Asistencialismo causa más pobreza y desnutrición a mujeres en el agro: fundación

Ciudad de México, 20 de septiembre: Los programas sociales del Gobierno no han logrado generar autonomía en las mujeres del campo ni reducir los índices de desnutrición que azotan el país, principalmente, porque se han enfocado en desarrollar programas asistencialistas en vez de productivos, denuncia la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural (FMDR).

La fundación trabaja con mujeres de 58 comunidades repartidas entre los estados de Yucatán, Oaxaca y Campeche. “Y más allá de regalarles cosas, les enseñamos a emprender proyectos de producción”, explica Fabiola Acosta Manning, directora de Relaciones Institucionales de FMDR, en entrevista con SinEmbargo.


En los últimos siete años, la fundación implementó un programa de capacitación que ha trabajado con más de mil mujeres, quienes se han organizado en grupos promedio de 10 personas y formar micro empresas. Dirigidas por mujeres de la comunidad que se han empoderado de sus actividades productivas en proyectos de miel, telas, jamaica, panadería o tortillería.

“En este sentido, nos hemos dado cuenta que conforme se fortalecían estas líneas de producción, los niveles de nutrición de los niños mejoraron”, dice Acosta.

Datos de la fundación refirieron en julio del año pasado que el 29 por ciento de los hijos de las mujeres que emprendían proyectos a lo largo de 21 municipios presentaron algún tipo de afectación en su salud alimentaria, ya fuese desnutrición, bajo peso u sobrepeso.

“A partir de ahí, mediante el trabajo que hicimos de julio a diciembre el año pasado, la cifra de desnutrición que era de 7 por ciento se redujo a 1 por ciento. Cuando vemos que hay un caso muy grave lo remitimos a un hospital”, agrega la directora.


Los problemas de nutrición son un mal generalizado en el país, de acuerdo con datos oficiales de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012, la cual refirió que hay 302 mil menores de cinco años que presentan bajo peso, un millón 467 mil baja talla y 171 mil emaciación o enflaquecimiento extremo.

El sureste del país es el más afectado por la desnutrición insiste la FMDR. En este punto coincidió el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Abelardo Ávila Curiel, quien el mes pasado en una entrevista a SinEmbargo alertó sobre las condiciones en las que viven los niños de esa región.

“La desnutrición se ha dado más en los estados indígenas y del sur. En general, hay una importante permanencia de la desnutrición infantil. Que podríamos llamarle la desnutrición transgeneracional. Madres que fueron niñas desnutridas, que siguen padeciendo carencias de desnutrición, tienen hijos ya con un rezago nutricional in-útero, que a los primeros dos o tres años sufren desnutrición importante”, dijo el experto.

La FMDR, trabaja con el Gobierno en algunos municipios, sin embargo, advierte que pese al éxito de sus sistemas de producción en el área rural que han logrado constituir legalmente a 23 micro empresas, aún falta trabajo para que las autoridades repliquen este modelo para el campo.

El año pasado la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) aseguró haber destinado cinco mil 218 millones de pesos para la atención productiva a la mujer rural.

De estos el 55.8 por ciento se hizo a través de Proagro, un programa que ha sido fuertemente cuestionado. Recientemente, el investigador, Héctor Robles Berlanga, dio a conocer los resultados de un estudio que reveló que el 60 por ciento de los créditos de Proagro es asignado al 20 por ciento de los productores de mayor escala. Dejando en desventaja a los productores más pobres sin importar su género.

En el caso de salud alimentaria, el Programa de Inclusión Social Prospera, del que se benefician 943 mil 718 familias con el Programa de Apoyo Alimentario.

Los apoyos monetarios corresponden a 335 pesos, de acuerdo con el portal del programa. “La entrega se realiza de manera bimestral a las familias beneficiarias para contribuir a que mejoren la cantidad, calidad y diversidad de su alimentación”.

Sin embargo, el carácter asistencialista sin control del Gobierno ha desatado que los recursos no ayuden a paliar la desnutrición, dijo Ávila en su momento.

“Les dan el dinero, y luego resulta que lo primero que tienen a la mano es una tienda con comida chatarra. En una lógica de que el dinero con el que compran sopas Maruchan es regalado, muchas personas no les importa pagar comida chatarra que puede ser más cara que la sana”, dijo Ávila.

Acosta Manning refirió que otro programa de la fundación que trabaja con jornaleros, llamado Sembrando Salud, ha constatado el abuso de los campesinos de bebidas con alto contenido azucarado, como es el caso de los refrescos.

“Las usan por la energía y poder trabajar. Pero aquí en la fundación más que pelear contra los refrescos, recomendamos en nuestras capacitaciones su moderación”, dijo.


La organización civil El Poder del Consumidor dijo recientemente a SinEmbargo que en México aún es un mito que la comida chatarra sea más barata que la sana. Sin embargo, en cuanto a la accesibilidad, hay zonas donde los productos de alto contenido calórico se consiguen con mayor facilidad que los saludables.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.

ONGs critican que la “austeridad” se dé en campo, salud y educación, y no en Ramo 23

Diversas organizaciones civiles denunciaron que la “austeridad presupuestal” anunciada por el Presidente Enrique Peña Nieto en su Tercer Informe de Gobierno, se haya hecho visible en rubros como el de salud e infraestructura, y no, por ejemplo, en el Ramo 23, que para este año busca absorber 102 mil 866 millones 718 mil 823 pesos sólo para provisiones salariales y económicas del Gobierno federal.

Este rubro, año con año levanta severas críticas ya que se considera una ruta en la que el dinero público no logra cumplir con sus objetivos. Es el dinero que el Gobierno federal reparte a los gobiernos locales y municipales para previsiones salariales de servidores públicos para fomentar una cultura del ahorro; para prestaciones de seguridad social, pólizas de seguro; dinero para incrementos salariales; provisiones para fondos como el de prevención de desastres naturales, accesibilidad para personas con discapacidad, turísticos; y finalmente, la distribución de los ingresos petroleros excedentes.

Este Ramo es un instrumento presupuestario creado para atender obligaciones del Gobierno federal, que no están contempladas en el gasto directo de las dependencias ni de las entidades.

Maite Azuela, de la organización Dejemos de Hacernos Pendejos, cuestionó que la política de austeridad se haya enfocado en las áreas de salud, educación, campo e infraestructura, cuando los esfuerzos, explicó, debieron enfocarse en la reducción de los espacios en los que se le da un uso público al dinero y se realizan gastos onerosos.

“Por qué cuando imaginan políticas de austeridad, siempre a lo que se recurre son a las áreas de educación, salud, desarrollo social, donde el país necesita mayor inversión para el crecimiento económico. Por qué mejor no se hace una revisión más detallada de los gastos en el Ramo 23, en el que está el dinero que el Gobierno federal reparte a los gobiernos locales y municipales, donde el problema es que en el camino ese dinero se vuelve polvo. Ese es un proceso de corrupción que habría que transparentar y revisar de manera inmediata”, comentó Azuela, también integrante del colectivo Acción Ciudadana Contra la Pobreza.

“Por qué cuando imaginan políticas de austeridad, siempre a lo que se recurre son a las áreas de educación, salud, desarrollo social, donde el país necesita mayor inversión para el crecimiento económico. Por qué mejor no se hace una revisión más detallada de los gastos en el Ramo 23, en el que está el dinero que el Gobierno federal reparte a los gobiernos locales y municipales, donde el problema es que en el camino ese dinero se vuelve polvo. Ese es un proceso de corrupción que habría que transparentar y revisar de manera inmediata”, comentó Azuela, también integrante del colectivo Acción Ciudadana Contra la Pobreza.

Para el Presupuesto 2016 a este rubro se le piensan destinar 24 mil 450 millones de pesos menos que en 2105, lo que significa una caída del 19.21 por ciento; sin embargo, la inconformidad de las organizaciones civiles resulta al comparar el resto de los recortes. Por ejemplo, para Comunicaciones y Transportes, se propone 33.72 por ciento menos y para el Campo, 16.74 por ciento menos.

Franciso Landero, de la Fundación del Empresariado Mexicano, explicó que una mayor inversión pública es necesaria para aumentar el crecimiento del país, ya que si no se alcanza un crecimiento de al menos 5 por ciento, no habrá programa social ni cambios de secretarios que puedan reducir la pobreza y la desigualdad.

Las organizaciones no gubernamentales presentaron en conjunto un paquete de medidas que entregarán al Congreso, en las que contemplaron la eliminación de programas sociales redundantes, de subsidios regresivos y sin resultados positivos, como los de condonación de impuestos a grandes empresas; el fortalecimiento a los gastos en salud, educación e infraestructura, y que al mismo tiempo éstos cuenten con un mecanismo efectivo contra la corrupción, ya que, consideran, se ha convertido en un lastre para el país y ha contribuido a la desviación de los presupuestos a través de cuotas, moches, tráfico de influencias y conflictos de interés.

“Los anuncios de reducción del gasto y Presupuesto Base Cero muestran que al Gobierno le está faltando mucha creatividad y en caso de que los legisladores no reaccionen a tiempo, también de ellos, en cuanto a la manera generar ideas para hacernos de ingresos, y en la forma de gastarlos de una manera distinta, donde los más afectados no sean como siempre los que viven en condiciones más marginadas”, comentó Azuela al respecto.

En el paquete de 2016, los gastos más fuertes que se prevén son los de Desarrollo Regional, por 32 mil 362 millones 637 mil pesos; Protección Social, 18 mil 991 millones de pesos; y Provisiones para programa salarial, 18 mil 391 millones de pesos. Los rubros más afectados son, por ejemplo, los de inversión, al que se le busca destinar a Transporte 492 millones de pesos o el Fondo de Cultura que, desapareció.

En la Cámara de Diputados, en 2015, el gasto federalizado tuvo un incremento de 94 mil 967.6 millones de pesos por una mayor asignación de recursos al Ramo 23 (una ampliación del 95.5 por ciento de lo predestinado por la Secretaría de Hacienda).

Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), las razones del incremento fueron más Proyectos de Desarrollo Regional, Fondos de Infraestructura Deportiva, Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y Fondo para la Reconstrucción de la Infraestructura de Baja California Sur.

También se aprobó dinero para Contingencias económicas, Fondo de Capitalidad y a los Fondos Metropolitanos, y Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad y al Fondo Sur-Sureste.

FUENTE: SIN EMBARGO.

AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.

LINK: http://www.sinembargo.mx/21-09-2015/1488349

Lo que dice Nestora

MÉXICO, D.F: El caos del país, ese caos que no existe en el innoble imaginario de Enrique Peña Nieto, tiene mil formas: fosas comunes, asesinatos, desapariciones forzadas, extorsiones, secuestros, desplazamientos e impunidad. Habría que agregar a ellas la fabricación de delitos a quienes, frente al caos, tomaron el camino de defender a los suyos.

Uno de esos rostros, que junto a los del José Manuel Mireles y Mario Luna representa el de cientos, es el de Nestora Salgado. En ella se expresa la sentencia del Estado: “Si se defienden les destruimos la vida. Ustedes no nos importan”.

La visité hace unos días en la torre médica del Centro Femenil de Readaptación Social, en donde convalece a causa de la huelga de hambre que hizo para luchar por su inocencia. Gordita, chaparrita, dulce y a la vez firme, responde a mi alegría de verla bien con: “No podría ser de otra forma, Javier. La seguridad de que yo no hice lo que me atribuyen me da paz y fuerza”.

A pesar del daño del hígado, consecuencia de su ayuno, y de su dolor crónico de espalda, secuela de un accidente carretero que dañó sus cervicales –y para el cual no se le proporciona medicamento porque no hay Pregabalina en el hospital–, no se queja. Por el contrario, inició el 23 de agosto el Ayuno de Daniel –un ayuno de verduras– para acompañar el año de sufrimiento de los padres de Ayotzinapa. Una forma de continuar en su encierro lo que no dejó de hacer como comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá: defender a la población contra el crimen organizado y la corrupción e inoperancia del Estado.

En ese encargo –amparado por el artículo 701 de la Ley Estatal de Guerrero y el 2.A de la Constitución federal, que garantizan el derecho de los pueblos indígenas al autogobierno y la autodefensa– disminuyó 90% las tasas de criminalidad de Olinalá. Sin embargo, en 2013, la recuperación de cuatro adolescentes declaradas desaparecidas por sus madres y su detención, por petición de esas mismas madres, en la Casa de Justicia de la Policía Comunitaria derivó en el arresto sin orden de aprehensión de Nestora y en su confinamiento, igual de arbitrario, en el penal de alta seguridad de Tepic.

Las muchachas que la acusan, víctimas de una red de trata y de tráfico de drogas vinculada con las autoridades del municipio, me dice Nestora, “traían en sus celulares videos de violaciones y de ejecuciones que entregamos al Ejército. Sus madres nos pidieron que las retuviéramos en la Casa de Justicia y Reeducación porque ya no sabían qué hacer con ellas. No secuestramos ni maltratamos a nadie, como ellas dicen. Usted conoce bien la Casa de Justicia y la manera en que se vive allí y se encauza la vida. A mí me gustaría ahora estar allí y no en este lugar. Aquí, a pesar de las buenas condiciones del hospital, es el encierro. Allá, usted lo sabe, es un confinamiento en libertad. Se paga trabajando por la comunidad y se busca la recuperación de las personas retenidas”.

La criminalización de Nestora, lejos de constituir un acto de justicia, es un acto más del oprobio del Estado mexicano: la protección de negocios criminales. Primero, el de la trata y el tráfico de drogas, del que las muchachas que la acusan son víctimas y usufructo. Segundo, mediante el amedrentamiento y la criminalización de las policías comunitarias, el de la instalación cómoda de las compañías mineras en las montañas de Guerrero cuyos contratos están ya firmados. “Parece, Javier –me dice con tristeza–, que conscientizar y defender con dignidad la vida es un crimen para el Estado, un crimen que se paga con el encarcelamiento y la destrucción de la vida. ¿Sabe qué me duele más de todo esto? No ver a mis hijas ni a mi nieto y saber del sufrimiento de tantos seres indefensos”.

La criminalización de Nestora –al igual que la de Mireles y sus autodefensas, al igual que la de Luna y los yaquis– no sólo es el otro rostro de los crímenes de ­Ayotzinapa, de los 57 mil 410 asesinados en lo que va de la administración de Peña Nieto, de los 80 mil del sexenio de Calderón –la deuda no es de gobierno, sino de Estado–, de los más de 30 mil ­desaparecidos que continúan su monstruosa acumulación, y de las centenas de muchachas corrompidas por el crimen, como las que acusan a Nestora. Es también la mentira con la que en su discurso de tres años de gobierno Peña Nieto ha querido maquillar una vez más la tragedia humanitaria y la emergencia nacional que administra y hace cada día más hondas.

La presencia de Nestora es, sin embargo, una palabra que en el cerco de su encierro aplasta con su dignidad la amplificación del vacío y criminal discurso del Estado. Cuando me despedí de ella nos abrazamos. La palabra que salió entonces de su boca y resumía nuestra conversación no tenía sonido. Su sonido no era el de la mudez que la criminalidad del Estado quiere imponerle, sino el del silencio absoluto.

Ese alarido de la palabra dentro del silencio me recordó el que proferí en Manila cuando supe del asesinato de mi hijo, el mismo que articula cada víctima. Me recordó el de Casandra cuando “adivinó el vaho de sangre en la casa de Atreo”. La misma lamentación pura y salvaje que acusa al Estado por su inhumanidad y la devastación de lo humano, y clama por la justicia, la paz y la libertad humilladas.


Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés; detener la guerra; liberar a José Manuel Mireles, a sus autodefensas, a Nestora Salgado, a Mario Luna y a todos los presos políticos; hacer justicia a las víctimas de la violencia; juzgar a gobernadores y funcionarios criminales; boicotear las elecciones y devolverle su programa a Carmen Aristegui.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAVIER SICILIA.

La PGR detiene y libera a dirigente de la CNTE en Oaxaca

MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo y liberó este domingo al profesor Adrián Ramírez Castillo, integrante de la Comisión Política recién nombrada de la Sección 22.

Ramírez Castillo fue llevado a las oficinas de la Subdelegación de Procedimientos Penales “B” de la PGR en el puerto de Salina Cruz.

El maestro funge como líder en el sector de Juchitán de Zaragoza, integrado apenas este mes a la dirigencia magisterial.

Según reportes policiacos, el profesor fue detenido cuando conducía su vehículo a exceso de velocidad, en estado de ebriedad y presuntamente con un arma de fuego.

Se presume que su detención fue producto de una orden de aprehensión del orden federal por su probable participación en la destrucción de paquetería electoral durante las elecciones del pasado 7 de junio.

Tras conocerse la detención del líder magisterial, la Sección 22 anunció que realizaría una serie de bloqueos en la región del Istmo.

De hecho un grupo de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloqueó hoy la carretera federal 190, a la altura del Canal 33.


Sin embargo, una vez que el maestro fue liberado los inconformes retiraron el bloqueo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: http://www.proceso.com.mx/?p=415918.

Oportunidad de Peña para salvarse de su propia hoguera

MÉXICO, D.F: Unas 26 mil personas han desaparecido en México, según registros oficiales, cifra que dista mucho de la que manejan organismos de derechos humanos independientes y que alcanzan las 60 mil víctimas. Y entre éstas se encuentran los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

Ariel Dulitzky, relator del Grupo de Trabajo de la ONU contra la Desaparición Forzada, sostuvo aquel noviembre de 2014, cuando se reunió con la primera comisión especial legislativa para el caso Ayotzinapa, que para atacar el delito el gobierno mexicano primero tiene que reconocer la existencia de éste y luego formular una ley contra desapariciones para evitar y castigar este ilícito, además de establecer una base de datos que facilite la búsqueda de víctimas.

Con el deleznable caso de la desaparición de los estudiantes y el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que echa por la borda cualquier identificación de restos óseos por parte de la Universidad de Innsbruck, con la afirmación de que en el basurero de Cocula, Guerrero, no pudo haber habido una pira humana, el PAN enfiló sus baterías contra el PRI y su gobierno.

Entonces presentó una iniciativa que en el fondo buscaba el reconocimiento de la administración peñista sobre la existencia de este delito en México. Así, propuso la instauración del 26 de septiembre como “Día nacional contra la desaparición forzada de personas”.

Reacios a aceptar una verdad que en número apabulla pero que en imágenes destroza el alma, sobre todo cuando se descubren decenas y decenas de fosas clandestinas con cuerpos de personas que han estado desaparecidas en los últimos diez años, el PRI dejó reposar la demanda una semana.

Al final aceptó instaurar ese día con su nombre completo y evitó cualquier otro, como aquel de “Día de las víctimas de Ayotzinapa” que según reveló el diputado federal panista, Federico Doring, pretendía imponer el PRI.

En su último informe de resultados y análisis sobre la situación en México, Dulitzky señala que aunque valora que el Estado acepta que enfrenta retos en el tema, “constata que el incipiente reconocimiento discursivo al problema de la desaparición forzada no ha sido consistente, uniforme y homogéneo entre todas las autoridades del Estado mexicano, ni al más alto nivel. Tampoco ha habido un reconocimiento respecto de la dimensión del problema, tal y como lo recomendó el Grupo de Trabajo”.

El documento de Dulitzky fue presentado el viernes 11; días después, el jueves 17, el PRI aceptó reconocer la existencia del delito. Aunque sólo de manera discursiva y pudiendo aun convertirse en una simple efeméride, el reconocimiento del fenómeno de la desaparición forzada en la Cámara de Diputados es un primer paso para atacar el problema.

Sólo la presión internacional puede empujar al partido en el gobierno y a sus funcionarios del más alto nivel a actuar como el Grupo de Trabajo de Ariel Dulitzky ha recomendado.

Viene ahora la discusión de la ley contra la desaparición forzada que se presentará en el Senado de la República. Cuando se le pregunta al vicecoordinador del PRI en San Lázaro cuándo estará lista esa ley, apenas atina a comentar: “Depende de los tiempos del Senado”.

Pero en un gobierno como el de México “los tiempos del Congreso son los tiempos del presidente de la República”, porque no hay independencia sino sumisión y complicidad.

En los tiempos de Peña Nieto debe considerarse también la aceptación de la injerencia que puede tener en México el Comité de la ONU sobre Desaparición Forzada. Por ello, la presión internacional provocada por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa debe ser de una mayor condena para que el gobierno de Peña permita el actuar del Comité.

Aceptar al Comité evitaría fantasías como la de la pira humana al aire libre en un día lluvioso, como se constata en las imágenes de la NASA, y las cuales sólo ubican un incendio en Chilapa, Guerrero, nunca en Cocula, aunque sí registra una lluvia pertinaz.

El reconocimiento del Comité implicaría que cualquier ciudadano víctima en segundo grado de la desaparición forzada pueda acudir al Comité y éste llegue en forma inmediata a México a realizar las indagaciones y emita un reporte, mismo que luego podría ser tomado en cuenta en un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Peña Nieto tuvo durante su gobierno en el Estado de México el sello de la muerte luego de los enfrentamientos entre el pueblo de Atenco y los grupos policiacos. Hoy éste sigue siendo su impronta, sólo que como presidente de la República, a lo que se suma su pésimo conductor, Luis Videgaray, para generar empleos y una economía sana.

Esta es la oportunidad de Peña para revertir la situación… hay todavía algunos que pueden salvarse de su propia hoguera y de la fantasía.


Si ya aceptó que el Congreso reconozca la existencia del delito generalizado de desaparición forzada, ahora debe aceptar una ley que no revictimice, una ley que permita el derecho a la verdad, una ley que lleve a la cárcel a los culpables y una ley que evite la repetición del delito. Pero también mucho ayudaría el reconocer el Comité creado por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra Desapariciones Forzada, pues de no hacerlo todo quedaría en ese “incipiente reconocimiento discursivo” que no sirve para nada como no sea la impunidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES (ANÁLISIS).

En el estado con más pobres, Eruviel lanza “Relámpagos”, su serie de tv, y esconde el gasto

El Gobierno del Estado de México pagó 2 millones 582 mil pesos para la transmisión de seis capítulos de 22 minutos de la serie televisiva “Relámpagos. Unidad de Rescate Aéreo”, que tuvo como objetivo difundir casos de rescates de personas, atención hospitalaria, traslado de pacientes y órganos a hospitales, extinción de incendios,  y entrega de víveres, además de los actos políticos del Gobernador Eruviel Ávila Villegas, entre los cortes comerciales.

Con base en la respuesta obtenida a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (Saimex) con la solicitud 00006/SRTVM/IP/2015, para la coproducción de un capítulo de 22 minutos de la Serie Televisiva Unidad de Rescate Aéreo Relámpagos, el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense proporcionó el servicio técnico de dos sistemas portátiles con dos camarógrafos, dos asistentes y un realizador, con un turno de ocho horas diarias por siete días hábiles para el levantamiento de imagen de un capítulo.

El costo total de la serie, a pesar de que la solicitud de información realizada por SinEmbargo lo requirió, se desconoce. Los documentos que se entregaron son el contrato con Satélites de México para la transmisión y el contrato con Sastre Films para la realización y producción, sin que se incluya el monto que el Estado de México pagó.

El Edomex, de acuerdo con el más reciente informe sobre la pobreza en el país presentado a finales de julio pasado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2012 y 2014 –ya con el Gobierno de Eruviel Ávila–, aportó la mitad de las personas que cayeron en pobreza en el país.

Durante esos dos años, 2 mil 740 mexicanos cayeron en la pobreza al día y de éstos mil 289 fueron habitantes del Estado de México. En total, 941 mil 100 personas en la entidad, aproximadamente uno de cada 17, entraron en esa categoría. Así, en total, ese estado suma 8 millones 269 mil 900 pobres.

“RELÁMPAGOS” Y LA OPACIDAD

“Relámpagos”, dijeron analistas, hizo recordar el escándalo protagonizado por Genaro García Luna en 2011. El entonces poderoso titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa diseñó, junto con productores de Televisa, la serie “El Equipo” para ensalzar la imagen de la policía a su cargo en la guerra contra el narcotráfico.

Luego de denuncias y reclamos de políticos de oposición y de la sociedad civil, el funcionario federal reconoció en octubre de ese año y en una comparescencia en la Cámara de Diputados que la serie había costado 118 millones 116 mil 880 pesos, y se creó, dijo García Luna, para contrarrestar una campaña mediática contra el Gobierno federal emprendida por la delincuencia organizada. A pesar de los reclamos de los diputados de oposición al entonces panista, nunca se aclaró a cabalidad cómo fueron otorgados los recursos ni de qué partida salieron.

Ahora, sobre la serie que promociona a la Unidad de Rescate Aéreo del Edomex, especialistas destacan que la opacidad en el manejo de recursos públicos para publicitar la imagen del Gobierno mexiquense ha sido una constante en los tres años del sexenio del priista Eruviel Ávila Villegas.

De acuerdo con en el informe de Fundar Centro de Análisis e Investigación y Artículo 19 Libertad de Expresión en Venta, Acceso a Información y Censura Indirecta en Publicidad Oficial, el mandatario mexiquense es de los que más dinero destinan para promoción personalizada y de los que no proporcionan mucha información sobre el destino de esos recursos públicos.

Las organizaciones tienen contabilizado sólo el gasto ejercido en 2013, debido a que la información de 2012 –el primer año completo de Eruviel Ávila– no fue proporcionada con el argumento de que estaba siendo revisada por las autoridades competentes por el cambio de gobierno.


Sin embargo, el informe señala que el Estado de México el gasto en publicidad oficial destinado a televisión alcanza el 60 por ciento de los recursos. Tan sólo en 2013 destinó 54 por ciento a este medio.



El Gobernador priista ha invertido en promover su administración e imagen mil 252 millones 900 mil 595 pesos de septiembre de 2011 a mayo de 2015, tiempo en el que se firmaron 329 contratos con medios de comunicación por 323 millones 338 mil 635 pesos.

En estos cuatro años, de un total de 75 campañas, se firmaron 329 contratos con medios de comunicación nacionales y locales, como Televisa (132 millones), Tv Azteca y con su noticiero “Hechos” (62 millones), Grupo Milenio (12 millones), Megacable (7 millones), con la Organización Editorial Mexicana (OEM) (6 millones), y con Grupo Fórmula, Dish y Cablecom (por 5 millones cada uno).

En estas y otras campañas y en pagos a empresas de marketing y comercialización de imagen, la Coordinación de Comunicación Social ha invertido 323 millones 338 mil 635 pesos.

LA PRODUCTORA DEL EDOMEX

Sastre Films es la productora que se encargó de todo lo necesario para la serie Relámpagos, pero también es la empresa encargada de la filmación del Tercer Informe de gobierno de Ávila Villegas, en el que él está en medio de un auditorio y explica los logros alcanzados durante su administración.

De acuerdo con de la Coordinación de Comunicación Social, Eruviel Ávila ha gastado entre 23 y 25 millones de pesos para promocionar cada uno de sus informes.

También, información de CNN señala que Carlos Santos, Director y Productor de Sastre Films, fue el encargado de realizar el video de generación del Colegio Miraflores, de donde se graduaron Paulina Peña Pretelini (hija de Enrique Peña Nieto) y Eruviel Ávila Junior.

La serie “Relámpagos” tuvo seis capítulos de 22 minutos para su primera temporada. El canal de televisión mexiquense, aportó todo lo necesario para la filmación de la serie: cámaras portátiles de alta definición con dos camarógrafos, un asistente de camarógrafo, de lunes a viernes, y un realizador. El pago del Gobierno mexiquense a dicha empresa es para la producción, post-producción, edición, conductores, talento artístico, director de cámaras y guionista.

Aunque en el contrato con Sastre Films se señala que la empresa es la encargada de contratar y que “el gobierno no tiene nada que ver con los empleados”, en el cuerpo de la respuesta a la solicitud de información, se indica que los sueldos brutos mensuales del personal, que incluye sólo a dos camarógrafos (cada uno con un asistente) y un realizador, ascienden en conjunto a 479 mil 248 pesos.

Sastre Films se encargó de la elaboración de guiones, promocionales y coordinación de contenidos, ya que aunque sobresalen el formato de reality show, también hay recreaciones y actuaciones de los actos de rescate.

Durante la presentación de la serie, se anunció que de la serie se desprendería un cortometraje para ser exhibido en salas de cine. De acuerdo con otra solicitud realizada a la Coordinación de Comunicación Social, esta acción no generará gastos extras de publicidad, ya que está contemplado en los contratos que el Gobierno acuerda anualmente con medios de comunicación.

En julio pasado, Lucila Orive, directora de Televisión Mexiquense, aseguró que la producción del programa corrió a cuenta de Sastre Filme, empresa la que no se le pagó nada.

El grupo de rescatistas realizó en 2014, 3 mil 859 operaciones aéreas. Cuentan con tres helicópteros que utilizan para rescates y traslados médicos; el pasado 17 de noviembre, Ávila Villegas les entregó una unidad nueva, justo cuando ya se realizaban las grabaciones de la serie.


Un año antes, en septiembre, días después de que la tormenta tropical “Manuel”, azotara en el estado de Guerrero, este grupo se negó a transportar víveres a municipios incomunicados; sólo llevaron a Coyuca de Benítez a la conductora de televisión Laura, quien vestía uno de los uniformes del grupo.

“Mañana mi equipo llegara muy temprano para ayudar en tierra caliente iremos a los lugares mas apartados donde nadie va besos” [sic], escribió Bozzo a través de su cuenta de Twitter.

Eruviel Ávila también anunció que enviaría tres helicópteros del grupo Relámpagos para que apoyaran en las labores de rescate y ayuda, pero no indicó que uno de ellos sería exclusivo para Bozzo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-09-2015/1477916

PRD modifica estatutos y aprueba alianzas con el PAN para 2016

Esta modificación en la Línea Política del partido comprende una lista de 14 puntos relacionados con las uniones partidistas, por ejemplo que las alianzas con el PAN serán sólo ante "condiciones determinadas y propósitos específicos, así como analizar la situación en cada estado", y que por ningún motivo se involucrarán con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) votó porque sí tendrán alianzas con otros partidos de cara a los procesos electorales de 2016, especialmente con el Partido Acción Nacional (PAN) en ciertas condiciones y lugares.

Esta modificación en la Línea Política del partido comprende una lista de 14 puntos relacionados con las uniones partidistas, por ejemplo que las alianzas con el PAN serán sólo ante “condiciones determinadas y propósitos específicos, así como analizar la situación en cada estado”, y que por ningún motivo se involucrarán con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sin embargo el propio PRD reconoció que fue tema de disenso que se resolverá en las próximas horas. De acuerdo con el diario Reforma el pleno del Congreso aprobó esta discusión con sólo 31 votos en contra.

Además, todas las alianzas deberán ser aprobadas por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), y no por las dirigencias estatales.

La postura del “sol azteca” mantiene también la intención de conformar un frente político “con las fuerzas de izquierda democráticas y progresistas así como con la sociedad civil”.


Esto, luego de que en el Distrito Federal, los diputados locales de este partido, junto con los del Trabajo (PT), Nueva Alianza (Panal), y Humanista(PH) anunciaran el pasado 12 de septiembre la creación de un “frente parlamentario de izquierda”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN

Familia de Jhosivani Guerrero reclama falta de ética a la procuradora

MÉXICO, D.F: Familiares de Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, reclamaron en una carta a la procuradora Arely Gómez por dar a conocer primero a los medios de comunicación los resultados de la investigación antes de hablar con ellos.

La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer el pasado miércoles 16 que derivado del análisis de ADN mitocondrial de una de las muestras óseas de los 43 normalistas, enviadas al laboratorio de la Universidad de Innsbruck, en Austria, arrojó “evidencia moderada” –o sea “72 veces mayor”– con las muestras obtenidas de la madre de Jhosivani Guerrero de la Cruz, de 21 años.

En la carta, dada a conocer por el diario El Sur de Guerrero, los familiares del joven reprocharon a la procuradora su “falta de ética profesional… por violar el compromiso que se tiene con el gobierno de dar información primero a las familias y después sacarla a los medios”.

También la acusan de pretender hacer creer a la sociedad que los restos encontrados sí corresponden a los de los normalistas.

La familia se dice molesta porque se enteraron de la supuesta identificación de los restos del estudiante a través de los medios de comunicación, y porque ninguna autoridad, “se ha acercado a comunicarnos algo”.

“La procuradora dio su informe asegurando que las muestras de ADN analizadas sí corresponden en su totalidad a Jhosivani Guerrero de la Cruz, y de antemano ella tenía el conocimiento que el perfil genético es únicamente una semejanza a la familia”, exponen los inconformes en el documento.

Agregan que “hasta ahora no tenemos la certeza de que los restos óseos sean de Jhosivani porque sabemos que el gobierno nos ha mentido muchas veces… De lo que sí estamos seguros (es de) que no descansaremos hasta saber la verdad y se castigue a los culpables, y seguiremos exigiendo que se continúe con las pruebas necesarias, hasta saber que esos fragmentos óseos si corresponde a Jhosivani”, advierten.


Por último, indicaron que “se nos hace mucha coincidencia que cuando supuestamente encuentran los restos de otro normalista detienen a la supuesta pieza clave del caso Ayotzinapa… El Cabo Gil”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Atentan contra reportero y su familia en Guerrero

MÉXICO, D.F: El reportero de nota policiaca Cecilio Pineda Birto sufrió un atentado a balazos la noche del pasado viernes en su departamento ubicado en el centro de Coyuca de Catalán, Guerrero.

Según reportes policiacos, sujetos armados entraron a su domicilio y amenazaron con sus armas a su esposa embarazada y a su pequeño hijo. En esos momentos el periodista no se encontraba en el lugar.

Cuando el comunicador llegó al departamento, fue recibido con disparos pero logró escapar.

Al domicilio acudieron elementos de la Fuerza Estatal e iniciaron un operativo de búsqueda de los atacantes del reportero.

Tras el incidente Pineda Birto publicó en su cuenta de Facebook: “LE DOY GRACIAS A DIOS Y A LAS PERSONAS QUE ME DIERON UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA ESTAR CON USTEDES EN LAS REDES SOCIALES GRACIAS (sic)”, a las 10:11 horas de este sábado.

Pineda Birto es director del diario La Voz de Tierra Caliente y trabaja para el diario El Debate de los Calentanos.

El reportero cubre la nota roja en este medio, que circula en la región de Tierra Caliente de Guerrero.


A través de medios impresos y redes sociales, Cecilio Pineda ha reportado los crímenes y casos de violencia que se documentan en la zona, así como los vínculos entre alcaldes de la región de Tierra Caliente con grupos del crimen organizado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Pasta de Conchos: otro fracaso de Murillo Karam

MÉXICO, D.F: “Es una decisión presidencial”, dijo a los deudos un solemne Jesús Murillo Karam sobre el rescate de los cuerpos de la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos. Era el 4 de julio de 2013 y el gobierno de Enrique Peña Nieto se estrenaba con promesas de cambio en la política de seguridad y derechos humanos.

Peña Nieto había promulgado la Ley de Víctimas superando el estancamiento que venía del sexenio de Felipe Calderón; Murillo anunciaba la eliminación del arraigo y un nuevo mecanismo de búsqueda de desaparecidos, para lo cual se nombró subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, al veterano panista Ricardo García Cervantes.

Esperanzados en el nuevo discurso, a la cita con Murillo y García Cervantes acudieron Elvira Martínez, viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz; Trinidad Cantú, madre del trabajador Raúl Villasana; además, estaba la defensora de derechos humanos Cristina Auerbach; el sacerdote Carlos Rodríguez, así como los abogados Manuel Fuentes Muñiz y Rodrigo Olvera Briseño.

A tres años de distancia, la “decisión presidencial” fracasó. Las causas que produjeron la muerte de 65 trabajadores en la mina Pasta de Conchos seguirán siendo una incógnita. El compromiso para el esclarecimiento quedó en un carpetazo por prescripción de delitos que dejan en la impunidad a quienes tuvieron responsabilidad en la tragedia minera de 2006.

Y es que la Procuraduría General de la República (PGR) se declaró incompetente para continuar con la indagatoria abierta el 13 noviembre de 2013, luego de que la serie de acciones previas del gobierno de Coahuila, del sindicato minero, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de otras instancias gubernamentales, junto con las trabas que pusieron jueces federales, resultó en que la denuncia por desaparición con la que se intentó abordar el caso no podía desahogarse. La incompetencia se declaró el pasado 1 de septiembre.

Para determinar que no podía investigarse en la mina siniestrada, la PGR y la justicia federal dieron por válido un peritaje realizado por Daniel Wooton, un supuesto perito estadunidense contratado por la empresa propietaria de la mina, y por lo tanto no independiente, cuya conclusión fue legitimada por la Procuraduría General de Justicia de Coahuila en 2007.

La madrugada del 19 de febrero de 2006, un siniestro provocó que 65 trabajadores carboneros quedaran atrapados en la mina Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México, una subsidiaria del Grupo México, el emporio ferro-minero de Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más acaudalado del país.

En los días que siguieron al accidente, Grupo México informó que, debido a las altas temperaturas generadas por una explosión, no había posibilidades de que los trabajadores estuvieran con vida, e inclusive Protección Civil y la Secretaría de Salud del estado aseguraron que era imposible encontrar restos, si acaso habría cenizas, con una explicación similar a la que se dio en la “verdad histórica” por el caso Ayotzinapa y la incineración en el basurero de Cocula.

No obstante, la empresa se comprometió a sacar los restos humanos de la mina para darles sepultura, sin que la PGR ni las autoridades de Coahuila asumieran la investigación en el lugar de los hechos, esto es, la escena del crimen quedó a cargo de los posibles perpetradores. Durante el tiempo que duró el “rescate”, sólo dos cuerpos fueron localizados. Las necropsias revelaron que no murieron calcinados, como decían la empresa y el gobierno, sino por asfixia. Entonces, todo se encaminó en los meses siguientes a cerrar la estructura y a impedir por todos los medios que alguien la investigara.

En marzo de 2007, Grupo México anunció la suspensión de los trabajos con base en un estudio conocido como “Informe Wooton” –llamado así por el mencionado estadunidense–, que entre otros aspectos decía que si continuaban, podían desatarse epidemias regionales de salmonela, sida y tuberculosis.


Los deudos de los mineros y defensores de derechos humanos que los apoyaban, consideraron que esa justificación era absurda, luego de consultar a científicos que descalificaron ese tipo de contagios. No obstante, la STPS dio por buena la información. Por la presión de los deudos, se instruyó un nuevo estudio del Foro Científico y Tecnológico, que el entonces titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, interpretó a modo para evitar a toda costa que hubiera trabajos en el lugar, cancelando así la posibilidad de recuperar los restos humanos y resolver lo que originó el siniestro durante todo el sexenio de Felipe Calderón.

La declaratoria de incompetencia de la PGR en el caso Pasta de Conchos:

  La declaratoria de incompetencia de la PGR en el caso Pasta de Conchos

Desaparecidos no, muertos

A un mes de iniciado el gobierno de Peña Nieto, el entonces subprocurador de Derechos Humanos, Ricardo García Cervantes, anunció que buscaría la forma de reabrir el caso Pasta de Conchos. Lo hizo en una entrevista publicada en la edición de la revista Proceso 1888, del 5 de enero de 2013.

Fue hasta 11 meses después, el 13 de noviembre, cuando se abrió una averiguación previa, la AP/PGR/SDHPDSC/UEBPD/M14/136/2013 (la copia de la conclusión la tiene Apro), a través de la agencia Ministerio Público federal, mesa cinco, de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, creada en 2013 por García Cervantes.

La razón para que fuera así es porque la PGR consideró que al no haber encontrado 63 cuerpos, podía intentar el rescate de los restos mediante los instrumentos legales para la figura de desaparición. El tema era jurídicamente complejo, pues en Coahuila se habían emitido actas de defunción que el gobierno de Humberto Moreira justificó en la necesidad de las viudas y deudos por obtener indemnizaciones, de manera que se elaboraron en 2007, pero ante la presión por la ilegalidad y la falta de fundamento para que se acreditara cómo habían muerto los trabajadores, se expidieron otras en 2009. En dos años hubo 130 actas de defunción por 65 personas, sin cuerpos ni evidencias obtenidas por las autoridades.

Una averiguación previa por homicidio culposo de la Procuraduría de Justicia local, ordenó a Grupo México, el 13 de marzo de 2007, que realizara un peritaje. Así se integró el informe Wooton. Para el 13 de abril siguiente, el caso se sobreseyó con el pago de 182 mil pesos a los deudos de cada minero. (Proceso 1591).

El aparente acto de justicia cumplió otro propósito favorable a la empresa que se había comprometido a pagar tres turnos a las familias, mientras los cuerpos estuvieran dentro de la mina: como el gobierno de Humberto Moreira concluyó que estaban muertos y emitió actas de defunción, la empresa dejó de pagar a las viudas y deudos.

Aún peor. Como el proceso penal se concentró en cinco empleados de la mina, Grupo México se amparó, argumentando que no era responsable del accidente como empresa, así que escamoteó las pensiones.

Ya en 2008, un reportaje publicado en la revista Proceso del 17 de febrero de 2008 (1633) anticipaba:

“Con el cierre de la mina Pasta de Conchos, el Grupo México, las autoridades federales y el gobierno de Coahuila intentan darle carpetazo al caso de la explosión que hace dos años sepultó a 65 obreros. Aspiran al crimen perfecto: ahorrarse el pago de indemnizaciones y pensiones, además de evadir las sanciones a funcionarios y a la empresa”.

Y así fue, excepto por las indemnizaciones. Las acciones del gobierno de Coahuila y de Grupo México en 2007 permitieron que en 2014, el desarrollo de la averiguación previa federal impulsada por García Cervantes no prosperara conforme al criterio de los jueces federales que conocieron el asunto abierto en la actual administración.

Rescate o cosa juzgada

Unas semanas después de abierta la averiguación, el subprocurador García Cervantes tomó licencia médica y renunció en mayo de 2014. El caso quedó a la deriva, aunque para entonces la negativa de un juez federal anticipaba el fin del caso.

El Ministerio Público (MP) no pudo siquiera entrar a la mina, porque cuando llegaron, los guardias de seguridad privada les impidieron el paso. Entonces, decidieron pedir autorización judicial para realizar un cateo con forenses colombianos que ayudarían a determinar si se podía investigar la estructura colapsada.

El 14 de marzo de 2014, el MP solicitó al Juzgado Tercero Penal, especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, que autorizara un allanamiento en la mina, pero ese mismo día se le negó, con el argumento de que no iban por evidencia, sino a revisar si podían ingresar para recuperar los cuerpos.

El 20 de marzo, una nueva petición se realizó y se respondió que con las nuevas documentales expuestas por el MP sólo se acreditaba que el incidente ocurrió, pero no la comisión de algún delito.

Finalmente, la última petición, realizada el 21 de marzo, devino una vez más en negativa, pues el juez consideró que si bien los hechos indagados podían configurar el delito de homicidio, el asunto no era competencia federal, sino del fuero común, pues no había servidores públicos federales involucrados, de acuerdo con las documentales aportadas.

Fue hasta entonces cuando el MP federal buscó las actuaciones que la PGR realizó con anterioridad para saber si había delitos federales que pudieran invocarse para solicitar una vez más el cateo. Encontró una: la averiguación previa 20/UEIDCSPCAJ/2007, abierta por la posible comisión de delitos de servidores públicos.

En esa indagatoria encontraron que no había actuaciones, pues con base en el Informe Wooton, la PGR asumió que no podía investigar más, así que no hubo indagación y los posibles delitos prescribieron el 31 de octubre de 2012.

Otra competencia federal era por delitos ambientales, pero resulta que las autoridades en la materia no pudieron documentar nada, bajo el argumento de que el sindicato minero, en Pasta de Conchos, estaba en huelga, un dato poco conocido que imposibilita jurídicamente la investigación en el lugar. Luego, esos delitos también prescribieron.

En otras palabras, la PGR pudo investigar hasta octubre de 2012 a la empresa y a los funcionarios públicos que por acción u omisión pudieran tener responsabilidad en los hechos por delitos ambientales. Basada en el peritaje de la empresa y en la huelga del sindicato, dejó correr el tiempo y todos los plazos vencieron.

Así, la posibilidad de que el gobierno de Enrique Peña Nieto resolviera el caso se redujo a la declaración de incompetencia y a una conclusión: como la Ley de Víctimas estipula que los familiares tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y que la víctima desaparecida tiene derecho a su rescate, pero la PGR no tiene competencia, se envió el expediente al gobierno de Coahuila para que investigue. El aviso declinatorio y el expediente se recibieron en Coahuila el 8 de septiembre, según el acuse del que esta agenciatiene copia.

Coadyuvante en la averiguación previa federal, Rodrigo Olvera Briseño, advierte en entrevista con Apro la dilación en la declaración de incompetencia, pues la negativa del juez se dio desde marzo de 2014. También sabían que los delitos federales prescribieron, pero esperaron más de un año para darlo a conocer. Esto es: alimentaron la esperanza, no investigaron y todo quedó impune.

Para Olvera Briseño, el gobierno de Peña Nieto se quitó de encima el caso y lo trasladó al gobierno de Coahuila, que precisamente contribuyó de origen al desastre jurídico en que se convirtió el caso.

“Le están diciendo a Rubén Moreira: tu hermano (Humberto Moreira, gobernador en la época en que ocurrieron los hechos) hizo mal. Ahora vuelve a investigar, resuelve si hay más responsables de homicidio y cumple con la verdad que se le debe a los familiares de las víctimas”.

La cuestión ahora, dice Olvera, es saber si el gobernador va a abrir otra averiguación previa por homicidio sobre otros responsables, o reitera que es cosa juzgada. Si va a instruir la apertura de la mina o, por otra parte, se acoge al peritaje entregado por la empresa o al argumento de que supuestamente hay huelga y nada se puede hacer.


“Obviamente, todo esto muestra que no hay voluntad institucional de hacer justicia, después de tantos años, nadie asume responsabilidad por el esclarecimiento ni el rescate de los cuerpos”, concluye.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

Mantiene el PRI freno a la comparecencia de Ruiz Esparza en el Senado, por OHL

El PAN demandó que comparezca para que explique las razones por las que “se ha favorecido indebidamente” a la empresa OHL en la adjudicación de contratos de obra pública.

En materia de presunta corrupción, el gobierno de Enrique Peña Nieto afronta varios escándalos, el más reciente de los cuales es el de la empresa OHL, exhibida en diversos audios que involucran al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y en los cuales se habla incluso de reuniones del Presidente con directivos de la empresa.

En ese marco, senadores del Partido Acción Nacional plantearon en un punto de acuerdo la comparecencia de Ruiz Esparza para que explique las razones por las que “se ha favorecido indebidamente” a la empresa OHL en la adjudicación de contratos de obra pública.

También para que aclare los “sobrecostos” y “malas prácticas” con las que OHL se ha manejado para obtener “ganancias exorbitantes” en la construcción de obras como el Viaducto Bicentenario.


Sin embargo, la comparecencia no ha podido realizarse por la oposición del PRI en el Senado. Sobre este asunto, la columna Templo Mayor del diario Reforma comenta este sábado lo siguiente:

ENTENDER las prioridades de la Cámara de Senadores puede ser más complicado que una lección de Física Cuántica.

HACE NUEVE DÍAS que varios legisladores del PAN presentaron un punto de acuerdo para que se investigue el truculento caso de OHL y sus obras polémicas como el Viaducto Bicentenario.

DESPUÉS de los audios que comprometen a funcionarios de alto nivel como el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y de que al abogado de la empresa Infraiber le sembraron un arma en su auto, se pensaría que los senadores querrían actuar… pero no.

LA PROPUESTA duerme el sueño de los justos y, sí, adivinaron: quienes la tienen frenada son los legisladores del PRI que comanda Emilio Gamboa y sus aliados.

¿Y LA TRANSPARENCIA y la rendición de cuentas? Bien, gracias.

Por su parte, al proponer el punto de acuerdo el Partido Acción Nacional emitió el siguiente comunicado:


Demandan senadores del PAN comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes por el caso OHL

•Favoritismo, sobrecostos y malas prácticas caracterizan la relación con el gobierno federal, advierten.
•Piden auditoría integral a todas las adjudicaciones de obra pública federal de la constructora.

Boletín 009
10 de septiembre de 2015
Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) demandaron la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para que explique las razones por las que “se ha favorecido indebidamente” a la empresa OHL en la adjudicación de contratos de obra pública.

Asimismo, exigieron que el funcionario federal aclare los “sobrecostos” y “malas prácticas” con las que OHL se ha manejado para obtener “ganancias exorbitantes” en la construcción de obras como el Viaducto Bicentenario.

En un punto de acuerdo enlistado hoy en el orden del día de urgente y obvia resolución, los senadores del PAN denunciaron que la empresa OHL enfrenta juicios en Puebla, Distrito Federal y estado de México por costos desproporcionados, además de que también tiene litigios en España, Perú y Gibraltar.

Los demandantes coinciden en que OHL presenta proyectos con muy bajo presupuesto para obtener la adjudicación de las obras, y posteriormente, ya en su ejecución, registra sobrecostos excesivos, indicaron.

Existe duda fundada de que en el Viaducto Bicentenario la constructora ya recuperó su inversión, pero los costos estimados por la empresa sobrepasan los límites de la razón, por lo cual los senadores solicitan una auditoría para revocar la concesión.

Adicionalmente, destacaron que la obra tiene un tramo de más de tres kilómetros en riesgo de desplomarse por haberse edificado en una “zona minada”.

En cuanto al Circuito Exterior Mexiquense, los senadores mencionaron que los estados financieros reportan un sobrecosto de 85 por ciento, además de que se extendió el plazo de la concesión de forma “arbitraria y desproporcionada” por 20 años más y se autorizó un incremento de 50 por ciento en las tarifas de peaje del 2013 al 2021.

Por estos motivos, los legisladores panistas demandaron la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública para efectuar una auditoría integral a todas las adjudicaciones de contratos de obras pública de OHL en el ámbito federal.

Lo anterior incluye la construcción del Viaducto Bicentenario, la autopista Atizapán-Atlacomulco, el Circuito Mexiquense y el Viaducto Elevado Puebla, entre otras.

De igual forma, manifestaron que a OHL se le asocia con actos de corrupción en la revelación de diversos audios y videos difundidos por medios de comunicación y varios funcionarios públicos incurren en conflicto de interés en su relación con la constructora.


El punto de acuerdo fue presentado por los senadores Marcela Torres Peimbert, Laura Rojas Hernández, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks y Víctor Hermosillo y Celada.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Defiende César Camacho a Arturo Escobar; es “serio y eficaz”, opina

Posee la disposición para escuchar y concertar con las organizaciones de la sociedad civil, afirma el priista, a pesar de que 85 agrupaciones lo han repudiado.

Ante la tormenta de descalificaciones y demandas para la remoción de Arturo Escobar, salió al quite César Camacho Quiroz.

El ex presidente del PRI y actual coordinador de los priistas en la Cámara de Diputados, consideró que Arturo Escobar, orquestador de la campaña electoral del PVEM, tiene el perfil adecuado para ser subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.

“Es un político serio y eficaz -dijo-, con la disposición para escuchar y concertar con las organizaciones de la sociedad civil que han participado recientemente en este tipo de tareas”.

En entrevista telefónica, Camacho Quiroz confió en que pronto entregue buenos resultados.

Organizaciones civiles y ciudadanos que impulsaron el Programa Nacional de Prevención del Delito exigieron el jueves revocar el nombramiento de Arturo Escobar al frente de la subsecretaría responsable del programa e incluso 11 de ellas rompieron el diálogo con el político del PVEM.


En una carta dirigida al Presidente Enrique Peña y al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 85 organizaciones y un centenar de personas alertaron que los avances del programa serán destruidos por el funcionario.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Periodistas de EU premian a Carmen Aristegui por reportaje sobre la “Casa Blanca”

MÉXICO, D.F: Carmen Aristegui fue premiada por la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ) por el reportaje de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, elaborado por ella y su equipo.

La periodista recibirá el Premio Presidencial al Valor este 20 de septiembre en Orlando, Florida.

“NAHJ honra a Aristegui no sólo por solidarizarse con sus colegas periodistas, sino por mantenerse firme en su búsqueda de la verdad a cualquier costo”, indicó la asociación, cuya directora de medios, Eileen Truax, se refirió a la galardonada como “un ejemplo de constancia y congruencia”.

En su portal de Internet, NAHJ destaca que “Aristegui es una periodista mexicana que, junto con su equipo, publicó una nota que involucra al presidente de México y a su esposa. La investigación reveló que la esposa del presidente recibió financiamiento por 7 millones de dólares para comprar una lujosa residencia en 2012. La compra fue realizada a una compañía que había recibido contratos por parte del gobierno por millones de dólares.

“Unos meses después de haber reportado la historia, la cadena de radio de Aristegui, MVS, despidió a los productores del área de investigación de la periodista por violar una política de empresa no relacionada con el tema. Aristegui negó que su equipo hubiera violado dicha política y exigió la recontratación de su equipo. La empresa despidió a Aristegui también.

“El programa de radio de Aristegui era popular y lucrativo, y más importante, ampliamente respetado; su equipo es conocido por trabajar en defensa del periodismo veraz y en interés del pueblo de México”.

Mensaje íntegro de la NAHJ sobre el premio:

Es un gran honor anunciar que Carmen Aristegui recibirá el Premio Presidencial al Valor de NAHJ durante la conferencia Excelencia en Periodismo, el 20 de septiembre, en Orlando.

Aristegui es una periodista mexicana que, junto con su equipo, publicó una nota que involucra al presidente de México y a su esposa. La investigación reveló que la esposa del presidente recibió financiamiento por 7 millones de dólares para comprar una lujosa residencia en 2012. La compra fue realizada a una compañía que había recibido contratos por parte del gobierno por millones de dólares.

El presidente y su esposa negaron cualquier responsabilidad; sin embargo, el conflicto de interés es dolorosamente claro.

Unos meses después de haber reportado la historia, la cadena de radio de Aristegui, MVS, despidió a los productores del área de investigación de la periodista por violar una política de empresa no relacionada con el tema. Aristegui negó que su equipo hubiera violado dicha política y exigió la recontratación de su equipo. La empresa despidió a Aristegui también.

El programa de radio de Aristegui era popular y lucrativo, y más importante, ampliamente respetado; su equipo es conocido por trabajar en defensa del periodismo veraz y en interés del pueblo de México.

NAHJ honra a Aristegui no solo por solidarizarse con sus colegas periodistas, sino por mantenerse firme en su búsqueda de la verdad a cualquier costo.

“La pasión de Carmen por la verdad es la esencia de todo periodista”, dijo Mekahlo Medina, presidente de NAHJ. “Representa la fuerza, la determinación y el compromiso. En un país en el cual los periodistas con frecuencia son asesinados por la búsqueda de información, el trabajo de Carmen es de gran valentía”.

“Carmen Aristegui es un ejemplo de constancia y congruencia en el ejercicio periodístico”, dijo Eileen Truax, directora de medios en español de NAHJ. “Su trabajo y su trayectoria demuestran que es posible realizar periodismo de calidad, apegado a un código de ética, aún en el entorno más hostil para la libertad de expresión en México”.


Aristegui recibirá el Premio Presidencial al Valor durante la Gala de Premios de Periodismo de NAHJ “Noche de Periodistas”, el 20 de septiembre en Orlando, Florida.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.