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Sales niega motín en el Altiplano; “Algunos reos no querían desayunar”, minimiza

MÉXICO, D.F: El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, afirmó que no hubo motín el viernes pasado en el interior del penal del Altiplano, en Almoloya, Estado de México, y que se trató sólo de una protesta en el módulo uno, debido a que algunos reos “no quisieron tomar el desayuno”.

“No hubo motín. No, para nada. Algunos de los internos no quisieron tomar el desayuno, eso no podemos calificarlo como motín”, minimizó el funcionario en entrevista con Radio Fórmula.

El pasado viernes, aclaró, hubo algunos incidentes menores en el módulo uno, mientras se llevaba a cabo una revisión “para evitar hechos graves”,.

Según Sales Heredia, después de hablar con los internos que no quisieron tomar el desayuno, accedieron a tomar sus alimentos.

En el módulo uno, a donde fueron transferidos los presos de alta peligrosidad del área de Tratamientos Especiales, se encuentran, entre otros: Héctor Beltrán Leyva, exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva; Servando Gómez Martínez “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios; Edgar Valdés Villarreal “La Barbie”; Mario Cárdenas Guillén, del Cártel del Golfo; Arturo Martínez Herrera, José Bernabé Brizuela Meraz “La Vaca”, operador del Cártel de Juárez, y George Khouri.

El viernes pasado, la periodista Anabel Hernández informó a través de este medio que la inconformidad entre los presos comenzó la madrugada del viernes pasado, alrededor de las cinco de la mañana, tras un operativo encabezado por policías federales en el que irrumpieron en las celdas de los más de mil prisioneros de todos los módulos y quitaron televisiones y relojes a todos los reclusos.

Según testimonios recabados por la periodista, las protestas se mantuvieron sábado y domingo e incluyó la quema de colchones en el módulo 2. Los del módulo uno, por su parte, iniciaron una huelga de hambre que se mantenía al menos hasta el domingo pasado.

El operativo y las protestas fueron confirmadas el pasado domingo a la periodista y colaboradora de Proceso, por familiares de reclusos de distintos módulos y abogados de defensa, entre ellos el litigante José Luis Cobián.

Los televisores y relojes quitados a los presos, explicó Cobián, fueron en cada caso autorizados por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Cefereso, que depende del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

Por ello, explicó, no es ilegal que los internos los tengan y no hay una ley que lo prohíba por lo que la acción de retirárselos, “fue arbitraria y afecta la seguridad jurídica y garantía de audiencia de todos los internos”, señaló.

Las protestas, según los testimonios, empeoraron tras la visita que hizo al penal el 19 de septiembre Renato Sales. La CNS emitió el domingo pasado un boletín de prensa e informó de la visita de Sales a El Altiplano pero no mencionó nada de la protesta.

Hoy, en la entrevista con Radio Fórmula afirmó que todo se limitó a que algunos internos se negaban a tomar su desayuno.
Sales, llegó el sábado al penal en medio de un fuerte dispositivo militar y de la PF. Se señaló que durante su visita hubo actos de insultos y agresión contra los internos que empeoraron el clima en el interior del penal.

En el comunicado que emitió el domingo pasado la CNS indicó que la visita de Sales Heredia al Altiplano “sirvió para conocer los protocolos de seguridad que se aplican, los filtros de acceso que existen y supervisar en general cómo está operando el centro.

Durante la entrevista de este lunes, el comisionado dijo que el penal del Altiplano “tiene algunas áreas que se mantienen tal como cuando fue creado, en los años noventa; hay que actualizar mecanismos de seguridad”.

En general, abundó, es preciso llevar a cabo una revisión en todo el sistema carcelario nacional y reformular todo el sistema penitenciario porque “las condiciones de los penales son lamentabilísimas”.

Sales Heredia añadió que, así como se revisarán penales federales, se hará lo mismo con las estatales, “corresponsabilizando a los gobernadores de este tema, tan sensible y tan olvidado” y “poniendo especial énfasis en el tema de orden y disciplina”; así como en el cumplimiento de la condiciones para el internamiento de reclusos.


El penal de máxima de seguridad del Altiplano, ha estado en la mira en los últimos meses por la fuga el pasado 11 de julio, del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo Guzmán”, quien a la fecha permanece prófugo. Además, a principios de septiembre fue encontrado muerto en su celda Sigifredo Nájera Talamantes “El Canicón”, supuestamente por una sobredosis de droga, cuando se supone que en el penal de máxima seguridad hay todos los filtros para que esas sustancias no ingresen.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Se sublevan reos de penal del que escapó “El Chapo”; les quitan TV y relojes

MÉXICO, D.F: El viernes 18 de septiembre aproximadamente a las 5 de la mañana en el penal de máxima seguridad Cefereso No. 1, mejor conocido como El Altiplano, en Almoloya, Estado de México, se llevó a cabo un operativo encabezado por policías federales en el que irrumpieron en las celdas de los más de mil prisioneros de todos los módulos y quitaron televisiones y relojes a todos los reclusos.

Desde ese día iniciaron las protestas de los internos. De acuerdo a la información recabada el sábado 19 y este domingo 20, la revuelta llegó a la quema de colchones en el módulo 2, lo cual representa un incidente nunca antes conocido dentro de una cárcel de máxima seguridad en México.

El 11 de julio pasado escapó de esa prisión el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera El Chapo Guzmán, quien hasta la fecha permanece prófugo. Y a principios de septiembre fue encontrado muerto en su celda Sigifredo Nájera Talamantes El Canicón, supuestamente por una sobredosis de droga según dijo el gobierno federal, cuando se supone que en el penal de máxima seguridad hay todos los filtros para que esas sustancias no ingresen.

Como parte de las protestas en El Altiplano, al menos 20 internos del módulo 1, a donde fueron transferidos los presos de alta peligrosidad del área de Tratamientos Especiales, iniciaron el viernes 17 una huelga de hambre que se mantenía al menos hasta este domingo 20.

Entre los presos del módulo 1 están Héctor Beltrán Leyva, exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva; Servando Gómez Martínez La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios; Edgar Valdés Villarreal La Barbie; Mario Cárdenas Guillén, del Cártel del Golfo; Arturo Martínez Herrera, José Bernabé Brizuela Meraz La Vaca, operador del Cártel de Juárez, y George Khouri.

El operativo y las protestas fueron confirmadas hoy domingo a Proceso por familiares de reclusos de distintos módulos y abogados de defensa, entre ellos el litigante José Luis Cobián.

Los televisores y relojes quitados a los presos, explicó Cobián, fueron en cada caso autorizados por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Cefereso, que depende del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

“No es ilegal tenerlos, fue autorizado y no hay una ley que lo prohíba por lo que la acción (de quitarlos) fue arbitraria y afecta la seguridad jurídica y garantía de audiencia de todos los internos”, señaló.

“Hay un descontento muy grande”, confirmó uno de los familiares que apenas el sábado visitó a uno de los internos y que pidió se reservara su nombre.

Las protestas empeoraron tras la visita que hizo al penal el 19 de septiembre Renato Sales, recién nombrado comisionado nacional de Seguridad. La CNS emitió hoy un boletín de prensa e informó de la visita de Sales a El Altiplano pero no mencionó nada de la protesta.

Un polvorín

Desde el 21 de julio pasado el nuevo director de El Altiplano es Jaime Fernández López, quien ocupaba el mismo puesto en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 5 en Perote, Veracruz. Sustituyó a Valentín Cárdenas, quien fue destituido después de la fuga de Guzmán Loera.

El viernes pasado Cárdenas y otros 11 exfuncionarios de ese penal, entre ellos custodios, fueron ingresados por la mañana a El Altiplano por su presunta complicidad con la fuga de El Chapo, lo que aumentó aún más la tensión dentro del penal.

El arresto de los funcionarios fue informado por la PGR hasta la tarde de ese día. Según la información recopilada, el operativo llevado a cabo la madrugada del viernes tenía el fin de buscar drogas y explosivos en los módulos del penal, pero les quitaron a los internos los televisores de 7 pulgadas y relojes de plástico autorizados por el Consejo Técnico.

De acuerdo al abogado José Luis Cobián, antes del operativo del viernes cerca del 80 por ciento de los internos de El Altiplano tenían televisión o reloj, lo que representa cerca de mil reos.

La televisión autorizada por el Comité debe ser de 7 pulgadas, pantalla plana, sin bocinas y los internos sólo pueden ver la televisión con audífonos. No hay horarios de restricción así que los presos pueden verla a todas horas, explicó el abogado.

A diferencia del resto de los presos, Guzmán Loera tenía en su celda de manera ilegal una televisión con bocinas y cuyo volumen incluso estaba muy alto el día de su fuga, según se afirma en el expediente judicial abierto sobre el escape (Proceso 2022).

Los únicos relojes de pulso a los que se supone tienen derecho los internos deben ser negros, de plástico y sin ninguna pieza de metal en su exterior. Al igual que los televisores, son adquiridos por los familiares y entregados en el área de resguardo del penal de donde luego son repartidos según la autorización de los directivos del penal.

Cobián explicó que un interno tarda entre seis o siete meses en tener acceso a esos beneficios luego de que pasan por el Centro de Observación y Clasificación (COC) y los asignan a un módulo.

“Las autoridades del penal erróneamente lo catalogan como un estímulo no como un derecho”, dijo Cobián. “Lo toman como un premio otorgado por buen comportamiento y por colaborar con las autoridades penitenciarias”. Pero es un derecho constitucional, afirmó.

Otros abogados con quienes se corroboró la información de la protesta señalaron que el ambiente al interior de la cárcel es muy tenso y que las medidas de presión contra los internos han ido en aumento desde la fuga de Guzmán Loera, aunque no fueron los reclusos los responsables.

Por ejemplo, se señala, desde el viernes que retiraron televisores y relojes se han restringido las visitas de los abogados de defensa de varios de los internos, argumentando que cuando pasan a los filtros de seguridad están “contaminados”.

Después de la fuga de Guzmán Loera, supuestamente ocurrida por un túnel que daba a la regadera de la celda número 20, el área de Tratamientos Especiales destinada a los presos de mayor peligrosidad está en remodelación. Desde hace más de un mes todos los internos de esa área fueron cambiados al módulo 1 de manera temporal. Dicho módulo está en el área central de la prisión.

Se afirma que desde el viernes los internos del módulo 1 ya no ingirieron la cena que se les deja en cada celda.

Visita en medio de la revuelta

Sales, nuevo titular de CNS, llegó el sábado al penal en medio de un fuerte dispositivo militar y de la PF. Se señala que durante su visita hubo actos de insultos y agresión contra los internos que empeoraron el clima en el interior del penal.

“La visita realizada el día de ayer 19 de septiembre, inició al filo de las 10 de la mañana, sirvió para conocer los protocolos de seguridad que se aplican, los filtros de acceso que existen y supervisar en general cómo está operando el centro”, indicó ayer el boletín de prensa del CNS. Pero nada se dijo de la protesta.

“Durante el recorrido en las instalaciones, que se prolongó por casi cuatro horas, el comisionado nacional de Seguridad aprovechó para visitar uno a uno los módulos que componen la población penitenciaria, incluyendo aquellos que resguardan a los internos de alta peligrosidad”, señaló el comunicado.


Hasta esta noche de domingo no se reportaban heridos ni que la protesta se hubiera tornado violenta.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.

Pese a recorte, más esfuerzo en educación: Nuño

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, señaló que a pesar de la situación económica del país, se harán mayores esfuerzos para tener una educación con mayor inclusión, responder a la diversidad de la necesidad de todos los estudiantes a través de una mayor participación en el aprendizaje y reduciendo la exclusión en la educación.

Luego de asistir a la primaria Doctor Agustín Rivera, que se ubica en el Centro Histórico, aseguró  que ya inició la depuración de la nomina magisterial como parte de las acciones para eficientar el presupuesto en el sector.

El funcionario visitó la escuela a fin de conocer directamente las inquietudes, necesidades y retos de alumnos, profesores y padres de familia.

“Más allá de los edificios, las escuelas son comunidades de aprendizaje, en donde sin duda es indispensable contar con una infraestructura adecuada, pero sobre todo es necesario garantizar la calidad educativa. El derecho número uno de los niños es tener educación de calidad.

Sin embargo dijo que falta mucho por hacer. "Desafortunadamente por razones ajenas al país que tienen que ver con el precio del petróleo, componente muy importante en el presupuesto, es inevitable que este año sea difícil. Yo no vengo a engañar a nadie. La situación económica no es sencilla pero en la medida de las posibilidades haremos el mayor esfuerzo".

Por otra parte reconoció la postura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien el próximo miércoles firmará un convenio con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) para transparentar los recursos que recibe del gobierno federal.

"La transparencia es parte fundamental del gobierno que queremos tener. La reforma que se hizo en materia de transparencia incluye como sujetos obligados a los sindicatos que tienen recursos públicos. Esto habla  de que su dirigente (Juan Díaz de la Torre) y el gremio han entendido los nuevos tiempos.


"Son un líder y un sindicato moderno que han abrazado la Reforma Educativa porque entienden que tienen que cambiar, pero que también han entendido la importancia de la transparencia y que como sindicato se pone a la vanguardia en ese tema".

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CÉSAR ARELLANO GARCÍA.

Normalistas irrumpen en Fiscalía de Guerrero

Chilpancingo, Gro. Estudiantes de la Normal de Ayotzinapa incursionaron en las instalaciones de la Fiscalía General del estado de Guerrero (FEG), esta mañana, para exigir castigo a los responsables de la desaparición de los 43 normalistas -el 26 de septiembre de 2014, en Iguala-, así como del crimen de otras seis personas.

Durante la incursión, los estudiantes causaron destrozos al interior del inmueble de la FEG; poncharon llantas de vehículos oficiales, rompieron parabrisas de los automóviles y cristales del inmueble. Asimismo, pegaron las fotografías de los 43 desaparecidos en los ventales de la Fiscalía.

En la jornada de protestas participaron algunos padres de familia, encabezados por Felipe de la Cruz y Melitón Ortega.


Los contingentes se han retirado y en estos momentos denuncian que se les impide el regreso a su escuela por parte de policías federales ubicados en el entronque a la carretera a Tixtla.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SERGIO OCAMPO

Paquete económico 2016 se basa en más deuda: Ciep

México, DF. El paquete económico propuesto para 2016 descansa básicamente en la contratación de mayores niveles de endeudamiento y hace evidente la presencia de un sistema fiscal mexicano frágil, insostenible en el tiempo y poco contributivo al desarrollo del país, concluyeron los integrantes del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (Ciep).

Al dar a conocer los resultados del análisis hecho a las propuestas de política económica del Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, Ricardo Cantú Calderón, director de Ingresos de este centro constituido principalmente por egresados del Tecnológico de Monterrey, señaló que este es el tercer año consecutivo por el que se solicita deuda por el equivalente a 3 por ciento del producto interno bruto (PIB), unos 600 mil millones de pesos, para cubrir la diferencia entre los ingresos y los gastos.

Explicó que los cambios de la reforma hacendaria han permitido elevar entre 1.6 y 1.8 por ciento el monto de la recaudación tributaria, en tanto que el aumento del impuesto especial sobre producción y servicios (Ieps) a diesel y gasolinas ha aportado entre 1.2 y 1.4 por ciento del PIB. Pero ambas elevaciones han sido insuficientes para cubrir una caída real de los ingresos petroleros del sector público estimada en 30 por ciento.

Por su parte Sunny Villa Juárez, directora de Gasto del Ciep, comentó que este es el paquete económico “con el menor margen de maniobra en la última década” y que, a la par de una disminución de 1.3 puntos del PIB comparado con el presupuesto de 2015, el hecho de que casi 3 de cada 4 pesos del gasto propuesto para 2016 correspondan a los “gastos obligatorios” --como los federalizados, pensiones, deuda y pagos de servicios públicos entre otros--, hicieron inviable un ejercicio de reingeniería presupuestal base cero.

El rubro más afectado con el recorte al gasto es el de la inversión, “que cae 0.7 por ciento del PIB comentó la especialista mientras Ricardo Cantú advirtió que “de poco sirve recaudar más si se sigue gastando mal”.

El director general del Ciep, Héctor Juan Villareal Pérez, subrayó que “se trata de un paquete de transición hacia una reforma de más largo plazo” que atienda a mayor profundidad las fuentes de ingresos, la organización del gasto público y la deuda.


Este fue el paquete económico que se pudo, dijo. El endeudamiento público ascenderá a 47.8 por ciento del PIB, más de 9 billones 100 mil millones de pesos, la cual implica un crecimiento de 6.9 puntos en dos años. Villareal Pérez, apuntó que el paquete económico propuesto exhibe “un sistema fiscal muy frágil e insostenible en el tiempo”, el cual “se sigue cuadrando con requerimientos financieros similares a los de los últimos años y esto pone una presión considerable en el acumulamiento de la deuda pública federal”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JUAN ANTONIO ZUÑIGA M.

El Ejército supo en tiempo real del ataque a normalistas: El País

MÉXICO, D.F: “Si nuestros soldados no han sido señalados en ninguna de las averiguaciones, ¿cuál es la razón de ir a los cuarteles?” para averiguar sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, cuestionó el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

No obstante, la sombra de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, persigue al Ejército mexicano porque el ataque fue conocido e incluso presenciado por soldados y oficiales, como lo ha documentado la revista Proceso en varias de sus ediciones.

Este lunes, el diario ‘El País’ difundió una nota en la que destaca las declaraciones del teniente Joel Gálvez y del soldado Eduardo Mota, que revelan cómo el 27 Batallón de Infantería destacamentado en Iguala y su cuartel general en Chilpancingo recibieron información de primera mano del atentado contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinpa, en el que seis personas fueron asesinadas, tres de ellas normalistas.

Pese a ello, el Ejército mantuvo la distancia y dejó que la Policía Municipal, un apéndice del narco, detuviese a los jóvenes. “No te acerques mucho ni te arriesgues”, llegó a decirle un oficial de inteligencia a un agente en uno de los ataques, según el diario.

Las declaraciones de Gálvez y Mota a la Procuraduría General de la República (PGR), añade, muestran el conocimiento que tuvo la inteligencia militar de la tragedia. Un convulso episodio en el que la Policía Municipal, a las órdenes del Cártel de Guerreros Unidos –apunta– desató una persecución que sumió a Iguala en el caos.

Durante la caza, dos estudiantes murieron a balazos, otro fue desollado, y tres personas ajenas a los hechos fueron tiroteadas al ser confundidas con normalistas. Todo, sin que los militares intentaran impedirlo.

El flujo de información, destaca ‘El País’, partió del denominado C-4, un sistema de coordinación de seguridad en el que también participaba la policía estatal y federal. Allí, un sargento mantenía al tanto al oficial de inteligencia, quien a su vez ponía en conocimiento de la espiral de violencia a su superior, el coronel José Rodríguez Pérez, y al cuartel central de la 35 zona militar, al mando del general Alejandro Saavedra Hernández.

El teniente Gálvez, según su relato, recibió al menos nueve llamadas. En la primera, el oficial ordenó al soldado Mota, encargado de comunicaciones y encriptación, acudir a uno de los focos de tensión, a pocos metros de la central de autobús.

Allí la Policía Municipal rodeaba un transporte repleto de normalistas e intentaba someterlos mediante gases lacrimógenos y amenazas: “¡Si no bajan, les irá peor!”, les gritaban. Los que se rendían quedaban tendidos boca abajo. Era su sentencia de muerte. Este contingente de detenidos acabaría siendo entregado a los sicarios, puntualiza el diario español.

El agente de inteligencia tomó fotos y, tras ser conminado por su teniente a no acercarse, regresó a su batallón. A partir de ese momento se sucedieron las llamadas del C-4 y también las peticiones de ayuda de ciudadanos.

Los militares, bajo órdenes del coronel, empezaron a patrullar la ciudad. Acudieron a los sitios donde se habían refugiado por decenas los normalistas, y en el Hospital General y la Clínica Cristina se toparon con heridos graves, algunos al borde de la muerte, y escucharon los relatos del terror.

En su recorrido encontraron varios cadáveres. Primero, dos estudiantes tiroteados a quienes ni siquiera se acercaron. Luego, los tres acribillados en el ataque al autobús del equipo de fútbol Los Avispones, que la Policía Municipal confundió con normalistas. Yal alba, las primeras luces descubrieron el rostro desollado y sin ojos del estudiante Julio César Mondragón. Esa noche desaparecieron 43 normalistas.


De acuerdo con el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, la ley impide a los militares actuar fuera de sus cuarteles si no es bajo petición de la autoridad civil, pero no ocurrió así esa noche.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aplaza Mancera consulta ciudadana sobre Corredor Cultural Chapultepec

MÉXICO, D.F: A petición de los comités ciudadanos, la consulta pública sobre la construcción del Corredor Cultural Chapultepec (CCC) en el Distrito Federal se pospuso para el próximo sábado 3 de octubre.

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, explicó que los representantes de los comités ciudadanos reciben asesoría del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), organismo que respaldará el ejercicio, por lo que pidieron que la consulta se aplace una semana. Originalmente se realizaría el domingo 27 de septiembre.

En conferencia, informó que la Secretaría de Gobierno se encargará de afinar los detalles para dar mayor certidumbre al ejercicio ciudadano.

Mancera Espinosa recordó que los resultados de la consulta serán vinculantes. Detalló que, aunque la paraestatal ProCDMX no ha presentado el cuestionario, se preguntará a los ciudadanos si están a favor o no del corredor y si éste debe ser un parque elevado o no.

El pasado 18 de agosto, el GDF publicó en su Gaceta Oficial el anuncio de la construcción del proyecto de coinversión con la iniciativa privada de alrededor de mil millones de pesos.

Se trata de un corredor que involucra a las colonias Roma Norte y Juárez, que conectará el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Chapultepec a la Glorieta de los Insurgentes mediante un parque lineal elevado.

Apenas se hizo el anuncio, comités vecinales de la zona, así como agrupaciones civiles relacionadas con el medio ambiente y la movilidad cuestionaron el proyecto; denunciaron que el gobierno capitalino violó sus derechos humanos al no consultarlos para su elaboración.


En respuesta, el GDF aceptó realizar una consulta ciudadana, aunque en ella participará el mismo promotor de la obra: la Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo para la Ciudad de México (ProCDMX), dirigida por Simón Levy.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Asistencialismo causa más pobreza y desnutrición a mujeres en el agro: fundación

Ciudad de México, 20 de septiembre: Los programas sociales del Gobierno no han logrado generar autonomía en las mujeres del campo ni reducir los índices de desnutrición que azotan el país, principalmente, porque se han enfocado en desarrollar programas asistencialistas en vez de productivos, denuncia la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural (FMDR).

La fundación trabaja con mujeres de 58 comunidades repartidas entre los estados de Yucatán, Oaxaca y Campeche. “Y más allá de regalarles cosas, les enseñamos a emprender proyectos de producción”, explica Fabiola Acosta Manning, directora de Relaciones Institucionales de FMDR, en entrevista con SinEmbargo.


En los últimos siete años, la fundación implementó un programa de capacitación que ha trabajado con más de mil mujeres, quienes se han organizado en grupos promedio de 10 personas y formar micro empresas. Dirigidas por mujeres de la comunidad que se han empoderado de sus actividades productivas en proyectos de miel, telas, jamaica, panadería o tortillería.
“En este sentido, nos hemos dado cuenta que conforme se fortalecían estas líneas de producción, los niveles de nutrición de los niños mejoraron”, dice Acosta.

Datos de la fundación refirieron en julio del año pasado que el 29 por ciento de los hijos de las mujeres que emprendían proyectos a lo largo de 21 municipios presentaron algún tipo de afectación en su salud alimentaria, ya fuese desnutrición, bajo peso u sobrepeso.

“A partir de ahí, mediante el trabajo que hicimos de julio a diciembre el año pasado, la cifra de desnutrición que era de 7 por ciento se redujo a 1 por ciento. Cuando vemos que hay un caso muy grave lo remitimos a un hospital”, agrega la directora.


Los problemas de nutrición son un mal generalizado en el país, de acuerdo con datos oficiales de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012, la cual refirió que hay 302 mil menores de cinco años que presentan bajo peso, un millón 467 mil baja talla y 171 mil emaciación o enflaquecimiento extremo.

El sureste del país es el más afectado por la desnutrición insiste la FMDR. En este punto coincidió el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Abelardo Ávila Curiel, quien el mes pasado en una entrevista a SinEmbargo alertó sobre las condiciones en las que viven los niños de esa región.

“La desnutrición se ha dado más en los estados indígenas y del sur. En general, hay una importante permanencia de la desnutrición infantil. Que podríamos llamarle la desnutrición transgeneracional. Madres que fueron niñas desnutridas, que siguen padeciendo carencias de desnutrición, tienen hijos ya con un rezago nutricional in-útero, que a los primeros dos o tres años sufren desnutrición importante”, dijo el experto.

La FMDR, trabaja con el Gobierno en algunos municipios, sin embargo, advierte que pese al éxito de sus sistemas de producción en el área rural que han logrado constituir legalmente a 23 micro empresas, aún falta trabajo para que las autoridades repliquen este modelo para el campo.

El año pasado la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) aseguró haber destinado cinco mil 218 millones de pesos para la atención productiva a la mujer rural.

De estos el 55.8 por ciento se hizo a través de Proagro, un programa que ha sido fuertemente cuestionado. Recientemente, el investigador, Héctor Robles Berlanga, dio a conocer los resultados de un estudio que reveló que el 60 por ciento de los créditos de Proagro es asignado al 20 por ciento de los productores de mayor escala. Dejando en desventaja a los productores más pobres sin importar su género.

En el caso de salud alimentaria, el Programa de Inclusión Social Prospera, del que se benefician 943 mil 718 familias con el Programa de Apoyo Alimentario.

Los apoyos monetarios corresponden a 335 pesos, de acuerdo con el portal del programa. “La entrega se realiza de manera bimestral a las familias beneficiarias para contribuir a que mejoren la cantidad, calidad y diversidad de su alimentación”.

Sin embargo, el carácter asistencialista sin control del Gobierno ha desatado que los recursos no ayuden a paliar la desnutrición, dijo Ávila en su momento.

“Les dan el dinero, y luego resulta que lo primero que tienen a la mano es una tienda con comida chatarra. En una lógica de que el dinero con el que compran sopas Maruchan es regalado, muchas personas no les importa pagar comida chatarra que puede ser más cara que la sana”, dijo Ávila.

Acosta Manning refirió que otro programa de la fundación que trabaja con jornaleros, llamado Sembrando Salud, ha constatado el abuso de los campesinos de bebidas con alto contenido azucarado, como es el caso de los refrescos.

“Las usan por la energía y poder trabajar. Pero aquí en la fundación más que pelear contra los refrescos, recomendamos en nuestras capacitaciones su moderación”, dijo.


La organización civil El Poder del Consumidor dijo recientemente a SinEmbargo que en México aún es un mito que la comida chatarra sea más barata que la sana. Sin embargo, en cuanto a la accesibilidad, hay zonas donde los productos de alto contenido calórico se consiguen con mayor facilidad que los saludables.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.

ONGs critican que la “austeridad” se dé en campo, salud y educación, y no en Ramo 23

Diversas organizaciones civiles denunciaron que la “austeridad presupuestal” anunciada por el Presidente Enrique Peña Nieto en su Tercer Informe de Gobierno, se haya hecho visible en rubros como el de salud e infraestructura, y no, por ejemplo, en el Ramo 23, que para este año busca absorber 102 mil 866 millones 718 mil 823 pesos sólo para provisiones salariales y económicas del Gobierno federal.

Este rubro, año con año levanta severas críticas ya que se considera una ruta en la que el dinero público no logra cumplir con sus objetivos. Es el dinero que el Gobierno federal reparte a los gobiernos locales y municipales para previsiones salariales de servidores públicos para fomentar una cultura del ahorro; para prestaciones de seguridad social, pólizas de seguro; dinero para incrementos salariales; provisiones para fondos como el de prevención de desastres naturales, accesibilidad para personas con discapacidad, turísticos; y finalmente, la distribución de los ingresos petroleros excedentes.

Este Ramo es un instrumento presupuestario creado para atender obligaciones del Gobierno federal, que no están contempladas en el gasto directo de las dependencias ni de las entidades.

Maite Azuela, de la organización Dejemos de Hacernos Pendejos, cuestionó que la política de austeridad se haya enfocado en las áreas de salud, educación, campo e infraestructura, cuando los esfuerzos, explicó, debieron enfocarse en la reducción de los espacios en los que se le da un uso público al dinero y se realizan gastos onerosos.

“Por qué cuando imaginan políticas de austeridad, siempre a lo que se recurre son a las áreas de educación, salud, desarrollo social, donde el país necesita mayor inversión para el crecimiento económico. Por qué mejor no se hace una revisión más detallada de los gastos en el Ramo 23, en el que está el dinero que el Gobierno federal reparte a los gobiernos locales y municipales, donde el problema es que en el camino ese dinero se vuelve polvo. Ese es un proceso de corrupción que habría que transparentar y revisar de manera inmediata”, comentó Azuela, también integrante del colectivo Acción Ciudadana Contra la Pobreza.
“Por qué cuando imaginan políticas de austeridad, siempre a lo que se recurre son a las áreas de educación, salud, desarrollo social, donde el país necesita mayor inversión para el crecimiento económico. Por qué mejor no se hace una revisión más detallada de los gastos en el Ramo 23, en el que está el dinero que el Gobierno federal reparte a los gobiernos locales y municipales, donde el problema es que en el camino ese dinero se vuelve polvo. Ese es un proceso de corrupción que habría que transparentar y revisar de manera inmediata”, comentó Azuela, también integrante del colectivo Acción Ciudadana Contra la Pobreza.
Para el Presupuesto 2016 a este rubro se le piensan destinar 24 mil 450 millones de pesos menos que en 2105, lo que significa una caída del 19.21 por ciento; sin embargo, la inconformidad de las organizaciones civiles resulta al comparar el resto de los recortes. Por ejemplo, para Comunicaciones y Transportes, se propone 33.72 por ciento menos y para el Campo, 16.74 por ciento menos.

Franciso Landero, de la Fundación del Empresariado Mexicano, explicó que una mayor inversión pública es necesaria para aumentar el crecimiento del país, ya que si no se alcanza un crecimiento de al menos 5 por ciento, no habrá programa social ni cambios de secretarios que puedan reducir la pobreza y la desigualdad.

Las organizaciones no gubernamentales presentaron en conjunto un paquete de medidas que entregarán al Congreso, en las que contemplaron la eliminación de programas sociales redundantes, de subsidios regresivos y sin resultados positivos, como los de condonación de impuestos a grandes empresas; el fortalecimiento a los gastos en salud, educación e infraestructura, y que al mismo tiempo éstos cuenten con un mecanismo efectivo contra la corrupción, ya que, consideran, se ha convertido en un lastre para el país y ha contribuido a la desviación de los presupuestos a través de cuotas, moches, tráfico de influencias y conflictos de interés.
“Los anuncios de reducción del gasto y Presupuesto Base Cero muestran que al Gobierno le está faltando mucha creatividad y en caso de que los legisladores no reaccionen a tiempo, también de ellos, en cuanto a la manera generar ideas para hacernos de ingresos, y en la forma de gastarlos de una manera distinta, donde los más afectados no sean como siempre los que viven en condiciones más marginadas”, comentó Azuela al respecto.
En el paquete de 2016, los gastos más fuertes que se prevén son los de Desarrollo Regional, por 32 mil 362 millones 637 mil pesos; Protección Social, 18 mil 991 millones de pesos; y Provisiones para programa salarial, 18 mil 391 millones de pesos. Los rubros más afectados son, por ejemplo, los de inversión, al que se le busca destinar a Transporte 492 millones de pesos o el Fondo de Cultura que, desapareció.

En la Cámara de Diputados, en 2015, el gasto federalizado tuvo un incremento de 94 mil 967.6 millones de pesos por una mayor asignación de recursos al Ramo 23 (una ampliación del 95.5 por ciento de lo predestinado por la Secretaría de Hacienda).

Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), las razones del incremento fueron más Proyectos de Desarrollo Regional, Fondos de Infraestructura Deportiva, Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y Fondo para la Reconstrucción de la Infraestructura de Baja California Sur.

También se aprobó dinero para Contingencias económicas, Fondo de Capitalidad y a los Fondos Metropolitanos, y Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad y al Fondo Sur-Sureste.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.

Lo que dice Nestora

MÉXICO, D.F: El caos del país, ese caos que no existe en el innoble imaginario de Enrique Peña Nieto, tiene mil formas: fosas comunes, asesinatos, desapariciones forzadas, extorsiones, secuestros, desplazamientos e impunidad. Habría que agregar a ellas la fabricación de delitos a quienes, frente al caos, tomaron el camino de defender a los suyos.

Uno de esos rostros, que junto a los del José Manuel Mireles y Mario Luna representa el de cientos, es el de Nestora Salgado. En ella se expresa la sentencia del Estado: “Si se defienden les destruimos la vida. Ustedes no nos importan”.

La visité hace unos días en la torre médica del Centro Femenil de Readaptación Social, en donde convalece a causa de la huelga de hambre que hizo para luchar por su inocencia. Gordita, chaparrita, dulce y a la vez firme, responde a mi alegría de verla bien con: “No podría ser de otra forma, Javier. La seguridad de que yo no hice lo que me atribuyen me da paz y fuerza”.

A pesar del daño del hígado, consecuencia de su ayuno, y de su dolor crónico de espalda, secuela de un accidente carretero que dañó sus cervicales –y para el cual no se le proporciona medicamento porque no hay Pregabalina en el hospital–, no se queja. Por el contrario, inició el 23 de agosto el Ayuno de Daniel –un ayuno de verduras– para acompañar el año de sufrimiento de los padres de Ayotzinapa. Una forma de continuar en su encierro lo que no dejó de hacer como comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá: defender a la población contra el crimen organizado y la corrupción e inoperancia del Estado.

En ese encargo –amparado por el artículo 701 de la Ley Estatal de Guerrero y el 2.A de la Constitución federal, que garantizan el derecho de los pueblos indígenas al autogobierno y la autodefensa– disminuyó 90% las tasas de criminalidad de Olinalá. Sin embargo, en 2013, la recuperación de cuatro adolescentes declaradas desaparecidas por sus madres y su detención, por petición de esas mismas madres, en la Casa de Justicia de la Policía Comunitaria derivó en el arresto sin orden de aprehensión de Nestora y en su confinamiento, igual de arbitrario, en el penal de alta seguridad de Tepic.

Las muchachas que la acusan, víctimas de una red de trata y de tráfico de drogas vinculada con las autoridades del municipio, me dice Nestora, “traían en sus celulares videos de violaciones y de ejecuciones que entregamos al Ejército. Sus madres nos pidieron que las retuviéramos en la Casa de Justicia y Reeducación porque ya no sabían qué hacer con ellas. No secuestramos ni maltratamos a nadie, como ellas dicen. Usted conoce bien la Casa de Justicia y la manera en que se vive allí y se encauza la vida. A mí me gustaría ahora estar allí y no en este lugar. Aquí, a pesar de las buenas condiciones del hospital, es el encierro. Allá, usted lo sabe, es un confinamiento en libertad. Se paga trabajando por la comunidad y se busca la recuperación de las personas retenidas”.

La criminalización de Nestora, lejos de constituir un acto de justicia, es un acto más del oprobio del Estado mexicano: la protección de negocios criminales. Primero, el de la trata y el tráfico de drogas, del que las muchachas que la acusan son víctimas y usufructo. Segundo, mediante el amedrentamiento y la criminalización de las policías comunitarias, el de la instalación cómoda de las compañías mineras en las montañas de Guerrero cuyos contratos están ya firmados. “Parece, Javier –me dice con tristeza–, que conscientizar y defender con dignidad la vida es un crimen para el Estado, un crimen que se paga con el encarcelamiento y la destrucción de la vida. ¿Sabe qué me duele más de todo esto? No ver a mis hijas ni a mi nieto y saber del sufrimiento de tantos seres indefensos”.

La criminalización de Nestora –al igual que la de Mireles y sus autodefensas, al igual que la de Luna y los yaquis– no sólo es el otro rostro de los crímenes de ­Ayotzinapa, de los 57 mil 410 asesinados en lo que va de la administración de Peña Nieto, de los 80 mil del sexenio de Calderón –la deuda no es de gobierno, sino de Estado–, de los más de 30 mil ­desaparecidos que continúan su monstruosa acumulación, y de las centenas de muchachas corrompidas por el crimen, como las que acusan a Nestora. Es también la mentira con la que en su discurso de tres años de gobierno Peña Nieto ha querido maquillar una vez más la tragedia humanitaria y la emergencia nacional que administra y hace cada día más hondas.

La presencia de Nestora es, sin embargo, una palabra que en el cerco de su encierro aplasta con su dignidad la amplificación del vacío y criminal discurso del Estado. Cuando me despedí de ella nos abrazamos. La palabra que salió entonces de su boca y resumía nuestra conversación no tenía sonido. Su sonido no era el de la mudez que la criminalidad del Estado quiere imponerle, sino el del silencio absoluto.

Ese alarido de la palabra dentro del silencio me recordó el que proferí en Manila cuando supe del asesinato de mi hijo, el mismo que articula cada víctima. Me recordó el de Casandra cuando “adivinó el vaho de sangre en la casa de Atreo”. La misma lamentación pura y salvaje que acusa al Estado por su inhumanidad y la devastación de lo humano, y clama por la justicia, la paz y la libertad humilladas.


Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés; detener la guerra; liberar a José Manuel Mireles, a sus autodefensas, a Nestora Salgado, a Mario Luna y a todos los presos políticos; hacer justicia a las víctimas de la violencia; juzgar a gobernadores y funcionarios criminales; boicotear las elecciones y devolverle su programa a Carmen Aristegui.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAVIER SICILIA.

La PGR detiene y libera a dirigente de la CNTE en Oaxaca

MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo y liberó este domingo al profesor Adrián Ramírez Castillo, integrante de la Comisión Política recién nombrada de la Sección 22.

Ramírez Castillo fue llevado a las oficinas de la Subdelegación de Procedimientos Penales “B” de la PGR en el puerto de Salina Cruz.

El maestro funge como líder en el sector de Juchitán de Zaragoza, integrado apenas este mes a la dirigencia magisterial.

Según reportes policiacos, el profesor fue detenido cuando conducía su vehículo a exceso de velocidad, en estado de ebriedad y presuntamente con un arma de fuego.

Se presume que su detención fue producto de una orden de aprehensión del orden federal por su probable participación en la destrucción de paquetería electoral durante las elecciones del pasado 7 de junio.

Tras conocerse la detención del líder magisterial, la Sección 22 anunció que realizaría una serie de bloqueos en la región del Istmo.

De hecho un grupo de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloqueó hoy la carretera federal 190, a la altura del Canal 33.


Sin embargo, una vez que el maestro fue liberado los inconformes retiraron el bloqueo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: http://www.proceso.com.mx/?p=415918.

Oportunidad de Peña para salvarse de su propia hoguera

MÉXICO, D.F: Unas 26 mil personas han desaparecido en México, según registros oficiales, cifra que dista mucho de la que manejan organismos de derechos humanos independientes y que alcanzan las 60 mil víctimas. Y entre éstas se encuentran los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

Ariel Dulitzky, relator del Grupo de Trabajo de la ONU contra la Desaparición Forzada, sostuvo aquel noviembre de 2014, cuando se reunió con la primera comisión especial legislativa para el caso Ayotzinapa, que para atacar el delito el gobierno mexicano primero tiene que reconocer la existencia de éste y luego formular una ley contra desapariciones para evitar y castigar este ilícito, además de establecer una base de datos que facilite la búsqueda de víctimas.

Con el deleznable caso de la desaparición de los estudiantes y el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que echa por la borda cualquier identificación de restos óseos por parte de la Universidad de Innsbruck, con la afirmación de que en el basurero de Cocula, Guerrero, no pudo haber habido una pira humana, el PAN enfiló sus baterías contra el PRI y su gobierno.

Entonces presentó una iniciativa que en el fondo buscaba el reconocimiento de la administración peñista sobre la existencia de este delito en México. Así, propuso la instauración del 26 de septiembre como “Día nacional contra la desaparición forzada de personas”.

Reacios a aceptar una verdad que en número apabulla pero que en imágenes destroza el alma, sobre todo cuando se descubren decenas y decenas de fosas clandestinas con cuerpos de personas que han estado desaparecidas en los últimos diez años, el PRI dejó reposar la demanda una semana.

Al final aceptó instaurar ese día con su nombre completo y evitó cualquier otro, como aquel de “Día de las víctimas de Ayotzinapa” que según reveló el diputado federal panista, Federico Doring, pretendía imponer el PRI.

En su último informe de resultados y análisis sobre la situación en México, Dulitzky señala que aunque valora que el Estado acepta que enfrenta retos en el tema, “constata que el incipiente reconocimiento discursivo al problema de la desaparición forzada no ha sido consistente, uniforme y homogéneo entre todas las autoridades del Estado mexicano, ni al más alto nivel. Tampoco ha habido un reconocimiento respecto de la dimensión del problema, tal y como lo recomendó el Grupo de Trabajo”.

El documento de Dulitzky fue presentado el viernes 11; días después, el jueves 17, el PRI aceptó reconocer la existencia del delito. Aunque sólo de manera discursiva y pudiendo aun convertirse en una simple efeméride, el reconocimiento del fenómeno de la desaparición forzada en la Cámara de Diputados es un primer paso para atacar el problema.

Sólo la presión internacional puede empujar al partido en el gobierno y a sus funcionarios del más alto nivel a actuar como el Grupo de Trabajo de Ariel Dulitzky ha recomendado.

Viene ahora la discusión de la ley contra la desaparición forzada que se presentará en el Senado de la República. Cuando se le pregunta al vicecoordinador del PRI en San Lázaro cuándo estará lista esa ley, apenas atina a comentar: “Depende de los tiempos del Senado”.

Pero en un gobierno como el de México “los tiempos del Congreso son los tiempos del presidente de la República”, porque no hay independencia sino sumisión y complicidad.

En los tiempos de Peña Nieto debe considerarse también la aceptación de la injerencia que puede tener en México el Comité de la ONU sobre Desaparición Forzada. Por ello, la presión internacional provocada por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa debe ser de una mayor condena para que el gobierno de Peña permita el actuar del Comité.

Aceptar al Comité evitaría fantasías como la de la pira humana al aire libre en un día lluvioso, como se constata en las imágenes de la NASA, y las cuales sólo ubican un incendio en Chilapa, Guerrero, nunca en Cocula, aunque sí registra una lluvia pertinaz.

El reconocimiento del Comité implicaría que cualquier ciudadano víctima en segundo grado de la desaparición forzada pueda acudir al Comité y éste llegue en forma inmediata a México a realizar las indagaciones y emita un reporte, mismo que luego podría ser tomado en cuenta en un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Peña Nieto tuvo durante su gobierno en el Estado de México el sello de la muerte luego de los enfrentamientos entre el pueblo de Atenco y los grupos policiacos. Hoy éste sigue siendo su impronta, sólo que como presidente de la República, a lo que se suma su pésimo conductor, Luis Videgaray, para generar empleos y una economía sana.

Esta es la oportunidad de Peña para revertir la situación… hay todavía algunos que pueden salvarse de su propia hoguera y de la fantasía.


Si ya aceptó que el Congreso reconozca la existencia del delito generalizado de desaparición forzada, ahora debe aceptar una ley que no revictimice, una ley que permita el derecho a la verdad, una ley que lleve a la cárcel a los culpables y una ley que evite la repetición del delito. Pero también mucho ayudaría el reconocer el Comité creado por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra Desapariciones Forzada, pues de no hacerlo todo quedaría en ese “incipiente reconocimiento discursivo” que no sirve para nada como no sea la impunidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES (ANÁLISIS).

En el estado con más pobres, Eruviel lanza “Relámpagos”, su serie de tv, y esconde el gasto

El Gobierno del Estado de México pagó 2 millones 582 mil pesos para la transmisión de seis capítulos de 22 minutos de la serie televisiva “Relámpagos. Unidad de Rescate Aéreo”, que tuvo como objetivo difundir casos de rescates de personas, atención hospitalaria, traslado de pacientes y órganos a hospitales, extinción de incendios,  y entrega de víveres, además de los actos políticos del Gobernador Eruviel Ávila Villegas, entre los cortes comerciales.

Con base en la respuesta obtenida a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (Saimex) con la solicitud 00006/SRTVM/IP/2015, para la coproducción de un capítulo de 22 minutos de la Serie Televisiva Unidad de Rescate Aéreo Relámpagos, el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense proporcionó el servicio técnico de dos sistemas portátiles con dos camarógrafos, dos asistentes y un realizador, con un turno de ocho horas diarias por siete días hábiles para el levantamiento de imagen de un capítulo.

El costo total de la serie, a pesar de que la solicitud de información realizada por SinEmbargo lo requirió, se desconoce. Los documentos que se entregaron son el contrato con Satélites de México para la transmisión y el contrato con Sastre Films para la realización y producción, sin que se incluya el monto que el Estado de México pagó.

El Edomex, de acuerdo con el más reciente informe sobre la pobreza en el país presentado a finales de julio pasado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2012 y 2014 –ya con el Gobierno de Eruviel Ávila–, aportó la mitad de las personas que cayeron en pobreza en el país.

Durante esos dos años, 2 mil 740 mexicanos cayeron en la pobreza al día y de éstos mil 289 fueron habitantes del Estado de México. En total, 941 mil 100 personas en la entidad, aproximadamente uno de cada 17, entraron en esa categoría. Así, en total, ese estado suma 8 millones 269 mil 900 pobres.

“RELÁMPAGOS” Y LA OPACIDAD

“Relámpagos”, dijeron analistas, hizo recordar el escándalo protagonizado por Genaro García Luna en 2011. El entonces poderoso titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa diseñó, junto con productores de Televisa, la serie “El Equipo” para ensalzar la imagen de la policía a su cargo en la guerra contra el narcotráfico.

Luego de denuncias y reclamos de políticos de oposición y de la sociedad civil, el funcionario federal reconoció en octubre de ese año y en una comparescencia en la Cámara de Diputados que la serie había costado 118 millones 116 mil 880 pesos, y se creó, dijo García Luna, para contrarrestar una campaña mediática contra el Gobierno federal emprendida por la delincuencia organizada. A pesar de los reclamos de los diputados de oposición al entonces panista, nunca se aclaró a cabalidad cómo fueron otorgados los recursos ni de qué partida salieron.

Ahora, sobre la serie que promociona a la Unidad de Rescate Aéreo del Edomex, especialistas destacan que la opacidad en el manejo de recursos públicos para publicitar la imagen del Gobierno mexiquense ha sido una constante en los tres años del sexenio del priista Eruviel Ávila Villegas.

De acuerdo con en el informe de Fundar Centro de Análisis e Investigación y Artículo 19 Libertad de Expresión en Venta, Acceso a Información y Censura Indirecta en Publicidad Oficial, el mandatario mexiquense es de los que más dinero destinan para promoción personalizada y de los que no proporcionan mucha información sobre el destino de esos recursos públicos.

Las organizaciones tienen contabilizado sólo el gasto ejercido en 2013, debido a que la información de 2012 –el primer año completo de Eruviel Ávila– no fue proporcionada con el argumento de que estaba siendo revisada por las autoridades competentes por el cambio de gobierno.


Sin embargo, el informe señala que el Estado de México el gasto en publicidad oficial destinado a televisión alcanza el 60 por ciento de los recursos. Tan sólo en 2013 destinó 54 por ciento a este medio.



El Gobernador priista ha invertido en promover su administración e imagen mil 252 millones 900 mil 595 pesos de septiembre de 2011 a mayo de 2015, tiempo en el que se firmaron 329 contratos con medios de comunicación por 323 millones 338 mil 635 pesos.

En estos cuatro años, de un total de 75 campañas, se firmaron 329 contratos con medios de comunicación nacionales y locales, como Televisa (132 millones), Tv Azteca y con su noticiero “Hechos” (62 millones), Grupo Milenio (12 millones), Megacable (7 millones), con la Organización Editorial Mexicana (OEM) (6 millones), y con Grupo Fórmula, Dish y Cablecom (por 5 millones cada uno).

En estas y otras campañas y en pagos a empresas de marketing y comercialización de imagen, la Coordinación de Comunicación Social ha invertido 323 millones 338 mil 635 pesos.


LA PRODUCTORA DEL EDOMEX

Sastre Films es la productora que se encargó de todo lo necesario para la serie Relámpagos, pero también es la empresa encargada de la filmación del Tercer Informe de gobierno de Ávila Villegas, en el que él está en medio de un auditorio y explica los logros alcanzados durante su administración.

De acuerdo con de la Coordinación de Comunicación Social, Eruviel Ávila ha gastado entre 23 y 25 millones de pesos para promocionar cada uno de sus informes.

También, información de CNN señala que Carlos Santos, Director y Productor de Sastre Films, fue el encargado de realizar el video de generación del Colegio Miraflores, de donde se graduaron Paulina Peña Pretelini (hija de Enrique Peña Nieto) y Eruviel Ávila Junior.

La serie “Relámpagos” tuvo seis capítulos de 22 minutos para su primera temporada. El canal de televisión mexiquense, aportó todo lo necesario para la filmación de la serie: cámaras portátiles de alta definición con dos camarógrafos, un asistente de camarógrafo, de lunes a viernes, y un realizador. El pago del Gobierno mexiquense a dicha empresa es para la producción, post-producción, edición, conductores, talento artístico, director de cámaras y guionista.

Aunque en el contrato con Sastre Films se señala que la empresa es la encargada de contratar y que “el gobierno no tiene nada que ver con los empleados”, en el cuerpo de la respuesta a la solicitud de información, se indica que los sueldos brutos mensuales del personal, que incluye sólo a dos camarógrafos (cada uno con un asistente) y un realizador, ascienden en conjunto a 479 mil 248 pesos.

Sastre Films se encargó de la elaboración de guiones, promocionales y coordinación de contenidos, ya que aunque sobresalen el formato de reality show, también hay recreaciones y actuaciones de los actos de rescate.

Durante la presentación de la serie, se anunció que de la serie se desprendería un cortometraje para ser exhibido en salas de cine. De acuerdo con otra solicitud realizada a la Coordinación de Comunicación Social, esta acción no generará gastos extras de publicidad, ya que está contemplado en los contratos que el Gobierno acuerda anualmente con medios de comunicación.

En julio pasado, Lucila Orive, directora de Televisión Mexiquense, aseguró que la producción del programa corrió a cuenta de Sastre Filme, empresa la que no se le pagó nada.

El grupo de rescatistas realizó en 2014, 3 mil 859 operaciones aéreas. Cuentan con tres helicópteros que utilizan para rescates y traslados médicos; el pasado 17 de noviembre, Ávila Villegas les entregó una unidad nueva, justo cuando ya se realizaban las grabaciones de la serie.


Un año antes, en septiembre, días después de que la tormenta tropical “Manuel”, azotara en el estado de Guerrero, este grupo se negó a transportar víveres a municipios incomunicados; sólo llevaron a Coyuca de Benítez a la conductora de televisión Laura, quien vestía uno de los uniformes del grupo.
“Mañana mi equipo llegara muy temprano para ayudar en tierra caliente iremos a los lugares mas apartados donde nadie va besos” [sic], escribió Bozzo a través de su cuenta de Twitter.

Eruviel Ávila también anunció que enviaría tres helicópteros del grupo Relámpagos para que apoyaran en las labores de rescate y ayuda, pero no indicó que uno de ellos sería exclusivo para Bozzo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-09-2015/1477916

PRD modifica estatutos y aprueba alianzas con el PAN para 2016

Esta modificación en la Línea Política del partido comprende una lista de 14 puntos relacionados con las uniones partidistas, por ejemplo que las alianzas con el PAN serán sólo ante "condiciones determinadas y propósitos específicos, así como analizar la situación en cada estado", y que por ningún motivo se involucrarán con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) votó porque sí tendrán alianzas con otros partidos de cara a los procesos electorales de 2016, especialmente con el Partido Acción Nacional (PAN) en ciertas condiciones y lugares.

Esta modificación en la Línea Política del partido comprende una lista de 14 puntos relacionados con las uniones partidistas, por ejemplo que las alianzas con el PAN serán sólo ante “condiciones determinadas y propósitos específicos, así como analizar la situación en cada estado”, y que por ningún motivo se involucrarán con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sin embargo el propio PRD reconoció que fue tema de disenso que se resolverá en las próximas horas. De acuerdo con el diario Reforma el pleno del Congreso aprobó esta discusión con sólo 31 votos en contra.

Además, todas las alianzas deberán ser aprobadas por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), y no por las dirigencias estatales.

La postura del “sol azteca” mantiene también la intención de conformar un frente político “con las fuerzas de izquierda democráticas y progresistas así como con la sociedad civil”.


Esto, luego de que en el Distrito Federal, los diputados locales de este partido, junto con los del Trabajo (PT), Nueva Alianza (Panal), y Humanista(PH) anunciaran el pasado 12 de septiembre la creación de un “frente parlamentario de izquierda”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN

Familia de Jhosivani Guerrero reclama falta de ética a la procuradora

MÉXICO, D.F: Familiares de Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, reclamaron en una carta a la procuradora Arely Gómez por dar a conocer primero a los medios de comunicación los resultados de la investigación antes de hablar con ellos.

La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer el pasado miércoles 16 que derivado del análisis de ADN mitocondrial de una de las muestras óseas de los 43 normalistas, enviadas al laboratorio de la Universidad de Innsbruck, en Austria, arrojó “evidencia moderada” –o sea “72 veces mayor”– con las muestras obtenidas de la madre de Jhosivani Guerrero de la Cruz, de 21 años.

En la carta, dada a conocer por el diario El Sur de Guerrero, los familiares del joven reprocharon a la procuradora su “falta de ética profesional… por violar el compromiso que se tiene con el gobierno de dar información primero a las familias y después sacarla a los medios”.

También la acusan de pretender hacer creer a la sociedad que los restos encontrados sí corresponden a los de los normalistas.

La familia se dice molesta porque se enteraron de la supuesta identificación de los restos del estudiante a través de los medios de comunicación, y porque ninguna autoridad, “se ha acercado a comunicarnos algo”.

“La procuradora dio su informe asegurando que las muestras de ADN analizadas sí corresponden en su totalidad a Jhosivani Guerrero de la Cruz, y de antemano ella tenía el conocimiento que el perfil genético es únicamente una semejanza a la familia”, exponen los inconformes en el documento.

Agregan que “hasta ahora no tenemos la certeza de que los restos óseos sean de Jhosivani porque sabemos que el gobierno nos ha mentido muchas veces… De lo que sí estamos seguros (es de) que no descansaremos hasta saber la verdad y se castigue a los culpables, y seguiremos exigiendo que se continúe con las pruebas necesarias, hasta saber que esos fragmentos óseos si corresponde a Jhosivani”, advierten.


Por último, indicaron que “se nos hace mucha coincidencia que cuando supuestamente encuentran los restos de otro normalista detienen a la supuesta pieza clave del caso Ayotzinapa… El Cabo Gil”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Atentan contra reportero y su familia en Guerrero

MÉXICO, D.F: El reportero de nota policiaca Cecilio Pineda Birto sufrió un atentado a balazos la noche del pasado viernes en su departamento ubicado en el centro de Coyuca de Catalán, Guerrero.

Según reportes policiacos, sujetos armados entraron a su domicilio y amenazaron con sus armas a su esposa embarazada y a su pequeño hijo. En esos momentos el periodista no se encontraba en el lugar.

Cuando el comunicador llegó al departamento, fue recibido con disparos pero logró escapar.

Al domicilio acudieron elementos de la Fuerza Estatal e iniciaron un operativo de búsqueda de los atacantes del reportero.

Tras el incidente Pineda Birto publicó en su cuenta de Facebook: “LE DOY GRACIAS A DIOS Y A LAS PERSONAS QUE ME DIERON UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA ESTAR CON USTEDES EN LAS REDES SOCIALES GRACIAS (sic)”, a las 10:11 horas de este sábado.

Pineda Birto es director del diario La Voz de Tierra Caliente y trabaja para el diario El Debate de los Calentanos.

El reportero cubre la nota roja en este medio, que circula en la región de Tierra Caliente de Guerrero.


A través de medios impresos y redes sociales, Cecilio Pineda ha reportado los crímenes y casos de violencia que se documentan en la zona, así como los vínculos entre alcaldes de la región de Tierra Caliente con grupos del crimen organizado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.