álvaro Burgos, además de empresarios. La operación se destacó porque no se utilizó violencia, lo cual, según fuentes oficiales consultadas por Proceso, puede considerarse una “entrega pactada”. Incluso la acción pasó inadvertida para la mayoría de los pobladores y turistas de la ciudad. Consultados al respecto el jueves 17 y el viernes 18, vecinos de la zona sólo dieron cuenta de un despliegue inusual de tropas del Ejército y la Marina en la avenida de Los Plateros y un retén a la altura del punto conocido como La Bonanza, en la salida oriental de la ciudad, hacia el estado de Morelos. No obstante, vecinos de Lomas de Taxco consultados por el corresponsal describen con reserva un operativo de oficiales encubiertos que cercaron una casa en las faldas del cerro y se retiraron sin violencia a bordo de vehículos particulares, escoltados por patrullas de la Policía Federal (PF).
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2029, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Convencido de que México padece una crisis de derechos humanos, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, explica en entrevista que el gobierno mexicano no debe sentirse atacado con las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Para él, las estructuras de procuración de justicia deben aprovechar sus recomendaciones para ofrecer resultados sólidos en el caso Ayotzinapa y cambiar la forma de investigar los miles de casos pendientes u olvidados, en muchos de los cuales ha existido una “injerencia muy crítica” de autoridades de los tres niveles de gobierno.
MÉXICO, D.F: Pocos días antes de que visite México el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, advierte que las estructuras de justicia no han respondido al desafío de la crisis que el país enfrenta en esa materia. Reconoce que el crimen organizado es una amenaza para el Estado mexicano y muestra su preocupación por que autoridades de los tres niveles de gobierno estén involucradas en casos de desaparición forzada, como puede ser el caso de Ayotzinapa. Además, reitera el apoyo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que en su reciente informe señaló que los estudiantes podrían no haber sido incinerados en el basurero de Cocula, como lo determinó la Procuraduría General de la República (PGR) a principios de año. Respecto de la petición del GIEI de entrevistar a los integrantes del 27 Batallón, instalado en Iguala y que supieron del ataque a los 43 normalistas en septiembre de 2014, manifiesta: “Ojalá se pueda resolver”. Para Álvarez Icaza, la investigación de GIEI es sólida y seria. En respuesta a la descalificación de la misma por “agoreros oficiosos”, dice que lo mejor es poner atención a las recomendaciones de seguir investigando el caso, que ya es emblemático para la justicia en México. “No es la intención del grupo generar una condición de amenaza o de ataque, o de desprestigio a institución alguna. El objetivo es hacer un análisis de cómo se investiga y emitir recomendaciones. “Hay, ciertamente, un debate a partir de que la versión oficial es cuestionada, igual que la manera de investigar, y eso obviamente abrió un debate de cómo se investiga en México. Pero la intención de la comisión y del grupo de expertos no es generar un ataque al gobierno o a las instituciones, sino contribuir a la búsqueda de la justicia y tratar de generar una explicación de qué paso con los muchachos desaparecidos. “Hay un tema crítico de justicia para los padres, para las víctimas. Las otras lecturas, de que hay ataques, de que son derrotas o triunfos, no forman parte de la agenda de la CIDH ni del grupo de expertos”, precisa. –¿Se descartan las opiniones de que hay ataques a la soberanía mexicana? –Esa no es la agenda, es todo lo contrario. La CIDH interviene en estricto uso de la soberanía mexicana, es decir, el principio y fundamento de un organismo internacional es que hay un país libre y soberano que determina que esos instrumentos internacionales forman parte de su ley, en su práctica jurídica.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2029, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
Mientras en España la constructora OHL se hunde por escándalos de sobornos y adjudicación amañada de obras públicas, en el Estado de México está implicada en diversos pleitos relacionados con el Circuito Exterior Mexiquense, obra que ejecutó gracias a la ayuda de las autoridades de esa entidad. Hoy, la compañía está inmersa en varios litigios, uno de ellos con la empresa Infraiber, y sus problemas financieros se incrementan. Pero tiene un aliado en Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, quien le permite endeudarse a cargo de la concesión de esa obra carretera.
MÉXICO, D.F: Desde su origen, el Circuito Exterior Mexiquense (CEM), concesionado a la constructora española Obrasocón, Huerte Lain (OHL), presidida por Juan Villar Mir, está sellado por la corrupción. La obra de 110 kilómetros representa el 50% de los ingresos de la empresa en el país y fue proyectada por la consultora trasnacional Cal y Mayor y Asociados. De acuerdo con el documento Sistema carretero de oriente, desde mayo de 2002 –un año antes de que se otorgara la licitación–, el gobierno del Estado de México y la firma española financiaron un estudio a la medida de los intereses de ésta para la construcción, operación y explotación del sistema carretero del oriente de la zona metropolitana de la Ciudad de México. “Debido a la importancia de este sistema carretero, el SASCAEM (Sistema de Autopistas, Servicios Conexos y Aeropuertos del Estado de México) y OHL decidieron realizar un estudio profundo de la demanda de dicho sistema y un pronóstico de aforos e ingresos confiable y se lo encargaron a Cal y Mayor y Asociados, SC”, indica el estudio realizado por la consultora. Confirma también que el gran negocio de esa autopista es el aforo de 140 mil vehículos que entran y/o salen del área metropolitana de la Ciudad de México, siempre y cuando las cuotas de peaje tengan un incremento constante y por arriba del promedio de inflación anual. “En el mes de mayo de 2002 se iniciaron los estudios de campo”, destaca el análisis, que incluyó más de 43 mil encuestas, así como estudios de velocidad y tiempos recorridos (más de 250 kilómetros en red), aforos manuales y direccionales, y aforos automáticos en 10 de los 13 puntos. El proyecto consistía “en la construcción de una autopista con acceso controlado y de altas especificaciones técnicas, en una longitud de 150 kilómetros que incluyen 16 entronques. El trazo de la autopista se encuentra en la zona conocida como Valle de Cuatitlán-Texcoco”. Conectaría, según el estudio, a 22 municipios del Estado de México, “los cuales contienen el 41% de los habitantes del Área Metropolitana de la Ciudad de México”, entre ellos Ecatepec, Ciudad Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Coacalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco, los más poblados del país Gabriel Núñez, director general económico-financiero de OHL-Concesiones, admitió en otro documento interno de la compañía española que el CEM lo planearon las autoridades mexiquenses para beneficiar a la trasnacional de Villar Mir. “En el año 2002, la administración pública detectó la necesidad de crear un segundo cinturón al exterior al Circuito Interior que ya tenía construido y, por supuesto, no tenía recursos suficientes para construir, sin siquiera analizar su viabilidad económica y técnica. Eso lo hizo OHL con sus propios recursos”, expuso Núñez. Incluso presumió: “Después de año y medio de trabajo conjunto con la administración y financiado por OHL, se sacó a licitación pública el proyecto y se adjudicó en el año 2003. “Fue una mezcla de financiación privada y préstamo bancario. Por dentro de lo que sería la financiación bancaria, participaba una institución pública que también tiene entre sus objetos participar en proyectos públicos-privados y no desde un esquema de subvención, sino desde un esquema de recuperación del capital, pero sí de apoyo a lo que es la financiación privada”, explicó el responsable de OH-Concesiones en esa época. Los gobiernos de Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila no han dejado de beneficiar a OHL, sobre todo en el CEM, aun a costa de la discrecionalidad y la afectación para millones de automovilistas que transitan por esa arteria.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2029, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL.
La PGR informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos de la dependencia acudieron a un departamento ubicado en Campos Elíseos, colonia Polanco, y cumplimentaron una orden de cateo otorgada por un juez penal federal especializado en la materia.
La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró diversos artefactos electrónicos, teléfonos y equipo de cómputo que presuntamente eran utilizados para intervenir comunicaciones privadas sin mandato de un juez. La PGR informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos de la dependencia acudieron a un departamento ubicado en Campos Elíseos, colonia Polanco, y cumplimentaron una orden de cateo otorgada por un juez penal federal especializado en la materia. A través de un comunicado la dependencia detalló el aseguramiento de un dispositivo electrónico con audífonos y puntas de conexión, 21 discos flexibles de 3 ½ pulgadas, 442 discos compactos de diferentes marcas y capacidades. Así como dos discos duros internos, 10 equipos de cómputo portátiles, cuatro computadoras de escritorio, dos grabadoras de audio y video, así como cinco teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos. También fueron encontrados siete equipos de radio comunicación, tres CPU, cinco discos duros, tres equipos de cómputo todo en uno, siete Tablets, un adaptador de memoria Micro SD, dos cámaras digitales, 43 memorias USB y un dispositivo móvil de alta tecnología.
Los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien integra la averiguación previa correspondiente contra quien o quienes resulten responsables. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
Tras las acusaciones en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el asesinato de periodistas, el delegado de la Secretaría de Gobernación en ese estado señaló que existen “intenciones perversas” para desanimar o para “alentar a la sociedad en contra de la autoridad”.
Tras las acusaciones en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el asesinato de periodistas y agresiones contra trabajadores de medios de comunicación, el delegado de la Secretaria de Gobernación (Segob) en ese estado, Alfonso Neri Ávila, consideró que existen “intenciones perversas” para desanimar o para “alentar a la sociedad en contra de la autoridad”. Ante la declaración hecha por el gobernador Javier Duarte de que a los periodistas en Veracruz mayormente los ha asesinado el narco, el funcionario federal expresó que “en este caso en particular el gobierno del estado ha sido señalado muchas veces o cuestionado con la intención de crear desaliento o desanimo o de inclusive descalificar al gobierno del estado”. Afirmó que “prácticamente, en dicho ámbito no es que haya una acción de políticos, de venganza, de revancha de políticos contra periodistas”. Lo que ha ocurrido, prosiguió, es “que se han presentado casos —como se ha comprobado— que tienen que ver con otro tipo de asuntos, con personas que se dedican a actividades ilícitas y que obviamente que en el conjunto que tienen se presentan estos desenlaces fatales o tristes”. Ante esto puntualizó que por lo mismo estos crímenes “tampoco son imputables a que la autoridad los esté promoviendo”. Desde su punto de vista lo que hay son “intenciones perversas en un momento dado para desanimar o alentar a la sociedad en contra de la autoridad, en este caso”. Dijo que hay “que estar muy atentos y poder checar las versiones de todas las partes, para no llegar a conclusiones ni juzgar a nadie previamente”. En otro orden, ante el incidente en que se le atribuyó a Eduardo López Trujillo, sacerdote de Atlahuilco, en la sierra de Zongolica, un llamado para incluso incinerar a los delincuentes ante la inactividad de las policías veracruzanas, rechazó que en el estado existan “focos rojos” de violencia.
Desde el año 2000, 15 periodistas han sido asesinados en Veracruz. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: SANDRA ISABEL JIMÉNEZ MATEOS.
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social denunció que las recomendaciones hechas por la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a las autoridades capitalinas respecto a los abusos policiales cometidos durante diversas manifestaciones, ponen en evidencia el aumento en la represión y el patrón de actuación de poderes judiciales en la Ciudad de México. Además de que demuestran que delitos como “ataques a la paz pública” y “ultraje” “son únicamente utilizados para criminalizar a manifestantes”. Sin embargo, dijo, son “limitadas” ante la criminalización de la protesta. El pasado martes, la CDHDF emitió tres recomendaciones relacionadas con las diversas violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de jóvenes en el marco de las marchas realizadas el 10 de junio y el 2 de octubre de 2013, así como el 22 de abril de 2014 en la Ciudad de México. Hoy, en un comunicado de las organizaciones que integran el Frente por la Libertad de Expresión, entre ellas Artículo 19, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT), advirtieron que las recomendaciones hechas por la CDHDF demuestran “el aumento en la represión y el patrón de actuación de las autoridades, tanto de Seguridad Pública como de Procuración de Justicia, en el Distrito Federal”. Que en los últimos años, recuerda, ha consistido en detenciones ilegales y arbitrarias, uso indebido y desproporcionado de la fuerza, tratos crueles inhumanos o degradantes e incluso tortura a personas detenidas y la obstaculización al derecho a documentar y defender derechos humanos en manifestaciones públicas, que “han afectado las libertades democráticas” en la Ciudad de México. Aunado a que, “de manera discriminatoria, la represión se ha dirigido selectivamente a personas jóvenes que ejercen su derecho a la protesta”. El Frente destaca que esta recomendación “evidencia que delitos como ‘ataques a la paz pública’ y ‘ultrajes’ son únicamente utilizados para criminalizar a manifestantes, con la connivencia del Poder Judicial del Distrito Federal”. “Desde el Frente estamos en consonancia con la exigencia de la CDHDF de derogar estos tipos penales”, agregó. Las organizaciones sostuvieron que es preocupante que existiendo evidencia sobre un número mayor de víctimas, sobre todo en la movilización del 2 de octubre de 2013, de casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias, “no hayan sido tomados en la recomendación correspondiente”. “Asimismo, a pesar de que un grupo de observadores de derechos humanos claramente identificados fue agredido por policías y que esto fue documentado por la CDHDF, no se consideró violado el derecho fundamental a la defensa de derechos”, agregaron. El documento destaca además, que no se observa una línea de continuidad respecto a la recomendación 7/2013 que corresponde a las violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto de las manifestaciones del 1 de diciembre de 2012. “En efecto, hacen falta puntos recomendatorios emitidos el 10 de abril de 2013 por la CDHDF que guardan relación con el patrón de violaciones documentado en protestas llevadas a cabo durante 2013 y 2014”, agrega. En este contexto, el Frente hace “un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y la Asamblea Legislativa, todas del Distrito Federal, a que acepten y cumplan las recomendaciones y establezcan las garantías necesarias de no repetición, a fin de recuperar las condiciones democráticas y las expresiones de disenso en la Ciudad de México, haciendo del espacio público un campo de participación y expresión política de la ciudadanía”. En el mismo sentido, agrega, “resulta necesario que la CDHDF cumpla integralmente con su papel de garante de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan por el Distrito Federal siendo diligente y proactiva en el seguimiento de estas recomendaciones, así como aquellas emitidas con anterioridad, mismas que dan cuenta del patrón de violaciones al derecho a la protesta social. Sólo así será un contrapeso efectivo a favor de la vigencia de los derechos de las personas en la capital del país”. “Sin protesta no hay democracia”, finaliza. La CDHDF documentó en las movilizaciones del 10 de junio y 2 de octubre de 2013, así como 22 de abril de 2014, abusos contra personas que nada tenían que ver con acciones de violencia, “sólo pasaban por ahí o ejercían su derecho de manifestación”, detalló la Ombudsman nacional Perla Gómez Gallardo, el pasado lunes. Subrayó que cuando se detenga a personas que efectivamente hayan cometido algún delito, será respetuosa pero insistirá en que los procedimientos se ajusten a la ley y se respeten los derechos humanos de los aprehendidos. Gómez Gallardo precisó que las recomendaciones 9/2015, 10/2015 y 11/2015 presentadas este lunes, “acreditaron violaciones al derecho de manifestación, en relación con la libertad de expresión y el derecho de reunión, así como al derecho a la libertad personal y al debido proceso”, entre otros rubros. De ahí que se recomendó a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), revisar los Protocolos de Actuación Policial para el Control de Multitudes y para la Detención de Probables Responsables en el Sistema Penal Acusatorio. Asimismo planteó que se realice la reforma policial (cuyo antecedente se encuentra en la Recomendación 7/2013) y recomendó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que destine la partida presupuestal correspondiente. Propuso también la reparación del daño, que incluya el pago de indemnizaciones tanto de la Policía como del Poder Judicial local, así como el inicio de procedimientos de responsabilidad a funcionarios que hayan actuado indebidamente en estos casos. Como parte de la integración de las recomendaciones, detectó un posible abuso en el uso del tipo penal denominado “Ultrajes a la autoridad”, que consideró “ambiguo y abierto, carece de certeza sobre los elementos de la conducta punible y genera inseguridad jurídica”.
En ese sentido instó a la Asamblea Legislativa a que lo derogue, al igual que el tipo penal de “Ataques a la paz pública” contemplados en los artículos 287 y 362 del Código Penal del Distrito Federal, “por los alcances y empleo que se les han dado”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/18-09-2015/1491355.
En el caso OHL cada vez hay más preguntas que respuestas. Durante cinco meses, audios filtrados en YouTube han revelado una red de complicidad entre directivos de la empresa española con funcionarios de los gobiernos del Estado de México y del federal, cada vez de un rango más alto que el anterior. Desde mayo pasado que aparecieron las primeras grabaciones, poco se ha dicho de las auditorias anunciadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del Gobierno del Estado de México, sin embargo las obras de la empresa continúan pese a que la compañía y los implicados tienen acusaciones de corrupción y conflicto de interés, lo que hace ver que poco interesa resolver el caso y sancionar a quienes haya cometido algún delito como el caso de Apolinar Mena Vargas, el único funcionario público que había sido destituido a raíz de los audios que regresó hace unos días a la cartera pública para presidir la Secretaría Técnica del Gabinete de Eruviel Ávila Villegas. El ex titular de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México fue el primer funcionario público que se vio involucrado en actos de presunta corrupción con directivos de la filial mexicana de la empresa española Obrascón Huarte Lain (OHL). En los audios, se escucha la negociación para aumentar los precios del Viaducto Bicentenario y del pago de las vacaciones decembrinas de la familia de Mena. La conversación la tiene con Pablo Wallentin Crawford, y se advertía la presencia de José Andrés de Oteyza, director de Relaciones Públicas de la empresa y presidente de OHL México, respectivamente.
Después de las revelaciones él mismo presentó su renuncia, pero a cuatro meses de haberlo hecho (es decir, 16 semanas) volvió al Gobierno mexiquense donde ha estado desde hace 15 años en puestos relacionados con asuntos administrativos o de obra pública ya sea de la mano de Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila o cualquier gobernador priista en la entidad.
Apolinar Mena Vargas pasó en 2011 de la Coordinación de Gestión Gubernamental de la Secretaría de Finanzas con Peña Nieto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Eruviel. De acuerdo con su perfil publicado por la administración actual, antes era secretario del Consejo de Administración del Club Toluca. En el apartado de estudios dice que es maestro en Administración Pública.
Por su parte, los Estatutos del Instituto de Administración Pública del Estado de México A.C. del que se informa es miembro del Consejo Directivo hasta el 2016 señala:
Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), donde se graduó con Mención Honorífica. Especialista en Administración Estratégica de Organizaciones Públicas por la University of California, Berkeley (Estados Unidos). Maestro en Administración Pública por la UAEM. Candidato a Doctor en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior, por la Universidad Anáhuac. Desde 1984, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM. Autor de los libros: La magnitud y la integración de la Administración Pública del Estado de México y La Administración del Estado de México durante la Primera República Federal; y coautor de Estructura y dinámica del poder en el Estado de México. Ganador del Premio IAPEM 2002. También fue Director General de Organización y Documentación; Subsecretario de Desarrollo Social; Subsecretario de Educación Media Superior y Superior; y Coordinador de Gestión Gubernamental en el Gobierno del Estado de México.
Según la información de su curriculum, Mena Vargas habría pasado por al menos cinco gobernadores del Estado de México, desde Ignacio Pichardo Pagaza (1989-1993) hasta Eruviel Ávila, pasando por Emilio Chuayffet Chemor (1993-1995), César Camacho Quiroz (1995-1999), Arturo Montiel Rojas (1999-2005) y Enrique Peña Nieto (2005-2011). Aunque actualmente en el portal de la Secretaría Técnica del Gabinete mexiquense aún está el nombre de Indalecio Ríos Velázquez, quien en febrero pasado pidió licencia para aspirar a una Alcaldía en el municipio de Ecatepec, Mena ya aparece en el Directorio de Servidores Públicos con ese cargo. Desde ahí, asesorará directamente a Ávila Villegas, lo mantendrá informado del rumbo de sus compromisos de campaña, verificará la realización de los programas sociales, jerarquizará la agenda política, revisará las metas del Plan de Desarrollo del Estado que es en el que habitan el mayor número de pobres del país, entre otras tareas.
EL ADIÓS Y HASTA PRONTO Apenas en febrero de 2015, Apolinar Mena había impulsado desde la Secretaría de Comunicaciones, una serie de modificaciones al Código Administrativo del Estado, en el apartado de las concesiones de autopistas estatales, con lo que se le permitía a la empresa extender la concesión de las vías a pesar de que se haya recuperado lo invertido en el proyecto. El ahora Secretario Técnico del Gobierno de Eruviel lo calificó como un “incentivo” a los proyectos. Durante el último año de su administración, presumió una inversión de alrededor de 5 mil millones de pesos en autopistas, carreteras y transporte. También anunciaba los avances de la carretera Toluca-Naucalpan, construida por Constructora Teya, filial de Grupo Higa, e inició las gestiones para la liberación del espacio por el que sería construido el Tren Interurbano México-Toluca, en el que tiene participación OHL y Constructora Hermes, relacionada con Carlos Hank Ron.
Aseguró que nada detendría la construcción de la autopista, ni que se cambiaría su ruta, a pesar de la resistencia de diferentes comunidades. De acuerdo con prensa local, las palabras de Mena fueron: “el trazo ya está perfectamente definido, los temas de derecho de liberación de vía están en este momento al 98 por ciento ya concluidos”.
Pero los audios fueron el detonante de su función. De acuerdo con la grabación, Wallentin acordó reembolsar el pago de 124 mil pesos, que Mena Vargas hizo por una suite con dos cuartos en el hotel Fairmont Mayakoba, ubicado en la Riviera Maya, Quintana Roo. –Necesito una habitación porque vamos a estar muy apretados ahí–, le dice Mena a Wallentin en el audio. –El lunes tú tienes una suite con dos cuartos en donde puedan quedarse cinco personas. Yo te lo reservo, yo te lo reservo–, respondió el directivo de OHL; añadió que le depositaría el dinero en su cuenta, sin preguntar por el número de esta. El 7 de mayo, día de la publicación de los audios, según la información de medios locales, Mena en conferencia de prensa, respondió: “Recurrí al señor Pablo Wallentin como directivo de OHL, para que me apoyara en que el hotel Fairmont, que es propiedad de esa misma empresa, y no me obligara a contratar un paquete de estancia por más días de los que yo necesitaba”. Sin embargo, diez días después, Eruviel Ávila Villegas anunció que Apolinar había renunciado y que además, la Secretaría de la Contraloría estatal le impuso una multa de 189 mil pesos, como un “resultado parcial” de la investigación sobre el fraude realizado con la concesión del Viaducto Bicentenario, una de las obras más importantes, costosas y cuestionadas del Estado de México. El costo de la inversión que el gobierno del Estado de México y la empresa realizaron para la construcción de esa autopista (proyecto que le fue otorgado en 2008 por el entonces Gobernador, Enrique Peña Nieto), fue de 10 mil 71 millones de pesos. Pero, de acuerdo con las grabaciones filtradas, la intención era elevar la cantidad a 12 mil millones de pesos. Meses después, y con audios que de manera constante son publicados, desde julio pasado, Mena Vargas reapareció en el primer círculo de Ávila Villegas. Según información de David Ordaz publicada en el diario Economía Hoy, el 80 por ciento de los colaboradores del gobernador estuvieron de acuerdo con su regreso. Al respecto, el pasado 13 de mayo Martín Moreno escribió en su columna en SinEmbargo, titulada “Apolinar: la corrupción mexiquense”:
“El encubrimiento. Solapar al compañero de partido. Tapar e ignorar corruptelas y abusos, es parte de la formación política de los priistas mexiquenses. Piedra angular de su sobrevivencia política. ¿Honestidad? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? No. Ni la honestidad ni la honradez son parte de los Montiel, Peña, Eruviel, Apolinar y compañía. Y esa ha sido una desgracia para México […] El Estado de México es uno de los estados donde la alternancia política, a nivel gubernatura, es letra muerta. Y ante la ausencia de democracia, florece la corrupción. Ayer, los Montiel. Hoy, los Apolinar Mena”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DANIELA BARRAGÁN. LINK: http://www.sinembargo.mx/18-09-2015/1488013.
Todos Santos, un tranquilo pueblo de Baja California Sur, cuya población se ha dedicado durante los últimos 20 años a la pesca, a la agricultura, y ahora al turismo, albergará un polémico desarrollo inmobiliario que se construye frente a la playa y que es financiado por el órgano de inversión estatal, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Además, una mina al aire libre podría comenzar a operar en la Sierra de la Laguna de la Biosfera, la fuente más importante de agua, de por sí escasa, en la zona que pondría a la región en riesgo de un mega desastre ambiental, que incluiría un derrame tóxico. En diciembre del 2013, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aprobó el proyecto turístico Playa Santos –ahora Tres Santos-, que será construido en las inmediaciones del Pueblo Mágico de Todos Santos, al sur del municipio de La Paz. El resolutivo emitido por la delegación de la Semarnat en esa entidad, otorga una autorización para su construcción con una vigencia de 25 hasta 50 años y será el primer desarrollo de gran magnitud realizado cerca del poblado. “Todos Santos se convertirá en un mega desarrollo que empresas éticamente turbias desean explotar”, dice un reportaje del portal estadounidense Counter Punch. El medio se refiere a ese comunidad como un pueblo enclavado en un oasis en la costa del Pacífico de Baja California Sur y que se ha convertido en un destino turístico muy popular.
“Pintoresco” y “virgen” son las palabras que utilizan la mayoría de los blogs de viajes al reseñar a Todos Santos, población que también es considerada una alternativa más tranquila a su vecino del sur, Cabo San Lucas.
“Consciente de la imagen que evoca a las personas socialmente responsables, que practican yoga y la meditación, imaginando siempre un mundo más equitativo, la atención plena se ha convertido en una palabra de moda que designa tanto a una preocupación para la salud individual, como para la conciencia de nuestro medio ambiente. Es difícil ver cómo este concepto puede ser controvertido. Pero el término también funciona como un eslogan astuto para vender bienes raíces en un nuevo desarrollo costero, cuestionable, en la península de Baja California”, dice Counter Punch, en un reportaje firmado por Viviane Mahieux.
Así se refiere el medio a la empresa de bienes raíces Mira Companies, la empresa que construirá en Todos Santos, ”enfocada en los activos residenciales en México”, tal como lo señala en su página web. “Con desarrollos financiados por Negro Creek Capital, una firma de bienes raíces con más de 15 años de experiencia y que cuenta con aproximadamente 1.8 millones de dólares de capital invertido en activos inmobiliarios industriales, comerciales y residenciales en México”, afirma la firma que encabeza el proyecto inmobiliario denominado Tres Santos.
La empresa tiene permisos para construir 4 mil 472 viviendas durante un lapso de 25 años, “lo que lleva a un estimado de crecimiento de la población indirecta de más de 60 mil nuevos residentes, un gran salto para una ciudad cuya población en el año 2010 era de justo por encima de 5 mil”, señala Counter Punch.
En total el proyecto contará con una zona habitacional de 58 hectáreas —11 mil cuartos administrados en 4 mil 500 casas y hoteles—, además de un área comercial y de servicio de 60 hectáreas. Tres Santos fue uno de los “tres proyectos eje” que en septiembre del 2014 presentaron la entonces Secretaria de Turismo federal, Claudia Ruiz Massieu Salinas, y el Director del Fonatur, Héctor Gómez Barraza, en un programa especial de desarrollo turístico enfocado a esa obra. Los otros dos fueron el denominado Parque Ecológico Oasis de Todos, que tendrá una inversión estimada de 77 millones de pesos, y consistirá en la construcción de un club de playa, una casa ecológica, un zoológico regional, un parque acuático, un club ecuestre, un centro tortuguero y un jardín botánico, edificado en una superficie de 46 hectáreas. El otro, con una superficie de siete hectáreas, será el Centro de las Artes de Todos Santos, que tendrá una inversión prevista por 50.3 millones de pesos. Constará de un museo de Baja California Sur, un teatro panorámico, un auditorio con sala de cine, un taller de danza y pintura, un salón de idiomas y una cafetería con librería.
EL CUESTIONABLE PROYECTO DE TRES SANTOS
En el desarrollo inmobiliario se edificará un hotel boutique frente a la playa, casas, un jardín comunitario orgánico, un sendero de libre acceso que une al pueblo con la playa, un restaurante “que destaca por ofrecer alimentos directos del huerto a la mesa”, supuesto acceso público a la playa, además del “Centro Universitario Todos Santos” de la Colorado State University (CSU). El proyecto se enmarca en el extremo sur de la ciudad de la Península de Baja California. El desarrollo de playa, ya en construcción, se encuentra ubicado en Punta Lobos, el único lugar protegido donde las cooperativas de pesca locales pueden acceder directamente a la playa con sus lanchas. La reciente depresión tropical Linda, una tormenta leve en comparación con el huracán Odile, ocurrido el año pasado y que causó estragos en Cabo San Lucas y gran parte de la Península de BC, ya ha causado las erosión de las playas e inundaciones graves en el desarrollo en construcción, afirma el medio estadounidense. “En la sección del jardín comunitario orgánico, previsto para establecerse en un parche seco de tierra en las afueras de la ciudad, al lado del cementerio local, y lejos de los campos agrícolas de la zona, ya se ha inaugurado el primer campus internacional de la Universidad Estatal de Colorado, proyectado para comenzar a operar este otoño”, dice el reportaje. “El establecimiento de un centro de investigación con una sólida formación en agricultura y el uso sostenible del agua en el estado más seco de México, ciertamente parece que vale la pena. Pero la comodidad del campus de Tres Santos y MIRA, la filial mexicana de Negro Creek capital, dirigido por el destacado magnate de bienes raíces Jim R. Mulvihill, quien encabeza el proyecto, han inquietado mucho a la comunidad de Todos Santos y a los estudiantes de la Universidad de Colorado”, señala Counter Punch. El medio estadounidense dice que el campus está supuestamente construido en un terreno donado, pero la Universidad no tiene la plena propiedad. El campus de la CSU es necesario para permitir a Tres Santos usar su nombre para fines de marketing, y se espera que mantenga abierto su centro de investigación durante la temporada alta de turismo. “La educación superior, al parecer, lo convierte en un gran lavado verde. Como uno de los corredores del proyecto en Todos Santos me dijo: ‘Otras novedades además de los campos de golf, estamos trayendo en un campus universitario’”, asegura Mahieux en su reportaje. “Un lugar perfecto para una vida consciente”, es el lema de Tres Santos, cuya oficina de ventas de Todos Santos promete “Bicicletas, Yoga e Info”, pero omite las referencias directas a la venta de viviendas que van desde los 233 mil al millón y medio de dólares. El formulario de información en línea dice: “Únete a nosotros. Sea parte del movimiento”. Con imágenes de niños rubios bronceados, aptos ciclistas, surfistas y yoguis, que se intercalan con fotografías de paisajes del desierto, playas solitarias y tierras de cultivo pintoresco.
“Sólo el pescador ocasional o un ranchero le recuerda que este ‘epicentro de bienestar’ está en México. Pero, ¿quién se beneficia de tal de estado consciente, y quién paga el costo?”, se pregunta Counter Punch. Hasta ahora nadie, dice el reportaje.
El desarrollo de Tres Santos ya ha arrasado con manglares en peligro de extinción, ha construido un depósito privado que contiene más agua de la que cuenta el resto de la ciudad, y el reportaje asegura que MIRA está solicitando permisos para construir otros 8 pozos privados.
“Dicho proyecto de lujo a gran escala sólo puede exacerbar la desigualdad y dar lugar a diversas formas de desplazamiento. La noción misma de un mega desarrollo consciente, como lo demuestra el proyecto de Tres Santos, es un oxímoron. Mientras tanto, los ciudadanos locales se están organizando para oponerse al proyecto. Quizás Tres Santos haga promoción de un sentido de comunidad, después de todo. Pero no uno que incluye a los habitantes de Todos Santos”, señala Mahieux.
Sin embargo, la empresa difiere. En su cuenta de Facebook, el desarrollo inmobiliario de Tres Santos afirma que lo que piensan los miembros de la comunidad de Todos Santos sobre el proyecto, es que será “positivo, bueno, beneficioso. sostenible, bienvenido”.
“Hemos trabajado duro para ganarnos la confianza y el apoyo de la gente de Todos Santos y seguiremos haciéndolo”, señala MIRA en una publicación hecha el mes pasado.
“Tres Santos pondrá al alcance de todos sus huéspedes, una amplia variedad de experiencias y actividades de entretenimiento, enfocadas en temas de gastronomía, agricultura, salud, bienestar, arte y educación, por medio de sus dos aldeas: Beach y Town Farm. A través del Tres Santos Hub será posible realizar actividades como ciclismo de montaña, yoga, clases de surf, disfrutando de una relación armoniosa con la naturaleza”, dice una nota de la prensa local, publicada en el portal BCSnoticias.
LA MINA AL AIRE LIBRE El pueblo fue fundado en 1733 con el establecimiento de la misión de Santa Rosa de Todos Santos. Una de las leyendas más difundidas de Todos Santos es la del Hotel California que supuestamente fue la inspiración del grupo Eagles para componer la mundialmente famosa canción que lleva su nombre, dice la revista especializada México Desconocido. Todos Santos es conocido por ser un lugar ideal para practicar el surf, comprar en sus galerías de arte, ir a sus festivales de cine y de música, además de que es el hogar de una creciente comunidad de residentes estadounidenses y europeos. En el año 2006, fue nombrado Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, una denominación destinada a garantizar el compromiso gubernamental con la sustentabilidad. Sin embargo, Todos Santos no está exento de problemas, dice el reportaje publicado por Counter Punch. La escasez de agua ha sido durante mucho tiempo una situación que agrava la transición de la agricultura hacia el turismo, sector económico que ha traído su parte de los males sociales. En fechas recientes, una mina a cielo abierto tiene planes para operar en la Sierra de la Laguna de la Biosfera, la fuente más importante de agua de la zona, lo que pondría a la región en riesgo de un desastre ambiental, sólo comparable al reciente derrame tóxico del río Animas, afirma el medio estadounidense. El derrame tóxico se originó la mina Gold King, agua contaminada que terminó llegando al río Animas, un afluente del Colorado, y convirtió gran parte de su cauce en agua color amarillo mostaza. Las autoridades ambientales de Estados Unidos aseguraron que el vertido fue de más de 10 millones de litros, que incluyen metales pesados como el plomo y el arsénico. Considerada una de las regiones más biodiversas de la península de Baja California, en la Sierra de la Laguna de la Biosfera se encuentran principalmente bosques de pino y encino alternando con otras poblaciones vegetales, entre las que se incluyen zonas semidesérticas y áreas menores con selvas bajas. El área se extiende en un amplio territorio que en su mayoría es una gran formación montañosa. Además, la región se encuentra poblada por una gran variedad de especies animales entre las que predominan los reptiles, las aves, con algunas especies endémicas y variados mamíferos menores.
Las filtraciones subterráneas que descienden de la Sierra La Laguna dan lugar a un oasis en medio de la desértica península. Así, en Todos Santos se cultivan mango, papaya, cítricos, caña de azúcar y aguacate, entre otros. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO. LINK: http://www.sinembargo.mx/18-09-2015/1490653.
GUADALAJARA, Jal: Lorena Arriaga, esposa del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, se disculpó con los diputados por el comentario que hizo durante una capacitación que el DIF estatal impartió a organismos municipales, el pasado lunes 14. “En lo personal yo no le entiendo mucho a la política, el político es mi esposo, y yo pues me pongo a sus órdenes como su amiga, no entiendo mucho de política. Si por mí fuera mataba a todos los diputados, los ahorcaba a los pobres, porque no sé si ahí haya uno bueno, pero yo creo que sí hay, como en todo, uno bueno… Y muchos malos, pero esas cosas no me importan y no me interesan”, soltó ese día. En el audio que se difundió a través de las redes sociales, la esposa del gobernador remató así su comentario: “Lo que tenemos muy claro es que tenemos que trabajar por el bienestar de los niños de Jalisco”. Las críticas a la presidenta del DIF surgieron de inmediato y a Lorena Arriaga no le quedó más que ofrecer una disculpa a los legisladores. “El comentario, más allá del tono lúdico, es inadecuado, así lo entiendo, y extiendo una sincera disculpa a los legisladores. Mi intención, ustedes así pueden apreciarlo, de ninguna manera fue la de ofenderlos”, puntualizó. Agregó: “Como lo dije en aquel momento, no soy política, mi vocación es profesional y técnica. Con este incidente ya puede quedarles más claro, efectivamente, que lo político no es mi fuerte”. Arriaga insistió: “Lamento lo desafortunado de mis dichos, envío un caluroso saludos a los legisladores, ratifico mi respeto como ciudadana y presidenta del sistema DIF Jalisco a la institución que representan. Reconozco en especial a aquellas diputadas y diputados locales y federales que se han sumado a esta noble labor de trabajar por los niños y niñas de Jalisco y del país”.
Finalmente, aseguró que el DIF continuará apoyando los sistemas municipales para trabajar por el bienestar de la familia. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MONTERREY, N.L: El gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, lanzó una consulta abierta a la ciudadanía para elegir el gabinete con el que iniciará su mandato, el próximo 4 de octubre. En la página www.nuevoleonparticipa.com, “El Bronco” presentó la “consulta a la raza” mediante la que pretende apegarse a la propuesta inicial de la campaña de transparentar sus decisiones como mandatario. Son 85 nombres los que Rodríguez enlista para que ocupen alguna de las áreas incluidas entre las 13 que conforman su gabinete ciudadano: Secretaría de Gobierno, Finanzas y Tesorería, Procuraduría de Justicia, Desarrollo Económico, Educación. También en Trabajo, Desarrollo Social y DIF, Obras Públicas, Salud, Agua y Drenaje, Contraloría, desarrollo Sustentable y Fiscalía Anticorrupción. Dentro de cada una de estas divisiones hay otras que conforman organismos descentralizados. En la baraja presentada por “El Bronco” figuran nombres de especialistas, empresarios, académicos y algunos exfuncionarios federales, estatales, municipales, así como reconocidos políticos de la localidad. Entre las propuestas para la Fiscalía Anticorrupción se encuentra la de María de los Ángeles Fromow, extitular de la Fiscalía especializada en Atención a Delitos Electorales, así como el abogado José Enrique González. Este último también es propuesto para la Procuraduría General de Justicia, junto con Salvador Benítez, Javier Luis Navarro y Roberto Flores, quien ha sonado recientemente como el elegido por el mandatario electo. Al lanzar su propuesta en su página de Facebook, pidió retroalimentación a la ciudadanía para conocer opiniones sobre los nombres presentados: “Quiubole raza, andamos chambeando para generar mejores oportunidades para Nuevo León y sus ciudadanos, quiero que conozcan quienes podrían formar parte de nuestro equipo de Gobierno. Háganme llegar sus comentarios ahí mismo en la página, yo los voy a leer personalmente. A seguir jalando que se ocupa”.
Rodríguez mencionó que la lista no está completa y que en los próximos días, antes de iniciar el mandato, dará a conocer los nombres del gabinete consolidado. FUENTE: PROCESO. AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
El representante indio del pueblo Tsleil-Waututh en Canadá, Rueben George, manifestó su apoyo a los mexicanos que han sido víctimas de represión del gobierno mexicano y especialmente en el caso de los normalistas de Ayotzinapa. Durante una conferencia en inglés, habló sobre los valores culturales de la defensa de su territorio. "Yo estoy aquí para solidarizarme con la gente de México", dijo George.
Consideran expertos como un acierto obligar a que la empresa retransmita su señal de manera gratuita.
El experto en materia de telecomunicaciones, Gabriel Sosa Plata, afirmó que es positiva la decisión tomada por un tribunal sobre cesar el amparo interpuesto por Televisa para evadir su obligación de permitir la retransmisión de su señal de manera gratuita, conocido como ‘Must Carry’. “La retransmisión de contenidos de televisión abierta en televisión de paga buscó una competencia más justa y lo que hizo el tribunal especializado fue confirmarlo, más allá de los argumentos que defendió la televisora en derechos autorales”, dijo el académico de la UAM. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió este jueves cesar un amparo promovido por empresas filiales de Televisa con el que buscaba evadir su obligación de permitir la retransmisión de su señal de manera gratuita.
En tanto, Gerardo Soria, presidente del Instituto de Derecho en Telecomunicaciones señaló que esto sienta un precedente para la resolución que tiene que tomar la autoridad en torno a la concentración entre Telmex y Dish. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
