Peña Nieto había promulgado la Ley de Víctimas superando el estancamiento que venía del sexenio de Felipe Calderón; Murillo anunciaba la eliminación del arraigo y un nuevo mecanismo de búsqueda de desaparecidos, para lo cual se nombró subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, al veterano panista Ricardo García Cervantes.
Esperanzados en el nuevo discurso, a la cita con Murillo y García Cervantes acudieron Elvira Martínez, viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz; Trinidad Cantú, madre del trabajador Raúl Villasana; además, estaba la defensora de derechos humanos Cristina Auerbach; el sacerdote Carlos Rodríguez, así como los abogados Manuel Fuentes Muñiz y Rodrigo Olvera Briseño.
A tres años de distancia, la “decisión presidencial” fracasó. Las causas que produjeron la muerte de 65 trabajadores en la mina Pasta de Conchos seguirán siendo una incógnita. El compromiso para el esclarecimiento quedó en un carpetazo por prescripción de delitos que dejan en la impunidad a quienes tuvieron responsabilidad en la tragedia minera de 2006.
Y es que la Procuraduría General de la República (PGR) se declaró incompetente para continuar con la indagatoria abierta el 13 noviembre de 2013, luego de que la serie de acciones previas del gobierno de Coahuila, del sindicato minero, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de otras instancias gubernamentales, junto con las trabas que pusieron jueces federales, resultó en que la denuncia por desaparición con la que se intentó abordar el caso no podía desahogarse. La incompetencia se declaró el pasado 1 de septiembre.
Para determinar que no podía investigarse en la mina siniestrada, la PGR y la justicia federal dieron por válido un peritaje realizado por Daniel Wooton, un supuesto perito estadunidense contratado por la empresa propietaria de la mina, y por lo tanto no independiente, cuya conclusión fue legitimada por la Procuraduría General de Justicia de Coahuila en 2007.
La madrugada del 19 de febrero de 2006, un siniestro provocó que 65 trabajadores carboneros quedaran atrapados en la mina Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México, una subsidiaria del Grupo México, el emporio ferro-minero de Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más acaudalado del país.
En los días que siguieron al accidente, Grupo México informó que, debido a las altas temperaturas generadas por una explosión, no había posibilidades de que los trabajadores estuvieran con vida, e inclusive Protección Civil y la Secretaría de Salud del estado aseguraron que era imposible encontrar restos, si acaso habría cenizas, con una explicación similar a la que se dio en la “verdad histórica” por el caso Ayotzinapa y la incineración en el basurero de Cocula.
No obstante, la empresa se comprometió a sacar los restos humanos de la mina para darles sepultura, sin que la PGR ni las autoridades de Coahuila asumieran la investigación en el lugar de los hechos, esto es, la escena del crimen quedó a cargo de los posibles perpetradores. Durante el tiempo que duró el “rescate”, sólo dos cuerpos fueron localizados. Las necropsias revelaron que no murieron calcinados, como decían la empresa y el gobierno, sino por asfixia. Entonces, todo se encaminó en los meses siguientes a cerrar la estructura y a impedir por todos los medios que alguien la investigara.
En marzo de 2007, Grupo México anunció la suspensión de los trabajos con base en un estudio conocido como “Informe Wooton” –llamado así por el mencionado estadunidense–, que entre otros aspectos decía que si continuaban, podían desatarse epidemias regionales de salmonela, sida y tuberculosis.
Los deudos de los mineros y defensores de derechos humanos que los apoyaban, consideraron que esa justificación era absurda, luego de consultar a científicos que descalificaron ese tipo de contagios. No obstante, la STPS dio por buena la información. Por la presión de los deudos, se instruyó un nuevo estudio del Foro Científico y Tecnológico, que el entonces titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, interpretó a modo para evitar a toda costa que hubiera trabajos en el lugar, cancelando así la posibilidad de recuperar los restos humanos y resolver lo que originó el siniestro durante todo el sexenio de Felipe Calderón.
La declaratoria de incompetencia de la PGR en el caso Pasta de Conchos:
Desaparecidos no, muertos
A un mes de iniciado el gobierno de Peña Nieto, el entonces subprocurador de Derechos Humanos, Ricardo García Cervantes, anunció que buscaría la forma de reabrir el caso Pasta de Conchos. Lo hizo en una entrevista publicada en la edición de la revista Proceso 1888, del 5 de enero de 2013.
Fue hasta 11 meses después, el 13 de noviembre, cuando se abrió una averiguación previa, la AP/PGR/SDHPDSC/UEBPD/M14/136/2013 (la copia de la conclusión la tiene Apro), a través de la agencia Ministerio Público federal, mesa cinco, de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, creada en 2013 por García Cervantes.
La razón para que fuera así es porque la PGR consideró que al no haber encontrado 63 cuerpos, podía intentar el rescate de los restos mediante los instrumentos legales para la figura de desaparición. El tema era jurídicamente complejo, pues en Coahuila se habían emitido actas de defunción que el gobierno de Humberto Moreira justificó en la necesidad de las viudas y deudos por obtener indemnizaciones, de manera que se elaboraron en 2007, pero ante la presión por la ilegalidad y la falta de fundamento para que se acreditara cómo habían muerto los trabajadores, se expidieron otras en 2009. En dos años hubo 130 actas de defunción por 65 personas, sin cuerpos ni evidencias obtenidas por las autoridades.
Una averiguación previa por homicidio culposo de la Procuraduría de Justicia local, ordenó a Grupo México, el 13 de marzo de 2007, que realizara un peritaje. Así se integró el informe Wooton. Para el 13 de abril siguiente, el caso se sobreseyó con el pago de 182 mil pesos a los deudos de cada minero. (Proceso 1591).
El aparente acto de justicia cumplió otro propósito favorable a la empresa que se había comprometido a pagar tres turnos a las familias, mientras los cuerpos estuvieran dentro de la mina: como el gobierno de Humberto Moreira concluyó que estaban muertos y emitió actas de defunción, la empresa dejó de pagar a las viudas y deudos.
Aún peor. Como el proceso penal se concentró en cinco empleados de la mina, Grupo México se amparó, argumentando que no era responsable del accidente como empresa, así que escamoteó las pensiones.
Ya en 2008, un reportaje publicado en la revista Proceso del 17 de febrero de 2008 (1633) anticipaba:
“Con el cierre de la mina Pasta de Conchos, el Grupo México, las autoridades federales y el gobierno de Coahuila intentan darle carpetazo al caso de la explosión que hace dos años sepultó a 65 obreros. Aspiran al crimen perfecto: ahorrarse el pago de indemnizaciones y pensiones, además de evadir las sanciones a funcionarios y a la empresa”.
Y así fue, excepto por las indemnizaciones. Las acciones del gobierno de Coahuila y de Grupo México en 2007 permitieron que en 2014, el desarrollo de la averiguación previa federal impulsada por García Cervantes no prosperara conforme al criterio de los jueces federales que conocieron el asunto abierto en la actual administración.
Rescate o cosa juzgada
Unas semanas después de abierta la averiguación, el subprocurador García Cervantes tomó licencia médica y renunció en mayo de 2014. El caso quedó a la deriva, aunque para entonces la negativa de un juez federal anticipaba el fin del caso.
El Ministerio Público (MP) no pudo siquiera entrar a la mina, porque cuando llegaron, los guardias de seguridad privada les impidieron el paso. Entonces, decidieron pedir autorización judicial para realizar un cateo con forenses colombianos que ayudarían a determinar si se podía investigar la estructura colapsada.
El 14 de marzo de 2014, el MP solicitó al Juzgado Tercero Penal, especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, que autorizara un allanamiento en la mina, pero ese mismo día se le negó, con el argumento de que no iban por evidencia, sino a revisar si podían ingresar para recuperar los cuerpos.
El 20 de marzo, una nueva petición se realizó y se respondió que con las nuevas documentales expuestas por el MP sólo se acreditaba que el incidente ocurrió, pero no la comisión de algún delito.
Finalmente, la última petición, realizada el 21 de marzo, devino una vez más en negativa, pues el juez consideró que si bien los hechos indagados podían configurar el delito de homicidio, el asunto no era competencia federal, sino del fuero común, pues no había servidores públicos federales involucrados, de acuerdo con las documentales aportadas.
Fue hasta entonces cuando el MP federal buscó las actuaciones que la PGR realizó con anterioridad para saber si había delitos federales que pudieran invocarse para solicitar una vez más el cateo. Encontró una: la averiguación previa 20/UEIDCSPCAJ/2007, abierta por la posible comisión de delitos de servidores públicos.
En esa indagatoria encontraron que no había actuaciones, pues con base en el Informe Wooton, la PGR asumió que no podía investigar más, así que no hubo indagación y los posibles delitos prescribieron el 31 de octubre de 2012.
Otra competencia federal era por delitos ambientales, pero resulta que las autoridades en la materia no pudieron documentar nada, bajo el argumento de que el sindicato minero, en Pasta de Conchos, estaba en huelga, un dato poco conocido que imposibilita jurídicamente la investigación en el lugar. Luego, esos delitos también prescribieron.
En otras palabras, la PGR pudo investigar hasta octubre de 2012 a la empresa y a los funcionarios públicos que por acción u omisión pudieran tener responsabilidad en los hechos por delitos ambientales. Basada en el peritaje de la empresa y en la huelga del sindicato, dejó correr el tiempo y todos los plazos vencieron.
Así, la posibilidad de que el gobierno de Enrique Peña Nieto resolviera el caso se redujo a la declaración de incompetencia y a una conclusión: como la Ley de Víctimas estipula que los familiares tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y que la víctima desaparecida tiene derecho a su rescate, pero la PGR no tiene competencia, se envió el expediente al gobierno de Coahuila para que investigue. El aviso declinatorio y el expediente se recibieron en Coahuila el 8 de septiembre, según el acuse del que esta agenciatiene copia.
Coadyuvante en la averiguación previa federal, Rodrigo Olvera Briseño, advierte en entrevista con Apro la dilación en la declaración de incompetencia, pues la negativa del juez se dio desde marzo de 2014. También sabían que los delitos federales prescribieron, pero esperaron más de un año para darlo a conocer. Esto es: alimentaron la esperanza, no investigaron y todo quedó impune.
Para Olvera Briseño, el gobierno de Peña Nieto se quitó de encima el caso y lo trasladó al gobierno de Coahuila, que precisamente contribuyó de origen al desastre jurídico en que se convirtió el caso.
“Le están diciendo a Rubén Moreira: tu hermano (Humberto Moreira, gobernador en la época en que ocurrieron los hechos) hizo mal. Ahora vuelve a investigar, resuelve si hay más responsables de homicidio y cumple con la verdad que se le debe a los familiares de las víctimas”.
La cuestión ahora, dice Olvera, es saber si el gobernador va a abrir otra averiguación previa por homicidio sobre otros responsables, o reitera que es cosa juzgada. Si va a instruir la apertura de la mina o, por otra parte, se acoge al peritaje entregado por la empresa o al argumento de que supuestamente hay huelga y nada se puede hacer.
“Obviamente, todo esto muestra que no hay voluntad institucional de hacer justicia, después de tantos años, nadie asume responsabilidad por el esclarecimiento ni el rescate de los cuerpos”, concluye.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
